CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Lic. José Guadalupe Cervantes Corona, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a sus habitantes hago saber

Que los CC. Diputados secretarios de la H. Quincuagésimo primera Legislatura del Estado se han servido dirigirme el siguiente:

Decreto nº 242

La H. Quincuagésimo primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

El Código Civil del Estado de Zacatecas, cumplió el día nueve de febrero del presente año, veintiún años de haber sido promulgado ya que en esa fecha, es decir, el nueve de febrero de mil novecientos sesenta y cinco, fue promulgado, y se publicó hasta un año después en el suplemento del Periódico Oficial, órgano del Gobierno, número 18, tomo LXXVI del dos de marzo de mil novecientos sesenta y seis.

El citado ordenamiento jurídico fue considerado como una obra legislativa que respondía a las necesidades de la época e incluso uno de los más adelantados de la República en varios aspectos; pero, han transcurrido veintiún años, en los cuales la realidad social, científica, tecnológica, económica, que lo generó, se ha modificado sustancialmente a nivel estatal, nacional e internacional, de donde nace la necesidad que las normas jurídicas que se originan en la misma sociedad, deban adecuarse a la nueva época y a las nuevas generaciones.

Una reforma legislativa no es un acto aislado, aun cuando aquélla se manifiesta en un acto relevante del Poder Legislativo: son muchos actos; y no es un momento, sino un proceso científico y razonado que exige, por igual, conocimientos, voluntad, comprensión de la realidad social y política y de otras circunstancias que hacen que las reformas que se llevan a efecto culminen en un mejor orden jurídico que conlleve a una vida mejor de los gobernados.

Referente al libro primero de nuestro Código se proponen las siguientes reformas:

Se fija con toda claridad el ámbito espacial, material, y personal de validez de la legislación civil zacatecana.

Se reafirma la tendencia socializadora y proteccionista de esta legislación a la vez que se ratifican las tesis consagradas por nuestra carta fundamental en relación con la igualdad jurídica del hombre y de la mujer; igualdad aceptada, definida y de trascendental influencia en las diferentes instituciones sociales del país. También se hacen desaparecer antinomias que en esta parte general existen entre las normas constitucionales y las ordinarias: se reafirma el carácter de la irretroactividad de la Ley en perjuicio de persona alguna y se sostiene el principio de autonomía de la voluntad con las limitaciones que el orden e interés públicos reclaman: además de que se depura la terminología jurídica haciéndola más clara a los legos en Derecho.

El título segundo, referente a las disposiciones generales para los hechos jurídicos; el título tercero del libro primero en unión del capítulo segundo que tratan de la inexistencia y nulidad de los actos jurídicos; el capítulo tercero y el cuarto que tratan de las modalidades y de la interpretación de los actos jurídicos, fueron ubicados en el lugar que técnicamente les corresponde: el libro quinto, relativo a las obligaciones y, concretamente el título primero que trata de las fuentes de aquéllas.

En relación al libro segundo que trata de las personas, se complementa el mismo con un título primero en el que se da el concepto jurídico de personas, se clasifican éstas y se señalan sus atributos; y en los capítulo del primero al sexto en el título primero se reglamentan los citados atributos; en tanto que el título segundo y el título tercero especifican instituciones de las personas jurídicas individuales y colectivas.

En materia de propiedad, comprendida en el título cuarto del libro tercero, se procuró dar un concepto preciso de esta institución y siguiendo las posiciones legislativas y doctrinarias de vanguardia, se procuró poner énfasis en la función social que implica el ejercicio del derecho de propiedad de manera tal que todos los bienes sean productivos no sólo en beneficio de su propietario sino de toda la colectividad.

Igualmente se consideró en este derecho real, que todo aquel que cause un daño está obligado a repararlo y, en consecuencia, el propietario es responsable de aquél. Otras reformas efectuadas a este título y a los anteriores probablemente se consideran de menor importancia; pero por lo que se refiere a las modificaciones en la terminología, cabe decir que son de gran utilidad para la precisión, comprensión y divulgación de los preceptos respectivos; se precisan también los medios de adquirir la propiedad.

Se precisa el derecho de propiedad del acto en que esta parte se enajena a un tercero; se aclara que el derecho por el tanto también es preferencial pero generalmente se deriva de la Ley o de un contrato, y su violación sólo trae como consecuencia el pago de daños y perjuicios; además, se amplió el término concedido a los condueños para hacer valer el derecho de preferencia.

En el libro tercero, que reglamenta los bienes y derechos reales, se proponen una serie de reformas que fundamentalmente consisten en lo siguiente: cambiar el concepto de «cosa» por el de «bien», en virtud de que aun cuando el concepto de cosa es considerado por algunos estudiosos del Derecho como un concepto clásico, también es cierto que jurídicamente el concepto correcto es el de «bien» desde el punto de vista jurídico y no económico; a mayor abundamiento el título del citado libro tercero habla de los bienes y derechos reales y no de las cosas y derechos reales; precisa lo que es un derecho real y su correlativa obligación, se hace una clasificación de los bienes atendiendo a su naturaleza, a las personas a las que pertenecen y en seguida se reglamentan específicamente.

Se precisa el concepto de la posesión y se evidencian sus elementos, tanto el material llamado corpus como el psicológico denominado animus, pero se da la posibilidad de separarlos jurídicamente y se precisa que pueden ser objeto de posesión tanto los bienes materiales como los inmateriales e incluso los derechos de carácter extrapatrimonial. Se propone cambiar el concepto «causa de la posesión» por «el hecho o el acto jurídico» generador de la misma.

El título relativo al derecho real de servidumbre tuvo modificaciones importantes, empezando por su concepto en el que se fijan claramente los sujetos activo y pasivo; con la relación jurídica se definieron las servidumbre positivas y negativas, y se aclaró que las servidumbres nunca se presumen sino que exclusivamente emanan de la Ley o de la voluntad de los interesados; la propiedad se entiende libre, y ha de ser el que pretenda tener el derecho de servidumbre quien debe probar su existencia; se establecen las servidumbres en vista al interés público o privado. En relación a la servidumbre legal de desagüe se modificó por el de servidumbres legales de aguas en las que se reglamentan específica y separadamente la de desagüe, la de captación de aguas, la de estribo de presa, la de sacar agua, la de abrevadero y la de acueducto.

El capítulo quinto del libro tercero se recorre al cuarto que reglamenta las servidumbres legales de paso se define ésta y se fijan las indemnizaciones que debe c3umplir el titular del predio sirviente al del dominante. Se prevé la situación de los predios enclavados a los que se concede un paso menor en amplitud del que es necesario para la explotación del inmueble.

Se enumeraron las causas de extinción, haciéndolas aplicables tanto a las servidumbres voluntarias como a las legales en forma técnica.

Reformas que se consideran de importancia fueron introducidas en materia de usucapión, puesto que en el artículo 1227 se diferencia el nombre original que se empleó desde el Derecho romano, de usucapión (prescripción adquisitiva) y (prescripción negativa) declarando que pueden adquirirse derechos reales en general y no sólo el derecho de propiedad.

En virtud de que la prescripción es una institución de orden público, en este precepto (1232) se admite la renuncia de la prescripción una vez cumplida ésta, pero prohíbe la renuncia del derecho de prescribir para lo futuro.

El artículo 1252 se reordena para que los diferentes supuestos en él contemplados vayan en un orden lógico, de menos a más, por lo que se refiere a los plazos de prescripción.

En materia sucesoria se introducen importantes reformas. En las disposiciones preliminares o generales, se precisan los conceptos de sucesión, herencia y legado; se fijan los principios básicos en materia sucesoria como son: el de la libre testamentifacción, el de a beneficio de inventario, el de que no hay herencia yacente ni herencia vacante, el de los parientes próximos que excluyen a los lejanos, el de la copropiedad hereditaria y otros.

Se conceptúa el testamento y se vuelve a dar a este acto jurídico el carácter de solemne que la legislación vigente le había quitado; se concretan técnicamente las causas de inexistencia, de nulidad, tanto absoluta como relativa.

En el artículo 1303, que trata de la capacidad para heredar por razón de delito, se aclara este precepto y se agrega en lo conducente a la concubina o concubinario, en concordancia con la idea de dar a la institución del concubinato la importancia y la reglamentación que la realidad social requiere.

Se aclararon las causas de incapacidad por testamento o por intestado ya que el artículo 1306 del Código vigente es oscuro sobre el particular, a la vez que se introduce de nueva cuenta el concepto de reciprocidad internacional para tener capacidad hereditaria en los supuestos conducentes.

En caso de que a un heredero que entró en posesión de la herencia se le declare posteriormente incapaz y hubiere enajenado o gravado los bienes hereditarios, se introduce la protección a los terceros adquirentes de buena fe y a título gratuito.

El artículo 1335 se modifica, ya que el anterior contenía una contradicción en tanto que se aclara que las condiciones imposibles dejan sin efecto las instituciones de herederos y legatarios; es decir, en todo el capítulo relativo a los testamentos sujetos a condición, se aclara y adecua todo el sistema de las obligaciones condicionales.

Se equipara la obligación de dejar alimentos al cónyuge supérstite, a la concubina o al concubinario, para hacer efectiva la tesis proclamada constitucionalmente de igualdad jurídica del varón y de la mujer, y se corrigen las disposiciones en que se confunden las causas y los efectos de la inexistencia y de la nulidad de los actos jurídicos.

Se adecua el monto de la pensión alimenticia para el caso que ésta no haya sido fijada por el de cujus, señalándose que por ningún motivo excederá del setenta y cinco por ciento de los productos de la porción que en caso de intestado le correspondería al acreedor alimentista así, como para el caso de que concurran varios acreedores de diferente grado.

Por lo que se refiere a los legados se aclara su naturaleza de dar y hacer, se corrige el artículo 1391 por contener una contradicción evidente y se aclara la terminología jurídica en varias disposiciones. Se precisa el concepto y alcance del llamado legado de educación, a efecto de proteger debidamente a las personas en cuyo favor se ha constituido.

En el capítulo de las sustituciones se amplía este concepto tanto para los herederos como para los legatarios y se adecua el artículo 1470 quitando conceptos como el de capitalización, imposición de capitales, etc., conceptos éstos anacrónicos y caducos.

En el capítulo de la nulidad, revocación y caducidad de los testamentos, se amplía lo relativo a la inexistencia de los mismos, sobre todo en atención al carácter solemne con que se le ha investido, se mantienen las formas de testamento público abierto, cerrado y ológrafo, a los que se denominan solemnes.

También se señalan reglas para exigir responsabilidad a los notarios que culposa o dolosamente intervengan en la elaboración de testamentos o en su certificación, que con posterioridad y por culpa imputable a aquéllos no surtan los efectos jurídicos que pudieran corresponder.

En relación con el testamento privado se modificó el artículo 1552 para ampliar las causas graves por las cuales el testador no pueda hacer otra clase de testamento, y se suprimen las fracciones IV y V por ser inoperantes, y que en la actualidad es casi imposible encontrar un inmueble cuyo valor no exceda de $5,000.00 por lo que también se deroga el capítulo cuarto del título tercero del libro cuarto del Código Civil.

Por otra parte se facilitan la posibilidad de hacer el testamento privado, así como los requisitos para que adquiera plena validez jurídica con la intervención judicial.

En la sucesión intestada se amplía el artículo 1567 con una fracción V, por lo que se ordena que aquélla se abra cuando el testamento no contenga institución de heredero o legatario; además en caso de que el de cujus no tenga herederos legítimos se faculta a que sea la Universidad Autónoma de Zacatecas la que herede, a la vez que se fija que el Estado podrá heredar por conducto de una dependencia específica que en la propia Ley se señala.

Se corrige la participación de los dependientes, ascendientes, cónyuge o concubino, adoptados, adoptantes etc., llegando incluso a suprimir todas las fracciones del artículo 1601 que casi hacían inoperante la sucesión en favor de la concubina, ya que como se mencionó con anterioridad se pretende reconocer con todas sus consecuencias la realidad social del concubinato.

Respecto de los albaceas e interventores, que se reconocen por nuestro más alto tribunal, auxiliares de la administración de justicia, se fijan claramente sus derechos, sus obligaciones y sus responsabilidades.

Resulta evidentemente complejo revisar para reformar y actualizar, lo concerniente a la teoría general de la obligaciones y de los contratos de nuestro Código Civil, que norman necesidades económicas y jurídicas de otros tiempos con un predominio absoluto del criterio individualista, pues el Código Civil no es meramente Derecho privado, sino que su objetivo actual no puede ser otro que el interés social; nuestras normas jurídicas de cualquier género, no pueden tener otro motivo que no sea el interés de la sociedad, realizar la solidaridad social.

Actualmente son escasas las relaciones entre particulares que no tienen trascendencia general: el Derecho privado también debe proteger al débil y al ignorante, la hora presente impone socializar el Derecho como necesaria consecuencia de procurar continuar el camino hacia la más posible igualdad social.

Los capítulos relativos a obligaciones, constituyen la esencia misma de la técnica jurídica aplicada en el ámbito de los derechos patrimoniales, de la protección de los bienes, por lo que en la revisión, más que introducir reformas de fondo, se trata de subsanar omisiones, evitar falsas interpretaciones mediante la aclaración de conceptos para hacer la Ley entendible, aun a los profanos del Derecho; se introducen algunas definiciones teóricas de que carece el Código y para ello se hace un estudio de Derecho comparado con algunas legislaciones avanzadas estatales y la vigente en el Distrito Federal; se recibieron orientaciones de las legislaciones más modernas, por ejemplo la de Tlaxcala, que introduce en la definición de hecho y acto jurídico, respecto de las consecuencias jurídicas, un nuevo concepto (conservar) de tal manera que se definen como las fuentes de las obligaciones que por disposición de la Ley crean, transmiten, modifican, conservan o extinguen facultades o derechos jurídicos.

Se reubican los capítulos relativos a los hechos y actos jurídicos, contenidos actualmente en nuestro Código en las disposiciones preliminares, para adicionar el libro correspondiente a obligaciones, ya que aquéllos incuestionablemente constituyen las principales fuentes de las obligaciones.

Se señala que los derechos civiles aun cuando sean de contenido puramente patrimonial también son de interés social.

Se introduce la definición doctrinaria «de las modalidades de los actos jurídicos» para darle claridad a tan importante institución.

Con este mismo objeto se señalan con toda claridad las características de las obligaciones reales, en la operación de la bilateralidad del Derecho que constituye una de sus esencias.

Se enfatiza que los derechos personalísimos no son trasmitibles por contrato o por herencia.

Se adicionan, para darle claridad, los capítulos relativos a la declaración unilateral de la voluntad, al enriquecimiento sin causa y a la concepción de la gestión de negocios o mandato oficioso.

Se hace la declaración en el capítulo relativo a las obligaciones que nacen de los actos ilícitos, en qué casos se incurre en responsabilidad civil.

En el capítulo relativo a las modalidades y a las obligaciones se adicionan los conceptos de «condiciones causales, potestativas y mixtas».

En el capítulo relativo a las obligaciones a plazos se cubren las omisiones contenidas en la Ley, al resolver cuestiones no previstas para el deudor concursado.

En el capítulo de las obligaciones conjuntivas y alternativas, se introduce el concepto de las obligaciones facultativas.

El capítulo de las obligaciones mancomunadas, se añade al concepto «mancomunado» contenido en la definición, el de: «solidaridad».

En el capítulo de las obligaciones de dar, se determinan los deberes del obligado en cuanto al cuidado y conservación del bien, procurándose sustituir en todos los casos el concepto de «cosa» por el «bien».

En la cesión de crédito, se aclara, cuando hay cesión de crédito o derechos personales y sus consecuencias jurídicas.

En el capítulo de la subrogación se hace referencia a las subrogaciones convencionales y a las acciones del subrogado, así como a las subrogaciones reales.

En el capítulo relativo al ofrecimiento de pago y a la consignación, se amplía la redacción de los artículos sin modificar su contenido y se subsana una omisión actual con la adición de un capítulo que se denomina: De la repetición de la prestación hecha a título de pago.

En el capítulo de evicción y saneamiento se estipula: que la sola mención que se haga en el contrato de compraventa de la renuncia al derecho a la evicción se tendrá por no puesta, en atención a que es ordinario que se ponga esta cláusula en los contratos transcribiendo «machotes», sin que las partes se enteren de su contenido, en consecuencia tal renuncia será válida sólo cuando se haga constar en el contrato, que las partes se enteraron de su trascendencia y así lo aceptaron, contrato que deberá ser redactado ante el notario y testigos, o solamente ante testigos según el caso.

En el capítulo relativo a los actos celebrado en fraude de acreedores, se adiciona un artículo señalando las consecuencias de la revocación del acto oneroso o gratuito, y el retorno al patrimonio del deudor de los bienes, derechos o valores que hubieren transferido a terceros.

En el título de la simulación de los actos jurídicos, se aclara cuál es la simulación relativa y cuál la absoluta y sus consecuencias jurídicas, señalándose cuáles son las consecuencias del acto simulado.

En el título que se refiere a la extinción de las obligaciones se aclara el concepto compensación como forma de extinción de las obligaciones; en la confusión de derechos se amplía su reglamentación, haciéndose sobre todo referencia a la confusión de derechos, cuando ésta opera durante la tramitación de un juicio sucesorio; se hace lo mismo respecto de la remisión de deudas, concepto que fue objeto de más clara redacción.

Por último en el capítulo relativo a la novación, como forma de extinción de obligaciones, también se aclara el concepto, y se adiciona una disposición en la que se establece que el acreedor que exonera por la novación al antiguo deudor, aceptando otro en su lugar, no puede repetir contra el primero si el nuevo se encuentra insolvente, salvo convenio en contrario.

Partiendo de la base de que el Derecho civil ya no puede considerarse como Derecho privado, pues técnicamente no existen formas que puedan «concernir» a los particulares, cuando se acepta unánimemente por las tratadistas mexicanos que ya el convenio no es la única fuente de las obligaciones, sino que la primordial, la sustancial lo es la Ley, en la revisión y adecuación de nuestra legislación civil en esta parte, se enfatizan las cuestiones que son de interés social, estableciendo normas protectoras de los ignorantes, de los marginados socialmente para evitar en su perjuicio los abusos que se cometen en los contratos «leoninos»; debemos recalcar que lo avanzado de nuestra legislación civil a nivel nacional propicia pocos cambios, pues tenemos la satisfacción de que cuestiones consagradas en el artículo 18 del Código Civil, desde hace casi veinte años que preceptúa: «cuando alguno, explotando o aprovechándose de la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria o necesidad de otro, obtenga un lucro indebido o excesivo que sea evidentemente desproporcionado a los que él por su parte se obliga, el perjudicado tendrá derecho a obtener la declaración de nulidad del contrato, y de no ser posible, la reducción equitativa de su obligación. El Ministerio Público podrá promover de oficio la declaración de la nulidad del contrato o la reducción equitativa de la obligación de la parte perjudicada, cuando por cualquier medio se entere de un caso de los previstos en el presente artículo. El derecho concedido en este artículo prescribe en un año»; apenas acaba de incorporarse a la legislación del Distrito Federal en su más reciente reforma.

En materia de contratos, a la promesa se le denomina más correctamente precontrato; con claridad meridiana se señalan los elementos esenciales y de validez de este acto jurídico, y se hacen señalamientos procesales para exigir su cumplimiento. Se introduce un nuevo capítulo en el que se reglamenta la estipulación hecha a favor de tercero, punto en que existía laguna en nuestra legislación.

Se trata de mejorar la definición de la compraventa, contrato sustancial en el ámbito de lo cotidiano, en todas las esferas sociales; se prevé lo relativo a la compraventa entre cónyuges y concubinos, según el régimen patrimonial en que vivan.

En las modalidades de la compraventa sobre todo las verificadas con reserva de dominio, se pretende dar mejor protección al público consumidor, a los presuntos compradores de muebles valiosos, de terrenos para construir casas habitación y de interés social; con este motivo se establecen en la celebración de los contratos respectivos, modalidades de orden público, consecuentemente irrenunciables, forzosos para las partes, señalándose que el interés pactado no podrá ser superior al de los préstamos con hipoteca, en las instituciones hipotecarias; se preceptúa que el vendedor no podrá rescindir el contrato por falta de pago, sin perjuicio de que pueda exigir el comprador el pago del adeudo correspondiente, con sus intereses y daños y perjuicios; igualmente se preceptúa que los gastos, impuestos y honorarios que cause la escritura se pagarán por mitad entre las partes; se establece la obligación de registrar estos contratos, como deber del vendedor y para caso de incumplimiento, hay una pena pecuniaria en beneficio del comprador; estos beneficios, cuando se trate de compraventa de inmuebles, sólo son operantes respecto del comprador que no sea propietario de otro bien raíz, y siempre que se trate de un inmueble de los considerados como de interés social.

Se define con más claridad el contrato de permuta.

En las donaciones se protege al donante prohibiéndole transferir su patrimonio en cuanto se considere como universalidad jurídica; se amplia la reglamentación del contrato de mutuo para darle claridad y evitar falsas interpretaciones, por considerarse justo en beneficio del prestamista, congruente con una disposición genérica que lleve al interés legal del 9% al 24% anual, para que tal interés esté acorde con la situación financiera actual del país, en los contratos de mutuo, será también el tipo de interés legal, pero también se establece que cuando el interés convencional sea desproporcionado, cuando el prestamista se aproveche del grave apuro, de la ignorancia o de la necesidad del deudor, podrá el juez, a solicitud de parte interesada, reducir el interés pactado hasta el legal.

Por lo que se refiere al contrato de arrendamiento, se pretende adoptar, previa adecuación, las reformas introducidas recientemente en el Distrito Federal, y por tanto se señala que el arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación, es de orden público y de interés social, por tanto las normas establecidas al respecto son irrenunciables, se estipula que la duración mínima de todo contrato de arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación será de un año forzoso para arrendador y arrendatario que será prorrogable a voluntad del arrendatario, hasta por un año más cuando se encuentre al corriente en el pago de las rentas; se asienta que la renta sólo podrá ser incrementada anualmente, en su caso, pero que tal incremento no podrá exceder del 100% del aumento porcentual vigente al salario mínimo general en el lugar en que se ubique el inmueble; se otorga plena seguridad a los inquilinos para que tengan preferencia en la adquisición del inmueble cuando el propietario lo ponga en venta, teniendo derecho el arrendatario a que le notifique en forma legal la oferta, de tal manera que si el propietario no cumple con esta obligación y celebra contrato con tercero aquél será nulo; al efecto se señala como obligación a los notarios, cuando ante su presencia se otorgue contratos de compraventa de casas habitación dadas en arrendamiento que verifiquen si el propietario cumplió con la obligación de notificar al inquilino la pretendida venta, y en caso contrario no deberá otorgarse escritura, so pena de nulidad; igualmente se señala que estos derechos del inquilino deberán insertarse literalmente en todos los contratos de arrendamiento, y que la falta de contrato siempre será imputable al arrendador; por último también se señala como obligación a los oficiales del Registro Público, para inscribir contratos de compraventa que versen sobre inmuebles destinados a casa habitación, se cercioren si se cumplió por el vendedor lo relativo al derecho del tanto que corresponde al arrendatario y, en caso contrario, no se inscriba el documento.

Igualmente se establece en este capítulo que quedan exceptuados de la obligación de prorrogar el contrato de arrendamiento los propietarios que quieran habitar la casa o cultivar la finca cuyo arrendamiento ha vencido, pero igualmente se establece que posteriormente el arrendador que no habitare la casa o no cultivare la finca, será responsable de los daños y perjuicios que hubiere ocasionado a su inquilino. En los contratos de comodato y de depósito se procura sustituir el término de «cosa» por el de «bien», para que sea congruente la redacción con el resto del Código.

Respecto de la forma del último contrato mencionado, se estipula que podrá otorgarse en documento privado cuando su valor no exceda de diez cuotas correspondientes al salario mínimo.

En el contrato de mandato, a efecto de adecuar su otorgamiento a la situación financiera del Estado y del país, se señala que podrá otorgarse en carta poder firmada ante dos testigos, que deberán ratificar cuando el interés del negocio para el que se confiere el poder no exceda de treinta cuotas del salario mínimo vigente; en caso contrario, deberá otorgarse en escritura pública, asimismo los poderes generales y los demás casos que señala la Ley.

En el capítulo respectivo igualmente se enfatiza que el mandatario que se exceda de sus facultades es responsable de los daños y perjuicios que cause al mandante y a terceros con quien contrató, si éste ignoraba que aquél traspasaba los límites del mandato; igualmente se reitera que los intereses legales se calcularán al tipo de 24% anual.

En el contrato de obras a precio alzado se señalan con toda precisión las reglas a las que deberán sujetarse los contratantes; se establece que cuando el valor del contrato sea mayor del equivalente a cien cuotas del salario mínimo vigente en el lugar de la obra, deberá otorgarse por escrito, incluyéndose en él una descripción pormenorizada y en los casos que lo requieran un plazo, diseño o presupuesto de la obra; igualmente se señala que el empresario que se encargue de una obra por precio determinado, no tiene derecho de exigir después ningún aumento, aunque lo haya tenido, el precio de los materiales y el de los salarios, salvo que ese aumento sea de 20% o más, y siempre que el empresario no esté constituido en mora, ya que en tal caso el aumento a que tiene derecho será proporcional al tenido por los materiales o salarios.

Se hace una clara definición de lo que es la asociación, y de lo que es la sociedad, se señalan las consecuencias jurídicas inherentes a la capacidad de la asociación y a las facultades legales de la asamblea general, y en su caso se señalan los posibles derechos de los concubinos.

Se introduce un capítulo en el que se reglamentan los grupos de personas físicas unidas por intereses comunes, tales como la familia, la sociedad conyugal, concubinato, los copropietarios y acreedores al concurso de su deudor.

Se hace una más completa definición del contrato de fianza.

En el capítulo relativo al contrato de prenda, se introduce un capítulo para establecer las normas que regulan las relaciones jurídicas que originan la prenda, entre las diversas personas que intervinieron en dicho contrato.

Se tratará de mejorar la definición de la hipoteca voluntaria y de adecuar la reglamentación de dicho capítulo. Se introduce un nuevo capítulo en el que se establecen algunas disposiciones legales operantes respecto de las diversas clases de hipoteca.

Igualmente se pretende mejorar la redacción del artículo correspondiente a la graduación de créditos.

Por lo anteriormente expuesto, en nombre del pueblo es de decretarse y se :

Decreta

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE ZACATECAS

LIBRO PRIMERO
Disposiciones preliminares

TÍTULO PRIMERO
Reglas generales

Artículo primero. Las disposiciones de este Código regirán en el Estado de Zacatecas, incluyendo las que se refieren al estado civil y capacidad de las personas; se aplicarán y obligarán a los habitantes del propio Estado así como a los transeúntes, cualquiera que sea su nacionalidad, estén domiciliados o no dentro de su territorio; pero tratándose de extranjeros se tendrá presente lo que dispongan las leyes federales o las convenciones y tratados internacionales sobre la materia.

Art. 2º La Ley civil en el Estado de Zacatecas tiende a armonizar los derechos individuales y colectivos protegiendo a las personas o grupos económica, cultural o socialmente débiles.

Art. 3º La capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer, salvo las excepciones o modalidades que señala la Ley.

Art. 4º Las leyes, decretos, reglamentos, circulares o cualesquiera otras disposiciones de observancia general en materia civil, obligan y surten sus efectos tres días después de su publicación en el Periódico Oficial, salvo disposición expresa contenida en la misma, que fije la fecha de su vigencia, siempre que la publicación haya sido anterior.

Art. 5º En los lugares distintos en que se publique el Periódico Oficial, para que las citadas leyes, decretos, reglamentos, etc., se reputen publicadas o sean obligatorias, se necesita que, además del plazo que fije el artículo anterior, trascurra un día más por cada sesenta kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad.

Art. 6º A ninguna Ley ni disposición gubernativa se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Art. 7º La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la Ley ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de terceros.

Art. 8º Si la renuncia autorizada en el artículo anterior no se hiciere en términos claros y precisos y existiere duda sobre ella, o los derechos renunciados, se estará a las reglas de interpretación señaladas en el libro primero, título tercero, capítulo IV de este Código.

Art. 9º Los actos ejecutados contra el tenor de leyes de orden público o de interés social serán nulos, excepto los casos en que la Ley ordene lo contrario.

Art. 10. La Ley queda abrogada o derogada por otra posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones total o parcialmente incompatibles con la Ley anterior.

Art. 11. Contra la observancia de las disposiciones de este Código no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario.

Art. 12. Las normas que establecen excepción a las reglas generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en este Código.

Art. 13. Las consecuencias de los hechos y actos jurídicos realizados o celebrados fuera del Estado, que produzcan o deban producir efectos dentro del mismo, se regirán por las disposiciones de este Código y demás leyes de jurisdicción local y por las leyes federales en su caso.

Art. 14. Los bienes inmuebles sitos o ubicados en el Estado y los bienes muebles que en él se encuentren, se regirán por las disposiciones de este Código y demás leyes de jurisdicción local y por las leyes federales en su caso, aun cuando sus dueños radiquen fuera de la Entidad.

Art. 15. Los actos jurídicos, en todo lo relativo a su forma, se regirán por las leyes del lugar donde se celebren. Sin embargo, los interesados quedan en libertad para sujetarse a las formas prescritas por este Código, cuando el acto se celebre fuera del Estado, pero haya de ejecutarse o deba surtir sus efectos dentro del mismo.

Cuando estos actos sean relativos a bienes inmuebles o muebles registrables conforme a lo dispuesto en el capítulo respectivo de este Código, que se encuentren dentro del Estado, para que produzcan efectos con relación a terceros deberán inscribirse en el Registro Público de la Propiedad del lugar de su ubicación, aun cuando no se exija este requisito en el lugar de su otorgamiento.

Art. 16. Los habitantes del Estado de Zacatecas tienen obligación de ejercer sus actividades, de usar y disponer de sus bienes, no sólo en forma que no perjudiquen a la colectividad, sino también de manera que redunde en beneficio de ésta, bajo las sanciones establecidas en este Código y en las leyes locales respectivas. También tienen la obligación de ejercer sus derechos, de usar y disponer de sus bienes, cuando por el no ejercicio, uso o disposición se cause un daño general o impida un beneficio colectivo.

Art. 17. Cuando alguno, explotando o aprovechándose de la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria o necesidad de otro, obtenga un lucro indebido o excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tendrá derecho a obtener la declaración de nulidad del contrato, y de no ser posible, la reducción equitativa de su obligación.

El Ministerio Público deberá, a instancia de parte, promover de oficio la declaración de nulidad del contrato o la reducción equitativa de la obligación de la parte perjudicada, cuando por cualquier medio se entere de un caso de los previstos en el presente artículo.

El derecho concedido en este artículo prescribe en dos años.

Art. 18. El silencio, oscuridad o insuficiencia de la Ley, no autoriza a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia, debiendo aplicarse en estos casos lo dispuesto en los artículos siguientes.

Art. 19. Las controversias judiciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la Ley o a su interpretación jurídica. A falta de Ley se resolverán conforme a los principios generales del Derecho, teniendo siempre en cuenta el espíritu de la Ley, y lo dispuesto en el artículo 2º de este Código.

Art. 20. Cuando haya conflictos de derechos, a falta de Ley expresa que sea aplicable, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro. Si el conflicto fuere entre derechos iguales o de la misma especie, se decidirá en favor de la parte económica, cultural o socialmente más débil, y solamente en igualdad de circunstancias, se resolverá observando la mayor igualdad posible entre los interesados.

Art. 21. La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento; pero los jueces, teniendo en cuenta el notorio atraso cultural de algunos individuos, su apartamiento de las vías de comunicación, su miserable situación económica, o circunstancias similares, podrán, si está de acuerdo el Ministerio Público, eximirlos de las sanciones en que hubieren incurrido por la falta de cumplimiento de la Ley que ignoraban o de ser posible, concederles un plazo para que la cumplan, siempre que no se trate de leyes que afecten directamente al interés público, ni se lesionen derechos de terceros.

LIBRO SEGUNDO
De las personas

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

Art. 22. Para los efectos de este Código se entiende por persona, todo ser humano capaz de derechos y obligaciones.

Art. 23. Las personas se clasifican en jurídicas individuales y jurídicas colectivas.

Art. 24. Son atributos de las personas individuales:

I. La capacidad;

II. El nombre;

III. El domicilio;

IV. El patrimonio;

V. El estado civil; y

VI. La nacionalidad.

Capítulo I
De la capacidad

Art. 25. La capacidad es la aptitud concedida o reconocida por la Ley para ser titular de derechos y obligaciones, o para hacer valer aquéllos y cumplir éstas. Puede ser de goce o de ejercicio.

Art. 26. La capacidad de goce, consiste en la aptitud para ser titular de derechos y de obligaciones.

Art. 27. La capacidad de ejercicio consiste en la aptitud legal para ser titular de derechos y obligaciones, para hacer valer aquéllos o cumplir con éstas por sí o por medio de otro legalmente autorizado; excepto cuando la Ley declare que el acto es personalísimo.

Art. 28. La capacidad para testar se rige por las reglas especiales contenidas en las normas del derecho sucesorio.

Art. 29. Ninguno puede celebrar actos jurídicos a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la Ley.

Capítulo II
Del nombre

Art. 30. El nombre es la forma obligatoria de designación e identificación de las personas para poder referir a éstas consecuencias jurídicas.

Art. 31. El derecho al nombre no implica una facultad de orden patrimonial; en las personas jurídicas individuales es inalienable e imprescriptible, en consecuencia tampoco puede trasmitirse por herencia.

Art. 32. Ninguno debe usar o atribuirse un nombre que no le corresponda.

Capítulo III
Del domicilio

Art. 33. El domicilio es el lugar que se fija a las personas para el normal cumplimiento de sus obligaciones y para el ejercicio de sus derechos.

Art. 34. El domicilio puede ser legal o convencional. Es domicilio legal el que esta Ley fija a una persona para el ejercicio de sus derechos o el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí presente; es convencional el lugar que voluntariamente fijan las personas para el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de determinadas obligaciones o la realización de actos jurídicos concretos.

Capítulo IV
De la nacionalidad

Art. 35. La nacionalidad es un vínculo jurídico político que une a las personas con el Estado mexicano; en todo lo relativo a ella se estará a las leyes especiales.

Capítulo V
Del estado civil

Art. 36. Para los efectos de este Código el estado civil de una persona es la situación jurídica concreta que guardan las personas con la familia, con la sociedad, y con el Estado; en todo lo no regulado por este Código se estará a lo que dispongan las leyes respectivas.

Art. 37. El estado civil puede derivar de una relación jurídica o de una situación de hecho.

Capítulo VI
Del patrimonio

Art. 38. El patrimonio es el conjunto de bienes, obligaciones y derechos apreciables en dinero, presentes y futuros, destinados a la realización de un fin jurídico económico, sin perjuicio de que las personas puedan designar determinados bienes o derechos patrimoniales a la realización de un fin lícito concreto, con absoluta independencia de su patrimonio.

Art. 39. Los derechos subjetivos se reputan bienes, cuando son susceptibles de apreciación pecuniaria, incluyéndose como tales los derechos reales y los personales o de crédito.

Art. 40. El patrimonio es inalienable en su totalidad durante la vida del titular.

Art. 41. Las personas responden con los bienes y derechos patrimoniales destinados a un fin jurídico concreto.

TÍTULO SEGUNDO
De las personas jurídicas individuales

Art. 42. La capacidad de goce de las personas jurídicas individuales se adquiere por el nacimiento y se pierde con la muerte; pero entran bajo la protección del Derecho desde el momento en que los individuos son concebidos y si nacen viables, también desde ese momento se les tiene por nacidos para los efectos declarados en el presente Código.

Art. 43. La capacidad de ejercicio para celebrar actos jurídicos, cumplir obligaciones y hacer valer derechos, se reconoce por este Código a los mayores de edad en pleno uso de sus facultades mentales y a los menores emancipados, en los casos declarados expresamente.

Art. 44. La minoría de edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por esta Ley, son restricciones a la personalidad jurídica; pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes.

Art. 45. No pueden crearse incapacidades por contrato, aquéllas sólo emanan de la naturaleza de las personas o de esta Ley.

Art. 46. El mayor de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece esta Ley.

Art. 47. El domicilio de una persona jurídica individual es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios, y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle.

Art. 48. Se presume el propósito de establecerse en un lugar cuando se reside por más de seis meses en él. Trascurrido el mencionado tiempo, el que no quiera que nazca la presunción de que se acaba de hablar, declarará, dentro del término de quince días, tanto a la autoridad municipal de su anterior domicilio como a la autoridad municipal de su nueva residencia, que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo. La declaración no producirá efectos si se hace en perjuicio de tercero.

Art. 49. Se reputa domicilio legal de las personas jurídicas individuales:

I. Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto;

II. Del menor que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor;

III. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados;

IV. De los empleados públicos, el lugar donde desempeñen sus funciones por más de seis meses. Los que por tiempo menor desempeñen alguna comisión, no adquirirán domicilio en el lugar donde la cumplan, sino que conservarán su domicilio anterior;

V. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de libertad por más de seis meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido.

Art. 50. En lo relativo al nombre, a la nacionalidad, al estado civil y al patrimonio de las personas jurídicas individuales se estará a lo dispuesto en el título primero del libro segundo de este Código.

TÍTULO TERCERO
De las personas jurídicas colectivas

Art. 51. Las personas jurídicas colectivas son:

I. El Estado federal mexicano, las entidades federativas, los municipios y la familia;

II. Las demás asociaciones, sociedades, corporaciones y fundaciones reconocidas por esta Ley y demás entes sociales que se propongan fines políticos, científicos, artísticos, de beneficio colectivo, de recreo o cualquier otro fin lícito;

III. Aquellos entes colectivos que teniendo los atributos señalados en el artículo 24, título primero, libro segundo de este Código, realizan o han realizado frente a terceros actos idóneos para crear en los mismos terceros la impresión de que, de hecho, tales entes existen y están funcionando.

Art. 52. La capacidad de goce de las personas jurídicas colectivas, se adquiere por disposición de esta Ley. Y la capacidad de ejercicio se les reconoce a todas aquellas cuya aptitud legal no esté restringida al respecto por declaración judicial o por disposición de la Ley.

Art. 53. Las personas jurídicas colectivas pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios, para realizar el objeto de su constitución.

Art. 54. Las personas jurídicas colectivas obran y se obligan por medio de los órganos que las representan, sea por disposición de la Ley o conforme a lo dispuesto en sus escrituras constitutivas o estatutos.

Art. 55. Las personas jurídicas colectivas tienen su domicilio, entendiéndose por éste la ubicación del inmueble donde se encuentre el principal asiento de sus negocios o su administración.

Art. 56. Las personas jurídicas colectivas que tengan su domicilio o administración fuera del Estado de Zacatecas pero que ejecuten actos jurídicos dentro de él, se consideran domiciliadas en el lugar donde los hayan ejecutado, en todo lo que a estos actos se refiere.

Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz, tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales.

Art. 57. Se tiene derecho de designar un domicilio convencional para el cumplimiento de determinadas obligaciones y el ejercicio de derechos o realizar actos jurídicos concretos.

 

LIBRO TERCERO
De los bienes y de los derechos reales

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones preliminares

Art. 58. Bien es todo aquello que puede ser objeto de apropiación. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas y derechos que no estén excluidos del comercio.

Las cosas y derechos pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la Ley.

Están fuera del comercio por su naturaleza las que no puedan ser poseídas por alguna persona exclusivamente, y por disposición de la Ley, las que ella declara irreductibles a propiedad particular.

Art. 59. El derecho real es un poder jurídico que en forma directa e inmediata se ejerce sobre un bien o un derecho para su aprovechamiento total o parcial o en funciones de garantía, siendo oponible dicho poder a terceros por virtud de una relación jurídica que se establece entre estos últimos y el titular del derecho. En los derechos reales distintos de la propiedad, y de los privilegios de autor, el citado poder jurídico es oponible además al dueño del bien objeto del gravamen, quien como sujeto pasivo determinado reporta obligaciones reales de carácter patrimonial, positivas o negativas.

El derecho personal es la facultad jurídica que corresponde al acreedor para exigir al deudor el cumplimiento de una obligación de dar, hacer o no hacer.

 

TÍTULO SEGUNDO
Clasificación de los bienes

Capítulo I
De los bienes inmuebles

Art. 60. Son bienes inmuebles aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro sin alterar su forma o sustancia, los muebles por naturaleza que perteneciendo al dueño de un inmueble se hayan incorporado a éste con la intención de unirlos permanentemente o para su explotación económica, así como los derechos reales sobre inmuebles.

Se consideran como tales:

I. El suelo y las construcciones adheridas a él;

II. Las plantas y árboles, mientras estuvieren unidos a la tierra, y los frutos pendientes de los mismos árboles y plantas, mientras no sean separados de ellos por cosechas o cortes regulares;

III. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no pueda separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto a él adherido;

IV. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamentación, colocados en edificios o heredades por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo;

V. Los palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos, cuando el propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella de un modo permanente;

VI. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca directa y exclusivamente a la industria o explotación de la misma;

VII. Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde hayan de utilizarse, y las semillas necesarias para el cultivo de la finca;

VIII. Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el dueño, de éstos, salvo convenio en contrario;

IX. Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los acueductos y las cañerías de cualquier especie que sirvan para conducir los líquidos o gases a una finca, o para extraerlos de ella;

X. Los animales que formen el pie de cría en los predios rústicos destinados total o parcialmente al ramo de ganadería, así como las bestias de trabajo indispensables para el cultivo de la finca, mientras estén destinados a ese objeto;

XI. Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o cualquiera otra superficie de agua;

XII. Los derechos reales sobre inmuebles;

XIII. El material rodante de los ferrocarriles, las líneas telefónicas, telegráficas y de trasmisión y distribución eléctrica, y las estaciones radiotelefónicas o radiotelegráficas fijas.

Art. 61. Los bienes que sean muebles por su naturaleza, pero que se hayan considerado como inmuebles, conforme al artículo que antecede, volverán a reputarse como muebles cuando el mismo dueño los separe del edificio o del predio, salvo el caso de que en el valor de éstos se haya computado el de aquéllos, para constituir algún derecho real en favor de un tercero. En este caso, dicho tercero tendrá las acciones reales de persecución, venta y preferencia en el pago que conforme a derecho corresponda según la naturaleza del gravamen que se hubiere constituido.

Capítulo II
De los bienes muebles

Art. 62. Son bienes muebles las cosas que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior; los derechos y acciones que tengan por objeto o se deriven de los bienes citados en este artículo; los derechos personales y sus acciones, y aquellos bienes que estén destinados a ser separados de un inmueble. En consecuencia se clasifican en muebles por su naturaleza, por disposición de la Ley o por anticipación.

Se reputan bienes muebles:

I. Para los efectos del contrato de prenda, los frutos que, debiendo ser recogidos en tiempo determinado, se encuentren pendientes de los bienes raíces;

II. Las participaciones que cada socio tiene en las personas jurídicas colectivas, aun cuando a éstas pertenezcan algunos bienes inmuebles;

III. Las embarcaciones de todo género, mientras no se hallen comprendidas dentro del artículo 60 de este Código;

IV. Los materiales procedentes de la demolición de un edificio y los que se hubieren acopiado para repararlos o para construir uno nuevo, serán muebles mientras no se hayan empleado en la fabricación;

V. Los derechos de autor y los derivados de la propiedad.

Art. 63. Cuando se use de las palabras muebles o bienes muebles de una casa, se comprenderán los que formen el ajuar y utensilios de ésta y que sirvan exclusivamente y en forma propia para el uso y trato ordinario de una familia, según las circunstancias de las personas que la integren. En consecuencia, no se comprenderán: el dinero, los documentos y papeles, las colecciones científicas, artísticas o de cualquier otro género, los libros y sus estantes, las medallas, los trofeos, los instrumentos de artes y oficios, las joyas, cualquier clase de ropa de uso, los granos, caldos, mercancías y demás cosas similares.

Art. 64. Los bienes muebles son fungibles o no fungibles. Pertenecen a la primera clase los que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad y cantidad, en relación con un acto jurídico.

Los no fungibles son los que no pueden ser sustituidos, en las mismas condiciones, por otros de la misma especie, calidad y cantidad.

Capítulo III
De los bienes considerados según las personas a quienes pertenecen

Art. 65. Los bienes son de dominio del poder público o propiedad de los particulares.

Art. 66. Son bienes del dominio del poder público los que pertenecen a la Federación, a los estados o a los municipios.

Art. 67. Los bienes de dominio del poder público en general situados o que se encuentren en la Entidad y los pertenecientes al Estado o municipios de Zacatecas, en particular, se regirán por las disposiciones de este Código en cuanto no esté determinado por otras leyes.

Art. 68. Los bienes de dominio del poder público, se dividen en bienes de uso común, bienes destinados a un servicio público y bienes propios.

Art. 69. Los bienes de uso común son inalienables e imprescriptibles. Pueden aprovecharse de ellos todos los habitantes, con las restricciones establecidas por la Ley, pero para aprovechamientos especiales se necesita concesión otorgada con los requisitos que prevengan las leyes respectivas.

Art. 70. Los que estorben el aprovechamiento de los bienes de uso común quedan sujetos a las penas correspondientes, a pagar los daños y perjuicios causados y a la pérdida de las obras que hubieren ejecutado.

Art. 71. Los bienes destinados a un servicio público y los bienes propios pertenecen en pleno dominio a la Federación, al Estado o a los municipios; pero los primeros son inalienables e imprescriptibles, mientras no se les desafecte del servicio público a que se hallen destinados.

Art. 72. Cuando conforme a la Ley pueda enajenarse y se enajene una vía pública, los propietarios de los predios colindantes gozarán del derecho por el tanto en la parte que les corresponda, a cuyo efecto se les dará aviso de la enajenación.

El derecho que este artículo concede deberá ejercitarse precisamente dentro de los ocho días siguientes al aviso. Cuando éste no se haya dado, responderá el vendedor de los daños y perjuicios causados y la acción podrá deducirse dentro de los seis meses contados a partir de la enajenación.

Art. 73. Son bienes de propiedad de los particulares todas las cosas y derechos cuyo dominio les pertenece legalmente y de las que no puede aprovecharse ninguno sin consentimiento del dueño o autorización de la Ley.

Art. 74. Los extranjeros y las personas colectivas, para adquirir la propiedad de bienes inmuebles, observarán lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias.

Capítulo IV
De los bienes mostrencos

Art. 75. Son bienes mostrencos los muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore.

Art. 76. El que hallare un mueble perdido o abandonado, deberá entregarlo dentro de los tres días a la autoridad municipal del lugar, o a la más cercana, si el hallazgo se verifica en despoblado.

Art. 77. La autoridad dispondrá desde luego que el bien hallado se tase por peritos, y lo depositará exigiendo formal y circunstanciado recibo.

Art. 78. Cualquiera que sea el valor del bien, se publicarán avisos durante un mes, de diez en diez días, en los lugares públicos de la cabecera del municipio, anunciándose que al vencimiento del plazo se rematará el bien si no se presentare reclamante.

Art. 79. Si el bien hallado fuere de los que no pueden conservarse, la autoridad dispondrá desde luego su venta y mandará depositar el precio. Lo mismo se hará cuando la conservación del bien pueda ocasionar gastos que no estén en relación con su valor.

Art. 80. Si durante el plazo designado se presentare alguno reclamando el bien, la autoridad municipal remitirá todos los datos del caso al juez competente, según el valor del bien, ante quien el reclamante probará su acción, interviniendo como parte demandada el Ministerio Público.

Art. 81. Si el reclamante no es declarado dueño, o si pasado el plazo de un mes, contado desde la primera publicación de los avisos, nadie reclama la propiedad del bien, éste se venderá, dándose una cuarta parte del precio al que la halló y destinándose las otras tres cuartas partes al establecimiento de beneficencia que designe el Gobierno. Los gastos se repartirán entre los adjudicatarios en proporción a la parte que reciban.

Art. 82. Si el reclamante es declarado dueño, se le entregará el bien o su precio, en el caso del artículo 79, con deducción de los gastos.

Art. 83. Cuando por alguna circunstancia especial fuere necesaria, a juicio de la autoridad, la conservación del bien, el que halló éste recibirá la cuarta parte del precio.

Art. 84. La venta se hará siempre en almoneda pública. Debiendo sujetarse a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

Capítulo V
De los bienes vacantes

Art. 85. Son bienes vacantes los inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido.

Art. 86. El que tuviere noticia de la existencia de bienes vacantes en el Estado de Zacatecas y quisiere adquirir la parte que la Ley le da al descubridor hará la denuncia de ellos al Ministerio Público del lugar de la ubicación de tales bienes.

Art. 87. El Ministerio Público, si estima que procede, deducirá ante el juez competente, según el valor de los bienes, la acción que corresponda a fin de que, declarados vacantes los bienes, se adjudiquen al fisco del Estado. Se tendrá al que hizo la denuncia como tercero coadyuvante.

Tratándose de bienes inmuebles destinados a la prestación de servicios públicos, así como a la infraestructura de los Entes Públicos estatales o municipales, éstos serán los únicos legitimados para solicitar la declaratoria judicial a que se refiere el párrafo anterior.

Declarada la vacancia de tales bienes, el Juez ordenará la adjudicación en favor del Ente Público de que se trate y mandará remitir el expediente para su protocolización correspondiente ante la autoridad que corresponda.

Art. 88. El denunciante recibirá la cuarta parte del valor catastral de los bienes que denuncie, pudiendo recibirla en especie, observándose lo dispuesto en la parte final del artículo 81 de este ordenamiento.

Art. 89. El que se apodere de un bien vacante sin cumplir con lo prevenido en este capítulo, pagará una multa de una a diez cuotas de salario mínimo vigente.

 

TÍTULO TERCERO
De la posesión

Capítulo único

Art. 90. La posesión es un poder de hecho que se ejerce sobre un bien para su aprovechamiento total o parcial o para su custodia; puede ser consecuencia del goce efectivo de un derecho real o personal, o de una situación de hecho. En el primer caso, se es poseedor en Derecho; en el segundo, se es poseedor de hecho, salvo lo dispuesto en el artículo 93. Pero aun este tipo de posesión es garantizado por la Ley en los casos expresos que se consigna, en cuanto puede llegar a constituir un derecho o convalidar jurídicamente el hecho.

Las situaciones de posesión de hecho son reguladas por el Derecho en cuanto: o bien las promueve, garantiza y les da convalidación jurídica; o bien las sanciona, exige responsabilidades a quienes las realizan y aún las somete a la acción punitiva del Estado, según hayan sido sus circunstancias constitutivas.

Art. 91. Cuando en virtud de un acto jurídico, el que se ostenta como propietario o titular de un derecho real entrega a otro un bien, concediéndole el derecho de retenerlo temporalmente en su poder en calidad de usufructuario, arrendatario, acreedor pignoraticio, depositario u otro título análogo, los dos son poseedores del bien. El que lo posee a título de propietario tiene una posesión originaria; el otro, una posesión derivada.

Art. 92. En caso de despojo o desposesión, el que tiene la posesión originaria goza del derecho de pedir que sea restituido el que tenía la posesión derivada, y si éste no puede o no quiere recobrarla, el poseedor originario puede pedir que se le dé la posesión a él mismo.

Art. 93. Cuando se demuestre que una persona tiene en su poder un bien en virtud de la situación de dependencia en que se encuentra respecto del que se ostenta como propietario o titular de un derecho real y que lo retiene en provecho de éste en cumplimiento de las órdenes e instrucciones que de él ha recibido, se le considerará poseedor derivado.

Art. 94. Sólo pueden ser objeto de posesión los bienes y derechos que sean objeto de apropiación, así como los derechos inherentes al estado civil de las personas.

Art. 95. Puede adquirirse la posesión por la misma persona que va a disfrutarla, por su representante legal, por su mandatario y por un tercero sin mandato alguno, pero en este último caso no se entenderá adquirida la posesión hasta que la persona a cuyo nombre se haya verificado el acto o hecho posesorio lo ratifique.

Art. 96. Cuando varias personas poseen un bien en común y pro indiviso, podrá cada una de ellas ejercer actos posesorios sobre el bien común, con tal de que no excluya los actos posesorios de los otros coposeedores.

Art. 97. Se entiende que cada uno de los poseedores de un bien que poseen en común, ha poseído exclusivamente, por todo el tiempo que dure la posesión indivisa, la parte que al dividirse le tocare.

Art. 98. La posesión originaria establece la presunción de propiedad a favor de quien la tiene para todos los efectos legales. No se establece la misma presunción en favor de quien posee en virtud de un derecho personal o real distinto al de dominio, pero si es poseedor de buena fe, se tiene la presunción de haber obtenido la posesión del dueño del bien o derecho poseído.

Art. 99. El poseedor de un bien mueble perdido o robado, no podrá recuperarlo de un tercero de buena fe que lo haya adquirido en almoneda o de un comerciante que en mercado público se dedique a la venta de objetos de la misma especie, sin rembolsar al poseedor actual el precio que hubiere pagado por el bien. El recuperante tiene el derecho de repetir contra el vendedor.

Art. 100. La moneda y los títulos al portador no pueden ser reivindicados del adquirente de buena fe, aunque el poseedor haya sido desposeído de ellos contra su voluntad.

Art. 101. El poseedor actual que pruebe haber poseído en tiempo anterior, tiene en su favor la presunción de haber poseído en el intermedio.

Art. 102. La posesión de un inmueble hace presumir la de los muebles que se hallen en él.

Art. 103. Todo poseedor debe ser mantenido o restituido en la posesión contra aquellos que no tengan mejor derecho para poseer.

Es mejor la posesión que se funde en un hecho o acto jurídico lícito y, cuando se trata de inmuebles, la que esté inscrita en el Registro Público de la Propiedad. A falta de títulos o siendo iguales los títulos, es mejor la más antigua. La certeza en la posesión hace prevalecer la posesión menos antigua, pero cierta en su calidad de originaria, sobre la posesión más antigua, pero equívoca.

Si las posesiones fueren dudosas, se pondrá en depósito el bien hasta que se resuelva a quién corresponde la posesión.

Al poseedor con causa lícita y buena fe, le compete la acción para que, aun cuando no se haya perfeccionado todavía su derecho de propiedad por la prescripción, le sea restituido el bien con sus frutos y accesiones, por el poseedor de mala fe, o por el que teniendo una causa de igual calidad, ha poseído por menos tiempo que el actor. No procede esta acción en los casos en que ambas posesiones fueren dudosas ni cuando el demandado tenga la causa de su posesión registrada y el actor no, ni contra el legítimo dueño.

Art. 104. Para que el poseedor tenga derecho al interdicto de recuperar la posesión, se necesita que no haya pasado un año desde que se verificó el despojo.

Art. 105. Se reputa como nunca perturbado o despojado, el que judicialmente fue mantenido o restituido en la posesión.

Art. 106. Es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de una causa suficiente para darle derecho de poseer. También lo es el que ignora la legitimidad de la causa que dio origen a su posesión.

Art. 107. Es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin causa lícita para poseer; lo mismo que el que conoce la ilegitimidad de la causa que originó su posesión.

Art. 108. Entiéndese por causa, el hecho o acto jurídico generador de la posesión.

Art. 109. La buena fe se presume siempre; al que afirma la mala fe del poseedor le corresponde probarla.

Art. 110. La posesión adquirida de buena fe no pierde ese carácter, sino en el caso y desde el momento en que existen actos que acrediten que el poseedor no ignoraba que posee el bien por causa ilícita.

Art. 111. Los poseedores originarios tienen los siguientes derechos:

I. Adquirir los bienes por prescripción positiva;

II. Gozar de una prescripción juris tantum de propiedad;

III. Adquirir los frutos y demás percepciones que se mencionan en los artículos del 113 al 115;

IV. Intentar la acción plenaria de posesión indicada en la parte final del artículo 103;

V. Intentar respecto de inmuebles los interdictos establecidos por la Ley.

Art. 112. Los poseedores derivados tienen los siguientes derechos:

I. Intentar los interdictos respecto de los bienes inmuebles;

II. Exigir los frutos, pago de daños y perjuicios por pérdida o menoscabo del bien poseído conforme al acto jurídico o contrato constitutivo de la posesión derivada.

Art. 113. El poseedor de buena fe que haya adquirido la posesión por causa traslativa de dominio, tiene los siguientes derechos:

I. El de hacer suyos los frutos percibidos, mientras su buena fe no es interrumpida;

II. El de que se le abonen todos los gastos necesarios, lo mismo que los útiles, teniendo derecho a retener el bien poseído hasta que se le haga el pago;

III. El de retirar las mejoras voluntarias, si no se causa daño al bien mejorado, o reparando el que se cause al retirarlas;

IV. El de que se le abonen los gastos hechos por él para la producción de los frutos naturales e industriales que no hace suyos por estar pendientes al tiempo de interrumpirse la posesión, teniendo derecho al interés legal sobre el importe de esos gastos desde el día en que los haya hecho.

Art. 114. El poseedor de buena fe a que se refiere el artículo que antecede no responde del deterioro o pérdida del bien poseído, aunque haya ocurrido por hecho propio, pero sí responde de la utilidad que él mismo haya obtenido de la pérdida o deterioro.

Art. 115. El que posee por menos de un año, a título traslativo de dominio y con mala fe, siempre que no haya obtenido la posesión por medio delictuoso, está obligado y tiene derecho:

I. A restituir los frutos percibidos;

II. A responder de la pérdida o deterioro del bien sobrevenidos por su culpa o por caso fortuito o fuerza mayor, a no ser que pruebe que aquéllos se habrían causado aunque el bien hubiere estado poseído por su dueño. No responde de la pérdida sobrevenida natural e inevitablemente por el solo transcurso del tiempo.

Art. 116. El que posee en concepto de dueño por más de un año, continua, cierta, pacífica y públicamente, aunque su posesión sea de mala fe, con tal que no sea delictuosa, tiene derecho y está obligado:

I. A las dos terceras partes de los frutos industriales que haga producir al bien poseído, perteneciendo la otra tercera parte al propietario, si reivindica el bien antes de que prescriba;

II. A que se le abonen los gastos necesarios y a retirar las mejoras útiles, si es dable separarlas sin detrimento del bien mejorado;

III. A restituir o entregar los frutos naturales y civiles que produzca el bien que posee y responde de la pérdida o deterioro del bien sobrevenidos por su culpa.

Art. 117. El poseedor que haya adquirido la posesión por algún hecho delictuoso, está obligado a restituir todos los frutos que haya producido el bien y los que haya dejado de producir por omisión culpable.

Tiene también la obligación impuesta por la fracción II del artículo 115.

Art. 118. Las mejoras voluntarias no son abonables a ningún poseedor pero el de buena fe puede retirar esas mejoras conforme a lo dispuesto en la fracción III del artículo 113.

Art. 119. Se entienden percibidos los frutos naturales o industriales desde que se alzan o se pagan. Los frutos civiles se producen día por día y pertenecen al poseedor en esta proporción, luego que son debidos, aunque no los haya recibido.

Art. 120. Son gastos necesarios los que están prescritos por la Ley, y aquéllos sin los que el bien se pierde o desmejora.

Art. 121. Son gastos útiles aquéllos que, sin ser necesarios, aumentan el precio o producto del bien.

Art. 122. Son gastos voluntarios los que sirven sólo al ornato del bien, o al placer o comodidad del poseedor.

Art. 123. El poseedor debe justificar el importe de los gastos a que tenga derecho; en caso de duda, se tasarán aquéllos por peritos.

Art. 124. Cuando el poseedor hubiere de ser indemnizado por gastos y haya percibido algunos frutos a que no tenía derecho, habrá lugar a la compensación.

Art. 125. Las mejoras provenientes de la naturaleza o del tiempo quedan siempre en beneficio del que haya vencido en la posesión.

Art. 126. Posesión pacífica es la que se adquiere sin violencia. Si posteriormente a la adquisición el poseedor recurre a la violencia para mantenerse en el uso o goce del bien, no se considerará viciada dicha posesión.

Art. 127. Posesión continua es la que no ha sido interrumpida por algunos de los medios enumerados en el capítulo V, título séptimo de este libro.

Art. 128. Posesión pública, es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida por todos aquellos que tengan interés en interrumpirla y que la misma se encuentre inscrita en el Registro Público de la Propiedad

Art. 129. Posesión cierta es la que se tiene por una causa que no da lugar a dudas respecto al concepto originario o derivado de la misma posesión. Posesión equívoca es la que se tiene por un hecho o acto jurídico que dé lugar a duda respecto del concepto originario o derivado de la misma posesión.

Art. 130. Sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño del bien poseído puede producir la prescripción.

Art. 131. Se presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto en el que se adquirió, a menos que se pruebe que ha cambiado la causa de la posesión. Nadie puede cambiar a su arbitrio la causa de su posesión.

Art. 132. La posesión se pierde:

I. Por abandono;

II. Por cesión a título oneroso o gratuito;

III. Por alguna de las causas señaladas en este Código;

IV. Por resolución judicial;

V. Por despojo, si la posesión del despojante dura más de un año;

VI. Por reivindicación del propietario;

VII. Por expropiación por causa de utilidad pública.

TÍTULO CUARTO
De la propiedad

Capítulo I
Disposiciones generales

Art. 133. La propiedad es un poder jurídico que en forma inmediata, directa y exclusiva se ejerce sobre un bien para usarlo, disfrutarlo o disponer de él, dentro de las limitaciones y modalidades que fijen las leyes.

El propietario está obligado a ejercitar sus derechos cuando por falta de ejercicio de los mismos se cause algún daño o algún perjuicio a tercero, o a la colectividad. El Estado puede imponer las modalidades o formas de ejercicio de los derechos de propiedad que el interés público reclame, cuando los bienes permanezcan ociosos o improductivos, o cuando el propietario ejerza sus derechos de modo notoriamente discordante o contrario a la naturaleza o destino de los bienes.

Art. 134. La propiedad no puede ser ocupada contra la voluntad de su dueño, sino por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

Art. 135. Se declara de utilidad pública, la adquisición que hagan el Estado o los municipios, de terrenos apropiados para la constitución del patrimonio de la familia o para que se construyan casas habitaciones para familias pobres y para los demás fines previstos por la Ley de Expropiación para el Estado de Zacatecas, debiéndose observar en estos últimos casos las disposiciones de dicho ordenamiento.

Art. 136. No podrán ejercitarse los derechos de propiedad sobre los bienes que se consideren como notables y características manifestaciones de la cultura, de la historia nacional o regional, ni alterar aquéllas en forma que pierdan sus características, sin previa autorización por escrito del Ejecutivo del Estado, el que deberá procurar la conservación de tales bienes, de acuerdo con las disposiciones legales respectivas.

Art. 137. La infracción del artículo que precede, se castigará como delito, de acuerdo con lo que disponga el Código de la materia.

Art. 138. La autoridad puede, mediante indemnización, ocupar la propiedad particular, deteriorarla y aún destruirla, si esto es indispensable para prevenir o remediar una calamidad pública, para salvar del riesgo inminente a una población, para ejecutar obras de evidente beneficio colectivo o para realizar fines de interés general, sujetándose los dos últimos casos a las disposiciones legales respectivas.

Art. 139. El propietario o inquilino de un predio tiene derecho a ejercer las acciones que procedan para impedir que, por el mal uso de la propiedad del vecino, se perjudiquen la seguridad, el sosiego o la salud de los que habitan el predio.

Art. 140. No pertenecen al dueño del predio los minerales y sustancias mencionadas en el párrafo IV del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni las aguas que menciona el párrafo quinto del mismo artículo.

Art. 141. En un predio no deberán hacerse excavaciones o construcciones que hagan perder el sostén necesario al suelo o construcciones de las propiedades vecinas o que impliquen daños para las mismas, por lo que se deberán hacer las obras de consolidación o de previsión indispensables para evitar todo daño.

No obstante que se hayan efectuado las obras de consolidación o de previsión a que se hace referencia en el párrafo anterior, el que cause un daño a la finca vecina derivada de las excavaciones o construcciones en su propiedad, responderá de los daños y perjuicios ocasionados en los términos del capítulo V, del título primero del libro quinto de este Código.

Art. 142. No es lícito ejercitar el derecho de propiedad de manera que su ejercicio no dé otro resultado que causar daños y perjuicios a un tercero, sin utilidad para el propietario.

Art. 143. Todo propietario tiene derecho a deslindar su propiedad y hacer y exigir el amojonamiento de la misma.

Art. 144. También tiene derecho y, en su caso, obligación de cerrar o de cercar su propiedad, en todo o en parte, del modo que lo estime conveniente o lo dispongan las leyes o reglamentos, sin perjuicio de la servidumbre que reporte la propiedad.

Art. 145. Nadie puede edificar ni plantar cerca de las plazas, fuertes, fortalezas y edificios públicos, sino sujetándose a los requisitos exigidos en los reglamentos especiales de la materia.

Art. 146. Las servidumbres establecidas por utilidad pública o comunal para mantener expedita la navegación de los ríos, la construcción o reparación de las vías públicas y para las demás obras comunales de esta clase, se regirán por las leyes o reglamentos especiales y, a falta de éstos, por las disposiciones de este Código.

Art. 147. Nadie puede construir cerca de una pared ajena o de copropiedad, pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas, chimeneas, establos; ni instalar depósitos de materias corrosivas, máquinas de vapor o fábricas destinadas a usos que puedan ser peligrosos o nocivos, sin guardar las distancias prescritas por los reglamentos respectivos, o sin construir las obras de resguardo necesarias con sujeción a lo que prevengan los mismos reglamentos, o a falta de ellos a lo que se determine por juicio pericial.

Los perjudicados con las construcciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior, tendrán acción para pedir su destrucción o alejamiento, o para que se efectúen las obras de resguardo necesarias.

Art. 148. Nadie puede plantar árboles cerca de un predio ajeno, sino a la distancia de dos metros de la línea divisoria, si la plantación se hace de árboles grandes, y de un metro si la plantación se hace de arbustos o árboles pequeños.

Art. 149. El propietario puede pedir que se arranquen los árboles plantados a menor distancia de su predio de la señalada en el artículo que precede, y aun cuando dicha distancia sea mayor, si es evidente el daño que los árboles le causen.

Art. 150. Si las ramas de los árboles se extienden sobre heredades, jardines o patios vecinos, el dueño de éstos tendrá derecho de que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad; y si fueren las raíces de los árboles las que se extendieren en el suelo de otro, éste podrá cortarlas por sí mismo dentro de su heredad, pero con previo aviso al vecino.

Art. 151. El dueño de una pared que no sea de copropiedad, contigua a la finca ajena, puede abrir en ella ventanas o huecos para recibir luces a una altura tal, que la parte inferior de la ventana diste del suelo de la propiedad vecina tres metros a lo menos y, en todo caso, con reja de hierro remetida en la pared y con red de alambre cuyas mallas sean de tres centímetros a lo sumo.

Art. 152. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, el dueño de la finca o propiedad contigua a la pared en que estuvieren abiertas las ventanas o huecos, podrá construir pared contigua a ella, o si adquiere la copropiedad, apoyarse en la misma pared, aunque de uno y otro modo cubra los huecos o ventanas. Sin perjuicio de lo señalado por los artículos relativos a las servidumbres en este Código.

Art. 153. No se pueden tener ventanas para asomarse ni balcones u otros voladizos semejantes sobre la propiedad del vecino, prolongándose más allá del límite que separe las propiedades. Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad, si no hay un metro de distancia.

La distancia mencionada se mide desde la línea de separación de las dos propiedades.

El propietario de un edificio está obligado a construir sus tejados azoteas de tal manera que las aguas pluviales no caigan sobre el suelo o edificio vecino.

Lo dispuesto en los artículos anteriores se entiende salvo pacto en contrario que celebren los interesados en los términos establecidos por la Ley.

Capítulo II
Medios de adquirir la propiedad

Art. 154. Se reconocen como medios de adquirir la propiedad los siguientes:

I. La ocupación en sus distintas formas; por la caza y la pesca, apropiación de otros animales, descubrimientos de tesoros y captación de aguas.

Por ocupación se entiende la toma de posesión permanente de los bienes muebles sin dueño o cuya legítima propiedad se ignore, con el ánimo de adueñarse de ellos;

II. La accesión y apropiación de frutos y productos;

III. La prescripción positiva o adquisitiva;

IV. La adjudicación;

V. La herencia;

VI. El contrato; y

VII. La Ley.

Art. 155. Las formas de adquirir la propiedad pueden ser:

I. Primitivas o derivadas.

En las primitivas el bien no ha estado en el patrimonio de determinada persona, de suerte que el adquirente del mismo no lo recibe de un titular anterior.

Las formas derivadas suponen la trasmisión de bienes del titular de un patrimonio a otro;

II. A título oneroso o a título gratuito.

En las primeras el adquirente paga un cierto valor o prestación en dinero, bienes o servicios, a cambio del bien que recibe.

En las segundas, la trasmisión de la propiedad se realiza sin que el adquirente dé a cambio del bien que recibe en propiedad alguna contraprestación o valor.

Las trasmisiones a título oneroso reconocidas por este Código son siempre trasmisiones a título particular si se ejecutan a través del contrato, de la accesión, de la adjudicación o de la Ley.

Las trasmisiones a título gratuito pueden ser a título universal en la institución de heredero; o a título particular en el legado, en el contrato o en el acto dispositivo unilateral a título gratuito a que se refiere este Código en el capítulo relativo a la declaración unilateral de la voluntad;

III. Por acto entre vivos y por causa de muerte. Las trasmisiones por acto entre vivos se realizan por virtud del contrato o del acto jurídico unilateral en los casos especialmente reconocidos en este Código; así como por prescripción adquisitiva, adjudicación, accesión y por la Ley.

Las trasmisiones por causa de muerte pueden revestir dos formas: la herencia legítima o la testamentaria y la trasmisión por legado en la misma sucesión por testamento;

IV. A título universal y a título particular.

La trasmisión es a título universal cuando se refiere a la transferencia del patrimonio como conjunto de bienes, derechos y obligaciones apreciables en dinero, o a una parte alícuota del mismo. Esta trasmisión sólo se reconoce por el presente Código en los casos de herencia testamentaria o legítima. La trasmisión es a título particular cuando recae sobre bienes o derechos determinados, y puede realizarse por el contrato, el testamento en la institución de legado, el acto jurídico unilateral, la accesión, la adjudicación, la prescripción positiva y la Ley.

Capítulo III
De la apropiación de los animales

Art. 156. Los animales sin marca que se encuentren en tierras de propiedad particular, se presume que son del dueño de éstas mientras no se pruebe lo contrario, a no ser que el propietario no tenga cría de la raza a que los animales pertenezcan.

Art. 157. Los animales sin marca que se encuentren en tierras de propiedad particular que exploten en común varios, se presumen del dueño de la cría de la misma especie y de la misma raza en ellas establecidas, mientras no se pruebe lo contrario. Si dos o más fueren dueños de la misma especie o raza, mientras no haya prueba de que los animales pertenecen a alguno de ellos, se reputarán de propiedad común.

Art. 158. El derecho de caza y el de apropiarse los productos de ésta en terreno público, se sujetará a las leyes y reglamentos respectivos.

Art. 159. En terrenos de propiedad particular no puede ejercitarse el derecho al que se refiere el artículo anterior, ya sea comenzando en él la caza, ya continuando la comenzada en terreno público, sin permiso del dueño. Los campesinos asalariados y los aparceros gozan del derecho de caza en las fincas donde trabajen, en cuanto se aplique a satisfacer sus necesidades y las de sus familias.

Art. 160. El ejercicio del derecho de cazar se regirá por los reglamentos administrativos y por las siguientes bases.

Art. 161. El cazador se hace dueño del animal que caza, por el acto de apoderarse de él, observándose lo dispuesto en el artículo 163.

Art. 162. Se considera capturado el animal que ha sido muerto por el cazador durante el acto venatorio, y también el que está preso en redes.

Art. 163. Si la pieza herida muriese en terrenos ajenos, el propietario de éstos o quien lo represente, deberá entregarla al cazador o permitir que entre a buscarla.

Art. 164. El propietario que infrinja el artículo anterior pagará el valor de la pieza y el cazador perderá ésta si entra a buscarla sin permiso de aquél.

Art. 165. El hecho de entrar los perros de caza en terreno ajeno sin la voluntad del cazador, sólo obliga a éste a la reparación de los daños causados.

Art. 166. La acción para pedir la reparación prescribe a los treinta días contados a partir de la fecha en que se causó el daño.

Art. 167. Es lícito a los propietarios o poseedores destruir a los animales salvajes o feroces que sean sorprendidos perjudicando sus sementeras o plantaciones, hecha excepción de vacunos, equinos, ovicaprinos, que puedan reputarse como domésticos.

Art. 168. Se prohíbe terminantemente y en forma absoluta destruir en predios ajenos los nidos, huevos y crías de aves de cualquier especie.

Art. 169. La pesca en las aguas del dominio del poder público, que sean de uso común, se regirán por lo que dispongan las leyes y reglamentos respectivos.

Art. 170. El derecho de pesca en aguas particulares pertenece a los dueños de los predios en que aquéllas se encuentren, con sujeción a las leyes y reglamentos de la materia.

Art. 171. Es lícito a cualquiera persona apropiarse los animales bravíos, conforme a los reglamentos respectivos.

Art. 172. Es lícito a cualquiera persona apropiarse los enjambres que no hayan sido encerrados en colmenas o cuando las han abandonado.

Art. 173. No se entiende que las abejas han abandonado la colmena cuando se han posado en predio propio del dueño, o éste las persigue llevándolas a la vista.

Art. 174. Los animales feroces que se escaparen del encierro en que los tengan sus dueños, podrán ser destruidos o capturados por cualquiera. Pero los dueños pueden recuperarlos si indemnizan los daños y perjuicios que hubieren ocasionado.

Art. 175. La apropiación de los animales domésticos se rige por las disposiciones contenidas en el título relativo a los bienes mostrencos.

Capítulo IV
De la ocupación de los tesoros

Art. 176. Para los efectos de los artículos que siguen, se entiende por tesoro, el depósito oculto en dinero, alhajas, objetos preciosos, artísticos y joyas arqueológicas cuya legítima procedencia se ignore. Nunca se considera un tesoro como fruto de una finca.

Art. 177. El tesoro oculto pertenece al que lo descubre en sitio de su propiedad.

Art. 178. Si el sitio fuere de dominio del poder público o perteneciere a alguna persona particular que no sea el mismo descubridor, se aplicará a éste una mitad del tesoro y la otra mitad al propietario del sitio.

Art. 179. Cuando los objetos descubiertos fueren interesantes para las ciencias o para las artes, se aplicarán al Estado por su justo precio, el cual se distribuirá conforme a lo dispuesto por los artículos anteriores.

Art. 180. Para que el que descubra un tesoro en suelo ajeno goce del derecho ya declarado, es necesario que el descubrimiento sea casual.

Art. 181. De propia autoridad, nadie puede en terreno o edificio ajeno, hacer excavación, horadación u obra alguna para buscar un tesoro.

Art. 182. El tesoro descubierto en terreno ajeno, por obras practicadas sin consentimiento de su dueño, pertenece íntegramente a éste.

Art. 183. El que sin consentimiento del dueño hiciere en terreno ajeno obras para descubrir un tesoro, estará obligado en todo caso a pagar los daños y perjuicios y, además, a costear la reposición de las cosas a su primitivo estado, perderá también el derecho de inquilinato si lo tuviere en el fundo, aunque no esté fenecido el término del arrendamiento, cuando así lo pidiera el dueño.

Art. 184. Si el tesoro se buscare con consentimiento del dueño del fundo, se observarán las estipulaciones que se hubieren hecho para la distribución y si no las hubiere, los gastos y lo descubierto se distribuirán por mitad.

Art. 185. Cuando uno tuviere la propiedad y el otro el usufructo de una finca en que se haya encontrado el tesoro, si el que lo encontró fue el mismo usufructuario, la parte que le corresponda se determinará según las reglas que se han establecido para el descubridor extraño. Si el descubridor no es el dueño ni el usufructuario; el tesoro se repartirá entre el dueño y el descubridor, con exclusión del usufructuario, observándose en su caso lo dispuesto en los artículos anteriores.

Art. 186. Si el propietario encuentra el tesoro en la finca o terreno cuyo usufructo pertenece a otra persona, ésta no tendrá parte alguna en el tesoro, pero sí el derecho de exigir del propietario una indemnización por los daños y perjuicios que origine la interrupción del usufructo, en la parte ocupada o demolida para buscar el tesoro; la indemnización se pagará aun cuando no se encuentre el tesoro.

Capítulo V
De la captación de aguas

Art. 187. El dueño del predio en que exista una fuente natural, o que haya perforado un pozo brotante, hecho obras de captación de aguas subterráneas o construido aljibe o presas para captar las aguas pluviales, tiene derecho de disponer de esas aguas; pero si éstas pasan de una finca a otra, su aprovechamiento se considera de utilidad pública y quedará sujeto a las disposiciones que sobre el particular se dicten.

Art. 188. El dominio del dueño de un predio sobre las aguas de que trata el artículo anterior, no perjudica los derechos que legítimamente hayan podido adquirir para su aprovechamiento los de los predios inferiores.

Art. 189. Si alguno perforase pozo o hiciere obras de captación de aguas subterráneas en su propiedad, aunque por esto disminuya el agua del abierto en fundo ajeno, no está obligado a indemnizar, pero debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 191.

Art. 190. El propietario de las aguas no podrá desviar su curso de modo que cause daño a un tercero.

Art. 191. El curso y aprovechamiento de las aguas de dominio público se regirá por la Ley especial respectiva.

Art. 192. El propietario de un predio que sólo con muy costosos trabajos pueda proveerse del agua que necesita para utilizar convenientemente ese predio, tiene derecho de exigir de los dueños de los predios vecinos que tengan aguas sobrantes, que le proporcionen la necesaria, mediante el pago de una indemnización fijada por peritos.

Capítulo VI
Del derecho de accesión y de la adquisición de los frutos

Art. 193. La accesión es un medio de adquirir la propiedad mediante la unión o incorporación de un bien que se reputa accesorio a otro que se denomina principal.

Por virtud de la misma, la propiedad de los bienes da derecho a adquirir todo lo que se le une o incorpora natural o artificialmente, conforme a los siguientes principios:

I. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal; y

II. Nadie puede enriquecerse a costa de otro.

Art. 194. Independientemente del derecho de adquirir por accesión, el propietario de un bien es dueño de los frutos naturales, industriales y civiles que a él correspondan.

Art. 195. Son frutos naturales las producciones espontáneas de la tierra, las crías y demás productos de los animales.

Art. 196. Las crías de los animales pertenecen al dueño de la madre y no al del padre, salvo convenio anterior en contrario.

Art. 197. Son frutos industriales los que producen las heredades o fincas de cualquier especie, mediante el cultivo o trabajo.

Art. 198. No se reputan frutos naturales o industriales sino desde que están manifiestos o nacidos.

Art. 199. Para que los animales se consideren frutos, basta que estén en el vientre de la madre aunque no hayan nacido.

Art. 200. Son frutos civiles, los alquileres de los bienes muebles, las rentas de los inmuebles, los réditos de los capitales y todos aquellos que no siendo producidos por el mismo bien directamente, vienen de él por contrato, por acto unilateral o por la Ley.

Art. 201. El que percibe los frutos tiene la obligación de abonar los gastos hechos por un tercero para su producción, recolección y conservación.

Art. 202. Todo lo que se une o incorpora a un bien, lo edificado, plantado y sembrado y lo preparado o mejorado en terrenos o fincas de propiedad ajena, pertenece al dueño del terreno o finca, con sujeción a lo que se dispone en los artículos siguientes.

Art. 203. Todas las obras, siembras y plantaciones, así como las mejoras y reparaciones ejecutadas en un terreno, se presumen hechas por el propietario y a su costa, mientras no se pruebe lo contrario.

Art. 204. El que siembre, plante o edifique en finca propia, con semillas, plantas o materiales ajenos, adquiere la propiedad de unas y otras, pero con la obligación de pagarlos en todo caso y de resarcir daños y perjuicios si ha procedido de mala fe.

Art. 205. El dueño de las semillas, plantas o materiales nunca tendrá derecho a pedir que se le devuelvan destruyéndose la obra o plantación; pero si las plantas no han echado raíces y pueden sacarse, el dueño de ellas tiene derecho de pedir que así se haga.

Art. 206. Cuando las semillas o los materiales no estén aún aplicados a su objeto ni confundidos con otros, pueden reivindicarse por el dueño.

Art. 207. El dueño del terreno en que se edifique, siembre o plante de buena fe, tendrá derecho de hacer suya la obra, siembra o plantación, previa la indemnización prescrita en el artículo 204, o de obligar al que edificó o plantó a pagarle el precio del terreno y al que sembró solamente su renta. Si el dueño del terreno ha procedido de mala fe, sólo tendrá derecho de que se le pague el valor de la renta o el precio del terreno, en sus respectivos casos.

Art. 208. El que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno ajeno, pierde lo edificado, plantado o sembrado, sin que tenga derecho de reclamar indemnización alguna del dueño del suelo, ni de retener el bien.

Art. 209. El dueño del terreno en que se haya edificado por mala fe, podrá pedir la demolición de la obra y la reposición de los bienes a su estado primitivo a costa del edificador.

Art. 210. Cuando haya mala fe, no sólo por parte del que edificare, sino por parte del dueño, se entenderá compensada esta circunstancia y se arreglarán los derechos de uno y otro, conforme a lo resuelto o dispuesto para el caso de haberse procedido de buena fe.

Art. 211. Se entiende que hay mala fe de parte del edificador, plantador o sembrador, cuando hace la edificación, plantación o siembra, o permite sin reclamar, que con el material suyo las haga otro en terreno que sabe es ajeno, no pidiendo previamente al dueño su consentimiento por escrito.

Art. 212. Se entiende haber mala fe por parte del dueño, siempre que a su vista, ciencia y paciencia se hiciere el edificio, la siembra o la plantación.

Art. 213. Si los materiales, plantas o semillas pertenecen a un tercero que no ha procedido de mala fe, el dueño del terreno es responsable subsidiariamente del valor de aquellos objetos, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

I. Que el que de mala fe empleó materiales, plantas o semillas, no tenga bienes con que responder de su valor;

II. Que lo edificado, plantado o sembrado aproveche al dueño.

Art. 214. No tendrá lugar lo dispuesto en el artículo anterior, si el propietario usa del derecho que le concede el artículo 209.

Art. 215. El acrecentamiento que por aluvión reciben las heredades confinantes con corrientes de agua, pertenecen a los dueños de las riberas en que el aluvión se deposite.

Art. 216. Los dueños de las heredades confinantes con las lagunas o estanques no adquieren el terreno descubierto por la disminución natural de las aguas, ni pierden el que éstas inunden con las crecidas extraordinarias.

Art. 217. Cuando la fuerza del río arranca una porción considerable y reconocible de un campo ribereño y la lleva a otra inferior o a la ribera opuesta, el propietario de la porción arrancada puede reclamar su propiedad, haciéndolo dentro de dos años contados desde el acaecimiento; pasado este plazo perderá su derecho de propiedad, a menos que el propietario del campo a que se unió la porción arrancada no haya aún tomado posesión de ella.

Art. 218. Los árboles arrancados y trasportados por las corrientes de las aguas, pertenecen al propietario del terreno a donde vayan a parar, si no los reclaman dentro de dos meses los antiguos dueños. Si éstos los reclaman, deberán abonar los gastos ocasionados en recogerlos o ponerlos en lugar seguro.

Art. 219. Las islas que se formen en aguas de propiedad particular, pertenecerán al dueño de éstas.

Si la isla se formare en aguas de propiedad particular que sirvan de límite entre dos predios y que por lo tanto pertenezcan pro indiviso a los dueños de los mismos, se observarán las reglas siguientes:

I. Si la isla se formó por aluvión, los propietarios de los predios colindantes tendrán derecho a la porción de la isla que les corresponda al dividirla conforme a una línea imaginaria que se trace a la mitad del álveo;

II. Si la isla se formó por avulsión, se estará a lo dispuesto por el artículo 217; pero si trascurrido el término de dos años ni el propietario de la porción arrancada por la corriente del río, ni el dueño del predio frente al cual se sitúe dicha porción, ejecutan actos posesorios respecto de la isla formada, ésta se dividirá en los términos de la fracción anterior y pertenecerá en esa proporción a los dueños de los predios entre los cuales se sitúe la isla;

III. Si la isla se formó debido a que la corriente del río objeto de propiedad particular, se abrió en dos brazos o ramales, pertenecerá por entero al dueño de las aguas, si éstas no eran limítrofes entre predios, o si no invadieron terreno de otro. En estos dos últimos casos, las porciones de tierra que queden rodeadas por las aguas seguirán perteneciendo a sus antiguos dueños, de acuerdo con los límites preexistentes. Si la misma porción del terreno constituye una isla que conforme a tales límites deba pertenecer a más de una persona, se harán las divisiones correspondientes conforme a los linderos anteriormente establecidos, no obstante que queden cubiertos por las aguas.

En el caso de que la isla se formare en aguas de propiedad de la Nación o de jurisdicción federal, se estará a lo dispuesto en la Ley de la materia.

Art. 220. Cuando el río cambiare de cauce, tratándose de aguas de propiedad particular, los propietarios de los predios a través de los cuales se establezca el nuevo cauce adquirirán las aguas.

Si las aguas son de propiedad federal, se estará a lo dispuesto en la Ley respectiva.

Art. 221. Los cauces abandonados por corrientes de agua que no sean de la Federación, pertenecen a los dueños de los terrenos por donde corran esas aguas. Si la corriente era limítrofe de varios predios, el cauce abandonado pertenece a los propietarios de ambas riberas proporcionalmente a la extensión del frente de cada heredad, a lo largo de la corriente tirando una línea divisoria por en medio del álveo.

Art. 222. Cuando la corriente del río se divide en dos brazos o ramales, dejando aislada una heredad o parte de ella, el dueño no pierde su propiedad sino en la parte ocupada por las aguas, salvo lo que sobre el particular disponga la legislación federal sobre esta materia.

Art. 223. Cuando dos bienes muebles que pertenecen a dos dueños distintos, se unen de tal manera que vienen a formar uno solo sin que intervenga mala fe, el propietario del principal adquiere lo accesorio, pagando su valor.

Art. 224. Se reputa principal, entre dos bienes incorporados, el de mayor valor.

Art. 225. Si no pudiere hacerse la calificación conforme a la regla establecida en el artículo que precede, se reputará principal el objeto cuyo uso, perfección o adorno se haya conseguido por la unión de otro.

Art. 226. En la pintura, escultura y bordado; en los escritos, impresos, grabados, litografías, fotograbados, oleografías, cromolitografías y en las demás obtenidas por otros procedimientos análogos a los anteriores, se estima accesoria la tabla, el metal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino.

Art. 227. Cuando los bienes unidos puedan separarse sin detrimento y subsistir independientemente, los dueños respectivos pueden exigir la separación.

Art. 228. Cuando los bienes unidos no pueden separarse sin que el que se reputa accesorio sufra deterioro, el dueño del principal tendrá también derecho de pedir la separación; pero quedará obligado a indemnizar al dueño del accesorio, siempre que éste haya procedido de buena fe.

Art. 229. Cuando el dueño del bien accesorio es el que ha hecho la incorporación, lo pierde si ha obrado con mala fe y está además, obligado a indemnizar al propietario de los perjuicios que se le hayan seguido a causa de la incorporación.

Art. 230. Si el dueño del bien principal es el que ha procedido de mala fe, el que lo sea del accesorio tendrá derecho a que aquél le pague su valor y le indemnice de los daños y perjuicios; o que el bien de su pertenencia se separe, aunque para ello haya de destruirse la principal.

Art. 231. Si la incorporación se hace por cualquiera de los dueños a vista, ciencia y paciencia del otro, y sin que éste se oponga, los derechos respectivos se arreglarán conforme a lo dispuesto en los artículos del 223 al 226.

Art. 232. Siempre que el dueño de la materia empleada sin su consentimiento tenga derecho a indemnización, podrá exigir que ésta consista en la entrega de un bien igual en especie, en valor y en todas sus circunstancias a la empleada; o bien en el precio de él fijado por peritos.

Art. 233. Si se mezclan dos bienes de igual o de diferente especie, por voluntad de sus dueños o por casualidad, y en este último caso los bienes no son separables sin detrimento, cada propietario adquirirá un derecho proporcional a la parte que le corresponda, atendiendo el valor de los bienes mezclados o confundidos.

Art. 234. Si por voluntad de uno solo, pero con buena fe, se mezclan o confunden dos bienes de igual o diferente especie, los derechos de los propietarios se arreglarán por lo dispuesto en el artículo anterior; a no ser que el dueño del bien mezclado sin su consentimiento, prefiera la indemnización de daños y perjuicios.

Art. 235. El que de mala fe hace la mezcla o confusión, pierde el bien mezclado o confundido que fuere de su propiedad y queda además obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados al dueño del bien o bienes con que se hizo la mezcla.

Art. 236. El que de buena fe empleó materia ajena en todo o en parte, para formar un bien de nueva especie, hará suya la obra, siempre que el mérito artístico de la obra exceda en precio a la materia, cuyo valor indemnizará al dueño.

Art. 237. Cuando el mérito artístico de la obra sea inferior en precio a la materia, el dueño de ésta hará suya la nueva especie y tendrá derecho, además, para reclamar indemnización de daños y perjuicios, descontándose del monto de éstos el valor de la obra, a tasación de peritos.

Art. 238. Si la especificación se hizo de mala fe, el dueño de la materia empleada tiene derecho de quedarse con la obra sin pagar nada al que la hizo, o exigir de éste que le pague el valor de la materia y le indemnice de los daños y perjuicios que se le hayan seguido.

Art. 239. La mala fe en los casos de mezcla o confusión se calificará conforme a lo dispuesto en los artículos 211 y 212.

Capítulo VII
De la copropiedad

Art. 240. Hay copropiedad cuando un bien o una universalidad de bienes y obligaciones apreciables en dinero, pertenecen pro indiviso a dos o más personas.

Art. 241. Los que por cualquier título tienen el dominio legal de un bien, no pueden ser obligados a conservarlo indiviso sino en los casos en que por la misma naturaleza de los bienes o por determinación de la Ley, el dominio es indivisible.

Art. 242. Si el dominio no es divisible o el bien no admite cómoda división y los partícipes no se convienen en que sea adjudicado a alguno de ellos, se procederá a su venta y a la repartición de su precio entre los interesados.

Art. 243. A falta de contrato o disposición especial, se regirá la copropiedad por las disposiciones siguientes.

Art. 244. El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcional a sus respectivas porciones.

Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes, en la comunidad.

Art. 245. Cada partícipe podrá servirse de los bienes comunes, siempre que disponga de ellos conforme a su destino y de manera que no se perjudique el interés de los partícipes, ni se impida a los copropietarios usarlo según su derecho.

Art. 246. Todo copropietario tiene derecho para obligar a los partícipes a contribuir a los gastos de conservación del bien o derecho común. Sólo puede eximirse de esta obligación el que renuncie a la parte que le pertenece en el dominio.

Art. 247. Ninguno de los condueños podrá, sin el consentimiento unánime de los demás, hacer alteraciones en el bien común aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos, ni ejecutar actos de dominio respecto al mismo.

Art. 248. Para la administración del bien común, serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes.

Art. 249. Para que haya mayoría se necesita el voto del mayor número de copropietarios y la mayoría de intereses.

Art. 250. Si no hubiere mayoría, el juez, oyendo a los interesados, resolverá lo que debe hacerse dentro de lo propuesto por los mismos.

Art. 251. Cuando parte del bien perteneciere exclusivamente a un copropietario o alguno de ellos, y otro fuere común, sólo a éste será aplicable la disposición anterior.

Art. 252. Todo condueño tiene la propiedad de la parte alícuota que le corresponda y la de sus frutos y utilidades, pudiendo en consecuencia enajenarla, cederla o hipotecarla, y aun sustituir otro en su aprovechamiento salvo si se tratare de derecho personalísimo. Pero el efecto de la enajenación o hipoteca con relación a los condueños, estará limitado a la porción que se les adjudique en la división al cesar la comunidad. Los condueños gozan del derecho del tanto.

Art. 253. Cuando los diferentes pisos, departamentos, viviendas o locales de un inmueble construido en forma vertical, horizontal o mixto, susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública, pertenecieren a distintos condueños, cada uno de éstos tendrá un derecho singular y exclusivo de propiedad sobre su piso, departamento, vivienda o local y además un derecho de copropiedad sobre los elementos y partes comunes del edificio, necesarios para su adecuado uso o disfrute, tales como el suelo, cimientos, sótanos, muros de carga, fosos, patios, pozos, escaleras, elevadores, pasos, corredores, cubiertas, canalizaciones, desagües, servidumbres, etc.

Cada condueño podrá enajenar, hipotecar o gravar en cualquier otra forma su departamento, vivienda, casa o local, sin necesidad de consentimiento de los demás condóminos. En la enajenación, gravamen o embargo de un departamento, vivienda, casa o local se tendrán comprendidos invariablemente los derechos sobre los bienes comunes que le son anexos.

En los casos de enajenación de un piso, departamento, vivienda o local de un inmueble en condominio los condóminos no gozarán del derecho del tanto. Los inquilinos y las instituciones oficiales que hayan construido o financiado el condominio gozarán del derecho por el tanto en los términos que lo establezca el reglamento respectivo.

El derecho de copropiedad sobre los elementos comunes del edificio sólo será enajenable, gravable o embargable por terceros, conjuntamente con el piso, departamento, vivienda o local de propiedad exclusiva respecto del cual se considera anexo inseparable. La copropiedad sobre los elementos comunes del edificio no es susceptible de división.

Los derechos y obligaciones de los propietarios a que se refiere este precepto, se regirán por las escrituras en que se hubiera establecido el régimen de copropiedad, por las de compraventa correspondientes, por el reglamento del condominio y administración respectivo, y en su caso, por la Ley reglamentaria de este artículo.

Art. 254. Cuando haya constancia que demuestre quién fabricó la pared que divide los predios, el que la costeó es dueño exclusivo de ella; si consta que se fabricó por los colindantes o no consta quién la fabricó, es de propiedad común.

Art. 255. Se presume la copropiedad mientras no haya signo exterior que demuestre lo contrario:

I. En las paredes divisorias de los inmuebles contiguos, hasta el punto común de elevación;

II. En las paredes divisorias de los jardines o corrales situados en poblado o en el campo;

III. En las cercas, vallados y setos vivos que dividan los predios rústicos. Si las construcciones no tienen una misma altura, sólo hay presunción de copropiedad hasta la altura de la construcción menos elevada.

Art. 256. Hay signo contrario a la copropiedad:

I. Cuando hay ventanas o huecos abiertos en la pared divisoria de los inmuebles;

II. Cuando toda la pared, vallado, cerca o seto están construidos sobre el terreno de una de las fincas y no por la mitad entre una y otra de las dos contiguas;

III. Cuando la pared soporte las cargas y carreras, pasos y armaduras de una de las posesiones y no de la contigua;

IV. Cuando la pared divisoria entre patios, jardines y otras propiedades esté construida de modo que la albardilla caiga hacia una sola de ellas;

V. Cuando la pared divisoria construida de mampostería, presente piedras llamadas pasaderas, que de distancia en distancia salgan fuera de la superficie sólo por un lado de la pared y no por el otro;

VI. Cuando la pared fuere divisoria entre un inmueble del cual forma parte y un jardín, campo, corral o sitio sin edificio;

VII. Cuando una propiedad se halla cerrada o defendida por vallados, cercas o setos vivos y las contiguas no lo estén;

VIII. Cuando la cerca que encierra completamente una propiedad es de distinta especie de la que tiene la vecina en sus lados contiguos a la primera.

Art. 257. En general, se presume que en los casos señalados en el artículo anterior, la propiedad de las paredes, cercas, vallados o setos pertenece exclusivamente al dueño de la finca o propiedad que tiene a su favor estos signos exteriores.

Art. 258. Las zanjas o acequias abiertas entre las propiedades se presumen también de copropiedad si no hay título o signo que demuestre lo contrario.

Art. 259. Hay signo contrario a la copropiedad, cuando de la tierra o broza sacada de la zanja o acequia para abrirla o limpiarla, se halla sólo de un lado; en este caso, se presume que la propiedad de la zanja o acequia es exclusivamente del dueño de la propiedad que tiene a su favor este signo exterior.

Art. 260. La presunción que establece el artículo anterior, cesa cuando la inclinación del terreno obliga a echar la tierra de un solo lado.

Art. 261. Los dueños de los predios están obligados a cuidar de que no se deteriore la pared, zanja o seto de propiedad común; y si por el hecho de alguno de sus dependientes o animales o por cualquiera otra causa que dependa de ellos, se deterioraren, deben reponerlos, pagando los daños y perjuicios que se hubieren causado.

Art. 262. La reparación y reconstrucción de las paredes de propiedad común y el mantenimiento de los vallados, setos vivos, zanjas, acequias, también comunes, se costearán proporcionalmente por todos los dueños que tengan a su favor la copropiedad.

Art. 263. El propietario que quiera librarse de las obligaciones que impone el artículo anterior, puede hacerlo renunciando a la copropiedad, salvo el caso en que la pared común sostenga un inmueble suyo.

Art. 264. El propietario de un inmueble que se apoya en una pared común, puede al derribarlo, renunciar o no a la copropiedad. En el primer caso serán de su cuenta todos los gastos necesarios para evitar o reparar los daños que cause la demolición. En el segundo, además de esta obligación, queda sujeto a las que le imponen los artículos 261 y 262.

Art. 265. El propietario de una finca contigua a una pared divisoria que no sea común, sólo puede darle este carácter en todo o en parte, por contrato con el dueño de ella.

Art. 266. Todo propietario puede alzar la pared de propiedad común, haciéndolo a sus expensas, e indemnizando de los daños y perjuicios que se ocasionaren por la obra, aunque sean temporales.

Art. 267. Serán igualmente de su cuenta todas las obras de conservación de la pared de la parte en que ésta haya aumentado su altura o espesor, y las que en la parte común sean necesarias, siempre que el deterioro provenga de la mayor altura o espesor que se haya dado a la pared.

Art. 268. Si la pared de propiedad común no puede resistir a la elevación, el propietario que quiera levantarla tendrá la obligación de reconstruirla a su costa; y si fuere necesario darle mayor espesor, deberá darlo de su suelo.

Art. 269. En los casos señalados por los artículos precedentes, la pared continúa siendo de propiedad común hasta la altura en que lo era antiguamente, aun cuando haya sido edificada de nuevo a expensas de uno solo, y desde el punto en donde comenzó la mayor altura, es propiedad del que la edificó.

Art. 270. Los demás propietarios que no hayan contribuido a dar más elevación o espesor a la pared, podrán, sin embargo, adquirir en la parte nuevamente elevada los derechos de copropiedad, pagando proporcionalmente el valor de la obra y la mitad del valor del terreno del que se hubiere dado mayor espesor.

Art. 271. Cada propietario de una pared común podrá usar de ella en proporción al derecho que tenga en la comunidad, podrá, por tanto, edificar, apoyando su obra en la pared común o introduciendo vigas hasta la mitad de su espesor, pero sin impedir el uso común respectivo de los demás copropietarios. En caso de resistencia de los otros propietarios, se arreglarán por medio de peritos las condiciones necesarias para que la nueva obra no perjudique los derechos de aquéllos.

Art. 272. Los árboles existentes en cerca de copropiedad o que señalen lindero, son también de copropiedad y no pueden ser cortados ni sustituidos con otros sin el consentimiento de ambos propietarios, o por decisión judicial pronunciada en juicio contradictorio, en caso de desacuerdo de los propietarios.

Art. 273. Los frutos del árbol o del arbusto común y los gastos de su cultivo, serán repartidos por partes iguales entre los copropietarios.

Art. 274. Ningún copropietario puede, sin consentimiento del otro, abrir ventanas ni hueco alguno en pared común.

Art. 275. Los propietarios del bien indiviso no pueden enajenar a extraños su parte alícuota respectiva, si el partícipe quiere hacer uso del derecho del tanto. A ese efecto, el copropietario notificará a los demás, por medio de notario o judicialmente, la venta que tuviere convenida, para que dentro de los ocho días siguientes hagan uso del derecho del tanto. Trascurridos los ocho días, sin hacer uso de este derecho, se pierde. Si la venta se hace omitiéndose la notificación será nula.

Art. 276. Si varios condueños, partícipes, etc., del bien indiviso quisieren hacer uso del derecho del tanto, será preferido el que represente mayor parte; y siendo iguales, el designado por la suerte; salvo convenio en contrario.

Art. 277. Las enajenaciones hechas por herederos o legatarios de la parte de herencia que les corresponda, se regirán por lo dispuesto en los artículos relativos.

Art. 278. La copropiedad cesa: por la división del bien común; por la pérdida del bien en los términos del artículo respectivo a la obligación de dar, de este Código; por su enajenación y por la consolidación o reunión de todas las cuotas en un solo copropietario.

Art. 279. La división de un bien común no perjudica a tercero, el cual conserva los derechos reales que le pertenecen desde antes de hacerse la partición, observándose en su caso, lo dispuesto para hipotecas que graven fincas susceptibles de ser fraccionadas, y lo prevenido para el adquirente de buena fe que inscribe su título en el Registro Público.

Art. 280. La división de bienes inmuebles es nula si no se hace con las mismas formalidades que la Ley exige para su venta.

Art. 281. Son aplicables a la división de herencia, las reglas señaladas en este capítulo.

Art. 282. Para todo lo no previsto en este capítulo, se estará a lo dispuesto en las leyes de propiedad en condominio para el Estado, en cuanto no se opongan a lo preceptuado por este Código.

TÍTULO QUINTO
Del usufructo, del uso y de la habitación

Capítulo I
Del usufructo en general

Art. 283. El usufructo es un derecho real, temporal, generalmente vitalicio, para usar y disfrutar de los bienes ajenos sin alterar su forma ni sustancia.

Art. 284. Se denomina usufructo impropio o imperfecto, el que recae sobre bienes fungibles, de los que se hace necesario su reemplazo de acuerdo con su naturaleza o de bienes consumibles no fungibles de los que se restituirá su equivalente económico.

Art. 285. El usufructo puede constituirse por la Ley, por acto jurídico unilateral o plurilateral, o por prescripción.

Art. 286. Puede constituirse el usufructo a favor de una o varias personas, simultánea o sucesivamente.

Art. 287. Si se constituye a favor de varias personas simultáneamente, sea por acto unilateral, sea por contrato, cesando el derecho de una de las personas, pasará al propietario, salvo que al constituirse el usufructo se hubiere dispuesto que acrezca a los otros usufructuarios.

Si se constituye sucesivamente, el usufructo no tendrá lugar sino en favor de las personas que existan al tiempo de comenzar el derecho del primer usufructuario. Los designados usufructuarios no gozarán del mismo sino hasta que se cumplan el plazo o las condiciones impuestas en el acto constitutivo.

Art. 288. El usufructo puede constituirse desde o hasta cierto día, puramente o bajo condición.

Art. 289. Es vitalicio el usufructo si en el acto constitutivo no se expresa lo contrario.

Art. 290. Los derechos y obligaciones del usufructuario y del propietario se arreglan, en todo caso, por el acto constitutivo del usufructo.

Art. 291. Las personas colectivas que no pueden adquirir, poseer, o administrar bienes raíces, tampoco pueden tener usufructo constituido sobre bienes de esta clase.

Art. 292. Sólo pueden dar en usufructo los que pueden enajenar y sólo se pueden dar en usufructo los bienes enajenables.

Capítulo II
De los derechos del usufructuario

Art. 293. El usufructuario tiene derecho a ejercitar todas las acciones y excepciones reales o personales y oponer las excepciones correspondientes, y ser considerado como parte en todo litigio, aunque sea seguido por el propietario, siempre que en él se interese el usufructo.

Art. 294. El usufructuario tiene derecho de percibir todos los frutos, sean naturales, industriales o civiles.

Art. 295. Los frutos naturales o industriales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo, pertenecerán al usufructuario. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo, pertenecen al propietario.

Ni éste ni el usufructuario tienen que hacerse abono alguno por razón de las labores, semillas y otros gastos semejantes. Lo dispuesto en este artículo no perjudica a los aparceros o arrendatarios que tengan derecho de percibir alguna porción de frutos, al tiempo de comenzar o extinguirse el usufructo.

Art. 296. Los frutos civiles pertenecen al usufructuario en proporción al tiempo que dure el usufructo, aun cuando no estén cobrados.

Art. 297. Cuando se trate de bienes susceptibles de deteriorarse por el uso, el usufructuario tendrá derecho de servirse de ellos según su destino, estando obligado a restituirlos al terminarse, en el estado en que se encuentren; pero también con la obligación de indemnizar al propietario del deterioro que resulte por dolo o negligencia.

Art. 298. Se constituirá un usufructo impropio o imperfecto, cuando se trate de bienes que no puedan usarse sin consumirse, caso en el cual el usufructuario tendrá el derecho de consumirlos, pero con la obligación de restituirlos al terminarse en igual género, cantidad y calidad, y siendo bienes no fungibles deberá pagarse su equivalente económico si se hubieren dado estimados, o si no lo fueron, su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo.

Art. 299. Si el usufructo se constituye sobre capitales impuestos a réditos, el usufructuario sólo hace suyos éstos y no aquéllos; pero para que el capital se redima anticipadamente, para que se haga novación de la obligación primitiva, para que se sustituya la persona del deudor si no se trata de derechos garantizados como gravamen real, así como para que el capital reunido vuelva a imponerse, se necesita el consentimiento del usufructuario.

Art. 300. El usufructuario de un monte disfruta de todos los productos que provengan de éste, según su naturaleza.

Art. 301. Si el monte fuere talar o de maderas de construcción, podrá el usufructuario hacer en él las talas o cortes ordinarios que haría el dueño; acomodándose en el modo, porción o época a las leyes especiales o a las costumbres del lugar.

Art. 302. En los demás casos, el usufructuario no podrá cortar árboles por el pie, como no sea para reponer o reparar alguno de los bienes usufructuados; en este caso acreditará previamente al propietario la necesidad de la obra.

Art. 303. El usufructuario podrá utilizar los viveros, sin perjuicio de su conservación y según las costumbres del lugar y lo dispuesto en las leyes respectivas.

Art. 304. Corresponde al usufructuario el fruto de los aumentos que reciban los bienes por accesión y el goce de las servidumbres que tenga a su favor.

Art. 305. No corresponden al usufructuario los productos de las minas que se exploten en terreno dado en usufructo, a no ser que expresamente se le concedan en el acto constitutivo del usufructo o que éste sea universal; pero debe indemnizarse al usufructuario de los daños y perjuicios que se le originen por la interrupción del usufructo a consecuencia de las obras que se practiquen para el laboreo de las minas. En todo caso se estará a lo que disponga la Ley de la materia.

Art. 306. El usufructuario puede gozar por sí mismo del bien usufructuado. Puede enajenar, arrendar y gravar su derecho de usufructo, pero todos los contratos que celebre como usufructuario, terminarán con el usufructo.

Art. 307. El usufructuario puede hacer mejoras útiles y puramente voluntarias; pero no tiene derecho de reclamar su pago, aunque sí puede retirarlas, siempre que sea posible hacerlo sin detrimento del bien en que está constituido el usufructo.

Art. 308. El propietario de bienes en que otro tenga el usufructo puede enajenarlos, con la condición de que se conserve el usufructo.

Art. 309. El usufructuario goza del derecho por el tanto. Es aplicable lo dispuesto en el artículo 275 de este ordenamiento, en lo que se refiere a dar aviso y la forma para hacerlo, respecto de la enajenación y al tiempo para hacer uso del derecho por el tanto.

Capítulo III
De las obligaciones del usufructuario

Art. 310. El usufructuario, antes de entrar en el goce de los bienes, está obligado:

I. A formar a sus expensas, con citación del dueño, un inventario de todos ellos, haciendo tasar los muebles y constar el estado en que se encuentren los inmuebles;

II. A dar la correspondiente garantía de que disfrutará de las cosas con moderación, y las restituirá al propietario con sus accesiones, al extinguirse el usufructo, no empeoradas ni deterioradas por su negligencia, salvo lo dispuesto en lo relativo al cuasiusufructo.

Art. 311. El donante que se reserve el usufructo de los bienes donados está dispensado de dar la garantía requerida, si no se ha obligado expresamente a ello.

Art. 312. El que se reserva la propiedad, puede dispensar al usufructuario de la obligación de afianzar.

Art. 313. Si el usufructo fuere constituido por contrato y el que contrató quedare de propietario y no exigiere en el contrato la garantía, no estará obligado el usufructuario a darla; pero si quedare de propietario un tercero, podrá pedirla aunque no se haya fijado en el contrato.

Art. 314. Si el usufructo se constituye por título oneroso y el usufructuario no presta la correspondiente garantía, el propietario tiene el derecho de intervenir la administración de los bienes, para procurar su conservación, sujetándose a las condiciones prescritas en el artículo 351 y prescribiendo la retribución que en él se concede.

Cuando el usufructo es a título gratuito y el usufructuario no otorga la garantía, el usufructo se extingue en los términos de la fracción IX del artículo 342.

Art. 315. El usufructuario, dada la garantía, tendrá derecho a todos los frutos del bien, desde el día en que, conforme al acto constitutivo del usufructo, debió comenzar a percibirlos.

Art. 316. En los casos señalados en el artículo 306, el usufructuario es responsable solidariamente con la persona que lo sustituya como titular del derecho real, del menoscabo que sufran los bienes por dolo o culpa de ésta.

Art. 317. Si el usufructo se constituye sobre ganado vacuno, equino, ovicaprino, porcino o de cualquier otro que pueda reputarse como doméstico, está obligado a reemplazar con las crías, la cabeza que falte por cualquier causa.

Art. 318. Si el ganado en que se constituyó el usufructo perece sin culpa del usufructuario, por efecto de una epizootia o de algún otro acontecimiento no común, el usufructuario cumple con entregar al dueño los despojos que se hayan salvado de esa calamidad.

Art. 319. Si el rebaño perece en parte, y sin culpa del usufructuario, continúa el usufructo en la parte que queda.

Art. 320. El usufructuario de árboles frutales está obligado a la replantación de los pies muertos naturalmente.

Art. 321. Si el usufructo se ha constituido a título gratuito, el usufructuario está obligado a hacer las reparaciones indispensables para mantener el bien en el estado en que se encontraba cuando lo recibió.

Art. 322. El usufructuario no está obligado a hacer dichas reparaciones, si la necesidad de éstas proviene de vejez, vicio intrínseco o deterioro grave del bien, anterior a la constitución del usufructo.

Art. 323. Si el usufructuario quiere hacer las reparaciones referidas, debe obtener antes el consentimiento del dueño; y en ningún caso tiene derecho de exigir indemnización alguna.

Art. 324. El propietario, en el caso del artículo 322, tampoco está obligado a hacer reparaciones, y si las hace no tiene derecho de exigir indemnización.

Art. 325. Si el usufructo se ha constituido a título oneroso, el propietario tiene obligación de hacer todas las reparaciones convenientes para que el bien, durante el tiempo estipulado en el acto constitutivo, pueda producir los frutos que ordinariamente se obtenían de ellos al tiempo de la entrega.

Art. 326. Si el usufructuario quiere hacer en este caso las reparaciones, deberá dar aviso al propietario, y previo este requisito, tendrá derecho de cobrar su importe al fin del usufructo.

Art. 327. La omisión del aviso al propietario hace responsable al usufructuario de la destrucción, pérdida o menoscabo del bien por falta de las reparaciones, y le priva del derecho de pedir indemnización si él las hace.

Art. 328. Toda disminución de los frutos que provenga de imposición de contribuciones o cargas ordinarias sobre la finca o bien usufructuado, es de cuenta del usufructuario.

Art. 329. La disminución que por las propias causas se verifique, no en los frutos, sino en la misma finca o bien usufructuado, será de cuenta del propietario; y si éste, para conservar íntegro el bien, hace el pago, tiene derecho de que se le abonen los intereses legales de la suma pagada, por todo el tiempo que el usufructuario continúe gozando del bien.

Art. 330. Si el usufructuario hace el pago de la cantidad, no tiene derecho de cobrar intereses, quedando compensados éstos con los frutos que reciba.

Art. 331. El que por sucesión adquiera el usufructo universal está obligado a pagar por entero el legado de renta vitalicia o pensión de alimentos.

Art. 332. El que por el mismo título adquiera una parte del usufructo universal, pagará el legado o la pensión en proporción a su cuota.

Art. 333. El usufructuario particular de una finca hipotecada no está obligado a pagar las deudas para cuya seguridad se constituyó la hipoteca.

Art. 334. Si la finca se embarga o se vende judicialmente para el pago de la deuda, el propietario responde al usufructuario de lo que pierda por este motivo, salvo que se trate de usufructo a título gratuito.

Art. 335. Si el usufructo es de todos los bienes de una herencia, o de una parte de ellos, el usufructuario podrá anticipar las sumas que para el pago de las deudas hereditarias correspondan a los bienes usufructuados, y tendrá derecho de exigir del propietario su restitución, sin intereses, al extinguirse el usufructo.

Art. 336. Si el usufructuario se negare a hacer la anticipación de que habla el artículo que precede, el propietario podrá hacer que se venda la parte de bienes que baste para el pago de la cantidad que aquél podría satisfacer, según la regla establecida por dicho artículo.

Art. 337. Si el propietario hiciere la anticipación por su cuenta, el usufructuario pagará el interés legal del dinero, según la regla establecida en el artículo 329.

Art. 338. Si los derechos del propietario son perturbados por un tercero, sea de modo y por el motivo que fuere, el usufructuario está obligado a ponerlo en conocimiento de aquél; si no lo hace, es responsable de los daños y perjuicios que resulten como si hubiesen sido ocasionados por su culpa.

Art. 339. Los gastos, costas y condenas de los pleitos sostenidos sobre el usufructo son de cuenta del propietario si el usufructo se ha constituido por título oneroso, y del usufructuario, si se ha constituido por título gratuito.

Art. 340. Si el pleito interesa al mismo tiempo al dueño y al usufructuario, contribuirán a los gastos en proporción de sus derechos respectivos, si el usufructo se constituyó a título gratuito, pero el usufructuario en ningún caso está obligado a responder por más de lo que produce el usufructo.

Art. 341. Si el usufructuario, sin citación del propietario, o éste sin la de aquél, han seguido un pleito, la sentencia favorable aprovecha al no citado, y la adversa no le perjudica.

Capítulo IV
De los modos de extinguirse el usufructo

Art. 342. El usufructo se extingue:

I. Por la muerte del usufructuario;

II. Por vencimiento del plazo por el cual se constituyó;

III. Por cumplirse la condición impuesta en el acto constitutivo para la cesación de este derecho;

IV. Por la consolidación de la propiedad en la persona del usufructuario; mas si se verifica en un solo bien o parte de lo usufructuado, en lo demás subsistirá el usufructo;

V. Por la prescripción negativa conforme a lo prevenido respecto de los derechos reales;

VI. Por la renuncia expresa del usufructuario, salvo lo dispuesto respecto de las renuncias hechas en fraude de acreedores;

VII. Por la pérdida total del bien que era objeto del usufructo. Si la destrucción no es total, el derecho continúa respecto de lo que del bien haya quedado;

VIII. Por la cesación del derecho del que constituyó el usufructo, cuando teniendo un derecho revocable llega el caso de la revocación;

IX. Por no dar garantía el usufructuario a título gratuito si el dueño o poseedor no lo ha eximido de esa obligación.

Art. 343. La muerte del usufructuario no extingue el usufructo, cuando éste se ha constituido a favor de varias personas sucesivamente, pues en tal caso entra al goce del mismo la persona que corresponda.

Art. 344. El usufructo constituido a favor de personas jurídicas colectivas que puedan adquirir y administrar bienes raíces, sólo durará veinte años; cesando antes en el caso de que dichas personas dejen de existir.

Art. 345. El usufructo concedido por el tiempo que tarde un tercero en llegar a cierta edad, dura el número de años prefijado, aunque el tercero muera antes.

Art. 346. Si el usufructo está constituido sobre un inmueble y éste se arruina en un incendio, por vetustez o por algún otro accidente, el usufructuario no tiene derecho a gozar del solar ni de los materiales; más si estuviese constituido sobre una finca rústica de que sólo forme parte el inmueble arruinado, el usufructuario podrá continuar usufructuando el solar y los materiales.

Art. 347. Si el bien usufructuado fuere expropiado por causa de utilidad pública, el propietario o poseedor está obligado, bien a sustituirlo con otro de igual valor y análogas condiciones, o bien a abonar al usufructuario el interés legal del importe de la indemnización por todo el tiempo que debía durar el usufructo. Si el propietario optare por lo último, deberá garantizar el pago de los réditos.

Art. 348. Si el edificio es reconstruido por el dueño o por el usufructuario, se estará a lo dispuesto en los artículos 323, 324, 325 y 326.

Art. 349. El impedimento temporal por caso fortuito o fuerza mayor, no extingue el usufructo ni da derecho a exigir indemnización del propietario o poseedor.

Art. 350. El tiempo del impedimento se tendrá por corrido para el usufructuario, de quien serán los frutos que durante él pueda producir el bien.

Art. 351. El usufructo no se extingue por el mal uso que haga el usufructuario del bien usufructuado; pero si el abuso es grave, el propietario o poseedor pueden pedir que se les ponga en posesión de los bienes, obligándose, bajo garantía, a pagar anualmente al usufructuario el producto líquido de los mismos, por el tiempo que dure el usufructo deducido el precio de administración que el juez le acuerde.

Art. 352. Terminado el usufructo, los contratos que respecto de él haya celebrado el usufructuario no obligan al propietario y éste entrará en posesión del bien, sin que contra él tengan derecho los que contrataron con el usufructuario, para pedirle indemnización por la disolución de sus contratos, ni por las estipulaciones de éstos; que sólo pueden hacer valer en contra del usufructuario y sus herederos, salvo lo dispuesto en el artículo 295.

Capítulo V
Del uso y de la habitación

Art. 353. El uso es un derecho real, temporal, personalísimo y limitado, generalmente vitalicio por naturaleza, para usar un bien ajeno sin alterar su forma ni sustancia. El usuario tendrá además el derecho de percibir los frutos del mismo, pero sólo en la medida que basten a cubrir sus necesidades y las de su familia, aun cuando ésta aumente.

Art. 354. La habitación es un derecho real, temporal, personalísimo y limitado, vitalicio por su naturaleza, para ocupar gratuitamente, en una casa ajena, las piezas necesarias para el habituario y las personas de su familia.

Art. 355. El usuario y el habituario de un edificio no pueden enajenar, gravar ni arrendar en todo ni en parte su derecho a otro, ni estos derechos pueden ser embargados por sus acreedores.

Art. 356. Los derechos y obligaciones del usuario y habituario y del que tiene el goce de habitación se arreglarán por los contratos respectivos y en su defecto, por las disposiciones siguientes.

Art. 357. Las disposiciones establecidas para el usufructo son aplicables a los derechos de uso y de habitación, en cuanto no se opongan a lo ordenado en el presente capítulo.

Art. 358. El que tiene derecho a uso sobre un ganado ya sea vacuno, equino, ovicaprino, porcino o de cualquier otra especie que pueda reputarse como doméstico, puede aprovecharse de los productos, en cuanto basten para su consumo y el de su familia.

Art. 359. Si el usuario consume todos los frutos de los bienes o el habituario ocupa todas las piezas de la casa, quedan obligados a todos los gastos de cultivo, reparaciones y pago de contribuciones, lo mismo que el usufructuario, pero si el primero sólo consume parte de los frutos o el segundo sólo ocupa parte de la casa, no deben contribuir en nada siempre que al propietario le quede una parte de frutos o aprovechamientos bastantes para cubrir los gastos y cargas.

Art. 360. Si los frutos que queden al propietario no alcanzan a cubrir los gastos y cargas, la parte que falte será cubierta por el usuario o habituario.

Art. 361. Los derechos de uso y habitación pueden constituirse por la Ley, por acto jurídico unilateral o plurilateral, o por prescripción.

El acto jurídico unilateral puede surtir sus efectos durante la vida del constituyente o a partir de su muerte, cuando los citados derechos se constituyan por testamento. En el primer caso, el acto será irrevocable una vez otorgado, independientemente de la aceptación del usuario o habituario. Salvo lo dispuesto en el artículo relativo a la revocación de la donación por ingratitud establecida en este Código.

Las reglas anteriores rigen también para el usufructo y las servidumbres.

TÍTULO SEXTO
De las servidumbres

Capítulo I
Disposiciones generales

Art. 362. La servidumbre es un derecho real impuesto sobre un predio en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño, para usar parcialmente de aquél, en los términos en que la Ley disponga para cada caso, o se estipule en el acto jurídico que le haya dado origen.

El que reporta la obligación real se denomina predio sirviente y aquel en cuyo beneficio se constituye se llama predio dominante.

Las servidumbres originan relaciones jurídicas, entre los dueños o poseedores de los predios mencionados, siendo sujeto activo de las mismas el dueño o poseedor del predio dominante y sujeto pasivo el dueño o poseedor del predio sirviente.

Art. 363. Las servidumbres son positivas o negativas: por las primeras se permite al dueño o poseedor del predio dominante realizar ciertos actos en el predio ajeno, y negativas por las que se prohíbe al poseedor o propietario del predio sirviente hacer algo que le sería lícito si no existiera la obligación real.

La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar. Para que al dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho es necesario que esté expresamente determinado por la Ley, o por el acto en que se constituyó la servidumbre.

Art. 364. Las servidumbres son continuas o discontinuas; aparentes o no aparentes.

Art. 365. Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante sin la intervención de algún hecho.

Art. 366. Son discontinuas aquellas cuyo uso necesita de algún hecho actual del hombre.

Art. 367. Son aparentes las que se anuncian por obras o signos exteriores, dispuestos para su uso y aprovechamiento.

Art. 368. Son no aparentes las que carecen de signos exteriores de su existencia.

Art. 369. Las servidumbres pueden constituirse por la Ley, por acto jurídico unilateral o plurilateral, y por prescripción. Las servidumbres constituidas por la Ley o por prescripción se denominan legales, las demás se llaman voluntarias.

Art. 370. Las servidumbres son inseparables del inmueble al que activa o pasivamente pertenecen.

Art. 371. Si los inmuebles mudan de dueño o poseedor, la servidumbre continúa, ya activa, ya pasivamente, en el predio en que estaba constituida, hasta que legalmente se extinga.

Art. 372. Las servidumbres son indivisibles. Si el predio sirviente se divide entre muchos dueños o poseedores, la servidumbre no se modifica, y cada uno de ellos tiene que tolerarla en la parte que le corresponda. Si es el predio dominante el que se divide entre varios, cada porcionero puede usar por entero de la servidumbre, no variando el lugar de su uso ni gravándolo de otra manera. Mas si la servidumbre se hubiere establecido en favor de una sola de las partes del predio dominante, sólo el dueño o poseedor de ésta podrá continuar disfrutándola.

Art. 373. La existencia de las servidumbres no se presume, emanan de la Ley o de la voluntad de las partes; por lo que, la propiedad se reputa libre de gravamen y ha de ser el que pretenda tener el derecho de servidumbre quien deba probarlo.

Capítulo II
De las servidumbres legales

Art. 374. Servidumbre legal es la establecida por la Ley, teniendo en cuenta la situación de los predios y en vista de la utilidad pública o privada.

Art. 375. Es aplicable a las servidumbres legales lo dispuesto en los artículos del 426 al 434, inclusive.

Art. 376. Todo lo concerniente a las servidumbres establecidas por utilidad pública o comunal, se regirán por este Código y en su defecto por las leyes y reglamentos especiales de este título.

Las servidumbres legales concernientes a la utilidad privada se regirán por las disposiciones de este Código, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes o reglamentos especiales.

Capítulo III
De las servidumbres legales de agua

Art. 377. La servidumbre de desagüe corresponde al poseedor o propietario de un inmueble que se halle enclavado entre otros y que no le sea posible dar salida por el mismo a las aguas pluviales que en él se recojan; para exigir el paso de dichas aguas por el punto de los predios contiguos en el que sea más fácil la salida y en la forma que menos se perjudique al propietario o poseedor del predio sirviente; previa indemnización fijada convencionalmente o por peritos.

Las dimensiones y direcciones del conducto de desagüe si no se ponen de acuerdo los interesados, se fijarán por el juez, previo informe de peritos y con audiencia de aquéllos, observándose, en cuanto fuere posible, las reglas dadas para la servidumbre de paso.

Art. 378. La servidumbre de captación de aguas corresponde al propietario o poseedor del predio superior para exigir del titular del predio inferior que éste reciba las aguas que de aquél caigan a consecuencia de las mejoras agrícolas o industriales hechas a aquéllos, así como las aguas domésticas y servidas, la piedra y tierra que arrastren en su curso, previa indemnización fijada convencionalmente o por peritos.

Si las aguas que pasen al predio sirviente se han vuelto insalubres por los usos domésticos o industriales que de ella se hayan hecho, deberán volverse inofensivas a costa del dueño del predio dominante.

Art. 379. El poseedor o propietario de un inmueble que carezca de agua no tiene derecho a proveerse de este líquido vital en fuente, pozo, acequia, aljibe u otro depósito o curso de agua en predio ajeno, sino por convenio con este último y previa indemnización al titular del predio sirviente. Este derecho lleva consigo el de servidumbre de paso.

Art. 380. Corresponde la servidumbre de estribo de presa al dueño o poseedor de un predio en que existan obras defensivas para contener el agua, o en que por la variación del curso de ésta sea necesario construir nuevas, está obligado, a su elección, o a hacer reparaciones o construcciones, o a tolerar que sin perjuicio suyo las hagan los dueños de los predios que experimenten o estén inminentemente expuestos a experimentar el daño, a menos que las leyes especiales le impongan la obligación de hacer las obras.

Art. 381. Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable al caso en que sea necesario desembarazar algún predio de las materias cuya acumulación o caída impida el curso del agua con daño o peligro de tercero.

Art. 382. Todos los propietarios que participen del beneficio proveniente de las obras de que tratan los artículos anteriores, están obligados a contribuir al gasto de su ejecución en proporción a su interés y a juicio de peritos. Los que por su culpa hubieren causado el daño, están obligados a repararlos.

Art. 383. La servidumbre de abrevadero grava el predio donde los ganados de otros van a beber; siendo aplicable a la misma, lo preceptuado en los artículos 379 y 380.

Art. 384. Corresponde al poseedor o propietario de un inmueble que carezca de las aguas necesarias para el cultivo, usos industriales, servicio doméstico y que quiera usar de la que pueda disponer, el derecho de hacerla pasar por los puntos intermedios, con obligación de indemnizar a sus dueños, así como a los de los predios inferiores sobre los que se filtren o caigan las aguas.

Art. 385. Se exceptúan de la servidumbre que establece el artículo anterior, los edificios, sus patios, jardines y demás dependencias.

Art. 386. El que ejercite el derecho de hacer pasar las aguas de que trata el artículo 384, está obligado a construir el canal necesario en los predios intermedios, aunque haya en ellos canales para el uso de otras aguas.

Art. 387. El que tiene en su predio un canal para el curso de aguas que le pertenecen, puede impedir la apertura de otro nuevo, ofreciendo dar paso por aquél, con tal de que no cause perjuicio al dueño del predio dominante.

Art. 388. También se deberá conceder el paso de las aguas a través de los canales y acueductos del modo más conveniente, con tal de que el curso de las aguas que conduzcan por éstos y su volumen, no sufra alteración, ni las de ambos acueductos se mezclen.

Art. 389. En el caso del artículo 384, si fuere necesario hacer pasar el acueducto por un camino, río o torrente públicos, deberá indispensable y previamente, obtenerse el permiso de la autoridad bajo cuya jurisdicción estén el camino, río o torrente.

Art. 390. La autoridad sólo concederá el permiso con entera sujeción a los reglamentos respectivos, y obligando al dueño del agua a que la haga pasar sin que el acueducto impida, estreche ni deteriore el camino ni embarace o estorbe el curso del río o torrente.

Art. 391. El que sin el referido permiso previo pasare el agua o la derramare sobre el camino, río o torrente públicos, quedará obligado a reponer las cosas a su estado anterior y a indemnizar el daño que a cualquiera se cause, sin perjuicio de las penas impuestas en las leyes respectivas.

Art. 392. El que pretenda usar el derecho consignado en el artículo 384, debe previamente:

I. Justificar que puede disponer del agua que pretende conducir;

II. Acreditar que el paso que solicita es el más conveniente para el uso a que destina el agua;

III. Acreditar que dicho paso es el menos oneroso para los predios por donde debe pasar el agua;

IV. Pagar el valor del terreno que ha de ocupar el canal, según estimación de peritos y un veinticinco por ciento más;

V. Resarcir los daños y perjuicios inmediatos, con inclusión del que resulte por dividirse en dos o más partes el predio sirviente y de cualquier otro deterioro, y garantizar los mediatos que resulten por el ejercicio indebido de su derecho.

Art. 393. En el caso a que se refiere al artículo 387, el que pretenda el paso de las aguas deberá pagar, en proporción a la cantidad de éstas, el valor del terreno ocupado por el canal en que se introduce y los gastos necesarios para su conservación, sin perjuicio de la indemnización debida por el terreno que sea necesario ocupar de nuevo y por los otros gastos que ocasione el paso que se le concede.

Art. 394. La cantidad de agua que puede hacerse pasar por un acueducto establecido en predio ajeno, no tendrá otra limitación que la que resulte de la capacidad que por las dimensiones convenidas, dictaminadas por peritos, en caso que proceda o por los reglamentos, se haya fijado al mismo acueducto.

Art. 395. Si el que disfruta del acueducto necesitare ampliarlo, deberá costear las obras necesarias y pagar el terreno que nuevamente ocupe y los daños que cause, conforme a lo dispuesto por las fracciones IV y V del artículo 392.

Art. 396. La servidumbre legal establecida por el artículo 384 trae consigo el derecho de tránsito para las personas y animales y el de conducción de los materiales necesarios para el uso y reparación del acueducto, así como el de tránsito de la maquinaria e implementos empleados para tal fin y para el cuidado del agua que por él se conduce, observándose lo dispuesto en los artículos 405 y 410, inclusive.

Art. 397. Las disposiciones concernientes al paso de las aguas son aplicables al caso en que el dueño poseedor de un terreno pantanoso quiera desecarlo o dar salida por medio de cauces a las aguas estancadas.

Art. 398. Todo el que se aproveche de un acueducto, ya pase por terreno propio, ya por ajeno, debe construir y conservar los puentes, canales, acueductos, subterráneos y demás obras necesarias para que no se perjudique el derecho del otro.

Art. 399. Si los que se aprovecharen fueren varios, la obligación recaerá sobre todos en proporción de su aprovechamiento, si no hubiere prescripción o convenio en contrario.

Art. 400. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores comprende la limpia, construcción y reparaciones, para que el curso del agua no se interrumpa.

Art. 401. La servidumbre de acueducto no obsta para que el dueño del predio sirviente pueda cerrarlo y cercarlo, así como edificar sobre el mismo acueducto, de manera que éste no experimente perjuicio, ni se imposibiliten las reparaciones y limpia necesarias.

Art. 402. Cuando para el mejor aprovechamiento del agua de que se tiene derecho de disponer, fuere necesario construir una presa y el que haya de hacerlo no sea dueño del terreno en que se necesite apoyarla, puede pedir que se establezca la servidumbre de un estribo de presa, previa la indemnización correspondiente. Sin perjuicio de lo preceptuado por el artículo 380 de este Código.

Capítulo IV
De las servidumbres legales de paso

Art. 403. Corresponde la servidumbre legal de paso al propietario o poseedor de un inmueble que se encuentre enclavado entre otros de distintos dueños y sin salida a la vía pública, para exigir paso por los inmuebles vecinos, mediante indemnización que se haga al titular del predio sirviente.

La indemnización consistirá en el valor del terreno que se ocupe, a juicio de peritos, y en el pago de los daños y perjuicios que se causen al titular del predio sirviente.

Para los efectos de este artículo se entiende incomunicado un inmueble aunque linde con camino público, si la salida es peligrosa o difícil; así como en el supuesto de un abismo o declive, vía férrea, por el peligro que signifique por la prohibición existente de circular o de ser impracticable para los vehículos, y otras causas análogas.

Art. 404. La acción para reclamar esta indemnización es prescriptible; pero aunque prescriba, no cesa por este motivo el paso obtenido.

Art. 405. El dueño o poseedor del predio sirviente tiene derecho de señalar el lugar en donde haya de construirse la servidumbre de paso.

También tiene facultad para variar el sitio de la servidumbre, siempre que no perjudique al titular del predio dominante.

Art. 406. Si el juez califica, con informe de peritos, el lugar señalado de impracticable o de muy gravoso al predio dominante, el titular del sirviente debe señalar otro.

Art. 407. Si este lugar es calificado de la misma manera que el primero, el juez señalará el que crea más conveniente, procurando conciliar los intereses de los titulares de los predios.

Art. 408. Si hubiere varios predios por donde pueda darse el paso a la vía pública, el obligado a la servidumbre será aquel por donde fuere más corta la distancia, siempre que no resulte muy incómodo y costoso el paso por ese lugar. Si la distancia fuere igual, el juez designará cuál de los predios ha de dar el paso.

Art. 409. En la servidumbre de paso, el ancho de éste será el que baste a las necesidades del predio dominante, a juicio del juez, previo informe de peritos.

Art. 410. En caso de que hubiere habido antes comunicación entre el predio dominante y alguna vía pública, pasando por uno o varios predios, el paso sólo podrá exigirse al inmueble o inmuebles donde lo hubo últimamente.

Art. 411. El dueño o poseedor de un predio rústico, tiene derecho mediante la indemnización correspondiente, de exigir que se le permita el paso de sus ganados por los predios vecinos, para conducirlos a un abrevadero de que pueda disponer. Son aplicables los artículos 379, 380 y 383 de este Código.

Para los efectos de este artículo la indemnización comprende el pago de los daños y perjuicios que se irroguen con el gravamen.

Art. 412. El propietario o poseedor de árbol o arbusto contiguo al predio de otro, tiene derecho de exigir de éste que le permita hacer la recolección de los frutos que no se puedan recoger de su lado, siempre que no se haya usado o no se use el derecho que conceden los artículos 148 y 149, pero el dueño o poseedor del árbol o arbusto es responsable de cualquier daño o perjuicio que se cause con motivo de la recolección.

Art. 413. La servidumbre de paso de obra le corresponde al propietario o poseedor de un inmueble, si fuere indispensable para construir o reparar en éste, pasar materiales por predio ajeno o colocar en él andamios u otros objetos para la obra; el dueño de este predio estará obligado a consentirlo, recibiendo la indemnización correspondiente al perjuicio que se le irrogue.

Art. 414. Cuando para establecer comunicaciones telefónicas, telegráficas, televisivas, eléctricas, radiales u otras análogas entre dos o más fincas, o para conducir energía eléctrica a una finca, sea necesario colocar postes y tender alambres en terrenos de una finca ajena, el dueño o poseedor de ésta tiene obligación de permitirlo, mediante la indemnización correspondiente. Este servicio trae consigo el derecho de tránsito de las personas y el de conducción de los materiales necesarios para la construcción y vigilancia de la línea.

Art. 415. Al constituirse una servidumbre, se entienden concedidos todos los derechos necesarios para su uso; extinguida aquélla, cesan también estos derechos accesorios.

Capítulo V
De las servidumbres voluntarias

Art. 416. El propietario o poseedor que reúna el requisito del artículo 458, puede establecer en el inmueble cuantas servidumbres tenga por conveniente y en el modo y forma que mejor le parezca, siempre que no contravenga las leyes ni perjudique derecho de terceros.

Art. 417. Sólo pueden constituir servidumbres las personas que tienen derecho de enajenar; las que no pueden enajenar inmuebles sino con ciertos requisitos, no pueden, sin ellos, imponer servidumbre sobre los mismos.

Art. 418. Si fueren varios los propietarios o poseedores de un predio, no se podrá imponer servidumbres sino con consentimiento de todos.

Art. 419. Si siendo varios los propietarios o poseedores, uno solo de ellos adquiere una servidumbre sobre otro predio, a favor del común, de ella podrán aprovecharse todos los copartícipes, quedando obligados a los gravámenes naturales que traiga consigo.

Capítulo VI
De cómo se adquieren las servidumbres voluntarias

Art. 420. Las servidumbres se adquieren por cualquier causa legal, incluso la prescripción.

Art. 421. Las servidumbres continuas no aparentes, y las discontinuas, sean o no aparentes, podrán adquirirse por prescripción, pero deberá probarse plenamente el ejercicio continuo, pacífico, público y cierto del derecho de servidumbre por el término de Ley.

Art. 422. Al que pretenda tener derecho a una servidumbre, toca probar, aunque esté en posesión de ella, la causa en virtud de la cual la goza.

Art. 423. La existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas, establecido o conservado por el propietario de ambas, se considera, si se enajenaren, como causa para que la servidumbre renazca a no ser que, al tiempo de dividirse la propiedad de las fincas, se exprese lo contrario en el acto de enajenación de cualquiera de ellas.

Art. 424. Si el paso concedido a un inmueble enclavado entre otros de distintos dueños deja de ser necesario por haberlo reunido su dueño a otro que esté contiguo a camino público, el dueño o poseedor del predio sirviente podrá pedir que se extinga la servidumbre restituyendo la porción de la indemnización que hubiere pagado, a juicio de peritos. Lo mismo se entenderá en el caso de abrirse un nuevo camino que dé acceso al inmueble enclavado.

Capítulo VII
Derechos y obligaciones de los propietarios de los predios
 entre los que está constituida alguna servidumbre voluntaria

Art. 425. El uso y la extensión de las servidumbres establecidas por la voluntad del propietario o poseedor, se arreglarán por los términos del acto en que tengan su origen y en su defecto, por las disposiciones siguientes.

Art. 426. Corresponde al dueño o poseedor del predio dominante hacer a su costa todas las obras necesarias para el uso y conservación de la servidumbre.

Art. 427. El mismo tiene la obligación de hacer a su costa las obras que fueren necesarias para que al dueño o poseedor del predio sirviente no se le causen, por la servidumbre, más gravámenes que el consiguiente a ella; y si por su dolo o culpa se causare otro daño, estará obligado a la indemnización.

Art. 428. Si el dueño o poseedor del predio sirviente se hubiere obligado en el acto constitutivo de la servidumbre a realizar un hecho o costear alguna obra, se librará de esta obligación abandonando su predio al dueño del dominante.

Art. 429. El dueño o poseedor del predio sirviente no podrá menoscabar de modo alguno la servidumbre constituida sobre éste.

Art. 430. El dueño o poseedor del predio sirviente, si el lugar primitivamente designado para el uso de la servidumbre llegase a presentar graves inconvenientes, podrá ofrecer otro que sea cómodo al dueño o poseedor del predio dominante, quien deberá aceptarlo, si no se perjudica.

Art. 431. El dueño o poseedor del predio sirviente puede ejecutar las obras que hagan menos gravosa la servidumbre, si de ellas no resulta daño o perjuicio al predio dominante.

Art. 432. Si de la conservación de dichas obras se siguiere algún daño o perjuicio al predio dominante, el dueño del sirviente está obligado a restablecer las cosas a su antiguo estado y a indemnizar de aquéllos.

Art. 433. Si el dueño o poseedor del predio dominante se opone a las obras de que trata el artículo 431, el juez decidirá previo informe de peritos.

Art. 434. Cualquiera duda sobre el uso y extensión de la servidumbre se decidirá en el sentido menos gravoso para el predio sirviente, sin imposibilitar o hacer difícil el uso de la servidumbre.

Capítulo VIII
De la extinción de las servidumbres

Art. 435. Las servidumbres voluntarias se extinguen:

I. Por consolidación al reunirse en una misma persona la propiedad de ambos predios, dominante y sirviente, y no reviven por una nueva separación, salvo lo dispuesto en el artículo 423; pero si el acto de reunión era rescindible o revocable por su naturaleza, y llega el caso de la resolución o revocación, renacen las servidumbres como estaban antes de la reunión;

II. Por prescripción negativa.

Cuando la servidumbre fuere continua y aparente, por el no uso de tres años, contados desde el día en que dejó de existir el signo aparente de la servidumbre. No deja de ser continua la servidumbre si el ejercicio se interrumpe durante intervalos más o menos largos, a causa de obstáculos cuya remisión exija la intervención del hombre.

Cuando fuere discontinua o no aparente, por el no uso de cinco años, contados desde el día en que dejó de usarse por haber ejecutado el dueño o poseedor del inmueble sirviente actos contrarios a la servidumbre, o por haber prohibido que se usare de ella. Si no hubo actos contrarios o prohibición, aunque no se haya usado de la servidumbre, o si hubo éstos, pero continúa el uso, no corre el tiempo de la prescripción;

III. Cuando los predios llegaren sin culpa del dueño o poseedor del predio sirviente a tal estado que no pueda usarse de la servidumbre. Si en lo sucesivo los predios se establecen de manera que pueda usarse de la servidumbre, revivirá ésta, a no ser que desde el día en que pudo volverse a usar haya trascurrido el tiempo suficiente para la prescripción;

IV. Por la remisión hecha por el dueño del predio dominante;

V. Cuando constituida en virtud de un acto revocable o rescindible, se vence el plazo, se cumple la condición o sobreviene la circunstancia que debe poner término a aquél.

Art. 436. Si los predios entre los que está constituida una servidumbre legal pasan a poder de un mismo dueño, deja de existir la servidumbre; pero separadas nuevamente las propiedades, revive aquélla, aun cuando no se haya conservado ningún signo aparente.

Art. 437. Las servidumbres legales establecidas por utilidad pública o comunal se pierden por el no uso durante cinco años, si se prueba que en ese tiempo se han adquirido por el que disfrutaba de aquéllas, otras servidumbres de la misma naturaleza, por distinto lugar.

Art. 438. El dueño o poseedor del predio sujeto a una servidumbre legal, puede, por medio de convenio, librarse de ella con las restricciones siguientes:

I. Si la servidumbre está constituida a favor de un municipio o población, no surtirá el convenio efecto alguno respecto de toda la comunidad, si no se ha celebrado interviniendo el ayuntamiento en representación de ella, pero sí producirá acción contra cada uno de los particulares que hayan renunciado a dicha servidumbre;

II. Si la servidumbre es de uso público, el convenio es nulo en todo caso;

III. Si la servidumbre es de paso o de aguas, el convenio se entenderá celebrado con la condición de que lo aprueben los dueños o poseedores de los predios circunvecinos, o por lo menos el dueño o poseedor del predio por donde nuevamente se constituya la servidumbre;

IV. La renuncia de la servidumbre legal de aguas sólo será válida cuando no se oponga a los reglamentos respectivos.

Art. 439. Si el predio dominante pertenece a varios dueños o poseedores pro indiviso, el uso que haga uno de ellos aprovecha a todos los demás para impedir la prescripción.

Art. 440. Si entre los propietarios o poseedores hubiere alguno contra quien por leyes especiales no pueda correr la prescripción, ésta no correrá contra los demás.

Art. 441. El modo de usar la servidumbre puede prescribir en el tiempo y de la manera que la servidumbre misma.

TÍTULO SÉPTIMO
De la prescripción

Capítulo I
Disposiciones generales

Art. 442. La prescripción es un medio de adquirir bienes o derechos o de perderlos, así como de liberarse de obligaciones, mediante el trascurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas en la Ley.

Art. 443. Se llama prescripción positiva la forma de adquirir derechos reales mediante la posesión en concepto de propietario o de titular de aquéllos ejercida con las condiciones a que se refiere el artículo 458 de este Código. Tratándose de derechos reales de garantías, no se podrán adquirir por prescripción. Se llama prescripción negativa la forma de perder derechos reales o personales por no ejercitarse o exigirse dentro del término que esta Ley fija en cada caso o por disposiciones generales.

Art. 444. Sólo pueden ser objeto de prescripción, los bienes y obligaciones que están en el comercio, salvo las excepciones establecidas por esta Ley.

Art. 445. Pueden adquirir por prescripción positiva todos los que son capaces de adquirir por cualquier causa legal; los menores y demás incapacitados pueden hacerlo por medio de sus legítimos representantes.

Art. 446. Para los efectos de los artículos 129 y 130 se dice legalmente cambiada la causa de la posesión cuando el poseedor que no poseía en concepto de dueño o titular de un derecho real, comienza a poseer con este carácter y, en tal caso, la prescripción no corre sino desde el día en que se haya cambiado la causa de la posesión.

Art. 447. La prescripción negativa aprovecha a todos, aun a los que por sí mismos no pueden obligarse.

Art. 448. Las personas con capacidad para enajenar pueden renunciar a la prescripción ganada, pero no el derecho de prescribir para lo futuro.

Art. 449. La renuncia de la prescripción puede ser expresa o tácita, siendo esta última la que resulta de un hecho que importa el abandono del derecho adquirido.

Art. 450. Los acreedores y todos los que tuvieren legítimo interés en que la prescripción subsista, pueden hacerla valer aunque el deudor o el propietario hayan renunciado los derechos en esa virtud adquiridos.

Los tribunales no pueden hacer valer de oficio la excepción derivada de la prescripción.

Art. 451. Si varias personas poseen en común algún bien, no puede ninguna de ellas prescribir contra sus copropietarios o coposeedores; pero sí puede prescribir contra un extraño, y en este caso la prescripción aprovecha a todos los partícipes.

Art. 452. La excepción que por prescripción adquiera un codeudor solidario, no aprovechará a los demás, sino cuando el tiempo exigido haya debido correr del mismo modo para todos ellos.

Art. 453. En el caso previsto por el artículo que precede, el acreedor sólo podrá exigir a los deudores que no prescribieren. Siendo aplicable lo dispuesto en el párrafo III del artículo 1292 de este Código.

Art. 454. La prescripción adquirida por el deudor principal aprovecha siempre a los deudores accesorios o secundarios.

Art. 455. El Estado, en su caso, así como los ayuntamientos y las otras personas jurídicas colectivas, se considerarán como particulares para la prescripción de sus bienes, derechos y acciones que sean susceptibles de propiedad privada.

Art. 456. El que prescriba puede completar el término necesario para su prescripción reuniendo al tiempo que haya poseído, el que poseyó la persona que le transmitió el bien, con tal de que ambas posesiones tengan los requisitos legales.

Art. 457. Las disposiciones de este título, relativas al tiempo y demás requisitos necesarios para la prescripción, sólo dejarán de observarse en los casos en que esta Ley prevenga expresamente otra cosa.

Capítulo II
De la prescripción positiva

Art. 458. La posesión necesaria para adquirir derechos reales debe ser:

I. Por sí mismo, en concepto de dueño, si se trata de adquirir bienes, o en concepto de titular de un derecho real, si se trata de adquirir este derecho;

II. Pacífica;

III. Continua;

IV. Pública;

V. Cierta.

Art. 459. Los derechos reales sobre inmuebles, susceptibles de prescripción positiva, se adquieren con los requisitos mencionados:

I. En cinco años si se procede de buena fe.

Entiéndese por buena fe la creencia sin duda alguna del poseedor de ser el propietario o titular del derecho real. La buena fe se presume siempre y basta que haya existido en el momento de la adquisición del derecho;

II. En cinco años, cuando los derechos reales hayan sido objeto de una inscripción de posesión;

III. En diez años, cuando la posesión sea de mala fe;

IV. Se aumentará en una tercera parte del tiempo señalado en las fracciones I y III, si se demuestra, por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de finca rústica no la ha cultivado durante más de tres años, o que por no haber hecho el poseedor de finca urbana las reparaciones necesarias, ésta ha permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que ha estado en su poder.

Art. 460. Los derechos reales sobre muebles que sean susceptibles de prescripción positiva se adquieren:

I. En tres años cuando la posesión sea de buena fe;

II. En cinco años cuando la posesión sea de mala fe.

Art. 461. Cuando la posesión se adquiere por medio de la violencia, aunque ésta cese y la posesión continúe pacíficamente, el plazo para la prescripción será de diez años para los inmuebles y de cinco para los muebles, contados desde que cese la violencia.

Art. 462. La posesión adquirida por medio de un delito se tendrá en cuenta para la prescripción, a partir de la fecha en que haya quedado extinguida la pena o prescrita la acción penal, considerándose siempre dicha posesión como de mala fe.

Art. 463. El que hubiere poseído derechos reales sobre bienes muebles e inmuebles por el tiempo y las condiciones exigidas por este Código, puede adquirirlos por prescripción promoviendo juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público, a fin de que se declare que la prescripción se ha consumado y que ha adquirido por ende la propiedad. Si no está en el caso de deducir la acción contradictoria de referencia, podrá demostrar ante el juez competente que ha tenido esa posesión, rindiendo la información respectiva la que se recibirá de acuerdo con las reglas que al efecto señala el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

Art. 464. La sentencia ejecutoria que declare procedente la acción de prescripción se inscribirá en el Registro Público y servirá de título de propiedad al poseedor.

Capítulo III
De la prescripción negativa

Art. 465. La prescripción negativa se verifica por el solo trascurso del tiempo fijado por esta Ley.

Art. 466. Por la prescripción se extinguen tanto obligaciones como derechos reales y personales, fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso de diez años, contados desde que una obligación pudo exigirse o un derecho ejercitarse, para que se extinga la obligación o el derecho, cuando aquélla no se exigió y éste no se hizo valer.

Art. 467. Prescriben en cinco años, y por consiguiente se extinguen: los derechos reales de usufructo y uso constituidos sobre bienes inmuebles, así como el derecho de habitación, cuando los mismos no sean ejercitados durante todo ese tiempo, contándose el plazo a partir de la última fecha de ejercicio.

En cuanto a las servidumbres se estará a lo dispuesto en los artículos 435 y 437.

Art. 468. Las pensiones, las rentas, los alquileres y cualesquiera otras prestaciones periódicas no cobradas a su vencimiento quedarán prescritas en cinco años contados desde el vencimiento de cada una de ellas, ya se haga el cobro en virtud de acción real o de acción personal.

Art. 469. Prescribe en cinco años la acción para exigir la obligación de dar cuentas. En igual término prescriben las que se deriven de los resultados de las operaciones líquidas que resulten de la rendición de cuentas. En el primer caso, la prescripción comienza a correr desde el día en que el obligado deba rendirlas, en el segundo desde el día en que la liquidación es aprobada por los interesados o por sentencia que cause ejecutoria.

Art. 470. Prescriben en tres años, y, por consiguiente se extinguen: los derechos reales de usufructo y uso constituidos sobre bienes muebles, cuando los mismos no sean ejercitados durante todo ese tiempo, contándose el plazo a partir de la última fecha de ejercicio.

Art. 471. Prescriben en dos años:

I. Las acciones para el cobro de los honorarios, sueldos, salarios, jornales u otras retribuciones por la prestación de cualquier servicio. La prescripción comienza a correr desde la fecha en que dejaron de prestarse los servicios;

II. La acción de cualquier comerciante para cobrar el precio de objetos vendidos a personas que no fueren comerciantes. La prescripción corre desde el día en que fueron entregados los objetos, si la venta no se hizo a plazo y si la venta se hizo a plazo la prescripción corre desde el vencimiento de éste;

III. La acción de los dueños de hoteles y casas de huéspedes para cobrar el importe del hospedaje; y la de éstos y los fondistas para cobrar el precio de los alimentos que suministren. La prescripción corre desde el día en que debió ser pagado el hospedaje o desde aquel en que se ministraron los alimentos.

Art. 471 B. La responsabilidad civil proveniente de delito, prescribe en los términos del Código Penal vigente en el Estado.

Art. 471 C. La responsabilidad civil proveniente de actos ilícitos que no constituyan delitos. La prescripción correrá desde el día en que se verificaron los actos.

Art. 472. Respecto de las obligaciones con pensión o renta, el tiempo de la prescripción del capital comienza a correr desde el día del vencimiento del plazo, a falta de éste se aplicará lo dispuesto en el artículo 1393 de este Código.

Capítulo IV
De la suspensión de la prescripción

Art. 473. La prescripción puede comenzar y correr contra cualquier persona, salvo las excepciones señaladas por esta Ley.

Los representantes legales y herederos serán responsables cuando por su culpa no se hubiere interrumpido la prescripción.

Art. 474. La prescripción no puede comenzar ni correr:

I. Entre ascendientes y descendientes;

II. Entre cónyuges y concubinos;

III. Entre los incapacitados y sus tutores o curadores mientras dure la tutela;

IV. Entre coposeedores o copropietarios, incluyéndose a los coherederos respecto del bien común;

V. Contra los ausentes del Estado que se encuentren en servicio público;

VI. Contra los militares en servicio activo en tiempo de guerra, tanto fuera como dentro del Estado;

VII. Entre las personas jurídicas colectivas y sus representantes.

Capítulo V
De la interrupción de la prescripción

Art. 475. La prescripción se interrumpe:

I. Si el poseedor es privado de la posesión del bien o del goce del derecho por más de un año, en los casos de prescripción positiva;

II. Por demanda u otro cualquier género de interpelación notificada al poseedor o al deudor en su caso. Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor se desistiera de ella o fuese desestimada su demanda. Cuando se haya tramitado la demanda ante juez incompetente, se tendrá por interrumpida la prescripción por todo el tiempo del juicio, hasta que la resolución o sentencia que lo concluya cause ejecutoria;

III. Por el nuevo ejercicio del derecho real, cuando por su no uso hubiere comenzado a correr la prescripción negativa;

IV. Porque la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente, de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de la persona contra quien prescribe.

Empezará a contarse el nuevo término de la prescripción en caso de reconocimiento de obligaciones, desde el día en que se haga éste por el deudor, y, en el caso de nuevo ejercicio de los derechos reales, a partir de la fecha en que nuevamente dejare de ejercitarse.

Si se renueva el documento, desde la fecha del nuevo título; si se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido.

Art. 476. Las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno de los deudores solidarios o varios, la interrumpen también respecto de los otros.

Art. 477. Si el acreedor, consintiendo en la división de la deuda respecto de uno de los deudores solidarios, sólo exigiere de él la parte que le corresponda, no se tendrá por interrumpida la prescripción respecto de los demás.

Art. 478. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores es aplicable a los herederos del deudor.

Art. 479. La interrupción de la prescripción contra el deudor principal produce los mismos efectos contra su deudor secundario o accesorio.

Art. 480. Para que la prescripción de una obligación se interrumpa respecto de todos los deudores no solidarios, se requiere el reconocimiento o citación de todos.

Art. 481. La interrupción de la prescripción a favor de alguno de los acreedores solidarios, aprovecha a todos.

Art. 482. El efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción, todo el tiempo corrido antes de ella.

Capítulo VI
De la manera de contar el tiempo para la prescripción

Art. 483. El tiempo para la prescripción se cuenta por años y no de momento a momento, excepto en los casos en que así lo determine la Ley expresamente.

Art. 484. Los meses se regularán con el número de días que les correspondan.

Art. 485. Cuando la prescripción se cuenta por días, se entenderán éstos de veinticuatro horas naturales, contadas de las veinticuatro a las veinticuatro.

El día en que comienza o termina la prescripción se cuenta siempre entero, aunque no lo sea.

Cuando el último día sea feriado no se tendrá por completo el término para la prescripción, sino cumplido el primero que siga, si fuere útil o hábil.

LIBRO CUARTO
De las sucesiones

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones preliminares

Art. 486. Sucesión es la trasmisión de todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona por causa de su muerte.

La herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de su titular; constituye una universalidad jurídica y una copropiedad en favor de todos los herederos a partir del día y la hora de la muerte del autor de la sucesión, hasta la partición y adjudicación.

Legado es la trasmisión de uno o varios bienes determinados o determinables que hace en su testamento el testador en favor de una o varias personas.

Art. 487. La herencia se trasmite por voluntad expresa del testador o por disposición de la Ley. La primera se llama testamentaria y la segunda legítima. Los legados sólo se trasmiten por voluntad del testador.

Art. 488. El testador es libre para disponer del todo o de parte de sus bienes en la forma y con las limitaciones que se establecen en este Código. La parte de que no disponga quedará regida por los preceptos de la sucesión legítima.

Art. 489. El heredero adquiere a título universal y responde de las obligaciones del autor de la herencia a beneficio de inventario, es decir, hasta donde alcance el valor de los bienes que hereda. Lo que significa que no existe confusión entre el patrimonio hereditario y el del sucesor.

Art. 490. El legatario adquiere a título particular y no reporta más obligación que las que expresamente le imponga el testador sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los herederos.

Art. 491. Cuando toda la herencia se distribuye en legados, los legatarios serán considerados como herederos.

Art. 492. Si el autor de la herencia y sus herederos o legatarios perecieren en el mismo hecho o en el mismo día, sin que pueda determinarse quienes murieron antes, se tendrán todos por muertos al mismo tiempo y no habrá lugar entre ellos a la trasmisión de la herencia o legado.

Art. 493. La prueba de que una persona falleció antes que otra, corresponde al que tenga interés de acreditar el hecho.

Art. 494. A la muerte del autor de la sucesión los herederos adquieren derechos a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras no se realice la división y adjudicación.

Art. 495. Cada heredero puede disponer del derecho que tiene en la masa hereditaria, pero no puede disponer de los bienes que formen la herencia.

Art. 496. El legatario adquiere derecho al legado puro y simple, desde el momento de la muerte del testador.

Art. 497. El heredero o legatario no puede enajenar sus posibles derechos sucesorios, sino después de la muerte de aquel a quien pudieran suceder.

Art. 498. El coheredero de parte de los bienes, que quiere vender a un extraño su derecho hereditario, debe notificar a sus coherederos, por medio de notario o interpelación judicial, las bases o condiciones en que se ha concertado la venta, a fin de que aquéllos dentro del término de treinta días, hagan uso del derecho del tanto; si los coherederos hacen uso de ese derecho, el vendedor está obligado a consumar la venta a su favor, conforme a las bases concertadas.

Por el solo lapso de los treinta días, se pierde el derecho del tanto. Si la venta se hace omitiéndose la notificación prescrita en este artículo, será nula.

Art. 499. Si dos o más coherederos quisieran hacer uso del derecho del tanto, se preferirá al que represente mayor interés en la herencia; y si los intereses son iguales, la suerte decidirá quien hará uso del derecho.

Art. 500. El derecho concedido en el artículo 498 cesa si la enajenación se hace a un coheredero.

TÍTULO SEGUNDO
De la sucesión por testamento

Capítulo I
De los testamentos en general

Art. 501. Testamento es un acto jurídico solemne, unilateral, personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes, declara o cumple deberes para después de su muerte.

Art. 502. No pueden testar en el mismo acto dos o más personas, ya en provecho recíproco, ya en favor de un tercero.

Art. 503. Ni la subsistencia del nombramiento del heredero o de los legatarios, ni la designación de las cantidades que a ellos correspondan, pueden dejarse al arbitrio de un tercero.

Art. 504. Cuando un testador deje como herederos o legatarios a determinadas clases, formadas por número ilimitado de individuos, tales como los pobres, los huérfanos, los ciegos, etc.; puede encomendar a un tercero la distribución de las cantidades que deje para ese objeto y la elección de las personas a quienes deban aplicarse.

Art. 505. El testador puede encomendar a un tercero la elección de los actos de beneficencia, o de los establecimientos públicos o privados, a los cuales deban aplicarse los bienes que legue o herede con ese objeto, así como la distribución de las cantidades que a cada uno correspondan.

Art. 506. La disposición hecha en términos vagos en favor de los parientes del testador, se entenderá que se refiere a los parientes más próximos, según el orden de la sucesión legítima.

Art. 507. Las disposiciones hechas a título universal o particulares serán inexistentes cuando se funden en una causa expresa que resulte errónea si ha sido la única que determinó la voluntad del testador.

Art. 508. Todas las disposiciones testamentarias deberán entenderse con el sentido literal de la palabra, a no ser que aparezca, con manifiesta claridad que fue otra la voluntad del testador. Siendo aplicable en lo conducente lo señalado por este Código para la interpretación de los actos jurídicos en general.

En caso de duda sobre la inteligencia o interpretación de una disposición testamentaria, se observará lo que aparezca más conforme con la intención del testador, según el tenor general del testamento y la prueba auxiliar que a este respecto puede rendirse por los interesados o por el tribunal que conozca del juicio.

Art. 509. Si un testamento se pierde por un evento ignorado por el testador o por haber sido ocultado por otra persona, podrán los interesados exigir su cumplimiento si demuestran plenamente el hecho de la pérdida o de la ocultación, logrando igualmente comprobar lo contenido en el mismo testamento y que en su otorgamiento se llenaron todas las solemnidades y formalidades legales.

Art. 510. La expresión de una causa contraria a Derecho, aunque fuere verdadera, se tendrá por no puesta.

Capítulo II
De la capacidad para testar

Art. 511. Pueden testar aquellos a quienes la Ley no prohíba expresamente el ejercicio de ese derecho.

Art. 512. Están incapacitados para testar:

I. Los menores que no han cumplido dieciséis años;

II. Los que permanente o accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio.

Art. 513. Es válido el testamento hecho por un demente durante un intervalo de lucidez, con tal de que en él se observen las prescripciones de los artículos siguientes.

Art. 514. Siempre que un demente pretenda hacer testamento en un intervalo de lucidez, el tutor o en defecto de éste, la familia de aquél, presentará un escrito al juez haciendo la solicitud respectiva.

El juez nombrará dos médicos de preferencia alienistas y dictaminarán dichos médicos acerca del estado mental del enfermo, después de examinarlo.

El juez tiene obligación de asistir al examen del enfermo y podrá hacerle cuantas preguntas estime oportunas, a fin de cerciorarse de su capacidad para testar. La solicitud a que se refiere este artículo, podrá ser hecha también por el incapacitado, quien adjuntará a ella un dictamen médico que afirme que se encuentra en el estado de lucidez necesario.

Art. 515. Se hará constar en el acta formal el resultado del reconocimiento. Si éste fuere favorable, se procederá desde luego al otorgamiento del testamento ante notario público, con todas las solemnidades que se requieran para los testamentos públicos abiertos; firmarán el acta, además del notario y de los testigos, el juez y los médicos que intervinieron para el reconocimiento, poniéndose al pie del testamento razón expresa de que durante todo el acto conservó el paciente perfecta lucidez de juicio y sin este requisito y su constancia, será inexistente el testamento.

Art. 516. Para juzgar de la capacidad del testador, se atenderá especialmente al estado mental en que se halle al hacer el testamento.

Capítulo III
De la capacidad para heredar

Art. 517. Toda persona tiene capacidad para heredar y no puede ser privada de ella, de un modo absoluto; pero con relación a ciertas personas y a determinados bienes, pueden perderla o no adquirirla por alguna de las causas siguientes:

I. Falta de personalidad;

II. Delito;

III. Presunción de influencia contraria a la libertad del testador o a la verdad o integridad del testamento;

IV. Por razón de orden público;

V. Falta de reciprocidad internacional;

VI. Renuncia o remoción de algún cargo conferido en el testamento.

Art. 518. Son incapaces de adquirir por testamento o por intestado a causa de falta de personalidad los entes que no estén constituidos o concebidos al tiempo de la muerte del autor de la herencia.

Art. 519. Será no obstante, válida la disposición hecha en favor de los hijos que nacieren de ciertas y determinadas personas durante la vida del testador.

Art. 520. Por razón de delito, son incapaces de adquirir por testamento o por intestado:

I. El que haya sido condenado por haber dado, mandado dar, o intentado dar muerte, a la persona de cuya sucesión se trata o a los ascendientes y descendientes, cónyuge, concubina, concubinario o hermanos de ellos;

II. El que haya hecho contra el autor de la sucesión, sus ascendientes, descendientes, hermanos, cónyuge, concubina o concubinario, denuncia o querella de delito que merezca pena mayor de dos años, aun cuando aquélla sea fundada, si fuere su descendiente, su ascendiente, su cónyuge, concubina, concubinario o su hermano a no ser que ese acto haya sido preciso para que el acusador salvara la libertad, su vida, la honra, salud o parte considerable de su patrimonio o de sus descendientes, ascendientes, hermanos, cónyuge, concubina o concubinario;

III. El cónyuge que ha sido o sea declarado adúltero, si se trata de suceder al cónyuge inocente. Igual sanción reportarán los concubinos que incurran en infidelidad marital;

IV. El coautor del cónyuge adúltero, ya sea que se trate de la sucesión de éste o de la del cónyuge, concubina o concubinario inocentes;

V. El que haya sido condenado por un delito intencional que merezca pena de prisión mayor de dos años, cometido contra el autor de la herencia, de sus descendientes, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus hermanos, su concubina o concubinario;

VI. Los ascendientes, tutores, o cualquier otra persona respecto del menor expuesto por ellos;

VII. Los ascendientes, tutores, o cualquiera otra persona que abandonaren, prostituyeren o atentaren al pudor de quienes estén bajo su custodia;

VIII. Los demás parientes del autor de la herencia que, teniendo obligación de darle alimentos, no la hubiesen cumplido;

IX. Los parientes del autor de la herencia que, hallándose éste imposibilitado para trabajar y sin recursos, no hubieren cuidado de recogerlo o de hacerlo recoger, en establecimiento de beneficencia;

X. El que usare la violencia, dolo, o fraude con una persona, para que haga, deje de hacer o revoque su testamento;

XI. El que conforme a las leyes penales fuere culpable de supresión, sustitución o suposición de infante, siempre que se trate de la herencia que debió corresponder a éste o a las personas a quienes se haya perjudicado o intentado perjudicar con estos actos.

Art. 521. Se aplicará también lo dispuesto en la fracción II del artículo anterior, aunque el autor de la herencia no fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, concubina, concubinario o hermano del acusador, si la acusación no hubiese prosperado mediante sentencia ejecutoria y hubiese sido declarada calumniosa.

Art. 522. Cuando la parte ofendida, por cualquiera de las causas que expresa el artículo 520 perdonare al ofensor, recobrará éste el derecho de suceder al ofendido por intestado, si el perdón consta por declaración auténtica o por hechos indubitables.

Art. 523. La capacidad para suceder por testamento, sólo se recobra si después de conocida la ofensa, el ofendido instituye heredero al ofensor o ratifica su institución anterior, con las mismas solemnidades que se exigen para testar.

Art. 524. En los casos de intestado, los herederos legítimos del incapaz de heredar conforme al artículo 520 heredarán al autor de la sucesión, no debiendo ser excluidos por falta de aquél, pero éste no puede en ningún caso, tener en los bienes de la sucesión, el usufructo, ni la administración que la Ley determina o fija a los representantes legales sobre los bienes de sus representados.

Art. 525. Por presunción de influjo contrario a la libertad del autor de la herencia, son incapaces de adquirir por testamento del incapaz los tutores y curadores, a no ser que hubiesen sido instituidos antes de ser nombrados para el cargo o después de la mayoría de edad de aquél o que adquiera o recobre la capacidad, estando ya aprobadas las cuentas de la tutela.

Art. 526. La incapacidad a que se refiere el artículo anterior, no comprende a los ascendientes, ni descendientes ni hermanos del incapaz, observándose en su caso lo dispuesto en la fracción X del artículo 520.

Art. 527. Por presunción contraria a la libertad del testador, son incapaces de heredar por testamento aquellas personas que hayan asistido médicamente a aquél durante su última enfermedad, si entonces hizo su disposición testamentaria; así como el cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos de aquéllas a no ser que los herederos instituidos sean también herederos legítimos.

Art. 528. Por presunción de influjo contrario a la verdad e integridad del testamento, son incapaces de heredar el notario y los testigos que intervinieron en él y sus cónyuges, concubina, concubinario, descendientes, ascendientes o hermanos.

Art. 529. Los ministros de los cultos no pueden ser herederos por testamento de los ministros del mismo culto o de un particular con quien no tengan parentesco dentro del cuarto grado. La misma incapacidad tienen los ascendientes, descendientes, cónyuges, concubina, concubinario y hermanos de los ministros, respecto de las personas a quienes éstos hayan prestado cualquier clase de auxilios espirituales, durante la enfermedad de que hubiere fallecido, o de quienes hayan sido directores espirituales de los mismos ministros.

Art. 530. El notario que a sabiendas autorice un testamento en que se contravenga lo dispuesto en los tres artículos anteriores, sufrirá la pena de privación del oficio.

Art. 531. Los extranjeros y personas jurídicas colectivas son incapaces de adquirir bienes por testamento o por intestado, en los términos establecidos en la Constitución federal, en este Código y en las respectivas leyes reglamentarias y tratados internacionales. Tratándose de extranjeros se observará también lo dispuesto en el artículo siguiente.

Art. 532. Son incapaces de heredar por testamento o por intestado a los zacatecanos y residentes de la Entidad, los extranjeros que según las leyes de su país, no puedan testar o dejar por intestado sus bienes a favor de los mexicanos.

Art. 533. La herencia o legado que se deje a los establecimientos públicos imponiéndose algún gravamen o bajo alguna condición, será eficaz si el Gobierno lo aprueba.

Art. 534. Por renuncia o remoción de un cargo, son incapaces de heredar por testamento los que, nombrados en él tutores, curadores, o albaceas, hayan rehusado sin justa causa el cargo o por causa grave, hayan sido separados judicialmente de su ejercicio.

Art. 535. Lo dispuesto en la primera parte del artículo anterior, no comprende a los que, desechada por el juez la excusa, hayan servido el cargo.

Art. 536. Las personas llamadas por la Ley para desempeñar la tutela legítima y que rehúsen, sin causa justa, desempeñarla, no tienen derecho de heredar a los incapaces de quienes hubieren debido ser tutores.

Art. 537. Para que el heredero pueda suceder basta que sea capaz al tiempo de la muerte del autor de la sucesión, salvo lo dispuesto en el artículo 520.

Art. 538. Si la institución fuere condicional, se necesitará, además, que el heredero sea capaz al tiempo en que se cumpla la condición.

Art. 539. El heredero por testamento que muera antes que el testador o antes de que se cumpla la condición, el incapaz de heredar y el que renuncie a la sucesión, no trasmite el derecho a sus herederos.

Art. 540. En los casos del artículo anterior, la herencia pertenece a los herederos legítimos del testador, a no ser que éste haya dispuesto otra cosa.

Art. 541. El que hereda en lugar del excluido lo hará en las mismas circunstancias que aquél.

Art. 542. Los deudores hereditarios que fueren demandados y que no tengan el carácter de herederos, no podrán oponer al que está en posesión del derecho de heredero o legatario la excepción de incapacidad fundada en alguna de las causas del artículo 517.

Art. 543. La incapacidad para heredar a que se refiere el artículo 520 priva también de los alimentos que correspondan conforme a la Ley.

Art. 544. La incapacidad no produce el efecto de privar al incapaz de lo que hubiere de percibir, sino después de declarada en juicio, a petición de algún interesado. No puede decretarla de oficio el juez.

Art. 545. No puede deducirse acción para declarar la incapacidad, pasados tres años desde que se esté en posesión de la herencia o legado, salvo que se trate de incapacidades establecidas en vista del orden público, las cuales en todo tiempo pueden hacerse valer por los interesados o por el Ministerio Público. Las acciones señaladas se tramitarán en la forma prevista en el Código de Procedimientos Civiles.

Art. 546. Si el que entró en posesión de la herencia y la pierde después por declaración de incapacidad, hubiese enajenado o gravado todo o parte de los bienes, antes de ser emplazado en el juicio en que se discuta su incapacidad, la enajenación subsistirá si el acto fue a título oneroso y de buena fe, mas el heredero incapaz estará obligado a indemnizar al legítimo de todos los daños y perjuicios.

Lo dispuesto en este artículo también se aplicará al heredero aparente, cuando fuere privado de la herencia, así como respecto de los actos y contratos que celebre aplicándose al efecto las reglas establecidas en este Código, para el enriquecimiento sin justa causa.

Capítulo IV
De las condiciones que pueden ponerse en los testamentos

Art. 547. El testador es libre para establecer condiciones al disponer de sus bienes, con las limitaciones establecidas en este Código.

Art. 548. Las condiciones impuestas en los testamentos en lo que no esté previsto en este capítulo, se regirán por las reglas establecidas para las obligaciones condicionales.

Art. 549. La falta de cumplimiento de alguna condición potestativa o mixta impuesta al heredero o al legatario, no perjudica a éstos, siempre que hubiesen empleado todos los medios necesarios para realizar aquélla.

Art. 550. La condición física y jurídicamente imposible de dar o de hacer, puesta en un testamento, no produce efectos en la institución de herederos o legatarios. Las condiciones ilícitas se tienen por no puestas salvo lo dispuesto por el artículo 507 de este Código.

Art. 551. Si la condición que era imposible al tiempo de otorgarse el testamento, dejare de serlo a la muerte del testador, surtirá efectos.

Art. 552. La institución hecha bajo la condición de que el heredero o legatario haga en su testamento alguna disposición en favor del testador o de otra persona, estará a lo dispuesto en la última parte del artículo 550 de este Código.

Art. 553. La condición que solamente suspende por tiempo cierto la ejecución del testamento, no impedirá que el heredero o legatario adquiera derecho a la herencia o legado, y los trasmita a sus herederos.

Art. 554. Cuando el testador no hubiese señalado plazo para el cumplimiento de la condición, el caudal hereditario permanecerá en poder del albacea y, al hacerse la partición, se asegurará el derecho del heredero o legatario para el caso de cumplirse la condición, observándose, además, las disposiciones establecidas para hacer la partición cuando la institución del heredero o legatario esté sujeta a condición.

Art. 555. Si la condición es de dar o hacer y el que ha sido impuesto con ella ofrece cumplirla, pero aquél a cuyo favor se estableció, rehusare el bien o el hecho, la condición se tiene por cumplida.

Art. 556. La condición potestativa se tendrá por cumplida aun cuando el heredero o legatario hubiese prestado el bien o el hecho antes de que se otorgase el testamento, a no ser que pueda reiterarse la prestación; en este último caso, no será obligatoria sino cuando el testador hubiere tenido conocimiento de la primera.

Art. 557. En el caso final del artículo que precede, corresponde al heredero o legatario la prueba de que el testador tuvo conocimiento de la prestación.

Art. 558. La condición de no dar o de no hacer, se tendrá por no puesta.

La condición de no impugnar el testamento o alguna de las disposiciones que contuviere con pena de perder el carácter de heredero o legatario, se tendrá por no puesta.

Art. 559. Cuando la condición fuere casual o mixta bastará que se realice en cualquier tiempo, vivo o muerto el testador, si éste no hubiese dispuesto otra cosa.

Art. 560. Si la condición se hubiese cumplido al hacerse el testamento, ignorándolo el testador, se tendrá por cumplida; mas si lo sabía, sólo se tendrá por cumplida si ya no puede existir o cumplirse de nuevo.

Art. 561. La condición impuesta al heredero o legatario de tomar o dejar de tomar estado civil, se tendrá por no puesta.

Art. 562. Podrá sin embargo, dejarse a alguien el uso o habitación, una pensión o un usufructo que equivalga a esa pensión, el derecho a alimentos por tiempo indeterminado; el derecho a alimentos se fijará de acuerdo con lo prevenido en el capítulo respectivo de la Ley de la materia.

Art. 563. La condición que se ha cumplido, se retrotrae al tiempo de la muerte del testador y desde entonces debe abonarse los frutos de la herencia o legado, a menos que el testador haya dispuesto expresamente otra cosa.

Art. 564. La condición de no hacer se considera como condición resolutoria, si es lícita.

Art. 565. Si no se hubiese señalado tiempo para el cumplimiento de la condición, ni ésta por su propia naturaleza lo tuviere, se observará lo dispuesto en el artículo 554.

Art. 566. Si el legado fuere de prestación periódica que debe concluir en un día incierto, llegado el día, el legatario hará suyas las prestaciones que correspondan hasta aquel día.

Art. 567. Si el día en que debe comenzar el legado fuere seguro que llegará, sea que se sepa o no cuándo habrá de llegar, el que ha de entregar el bien legado tendrá, respecto de él, los derechos y las obligaciones del usufructuario.

Art. 568. En el caso del artículo anterior, si el legado consiste en prestación periódica, el que debe prestarlo hace suyo todo lo correspondiente al intermedio y cumple con hacer la prestación, comenzando el día señalado.

Art. 569. Cuando el legado debe concluir en un día que es seguro que llegará, se entregará el bien o cantidad legada al legatario, quien se considerará como usufructuario de ella.

Art. 570. Si el legado consiste en prestación periódica, el legatario hará suyos todos los frutos derivados hasta el día señalado.

Capítulo V
De los bienes de que se puede disponer por testamento y de los testamentos inoficiosos

Art. 571. La obligación de dar alimentos no se extingue por la muerte; en consecuencia, el testador debe dejar alimentos a las personas que se mencionan en las fracciones siguientes:

I. A los descendientes menores de dieciocho años respecto de los cuales tenga obligación legal de proporcionar alimentos al momento de su muerte;

II. A los descendientes que estén imposibilitados de trabajar, cualquiera que sea su edad; cuando exista la obligación a que se refiere la fracción anterior;

III. El cónyuge, o concubina o concubinario supérstites, cuando esté impedido de trabajar y no tenga bienes suficientes. Salvo otras disposiciones expresas del testador, este derecho subsistirá en tanto no contraigan matrimonio y vivan honestamente;

IV. A los ascendientes, sin limitación de grado; en este caso se estará a lo dispuesto por la última parte de la fracción I de este artículo;

V. A los hermanos y demás parientes, colaterales dentro del cuarto grado, si están incapacitados o mientras no cumplan dieciocho años respecto de los que se tenga obligación legal de proporcionar alimentos.

Art. 572. No hay obligación de dejar alimentos sino a falta o por imposibilidad de los parientes más próximos en grado. Siendo aplicable lo preceptuado en el capítulo respectivo por la Ley de la materia.

Art. 573. No hay obligación de dejar alimentos a las personas que tengan bienes; pero si teniéndolos su producto no iguala a la pensión que debería corresponderles, la obligación subsistirá en la medida de lo que falte para completarla.

Art. 574. Para tener derecho a alimentos, se necesita encontrarse al tiempo de la muerte del testador, en alguno de los casos citados en el artículo 571 y cesa ese derecho tan luego como el interesado deje de estar en las condiciones a que se refiere el artículo citado, o adquiera bienes, aplicándose en este caso lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 575. El derecho de percibir alimentos, no es renunciable ni puede ser objeto de transacción. La pensión alimenticia se fijará y asegurará conforme a lo dispuesto en los artículos fijados en el capítulo respectivo por la Ley de la materia y por ningún motivo excederá de los productos de la porción que, en caso de sucesión intestada, correspondería al que tuviera derecho a dicha pensión, ni bajará de la mitad de dichos productos. Si el testador hubiere fijado la pensión alimenticia, subsistirá su designación cualquiera que sea, siempre que no baje del mínimo antes establecido. Con excepción de los artículos citados en el presente capítulo, no son aplicables a los alimentos debidos por sucesión, las disposiciones del capítulo II, título sexto del libro segundo.

Art. 576. Cuando el caudal hereditario no fuera suficiente para dar alimentos a todas las personas enumeradas en el artículo 571, se observarán las reglas siguientes:

I. Se ministrarán a los descendientes, al cónyuge o concubina o concubinario supérstites, a prorrata;

II. Cubiertas las pensiones a que se refiere la fracción anterior, se ministrarán a prorrata a los ascendientes;

III. Después, se ministrarán, también a prorrata, a los hermanos;

IV. Finalmente, se ministrarán a quienes se refiere la fracción V del artículo 571.

Art. 577. Es inoficioso el testamento en que no se deje la pensión alimenticia, según lo establecido en este capítulo.

Art. 578. El preterido tendrá solamente derecho a que se le otorgue la pensión que corresponda, subsistiendo el testamento en todo lo que no perjudique ese derecho.

Art. 579. La pensión alimenticia es a cargo de la masa hereditaria, excepto cuando el testador haya gravado con ella a alguno o algunos de los partícipes en la sucesión.

Art. 580. No obstante lo dispuesto en el artículo 578, el hijo póstumo tendrá derecho de percibir íntegra la porción que le correspondería como heredero legítimo si no hubiese testamento, a menos que el testador hubiese dispuesto expresamente otra cosa.

Capítulo VI
De la institución de heredero

Art. 581. El testamento otorgado legalmente será válido, aunque no contenga institución de herederos, y aunque el nombrado no acepte la herencia o sea incapaz de heredar.

Art. 582. En los tres casos señalados en el artículo anterior, se cumplirán las demás disposiciones testamentarias que estuvieren hechas conforme a las leyes.

Art. 583. No obstante lo dispuesto en el artículo 537, la designación del día en que debe comenzar o cesar la institución de herederos, se tendrá por no puesta.

Art. 584. Los herederos instituidos sin determinación de la parte que a cada uno corresponda, heredarán por partes iguales.

Art. 585. El heredero instituido en bien cierto y determinado, debe tenerse por legatario.

Art. 586. Aunque el testador nombre algunos herederos individualmente y a otros colectivamente, como si dijere: «Instituyo como mis herederos a Pedro, Pablo y a los hijos de Francisco», los colectivamente nombrados se considerarán como si hubiesen sido designados individualmente.

Art. 587. Si el testador instituye a sus hermanos y los tiene sólo de padre o sólo de madre, y de padre y de madre, se dividirán la herencia como en el caso de intestado.

Art. 588. Si el testador llama a la sucesión a cierta persona y a sus hijos, se entenderán todos instituidos simultánea y no sucesivamente.

Art. 589. El heredero debe ser instituido designándolo por su nombre y apellido y, si hubiere varios que tuvieren el mismo nombre y apellido, deben agregarse otros nombres y circunstancias que distingan al que se quiere nombrar.

Art. 590. Aunque se haya omitido el nombre del heredero, si el testador lo designare de otro modo que no pueda dudarse quién fuera, valdrá la institución.

Art. 591. El error en el nombre, apellido o cualidades del heredero, no vicia la institución, si de otro modo se supiere ciertamente cuál es la persona nombrada.

Art. 592. Si entre varios individuos del mismo nombre y circunstancias, no pudiere saberse a quién quiso designar el testador, ninguno será heredero.

Art. 593. Toda disposición en favor de persona incierta o sobre bien que no pueda ser identificado, no producirá efectos, a menos que debido a algún evento pueda trasformarse en cierta la persona o identificarse el bien.

Capítulo VII
De los legados

Art. 594. Cuando no haya disposición especial, los legatarios se regirán por las mismas normas que los herederos.

Art. 595. El legado puede ser de dar o de hacer.

Art. 596. No surtirá efecto el legado, si por acto del testador pierde el bien legado, la forma y denominación que lo determinaban.

Art. 597. El testador puede gravar con legados no sólo a los herederos, sino a los mismos legatarios.

Art. 598. El bien legado deberá ser entregado con todos sus accesorios, y toda clase de mejoras que hubiere hecho el testador o el propietario, en el estado en que se encontrare al morir el testador.

Art. 599. Los gastos necesarios para la entrega del bien legado, serán a cargo del legatario, salvo disposición del testador en contrario.

Art. 600. El legatario no puede aceptar una parte del legado y repudiar otra.

Art. 601. Si el legatario muere antes de aceptar un legado y deja varios herederos, el bien legado o su precio se repartirá entre todos a prorrata, pudiendo cada uno de éstos repudiar la parte que le corresponda.

Art. 602. Si se dejaren dos o más legados y uno o varios fueren onerosos o gratuitos, el legatario no podrá renunciar a aquéllos y aceptar éstos. Si todos fueren onerosos o gratuitos es libre para aceptar todos o repudiar el que quiera.

Art. 603. El heredero, que sea al mismo tiempo legatario, puede renunciar a la herencia y aceptar el legado o renunciar a éste y aceptar aquélla.

Art. 604. El acreedor cuyo crédito no conste más que por testamento, se tendrá como legatario preferente.

Art. 605. Cuando se legue un bien con todo lo que comprenda, se entenderán legados los documentos justificativos de propiedad o del crédito.

Art. 606. El legado del menaje de una casa, sólo comprende los muebles que forme el ajuar y utensilios de ésta.

Art. 607. Si el que lega un bien, le agrega después nuevas adquisiciones o construcciones, se comprenderán éstas en el legado, si no hay nueva declaración del testador.

Art. 608. El legatario puede exigir que el heredero otorgue garantía en todos los casos en que podría exigirlo al acreedor.

Art. 609. Si sólo hubiere legatarios, podrán éstos entre sí exigirse la constitución de la hipoteca necesaria.

Art. 610. No puede el legatario ocupar por su propia autoridad el bien legado, debiendo pedir su entrega y posesión al albacea o al ejecutor especial.

Art. 611. Si el bien legado estuviere en poder del legatario, podrá éste retenerlo, sin perjuicio de devolver, en caso de reducción, lo que corresponda conforme a Derecho.

Art. 612. El importe de las cargas fiscales correspondientes al legado, se deducirá del valor de éste, a no ser que el testador disponga otra cosa.

Art. 613. Si toda la herencia se distribuyere en legados, se prorratearán las deudas y gravámenes de ellas entre todos los partícipes, en proporción a sus cuotas, a no ser que el testador hubiere dispuesto otra cosa.

Art. 614. El legado queda sin efecto si el bien legado perece viviendo el testador; si éste sufre evicción, salvo lo dispuesto en el artículo 660; o si perece después de muerto el testador, sin culpa del heredero.

Art. 615. Queda también sin efecto el legado, si el testador enajena el bien legado, pero se revalida si lo recobra por un título legal.

Art. 616. Si los bienes de la herencia no fueren suficientes para cubrir todos los legados, el pago se hará en el siguiente orden:

I. Legados remuneratorios;

II. Legados que el testador o la Ley hayan declarado preferentes;

III. Legados de bien cierto y determinado;

IV. Legados de alimentos o de educación;

V. Los demás a prorrata.

Art. 617. Los legatarios tienen derecho a reivindicar del tercero el bien legado, con tal de que sea cierto y determinado. Salvo el caso de que el bien legado haya pasado por título oneroso a la propiedad de tercero de buena fe.

Art. 618. El legatario de un bien que perece después de la muerte del testador, tiene derecho de recibir la indemnización del seguro, si el bien estaba asegurado.

Art. 619. Si se declara nulo el testamento, después de pagado el legado, la acción del verdadero heredero para recuperar el bien legado, procede contra el legatario y no contra el que no fue heredero, a no ser que éste haya hecho con dolo la partición.

Art. 620. Si el legatario renunciare al legado y éste fuere oneroso, el gravamen que se le hubiere impuesto se pagará solamente con el valor del bien a que tiene derecho el que renunció.

Art. 621. Si la carga consiste en la ejecución de un hecho el legatario que acepte el legado queda obligado a prestarlo.

Art. 622. Si el legatario a quien se impuso algún gravamen, no recibe todo el legado, se reducirá la carga proporcionalmente, y si sufre evicción, podrá repetir lo que hubiese pagado.

Art. 623. En los legados alternativos, la elección corresponde al heredero, cuando el testador no la conceda expresamente al legatario.

Art. 624. Si el heredero tiene la elección, puede entregar el bien de menor valor, y si la elección corresponde al legatario, puede exigir el de mayor valor.

Art. 625. En todos los casos en que el que tenga derecho a hacer la elección, no pudiera hacerlo, la harán sus representantes legítimos o sus herederos.

Art. 626. El juez, a petición de parte legítima, hará la elección si en el término que se le hubiese señalado, no la hiciere la persona que tenía derecho a hacerlo.

Art. 627. La elección legalmente hecha es irrevocable.

Art. 628. El legado que el testador hace de bien propio individualmente determinado, que al tiempo de su muerte no se halla en su herencia, no surtirá efectos.

Art. 629. Si el bien mencionado existe en la herencia, pero no en la cantidad y número designados, tendrá derecho el legatario a lo que hubiere.

Art. 630. Cuando el legado es de bien específico y determinado, propio del testador, el legatario adquiere su propiedad desde que aquél muere y hace suyos los frutos pendientes y futuros, a no ser que el testador haya dispuesto otra cosa.

Art. 631. El bien legado en el caso del artículo anterior, quedará desde el mismo instante a riesgo del legatario en cuanto a su pérdida, aumento o deterioro posteriores; se observará lo dispuesto en las obligaciones de dar, para el caso de que se pierda, deteriore o aumente el bien cierto que debe entregarse.

Art. 632. Cuando al testador sólo corresponda una parte alícuota del bien legado, se restringirá el legado a esa parte a no ser que el testador declare de un modo expreso que sabía que el bien legado no le pertenecía totalmente y que, no obstante, lo legaba por entero.

Art. 633. El legado de bien ajeno, si el testador sabía que lo era, es válido y el heredero está obligado a adquirirlo para entregarlo al legatario, o de no ser esto posible, a dar al legatario su precio.

Art. 634. La prueba de que el testador sabía que el bien legado era ajeno, corresponde al legatario.

Art. 635. Si el testador ignoraba que el bien legado era ajeno, es nulo el legado.

Art. 636. Es válido el legado si el testador, después de otorgado el testamento, adquiere el bien que al otorgarlo no era suyo.

Art. 637. Es nulo el legado del bien que al otorgarse el testamento, pertenezca al mismo legatario. Salvo que otra cosa se desprenda de la voluntad del testador.

Art. 638. Si el bien legado pertenece tan sólo en parte al testador y el resto a un tercero, sabiéndolo aquél, en lo que a la parte del testador corresponda, es válido.

Art. 639. Si el legatario adquiere el bien legado después de otorgado el testamento, se entiende legado su precio.

Art. 640. Es válido el legado de un bien que pertenezca a un heredero o a un legatario, quienes, si aceptan la herencia o el legado, deberán entregar el bien legado o su precio.

Art. 641. Si el testador ignoraba que el bien fuese propio del heredero o de un legatario, será nulo el legado.

Art. 642. El legado que consiste en la devolución del bien recibido en prenda o en el título constitutivo de una hipoteca, sólo extingue el derecho de prenda o hipoteca pero no la deuda, a no ser que así se prevenga expresamente.

Art. 643. Lo dispuesto en el artículo que precede, se observará también en el legado de una fianza, ya sea hecho al fiador, ya al deudor principal.

Art. 644. Si el bien legado está dado en prenda o hipoteca, o lo fuere después de otorgado el testamento, el desempeño o la redención serán a cargo de la herencia, a no ser que el testador haya dispuesto otra cosa.

Si por no pagar el obligado, conforme al párrafo anterior, lo hiciere el legatario, quedará éste subrogado en el lugar y derechos del acreedor para reclamar contra aquél.

Cualquiera otra carga, perpetua o temporal, a que se halle afecto el bien legado, pasa con ésta al legatario pero en ambos casos, las rentas y los réditos devengados, hasta la muerte del testador, son a cargo de la herencia.

Art. 645. El legado de una deuda hecho al mismo deudor, extingue la obligación y el que debe cumplir el legado está obligado, no solamente a otorgar al deudor la constancia del pago, sino también a cancelar las prendas, las hipotecas y las fianzas, y a liberar al legatario de toda responsabilidad. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la acción que tienen los acreedores que resultaron perjudicados, para pedir la revocación del legado, en caso de que por él quede insolvente la sucesión.

Art. 646. Legado el título, sea público o privado que ampara una deuda, se entiende legada ésta, observándose lo dispuesto en los artículos 642 y 643.

Art. 647. El legado hecho al acreedor no se entiende hecho en pago de su crédito, debiendo subsistir éste a más de aquél, a no ser que el testador declare lo contrario.

Art. 648. Hecha la declaración a que se refiere la última parte del artículo anterior, si los valores fueren diferentes, el acreedor tendrá derecho de cobrar el exceso del crédito o del legado.

Art. 649. Por medio de un legado puede el deudor mejorar la condición de su acreedor, haciendo puro el crédito condicional, hipotecario el simple, o exigible desde luego el que lo sea a plazo, siempre que cualquiera de estas mejoras no perjudique los privilegios de los demás acreedores.

Art. 650. El legado hecho de un crédito a favor del testador, sólo produce efecto en la parte del crédito que esté insoluta al tiempo de la muerte del testador.

Art. 651. En el caso del artículo anterior, el que debe cumplir el legado entregará al legatario el título del crédito y le cederá todas las acciones que en virtud de él correspondían al testador.

Art. 652. Cumplido lo dispuesto en el artículo que precede, el que debe pagar el legado, queda enteramente libre de la obligación de saneamiento y de cualquier otra responsabilidad, ya provenga ésta del mismo título, ya de insolvencia del deudor o de sus fiadores, ya de otra causa.

Art. 653. Los legados de que hablan los artículos 645 y 650, comprenden los intereses que por el crédito o deuda se deban a la muerte del testador.

Art. 654. Dichos legados subsistirán aunque el testador haya demandado al deudor, si el pago no se hubiere realizado.

Art. 655. El legado genérico de liberación o remisión de las deudas, comprende sólo las existentes al tiempo de otorgarse el testamento y no las posteriores.

Art. 656. El legado de bien mueble indeterminado, pero comprendido en género determinado será válido aunque en la herencia no exista bien alguno del género a que el bien legado pertenezca.

Art. 657. En el caso del artículo anterior, la elección corresponde a quien debe pagar el legado; si los bienes existen, cumple con entregar uno de mediana calidad; en caso contrario, puede comprar uno de esa misma calidad o abonar al legatario el precio correspondiente, previo convenio, o a juicio de peritos.

Art. 658. Si el testador concede expresamente la elección al legatario éste podrá, si hubiere varios bienes de género determinado, escoger el mejor; pero en caso de que no los haya, sólo podrá exigir uno de mediana calidad o el precio que le corresponda.

Art. 659. Si el bien indeterminado fuere inmueble, se estará a lo dispuesto en los artículos 633, 656, 657 y 658 de este Código.

Art. 660. El obligado a cumplir con el legado, cuando el bien fuere indeterminado y se hubiere señalado solamente por género o especie, responderá por la pérdida en caso de evicción del bien legado.

Art. 661. En el legado de especie, el heredero debe entregar el mismo bien legado; en caso de pérdida, se observará lo dispuesto para las obligaciones de dar bien determinado.

Art. 662. Los legados en dinero deben pagarse en esa especie; y si no lo hay en la herencia, con el producto de los bienes que al efecto se vendan.

Art. 663. El legado de bien o cantidad depositada en lugar señalado, sólo subsistirá en la parte que en él se encuentren.

Art. 664. El legado de alimentos dura mientras viva el legatario, a no ser que el testador haya limitado el término de la obligación.

Art. 665. Si el testador no señala la pensión alimenticia, se observará lo dispuesto en el capítulo y títulos correspondientes de este Código.

Art. 666. Si el testador acostumbró a dar en vida al legatario cierta cantidad de dinero por vía de alimentos, se entenderá legada la misma cantidad, si no resultare en notable desproporción con la cuantía de la herencia.

Art. 667. El legado de educación dura hasta que el legatario sale de la menor edad o es emancipado por el matrimonio, a menos que en este tiempo se encuentre estudiando en la escuela de artes u oficios o en centros de educación media o superior; en este caso durará el número de años que el plan de estudios señale, más un año, salvo que el testador dispusiere otra cosa.

Art. 668. El legado de pensión, sean cuales fueren la cantidad, el objeto y los plazos, corre desde la muerte del testador, es exigible al principio de cada periodo y el legatario hace suya la que tuvo derecho de cobrar, aunque muera antes de que termine el periodo comenzado. La pensión se entiende vitalicia si el testador no dispusiere otra cosa.

Art. 669. Los legados de usufructo, uso, habitación o servidumbre, subsistirán mientras viva el legatario, a no ser que el testador dispusiere que duren menos.

Art. 670. Sólo durarán veinte años los legados de que trata el artículo anterior, si fueren dejados a alguna persona colectiva con capacidad para adquirirlos.

Art. 671. Si el bien legado estuviere sujeto a usufructo, uso o habitación, el legatario deberá soportarlos hasta que legalmente se extingan, sin que el heredero tenga obligación de ninguna clase.

Capítulo VIII
De las sustituciones

Art. 672. Puede el testador nombrar a una o más personas para que sustituyan al heredero o herederos, al legatario o legatarios instituidos, para el caso de que mueran antes que él, sean o se vuelvan incapaces o no acepten la herencia.

Art. 673. Quedan prohibidas las sustituciones fideicomisarias y cualesquiera otras diversas a la contenida en el artículo anterior, sea cual fuere la forma de que se les revista.

Art. 674. Los sustitutos pueden ser nombrados conjunta o sucesivamente.

Art. 675. El sustituto del sustituto, faltando éste, lo es del heredero o legatario sustituido.

Art. 676. Los sustitutos recibirán la sucesión con los mismos gravámenes y condiciones con que habrían de haberla recibido los herederos o legatarios, a no ser que el testador hubiere dispuesto otra cosa o que los gravámenes o condiciones fueren exclusivamente personales del heredero o legatario.

Art. 677. Si los herederos o legatarios fueren nombrados sustitutos recíprocamente, en la sustitución recibirán las mismas partes que en la institución correspondían al heredero o legatario sustituidos, a no ser que claramente aparezca haber sido otra la voluntad del testador.

Art. 678. La nulidad de la sustitución fideicomisaria, no importa la de la institución de heredero o legatario, teniéndose únicamente por no escrita la cláusula fideicomisaria.

Art. 679. No se reputa fideicomisaria la disposición en que el testador deja la propiedad del todo o de parte de los bienes a una persona y el usufructo a otra; a no ser que el propietario o el usufructuario queden obligados a transferir, a su muerte, la propiedad o el usufructo a un tercero.

Art. 680. Puede el padre dejar una parte o la totalidad de sus bienes a sus hijos, con la obligación de trasferirlos al hijo o hijos que tuvieren hasta la muerte del testador, teniéndose en cuenta lo dispuesto en el artículo 518, en cuyo caso, el heredero se considerará usufructuario.

Art. 681. La disposición que autoriza el artículo anterior, será nula cuando la trasmisión de los bienes deba hacerse a descendientes de ulteriores grados.

Art. 682. Se considerarán fideicomisarias y, en consecuencia, quedan prohibidas, las disposiciones que contengan prohibiciones de enajenar o que llamen a un tercero a lo que quede de la herencia por la muerte del heredero; o el encargo de prestar a más de una persona, sucesivamente cierta renta o pensión.

Art. 683. La obligación que se impone al heredero o legatario de invertir alguna cantidad en obras benéficas, como de pensiones para estudiantes, para los pobres o para cualquier establecimiento de beneficencia, no está comprendida en la prohibición del artículo anterior.

Si la obligación se impusiere como carga o gravamen sobre bienes inmuebles y fuera temporal, el heredero o legatario podrán disponer de la finca gravada, sin que cese el gravamen mientras la inscripción de éste no se cancele.

Si la obligación fuere perpetua, el heredero o legatario podrán enajenar los inmuebles e invertir su producto, garantizando suficientemente el cumplimiento de aquélla.

La enajenación e inversión de su producto, se hará interviniendo la autoridad correspondiente y con audiencia de los interesados y del Ministerio Público.

Capítulo IX
De la inexistencia, nulidad, revocación y caducidad de los testamentos

Art. 684. Es inexistente la institución de herederos o legatarios hecha en memorias o comunicados secretos.

Art. 685. Es nulo el testamento que haga el testador bajo la influencia de la violencia, en los términos del artículo relativo de la existencia y validez de los actos jurídicos de la Ley de la materia.

Art. 686. El testador que se encuentra en el caso del artículo que precede, podrá, luego que cese la violencia o recupere su libertad completamente, ratificar su testamento con las solemnidades que este Código señala, de lo contrario será inexistente.

Art. 687. Es nulo el testamento captado por dolo o fraude.

Art. 688. El juez que tuviere noticia de que alguno impida a otro testar, se presentará sin demora en el domicilio o en el lugar donde se encuentre el segundo, para asegurar el ejercicio de su derecho, y levantará acta en que haga constar el hecho que ha motivado su presencia, la persona o personas que causen el impedimento, los medios que al efecto haya empleado o intentado emplear y si la persona cuya libertad ampara hace uso de su derecho. A la diligencia asistirá el Ministerio Público, so pena de nulidad.

Art. 689. Es inexistente el testamento en que el testador no exprese, clara y cumplidamente, su voluntad, sino sólo por señales o monosílabos en respuesta a las preguntas que se le hacen.

Art. 690. El testador no puede prohibir que se impugne el testamento, en los casos en que éste deba ser nulo o inexistente conforme a la Ley.

Art. 691. El testamento es inexistente cuando se otorgue en contravención a las solemnidades prescritas por la Ley.

Art. 692. No surtirán efecto la renuncia del derecho de testar y la cláusula en que alguno se obligue a no usar de ese derecho sino bajo ciertas condiciones, sean éstas de la clase que fueren.

Art. 693. La renuncia de la facultad de revocar el testamento, no producirá efecto legal alguno.

Art. 694. El testamento anterior, queda revocado de pleno derecho por el posterior perfecto, si el testador no expresa en éste su voluntad de que aquél subsista en todo o en parte.

Art. 695. La revocación producirá su efecto aunque el segundo testamento caduque por la premuerte, incapacidad o renuncia del heredero o del legatario designados en este segundo testamento.

Art. 696. El testamento anterior, recobrará no obstante, su vigor si el testador, revocando el posterior, declara que es su voluntad que el primero renazca.

Art. 697. Las disposiciones testamentarias caducan y quedan sin efecto, en lo relativo a los herederos y legatarios:

I. Si el heredero o legatario se hace incapaz de recibir la herencia o legado;

II. Si el heredero o legatario muere antes que el testador o antes de que se cumpla la condición de que depende la herencia o el legado;

III. Si el heredero o legatario renuncia a su derecho.

Art. 698. La disposición testamentaria que contenga condición de suceso pasado o presente desconocidos, no caduca aunque la noticia del hecho se adquiera después de la muerte del heredero o legatario, cuyos derechos se trasmiten a sus respectivos herederos.

 

TÍTULO TERCERO
De la forma de los testamentos

Capítulo I
Disposiciones generales

Art. 699. El testamento en cuanto a su forma puede ser solemne o especial.

Art. 700. El solemne puede ser:

I. Público abierto;

II. Público cerrado;

III. Ológrafo.

Art. 701. El especial será únicamente el testamento privado, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 778 respecto de los testamentos militar, marítimo, aéreo y el hecho en país extranjero.

Art. 702. No pueden ser testigos del testamento:

I. Los amanuenses del notario que lo autoriza;

II. Los menores de dieciséis años;

III. Los que no estén en pleno uso de sus facultades mentales;

IV. los ciegos, sordos o mudos;

V. Los que no entiendan el idioma que habla el testador, o aquél en que se redacte el testamento;

VI. Los herederos o legatarios, sus descendientes, ascendientes, cónyuge o concubina, concubinario o hermanos. Si concurre como testigo una de las personas a que se refiere esta fracción, sólo produce como efecto la nulidad de la disposición que a ella beneficia, o que beneficie a aquéllos;

VII. Los que hayan sido condenados por el delito de falsedad.

Art. 703. Cuando el testador ignore el idioma español, concurrirán al acto y firmarán el testamento, además de los testigos y el notario, dos intérpretes nombrados por el mismo testador.

Art. 704. Tanto el notario como los testigos que intervengan en cualquier testamento, deberán conocer al testador o cerciorarse de algún modo de su identidad y de que se halla en pleno uso de sus facultades mentales.

Art. 705. Si la identidad del testador no pudiere ser comprobada, se declarará esta circunstancia por el notario o por los testigos, en su caso, agregando uno y otros en el acta respectiva todas las señales que caractericen la persona de aquél.

Art. 706. En el caso del artículo que precede, el testamento no producirá efecto legal alguno, mientras no se acredite la identidad del testador.

Art. 707. Se prohíbe a los notarios dejar hojas o renglones en blanco y servirse de abreviaturas o cifras, bajo la pena equivalente de 50 a 100 cuotas correspondientes al salario mínimo vigente, en el momento en que se haya cometido la infracción, a juicio del juez, y suspensión del oficio hasta por tres años.

Art. 708. El notario que hubiere autorizado el testamento, debe dar aviso a los interesados dentro de los diez días siguientes al en que conozca o tenga noticia de la muerte del testador. Si no lo hace, es responsable de los daños y perjuicios que la dilación ocasionare.

Art. 709. Lo dispuesto en el artículo que precede, se observará también por cualquiera que tenga en su poder un testamento.

Art. 710. Si los interesados están ausentes o son desconocidos, la noticia se dará al juez de primera instancia del distrito judicial donde el depositario tenga su domicilio.

Capítulo II
Del testamento público abierto

Art. 711. Testamento público abierto es el que se otorga ante notario y tres testigos idóneos.

Art. 712. El testador expresará de un modo claro y terminante su voluntad al notario y a los testigos. El notario redactará por escrito las cláusulas del testamento, sujetándose estrictamente a la voluntad del testador, y las leerá en voz alta para que éste manifieste si está conforme. Si lo estuviere, firmarán todos el documento, asentándose el lugar, año, mes, día y hora en que hubiere sido otorgado.

La lectura por el notario y firma del testamento por todos los intervinientes, deberán hacerse sin interrupción alguna, es decir, en un solo acto, en caso contrario el testamento será inexistente.

Art. 713. Si alguno de los testigos no supiera o no pudiera escribir, firmará otro de ellos a su ruego, dando fe de esto el notario, pero en todo caso deberá constar la firma entera cuando menos de dos testigos.

Art. 714. Si el testador no supiere o no pudiere escribir, intervendrá otro testigo más, que firme a su ruego, haciendo constar esta circunstancia el notario.

Art. 715. En el caso de extrema urgencia y no pudiendo ser llamado otro testigo, firmará a ruego del testador uno de los testigos instrumentales, haciéndose constar esta circunstancia.

Art. 716. El que fuere enteramente sordo, mas no mudo, y sepa leer y escribir, deberá dictar por escrito su testamento; y dará personalmente lectura al mismo.

Art. 717. Cuando sea ciego el testador, se le dará lectura al testamento dos veces, una por el notario, como está prescrito en el artículo 712, y otra en igual forma por uno de los testigos u otra persona que el testador designe.

Art. 718. Cuando el testador ignore el idioma español, si puede, escribirá de su puño y letra el testamento, que será traducido al español por los intérpretes a quienes se refiere el artículo 703, la traducción se trascribirá como testamento en el protocolo respectivo y el original se archivará en el apéndice correspondiente del notario que intervenga en el acto.

Si el testador no puede o no sabe escribir, uno de los intérpretes escribirá el testamento que dicte aquél, y leído y aprobado por el testador, se traducirá al español por los dos intérpretes que deben concurrir al acto; hecha la traducción, se procederá como se dispone en el párrafo anterior.

Si el testador no puede o no sabe leer, dictará en su idioma el testamento a uno de los intérpretes. Traducido por los dos intérpretes se procederá como dispone el párrafo primero de este artículo.

Art. 719. Al final del testamento, el notario dará fe de haber cumplido con todas las solemnidades testamentarias, de conocer al testador o a los testigos de conocimiento, en su caso, y que, a su juicio, el testador se encontraba, al otorgar el testamento, en pleno uso de sus facultades mentales y libre de cualquier coacción.

Art. 720. Faltando alguna de las solemnidades o declaraciones a que se refiere el artículo anterior el testamento no producirá efectos; y el notario será responsable de los daños y perjuicios que sobrevengan por su malicia, negligencia o ignorancia inexcusable e incurrirá, además, en la pérdida de su cargo.

Capítulo III
Testamento público cerrado

Art. 721. El testamento público cerrado, es el escrito por el testador o por otra persona a su ruego y que bajo cubierta cerrada y sellada que no pueda abrirse sin romperse, es autorizado en la cubierta por el notario y los testigos con las solemnidades señaladas en este Código.

Art. 722. El testador debe firmar o estampar su huella digital al margen de todas las hojas y firmar al calce del testamento; pero si no pudiere o no supiere hacerlo, podrá firmar en la misma forma otra persona a su ruego.

Art. 723. En el caso del artículo que precede la persona que haya firmado a ruego del testador, concurrirá con él a la presentación del documento o testamento público cerrado; en este acto, el testador declarará que aquella persona firmó a su ruego, y ésta firmará en la cubierta con los testigos y el notario. Asentándose la causa de la intervención del rogatorio.

Art. 724. El papel en que esté escrito el testamento y el que le sirva de cubierta, deberán estar cerrados y sellados, o lo hará cerrar y sellar el testador en el acto de la presentación, y lo entregará al notario en presencia de tres testigos.

Art. 725. El testador, al hacer la presentación, declarará que en aquel documento está contenida su última voluntad.

Art. 726. El notario dará fe del otorgamiento con expresión de las formalidades requeridas en el artículo anterior, esa constancia deberá extenderse en la cubierta del testamento, y deberá ser firmada por el testador, los testigos y el notario, quien además pondrá su sello.

Art. 727. Si alguno de los testigos no supiere o no pudiere firmar, se llamará a otra persona que lo haga a su ruego y en su presencia de modo que siempre haya tres firmas completas.

Art. 728. Si al hacer la presentación del testamento, no supiere o no pudiere firmar el testador, lo hará otra persona a su ruego y en su presencia, no debiendo hacerlo ninguno de los testigos.

Art. 729. Sólo en caso de suma urgencia podrá firmar uno de los testigos, ya sea por el que no sepa o no pueda hacerlo, ya por el testador. El notario hará constar expresamente esta circunstancia, bajo la sanción a que se refiere el artículo 720 de este Código.

Art. 730. Los que no saben o no pueden leer, son inhábiles para hacer testamento público cerrado.

Art. 731. El sordomudo podrá hacer testamento público cerrado con tal de que lo escriba, feche y firme autógrafamente y que al presentarlo ante el notario concurran cinco testigos idóneos y que escriba a presencia de todos, sobre la cubierta del testamento que en el documento se contiene su última voluntad. Acto continuo el notario declarará en el acta de la cubierta que el testador lo escribió así, observándose, además, lo dispuesto en los artículos 724, 726 y 727.

Art. 732. Si el testador no puede firmar la cubierta, se observará lo dispuesto en los artículos 728 y 729, dando fe el notario de la elección que haga el testador de uno de los testigos o persona para que firme a ruego de él.

Art. 733. El que sea sólo mudo o sólo sordo, puede hacer testamento público cerrado con tal de que esté escrito de su puño y letra, o, si ha sido escrito por otro, lo anote así el testador y firme la nota de su puño y letra, sujetándose a las demás solemnidades previstas para esta clase de testamentos.

Art. 734. El testamento público cerrado, que carezca de alguna de las solemnidades antes dichas, será inexistente, y el notario será responsable en los términos del artículo 720.

Art. 735. Cerrado y autorizado el testamento, se entregará al testador y el notario pondrá razón en el protocolo, del lugar, hora, día, mes y año en que el testamento fue autorizado y entregado.

Art. 736. Por la infracción del artículo anterior, no se anulará el testamento, pero el notario incurrirá en la pena equivalente de 50 a 100 cuotas correspondientes al salario mínimo vigente, en el momento en que haya cometido la infracción, a juicio del juez, y suspensión del oficio por tres años.

Art. 737. El testador podrá conservar el testamento en su poder, darlo en guarda a persona de su confianza, depositarlo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, o dejarlo en poder del notario autorizante para que éste lo guarde en su archivo. En este último caso, el notario dará recibo al testador y hará constar en el acta protocolizada, al margen o a continuación del acta de presentación, que queda el testamento en la notaría. Debiendo dar aviso de lo anterior al Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Art. 738. El testador que quiera depositar su testamento en el Tribunal Superior se presentará ante éste, el que dispondrá que se haga asentar en el libro que con este objeto se lleve, una razón del depósito o entrega, que será firmada por el presidente del Tribunal, el testador o el mandatario, a quien se dará copia autorizada.

Art. 739. Puede hacerse por mandatario la presentación y depósito de que habla el artículo que precede, en este caso el documento en que conste el mandato quedará unido al testamento.

Art. 740. El testador puede retirar, cuando le parezca, su testamento, pero la devolución se hará con las mismas solemnidades que la entrega.

Art. 741. El mandato para el depósito y para el retiro del testamento, debe otorgarse en escritura pública y esta circunstancia, se hará constar en el acta respectiva.

Art. 742. El juez que reciba un testamento público cerrado, hará comparecer al notario y a los testigos que concurrieron a su otorgamiento, dentro del plazo de 15 días. Si deja transcurrir dicho plazo sin hacerlo, se hará responsable de los daños y perjuicios que su negligencia origine.

Art. 743. El testamento público cerrado, no podrá ser abierto sino después que el notario y los testigos que intervinieron hayan reconocido ante el juez sus firmas y la del testador o la de las personas que a ruego de éste hubieren firmado, y hayan declarado si en su concepto está cerrado y sellado como lo estaba en el acto del depósito.

Art. 744. Si no pudieren comparecer todos los testigos por muerte, enfermedad, ausencia o cualquier otra causa, bastará el reconocimiento de la mayor parte, siempre que vaya acompañado del reconocimiento del notario.

Art. 745. Si por igual causa no pudieren comparecer el notario, la mayor parte de los testigos o ninguno de ellos, el juez lo hará constar así por información como también la autenticidad de las firmas y que en la fecha que lleva el testamento se encontraban aquéllos en el lugar que éste se otorgó.

Art. 746. En todo caso, los que comparecieren reconocerán sus firmas.

Art. 747. Cumplido lo prescrito en los cinco artículos anteriores, el juez decretará la existencia y validez del testamento.

Art. 748. El testamento público cerrado quedará sin efecto siempre que se encuentre roto el documento interior o abierto el que forma la cubierta; o borradas, raspadas o enmendadas las firmas que lo autorizan, aunque el contenido no sea vicioso.

Art. 749. Toda persona que tuviere en su poder un testamento público cerrado y no lo presente, como está prevenido en los artículos 708 y 709, o lo sustraiga dolosamente del lugar donde lo tenían, el testador o la persona que lo conservaba en depósito, incurrirá en la pena, si fuere heredera legítima o testamentaria, de la pérdida del derecho que pudiera tener, sin perjuicio de la que le corresponda conforme al Código Penal. Igual sanción se aplicará a quien lo oculte, rompa, altere o inutilice de cualquier otro modo.

Capítulo IV
Del testamento ológrafo

Art. 750. Se llama testamento ológrafo al escrito de puño y letra del testador.

Art. 751. Este testamento sólo podrá ser otorgado por las personas que tengan la capacidad de ejercicio, y para que surta efectos, deberá estar totalmente escrito por el testador y firmado por él, con expresión del día, mes y año en que se otorgue.

Los extranjeros podrán otorgar testamento ológrafo en su propio idioma.

Art. 752. Si contuviere palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, las salvará el testador bajo su firma.

La omisión de esta formalidad por el testador, sólo afecta a la validez de las palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, pero no al testamento mismo.

Art. 753. El testador hará por duplicado su testamento ológrafo e imprimirá en todas las hojas de cada ejemplar su huella digital; uno de los ejemplares, bajo cubierta cerrada que no pueda abrirse sin romperse, será depositado e inscrito en la sección correspondiente del Registro Público de la Propiedad y el otro, también cerrado en los mismos términos que el anterior y con la nota en la cubierta, de que se hablará después, será devuelto al testador. Este podrá poner en las cubiertas que contengan los testamentos los sellos, señales o marcas que estime necesarios para evitar violaciones.

Art. 754. El depósito en el Registro Público de la Propiedad se hará personalmente por el testador quien, si no es conocido del oficial registrador debe presentar dos testigos que lo identifiquen. En el documento que contenga el testamento, el testador, de su puño y letra, pondrá la siguiente leyenda: «Dentro de esta cubierta se halla mi testamento». La constancia será firmada por el testador y por el oficial registrador.

En caso de que intervengan testigos de identificación, también firmarán.

Art. 755. En la cubierta cerrada que contenga el duplicado del testamento ológrafo se pondrá la siguiente leyenda extendida por el oficial registrador: «Recibí el documento cerrado que el C... afirma contiene original de su testamento ológrafo, del cual, según su afirmación, existe dentro de esta cubierta un duplicado», se pondrá luego el lugar y fecha en que se extienda la constancia que será firmada por el oficial registrador, poniéndose también al calce la firma del testador y de los testigos de identificación, cuando intervengan.

Art. 756. Cuando el testador estuviere imposibilitado para hacer personalmente el depósito de su testamento en las oficinas del Registro Público de la Propiedad, el oficial registrador deberá concurrir al lugar donde aquél se encontrare, para cumplir las solemnidades del depósito.

Art. 757. Hecho el depósito, el oficial del Registro tomará razón de él en el libro respectivo, a fin de que el testamento pueda ser identificado, y conservará un ejemplar bajo su directa responsabilidad hasta que proceda hacer su entrega al mismo testador o al juez competente.

Art. 758. En cualquier tiempo el testador tendrá derecho de retirar del archivo, personalmente o por medio de mandatario, con mandato otorgado en escritura pública, el testamento depositado; haciéndose constar la entrega en acta que firmarán el testador o el mandatario y el oficial registrador.

Art. 759. El juez ante quien se promueva un juicio sucesorio pedirá informe al oficial del Registro Público de la Propiedad del lugar, acerca de si en su oficina se ha depositado algún testamento ológrafo del autor de la sucesión, para que en caso de que así sea, se le remita el testamento.

Art. 760. El que guarde en su poder el duplicado de un testamento o cualquiera que tenga noticia de que el autor de una sucesión ha depositado algún testamento ológrafo lo comunicará al juez competente, quien pedirá al oficial de la oficina del Registro Público de la Propiedad en que se encuentre el testamento, que se le remita.

Art. 761. Recibido el testamento, el juez examinará la cubierta que lo contiene para cerciorarse de que no ha sido violada, hará que los testigos de identificación que residieren en el lugar, reconozcan sus firmas y la del testador, y en presencia del Ministerio Público, de los que se hayan presentado como interesados y de los mencionados testigos, abrirá la cubierta que contiene el testamento. Si éste llena los requisitos mencionados en el artículo 751, y queda comprobado que es el mismo que depositó el testador, se declarará existente y válido el testamento de éste.

Art. 762. Sólo cuando el ejemplar depositado e inscrito haya sido destruido o robado, se tendrá como testamento el duplicado, procediéndose para su apertura como se dispone en el artículo que precede.

Art. 763. El testamento ológrafo quedará sin efecto cuando el ejemplar depositado e inscrito o el duplicado, en su caso, estuviere roto o la cubierta que los cubre resultare abierta, rota, alterada, falsificada o inutilizada por cualquier otro medio, o las firmas que lo autoricen aparecieren borradas, raspadas o con enmendaduras, aun cuando el contenido del testamento no sea vicioso.

Art. 764. El oficial del Registro Público de la Propiedad no proporcionará informes acerca del testamento ológrafo depositado en su oficina, sino al mismo testador o a jueces competentes que oficialmente se lo pidan, so pena de ser destituido de su cargo.

Capítulo V
Del testamento privado

Art. 765. El testamento privado sólo está permitido en los casos siguientes:

I. Cuando el testador es atacado de una enfermedad o se encuentra en peligro tan violento y grave que no dé tiempo para que haga testamento en alguna de las formas a que se refieren los capítulos II, III y IV de este título;

II. Cuando no haya notario público en la población o juez que actúe por receptoría;

III. Cuando, aunque haya notario o juez en la población, sea imposible, o por lo menos muy difícil, que concurran al otorgamiento del testamento;

IV. Cuando los militares o asimilados del ejército entren en campaña o se encuentren prisioneros de guerra.

Art. 766. El testador que se encuentre en el caso de hacer testamento privado, declarará en presencia de cinco testigos idóneos su última voluntad, que uno de ellos redactará por escrito, si el testador no puede o no sabe escribir.

Art. 767. No será necesario hacer por escrito el testamento, cuando ninguno de los testigos pueda o sepa escribir, y en los casos de suma urgencia.

Art. 768. En los casos de suma urgencia bastarán tres testigos idóneos.

Art. 769. Al otorgarse el testamento privado se observarán en su caso las disposiciones contenidas en los artículos del 712 al 719, en lo conducente.

Art. 770. El testamento privado sólo surtirá sus efectos si el testador fallece de la enfermedad o en el peligro en que se hallaba, o dentro de un mes de desaparecida la causa que lo autorizó.

Art. 771. El testamento privado necesita, además, para su eficacia, que se haga la declaración a que se refiere el artículo 774, teniendo en cuenta las declaraciones de los testigos que firmaron u oyeron, en su caso, la voluntad del testador.

Art. 772. La declaración a que se refiere el artículo anterior será pedida por los interesados dentro de los 90 días siguientes a aquel en que supieron la muerte del testador y la forma de su disposición.

Art. 773. Los testigos que concurran a un testamento privado deberán declarar circunstanciadamente:

I. El lugar, la hora, el día, el mes y el año en que se otorgó el testamento;

II. Si reconocieron, vieron y oyeron claramente al testador;

III. El tenor de la disposición;

IV. Si el testador a juicio del testigo se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales;

V. El motivo por el que se otorgó el testamento privado;

VI. Si saben que el testador falleció o no de la enfermedad o en el peligro en que se hallaba.

Art. 774. Si los testigos fueren idóneos y estuvieren conformes en todas y cada una de las circunstancias enumeradas en el artículo que precede, el juez declarará la existencia y validez del testamento privado de la persona de quien se trate.

Art. 775. Si después de la muerte del testador muriese alguno de los testigos, se hará la declaración con los restantes, con tal de que no sean menos de tres, manifiestamente contestes e idóneos.

Art. 776. Lo dispuesto en el artículo anterior se observará también en el caso de ausencia de alguno o algunos de los testigos, siempre que en la falta de comparecencia del testigo no hubiere dolo.

Art. 777. Sabiéndose el lugar donde se hallan los testigos, serán examinados por exhorto.

Capítulo VI
De los testamentos militar, marítimo, aéreo y hecho en país extranjero

Art. 778. En el Estado de Zacatecas producen efectos jurídicos los testamentos militar, marítimo, aéreo y el hecho en país extranjero, si se ajustan a las disposiciones de este Código, del Código Civil de aplicación federal y a las disposiciones federales relativas.

TÍTULO CUARTO
De la sucesión legítima

Capítulo I
Disposiciones generales

Art. 779. La herencia legítima se abre:

I. Cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo, caducó o ha sido declarado inoficioso;

II. Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes;

III. Cuando no se haya realizado o no pueda realizarse la condición suspensiva impuesta al heredero;

IV. Cuando el heredero muere antes que el testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar, sin que se haya nombrado sustituto;

V. Cuando el testamento no contiene institución de heredero o legatario.

Art. 780. Cuando siendo válido el testamento no deba sustituir la institución de heredero o legatario, subsistirán sin embargo, las demás disposiciones hechas en él; y la sucesión legítima sólo comprenderá los bienes que debían corresponder al heredero o legatario instituido.

Art. 781. Si el testador dispone legalmente sólo de una parte de sus bienes, el resto de ellos forma la sucesión legítima.

Art. 782. Tienen derecho a heredar por sucesión legítima:

I. Los descendientes, cónyuge o concubino, ascendientes y parientes colaterales dentro del cuarto grado;

II. A falta de los anteriores, la Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas»;

III. El Estado, por conducto de su Secretaría de Educación Pública y Servicio Social.

Art. 783. El parentesco por afinidad no da derecho a heredar.

Art. 784. Los parientes más próximos excluyen a los más remotos, salvo lo dispuesto en los artículos 788, 796 y 807.

Art. 785. Los parientes que se hallaren en el mismo grado, heredarán por partes iguales.

Capítulo II
De la sucesión de los descendientes

Art. 786. Si a la muerte de los padres quedaren sólo hijos, la herencia se dividirá entre todos por partes iguales.

Art. 787. Cuando concurran descendientes con el cónyuge o concubina o concubinario que sobrevivan, a éstos les corresponderá la porción de un hijo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 802.

Art. 788. Si quedaren hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpe, lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijos fallecidos antes que el autor de la herencia, incapaces de heredar o que hubiesen renunciado a la herencia.

Art. 789. Si sólo quedaren descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá por estirpes; y si en algunas de éstas hubiere varios herederos, la porción que a ella corresponda, se dividirá por partes iguales.

Art. 790. Concurriendo hijos con ascendientes, éstos sólo tendrán derecho a alimentos, los que se fijarán de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 571, 573 y 575 de este Código.

Art. 791. El adoptado hereda como un hijo, pero no hay derecho de sucesión entre el adoptado y los parientes del adoptante.

Art. 792. Concurriendo padres adoptantes y descendientes del adoptado, los primeros sólo tendrán derecho a alimentos, siendo aplicable lo dispuesto en el artículo 790 de este ordenamiento.

Capítulo III
De la sucesión de los ascendientes

Art. 793. A falta de descendientes, de cónyuge o concubina o concubinario, sucederán el padre y la madre por partes iguales.

Art. 794. Si sólo hubiere padre o madre, el que viva sucederá al hijo en toda la herencia.

Art. 795. Si sólo hubiere ascendientes de ulterior grado por una línea, se dividirán la herencia por partes iguales.

Art. 796. Si hubiere ascendientes por ambas líneas, se dividirá la herencia en dos partes iguales y se aplicará una a los ascendientes de la línea paterna y otra a los de la materna. Siendo aplicable el artículo 784.

Art. 797. Los miembros de cada línea y en el mismo grado, en el caso del artículo anterior, dividirán entre ellos por partes iguales, la porción que a la línea corresponda.

Art. 798. Concurriendo los adoptantes con ascendientes del adoptado, la herencia de éste se dividirá por partes iguales entre los adoptantes y los ascendientes.

Art. 799. Si concurre el cónyuge del adoptado con los adoptantes, las dos terceras partes de la herencia corresponden al cónyuge y la otra tercera parte a los que hicieron la adopción.

Art. 800. Los ascendientes naturales tienen derecho de heredar a sus descendientes reconocidos en los términos de este capítulo.

Art. 801. Si el reconocimiento se hace después de que el descendiente haya adquirido bienes cuya cuantía, teniendo en cuenta las circunstancias personales del que reconoce, haga suponer, fundadamente, que motivó el reconocimiento, ni el que reconoce, ni sus descendientes, tienen derecho a la herencia del reconocido. El que reconoce tiene derecho a alimentos, en el caso de que el reconocimiento lo haya hecho cuando el reconocido tenía derecho a percibir alimentos.

Capítulo IV
De la sucesión del cónyuge

Art. 802. El cónyuge que sobrevive, concurriendo con descendientes, tendrá el derecho de un hijo.

Art. 803. Si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes éstos sólo tendrán derecho a alimentos siendo aplicable lo señalado en el artículo 790.

Art. 804. Si el cónyuge que sobrevive concurre con uno o más hermanos del autor de la sucesión, éstos últimos sólo tendrán derecho a alimentos, siendo aplicable lo dispuesto en la última parte del artículo 790.

Art. 805. A falta de descendientes, ascendientes y hermanos, el cónyuge sucederá en todos los bienes.

Capítulo V
De la sucesión de los colaterales

Art. 806. Si sólo hay hermanos sucederán por partes iguales.

Art. 807. Si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de medios hermanos, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpes.

Art. 808. A falta de hermanos sucederán sus descendientes dividiéndose la herencia por estirpes y la porción de cada estirpe por cabeza.

Art. 809. A falta de los llamados en los artículos anteriores sucederán los parientes más próximos dentro del cuarto grado y heredarán por partes iguales.

Capítulo VI
De la sucesión de los concubinos

Art. 810. La persona con quien el autor de la herencia vivió como si fuera su cónyuge dentro de los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato, tiene derecho a heredar conforme a las reglas establecidas en el capítulo IV de este título.

Si al morir el autor de la herencia hacía vida marital con varias personas en las condiciones mencionadas en el artículo precedente, ninguna de ellas heredará.

Capítulo VII
De la sucesión de la Universidad Autónoma de Zacatecas y del Estado

Art. 811. A falta de todos los herederos citados en la fracción I del artículo 782, heredará la Universidad Autónoma de Zacatecas «Francisco García Salinas». Cuando por alguna circunstancia no pueda heredar la Universidad Autónoma de Zacatecas, heredará el mismo Estado, quien estará obligado a dedicar los bienes de la sucesión a la educación pública.

Art. 812. Cuando sea heredera la Universidad Autónoma de Zacatecas o el Estado mismo y en la masa de los bienes sucesorios existan bienes raíces que una y otro no puedan adquirir conforme al artículo 27 de la Constitución, se venderán los bienes en pública subasta, antes de hacerse la adjudicación, aplicándose el precio que se obtuviere.

 

TÍTULO QUINTO
Disposiciones comunes a las sucesiones testamentaria y legítima

Capítulo I
De las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda o concubina queda encinta

Art. 813. Cuando a la muerte del autor de la sucesión, su viuda o concubina crean haber quedado encinta, lo pondrán en conocimiento del juez que conozca de la sucesión, dentro del término de cuarenta días, para que lo notifique a los que tengan derecho a la herencia, siempre que el derecho fuera de tal naturaleza que deba desaparecer o disminuir por el nacimiento del póstumo.

Art. 814. Los interesados a que se refiere el artículo anterior, pueden pedir al juez que dicte las providencias convenientes para evitar la suposición del parto, la sustitución del infante o que se haga pasar por viable la criatura que no lo sea.

El juez, al dictar las providencias a que se refiere el párrafo anterior, cuidará que con ellas no se ataque al pudor, dignidad o a la libertad de la viuda o concubina.

Art. 815. Háyase o no dado el aviso de que habla el artículo 813, al aproximarse la época del parto, la viuda o concubina deberá ponerlo en conocimiento del juez, para que lo haga saber a los interesados. Estos tienen el derecho de pedir que el juez nombre una persona que se cerciore de la realidad del alumbramiento, debiendo recaer el nombramiento en un médico o en una partera, cuyos títulos estén debidamente registrados.

Art. 816. Si el autor de la herencia reconoció en instrumento público o privado la certeza de la preñez de su consorte o concubina, estarán dispensadas éstas de dar el aviso a que se refiere el artículo 813, pero quedarán sujetas a cumplir con lo dispuesto en el artículo 815.

Art. 817. La omisión de la madre no perjudica la filiación del hijo, si por otros medios legales puede acreditarse.

Art. 818. La viuda o concubina que quedaren encinta, aun cuando tengan bienes, deberán ser alimentadas con cargo a la masa hereditaria.

Art. 819. Si la viuda o concubina no cumple con lo dispuesto en los artículos 813 y 815, podrán los interesados negarles los alimentos cuando tengan bienes, pero si por averiguaciones posteriores resultare cierta la preñez, se deberán abonar los alimentos que dejaron de pagarse.

Art. 820. La viuda o concubina no están obligadas a devolver, los alimentos percibidos, aun cuando haya habido aborto o no resultare cierta la preñez, salvo el caso en que ésta hubiere sido contradicha por dictamen pericial.

Art. 821. El juez decidirá de plano todas las cuestiones relativas a alimentos, conforme a los artículos anteriores, resolviendo en caso dudoso, en favor de la viuda o concubina.

Art. 822. Para cualesquiera de las diligencias que se practiquen conforme a lo dispuesto en este capítulo, deberán ser oídas la viuda o concubina.

Art. 823. La división de la herencia se suspenderá hasta que se verifique el parto o hasta que trascurra el término máximo de la preñez; mas los acreedores podrán ser pagados por mandato judicial.

Capítulo II
De la apertura y trasmisión de las herencias y legados

Art. 824. La sucesión se trasmite en el momento en que muere el autor de la herencia y cuando se declara la presunción de muerte de un ausente.

Art. 825. No habiendo albacea nombrado, cada uno de los herederos puede, si no ha sido instituido heredero de bienes determinados, reclamar la totalidad de la herencia que le corresponde conjuntamente con otros, sin que el demandado pueda oponer la excepción de que la herencia no le pertenece por entero.

Art. 826. Habiendo albacea nombrado, él deberá promover la reclamación a que se refiere el artículo precedente; y siendo moroso en hacerlo, los herederos tienen derecho de pedir su remoción.

Art. 827. El derecho de reclamar la herencia o legado prescribe en diez años y es trasmisible a los herederos.

Capítulo III
De la aceptación y repudiación de la herencia y legados

Art. 828. Pueden aceptar o repudiar la herencia o el legado todos los que tienen la libre disposición de sus bienes.

Art. 829. La herencia o legado dejado a los menores y demás incapacitados, será aceptada por sus representantes legales, quienes podrán también repudiarla con autorización judicial y previa audiencia del Ministerio Público.

Art. 830. La herencia o el legado dejado en común a los cónyuges, concubina o concubinario, será aceptada o repudiada por ambos y en caso de discrepancia puede aceptar uno y repudiar el otro en la porción que le corresponda. La porción que le correspondería al que repudió se adjudicará a las personas a quienes corresponda según las disposiciones de este Código.

Art. 831. La aceptación puede ser expresa o tácita. Es expresa, si el heredero o legatario acepta con palabras, por escrito, o por signos inequívocos; y tácita, si ejecuta algunos hechos o actos de los que se deduzca necesariamente la intención de aceptar; o aquéllos que no podría ejecutar sino en su calidad de heredero.

Art. 832. La aceptación o la repudiación de la herencia deben ser puras y simples. La aceptación y repudiación parciales son nulas.

Art. 833. Si los herederos no se convinieren sobre la aceptación o repudiación, podrán aceptar unos y repudiar otros.

Art. 834. Si el heredero o legatario fallece sin aceptar o repudiar la herencia o el legado, el derecho de hacerlo se trasmite a sus sucesores.

Art. 835. Los efectos de la aceptación o repudiación de la herencia o legado, se retrotraen siempre al momento de la muerte de la persona a quien se sucede

Art. 836. La repudiación debe ser expresa y por escrito ante el juez que conozca de la sucesión, o por medio de instrumento público otorgado ante notario, cuando el heredero o legatario no se encuentre en el lugar del juicio.

Art. 837. La repudiación de la herencia no priva al que la hace del derecho de reclamar los legados que se le hubieren dejado.

Art. 838. El que es llamado a una misma herencia por testamento y abintestato, y la repudia por el primer título, se entiende haberla repudiado por ambos.

Art. 839. El que repudia el derecho de suceder por intestado, sin tener noticia de un título testamentario, puede, en virtud de éste, aceptar la herencia o legado.

Art. 840. Ninguno puede repudiar la sucesión de persona viva, ni enajenar los derechos que eventualmente pueda tener a su herencia.

Art. 841. Nadie puede aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de aquél de cuya herencia o legado se trata.

Art. 842. Conocida la muerte de aquél a quien se sucede, se puede repudiar la herencia o el legado dejados bajo condición, aunque ésta no se haya cumplido.

Art. 843. Las personas jurídicas colectivas capaces de adquirir pueden, por conducto de sus representantes legales, aceptar o repudiar la herencia o el legado; pero tratándose de instituciones oficiales no pueden repudiar sin aprobación judicial, previa audiencia del Ministerio Público.

Los organismos públicos no pueden aceptar ni repudiar, sin aprobación de la autoridad administrativa superior, de la que dependan.

Art. 844. Cuando alguno tuviere interés en que el heredero o legatario declare si acepta o repudia la herencia o el legado, podrá pedir, pasados nueve días de la apertura de ésta, que el juez fije al heredero o legatario un plazo, que no excederá de quince días, para que dentro de él haga su declaración, apercibido de que si no la hace se tendrá la herencia o legado por aceptados.

Art. 845. La aceptación y repudiación una vez hechas, son irrevocables.

Art. 846. El heredero o legatario pueden revocar la aceptación o repudiación cuando por un testamento desconocido al tiempo de su declaración, se altere el derecho del heredero o legatario por cualquier circunstancia.

Art. 847. En el caso del artículo anterior, si el heredero o legatario revocan la aceptación, devolverán todo lo que hubieren percibido, observándose, respecto de los frutos, las reglas relativas a los poseedores.

Art. 848. Si el heredero o legatario repudia la herencia en perjuicio de sus acreedores, pueden éstos pedir al juez que los autorice para aceptar a nombre de aquél.

Art. 849. En el caso del artículo anterior, la aceptación sólo aprovechará a los acreedores por lo que toca al pago de sus créditos; si la herencia o legado excedieran del importe de éstos, el exceso pertenecerá a quien llame la Ley y en ningún caso al que hizo la repudiación.

Art. 850. Los acreedores cuyos derechos fueren posteriores a la repudiación, no podrán ejercer el derecho a que se refiere el artículo 848.

Art. 851. El que por la repudiación de la herencia o legado, debe entrar en él, podrá impedir que la acepten los acreedores, pagando a éstos los créditos que tienen contra el que repudió.

Art. 852. El que a instancias de un legatario o acreedor hereditario, haya sido declarado heredero o legatario, será considerado como tal por todos los demás, sin necesidad de nuevo juicio.

Art. 853. La aceptación en ningún caso produce confusión de los bienes del autor de la herencia y de los herederos o legatarios, porque toda herencia o legado se entiende aceptada a beneficio de inventario, aunque no se exprese.

Capítulo IV
De los albaceas

Art. 854. Pueden ser albaceas las personas que tengan la capacidad general para contratar y obligarse y a las que este Código no prohíba expresamente el ejercicio del cargo.

Art. 855. No pueden ser albaceas, excepto en el caso de ser herederos únicos:

I. Los magistrados y jueces que tengan competencia en el lugar en que se radique la sucesión;

II. Los que por sentencia ejecutoriada hubieren sido removidos anteriormente del cargo de albacea;

III. Los que hayan sido condenados por sentencia ejecutoriada por delitos contra la propiedad;

IV. Los que no tengan oficio o modo de vivir conocido o sean notoriamente de mala conducta.

Art. 856. El testador puede nombrar uno o más albaceas.

Art. 857. Cuando el testador no hubiese designado albacea o el nombrado no desempeñare el cargo, los herederos elegirán albacea por mayoría de votos.

Art. 858. La mayoría se calculará por el importe de las porciones y no por el número de las personas.

Cuando quienes voten por una misma persona, excedan en número de las dos terceras partes del total de votantes, deberán prevalecer aun cuando sus intereses sumados no constituyan mayoría de porciones.

Si habiendo tres o más proposiciones, no se estuviere en el caso a que se refiere el párrafo anterior y la mayoría de intereses se encuentre formada por personas que no constituyan a la vez mayoría de número, ni sean, por lo menos, una cuarta parte del total de votantes, el juez hará el nombramiento.

Art. 859. Si no se registrare mayoría, el albacea será nombrado por el juez, de entre los propuestos. Igualmente tendrá derecho para registrar su copia del contrato de arrendamiento ante la autoridad competente del municipio en que se encuentre ubicado el inmueble;

h) El arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación no termina por la muerte del arrendador ni por la del arrendatario, sino sólo por los motivos establecidos en las leyes.

Art. 860. Lo dispuesto en los dos artículos que preceden, se observará también en los casos de intestado y cuando el albacea nombrado falte, sea por la causa que fuere. Con exclusión de cualquier otra persona, el cónyuge, el concubinario o la concubina, los hijos, los ascendientes en línea consanguínea o por afinidad del arrendatario fallecido se subrogarán en los derechos y obligaciones de éste, en los mismos términos del contrato, siempre y cuando hubieran habitado real y permanentemente el inmueble en vida del arrendatario.

No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior a las personas que ocupen el inmueble como subarrendatarias, cesionarias o por otro título semejante que no sea la situación prevista en este artículo;

Art. 861. El heredero que fuere único, será albacea si no hubiera sido nombrado otro en el testamento. i) Para los efectos de este capítulo, el arrendatario, si está al corriente en el pago de la renta tendrá derecho a que, en igualdad de condiciones, se le prefiera a otro interesado en el nuevo arrendamiento del inmueble. Asimismo, tendrá el derecho del tanto en caso de que el propietario quiera vender la finca arrendada;

Si es incapaz o no puede desempeñar el cargo, lo hará su representante legal. j) El ejercicio del derecho del tanto se sujetará a las siguientes reglas:

I. En todos los casos el propietario deberá dar aviso en forma indubitable al arrendatario de su deseo de vender el inmueble, precisando el precio, términos, condiciones y modalidades de la compraventa;

Art. 862. Cuando no haya heredero, o el nombrado no entra en la herencia, el juez nombrará al albacea, si no hubiere legatarios. II. El o los arrendatarios dispondrán de quince días para notificar en forma indubitable al arrendador su voluntad de ejercitar el derecho del tanto en los términos y condiciones de la oferta;

III. En caso de que el arrendador cambie cualquiera de los términos de la oferta inicial estará obligado a dar un nuevo aviso en forma indubitable al arrendatario, quien a partir de ese momento dispondrá de un nuevo plazo de quince días para los efectos del párrafo anterior. Si el cambio se refiere al precio, el arrendador sólo está obligado a dar este nuevo aviso cuando el incremento o decremento del mismo sea de más de un diez por ciento;

Art. 863. En el caso del artículo anterior, si hay legatario, el albacea será nombrado por éstos. IV. Tratándose de bienes sujetos al régimen de propiedad en condominio, se aplicarán las disposiciones de la Ley de la materia;

V. Los notarios deberán cerciorarse del cumplimiento de este artículo previamente a la autorización de la escritura de compraventa;

Art. 864. El albacea nombrado conforme a los dos artículos que preceden, durará en su encargo mientras que, declarados los herederos legítimos, éstos hacen la elección de albacea. VI. La compraventa y su escrituración realizada en contravención de lo dispuesto en este artículo serán nulas de pleno derecho y los notarios incurrirán en responsabilidad en los términos de la Ley de la materia. La acción de nulidad a que se refiere esta fracción prescribe a los seis meses contados a partir de que el arrendatario tuvo conocimiento de la realización del contrato.

En caso de que el arrendatario no dé el aviso a que se refieren las fracciones I y III de este artículo precluirá su derecho;

Art. 865. Cuando toda la herencia se distribuya en legados, los legatarios nombrarán al albacea. k) El propietario no puede rehusar como fiador a una persona que reúna los requisitos exigidos por la Ley para que sea fiador.

Tratándose del arrendamiento de viviendas de interés social, es potestativo para el arrendatario dar fianza o sustituir esa garantía con el depósito de tres meses de renta;

Art. 873. Pueden excusarse de ser albaceas:

I. Los empleados y funcionarios públicos;

II. Los militares en servicio activo;

III. Los que fueren tan pobres que no puedan atender al albaceazgo sin menoscabo de su subsistencia;

IV. Los que por el mal estado habitual de salud o por no saber leer y escribir, no pudieran atender debidamente el albaceazgo;

V. Los que tengan a su cargo otro albaceazgo;

VI. Los mayores de setenta y cinco años.

Art. 874. El albacea que estuviere ejerciendo el cargo mientras se decide sobre su excusa, debe desempeñarlo, bajo la pena establecida en el artículo 871.

Art. 875. El albacea no podrá delegar el cargo que ha recibido, ni por su muerte pasa a sus herederos; pero no está obligado a obrar personalmente, ya que puede hacerlo por mandatarios que obren bajo sus órdenes, respondiendo de los actos de éstos.

Art. 876. El albacea universal está obligado a entregar al especial las cantidades o bienes necesarios para que cumpla la parte del testamento que estuviere a su cargo.

Art. 877. Si el cumplimiento del legado dependiere de un término o condición suspensiva, podrá el albacea universal retener el bien o cantidad legada, dando garantía a satisfacción del legatario o del albacea especial, de que la entrega se hará a su debido tiempo.

Art. 878. El albacea especial podrá también, a nombre del legatario, exigir la constitución de la hipoteca necesaria.

Art. 879. El derecho a la posesión de los bienes hereditarios se trasmite, por ministerio de la Ley, a los herederos y a los albaceas universales, desde el momento de la muerte del autor de la herencia, salvo lo dispuesto en el artículo respectivo de la Ley de la materia.

Art. 880. El albacea universal debe deducir todas las acciones que correspondan a la copropiedad hereditaria.

Art. 881. Son obligaciones del albacea universal:

I. La presentación del testamento;

II. El aseguramiento de los bienes de la herencia;

Art. 866. El albacea podrá ser universal o especial. Los albaceas universales deben cumplir todas las disposiciones testamentarias y representar a la sucesión. Los especiales deben cumplir las disposiciones testamentarias para las que se les designó. Los universales pueden ser testamentarios, legítimos o dativos. Los especiales sólo testamentarios.

Art. 867. Cuando fueren varios los albaceas nombrados, el albaceazgo será ejercido por cada uno de ellos sucesivamente, en el orden en que hubiesen sido designados, a no ser que el testador hubiese dispuesto expresamente que se ejerza conjuntamente por todos los nombrados, pues en este caso su responsabilidad será solidaria. Para que exista mancomunidad entre los albaceas, se requerirá expresa disposición del testador.

Art. 868. Cuando los albaceas fueren conjuntos, sólo existirán y valdrán los actos que hagan de consuno, los que haga uno de ellos legalmente autorizado por los demás, o los que en caso de disidencia, acuerde el mayor número. Si no hubiese mayoría decidirá el juez.

Los albaceas solidarios podrán actuar individualmente bajo su exclusiva responsabilidad.

Art. 869. En los casos de suma urgencia, puede uno de los albaceas conjuntos practicar, bajo su responsabilidad personal, los actos que fuesen necesarios, dando cuenta inmediatamente a los demás.

Art. 870. El cargo de albacea es voluntario; pero el que lo acepte, contrae la obligación de desempeñarlo.

Art. 871. El albacea que renuncia sin justa causa, perderá lo que le hubiese dejado el testador. Lo mismo sucederá cuando la renuncia sea por justa causa, si lo que se deja al albacea es con el exclusivo objeto de remunerarlo por el desempeño del cargo.

Art. 872. El albacea que presentare excusas, deberá hacerlo dentro de los diez días siguientes a aquel en que se le comunicó su nombramiento, si éste le era conocido dentro de los diez días siguientes a aquel en que tuvo noticia de la muerte del testador. Si presentare sus excusas fuera del plazo señalado, responderá de los daños y perjuicios que ocasionare. Entiéndese por casos fortuitos extraordinarios; incendio, guerra, peste, inundación insólita, langosta, terremoto u otro acontecimiento igualmente desacostumbrado y que los contratantes no hayan podido razonablemente prever.

En estos casos el precio del arrendamiento se rebajará proporcionalmente al monto de las pérdidas sufridas. Las disposiciones de este artículo no son renunciables.

III. La formación de inventarios y avalúos;

IV. La administración de los bienes y la rendición de las cuentas del albaceazgo;

V. El pago de las deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias;

VI. Elaborar el proyecto de partición y solicitar la adjudicación de los bienes entre los herederos y legatarios;

VII. La defensa en juicio y fuera de él, así de la herencia como de la validez del testamento;

VIII. La de representar a la sucesión en todos los juicios que hubieren de promoverse en su nombre o que se promovieren contra ella;

IX. Las demás que le imponga la Ley.

Art. 882. Los albaceas, dentro de los quince días siguientes a la aprobación del inventario y avalúo, propondrán al juez la distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios, señalando la parte de ellos que cada bimestre deberá entregarse a los herederos y legatarios.

El juez, observando el procedimiento fijado por el Código de Procedimientos Civiles, aprobará o modificará la proposición hecha.

El albacea que no presente la proposición de que se trata, o que durante dos bimestres consecutivos, sin justa causa, no cubra a los herederos o legatarios lo que les corresponda, será separado del cargo a solicitud de cualquiera de los interesados.

Art. 883. El albacea también está obligado, dentro de los tres meses contados desde que acepte su nombramiento, a garantizar el correcto manejo del caudal hereditario con fianza, hipoteca o prenda, a su elección, según el monto del caudal hereditario y sus posibilidades económicas, a juicio del juez.

Art. 884. Cuando el albacea fuere coheredero y su porción bastare para garantizar, conforme a lo dispuesto en el artículo que precede, no estará obligado a prestar garantía especial. Si quisiere enajenar sus derechos deberá otorgar previamente otra garantía, a satisfacción del órgano jurisdiccional que conozca de la sucesión.

Art. 885. El testador no puede liberar al albacea de la obligación de otorgar la garantía a que se refiere el artículo 883, pero los herederos, sean testamentarios o legítimos tienen el derecho de dispensar al albacea del cumplimiento de esta obligación.

Art. 886. Si el albacea ha sido nombrado en testamento y lo tiene en su poder, debe presentarlo dentro del plazo señalado en los artículos 708 y 709 bajo las sanciones que en los mismos se establecen.

Art. 887. El albacea debe formar el inventario y avalúo dentro del término señalado por el Código de Procedimientos Civiles. Si no lo hace, será removido.

Art. 888. El albacea, antes de formar el inventario y avalúo, no permitirá la extracción de bien alguno, si no es que conste que es de propiedad ajena, por el mismo testamento, por instrumento público o por cualquier otra forma indubitable.

Art. 889. Cuando la propiedad de bien ajeno conste por medios diversos de los enumerados en el artículo que precede, el albacea se limitará a poner al margen del inventario y avalúo respectivos, una nota que indique la supuesta pertenencia del bien ajeno para que la propiedad de discuta en el juicio correspondiente.

Art. 890. La infracción de los dos artículos anteriores, hará responsable al albacea de los daños y perjuicios.

Art. 891. El albacea, dentro del primer mes de ejercer su cargo, fijará, de acuerdo con la mayoría de los herederos, la cantidad que hubiere de emplearse en los gastos de administración, el número y los sueldos de los trabajadores.

Art. 892. Si para el pago de una deuda o de otro gasto urgente, fuere necesario vender algunos bienes, el albacea deberá hacerlo, con acuerdo unánime de los herederos, y si esto no fuere posible, con aprobación judicial.

Art. 893. La venta de bienes hereditarios para el pago de deudas y legados, se hará en pública subasta a no ser que la mayoría de los interesados acuerden otra cosa, o la autorice el juez.

Art. 894. La mayoría de los interesados, o la autoridad judicial, en su caso, determinarán la aplicación que hubiere de darse al producto de los bienes vendidos.

Art. 895. Lo dispuesto en el Código de la Familia respecto de los tutores para la enajenación de bienes, se observará también respecto de los albaceas.

Art. 896. El albacea no puede gravar ni hipotecar los bienes, sin el consentimiento unánime de los herederos o de los legatarios, en su caso.

Art. 897. El albacea no puede transigir ni comprometer en árbitros los negocios de la herencia, sino con el consentimiento unánime de los herederos.

Art. 898. El albacea sólo puede dar en arrendamiento hasta por un año los bienes de la herencia. Para arrendarlos por mayor tiempo, necesita del consentimiento unánime de los herederos o de los legatarios, en su caso.

Art. 899. El albacea está obligado a rendir cuentas de su administración cada seis meses, o antes si por cualquier motivo dejare de ser albacea; debiendo, además, rendir la cuenta general de albaceazgo dentro de los quince días siguientes a la fecha en que concluya su gestión.

Art. 900. Las cuentas de albaceazgo, a más de lo relativo a la mera administración del caudal hereditario, deberán referirse a los pagos que se hubieren hecho por concepto de créditos o legados y cuanto se refiere a la gestión del albacea que afecte los bienes o derechos correspondientes a la sucesión.

Art. 901. La obligación que de rendir cuentas tiene el albacea, pasa a sus herederos.

Art. 902. Son nulas las disposiciones por las que el testador dispensa al albacea de la obligación de hacer inventario y avalúo o de rendir cuentas.

Art. 903. Las cuentas deben ser aprobadas por todos los herederos; el que disienta podrá seguir, a su costa, el incidente o juicio respectivo, según se trate de cuenta de mera administración o de cuenta general de albaceazgo.

Art. 904. Cuando sea heredero el Estado, alguna institución pública educativa, o los herederos fueren incapaces, ausentes o desconocidos, intervendrá el Ministerio Público en la aprobación de las cuentas.

Art. 905. En la aprobación de las cuentas los interesados pueden celebrar los convenios que quieran.

En el caso que fueren varios los herederos inconformes, los convenios se harán por mayoría de votos.

Art. 906. El heredero o herederos que no hubiesen estado conformes con el nombramiento de albacea hecho por la mayoría, tienen derecho de nombrar un interventor que vigile la administración del albacea. Tal nombramiento se hará en su caso, por mayoría de votos.

Art. 907. Los interventores podrán realizar exámenes de las operaciones, documentación, registro y demás evidencias comprobatorias en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar la vigilancia del exacto cumplimiento del cargo de albacea.

Art. 908. El interventor no puede tener la posesión, ni aun interina, de los bienes hereditarios.

Art. 909. Debe nombrarse precisamente un interventor:

I. Siempre que el heredero esté ausente o no sea conocido;

II. Cuando la cuantía de los legados iguale o exceda la porción del heredero albacea;

III. Cuando se hagan legados para objetos o personas colectivas de beneficencia pública o privada.

Art. 910. Los interventores deben tener la capacidad general para contratar y obligarse.

Art. 911. Los interventores durarán mientras no se revoque su nombramiento.

Art. 912. Los interventores tendrán la retribución que acuerden los herederos que los nombren; y si los nombrare el juez, cobrarán conforme a arancel, como si fueren mandatarios.

Art. 913. Lo dispuesto en los artículos que preceden, no priva a cualquier heredero del derecho de examinar por sí mismo los libros, documentos, cuentas, etc., relacionados con la sucesión.

Art. 914. Los acreedores no podrán exigir el pago de sus créditos, sino hasta que el inventario y avalúo hayan sido formados, siempre que dichos actos se hayan llevado a efecto dentro del plazo señalado por la Ley de la materia, ni los legatarios el de sus legados, sino cuando dicho inventario y avalúo hayan sido aprobados.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos previstos en los artículos 935 y 938 y aquellas deudas sobre las cuales hubiere juicio pendiente al abrirse la sucesión.

Art. 915. Los gastos hechos por el albacea en el cumplimiento de su cargo, incluso los honorarios de abogado y procurador, que hubiese ocupado, se pagarán de la masa de la herencia.

Art. 916. El albacea debe cumplir su encargo dentro de un año, contado desde su aceptación, o desde que terminen los litigios que se hubiesen promovido sobre la existencia, validez o nulidad del testamento.

Art. 917. Sólo por causa justificada, pueden los herederos prorrogar al albacea el plazo señalado en el artículo anterior, y la prórroga no excederá de un año. Para conceder dicha prórroga, se necesita el consentimiento de todos los herederos.

Art. 918. Para prorrogar el plazo del albaceazgo, es indispensable que se hubiesen aprobado las cuentas anuales del albacea.

Art. 919. El testador puede señalar al albacea la retribución que quiera.

Art. 920. Si el testador no señalare la retribución, el albacea cobrará el dos por ciento del importe líquido de los bienes de la herencia, y el cinco por ciento de los frutos de los bienes hereditarios.

Art. 921. El albacea tiene derecho de elegir entre lo que le deja el testador por el desempeño del cargo y lo que la Ley le concede por el mismo motivo.

Art. 922. Si fueren varios y obran conjuntamente los albaceas, la retribución se repartirá entre todos ellos; si fueren sucesivos, la repartición se hará en proporción al tiempo que cada uno haya administrado y al trabajo que hubiere tenido en la administración.

Art. 923. Si el testador legó conjuntamente a los albaceas algún bien, por el desempeño de su cargo, la parte de los que no admiten éste, acrecerá a los que lo ejerzan.

Art. 924. Los cargos de albacea e interventor acaban:

I. Por el término natural del encargo;

II. Por muerte;

III. Por incapacidad legal, declarada en forma;

IV. Por excusa en algunos de los casos a que se refiere el artículo 873;

V. Por terminar el plazo señalado por la Ley y las prórrogas concedidas para desempeñar el cargo;

VI. Por revocación de sus nombramientos, hecha por los herederos;

VII. Por remoción.

Art. 925. La revocación puede hacerse por los herederos, en cualquier tiempo, pero en el mismo acto debe nombrarse el sustituto.

Art. 926. Cuando el albacea haya recibido del testador algún encargo especial, además de seguir el juicio sucesorio, para hacer entrega de los bienes a los herederos, no quedará privado de aquel encargo por la revocación del nombramiento de albacea que hagan los herederos en tal caso, se considerará como especial y se aplicará lo dispuesto en el artículo 876.

Art. 927. Si la revocación se hace sin causa justificada, el albacea revocado tiene derecho de percibir lo que el testador le hubiese dejado por el desempeño del cargo, o el tanto por ciento que le corresponda conforme al artículo 920.

Art. 928. El albacea será removido en los casos expresamente señalados por la Ley:

I. Si no diere la garantía debida, dentro de los términos correspondientes, o enajenase los bienes con que acreditó su solvencia, sin otorgar antes nueva garantía;

II. Cuando no rinda cuentas dentro de los quince días siguientes al periodo a que dichas cuentas deben referirse;

III. Siempre que falte gravemente, a juicio del juez, al cumplimiento de sus obligaciones como albacea.

Art. 929. La remoción no tendrá lugar sino por sentencia firme pronunciada en el incidente respectivo promovido por parte legítima. En el caso de la fracción V del artículo 924, será necesaria la declaración del juez que conoce de la sucesión, la que deberá dictarse de plano.

Art. 930. El albacea que una vez haya ejercido el cargo y no haya concluido la sucesión durante el término, a que se refiere la fracción V del artículo 924, no podrá ser designado nuevamente para el mismo efecto sino por unanimidad de votos.

Capítulo V
Del inventario, avalúo y de la liquidación de la herencia

Art. 931. El albacea definitivo, dentro del término que fije el Código de Procedimientos Civiles, promoverá la formación del inventario y avalúo.

Art. 932. Si el albacea no cumpliere lo dispuesto en el artículo anterior o si promovida la formación de

inventarios y avalúos, no los presentare dentro del término respectivo, dará lugar a que haga una u otra cosas, según el caso, cualquiera de los herederos o legatarios interesados en la sucesión.

Art. 933. El inventario y avalúo se formarán según lo disponga el Código de Procedimientos Civiles. Si el albacea no los presenta dentro del término legal sin motivo justificado, será removido.

Art. 934. Concluidos y aprobados judicialmente el inventario y avalúo, el albacea procederá a la liquidación de la herencia.

Art. 935. En primer lugar, serán pagadas las deudas mortuorias, si no lo estuvieren ya, pues pueden pagarse antes de la formación del inventario y avalúo.

Art. 936. Se llaman deudas mortuorias, los gastos del funeral y los que se causaren en la última enfermedad del autor de la herencia.

Art. 937. Las deudas mortuorias se pagarán a cargo de la sucesión.

Art. 938. En segundo lugar, se pagarán los gastos de rigurosa conservación y administración de la herencia, así como los créditos alimenticios, que pueden también ser cubiertos antes de la formación del inventario.

Art. 939. En seguida, se pagarán las deudas hereditarias que fueren exigibles.

Art. 940. Se llaman deudas hereditarias las contraídas por el autor de la herencia, independientes de su última disposición, y de las que era responsable con todo su patrimonio.

Art. 941. Si hubiere pendiente algún concurso, el albacea no deberá pagar sino conforme a la sentencia de graduación de acreedores.

Art. 942. Los acreedores, cuando no haya concurso, serán pagados en el orden en que se presenten; pero si entre los no presentados hubiere algunos preferentes, se exigirá a los que fuesen pagados la caución de acreedor de mejor derecho.

Art. 943. El albacea, concluido el inventario y avalúo, no podrá pagar los legados sin haber cubierto o asignado bienes bastantes para pagar las deudas, conservando en los respectivos bienes los gravámenes especiales que tengan.

Art. 944. Los acreedores que se presenten después de pagados los legados, solamente tendrán acción contra los legatarios, cuando en la herencia no hubiere bienes bastantes para cubrir sus créditos.

Capítulo VI
De la partición

Art. 945. Aprobados el inventario, avalúo y las cuentas de albaceazgo, el albacea debe hacer en seguida el proyecto de partición de la herencia.

Art. 946. A ningún coheredero puede obligarse a permanecer en la indivisión de los bienes, ni aun por prevención expresa del testador.

Art. 947. Puede suspenderse la partición en virtud de convenio expreso de los interesados. Habiendo herederos incapaces, ausentes o inciertos entre ellos, deberá oírse al representante legal y al Ministerio Público; el auto en que se aprueba el convenio, determinará el tiempo que deba durar la indivisión.

Art. 948. Si el autor de la herencia dispone en su testamento que a algún heredero o legatario se les entreguen determinados bienes, el albacea, aprobado el inventario y avalúo, les entregará esos bienes, siempre que garanticen los mismos suficientemente el pago de los gastos y cargos generales de la herencia, en la proporción que les corresponda.

Art. 949. Si el autor de la herencia hiciere la partición de los bienes en su testamento, a ella deberá estarse, salvo derecho de tercero.

Art. 950. Si el autor de la sucesión no hubiese dispuesto cómo deben repartirse sus bienes y éstos forman una unidad agrícola, industrial, comercial o de cualquiera otra especie, habiendo entre los herederos agricultores, industriales, comerciantes, o de la especie a que se refieren los bienes, a ellos se aplicarán, siempre que puedan entregar en dinero a los otros coherederos, la parte que les corresponda. El precio de los bienes, se fijará por peritos.

Lo dispuesto en este artículo, no impide que los herederos celebren los convenios que estimen pertinentes.

Art. 951. Los coherederos, deben abonarse recíprocamente las rentas y frutos que cada uno haya recibido de los bienes hereditarios, los gastos útiles y necesarios y los daños ocasionados por su malicia o negligencia.

Art. 952. Si el testador hubiere legado alguna pensión o renta vitalicia, sin gravar con ella en particular a algún heredero o legatario, se separará un capital o fondo, que se entregará a la persona que deba percibir la pensión o renta, quien tendrá todas las obligaciones de mero usufructuario. Lo mismo se observará cuando se trate de las pensiones alimenticias a que se refiere el artículo 571.

Los herederos aportarán en proporción a su haber hereditario, para la formación del fondo, la cantidad que convengan o señale el juez.

Art. 953. En el proyecto de partición, se expresará la parte que del capital o fondo afecto a la pensión corresponderá a cada uno de los herederos, luego que aquella se extinga.

Art. 954. Cuando todos los herederos sean mayores y el interés del fisco esté cubierto, podrán los interesados separarse de la prosecución del juicio y adoptar los acuerdos que estimen convenientes para el arreglo y terminación de la testamentaría o del intestado.

Art. 955. Cuando haya incapaces, podrán separarse si están debidamente representados y el Ministerio Público da su conformidad. En este caso, los acuerdos que se tomen se denunciarán al juez, y éste, oyendo al Ministerio Público, dará su aprobación, si no se lesionan los derechos de los incapaces.

Art. 956. La partición constará siempre en instrumento público.

Art. 957. Los gastos de la partición, se rebajarán del fondo común; los que se hagan por el interés particular de alguno de los herederos o legatarios, se imputarán a su haber.

Capítulo VII
De los efectos de la partición

Art. 958. La partición legalmente hecha fija la porción de bienes hereditarios que corresponde a cada uno de los herederos y concreta en ella el derecho de propiedad, que de manera indirecta e indivisa tenía antes el adjudicatario en toda la masa de la herencia.

Art. 959. Cuando por causas anteriores a la partición, alguno de los coherederos sufriese evicción de todo o parte de su haber, los otros están obligados a indemnizarle de esta pérdida, en proporción a sus respectivos derechos hereditarios.

Art. 960. La porción que deberá pagarse al que pierda su parte, no será la que hubiese representado su haber primitivo, sino la que le corresponda, deduciendo del total de la herencia la parte perdida.

Art. 961. Si alguno de los coherederos estuviere insolvente, la cuota con que debía contribuir se repartirá entre los demás, incluso el que perdió su parte.

Art. 962. Los que pagaren por el insolvente, conservarán su acción contra él para cuando mejore su fortuna.

Art. 963. La obligación a que se refiere el artículo 959, sólo cesará en los casos siguientes:

I. Cuando se hubieren dejado al heredero bienes individualmente determinados, de los cuales es privado;

II. Cuando al hacerse la partición, los coherederos renuncien expresamente al saneamiento por causa de evicción, a ser indemnizados;

III. Cuando la pérdida fuere ocasionada por culpa del heredero que la sufra.

Art. 964. Si se adjudica como cobrable un crédito, los coherederos no responden de la insolvencia posterior del deudor hereditario; sólo son responsables de su solvencia al tiempo de hacerse la partición.

Art. 965. Por los créditos incobrables, no hay responsabilidad.

Art. 966. El heredero cuyos bienes hereditarios fueren embargados, o contra quien se pronunciare sentencia en juicio por causa de ellos, tiene derecho de exigir a sus coherederos que caucionen la responsabilidad que pueda resultarles, y en caso contrario, que se les prohíba enajenar los bienes que recibieron.

Capítulo VIII
De la rescisión y nulidad de las particiones

Art. 967. Las particiones pueden quedar sin efecto o anularse por las mismas causas que las obligaciones.

Art. 968. El heredero preterido tiene derecho de pedir la nulidad de la partición. Decretada ésta, se hará una nueva partición para que perciba la parte que le corresponde.

Art. 969. La partición hecha con un heredero falso, es nula en cuanto tenga relación con él; y la parte que se aplicó, se distribuirá entre los herederos.

Art. 970. Si hecha la partición, aparecieren algunos bienes omitidos en ella, se hará una división suplementaria, en la cual se observarán las disposiciones contenidas en este título.

LIBRO QUINTO
De las obligaciones

Primera parte
De las obligaciones en general

Disposiciones generales

Art. 971. La obligación es una relación jurídica que impone a una persona el deber de prestar a otra un hecho o una abstención, o el de dar una cosa o determinada cantidad de dinero.

El deudor debe cumplir su obligación teniendo en cuenta no sólo lo expresamente determinado en la Ley o en el acto jurídico que le sirva de fuente, sino también todo aquello que sea conforme a la naturaleza de la deuda contraída, a la buena fe, a los usos, costumbres y a la equidad.

El objeto de la obligación debe ser susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés legítimo del acreedor.

Art. 972. El acreedor puede optar, cuando la obligación no sea satisfecha voluntariamente, entre exigir el cumplimiento ejecutivo, mediante la intervención coactiva del Estado, cuando ella sea posible, o demandar el pago de los daños y perjuicios por concepto de indemnización compensatoria y moratoria, según previene este Código.

En las obligaciones recíprocas, ninguna parte incurre en mora si la otra no cumple o se allana a cumplir la obligación que sea a su cargo.

Cuando el acreedor exija el cumplimiento de la obligación, puede demandar también por el pago de daños y perjuicios moratorios.

Art. 973. Obligación personal es la que solamente liga a quien la contrae y a sus herederos. Estos últimos sólo quedarán obligados en los casos en que la relación jurídica sea trasmisible por herencia.

Son características jurídicas de las obligaciones reales, los siguientes principios: a) El que es primero en tiempo, es primero en Derecho; b) La acción persecutoria del bien; c) Que se extinguen por el abandono del bien por el sujeto que ejerce sobre el mismo un derecho real.

La obligación real es la que afecta a un sujeto de calidad de propietario o poseedor de un bien en tanto tenga tal carácter y se constituya en favor de aquel que tenga el derecho real sobre el mismo bien, a efecto de que pueda ejercer su facultad en toda la extensión y grado que la Ley establezca. Esta obligación pasa al nuevo adquirente o poseedor del bien, siguiendo a éste y obrando en consecuencia, en contra de aquel que lo tenga a título de poseedor originario.

TÍTULO PRIMERO
Fuente de las obligaciones

Capítulo I
De los hechos jurídicos

Art. 974. Son fuentes de las obligaciones los hechos y actos que, por disposición de la Ley, crean, trasfieren, modifican, conservan y extinguen facultades y deberes jurídicos, cuyo contenido sea una prestación de dar, hacer o no hacer, en favor de personas determinadas.

Art. 975. Hecho jurídico es todo acontecimiento realizado con o sin la participación o la acción del hombre, que sea supuesto por una norma jurídica, para producir consecuencias de Derecho, consistentes en crear, trasmitir, modificar, conservar o extinguir derechos o deberes jurídicos, o situaciones jurídicas concretas.

Los hechos jurídicos pueden ser privados o públicos; subjetivos, patrimoniales o no patrimoniales, o de interés social.

Los hechos jurídicos se clasifican en hechos naturales y hechos del hombre.

Art. 976. Los hechos naturales a su vez se subdividen en hechos simplemente naturales y hechos naturales relacionados con el hombre. Los primeros son todos los fenómenos de la naturaleza que se relacionan con las cosas u obran sobre las mismas, y producen consecuencias de Derecho; y los segundos, aquellos acontecimientos naturales relacionados con el hombre, en su nacimiento, vida, facultades o muerte, que a su vez originen consecuencias jurídicas.

Art. 977. Los hechos jurídicos del hombre a su vez se subdividen en hechos voluntarios, involuntarios y contra la voluntad.

Art. 978. Los hechos voluntarios se clasifican en lícitos e ilícitos. Son lícitos aquellos hechos voluntarios que, produciendo consecuencias de Derecho, se ejecutan sin dolo o culpa y no violan ni son contrarios a normas de orden o de interés público, sean éstas prohibitivas o imperativas, o a las buenas costumbres. Son ilícitos los hechos voluntarios que se llevan a cabo con dolo, culpa, falta de previsión o de cuidado, así como aquellos que por sí mismos o por las consecuencias que producen, violan o son contrarios a las normas de orden o de interés público, o a las buenas costumbres.

Art. 979. Los hechos involuntarios y los ejecutados por el hombre contra su voluntad, sólo producirán consecuencias de Derecho, cuando expresamente así lo declare la Ley en cada caso.

Art. 980. Para que se produzcan las consecuencias previstas en las normas de Derecho, los hechos jurídicos que se realicen deberán estar supuestos en ellas mismas o en otras normas aplicables.

Art. 981. Los hechos voluntarios a que se refiere este Código, sólo suponen la existencia de fenómenos volitivos manifestados a través de hechos exteriores, sin que se requiera la existencia de la intención o del fin en el sujeto, para producir consecuencias de Derecho, salvo los casos expresamente previstos en este mismo ordenamiento.

Art. 982. Las consecuencias de Derecho, cuando se trate de hechos voluntarios, se producen independientemente de la edad, la capacidad mental o el discernimiento del sujeto, salvo cuando la Ley exija alguno de dichos requisitos.

Art. 983. Cuando en los hechos voluntarios la Ley tome en cuenta la intención o fin del sujeto para que se produzcan las consecuencias de Derecho, se tratará de actos jurídicos en sentido estricto.

Art. 984. Salvo disposición expresa en contrario, cuando por hechos involuntarios o contra la voluntad se cause daño a otro, sólo se responderá con la indemnización correspondiente, si con el daño se enriqueció el autor del mismo, caso en el cual se aplicarán las disposiciones de este Código para el enriquecimiento sin causa.

Art. 985. Se entiende que el hecho jurídico se ejecuta en contra de la voluntad del sujeto, cuando éste lo lleva a cabo por coacción irresistible, al hallarse privado de la libertad, o cuando se vea compelido por caso fortuito o de fuerza mayor.

Capítulo II
De los actos jurídicos

Art. 986. Acto jurídico es toda declaración o manifestación de voluntad, hecha con el objeto de producir consecuencias de Derecho consistentes en crear, trasmitir, modificar, conservar o extinguir derechos o deberes jurídicos, situaciones jurídicas concretas, las que pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales.

Art. 987. Son elementos de existencia o constitutivos del acto jurídico, por consecuencia, los siguientes:

I. Que la declaración o manifestación de voluntad sea hecha con el objeto de producir determinadas consecuencias;

II. Que dichas consecuencias estén previstas y reguladas por el Derecho;

III. Que el o los objetos de la declaración o manifestación de voluntad, o de las consecuencias que con ella se pretendan, así como su motivo, fin o condición sean posibles física y jurídicamente.

Art. 988. Para que el acto jurídico sea válido, supuesta su existencia, se requieren:

I. La capacidad en el autor o autores del acto;

II. La ausencia de vicios en la voluntad;

III. La forma, cuando la Ley así lo exija; y

IV. La licitud en el objeto, motivo, fin o condición del acto.

Art. 989. La declaración o manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Es expresa cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos.

Es tácita cuando resulta de hechos o actos que la presupongan o que autoricen a presumirla, excepto en los casos en que por Ley o por convenio, la voluntad deba manifestarse expresamente.

Art. 990. Es posible físicamente el objeto del acto jurídico, cuando ninguna ley de la naturaleza se oponga a su realización o existencia.

Art. 991. Es posible jurídicamente el objeto del acto jurídico, cuando ninguna norma de Derecho constituya un obstáculo insuperable para su realización.

Art. 992. La capacidad es la aptitud concedida o reconocida por la Ley, para ser titular de derechos u obligaciones, o para hacer valer aquellos. Puede ser de goce o de ejercicio.

Art. 993. La capacidad de goce, consiste en la aptitud para ser titular de derechos u obligaciones, se adquiere por el nacimiento en lo que se refiere a las personas jurídicas individuales, o por disposición de la Ley respecto a las personas jurídicas colectivas; pero desde que el ser es concebido tratándose de personas individuales, entra bajo la protección de la Ley, en los términos que ésta lo señala.

Art. 994. La capacidad de ejercicio para celebrar actos jurídicos y hacer valer derechos se reconoce por la Ley a los mayores de edad en pleno uso de sus facultades mentales, a los menores emancipados en los casos declarados expresamente y a las personas jurídicas colectivas cuya autonomía no esté restringida al respecto por disposición legal o declaración judicial. La capacidad para testar se rige por las reglas especiales consignadas en este Código.

Art. 995. El que es hábil para celebrar actos jurídicos, puede hacerlo por sí o por medio de otro legalmente autorizado, excepto cuando la Ley declare que el acto es personalísimo.

Art. 996. Ninguno puede celebrar actos jurídicos a nombre de otro sin estar autorizado por él o por la Ley.

Art. 997. Los actos jurídicos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante, serán inexistentes, a no ser que la persona a cuyo nombre fueren celebrados los reconozca y acepte antes de que se retracte la otra parte, cuando el acto sea plurilateral. El reconocimiento y aceptación deben ser hechos con las mismas formalidades exigidas por la Ley para el acto. Si no se obtuvieren, el perjudicado tendrá derecho de exigir daños y perjuicios, a quien indebidamente celebró el acto.

Art. 998. La manifestación de voluntad no es válida en el acto jurídico, si ha sido dada por error, arrancada por violencia o sorprendida por dolo.

Art. 999. El error de Derecho o de hecho invalida el acto jurídico cuando recae sobre el motivo determinante de la voluntad del autor o autores del mismo, si en el acto de la celebración se declara ese motivo o si se prueba por las circunstancias del acto, que éste se celebró en el falso supuesto que lo motivó y no por otra razón.

Art. 1000. El error de cálculo sólo da lugar a que se rectifique.

Art. 1001. Se entiende por dolo en los actos jurídicos, cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él al autor o autores de dichos actos; y por mala fe, la disimulación del error, una vez conocido.

Art. 1002. El dolo o mala fe de alguno de los autores del acto jurídico y el dolo que provenga de un tercero, sabiéndolo aquél, anulan el acto, si han sido el motivo determinante del mismo.

Art. 1003. Si todas las partes en un acto jurídico proceden con dolo, ninguna de ellas puede alegar la nulidad del acto ni reclamar indemnización, quedando a salvo los derechos de terceros para tales fines.

Art. 1004. Es nulo el acto celebrado bajo el imperio de la violencia, ya provenga ésta de alguna de las partes, ya de un tercero, interesado o no en el acto.

Art. 1005. Hay violencia cuando se emplea fuerza física o amenaza que importen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud, o una parte considerable de los bienes del autor del acto, de su cónyuge, de sus ascendientes, de sus descendientes, de sus parientes colaterales dentro del cuarto grado, o de las personas unidas por íntimos y estrechos lazos de amistad o de afecto, con el citado autor del acto, a juicio del juez.

Art. 1006. El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar la voluntad.

Art. 1007. Las consideraciones generales que uno de los autores del acto expusiere sobre los provechos y perjuicios que naturalmente puedan resultar de la celebración o no celebración del mismo, y que no importen engaño o amenaza para alguna de las partes, no serán tomadas en cuenta al calificar el dolo o la violencia.

Art. 1008. No es lícito renunciar para lo futuro la nulidad que resulte del dolo o de la violencia.

Art. 1009. Si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el dolo, el que sufrió dichos vicios ratifica el acto, no puede en lo sucesivo reclamar por los mismos.

Art. 1010. En los actos jurídicos civiles cada uno se obliga en la manera y términos en que aparezca que quiso obligarse, y se considerará válida toda declaración de voluntad, sin que para la validez del acto o de la declaración, se requieran formalidades determinadas, fuera de los casos expresamente designados por la Ley.

Art. 1011. Cuando la Ley requiera determinada forma para un acto jurídico, mientras éste no revista dicha forma no será válido, salvo disposición en contrario; pero si la voluntad del autor o autores del acto consta de manera fehaciente bien sea por escrito o por alguna otra forma indubitable, cualquiera de los interesados podrá exigir que se dé al acto la forma legal, exceptuándose el caso de los actos revocables.

Art. 1012. Cuando se exija la forma escrita para el acto, el documento relativo debe ser firmado por todos los que intervengan en el mismo. Si alguno de ellos no puede o no sabe firmar, lo hará otro a su ruego y en el documento se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó.

Art. 1013. El objeto, el fin, el motivo y la condición del acto jurídico, no deben ser contrarios a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres.

Art. 1014. Es ilícito en general el acto jurídico que se ejecuta en contra de las leyes de orden público o de las buenas costumbres violando normas prohibitivas.

Capítulo III
De la inexistencia y nulidad de los actos jurídicos

Art. 1015. El acto jurídico es inexistente en los siguientes casos:

I. Cuando no contiene una declaración de voluntad expresa o tácita;

II. Cuando falta el objeto del mismo;

III. Cuando su objeto es imposible;

IV. Cuando la Ley le niega todo efecto jurídico al acto, salvo que declare que dicha privación de efecto es consecuencia de la nulidad;

V. Cuando tratándose de los actos del estado civil no se observen las solemnidades requeridas por la Ley para los mismos, o no se otorguen ante los funcionarios que indica en cada caso.

Art. 1016. El acto jurídico inexistente no producirá efecto legal alguno. No es susceptible de valer por confirmación ni por prescripción. Su inexistencia puede invocarse por todo interesado.

Art. 1017. Para los efectos legales se considera que no existirá manifestación de voluntad, y por tanto, el acto será inexistente, cuando se ejecute por las siguientes personas:

I. Menores de diez años;

II. Enajenados mentales, respecto de los cuales dictaminen dos peritos, y un tercero para el caso de discordia, que por virtud de su enajenación en lo absoluto carecían de voluntad, habiendo obrado sólo por actos reflejos o inconscientes, cuando hicieron su manifestación o declaración de voluntad. En los casos en que exista voluntad, el acto estará afectado de nulidad relativa, según se previene en este Código;

III. Analfabetos que no sepan leer y escribir, cuando se justifique que estamparon su huella digital en un documento que no les fue leído, o que al dársele lectura, se alteró el contenido del mismo.

Art. 1018. También será inexistente el acto por falta de voluntad, cuando se demuestre plenamente que se aprovechó un documento firmado en blanco, si el que lo suscribió no autorizó que se hiciera uso de él, o cuando se compruebe que el contenido de voluntad consagrado en el mismo, es distinto del que haya manifestado el suscriptor.

Art. 1019. En los casos en que se justifique plenamente que se obligó a una persona a firmar un documento cuyo tenor se le ocultó, o estando en blanco, será asimismo inexistente el acto jurídico que se pretenda hacer constar en el documento.

Art. 1020. Para los efectos de este Código, cuando se justifique plenamente la simulación absoluta, comprobándose que la parte o partes declararon falsamente lo contenido en el acto, éste será inexistente, pero la inexistencia no podrá perjudicar los derechos de tercero de buena fe legítimamente adquiridos por virtud del acto simulado.

Art. 1021. Por falta de objeto el acto jurídico es inexistente, cuando el mismo no tenga como fin realizar consecuencias que estén previstas y reguladas por el Derecho, consistentes en crear, trasmitir, modificar, conservar o extinguir derechos y obligaciones o situaciones jurídicas concretas.

Art. 1022. El acto jurídico inexistente no producirá, como tal acto jurídico, efecto alguno; pero sí como hecho jurídico, cuando concurran los elementos necesarios a fin de que se produzca tal supuesto.

Art. 1023. La ilicitud en el objeto, en el fin o en la condición del acto produce la nulidad absoluta, salvo que la Ley expresamente declare que dicha nulidad será relativa.

Art. 1024. La nulidad absoluta, por regla general, no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción.

Art. 1025. Cuando la nulidad de algún contrato tenga por origen que alguno explotando o aprovechándose de la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria o necesidad de otro, obtenga un lucro indebido o excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, se origina la nulidad absoluta y por tanto no será renunciable el derecho de pedirla.

Art. 1026. Cuando la Ley establezca que por virtud de la lesión el perjudicado sólo tendrá derecho a pedir la reducción equitativa de su obligación, el contrato no estará afectado de nulidad.

Art. 1027. La nulidad es relativa cuando el acto jurídico es susceptible de confirmación o prescripción, por tanto permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos.

Art. 1028. La falta de forma establecida por la Ley, si no se trata de actos del estado civil, así como el error, el dolo, la violencia y la incapacidad de cualquiera de los autores del acto, produce la nulidad relativa del mismo.

Art. 1029. La acción y la excepción de nulidad por falta de forma, competen a todos los interesados.

Art. 1030. La nulidad por causa de error, dolo, violencia o incapacidad, sólo puede invocarse por el que ha sufrido esos vicios del consentimiento o es el incapaz.

Art. 1031. La nulidad de un acto jurídico por falta de forma establecida por la Ley, se extingue por la confirmación de este acto hecho en la forma omitida.

Art. 1032. Cuando la falta de forma produzca nulidad del acto, si la voluntad de las partes ha quedado constante de una manera indubitable y no se trata de un acto revocable, cualquiera de los interesados puede exigir que el acto se otorgue en la forma prescrita por la Ley.

Art. 1033. Cuando el contrato es nulo, por incapacidad, violencia o error, puede ser confirmado cuando cese el vicio o motivo de nulidad, siempre que no concurra otra causa que invalide la confirmación.

Art. 1034. El cumplimiento voluntario por medio del pago, novación, o por cualquier otro medio, se tiene por ratificación tácita y extingue la acción de nulidad.

Art. 1035. La confirmación se retrotrae al día en que se verificó el acto nulo, pero ese efecto retroactivo no perjudicará a los derechos de tercero.

Art. 1036. La acción de nulidad fundada en incapacidad, inobservancia de la forma, dolo o error, prescribe en el término de dos años, pero si el error o dolo se conocen antes de que trascurra dicho plazo, la acción de nulidad prescribirá en seis meses, contados desde que se tuvo conocimiento de tales vicios. Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo, el caso relativo a la nulidad de los testamentos, los cuales se sujetarán a los términos de prescripción establecidos al efecto en el capítulo relativo.

Art. 1037. La acción para pedir la nulidad de un contrato hecho por la violencia, prescribe a los seis meses contados a partir del día en que cese tal vicio del consentimiento.

Art. 1038. El acto jurídico viciado de nulidad en parte, no es totalmente nulo si las partes que lo integran pueden legalmente subsistir separadas, a menos que se demuestre que al celebrarse el acto se quiso que sólo íntegramente subsistiera.

Art. 1039. La anulación del acto obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado.

Art. 1040. Si el acto fuera bilateral y las obligaciones correlativas consisten ambas en sumas de dinero, o en bienes productivos de frutos, no se hará la restitución respectiva de intereses o de frutos sino desde el día de la demanda de nulidad. Los intereses y los frutos percibidos hasta esa época se compensan entre sí.

Art. 1041. Mientras una de las partes en los actos plurilaterales, no cumpla con la devolución de aquello que en virtud de la declaración de nulidad del acto está obligada a restituir, no puede ser compelida la otra parte a restituir lo que hubiere recibido.

Art. 1042. Todos los derechos reales o personales trasmitidos a terceros sobre un bien, por una persona que ha llegado a ser propietaria de él en virtud de un acto anulado, quedan sin ningún valor y pueden ser reclamados directamente del poseedor actual mientras que no se cumpla la prescripción, exceptuándose el caso de que se perjudiquen los derechos de los terceros adquirentes de buena fe, pues en tal hipótesis se estará a lo dispuesto para la protección reconocida por este Código a dichos terceros.

Art. 1043. Los efectos restitutorios de la nulidad se sujetarán a las reglas siguientes:

I. La restitución será absoluta, operando en forma retroactiva integral, para los actos instantáneos susceptibles de reposición;

II. La restitución será parcial, operando en su caso para el futuro, para los actos de tracto sucesivo, que no sean susceptibles de reposición. Si lo fueren, se aplicará la regla anterior;

III. La restitución es inoperante respecto a las partes en los actos que implican situaciones irreparablemente consumadas. En este caso se aplicarán las reglas del enriquecimiento sin causa, a fin de evitar que una parte se enriquezca a costa de la otra;

IV. La restitución de las prestaciones no podrá hacerse en perjuicio de terceros de buena fe, pero se aplicará lo dispuesto en la parte final de la fracción anterior, para evitar un enriquecimiento sin causa;

V. La restitución es inoperante respecto de situaciones jurídicas consolidadas por la prescripción positiva respecto de una de las partes o de ambas.

Art. 1044. Los efectos restitutorios consignados en el artículo anterior, se aplicarán tanto en los casos de nulidad absoluta como nulidad relativa, salvo que para la primera la Ley prevenga expresamente que el acto no producirá efecto legal alguno.

Capítulo IV
De las modalidades de los actos jurídicos

Art. 1045. El acto jurídico puede ser: puro y simple, o complejo. A las complejidades del acto jurídico se les denomina o se les llama modalidades y pueden serlo en sentido estricto o en sentido amplio. Lo son en sentido estricto, la condición y el término, que pueden ser suspensivos o resolutorios. En sentido amplio, generalmente se manifiestan en la pluralidad de sujetos o de objetos, o de ambos.

Art. 1046. El acto jurídico es condicional cuando su existencia o resolución dependan de un acontecimiento futuro e incierto.

Art. 1047. La condición es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la existencia del acto jurídico.

Art. 1048. La condición es resolutoria cuando cumplida resuelve el acto jurídico, volviendo las cosas al estado que tenían, como si ese acto no hubiere existido.

Art. 1049. Cumplida la condición se retrotrae al tiempo en que el acto jurídico fue celebrado, a menos que los efectos del mismo o su resolución por voluntad de su autor o autores, o por la naturaleza del acto, deban ser referidos a fecha diferente.

Art. 1050. En tanto que la condición no se cumpla, el autor o autores del acto deben abstenerse de ejecutar hechos que impidan la realización de la citada modalidad. El interesado o beneficiado por el acto puede antes de que la condición se cumpla, ejercitar todos los actos conservatorios de su derecho.

Art. 1051. Las condiciones física o jurídicamente imposibles originan la inexistencia del acto jurídico si lo afectan en su totalidad, o la de la disposición especial a que las mismas se refieran.

Art. 1052. Las condiciones prohibidas por la Ley o contrarias a las buenas costumbres, originan la nulidad absoluta del acto jurídico, si lo afectan en su totalidad, o la de la disposición especial a que las mismas se refieren.

Art. 1053. La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta.

Art. 1054. El acto jurídico celebrado bajo la condición de que un acontecimiento suceda en un tiempo fijo, caduca si pasa el tiempo sin realizarse, o si resulta indudable que la condición no puede cumplirse.

Art. 1055. El acto jurídico celebrado bajo la condición de que un acontecimiento no se verifique en un tiempo fijo, se convertirá en puro y simple si pasa el tiempo sin que aquél se verifique. Si no hubiere tiempo fijado, la condición deberá reputarse cumplida, trascurrido el que verosímilmente se hubiere querido señalar, según la naturaleza del acto o condición.

Art. 1056. Es acto jurídico a plazo aquel para cuyo cumplimiento o extinción se ha señalado un día cierto, entendiéndose por tal el que necesariamente ha de llegar.

Art. 1057. Si la incertidumbre consistiere en si ha de llegar o no el día, el acto será condicional y se regirá por lo dispuesto en los artículos anteriores.

Art. 1058. El término o plazo se reputa suspensivo cuando de su realización depende el cumplimiento de los efectos jurídicos del acto.

Art. 1059. El término es extintivo cuando, una vez cumplido, resuelve el acto jurídico, sin operar retroactivamente; quedando subsistentes, en consecuencia, los actos jurídicos realizados.

Capítulo V
De la interpretación de los actos jurídicos

Art. 1060. Si los términos de un acto jurídico son claros y no dejan duda sobre la intención del autor o autores del mismo, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente del autor o autores del acto, prevalecerá ésta sobre aquéllas.

Art. 1061. Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un acto jurídico, no deberán entenderse incluidos en él estipulaciones distintas, y casos o cosas diferentes de aquéllos sobre los que el autor o autores del acto se propusieran comprender.

Art. 1062. Si alguna cláusula de un acto jurídico admitiera diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efectos.

Art. 1063. Las cláusulas de los actos jurídicos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas.

Art. 1064. Las palabras que pueden tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del acto jurídico.

Art. 1065. El uso o la costumbre del país y del Estado se tendrán en cuenta para interpretar las ambigüedades de los actos jurídicos, o de los términos empleados en los mismos.

Art. 1066. Cuando absolutamente fuere imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes, si aquéllas recaen sobre circunstancias accidentales del acto jurídico, y éste fuere gratuito, se resolverán en favor de la menor trasmisión de derechos e intereses, salvo lo dispuesto para los testamentos; si el acto fuere oneroso se resolverá la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses.

Si las dudas de cuya resolución se trata en este artículo recayesen sobre el objeto principal del acto jurídico, de suerte que no pueda venirse en conocimiento de cual fue la intención o la voluntad del autor o autores del acto, éste será nulo.

TÍTULO PRIMERO
Fuentes de las obligaciones

Capítulo I
Disposiciones generales

Art. 1067. Son fuentes generales de las obligaciones, los actos y hechos a los que la Ley dé carácter jurídico, regulados por este Código.

Art. 1068. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar, conservar o extinguir obligaciones.

Art. 1069. Los convenios que producen o trasfieren las obligaciones y derechos toman el nombre de contratos.

Los derechos personalísimos no son trasmisibles ni por contrato ni por sucesión.

Art. 1070. El contrato en unilateral cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada.

Art. 1071. El contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente.

Art. 1072. Es contrato oneroso aquel en que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos; y gratuito aquel en que el provecho es solamente para una de las partes.

Art. 1073. El contrato oneroso es conmutativo cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas, en cuanto a su existencia y cuantía, desde que se celebra el contrato. Es aleatorio cuando las partes o una de ellas desconocen la existencia o cuantía de las prestaciones que deben, por depender tales prestaciones de un acontecimiento futuro.

Art. 1074. Son contratos consensuales aquellos que se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes y la Ley no exige que se prueben por escrito ni que se entregue el bien objeto del contrato para la constitución de éste.

Se llaman formales los contratos que, perfeccionándose por el mero consentimiento de las partes, deben probarse mediante prueba documental, sea pública o privada, según determine la Ley.

El contrato será real cuando la Ley exija, para su constitución, que al celebrarse se entregue el bien o bienes que sean objeto de las obligaciones creadas por el contrato.

Art. 1075. Se llaman contratos de tracto sucesivo aquellos cuya vigencia tiene una cierta duración, de tal manera que ambas partes o una de ellas van cumpliendo sus obligaciones o ejercitando sus derechos a través de cierto tiempo.

Los contratos son instantáneos cuando las prestaciones se realizan inmediatamente.

Art. 1076. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto los que deben revestir una forma señalada en la Ley, como formalidad; y obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la Ley.

Art. 1077. Para la existencia del contrato se requiere:

I. Consentimiento;

II. Objeto que pueda ser materia del contrato.

Art. 1078. El contrato puede ser invalidado:

I. Por incapacidad legal de las partes o de una de ellas;

II. Por vicios del consentimiento;

III. Porque su objeto, o su motivo o fin, sean ilícitos; y

IV. Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la Ley establece.

Art. 1079. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la Ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes, no solamente al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la Ley.

Art. 1080. La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

Art. 1081. Son hábiles para contratar todas las personas no exceptuadas por la Ley.

Art. 1082. La incapacidad de una de las partes no puede ser invocada por la otra en provecho propio, salvo que sea indivisible el objeto del derecho o de la obligación común.

Art. 1083. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signos inequívocos. El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por Ley o por convenio, la voluntad debe manifestarse expresamente.

Art. 1084. Toda persona que propone a otra la celebración de un contrato fijándole un plazo para aceptar, queda ligada por su oferta hasta la expiración del plazo.

Art. 1085. Cuando la oferta se haga a una persona presente, sin fijación de plazo para aceptarla, el autor de la misma queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. La misma regla se aplicará a la oferta hecha por teléfono.

Art. 1086. Cuando la oferta se haga sin fijación de plazo a una persona no presente, el autor de la oferta, quedará ligado durante el término que juzgue bastante, debiendo hacérselo saber así en forma fehaciente.

Art. 1087. El contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la aceptación, estando ligado por su oferta según los artículos precedentes.

Art. 1088. La oferta se considerará como no hecha si la retira su autor y el destinatario recibe la retractación antes que la oferta. La misma regla se aplica al caso en que se retire la aceptación.

Art. 1089. Si al tiempo de la aceptación hubiere fallecido el oferente sin que el aceptante fuere sabedor de su muerte, quedarán los herederos de aquél obligados a sostener el contrato.

Art. 1090. El oferente quedará libre de su oferta cuando la respuesta que reciba no sea una aceptación lisa y llana, sino que importe modificación de la primera.

En este caso la respuesta se considerará como nueva proposición y se regirá por lo dispuesto en los artículos anteriores.

Art. 1091. La oferta y aceptación hechas por telégrafo, producen efectos si los contratantes con anterioridad habían estipulado por escrito esta manera de contratar, y si los originales de los respectivos telegramas contienen las firmas de los contratantes y los signos convencionales establecidos entre ellos.

Art. 1092. Son vicios del consentimiento en los contratos, el error, el dolo y la violencia. Estos vicios originan la nulidad relativa del contrato.

Art. 1093. Las reglas sobre el error, dolo o violencia establecidas para los actos jurídicos en general, se aplicarán a los contratos, por lo que se refiere a los vicios del consentimiento.

Art. 1094. Son objeto de los contratos:

I. La cosa que el obligado debe dar;

II. El hecho que el obligado debe hacer o no hacer.

Art. 1095. La cosa objeto del contrato debe:

I. Existir en la naturaleza;

II. Ser determinada o determinable en cuanto a su especie;

III. Estar en el comercio.

Art. 1096. Las cosas futuras pueden ser objeto de un contrato. Sin embargo, no puede serlo la herencia de una persona viva, aun cuando ésta preste su consentimiento.

Art. 1097. El hecho positivo o negativo, objeto del contrato, debe ser:

I. Posible; y

II. Lícito.

Art. 1098. Es imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con una ley de la naturaleza o con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo insuperable para su realización.

Art. 1099. No se considerará imposible el hecho que no pueda ejecutarse por el obligado, pero sí por otra persona en lugar de él.

Art. 1100. Las disposiciones sobre licitud o ilicitud del objeto, motivo, fin y condición en los actos jurídicos en general, son aplicables a los contratos.

Art. 1101. Es aplicable a los contratos civiles lo dispuesto por el artículo 1010 de este Código.

Art. 1102. En cuanto a la forma de los contratos, se estará a lo preceptuado por el artículo 1011 de este propio Código.

Art. 1103. Cuando se exija la forma escrita se procederá de acuerdo con lo establecido por el artículo 1012 de esta Ley.

Art. 1104. Habrá lesión en los contratos, cuando una de las partes proceda de mala fe, abusando de la extrema miseria, suma ignorancia, notoria inexperiencia o necesidad de la otra, obteniendo un lucro indebido que sea desproporcionado con el valor o contraprestación que por su parte trasmita o se obligue a trasmitir.

Art. 1105. Justificada la desproporción entre las prestaciones y la miseria, ignorancia, inexperiencia o necesidad del perjudicado, se presumirá, salvo prueba en contrario, que la otra parte procedió de mala fe, abusando de tales circunstancias.

Art. 1106. En los casos en los cuales la desproporción de las prestaciones sea enorme, debido a que una de ellas valga el doble o más que la otra, procederá la nulidad absoluta por lesión aun cuando haya habido buena fe del beneficiario.

Art. 1107. Se presumirá que hubo lesión, justificada la desproporción entre las prestaciones, cuando el perjudicado no sepa leer o escribir, o cuando se trate de persona que por su apartamiento de las vías de comunicación, su sexo, edad, cultura o condiciones mentales, haga presumir ignorancia o inexperiencia en el asunto materia del contrato.

Art. 1108. Si el perjudicado no estuviera en ninguno de los casos que se mencionan en el artículo anterior, cesarán las presunciones de lesión, cuando se demuestre que tuvo conocimiento, por informe de peritos, del valor de su prestación y de la contraprestación relativa.

Art. 1109. La lesión sólo será procedente en los contratos conmutativos y en los aleatorios cuando exista una evidente desproporción entre el mayor o menor riesgo que se corra y la diferencia notable de las prestaciones, de tal manera que no corresponda esta última a las citadas probabilidades de riesgo, según las estadísticas o la especial circunstancia de las personas que intervengan o de la naturaleza de las obligaciones correlativas.

Art. 1110. Las reglas sobre inexistencia y nulidad de los actos jurídicos en general son aplicables a los contratos.

Art. 1111. Además de los casos generales de inexistencia reglamentados para los actos jurídicos, los contratos serán también inexistentes:

I. Cuando el error recaiga sobre la naturaleza misma del contrato, de tal manera que las partes no se pongan de acuerdo respecto de la operación jurídica que celebren;

II. Cuando el error se refiera a la identidad misma de la cosa u objeto del contrato, impidiendo así que las partes se pongan de acuerdo respecto a ella;

III. Cuando el contrato haya sido simulado de manera absoluta.

Art. 1112. Independientemente de los casos generales de nulidad a que se refiere este Código, los contratos serán también nulos:

I. Cuando siendo confusos en su redacción o términos, las dudas recayesen sobre su objeto principal de tal manera que sea imposible saber cuál fue la intención o voluntad de los contratantes;

II. Cuando siendo accesorios, la nulidad afecte al contrato principal, salvo los casos de nulidad relativa en los cuales la acción compete exclusivamente a determinada persona.

Art. 1113. Sólo pueden rescindirse los contratos que en sí mismos son válidos. La rescisión procederá, por tanto, cuando celebrado el contrato con todos los requisitos legales, éste deba quedar sin efectos, por alguna de las siguientes causas:

I. Por incumplimiento de contrato;

II. Porque se realice una condición resolutoria;

III. Porque el bien perezca o se pierda por caso fortuito o fuerza mayor, salvo que la Ley disponga otra cosa;

IV. Porque el bien padezca de vicios o defectos ocultos, sin perjuicio de que la Ley confiera otra acción además de la rescisoria al perjudicado;

V. Cuando el contrato sea a título gratuito y origine o agrave la insolvencia del contratante que trasmita bienes o valores o renuncie derechos, en perjuicio de sus acreedores;

VI. En los demás casos expresamente previstos por la Ley.

Art. 1114. Para regular los efectos de la rescisión, se aplicarán las reglas generales sobre nulidad en cuanto a los efectos de ésta, haciéndose las mismas distinciones previstas por este Código según la naturaleza de los actos, la ejecución de las prestaciones y el carácter irreparable o definitivamente consumado de las mismas.

Art. 1115. Las acciones de rescisión prescriben en el término de dos años, salvo que lo contrario resulte de disposición expresa de la Ley, de la naturaleza del contrato o de la obligación principal.

Art. 1116. La rescisión no podrá surtir efectos en perjuicio de tercero de buena fe, exceptuando los casos en que la cláusula rescisoria haya sido inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

Art. 1117. Son aplicables a la rescisión de las obligaciones las normas que anteceden, con las modificaciones consiguientes tomando en cuenta la naturaleza de la relación jurídica concreta.

Art. 1118. Los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes; pero las que se refieren a los requisitos esenciales del contrato o sean consecuencias de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la Ley.

Art. 1119. Pueden los contratantes estipular cierta prestación como pena para el caso de que la obligación no se cumpla o se cumpla de distinta manera de la convenida.

Si tal estipulación se hace, no podrán reclamarse, además, daños y perjuicios.

Art. 1120. La nulidad del contrato importa la de la cláusula penal, pero la nulidad de ésta no acarrea la de aquél.

Sin embargo, cuando se promete por otra persona imponiéndose una pena para el caso de no cumplirse por ésta lo prometido, valdrá la pena aunque el contrato no se lleve a efecto por falta de consentimiento de dicha persona.

Lo mismo sucederá cuando se estipule con otro, a favor de un tercero, y la persona con quien se estipule se sujete a una pena para el caso de no cumplir lo prometido.

Art. 1121. Al pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno.

Art. 1122. La cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía de la obligación principal.

Art. 1123. Si la obligación fuere cumplida en parte, la pena se modificará en la misma proporción.

Art. 1124. Si la modificación no pudiere ser exactamente proporcional, el juez reducirá la pena de una manera equitativa, teniendo en cuenta la naturaleza y demás circunstancias de la obligación.

Art. 1125. El acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o el pago de la pena, pero no ambos, a menos que aparezca haber estipulado la pena por el simple retardo en el cumplimiento de la obligación o porque ésta no se preste de la manera convenida.

Art. 1126. No podrá hacerse efectiva la pena cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por hecho del acreedor, caso fortuito o fuerza insuperable.

Art. 1127. En las obligaciones mancomunadas con cláusula penal, bastará la contravención de uno de los herederos del deudor o de uno de los codeudores para que se incurra en la pena.

Art. 1128. En el caso del artículo anterior, cada uno de los herederos o codeudores responderá de la parte de la pena que le corresponda, en proporción a su cuota hereditaria o a su responsabilidad en la obligación.

Art. 1129. Tratándose de obligaciones indivisibles, se observará lo señalado para ellas en este Código.

Art. 1130. Son aplicables a los contratos las reglas generales sobre interpretación de los actos jurídicos consignadas en este Código.

Art. 1131. Cuando en un contrato la duda se origine por una reserva mental de uno de los contratantes, deberá ser interpretado en el sentido más favorable al otro contratante, sin permitir que el que hizo la reserva se aproveche de ella.

Art. 1132. Si tomando en cuenta la reserva mental de un contratante, fuere imposible conocer en realidad la verdadera voluntad o intención de éste o de ambas partes, el contrato será nulo, debiendo resarcirse, al que no esté en este caso, de los daños y perjuicios que hubiere sufrido por virtud de la reserva o de la nulidad.

Art. 1133. Las disposiciones legales sobre los actos jurídicos son aplicables a los contratos en general. A su vez las disposiciones legales sobre contratos son aplicables a todos los convenios y a otros actos jurídicos, en todo aquello que no se oponga a su naturaleza o a disposiciones especiales de la Ley sobre los mismos.

Art. 1134. Los contratos que no estén especialmente reglamentados en este Código se regirán por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes y, en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía, de los reglamentados en este ordenamiento.

Art. 1135. Los elementos o características esenciales de un contrato, no pueden ser modificados por voluntad de las partes.

Capítulo II
De la declaración unilateral de la voluntad

Art. 1136. Mediante una declaración unilateral de voluntad, puede contraerse una obligación, si ésta es lícita y posible.

Art. 1137. Son aplicables a la declaración unilateral de la voluntad las reglas establecidas por este Código para los actos jurídicos en general y para los contratos, exceptuándose los casos expresamente señalados en este capítulo.

Art. 1138. El hecho de ofrecer al público objetos en determinado precio, obliga al oferente a sostener su ofrecimiento.

Art. 1139. El que por anuncios u ofrecimientos hechos al público se comprometa a alguna prestación en favor de quien llene determinada condición o desempeñe cierto servicio, contrae la obligación de cumplir lo prometido.

Art. 1140. El que en los términos del artículo anterior ejecutare el servicio pedido o llenare la condición señalada, podrá exigir el pago o la recompensa ofrecida.

Art. 1141. Antes de que esté prestado el servicio o cumplida la condición, podrá el promitente revocar su oferta, siempre que la revocación se haga con la misma publicidad que el ofrecimiento.

En este caso, el que pruebe que ha hecho erogaciones para prestar el servicio o cumplir la condición por la que se había ofrecido recompensa, tiene derecho a que se le reembolsen.

Art. 1142. Si se hubiere señalado plazo para la ejecución de la obra, no podrá revocar el promitente su ofrecimiento mientras no esté vencido el plazo.

Art. 1143. Si el acto señalado por el promitente fuere ejecutado por más de un individuo, tendrá derecho a la recompensa:

I. El que primero ejecutare la obra o cumpliere la condición;

II. Si la ejecución es simultánea, o varios llenan al mismo tiempo la condición, se repartirá la recompensa por partes iguales;

III. Si la recompensa no fuere divisible, se sorteará entre los interesados.

Art. 1144. En los concursos en que haya promesa de recompensa para los que llenaren ciertas condiciones, es requisito esencial que se fije un plazo.

Art. 1145. El promitente tiene derecho de designar la persona que deba decidir a quién o a quiénes de los concursantes se otorga la recompensa.

Art. 1146. En los contratos se pueden hacer estipulaciones en favor de tercero de acuerdo con los siguientes artículos.

Art. 1147. La estipulación hecha a favor de tercero hace adquirir a éste, salvo pacto escrito en contrario, el derecho de exigir del promitente la prestación a que se ha obligado.

También confiere al estipulante el derecho de exigir del promitente el cumplimiento de dicha obligación.

Art. 1148. El derecho de tercero nace en el momento de perfeccionarse el contrato, salvo la facultad que los contratantes conservan de imponerles las modalidades que juzguen convenientes, siempre que éstas consten expresamente en el referido contrato.

Art. 1149. La estipulación puede ser revocada mientras que el tercero no haya manifestado su voluntad de querer aprovecharla. En tal caso, o cuando el tercero rehúse la prestación estipulada a su favor, el derecho se considera como no nacido.

Art. 1150. El promitente podrá, salvo pacto en contrario, oponer al tercero las excepciones derivadas del contrato.

Art. 1151. Puede el deudor obligarse otorgando documentos civiles pagaderos a la orden o al portador.

Art. 1152. La propiedad de los documentos de carácter civil que se extiendan a la orden, se trasfiere por simple endoso, que contendrá el lugar y fecha en que se hace, el concepto en que se reciba el valor del documento, el nombre de la persona a cuya orden se otorgó el endoso y la firma del endosante.

Art. 1153. El endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del endosante, sin ninguna otra indicación; pero no podrán ejercitarse los derechos derivados del endoso sin llenarlo con todos los requisitos exigidos por el artículo que precede.

Art. 1154. Todos los que endosen un documento quedan obligados solidariamente para con el portador, en garantía del mismo. Sin embargo, puede hacerse el endoso sin la responsabilidad solidaria del endosante, siempre que así se haga constar expresamente al extenderse el endoso.

Art. 1155. La propiedad de los documentos civiles que sean al portador, se trasfiere por la simple entrega del título.

Art. 1156. El deudor está obligado a pagar a cualquiera que le presente y entregue el título al portador, a menos que haya recibido orden judicial para no hacer el pago.

Art. 1157. La obligación del que emite el título al portador no desaparece, aunque demuestre que el título entró en circulación contra su voluntad.

Art. 1158. El suscriptor del título al portador no puede oponer más excepciones que las que se refieren a la nulidad del mismo título, las que se deriven de su texto o las que tenga en contra del portador que lo presente.

Art. 1159. La persona que ha sido desposeída injustamente de títulos al portador, sólo con orden judicial puede impedir que se paguen al detentador que los presente al cobro.

Capítulo III
Del enriquecimiento ilegítimo o sin causa

Art. 1160. El que sin causa se enriquece en detrimento de otro, está obligado a indemnizarlo de su empobrecimiento, en los siguientes términos:

I. Si el enriquecimiento es igual al empobrecimiento, la indemnización será en la medida de ambos;

II. Si el enriquecimiento es menor que el empobrecimiento, la indemnización será en la medida del primero;

III. Si el enriquecimiento es mayor que el empobrecimiento, la indemnización será en la medida de este último.

Art. 1161. Debe existir una relación de causa a efecto entre el empobrecimiento y el enriquecimiento.

Para los efectos del artículo anterior se entiende que existe el enriquecimiento sin causa, cuando se opere el aumento de un patrimonio en detrimento de otro, sin que haya una fuente jurídica de obligaciones o derechos a través de la cual pueda fundarse dicho aumento.

Art. 1162. El empobrecimiento y el enriquecimiento deben ser estimables en dinero en forma directa o indirecta.

Existe el enriquecimiento sin causa, no sólo en los casos en que se aumente el patrimonio de una persona en detrimento de otra, sino también cuando sin fuente o causa legítima, alguien se libere de una obligación.

Respecto al perjudicado, el empobrecimiento no sólo existirá cuando haya una pérdida o menoscabo en su patrimonio, sino también cuando deje de percibir todo aquello a que legítimamente tendría derecho.

Art. 1163. Existirá también enriquecimiento sin causa, en los casos en que, habiendo mediado una causa o fuente jurídica del empobrecimiento y enriquecimiento correlativo, dicha causa desaparezca posteriormente.

Art. 1164. En los casos en que un incapacitado se enriquezca por actos que ejecutare una persona capaz, sin incurrir en error de hecho y con conocimiento del empobrecimiento que experimente o pueda sufrir, no habrá lugar a exigir indemnización alguna.

Art. 1165. Cuando por actos de una persona se beneficien en términos generales otra u otras, por aumentar el valor de sus propiedades o posesiones, y dicho beneficio sea consecuencia del que también experimente la persona que ejecute tales actos, no habrá lugar tampoco a exigir indemnización alguna, no obstante las erogaciones o trabajos que el primero hubiere ejecutado.

Art. 1166. Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho de exigir y que por error ha sido indebidamente pagada, se tiene obligación de restituirla.

Si lo indebido consiste en una prestación cumplida, cuando el que la recibe procede de mala fe, debe pagar el precio corriente de esa prestación; si procede de buena fe, sólo debe pagar lo equivalente al enriquecimiento recibido.

Art. 1167. El que acepte un pago indebido, si hubiere procedido de mala fe, deberá abonar el interés legal cuando se trate de capitales, o los frutos percibidos y los dejados de percibir, de los bienes que los produjeren.

Además responderá de los menoscabos que el bien haya sufrido por cualquier causa, y de los perjuicios que se irroguen al que lo entregó, hasta que lo recobre.

No responderá del caso fortuito cuando éste hubiere podido afectar del mismo modo a los bienes hallándose en poder del que los entregó.

Art. 1168. Si el que recibió el bien con mala fe, lo hubiere enajenado a un tercero que tuviere también mala fe, podrá el dueño reivindicarlo y cobrar de uno u otro los daños y perjuicios.

Art. 1169. Si el tercero a quien se enajena el bien lo adquiere de buena fe, sólo podrá reivindicarse si la enajenación se hizo a título gratuito.

Art. 1170. El que de buena fe hubiere aceptado un pago indebido de bien cierto y determinado, sólo responderá de los menoscabos o pérdidas de éste y de sus accesiones, en cuanto por ellos se hubiere enriquecido. Si lo hubiere enajenado, restituirá el precio o cederá la acción para hacerlo efectivo.

Art. 1171. Si el que recibió de buena fe un bien dado en pago indebido lo hubiere donado, no subsistirá la donación y se aplicará al donatario lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 1172. El que de buena fe hubiere aceptado un pago indebido tiene derecho a que se le abonen los gastos necesarios y a retirar las mejoras útiles, si con la separación no sufre detrimento del bien dado en pago. Si lo sufre tiene derecho a que se le pague una cantidad equivalente al aumento de valor que recibió el bien con la mejora hecha.

Art. 1173. Queda libre de la obligación de restituir el que, creyendo de buena fe que se hacía el pago por cuenta de un crédito legítimo y subsistente, inutiliza el título dejando prescribir la acción, abandonando las prendas o cancelando las garantías de su derecho. El que paga indebidamente sólo podrá dirigir su acción contra el verdadero deudor o los fiadores, respecto de los cuales la misma estuviese viva.

Art. 1174. La prueba del pago incumbe al que pretende haberlo hecho. También corre a su cargo la del error con que lo realizó, a menos que el demandado negare haber recibido el bien que se le reclama. En este caso, justificada la entrega por el demandante, queda relevado de toda otra prueba.

Esto no limita el derecho del demandado para acreditar que le era debido lo que recibió.

Art. 1175. Se presume que hubo error en el pago, cuando se entrega el bien que no se debía o que ya estaba pagado; pero aquel a quien se pide la devolución puede probar que la entrega se hizo a título de liberalidad o por cualquier otra causa justa.

Art. 1176. La acción para repetir lo pagado indebidamente prescribe en un año, contado desde que se conoció el error que originó el pago. El solo trascurso de cinco años, contados desde el pago indebido, hace perder el derecho para reclamar su devolución.

Art. 1177. El que ha pagado para cumplir una deuda prescrita o para cumplir un deber moral, no tiene derecho de repetir.

Art. 1178. Lo que se hubiere entregado para la realización de un fin que sea ilícito o contrario a las buenas costumbres, no quedará en poder del que lo recibió. El cincuenta por ciento se destinará a la beneficencia pública, y el otro cincuenta por ciento tiene derecho de recuperarlo el que lo entregó.

Capítulo IV
De la gestión de negocios

Art. 1179. Bajo el nombre de mandato oficioso o de gestión de negocios, se comprenden todos los actos que por oficiosidad y sin mandato expreso sino sólo presunto, realiza una persona a favor de otra que no está presente o que está impedida de atender a sus propios asuntos.

Art. 1180. El que gestione negocios en los términos expresados en el artículo que precede, se llama mandatario oficioso o gestor de negocios; la persona a cuyo favor se ejecutan los actos, se llama dueño del negocio.

Art. 1181. El gestor debe desempeñar su encargo con toda la diligencia que emplea en sus negocios propios, e indemnizará los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia se irroguen al dueño de los bienes o negocios que gestione.

Art. 1182. Si la gestión tiene por objeto evitar un daño inminente al dueño, el gestor no responde más que de su dolo o de su falta grave.

Art. 1183. Si la gestión se ejecuta contra la voluntad real o presunta del dueño, el gestor debe reparar los daños y perjuicios que resulten a aquél, aunque no haya incurrido en falta.

Art. 1184. El gestor responde aun del caso fortuito si ha hecho operaciones arriesgadas, aunque el dueño del negocio tuviera costumbre de hacerlas; o si hubiere obrado más en interés propio que en interés del dueño del negocio.

Art. 1185. Si el gestor delegare en otra persona todos o algunos de los derechos de su cargo, responderá de los actos del delegado, sin perjuicio de la obligación directa de éste para con el propietario del negocio.

La responsabilidad de los gestores, cuando fueren dos o más será solidaria.

Art. 1186. El gestor, tan pronto como sea posible, debe dar aviso de su gestión al dueño y esperar su decisión, a menos que haya peligro en la demora.

Art. 1187. El dueño de un asunto que hubiere sido útilmente gestionado, debe cumplir las obligaciones que el gestor haya contraído a nombre de él y pagar los gastos de acuerdo con lo previsto en los artículos siguientes.

Art. 1188. Deben pagarse al gestor los gastos necesarios que hubiere hecho en el ejercicio de su cargo y los intereses legales correspondientes, pero no tiene derecho de cobrar retribución por el desempeño de la gestión.

Art. 1189. El gestor que se encarga de un asunto contra la expresa voluntad del dueño, si éste se aprovecha del beneficio de la gestión, tiene obligación de pagar a aquél el importe de los gastos, hasta donde alcancen los beneficios, a no ser que la gestión hubiere tenido por objeto librar al dueño de un deber impuesto en interés público, en cuyo caso debe pagar todos los gastos necesarios hechos.

Art. 1190. La ratificación pura y simple del dueño del negocio, produce todos los efectos de un mandato. La ratificación tiene efecto retroactivo al día en que la gestión principió.

Art. 1191. Cuando el dueño del negocio no ratifique la gestión, sólo responderá de los gastos que originó ésta, hasta la concurrencia de las ventajas que obtuvo del negocio.

Art. 1192. Cuando sin consentimiento del obligado a prestar alimentos los diese un extraño, éste tendrá derecho a reclamar de aquél su importe, al no constar que los dio con ánimo de hacer un acto de beneficencia.

Art. 1193. Los gastos funerarios proporcionados a la condición de la persona y a los usos de la localidad, deberán ser satisfechos al que los haga aunque el difunto no hubiere dejado bienes, por aquellos que hubieren tenido la obligación de alimentarlo en vida.

Capítulo V
De las obligaciones que nacen de los actos ilícitos

Art. 1194. Cuando un hecho causa daños y perjuicios a una persona, y la ley imponga a su autor o a otra persona, la obligación de repararlos, hay responsabilidad civil.

Los daños y perjuicios cuya reparación impone la Ley, pueden provenir de un hecho ilícito o de un hecho lícito. En este segundo caso, se procederá de acuerdo con lo establecido en este Código para el pago de la responsabilidad objetiva, aunque no exista culpa del que deba repararlos, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima.

Tal responsabilidad existirá aun cuando el daño se haya causado por caso fortuito o fuerza mayor. Si el daño se debiera a la culpa de un tercero, éste será el responsable.

Deberá existir una relación de causa efecto entre el hecho y el daño.

Art. 1195. El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, en los términos señalados en el artículo que precede.

Art. 1196. El incapaz que cause daños debe repararlos, salvo que la responsabilidad recaiga en las personas que ejerzan sobre el mismo la patria potestad o la tutela.

Art. 1197. Cuando al ejercitar un derecho se cause daño a otro, hay obligación de indemnizarlo si se demuestra que sólo se ejercitó a fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del mismo.

Art. 1198. Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosos por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza, explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzca o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima.

Art. 1199. Cuando sin el empleo de mecanismos, instrumentos, etc., a que se refiere el artículo anterior, y sin culpa o negligencia de ninguna de las partes, se producen daños, cada una de ellas los soportará sin derecho a indemnización.

Art. 1200. La reparación del daño debe consistir en el restablecimiento de la situación anterior a él, y cuando ello sea imposible, en el pago de daños y perjuicios de acuerdo con las siguientes reglas:

I. Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte o incapacidad total, parcial o temporal, el monto de la indemnización se fijará aplicando las cuotas que establece la Ley Federal del Trabajo, según las circunstancias de la víctima, y tomando por base la utilidad o salario que perciba;

II. Cuando la utilidad exceda del salario mínimo, no se tomará en cuenta sino éste para fijar la indemnización;

III. Si la víctima no percibe utilidad o salario, o no pudiere determinarse éste, el pago se acordará tomando como base el salario mínimo;

IV. Los créditos por indemnización cuando la víctima fuere un asalariado son intransferibles, y se cubrirán preferentemente en forma de pensión o pagos sucesivos;

V. Respecto de los porteadores responden del daño causado a las personas por defecto de los conductores y medios de trasporte que empleen, en los términos que se señalan en este Código en su capítulo respectivo.

Art. 1201. Independientemente de los daños y perjuicios, el juez puede acordar, en favor de la víctima de un hecho ilícito, o de su familia, si aquélla muere, una indemnización equitativa, a título de reparación moral, que pagará el responsable del hecho. Esa indemnización no podrá exceder de la tercera parte de lo que importe la responsabilidad civil. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará al Estado ya que éste está obligado a responder de los daños causados por sus funcionarios con motivo de sus funciones, si éstos no tuvieren bienes para responder del daño.

Art. 1202. Las personas que han causado en común un daño, son responsables solidariamente hacia la víctima por la reparación a que están obligadas de acuerdo con las disposiciones de este capítulo.

Art. 1203. Las personas morales son responsables de los daños y perjuicios que causen sus representantes legales en el ejercicio de sus funciones.

Art. 1204. Los que ejerzan la patria potestad tienen obligación de responder de los daños y perjuicios causados por los actos de los menores que estén bajo su potestad.

Art. 1205. Cesa la responsabilidad a que se refiere el artículo anterior, cuando los menores ejecuten los actos que dan origen a ella, encontrándose bajo la vigilancia y autoridad de otras personas, como directores de colegios, de talleres, etc., pues entonces esas personas asumirán la responsabilidad de que se trata.

Art. 1206. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores es aplicable a los tutores, respecto de los incapacitados que tienen bajo su cuidado.

Art. 1207. Ni los padres ni los tutores, tienen obligación de responder de los daños y perjuicios que causen los incapacitados sujetos a su cuidado y vigilancia, si probaren que les ha sido imposible evitarlos.

Esta imposibilidad no resulta de la mera circunstancia de haber sucedido el hecho fuera de su presencia, si aparece que ellos no han ejercido suficiente vigilancia sobre los incapacitados.

Art. 1208. Los maestros artesanos son responsables de los daños y perjuicios causados por sus operarios en la ejecución de los trabajos que les encomienden. En este caso se aplicará también lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 1209. Los patrones y los dueños de establecimientos mercantiles están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus obreros o dependientes, en el ejercicio de sus funciones. Esta responsabilidad cesa, si demuestran que en la comisión del daño no se les puede imputar ninguna culpa o negligencia.

Art. 1210. Los jefes de casa o los dueños de hoteles o casas de hospedaje, están obligados a responder de los daños y perjuicios causados por sus sirvientes en el ejercicio de su encargo.

Art. 1211. En los casos previstos por los artículos precedentes, el que sufra el daño puede exigir la reparación directamente del responsable, en los términos de este capítulo.

Art. 1212. El que paga el daño causado por sus sirvientes, empleados u operarios, puede repetir de ellos lo que hubiere pagado.

Art. 1213. El Estado tiene obligación de responder de los daños causados por sus funcionarios en el ejercicio de las funciones que les estén encomendadas. Esta responsabilidad es subsidiaria y sólo podrá hacerse efectiva contra el Estado, cuando el funcionario directamente responsable no tenga bienes o los que tenga no sean suficientes para responder del daño causado.

Art. 1214. El dueño de un animal pagará el daño causado por éste, si no probare alguna de estas circunstancias:

I. Que lo guardaba y vigilaba con el cuidado necesario;

II. Que el animal fue provocado;

III. Que hubo imprudencia por parte del ofendido;

IV. Que el hecho resulte de caso fortuito o de fuerza mayor.

Art. 1215. Si el animal que hubiere causado el daño fuere excitado por un tercero, la responsabilidad es de éste y no del dueño del animal.

Art. 1216. El propietario de un edificio es responsable de los daños que resulten de la ruina de todo o parte de él, si ésta sobreviene por falta de reparaciones necesarias o por vicios de construcción.

Art. 1217. Igualmente, los propietarios responderán de los daños causados:

I. Por la explosión de máquinas, o por la inflamación de sustancias explosivas;

II. Por el humo o gases que sean nocivos a las personas o a las propiedades;

III. Por la caída de sus árboles, cuando no sea ocasionada por fuerza mayor;

IV. Por las emanaciones de cloacas y depósitos de materias infectantes;

V. Por los depósitos de agua que humedezcan la pared del vecino o derramen sobre la propiedad de éste;

VI. Por el peso o movimiento de las máquinas, por las aglomeraciones de materias o animales nocivos a la salud o por cualquier causa que sin derecho origine algún daño.

Art. 1218. Los jefes de familia que habiten una casa o parte de ella son responsables de los daños causados por las cosas que se arrojen o cayeren de la misma.

Art. 1219. La acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos del presente capítulo, prescribe en dos años contados a partir del día en que se haya causado el daño.

Capítulo VI
Del riesgo profesional

Art. 1220. Los patrones son responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridos con motivo o en el ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten.

Esta materia se regirá por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.

Art. 1221. Incumbe por lo tanto, a los patrones, el pago de la responsabilidad que nace de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, independientemente de toda idea de culpa o negligencia de su parte, en los términos de la citada Ley Federal del Trabajo.

Art. 1222. El patrón no responderá de los accidentes del trabajo, ni de las enfermedades profesionales, cuando el trabajador dolosamente los haya producido o las haya contraído.

TÍTULO SEGUNDO
Modalidades de las obligaciones

Capítulo I
De las obligaciones condicionales

Art. 1223. La obligación es pura cuando su exigibilidad no depende de condición alguna.

Art. 1224. La obligación es condicional, cuando su exigibilidad o su resolución dependen de un acontecimiento futuro e incierto.

Art. 1225. Puede también constituirse una obligación, haciendo depender, tanto su exigibilidad como su resolución, de un hecho pasado, pero desconocido de las partes.

Art. 1226. La condición es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la existencia de la obligación.

Art. 1227. La condición es resolutoria, cuando cumplida resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado que tenían como si esa obligación no hubiere existido.

Art. 1228. La condición es casual cuando depende enteramente del acaso, o de la voluntad de un tercero no interesado en el contrato.

Art. 1229. Es potestativa o voluntaria cuando depende puramente de la voluntad de una de las partes.

Art. 1230. La condición es mixta cuando depende al mismo tiempo de la voluntad de una de las partes y de un acontecimiento ajeno a la voluntad de ellas.

Art. 1231. La obligación sujeta a condición potestativa es nula.

Art. 1232. Cumplida la condición se retrotrae al tiempo en que la obligación fue formada, a menos que los efectos de la obligación o su resolución, por la voluntad de las partes o por la naturaleza del acto, deban ser referidas a fecha diferente.

Art. 1233. En tanto que la condición no se cumpla, el deudor debe abstenerse de todo acto que impida que la obligación pueda cumplirse en su oportunidad.

El acreedor puede, antes de que la condición se cumpla, ejercitar todos los actos conservatorios de su derecho.

Art. 1234. Las condiciones imposibles de dar o hacer, las prohibidas por la Ley o que sean contra las buenas costumbres, anulan la obligación que de ellas dependa.

La condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta.

Art. 1235. Cuando el cumplimiento de la condición dependa de la exclusiva voluntad del deudor, la obligación condicional será nula.

Art. 1236. Se tendrá por cumplida la condición cuando el obligado impida voluntariamente su cumplimiento.

La obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento suceda en un tiempo fijo, caduca si pasa el término sin realizarse, o desde que sea indudable que la condición no pueda cumplirse.

Art. 1237. La obligación contraída bajo la condición de que un acontecimiento no se verifique en un tiempo fijo, será exigible si pasa el tiempo sin verificarse.

Si hubiere tiempo fijado, la condición deberá reputarse cumplida trascurrido el que verosímilmente se hubiere querido señalar, atenta la naturaleza de la obligación.

Art. 1238. Cuando las obligaciones se hayan contraído bajo condición suspensiva, y pendiente ésta, se perdiere, deteriorare, o se mejorare el bien que fue objeto del contrato, se observarán las disposiciones siguientes:

I. Si el bien se pierde sin culpa del deudor, quedará extinguida la obligación;

II. Cuando desaparezca de modo que no se tenga noticias de él, o que, aunque se tenga alguna, el bien no se puede recobrar;

III. Cuando el bien se deteriore sin culpa del deudor, éste cumple su obligación entregándolo al acreedor en el estado en que se encuentre al cumplirse la condición;

IV. Deteriorándose por culpa del deudor, el acreedor podrá optar entre la resolución de la obligación o su cumplimiento, con la indemnización de daños y perjuicios en ambos casos;

V. Si el bien se mejora por su naturaleza, o por el tiempo, las mejoras ceden en favor del acreedor;

VI. Si se mejora a expensas del deudor, no tendrá éste otro derecho que el concedido al usufructuario.

Art. 1239. La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpla lo que le incumbe.

El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en ambos casos.

También podrá pedir la resolución aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.

Art. 1240. La resolución del contrato fundada en falta de pago por parte del adquiriente de la propiedad de bienes inmuebles u otro derecho real sobre los mismos, no surtirá efecto contra tercero de buena fe, si no se ha estipulado expresamente y ha sido inscrito en el Registro Público en la forma prevenida por la Ley.

Art. 1241. Respecto de bienes muebles no tendrá lugar la rescisión, salvo lo previsto para las ventas en las que se faculte al comprador a pagar el precio en abonos.

Art. 1242. Si la rescisión del contrato dependiere de un tercero y éste fuere dolosamente inducido a rescindirlo, se tendrá por no rescindido.

Capítulo II
De las obligaciones a plazo

Art. 1243. Es obligación a plazo aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto.

Art. 1244. Entiéndese por día cierto aquel que necesariamente ha de llegar.

Art. 1245. Si la incertidumbre consistiere en si ha de llegar o no el día, la obligación será condicional y se regirá por las reglas que contiene el capítulo que precede.

Art. 1246. El plazo en las obligaciones se contará en los términos establecidos en el capítulo respectivo de esta Ley, es decir: el tiempo para la prescripción se cuenta por años y no de momento a momento; los meses se regularán por el número de días que les correspondan; cuando la prescripción se cuente por días se entenderán éstos de veinticuatro horas naturales, el día que comienza a correr se cuenta entero, aunque no lo sea, pero aquel en que termina, debe ser completo; cuando el último día sea feriado no se tendrá por completo el término, sino cumplido el primero que siga, si fuere útil. Lo anterior con excepción de los casos señalados expresamente en este Código.

Art. 1247. Lo que se hubiere pagado anticipadamente no puede repetirse.

Si el que paga ignoraba, cuando lo hizo, la existencia del plazo, tendrá derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiere percibido del bien.

Art. 1248. El plazo se presume establecido en favor del deudor, a menos que resulte, de la estipulación o de las circunstancias, que ha sido establecido en favor del acreedor o de las dos partes.

Art. 1249. Perderá el deudor todo el derecho a utilizar el plazo:

I. Cuando después de contraída la obligación, resultare insolvente, salvo que garantice la deuda;

II. Cuando no otorgue al acreedor las garantías a que estuviere comprometido;

III. Cuando por actos propios hubieren disminuido aquellas garantías después de establecidas, y cuando por caso fortuito desaparecieren, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras, igualmente seguras.

Art. 1250. Si fueren varios los deudores solidarios, lo dispuesto en el artículo anterior, sólo comprenderá al que se hallare en alguno de los casos que en él se designan.

Art. 1251. Al deudor concursado, al que se hallare en notoria insolvencia o en peligro de quedar insolvente y al que sin consentimiento del acreedor hubiere disminuido por medio de actos propios las garantías otorgadas, podrá exigirse el cumplimiento de la obligación a plazo, aun cuando éste no se haya vencido.

Art. 1252. Salvo el caso del concursado, el deudor podrá gozar de plazo si asegura el cumplimiento de la obligación con garantía real suficiente.

Capítulo III
De las obligaciones facultativas, conjuntivas y alternativas

Art. 1253. Cuando el deudor debe una prestación única, pero con la posibilidad de liberarse cumpliendo otra distinta, la obligación es facultativa.

Art. 1254. Si el deudor está obligado a diversos bienes o hechos, conjuntamente, debe dar todos los primeros y prestar todos los segundos. Esta es la obligación conjuntiva.

Art. 1255. Si el deudor debe uno de dos hechos, uno de dos bienes, un hecho o un bien, la obligación es alternativa.

Art. 1256. Si el deudor se ha obligado a uno de dos hechos o a uno de dos bienes, o a un hecho o a un bien, cumple prestando cualquiera de esos hechos o bienes; mas no puede, contra la voluntad del acreedor, prestar parte de un bien y parte de otro, o ejecutar en parte un hecho.

Art. 1257. En las obligaciones alternativas la elección corresponde al deudor, si no se ha pactado otra cosa.

Art. 1258. La elección no producirá efectos sino desde que fuere notificada.

Art. 1259. El deudor perderá el derecho de elección cuando, de las prestaciones a que alternativamente estuviere obligado, sólo una fuere realizable.

Art. 1260. Si la elección compete al deudor y alguno de los bienes se pierde por culpa suya o caso fortuito, el acreedor está obligado a recibir la que quede.

Art. 1261. Si los dos bienes se han perdido, y uno lo ha sido por culpa del deudor, éste debe pagar el precio del que se perdió. Lo mismo se observará si los dos bienes se han perdido por culpa del deudor, pero éste pagará los daños y perjuicios correspondientes.

Art. 1262. Si los dos bienes se han perdido por caso fortuito, el deudor queda libre de la obligación.

Art. 1263. Si la elección compete al acreedor y uno de los dos bienes se pierde por culpa del deudor, puede el primero elegir el bien que ha quedado o el valor del perdido, con pago de daños y perjuicios.

Art. 1264. Si el bien se pierde sin culpa del deudor, estará obligado el acreedor a recibir lo que haya quedado.

Art. 1265. Si ambos bienes se perdieren sin culpa del deudor, podrá el acreedor exigir el valor de cualquiera de ellos, con los daños y perjuicios, o la rescisión del contrato.

Art. 1266. Si ambos bienes se perdieren sin culpa del deudor, se hará la distinción siguiente:

I. Si se hubiere hecho ya la elección o designación del bien, la pérdida será por cuenta del acreedor;

II. Si la elección no se hubiere hecho, quedará el contrato sin efecto.

Art. 1267. Si la elección es del deudor y uno de los bienes se pierde por culpa del acreedor, podrá el primero pedir que se le dé por libre de la obligación o que se rescinda el contrato, con indemnización de los daños y perjuicios.

Art. 1268. En el caso del artículo anterior, si la elección es del acreedor, con el bien perdido quedará satisfecha la obligación.

Art. 1269. Si los dos bienes se perdieren por culpa del acreedor, y es de éste la elección, quedará a su arbitrio devolver el precio que quiera de uno de los bienes.

Art. 1270. En el caso del artículo anterior si la elección es del deudor, éste designará el bien cuyo precio debe pagar, y este precio se probará conforme a Derecho en caso de desacuerdo.

Art. 1271. En los casos de los dos artículos que preceden, el acreedor está obligado al pago de los daños y perjuicios.

Art. 1272. Si el obligado a prestar un bien o ejecutar un hecho se rehusare a hacer lo segundo y la elección es del acreedor, éste podrá exigir el bien o la ejecución del hecho por un tercero. Si la elección es del deudor, éste cumple entregando el bien.

Art. 1273. Si el bien se pierde por culpa del deudor y la elección es del acreedor, éste podrá exigir el precio del bien, la prestación del hecho o la rescisión del contrato.

Art. 1274. En el caso del artículo anterior, si el bien se pierde sin culpa del deudor y la elección es suya, el acreedor está obligado a recibir la prestación del hecho.

Art. 1275. Haya habido o no culpa en la pérdida del bien por parte del deudor y la elección es suya, el acreedor está obligado a recibir la prestación del hecho.

Art. 1276. Si el bien se pierde o el hecho deja de prestarse por culpa del acreedor, se tiene por cumplida la obligación.

Art. 1277. La falta de prestación del hecho se regirá por lo dispuesto en el capítulo relativo a las obligaciones de hacer o de no hacer.

Capítulo IV
De las obligaciones mancomunadas

Art. 1278. Cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores tratándose de una misma obligación, existe la mancomunidad o la solidaridad.

Art. 1279. La simple mancomunidad de deudores o de acreedores no hace que cada uno de los primeros deba cumplir íntegramente la obligación, ni da derecho a cada uno de los segundos para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores haya y cada parte constituye una deuda o un crédito, distintos unos de otros.

Art. 1280. Las partes se presumen iguales, a no ser que se pacte otra cosa o que la Ley disponga lo contrario.

Art. 1281. Además de la mancomunidad, habrá solidaridad activa cuando dos o más acreedores tienen derecho para exigir, cada uno de por sí, el cumplimiento total de la obligación; y solidaridad pasiva, cuando dos o más deudores reporten la obligación de prestar, cada uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida.

La solidaridad no se presume; resulta de la Ley o de la voluntad de las partes.

Art. 1282. Cada uno de los acreedores o todos juntos pueden exigir de todos los deudores solidarios, o de cualquiera de ellos, el pago total o parcial de la deuda. Si reclaman todo de uno de los deudores y resultare insolvente, pueden reclamarlo de los demás o de cualquiera de ellos. Si hubiesen reclamado sólo parte, o de otro modo hubiesen consentido en la división de la deuda respecto de alguno o algunos de los deudores, podrán reclamar el todo de los demás obligados, con deducción de la parte del deudor o deudores liberados de la solidaridad.

Art. 1283. El pago hecho a uno de los acreedores solidarios extingue totalmente la deuda.

Art. 1284. La novación, compensación, confusión o remisión hecha por cualquiera de los acreedores solidarios, con cualquiera de los deudores de la misma clase, extingue la obligación.

Art. 1285. El acreedor que hubiese recibido todo o parte de la deuda, o que hubiese hecho quita o remisión de ella, queda responsable a los otros acreedores de la parte que a éstos corresponda, dividido el crédito entre ellos.

Art. 1286. Si falleciere alguno de los acreedores solidarios dejando más de un heredero, cada uno de los coherederos sólo tendrá derecho de exigir o recibir la parte del crédito que le corresponda en proporción a su haber hereditario, salvo que la obligación sea indivisible.

Art. 1287. El deudor de varios acreedores solidarios se libra pagando a cualquiera de éstos, a no ser que haya sido requerido judicialmente por alguno de ellos, en cuyo caso deberá hacer el pago al demandante.

Art. 1288. El deudor solidario sólo podrá utilizar contra las reclamaciones del acreedor, las excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que le sean personales.

Art. 1289. El deudor solidario es responsable para con sus coobligados si no hace valer las excepciones que son comunes a todos.

Art. 1290. Si el bien hubiere perecido, o la prestación se hubiere hecho imposible sin culpa de los deudores solidarios, la obligación quedará extinguida.

Si hubiere mediado culpa de parte de cualquiera de ellos, todos responderán del precio y de la indemnización de daños y perjuicios, teniendo derecho los no culpables de dirigir su acción contra el culpable o negligente.

Art. 1291. Si muere uno de los deudores solidarios dejando varios herederos, cada uno de éstos está obligado a pagar la cuota que le corresponda en proporción a su haber hereditario, salvo que la obligación sea indivisible; pero todos los coherederos serán considerados como un solo deudor solidario, con relación a los otros deudores.

Art. 1292. El deudor solidario que paga por entero la deuda, tiene derecho de exigir de los otros codeudores la parte que de ella les corresponda.

Salvo convenio en contrario, los deudores solidarios están obligados entre sí por partes iguales.

Si la parte que incumbe a un deudor solidario no puede obtenerse de él, el déficit debe ser repartido entre los demás deudores solidarios, aun entre aquellos a quienes el acreedor hubiere liberado de la solidaridad.

En la medida que un deudor solidario satisface la deuda, se subroga en los derechos del acreedor.

Art. 1293. Si el negocio por el cual la deuda se contrajo solidariamente, no interesa más que a uno de los deudores solidarios, éste será responsable de toda ella a los otros codeudores.

Art. 1294. Cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de uno de los acreedores o en contra de uno de los deudores, aprovecha o perjudica a los demás.

Art. 1295. Cuando por el no cumplimiento de la obligación se demanden daños y perjuicios, cada uno de los deudores solidarios responderá íntegramente de ellos.

Art. 1296. Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente. Son indivisibles si las prestaciones no pudiesen ser cumplidas sino por entero.

Art. 1297. La solidaridad estipulada, no da a la obligación el carácter de indivisible, ni la indivisibilidad de la obligación la hace solidaria.

Art. 1298. Las obligaciones divisibles en que haya más de un deudor o acreedor, se regirán por las reglas comunes de las obligaciones; las indivisibles en que haya más de un deudor o acreedor se sujetarán a las siguientes disposiciones.

Art. 1299. Cada uno de los que han contraído conjuntamente una deuda indivisible, está obligado por el todo, aunque no se haya estipulado solidaridad.

Lo mismo tiene lugar respecto de los herederos de aquel que haya contraído una obligación indivisible.

Art. 1300. Cada uno de los herederos del acreedor puede exigir la completa ejecución indivisible obligándose a dar suficiente garantía para la indemnización de los demás coherederos, pero no puede por sí solo perdonar el débito total, ni recibir el valor en lugar del bien.

Si uno solo de los herederos ha perdonado la deuda o recibido el valor del bien, el coheredero no puede pedir el bien indivisible sino devolviendo la porción del heredero que haya perdonado o que haya recibido el valor.

Art. 1301. Sólo por el consentimiento de todos los acreedores puede remitirse la obligación indivisible o hacerse una quita de ella.

Art. 1302. El heredero del deudor, apremiado por la totalidad de la obligación, puede pedir un término para hacer concurrir a sus coherederos, siempre que la deuda no sea de tal naturaleza que sólo pueda satisfacerse por el coheredero demandado, el cual entonces puede ser condenado, dejando a salvo sus derechos de indemnización contra sus coherederos.

Art. 1303. Pierde la calidad de indivisible, la obligación que se resuelve en el pago de daños y perjuicios, y entonces se observarán las reglas siguientes:

I. Si para que se produzca esa conversión hubo culpa de parte de todos los deudores, todos responderán de los daños y perjuicios proporcionalmente al interés que representen en la obligación;

II. Si sólo algunos fueron culpables, únicamente ellos responderán de los daños y perjuicios.

Capítulo V
De las obligaciones de dar

Art. 1304. El obligado a dar algún bien, lo está a conservarlo con la diligencia que exige la Ley o la propia de un buen padre de familia, y a entregarlo bajo la responsabilidad civil que corresponda.

Art. 1305. La prestación de un bien puede consistir:

I. En la traslación de dominio de bien cierto;

II. En la enajenación temporal del uso o goce de bien cierto;

III. En la restitución de bien ajeno o pago de bien debido.

Art. 1306. El acreedor de bien cierto no puede ser obligado a recibir otro, aun cuando sea de mayor valor.

Art. 1307. La obligación de dar bien cierto comprende también la de entregar sus accesorios; salvo que lo contrario resulte del título de la obligación o de las circunstancias del caso.

Art. 1308. En las enajenaciones de bienes ciertos y determinados, la traslación de la propiedad se verifica entre los contratantes, por mero efecto del contrato, sin dependencia de tradición, ya sea natural, ya sea simbólica; debiendo tenerse en cuenta las disposiciones relativas del Registro Público.

Art. 1309. Desde que el contrato se perfeccione, son a cargo del acreedor el deterioro o pérdida del bien objeto de la obligación, aun cuando éste no le haya sido entregado.

Art. 1310. En las enajenaciones de alguna especie indeterminada, la propiedad no se trasferirá sino hasta el momento en que el bien se hace cierto y determinado con conocimiento del acreedor.

Art. 1311. En el caso del artículo que precede, si no se designa la calidad del bien, el deudor cumple entregando uno de mediana calidad.

Art. 1312. En los casos en que la obligación de dar bien cierto importe la traslación de la propiedad del mismo, y se pierda o deteriore en poder del deudor, se observarán las reglas siguientes:

I. Si la pérdida fue por culpa del deudor, éste responderá al acreedor por el valor del bien y por los daños y perjuicios;

II. Si el bien se deteriorare por culpa del deudor, el acreedor puede optar por la rescisión del contrato y el pago de daños y perjuicios, o recibir el bien en el estado que se encuentre y exigir la reducción del precio y el pago de daños y perjuicios;

III. Si el bien se perdiere por culpa del acreedor, el deudor queda libre de la obligación;

IV. Si se deteriorare por culpa del acreedor, éste tiene la obligación de recibir el bien en el estado en que se halle;

V. Si el bien se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación queda sin efecto y el dueño sufre la pérdida, a menos que otra cosa se haya convenido.

Art. 1313. La pérdida del bien en poder del deudor, se presume por culpa suya mientras no se pruebe lo contrario.

Art. 1314. Cuando la deuda de un bien cierto y determinado procediere de delito o falta, no se eximirá al deudor del pago de su precio, cualquiera que hubiere sido el motivo de la pérdida, a no ser que habiendo ofrecido el bien al que debió recibirlo, se haya éste constituido en mora.

Art. 1315. El deudor de un bien perdido o deteriorado sin culpa suya, está obligado a ceder al acreedor cuantos derechos y acciones tuviere para reclamar la indemnización a quien fuere responsable.

Art. 1316. La pérdida de un bien puede verificarse:

I. Pereciendo el bien o quedando fuera del comercio;

II. Desapareciendo de modo que no se tengan noticias de él o que, aunque se tenga alguna, el bien no se pueda recobrar.

Art. 1317. Cuando la obligación de dar tenga por objeto un bien designado sólo por su género y cantidad, luego que el bien se individualice por la elección del deudor o del acreedor, se aplicarán, en caso de pérdida o deterioro, las reglas establecidas en este Código.

Art. 1318. En los casos de enajenación con reserva de la posesión, uso o goce del bien hasta cierto tiempo, se observarán las reglas siguientes:

I. Si hay convenio expreso se estará a lo estipulado;

II. Si la pérdida fuere por culpa de alguno de los contratantes, el importe será de la responsabilidad de éste;

III. A falta de convenio o de culpa, cada interesado sufrirá la pérdida que le corresponda, en todo, si el bien perece totalmente, o en parte, si la pérdida fuere solamente parcial;

IV. En el caso de la fracción que precede, si la pérdida fuere parcial y las partes no convinieren en la disminución de sus respectivos derechos, se nombrarán peritos que la determinen.

Art. 1319. En los contratos en que la prestación del bien no importe la traslación de la propiedad, el riesgo será siempre de cuenta del acreedor, a menos que intervenga culpa o negligencia de la otra parte.

Art. 1320. Hay culpa o negligencia cuando el obligado ejecuta actos contrarios a la conservación del bien o deja de ejecutar los que son necesarios para el mismo.

Art. 1321. Si fueren varios los obligados a prestar el mismo bien, cada uno de ellos responderá, proporcionalmente, exceptuándose en los casos siguientes:

I. Cuando cada uno de ellos se hubiere obligado solidariamente;

II. Cuando la prestación consistiere en bien cierto y determinado que se encuentre en poder de uno de ellos, o cuando dependa del hecho que sólo uno de los obligados pueda prestar;

III. Cuando la obligación sea indivisible;

IV. Cuando por contrato se ha determinado otra cosa.

Capítulo VI
De las obligaciones de hacer o de no hacer

Art. 1322. Si el obligado a prestar un hecho no lo hiciere, el acreedor tiene derecho de pedir que a costa de aquel se ejecute por otro, cuando la sustitución sea posible.

Esto mismo se observará si no lo hiciere de la manera convenida. En este caso el acreedor podrá pedir que se deshaga lo mal hecho.

Art. 1323. El que estuviere obligado a no hacer alguna cosa, quedará sujeto al pago de daños y perjuicios en caso de contravención. Si hubiere obra material, podrá exigir el acreedor que sea destruida a costa del obligado.

TÍTULO TERCERO
De la trasmisión de las obligaciones

Capítulo I
De la cesión de créditos

Art. 1324. Puede el acreedor ceder sus derechos, a título gratuito u oneroso, salvo disposición en contrario. Habrá cesión de créditos o derechos personales, cuando el acreedor trasfiera a un tercero los que tenga contra su deudor.

Art. 1325. El acreedor puede ceder su crédito a un tercero sin el consentimiento del deudor, a menos que la cesión esté prohibida por la Ley, se haya convenido en no hacerla o no lo permita la naturaleza del derecho.

El deudor no puede alegar contra el tercero que el crédito no podía cederse porque así se había convenido, cuando ese convenio no conste en el título constitutivo del derecho.

Art. 1326. Si los derechos o créditos fueren litigiosos, no podrán ser cedidos en ninguna forma a las personas que desempeñen la judicatura, ni a cualquier otra autoridad de nombramiento del Gobierno, si esos derechos o créditos fueren disputados dentro de los límites a que se extienda la jurisdicción de los funcionarios referidos.

Art. 1327. La cesión hecha en contravención a lo dispuesto en el artículo anterior será nula y esta nulidad es absoluta.

Art. 1328. El deudor de cualquiera obligación litigiosa, cedida por título oneroso, puede liberarse, satisfaciendo al cesionario el valor que éste hubiere dado por ella con sus intereses y demás expensas que hubiere hecho en la adquisición.

Art. 1329. El pago de que habla el artículo anterior, no libera de la obligación:

I. Si la cesión se hace en favor del heredero o copropietario del derecho cedido;

II. Si la cesión se hace en favor del poseedor del inmueble que es objeto de ese derecho;

III. Si la cesión se hace a un acreedor en pago de su deuda.

Art. 1330. La liberación permitida en los artículos que preceden, sólo es operante cuando el litigio no haya sido resuelto en última instancia.

Art. 1331. Se considerará litigioso el derecho desde que se practique providencia precautoria de embargo, si el embargante presenta en tiempo la demanda; desde el secuestro en juicio ejecutivo; y en los demás casos desde la contestación de la demanda hasta que se pronuncie sentencia que cause ejecutoria.

Art. 1332. En la cesión de créditos se observarán las disposiciones relativas al acto jurídico que le dé origen, en lo que no estuvieren modificadas en este capítulo.

Art. 1333. La cesión de un crédito comprende la de todos los derechos accesorios, como la fianza, hipoteca, prenda o privilegio, salvo aquellos que son inseparables de la persona del cedente.

Los intereses vencidos se presume que fueron cedidos con el crédito principal.

Art. 1334. La cesión de créditos civiles que no sean a la orden o al portador, puede hacerse en escrito privado que firmarán cedente, cesionario y dos testigos. Sólo cuando la Ley exija que el título del crédito cedido conste en escritura pública, la cesión deberá hacerse en esta clase de documentos.

Art. 1335. La cesión de créditos que no sean a la orden o al portador, no produce efectos contra terceros sino desde que su fecha deba tenerse por cierta, conforme a las reglas siguientes:

I. Si tiene por objeto un crédito que deba inscribirse, desde la fecha de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad;

II. Si se hace en escritura pública, desde la fecha de su otorgamiento;

III. Si se trata de un documento privado, desde el día en que se incorpore o inscriba en el Registro Público; desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde la fecha en que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio.

Art. 1336. Cuando no se trate de títulos a la orden o al portador, el deudor puede oponer al cesionario las excepciones que podría oponer al cedente en el momento en que se hace la cesión.

Si tiene contra el cedente un crédito todavía no exigible cuando se hace la cesión, podrá invocar la compensación, con tal que su crédito no sea exigible después de que lo sea el cedido.

Art. 1337. En la cesión de créditos civiles que no sean a la orden o al portador, para que el cesionario pueda ejercitar sus derechos contra el deudor, deberá hacer a éste la notificación de la cesión, ya sea judicialmente, ya en lo extrajudicial ante dos testigos o ante notario.

Art. 1338. Sólo tienen derecho para pedir o hacer la notificación, el acreedor que presente el título justificativo del crédito, o el de la cesión, cuando aquél no sea necesario.

Art. 1339. Si el deudor está presente en la cesión y no se opone a ella, o si estando ausente la ha aceptado, y esto se prueba, se tendrá por hecha la notificación.

Art. 1340. Si el crédito se ha cedido a varios cesionarios tiene preferencia el que primero ha notificado la cesión al deudor, salvo lo dispuesto para títulos que deban registrarse.

Art. 1341. Mientras no se haya hecho notificación al deudor, éste se libra pagando al acreedor primitivo.

Los acreedores del cedente podrán ejercitar sus derechos con respecto a la deuda cedida, siempre que no se haga la notificación en los términos legales.

Art. 1342. Hecha la notificación, no se libra el deudor sino pagando al cesionario.

Art. 1343. El cedente está obligado a garantizar la existencia o legitimidad del crédito al tiempo de hacerse la cesión, a no ser que aquél se haya cedido con el carácter de dudoso.

Art. 1344. Con excepción de los títulos a la orden, el cedente no está obligado a garantizar la solvencia del deudor, a no ser que se haya estipulado expresamente o que la insolvencia sea pública y anterior a la cesión.

Art. 1345. Si el cedente se hubiera hecho responsable de la solvencia del deudor, y no se fijare el tiempo que esta responsabilidad deba durar, se limitará a un año, contado desde la fecha en que la deuda fuera exigible, si estuviere vencida; si no lo estuviere se contará desde la fecha del vencimiento.

Art. 1346. Si el crédito cedido consiste en una renta, que deba pagarse por pensiones diarias, semanales, quincenales, mensuales o anuales, la responsabilidad por la solvencia del deudor cuando la haya tomado a su cargo el cedente, se extingue a los dos años contados desde la fecha de la cesión.

Art. 1347. El que cede alzadamente o en globo la totalidad de ciertos créditos, cumple con responder de la legitimidad del todo en general; pero no está obligado al saneamiento de cada una de las partes, salvo en el caso de evicción del todo o de la mayor parte.

Art. 1348. El que cede su derecho a una herencia, sin enumerar las cosas de que ésta se compone, sólo está obligado a responder de su calidad de heredero.

Art. 1349. Si el cedente se hubiere aprovechado de algunos frutos o percibido algún bien de la herencia que cediere, deberá abonarlo al cesionario, si no se hubiere pactado lo contrario.

Art. 1350. El cesionario debe, por su parte, satisfacer al cedente todo lo que haya pagado por las deudas o cargas de la herencia y sus propios créditos contra ella, salvo si se hubiera pactado lo contrario.

Art. 1351. Si la cesión fuera gratuita, el cedente no será responsable para con el cesionario, por la existencia del crédito, ni por la solvencia del deudor.

Capítulo II
De la cesión de deudas

Art. 1352. Para que haya sustitución de deudor es necesario que el acreedor consienta expresa o tácitamente.

Art. 1353. Se presume que el acreedor consiente en la sustitución del deudor, cuando permite que el sustituto ejecute actos que debía ejecutar el deudor, como pago de réditos, pagos parciales, o periódicos, siempre que lo haga en nombre propio y no por cuenta del deudor primitivo.

Art. 1354. El acreedor que exonera al antiguo deudor, aceptando otro en su lugar, no puede repetir contra el primero, si el nuevo se encuentra insolvente, salvo convenio en contrario.

Art. 1355. Cuando el deudor y el que pretenda sustituirlo fijen un plazo al acreedor para que manifieste su conformidad con la sustitución, pasado ese plazo sin que el acreedor haya hecho conocer su determinación, se presume que rehúsa.

Art. 1356. El deudor sustituto queda obligado en los términos en que lo estaba el deudor primitivo; pero cuando un tercero ha constituido fianza, prenda o hipoteca para garantizar la deuda, estas garantías cesan con la sustitución del deudor, a menos que el tercero consienta en que continúen.

Art. 1357. El deudor sustituto puede oponer al acreedor las excepciones que se originen de la naturaleza de la deuda y las que le sean personales, pero no puede oponer las que sean personales del deudor primitivo.

Art. 1358. Cuando se declara nula la sustitución de deudor, la antigua deuda renace con todos sus accesorios, pero con la reserva de derechos que pertenezcan a tercero de buena fe.

Capítulo III
De la subrogación

Art. 1359. La subrogación se verificará por ministerio de Ley sin necesidad de declaración alguna de los interesados:

I. Cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente;

II. Cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación;

III. Cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia;

IV. Cuando se hace el pago con consentimiento expreso o tácito del deudor;

V. Cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición.

Art. 1360. Hay subrogación convencional cuando el acreedor recibe el pago de un tercero y lo subroga en sus derechos, privilegios, acciones o hipotecas contra el deudor. Esta subrogación debe ser expresa y hacerse al mismo tiempo que el pago.

Art. 1361. Si la deuda fuere pagada por el deudor con dinero que un tercero le prestare para este efecto, solamente quedará subrogado el prestamista en los derechos del acreedor, si el préstamo constare en título auténtico en que se declare que el dinero fue prestado para el pago de la misma deuda. A falta de esta circunstancia, el que prestó sólo tendrá los derechos que exprese su respectivo contrato.

Art. 1362. El acreedor que solamente hubiere sido pagado en parte, podrá ejercitar sus derechos con preferencia al subrogado por el resto de su deuda; pero de esta preferencia disfrutarán únicamente los acreedores originarios, o sus cesionarios, sin que pueda pretenderla cualquier otro subrogado.

Art. 1363. No habrá subrogación parcial en deudas de solución indivisible.

Art. 1364. El pago de los subrogados en diversas porciones del mismo crédito, cuando no basten los bienes del deudor para cubrirlos todos, se hará a prorrata.

Art. 1365. El subrogado puede ejercitar todos los derechos que competen al acreedor tanto contra el deudor como contra sus fiadores.

Art. 1366. En el caso de la subrogación convencional, o sea cuando el acreedor recibe el pago de un tercero y le subroga en todos sus derechos, si el subrogatario pagó al acreedor una suma menor al importe del crédito y le subrogó en el total del mismo, puede el deudor liberarse de la deuda, pagando al subrogatario lo que éste pagó por la subrogación, más los gastos de ella y los intereses que vayan venciendo, calculados al tipo pactado, sobre la suma pagada al subrogante.

Art. 1367. Habrá subrogación real siempre que un bien afectado a un derecho real, sea sustituido por su valor en los casos de enajenación voluntaria, remate, expropiación, seguro u otro equivalente.

Art. 1368. También habrá subrogación real cuando el propietario o poseedor del bien gravado lo destruya para sustituirlo por otro.

Art. 1369. Asimismo habrá subrogación real cuando un bien propio de uno de los cónyuges o que constituya el patrimonio de familia, se enajene y con su precio se adquiera otro.

Art. 1370. En el caso del artículo 1368, el titular del derecho real tendrá acción para que se declare que su derecho real afecta al nuevo bien.

Art. 1371. En el caso del artículo 1369, el titular o titulares del bien enajenado tienen derecho a que el nuevo ocupe el lugar que tenía en el patrimonio del titular y desempeñe el mismo fin a que estaba destinado el anterior.

Art. 1372. La regulación de los derechos correspondientes al dueño o poseedor y al titular del derecho real, cuando exista un valor que sustituya al bien, se hará tomando en cuenta los valores que asignen los peritos respectivos de ambas partes.

Art. 1373. Tratándose de hipoteca y prenda, el valor que sustituya al bien se aplicará preferentemente al pago del crédito garantizado.

TÍTULO CUARTO
Efectos de las obligaciones

Efectos de las obligaciones entre las partes

Cumplimiento de las obligaciones

Capítulo I
Del pago

Art. 1374. Pago o cumplimiento es la entrega del bien o cantidad debida, o la prestación del servicio que se hubiere prometido.

Art. 1375. En las obligaciones de no hacer, el pago de las mismas es la abstención del hecho que constituye su objeto.

Art. 1376. El deudor puede ceder sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, sólo libra a aquél de responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos. Los convenios que sobre el efecto de la cesión se celebren entre el deudor y sus acreedores, se sujetarán a lo dispuesto en el título relativo a la concurrencia y prelación de los créditos.

Art. 1377. La obligación de prestar algún servicio se puede cumplir por un tercero, salvo el caso en que se hubiere establecido, por pacto expreso, que la cumpla personalmente el mismo obligado, o cuando se hubieren considerado sus conocimientos especiales o sus cualidades personales.

Art. 1378. El pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus representantes, o por cualquiera otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación.

Art. 1379. Puede también hacerse por un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación, que obre con consentimiento expreso o presunto del deudor.

Art. 1380. Puede hacerse igualmente por un tercero ignorándolo el deudor.

Art. 1381. Puede, por último, hacerse contra la voluntad del deudor.

Art. 1382. En el caso del pago de un tercero se observarán las disposiciones relativas al mandato.

Art. 1383. Si el pago se hizo por un tercero ignorándolo el deudor, el que hizo el pago sólo tendrá el derecho de reclamar al deudor la cantidad que hubiere pagado al acreedor, si éste consintió en recibir menor suma que la debida.

Art. 1384. Si el pago se hace contra la voluntad del deudor, el que lo hizo, solamente tendrá derecho a cobrar del deudor aquello en que le hubiere sido útil el pago.

Art. 1385. El acreedor está obligado a aceptar el pago hecho por un tercero; fuera de los casos previstos para la subrogación por ministerio de Ley, o cuando la deuda fuere pagada por el deudor con dinero que un tercero le prestare con ese objeto y se constituya a su vez en acreedor.

Art. 1386. El pago debe hacerse al mismo acreedor o a su representante legítimo.

Art. 1387. El pago hecho a un tercero extinguirá la obligación, si así se hubiere estipulado o consentido por el acreedor, y en los casos en que la Ley lo determine expresamente.

Art. 1388. El pago hecho a una persona incapacitada para administrar sus bienes, será válido en cuanto se hubiere convertido en su utilidad.

También será válido el pago hecho a un tercero en cuanto se hubiere convertido en utilidad del acreedor.

Art. 1389. El pago hecho de buena fe al que estuviere en posesión del crédito liberará al deudor.

Art. 1390. No será válido el pago hecho al acreedor por el deudor, después de habérsele ordenado judicialmente la retención de la deuda.

Art. 1391. El pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado; y nunca podrá hacerse parcialmente sino en virtud de convenio expreso o por disposición de la Ley.

Sin embargo, cuando la deuda tuviere una parte líquida y otra ilíquida, podrá exigir el acreedor y hacer el deudor el pago de la primera sin esperar a que se liquide la segunda.

Art. 1392. El pago se hará en el tiempo designado en el contrato, exceptuándose aquellos casos en que la Ley permita o prevenga expresamente otra cosa.

Art. 1393. Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los treinta días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicial, ya extrajudicialmente, ante un notario o ante dos testigos. Tratándose de obligaciones de hacer, el hecho debe prestarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya trascurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación.

Art. 1394. Si el deudor quisiere hacer pagos anticipados y el acreedor recibirlos, no podrá éste ser obligado a hacer descuentos.

Art. 1395. Por regla general el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo que las partes convinieren otra cosa, o que lo contrario se desprenda de las circunstancias, de la naturaleza de la obligación o de la Ley.

Si se han designado varios lugares para hacer el pago, el acreedor puede elegir cualquiera de ellos.

Art. 1396. Si el pago consiste en la tradición de inmueble o en prestaciones relativas al inmueble, deberá hacerse en el lugar donde éste se encuentre.

Art. 1397. Si el pago consistiere en una suma de dinero como precio de algún bien enajenado por el acreedor, deberá ser hecho en el lugar que se entregó el bien, salvo que se designe otro lugar.

Art. 1398. El deudor que después de celebrado el contrato mudare voluntariamente de domicilio, deberá indemnizar al acreedor de los mayores gastos que haga por esta causa, para obtener el pago. De la misma manera el acreedor debe indemnizar al deudor, cuando debiendo hacerse el pago en el domicilio de aquél, cambia voluntariamente de domicilio.

Art. 1399. Los gastos de entrega serán de cuenta del deudor, si no se hubiere estipulado otra cosa.

Art. 1400. No es válido el pago hecho con bien ajeno; pero si el pago se hubiere hecho con una cantidad de dinero u otro bien fungible ajeno, no habrá repetición contra el acreedor que lo haya consumido de buena fe.

Art. 1401. El deudor que paga tiene derecho de exigir el documento que acredite el pago y puede retener éste mientras no le sea entregado.

Art. 1402. Cuando la deuda es de pensiones que deben satisfacerse en periodos determinados, y se acredita por escrito el pago de la última, se presumen pagadas las anteriores, salvo prueba en contrario.

Art. 1403. Cuando se paga el capital sin hacerse reserva de réditos, se presume que éstos están pagados.

Art. 1404. La entrega del título hecha al deudor hace presumir el pago de la deuda constante en aquél.

Art. 1405. El que tuviere contra sí varias deudas en favor de un solo acreedor, podrá declarar, al tiempo de hacer el pago, a cuál de ellas quiere que éste se aplique.

Art. 1406. Si el deudor no hiciere la referida declaración se entenderá hecho el pago por cuenta de la deuda que le fuere más onerosa, entre las vencidas. En igualdad de circunstancias, se aplicará a la más antigua, y siendo todas de la misma fecha, se distribuirá entre todas ellas a prorrata.

Art. 1407. Las cantidades pagadas a cuenta de deudas con interés, no se imputarán al capital mientras hubiere intereses vencidos y no pagados, salvo convenio en contrario.

Art. 1408. La obligación queda extinguida cuando el acreedor recibe en pago un bien distinto en lugar del debido.

Art. 1409. Si el acreedor sufre la evicción del bien que recibe en pago, renacerá la obligación primitiva, quedando sin efecto la dación en pago.

Capítulo II
Del ofrecimiento del pago y de la consignación

Art. 1410. El ofrecimiento de pago, seguido de la consignación del bien debido, produce efectos de pago y extingue la deuda, si aquél reúne todos los requisitos que para éste exige la Ley.

Art. 1411. Si el acreedor rehusare sin justa causa recibir la prestación debida, o dar el documento justificativo de pago, o si fuere persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor librarse de la obligación haciendo consignación del bien debido.

Art. 1412. Si el acreedor fuere conocido, pero dudosos sus derechos, podrá el deudor depositar el bien debido, con citación del interesado, a fin de que justifique sus derechos por los medios legales.

Art. 1413. La consignación se hará en la forma que determine el Código de Procedimientos Civiles.

Art. 1414. Si el juez declara fundada la oposición del acreedor para recibir el pago, el ofrecimiento y la consignación se tienen como no hechos.

Art. 1415. Aprobada la consignación por el juez, éste declarará que la obligación quedó extinguida desde que se hizo el ofrecimiento seguido de la consignación, a fin de que se produzcan todos los efectos legales consiguientes desde esa fecha.

Art. 1416. Si el ofrecimiento y la consignación se han hecho legalmente, todos los gastos serán de cuenta del acreedor.

Art. 1417. Mientras el acreedor no acepte la consignación, o no se pronuncie sentencia sobre ella, podrá el deudor retirar del depósito el bien; pero en este caso la obligación conserva su fuerza.

Capítulo III
De la repetición de la prestación hecha a título de pago

Art. 1418. Cuando una persona reciba, a título de pago, algún bien que no tenía derecho de exigir y que por error le ha sido indebidamente entregado, esa persona tiene obligación de restituirlo.

Art. 1419. Si lo indebido consiste en una prestación cumplida, cuando el que la recibe procede de mala fe, debe pagar el valor corriente de esa prestación; si procede de buena fe, sólo debe pagar lo equivalente al enriquecimiento recibido.

Art. 1420. El error a que se refiere el artículo anterior puede ser de hecho y recaer sobre la persona del acreedor o del deudor, o respecto a la existencia de la deuda.

Habrá error sobre la persona del acreedor, cuando el pago se ejecute a quien no tenga tal carácter, bajo el concepto falso de que sí lo tiene.

Habrá error sobre la persona del deudor, cuando el pago se ejecute por alguien que falsamente se estima deudor.

Art. 1421. Habrá error sobre la existencia de la deuda, cuando se pague una obligación que no haya existido o que jurídicamente deba calificarse de inexistente. Se equipara al caso de error sobre la existencia de la deuda el pago hecho respecto de una obligación nula en forma absoluta, ignorando el vicio o motivo de nulidad. En este caso, habrá lugar a la repetición de lo pagado indebidamente.

Art. 1422. El que acepte un pago indebido, si hubiere procedido de mala fe, deberá abonar el interés legal cuando se trate de capitales, o los frutos percibidos y los dejados de percibir, de los bienes que los produjeren.

Además, responderá de los menoscabos que el bien haya sufrido por cualquier causa, y de los perjuicios que se irrogaren al que lo entregó, hasta que lo recobre. No responderá del caso fortuito cuando éste hubiere podido afectar del mismo modo a los bienes hallándose en poder del que los entregó.

Art. 1423. Si el que recibió el bien con mala fe, lo hubiere enajenado a un tercero que tuviere también mala fe, podrá el dueño reivindicarlo y cobrar de uno u otro los daños y perjuicios.

Art. 1424. Si el tercero a quien se enajene el bien lo adquiere de buena fe, sólo podrá reivindicarse si la enajenación se hizo a título gratuito.

Art. 1425. El que de buena fe hubiere aceptado un pago indebido de bien cierto y determinado, sólo responderá de los menoscabos o pérdida de éste y de sus accesiones, en cuanto por ello se hubiere enriquecido. Si lo hubiere enajenado, restituirá el precio o cederá la acción para hacerlo efectivo.

Art. 1426. Si el que recibió de buena fe un bien dado en pago indebido lo hubiere donado, no subsistirá la donación y se aplicará al donatario lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 1427. El que de buena fe hubiere aceptado un pago indebido, tiene derecho a que se le abonen los gastos necesarios y retirar las mejoras útiles, si con la separación no sufre detrimento el bien dado en pago. Si sufre, tiene derecho a que se le pague una cantidad equivalente al aumento del valor que recibió el bien con la mejora hecha.

Art. 1428. Queda libre de la obligación de restituir el que, creyendo de buena fe que se hacía el pago por cuenta de un crédito legítimo y subsistente, hubiere inutilizado el título, dejando prescribir la acción, abandonando las prendas o cancelando las garantías de su derecho. El que paga indebidamente sólo podrá dirigirse contra el verdadero deudor o los fiadores, respecto de los cuales la acción estuviere viva.

Art. 1429. La prueba de pago incumbe al que pretende haberlo hecho. También corre a su cargo la del error con que lo realizó, a menos que el demandado negare haber recibido el bien que se le reclama. En este caso, justificada la entrega por el demandante, queda relevado de toda otra prueba. Esto no limita el derecho del demandado para acreditar que le era debido lo que recibió.

Art. 1430. Se presume que hubo error en el pago, cuando se entrega un bien que no se debía o que ya estaba pagado; pero aquel a quien se pide la devolución puede probar que la entrega se hizo a título de liberalidad o por cualquiera otra causa justa.

Art. 1431. La acción para repetir lo pagado indebidamente, prescribe en seis meses contados desde que se conoció el error y originó el pago. El solo trascurso de dieciocho meses contados desde el pago, hace perder el derecho para reclamar su devolución.

Art. 1432. No puede repetirse lo que se ha entregado como pago, ajustándose a la propia conciencia y a sabiendas de que no se está jurídicamente obligado.

 

TÍTULO QUINTO
Incumplimiento de las obligaciones

Capítulo I
Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones

Art. 1433. El que estuviere obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios.

Si la obligación fuere a plazo comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de éste.

Si la obligación no dependiere de plazo cierto y se tratare de la cesión de créditos a título gratuito, el cedente no será responsable para con el cesionario, ni por la existencia del crédito, ni por la solvencia del deudor.

El que contraviene una obligación de no hacer, pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención.

Art. 1434. En las obligaciones de dar que tengan plazo fijo se observará lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo que precede.

Si no tuvieren plazo cierto, deberá estarse a lo señalado por este Código para el incumplimiento de las obligaciones en que no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago o la entrega del bien en las obligaciones de dar.

Art. 1435. La responsabilidad procedente de dolo es exigible en todas las obligaciones. La renuncia de hacerla efectiva es nula.

Art. 1436. La responsabilidad de que se trata en este título, además de importar la devolución del bien o su precio, o la de ambos, en su caso, importará la reparación de los daños y la indemnización de los perjuicios.

Art. 1437. Se entiende por daño, la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación.

Art. 1438. Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación.

Art. 1439. Los daños y perjuicios deben ser consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación, ya sea que se hayan causado o que necesariamente deban causarse.

Art. 1440. Nadie está obligado al caso fortuito sino cuando ha dado causa o contribuido a él, cuando ha aceptado expresamente esa responsabilidad, o cuando la Ley se la impone.

Art. 1441. Si el bien se ha perdido, o ha sufrido un detrimento tan grave que, a juicio de peritos, no pueda emplearse en el uso a que naturalmente está destinado, el dueño debe ser indemnizado de todo su valor legítimo.

Art. 1442. Si el deterioro es menos grave, sólo el importe de éste se abonará al dueño al restituirse el bien.

Art. 1443. El precio del bien será el que tendría al tiempo de ser devuelto al dueño; excepto en los casos en que la Ley o el pacto señalen otra época.

Art. 1444. Al estimar el deterioro de un bien se atenderá no solamente a la disminución que él causó en el precio del mismo, sino a los gastos que necesariamente exija la reparación.

Art. 1445. Al fijar el valor y deterioro de un bien, no se atenderá al precio estimativo o de afección, a no ser que se pruebe que el responsable destruyó o deterioró el bien con el objeto de lastimar los sentimientos del dueño; el aumento que por estas causas se haga no podrá exceder de una tercera parte del valor común del bien.

Art. 1446. La responsabilidad civil puede ser regulada por convenio de las partes, salvo aquellos casos en que la Ley disponga expresamente otra cosa.

Si la prestación consiste en el pago de cierta cantidad de dinero, los daños y perjuicios que resulten de la falta de cumplimiento no podrán exceder del interés legal, salvo convenio en contrario.

Art. 1447. El pago de los gastos judiciales será a cargo del que faltare al cumplimiento de la obligación y se hará en los términos que establezca el Código de Procedimientos Civiles.

Capítulo II
De la evicción y saneamiento

Art. 1448. Habrá evicción cuando el que adquirió algún bien fuere privado de todo o parte de él por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición.

Art. 1449. Todo el que enajena está obligado a responder de la evicción, aunque nada se haya expresado en el contrato. La simple mención que se haga de la renuncia al derecho a la evicción, se tendrá por no puesta.

Para que surta efectos deberá constar que el adquiriente, ante la presencia de notario o de testigos, fue instruido debidamente de la trascendencia que para su patrimonio implica tal renuncia.

Art. 1450. Cuando el bien objeto de la evicción hubiere pertenecido sucesivamente a diversos propietarios, cada uno de éstos está obligado con el inmediato adquiriente, y tiene derecho de reclamar el saneamiento al que le enajenó, con arreglo a las disposiciones de este capítulo.

Art. 1451. Los contratantes pueden aumentar o disminuir convencionalmente los efectos de la evicción, y aun convenir en que ésta no se preste en caso alguno, siempre y cuando la renuncia se haga en los términos del párrafo tercero del artículo 1449.

Art. 1452. Es nulo todo pacto que exima al que enajena de responder por la evicción, siempre que hubiere mala fe de parte suya.

Art. 1453. El adquiriente, luego que sea emplazado, debe denunciar el pleito de evicción al que le enajenó.

Art. 1454. El fallo judicial impone al que enajena la obligación de indemnizar en los términos que establece este Código.

Art. 1455. Cuando tuviere lugar la evicción, el enajenante estará obligado a indemnizar al adquiriente, en los siguientes términos, si el que enajenó hubiere procedido de buena fe, estará obligado a entregar al que sufrió la evicción:

I. El precio íntegro que recibió del bien;

II. Los gastos causados en el contrato, si fueren satisfechos por el adquiriente;

III. Los causados en el pleito de evicción y en el de saneamiento;

IV. El valor de las mejoras útiles y necesarias, siempre que en la sentencia no se determine que el vendedor satisfaga su importe.

Art. 1456. Si el que enajena hubiere procedido de mala fe tendrá las obligaciones que exprese el artículo anterior, con las agravantes siguientes:

I. Devolverá, a elección del adquiriente, el precio que la cosa tenía al tiempo de la adquisición, o el que tenga al tiempo en que sufra la evicción;

II. Satisfará al adquiriente el importe de las mejoras voluntarias y de mero placer hechas al bien;

III. Pagará los daños y perjuicios.

Art. 1457. Si el que enajena no sale sin justa causa al pleito de evicción, en tiempo hábil, si no rinde prueba alguna, o no alega, queda obligado al saneamiento en los términos del artículo anterior.

Art. 1458. Si el que enajena y el que adquiere proceden de mala fe, no tendrá el segundo derecho al saneamiento ni a indemnización alguna.

Art. 1459. Si el adquirente fuere condenado a restituir los frutos del bien, podrá exigir del que enajenó, la indemnización de ellos, o el interés legal del precio que haya dado.

Art. 1460. Si el que adquirió no fuere condenado a dicha restitución, quedarán compensados los intereses del precio con los frutos recibidos.

Art. 1461. Los deterioros que el bien haya sufrido serán de cuenta del que los causó.

Art. 1462. Cuando el adquirente sólo fuere privado por la evicción, de una parte del bien adquirido, se observarán respecto de éste las reglas establecidas en este capítulo, a no ser que el adquirente prefiera la rescisión del contrato.

Art. 1463. Si el que enajena, al ser emplazado, manifiesta que no tiene medios de defensa, y consigna el precio por no quererlo recibir el adquirente, queda libre de cualquiera responsabilidad posterior a la fecha de consignación.

Art. 1464. Las mejoras que el que enajenó haya hecho antes de la enajenación, se le tomarán a cuenta de lo que debe pagar, siempre que fueren abonadas por el vendedor.

Art. 1465. También se observará lo dispuesto en el artículo 1463, cuando en un solo contrato se hayan enajenado dos o más bienes sin fijar el precio de cada uno de ellos, y uno sólo sufriera la evicción.

Art. 1466. En el caso de los artículos precedentes, si el que adquiere elige la rescisión del contrato está obligado a devolver el bien libre de los gravámenes que le hayan impuesto.

Art. 1467. Si al denunciarse el pleito o durante él, reconoce el que enajenó el derecho del que reclama, y se obliga a pagar conforme a las prescripciones de este capítulo, sólo será responsable de los gastos que se causen hasta que haga el reconocimiento, sea cual fuere el resultado del juicio.

El reconocimiento a que se refiere este precepto no perjudica el derecho del adquirente para optar por la rescisión del contrato.

Art. 1468. Si la finca que se enajenó se halla gravada, sin haberse hecho mención de ello en la escritura, con alguna carga o servidumbre voluntaria no aparente, el que adquirió puede pedir la indemnización correspondiente al gravamen, o la rescisión del contrato.

Art. 1469. Las acciones rescisorias y de indemnización a que se refiere el artículo que precede, prescriben en un año, que se contará, para la primera, desde el día en que se perfeccionó el contrato, y para la segunda desde el día en que el adquirente tenga noticia de la carga o servidumbre.

Art. 1470. El que enajena no responde por la evicción:

I. Si así se hubiere convenido;

II. Si conociendo el que adquiere el derecho del que entabla la evicción, lo hubiere ocultado dolosamente al que enajena;

III. Si la evicción procede de una causa posterior al acto de enajenación no imputable al que enajena, o de hecho del que adquiere, ya sea anterior o posterior al mismo acto;

IV. Si el adquirente y el que reclama transigen o comprometen el negocio en árbitros, sin consentimiento del que enajenó;

V. Si el adquirente al ser emplazado no denuncia el pleito de evicción al que le enajenó;

VI. Si la evicción tuvo lugar por culpa del adquirente.

Art. 1471. En las ventas hechas en remate judicial, el vendedor no está obligado por causa de la evicción que sufriera la cosa vendida, sino a restituir el precio que haya producido la venta.

Art. 1472. En los contratos conmutativos, el enajenante está obligado al saneamiento por los defectos ocultos del bien enajenado que lo hagan impropio para los usos a que se le destina, o que disminuyan de tal modo este uso, que al haberlo conocido el adquirente no hubiere hecho la adquisición o habría dado menos precio por el bien.

Art. 1473. El enajenante no es responsable de los defectos manifiestos o que estén a la vista, ni tampoco de los que no lo están, si el adquirente es un perito que por razón de su oficio o profesión debe fácilmente conocerlos.

Art. 1474. En los casos del artículo 1472, puede el adquirente exigir la rescisión del contrato y el pago de los gastos que por él hubiere hecho, o que se le rebaje una cantidad proporcionada del precio, a juicio de peritos.

El adquirente tiene derecho a la devolución de la diferencia entre lo que dio o que habría dado por el bien defectuoso aunque éste perezca por caso fortuito o por culpa del mismo adquirente.

Art. 1475. Si se probare que el enajenante conocía los defectos ocultos del bien y no los manifestó al adquirente, tendrá éste la misma facultad que le concede el artículo anterior, debiendo además, ser indemnizado de los daños y perjuicios si prefiere la rescisión.

Art. 1476. En los casos en que el adquirente pueda elegir la indemnización o la rescisión del contrato, una vez hecha por él la elección del derecho que va a ejercitar, no puede usar del otro sin el consentimiento del enajenante.

Art. 1477. Si el bien enajenado pereciere o mudare de naturaleza a consecuencia de los vicios que tenía, y eran conocidos del enajenante, éste sufrirá la pérdida y deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato con los daños y perjuicios.

Art. 1478. Si el enajenante no conocía los vicios, solamente deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato, en el caso de que el adquirente los haya pagado.

Art. 1479. Las acciones que nacen de lo dispuesto en los artículos precedentes se extinguen a los seis meses, contados desde la entrega del bien enajenado.

Art. 1480. Enajenándose dos o más animales juntamente, sea en un precio alzado o sea señalándolo a cada uno de ellos, el vicio de uno da sólo lugar a la acción redhibitoria, respecto de él, y no respecto de los demás, a no ser que aparezca que el adquirente no habría adquirido el sano o sanos sin el vicioso, o que la enajenación fuese de un rebaño y el vicio fuere contagioso.

Art. 1481. Se presume que el adquiriente no tenía voluntad de adquirir uno solo de los animales, cuando se adquiere un tiro, yunta o pareja, aunque se haya señalado un precio separado a cada uno de los animales que los componen.

Art. 1482. En la enajenación de dos o más bienes, el vicio de uno da lugar a la acción redhibitoria, respecto de él, no respecto de los demás, a no ser que aparezca que no habría adquirido el vicioso respecto del que no lo está.

Art. 1483. Cuando el animal muere dentro de los tres días siguientes a su adquisición, es responsable el enajenante, si por juicio de peritos se prueba que la enfermedad existía antes de la enajenación.

Art. 1484. Si la enajenación se declara resuelta debe devolverse el bien enajenado en el mismo estado que se entregó, siendo responsable el adquirente de cualquier deterioro que no proceda de vicio o defecto ocultos.

Art. 1485. En caso de enajenación de animales, ya sea que se enajenen individualmente, por troncos o yuntas, o como ganados, la acción redhibitoria por causa de tachas o vicios ocultos sólo dura veinte días, contados desde la fecha del contrato.

Art. 1486. La calificación de los vicios del bien enajenado se hará por peritos nombrados por las partes, y por un tercero que elegirá el juez en caso de discordia.

Art. 1487. Los peritos declararán terminantemente si los vicios eran anteriores a la enajenación y si por causa de ellos no puede destinarse el bien a los usos para que fue adquirido.

Art. 1488. Las partes pueden restringir, renunciar o ampliar su responsabilidad por los vicios redhibitorios, siempre que no haya mala fe.

Art. 1489. Incumbe al adquirente probar que el vicio existía al tiempo de la adquisición; no probándolo, se juzga que el vicio sobrevino después.

Art. 1490. Si el bien enajenado con vicios redhibitorios se pierde por caso fortuito o por culpa del adquirente, le queda a éste, sin embargo, el derecho de pedir un menor valor del bien por el vicio redhibitorio.

Art. 1491. El adquirente del bien remitido de otro lugar que alegare que tiene vicios redhibitorios, si se trata de bienes que rápidamente se descomponen, tiene obligación de avisar inmediatamente al enajenante, que no recibe el bien; si no lo hace, será responsable de los daños y perjuicios que su omisión ocasione.

Art. 1492. El enajenante no tiene obligación de responder de los vicios redhibitorios, si el adquirente obtuvo el bien por remate o por adjudicación judicial.

 

TÍTULO SEXTO
Efectos de las obligaciones con relación a tercero

Capítulo I
De los actos celebrados en fraude de los acreedores

Art. 1493. Los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor pueden anularse, a petición de éste, si de esos actos resulta la insolvencia del deudor; y el crédito en virtud del cual se intenta la acción, es anterior a ellos.

Art. 1494. Si el acto fuere oneroso, la nulidad sólo podrá tener lugar en el caso y términos que expresa el artículo anterior, cuando haya mala fe, tanto por parte del deudor, como del tercero que contrató con él.

Art. 1495. Si el acto fuere gratuito, tendrá lugar la nulidad, aun cuando haya habido buena fe por parte de ambos contratantes.

Art. 1496. Hay insolvencia cuando la suma de los bienes y créditos del deudor, estimados en su justo precio, no iguala al importe de sus deudas. La mala fe, en este caso, consiste en el conocimiento de ese déficit.

Art. 1497. La acción concedida al acreedor en los artículos anteriores, contra el primer adquirente, no procede contra tercer poseedor, sino cuando éste ha adquirido de mala fe.

Art. 1498. Revocado el acto fraudulento del deudor, si hubiere habido enajenación de propiedades, éstas se devolverán por el que las adquirió de mala fe, con todos sus frutos.

Art. 1499. El que hubiere adquirido de mala fe los bienes enajenados en fraude de los acreedores, deberá indemnizar a éstos de los daños y perjuicios cuando el bien hubiere pasado a un adquirente de buena fe o cuando se hubiere perdido.

Art. 1500. La nulidad puede tener lugar, tanto en los actos en que el deudor enajena los bienes que efectivamente posee, como en aquellos en que renuncia derechos constituidos a su favor, y cuyo goce no fuere exclusivamente personal.

Art. 1501. Si el deudor no hubiere renunciado derechos irrevocablemente adquiridos, sino facultades por cuyo ejercicio pudiere mejorar el estado de su fortuna, los acreedores pueden hacer revocar esa renuncia y usar de las facultades renunciadas.

Art. 1502. Es también anulable el pago hecho por el deudor insolvente antes del vencimiento del plazo.

Art. 1503. Es anulable todo acto o contrato celebrado en los treinta días anteriores a la declaración judicial de la quiebra o del concurso, y que tuviere por objeto dar a un crédito ya existente una preferencia que no tiene.

Art. 1504. La acción de nulidad mencionada en este capítulo, cesará luego que el deudor satisfaga su deuda o adquiera bienes con qué poder cubrirla.

Art. 1505. La nulidad de los actos del deudor sólo será pronunciada en interés de los acreedores que la hubiesen pedido, y hasta el importe de sus créditos.

Art. 1506. El tercero a quien hubiesen pasado los bienes del deudor, puede hacer cesar la acción de los acreedores satisfaciendo el crédito de los que se hubiesen presentado, o dando garantía suficiente sobre el pago íntegro de sus créditos, si los bienes del deudor no alcanzaren a satisfacerlos.

Art. 1507. El fraude, que consiste únicamente en la preferencia indebida a favor de un acreedor, no importa la pérdida del derecho, sino la de la preferencia.

Art. 1508. Si el acreedor que pide nulidad, para acreditar la insolvencia del deudor, prueba que el monto de las deudas de éste excede al de sus bienes conocidos, impone al deudor la obligación de acreditar que tiene bienes suficientes para cubrir esas deudas.

Art. 1509. Se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso hechas por aquellas personas contra quienes se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquiera instancia, o expedido mandamiento de embargo de bienes, cuando estas enajenaciones perjudican los derechos de sus acreedores.

Capítulo II
De la simulación de los actos jurídicos

Art. 1510. Es simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o no se ha convenido entre ellas.

Art. 1511. La simulación es absoluta cuando el acto simulado nada tiene de real; es relativa cuando a un acto jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter.

Art. 1512. Cuando la simulación comprenda sólo una o más cláusulas del acto, correspondiendo las demás a lo efectivamente convenido por las partes, es relativa, así como cuando el acto se celebre por medio de testaferro.

Art. 1513. La simulación absoluta origina la inexistencia del acto y lo priva de efectos jurídicos. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la prescripción ni por la confirmación del acto.

Art. 1514. La simulación relativa una vez descubierto el acto, cláusula o cláusulas que oculta, o la persona que actuó por medio de testaferro, origina la nulidad del acto o de la cláusula o cláusulas aparentes. La cláusula o acto no simulados producirán todos sus efectos, a no ser que sean nulos por alguna causa, o que deban revocarse en los casos de fraude en perjuicio de acreedores. Si el acto no podía celebrarse mediante testaferro por prohibirlo la Ley, descubierta la interposición de persona, estará afectado de nulidad absoluta.

Art. 1515. Pueden pedir la nulidad de los actos simulados los terceros perjudicados con la simulación, o el Ministerio Público cuando ésta se cometió en trasgresión de la Ley o en perjuicio de la hacienda pública.

Art. 1516. Luego que se anule un acto simulado, se restituirá el bien o derecho a quien pertenezca, con sus frutos e intereses, si los hubiere; pero si el bien o derecho han pasado a título oneroso a un tercero de buena fe no habrá lugar a la restitución.

También subsistirán los gravámenes impuestos a favor de un tercero de buena fe.

Art. 1517. Son presunciones de simulación, salvo prueba en contrario, las siguientes:

I. Que en las enajenaciones se pacte como precio la mitad o menos del valor o estimación del bien o derecho enajenado;

II. Que el acto se realice entre parientes, consortes, concubina y concubinario, adoptante y adoptado o personas de amistad íntima, siempre y cuando tenga por objeto enajenaciones a título oneroso o gratuito, después de que se hubiere pronunciado sentencia condenatoria en contra del enajenante en cualquiera instancia, o se hubiere expedido mandamiento de embargo de bienes; y

III. Que el acto se haya realizado dentro del plazo de treinta días anterior a la declaración judicial del concurso del deudor.

TÍTULO SEPTIMO
Extinción de las obligaciones

Capítulo I
De la compensación

Art. 1518. Se efectúa la compensación de obligaciones cuando dos personas son deudoras y acreedoras recíprocas, y por su propio derecho, de deudas fungibles, líquidas y exigibles.

Art. 1519. El efecto de la compensación es extinguir por ministerio de la Ley las dos deudas, hasta la cantidad que importe la menor.

Art. 1520. La compensación no procede sino cuando ambas deudas consisten en una cantidad de dinero, o cuando siendo fungibles los bienes debidos, son de la misma especie y calidad, siempre que se hayan designado al celebrarse el contrato.

Art. 1521. Para que haya lugar a la compensación se requiere que las deudas sean igualmente líquidas y exigibles. Las que no lo fueren, sólo podrán compensarse por consentimiento expreso de los interesados.

Art. 1522. Se llama deuda líquida aquella cuya cuantía se haya determinado o puede determinarse dentro del plazo de nueve días.

Art. 1523. Se llama exigible aquella deuda cuyo pago no puede rehusarse conforme a Derecho.

Art. 1524. Si las deudas no fueren de igual cantidad, hecha la compensación, conforme a este título, queda expedita la acción por el resto de la deuda.

Art. 1525. La compensación no tendrá lugar:

I. Si una de las partes la hubiere renunciado;

II. Si una de las deudas toma su origen de fallo condenatorio por causa de despojo; pues entonces el que obtuvo aquél a su favor deberá ser pagado, aunque el despojante le oponga la compensación;

III. Si una de las deudas fuere por alimentos;

IV. Si una de las deudas toma su origen de una renta vitalicia;

V. Si una de las deudas procede de salario mínimo;

VI. Si la deuda fuere de bien que no puede ser compensado, ya sea por disposición de la Ley o por el título de que procede, a no ser que ambas deudas fueren igualmente privilegiadas;

VII. Si la deuda fuere de bien puesto en depósito;

VIII. Si las deudas fueren fiscales, excepto en los casos en que la Ley lo autorice.

Art. 1526. Tratándose de títulos pagaderos a la orden, no podrá el deudor compensar con el endosatario lo que le debiesen los endosantes precedentes.

Art. 1527. La compensación, desde el momento en que es hecha legalmente, produce sus efectos de pleno derecho y extingue todas las obligaciones correlativas.

Art. 1528. El que paga una deuda compensable no puede, cuando exija su crédito que podía ser compensado, aprovecharse, en perjuicio de tercero, de los privilegios e hipotecas que tenga en su favor al tiempo de hacer el pago, a no ser que pruebe que ignoraba la existencia del crédito que extinguía la deuda.

Art. 1529. Si fueren varias las deudas sujetas a compensación, se seguirá, a falta de declaración el orden establecido en este Código.

Art. 1530. El derecho de compensación puede renunciarse, ya expresamente, ya por hechos que manifiesten de un modo claro la voluntad de hacer la renuncia.

Art. 1531. El fiador, antes de ser demandado por el acreedor, no puede oponer a éste, la compensación del crédito que contra él tenga, por la deuda del deudor principal.

Art. 1532. El fiador puede utilizar la compensación de lo que el acreedor deba al deudor principal, pero éste no puede oponer la compensación de lo que el acreedor deba al fiador.

Art. 1533. El deudor solidario no puede exigir compensación con la deuda del acreedor a sus codeudores.

Art. 1534. El deudor que hubiere consentido la cesión hecha por el acreedor en favor de un tercero, no podrá oponer al cesionario la compensación que podría oponer al cedente.

Art. 1535. Si el acreedor dio conocimiento de la cesión al deudor y éste no consintió en ella, podrá oponer al cesionario la compensación de los créditos que tuviere contra el cedente y que fueren anteriores a la cesión.

Art. 1536. Si la cesión se realizare sin conocimiento del deudor, podrá éste oponer la compensación de los créditos anteriores a ella, y la de los posteriores, hasta la fecha en que hubiere tenido conocimiento de la cesión.

Art. 1537. Las deudas pagaderas en diferente lugar, pueden compensarse mediante indemnización de los gastos de trasporte o cambio al lugar del pago.

Art. 1538. La compensación no puede tener lugar en perjuicio de los derechos de tercero legítimamente adquiridos.

Capítulo II
De la confusión de derechos

Art. 1539. Reunidos en una sola persona las cualidades de acreedor y deudor, por el mismo hecho se extinguen el crédito y la deuda.

Art. 1540. La obligación renace si la confusión cesa por cualquiera causa.

Art. 1541. La confusión que se verifica en la persona del principal deudor, aprovecha a su fiador.

Art. 1542. La confusión de las cualidades de acreedor y fiador no extingue la obligación.

Art. 1543. Mientras no se hace la partición de una herencia, no hay confusión cuando el deudor hereda al acreedor o éste a aquél. Después de la partición, si a un heredero se le aplica el crédito que el autor de la herencia tenía en su contra, se extingue dicho crédito por confusión.

Art. 1544. Cuando el heredero sea acreedor del autor de la herencia y en la división de la masa hereditaria se le imponga la obligación derivada de dicho crédito, también se extinguirá ésta.

Art. 1545. En el caso de que la mencionada obligación a cargo de la herencia, se aplique a uno u otros herederos, por virtud de la partición, éstos responderán a beneficio del inventario, en favor del heredero acreedor.

Art. 1546. Cuando un legatario sea acreedor del de cujus, su crédito será exigible en contra de la herencia, salvo disposición expresa del testador en el sentido de que para la trasmisión del legado se extinga el crédito.

Art. 1547. Cuando un legatario sea deudor del de cujus, su obligación continuará viva.

Art. 1548. Cuando el legatario sea deudor del de cujus, y recibe en calidad de legado el crédito existente contra él, se extinguirá éste por confusión.

Art. 1549. Si uno de los derechos fuere condicional se observarán las reglas siguientes:

I. Si la condición fuere suspensiva, la confusión no se verificará sino cuando la condición se hubiere realizado;

II. Si la condición fuere resolutoria, la confusión que se hubiere hecho cesará realizándose la condición.

Capítulo III
De la remisión de la deuda

Art. 1550. El acreedor puede por acto jurídico unilateral o por convenio con su deudor, renunciar a su derecho y remitir, en todo o en parte, las prestaciones que le sean debidas, excepto en aquellos casos en que la Ley lo prohíba.

Art. 1551. Una vez hecha la declaración unilateral de remisión o de quita, éstas serán irrevocables.

Art. 1552. La remisión de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias, pero la de éstas deja subsistente la primera.

Art. 1553. Habiendo varios fiadores solidarios, el perdón que fuere concedido solamente a alguno de ellos, en la parte relativa a su responsabilidad, no aprovecha a los otros.

Art. 1554. La devolución de la prenda es presunción de la remisión del derecho a la misma prenda, si el acreedor no prueba lo contrario.

Art. 1555. Por la remisión de la prenda no se presume la remisión de la deuda.

Art. 1556. Son aplicables a la remisión de la deuda, las causas de revocación de la donación por ingratitud, cuando el deudor incurra en los actos de ingratitud que señala este Código respecto al donatario.

Capítulo IV
De la novación

Art. 1557. Hay novación de una obligación cuando las partes interesadas en ella la alteran sustancialmente sustituyéndola por otra nueva.

Art. 1558. Se entiende que hay alteración sustancial cuando se cambian los objetos o el objeto de la obligación, con el propósito de extinguirla, para dar nacimiento a una nueva deuda. Así mismo, cuando la obligación pura y simple se convierta en condicional, o la condicional se trasforma en pura y simple, y cuando se sustituye al acreedor o al deudor por otra persona.

Art. 1559. La novación es un contrato, y como tal está sujeto a las disposiciones generales respectivas, salvo las modificaciones establecidas en este capítulo.

Art. 1560. La novación nunca se presume y debe constar expresamente por escrito.

Art. 1561. Aun cuando la obligación anterior esté subordinada a una condición suspensiva, solamente quedará la novación dependiente del cumplimiento de aquella, si así se hubiere estipulado.

Art. 1562. Si la primera obligación se hubiere extinguido al tiempo en que se contrajere la segunda, quedará la novación sin efecto.

Art. 1563. La novación es nula si lo fuere también la obligación primitiva, salvo que la causa de nulidad solamente pueda ser invocada por el deudor, o que la ratificación convalide los actos nulos en su origen.

Art. 1564. Si la novación fuere nula subsistirá la antigua obligación.

Art. 1565. La novación extingue la obligación principal y las obligaciones accesorias. El acreedor puede, por una reserva expresa, impedir la extinción de las obligaciones accesorias, que entonces pasan a la nueva.

Art. 1566. El acreedor no puede reservarse el derecho de prenda o hipoteca de la obligación extinguida, si los bienes hipotecados o empeñados pertenecieren a terceros que no hubieren tenido parte en la novación. Tampoco puede reservarse la fianza sin consentimiento del fiador.

Art. 1567. Cuando la novación se efectúa entre el acreedor y algún deudor solidario, los privilegios o hipotecas del antiguo crédito sólo pueden quedar reservados con relación a los bienes del deudor que contrae la nueva obligación.

Art. 1568. Por la novación hecha entre el acreedor y alguno de los deudores solidarios, quedan exonerados todos los demás codeudores, sin perjuicios de los derechos que tiene el deudor solidario que paga por entero para exigir a sus coherederos la parte que les corresponda.

SEGUNDA PARTE
De las diversas especies de contratos

TÍTULO PRIMERO
Del precontrato

 
La promesa

Art. 1569. Por virtud de la promesa de contratar, una parte o ambas se obligan a celebrar, en cierto tiempo, un contrato futuro determinado.

La promesa de contratar puede ser unilateral o bilateral.

El contrato mediante el cual se crea la promesa de contratar se llama precontrato.

Art. 1570. Son elementos esenciales del precontrato, además del consentimiento y el objeto, los siguientes:

I. Que se expresen los elementos esenciales y las cláusulas del contrato definitivo;

II. Que se determine el plazo en que habrá de otorgarse el contrato definitivo.

Art. 1571. Son elementos de validez del precontrato, además de los generales establecidos por este Código para todos los contratos, los siguientes:

I. Que el contrato definitivo tenga un objeto, motivo o fin lícito;

II. Que el precontrato conste por escrito, pudiendo otorgarse en documento público o privado; y

III. Que las partes tengan capacidad no sólo para celebrar el precontrato, sino también para otorgar el contrato definitivo.

Art. 1572. La promesa de contratar sólo origina obligaciones de hacer, consistentes en celebrar el contrato respectivo de acuerdo con lo ofrecido.

Art. 1573. El precontrato no equivale al contrato definitivo, aun cuando se expresen en aquél todos los elementos de este último. Sólo cuando con el nombre de precontrato o de promesa de contrato, se ejecutaren desde que se contrae ésta, en todo o en parte, las obligaciones del contrato definitivo, existirá precisamente éste.

En el segundo de los supuestos previstos en el párrafo anterior, cualquiera de las partes tiene acción contra la otra, para exigirle que se dé al contrato, desde luego, la forma que deba tener según este Código. También tendrá acción cualquiera de las partes para rescindir el contrato, en caso de haberse cumplido la condición resolutoria.

Art. 1574. Si el promitente rehúsa firmar los documentos necesarios para dar forma legal al contrato concertado, en su rebeldía los firmará el juez; salvo el caso de que el bien ofrecido haya pasado por título oneroso a la propiedad de tercero de buena fe, pues entonces la promesa quedará sin efecto, siendo responsable el que la hizo de todos los daños y perjuicios que se hayan causado a la otra parte.

Art. 1575. Si terminado el plazo para el otorgamiento no se hubiere cumplido la obligación de hacer, el perjudicado podrá pedir el cumplimiento de la promesa o la rescisión del precontrato.

TÍTULO SEGUNDO
Estipulación en favor de tercero

Art. 1576. La estipulación hecha a favor de tercero otorga a éste, salvo pacto en contrario, acción para exigir del promitente la prestación a que se ha obligado.

También confiere al estipulante el derecho de exigir del promitente el cumplimiento de dicha obligación.

Art. 1577. El derecho del tercero nace en el momento de perfeccionarse el contrato, el cual es fuente también de la obligación del promitente en favor del tercero.

Art. 1578. La estipulación puede ser revocada mientras el tercero no haya manifestado en forma expresa o tácita su voluntad de querer aprovecharla. La revocación puede hacerse por acuerdo entre el estipulante y el promitente o por voluntad de cualquiera de ellos.

Art. 1579. La estipulación se tendrá por revocada y se considerará como no nacido el derecho del tercero, si éste rehúsa la prestación estipulada en su favor.

Art. 1580. El tercero puede aceptar expresa o tácitamente la estipulación hecha en su favor.

Se entiende que existe aceptación tácita, cuando el tercero haya hecho erogaciones en relación con lo ofrecido en la estipulación, o bien, cuando ejecute actos que en forma indubitable demuestren su intención de aprovechar lo ofrecido.

Art. 1581. El promitente, salvo pacto en contrario, podrá oponer al tercero, además de las excepciones personales que tenga contra él, las excepciones derivadas del contrato.

Art. 1582. Podrá también el promitente, salvo pacto en contrario, oponer al estipulante, además de las excepciones derivadas del contrato, las personales que tenga contra el tercero beneficiario de la estipulación.

Art. 1583. Si la estipulación se revocare, el estipulante y el promitente deberán devolverse lo que se hayan dado respectivamente, con motivo de la estipulación.

 

TÍTULO TERCERO
De la compraventa

Capítulo I
Disposiciones generales

Art. 1584. La compraventa es un contrato por virtud del cual una de las partes trasfiere a la otra la propiedad de un bien, obligándose esta última al pago de un precio cierto y en dinero.

Art. 1585. Si las partes no determinan el bien o bienes vendidos ni establecen las bases para determinarlos, no hay compraventa.

Art. 1586. La venta es perfecta y obligatoria para las partes por el solo convenio de ellas respecto al bien vendido y al precio, aunque el primero no haya sido entregado ni el segundo satisfecho.

La trasmisión de la propiedad se realiza cuando el bien es cierto y determinado, por el mero efecto del contrato, sin dependencia de tradición natural o simbólica; si se trata de alguna especie determinada, la propiedad no se trasfiere sino hasta el momento en que el bien se hace cierto y determinado; si no se designa la calidad del bien, el deudor cumple entregando uno de mediana calidad. En las trasmisiones con reserva de la posesión, uso y goce del bien hasta cierto tiempo, si el bien objeto del contrato se deteriora o pierde, se observarán las reglas señaladas en este Código, para la trasmisión de los derechos reales en general.

Art. 1587. Si el precio del bien vendido se ha de pagar parte en dinero y parte con el valor de otra cosa, el contrato será de venta cuando la parte en numerario sea igual o mayor de la que se pague con el valor del otro bien. Si la parte en numerario fuere inferior, el contrato será de permuta.

Art. 1588. Los contratantes pueden convenir en que el precio sea el que corre en día o lugar determinados o el que fije un tercero.

Art. 1589. Entre tanto no se fije el precio por el tercero, no existirá compraventa. Una vez fijado el precio, se entenderá perfeccionado el contrato de compraventa, sin necesidad de un nuevo acto, y dicho precio sólo podrá ser rechazado por los contratantes de mutuo acuerdo.

Art. 1590. Si el tercero no quiere o no puede señalar el precio, quedará el contrato sin efecto, salvo convenio en contrario.

Art. 1591. El señalamiento del precio no puede dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

Art. 1592. El comprador debe pagar el precio en los términos y plazos convenidos. A falta de convenio lo deberá pagar al contado. La demora en el pago del precio lo constituirá en la obligación de pagar réditos al tipo legal sobre la cantidad que adeude.

Art. 1593. El precio de frutos y cereales vendidos a plazo a personas no comerciantes y para su consumo, no podrá exceder del mayor que esos géneros tuvieren en el lugar, en el periodo corrido desde la entrega hasta el fin de la siguiente cosecha.

Art. 1594. En las ventas de bienes que se acostumbran pesar, contar o medir, y en las que el precio se determina por el peso, cuenta o medida, la venta no será perfecta sino hasta que los bienes hayan sido pesados, contados o medidos.

El comprador puede, sin embargo, exigir al vendedor que pese, mida o cuente y le entregue el bien vendido, y el vendedor puede a su vez exigir al comprador que reciba el bien contado, medido o pesado y satisfaga el precio del mismo.

Art. 1595. En cuanto a los bienes que se acostumbren gustar, el contrato no existirá hasta que los bienes hayan sido gustados y se acepten por el comprador; pero si el comprador fuese moroso en gustar o probar el bien, o trascurre el plazo señalado para hacerlo, sin que lo haya gustado, se considerará no formado el contrato.

Art. 1596. Cuando los bienes se vendieren como de una calidad determinada, y no al gusto personal del comprador, no dependerá del arbitrio de éste rehusar el bien vendido. El vendedor puede pedir el pago del precio si demuestra que el bien es de la calidad contratada.

Art. 1597. Cuando se trate de venta de artículos determinados y perfectamente conocidos, el contrato podrá hacerse sobre muestras.

En caso de desavenencia entre los contratantes, dos peritos nombrados uno por cada parte, y un tercero, para el caso de discordia, nombrado por éstas, resolverán sobre la conformidad o inconformidad de los artículos con las muestras o calidades que sirvieron de base al contrato.

Art. 1598. Si la venta se hizo sólo a la vista y por acervo, aun cuando sea de bienes que no se suelen contar, pesar y medir, se entenderá realizada luego que los contratantes se avengan en el precio, y el comprador no podrá pedir la rescisión del contrato alegando no haber encontrado en el acervo la cantidad, peso o medida que él calculaba.

Art. 1599. Habrá lugar a la rescisión si el vendedor presentare el acervo como de especie homogénea y ocultare en él especies de inferior clase y calidad de las que están a la vista.

Art. 1600. Si la venta de uno o más inmuebles se hiciere por precio alzado y sin estimar especialmente sus dependencias o medidas, no podrá el comprador pedir la rescisión alegando no haber recibido las dependencias o superficie que él estimaba. Tampoco podrá el vendedor pedir la rescisión sosteniendo que hubo exceso en la entrega.

Art. 1601. Las acciones que nacen de los tres artículos precedentes prescriben en un año, contado desde el día de la entrega.

Art. 1602. Cuando hubieren intervenido arras, las partes pueden retractarse y el contrato no se perfeccionará.

La retractación, en este caso, no produce más responsabilidad para la parte que la hace, que la establecida en este artículo.

El comprador perderá las arras que hubiere dado cuando sea él quien se retracte; pero si la retractación proviene del vendedor, éste volverá las arras con otro tanto.

Para que una cantidad entregada por el vendedor tenga el carácter de arras debe expresarse así claramente. Si el contrato se realiza, el importe de las arras se entiende entregado a cuenta del precio.

Art. 1603. Los contratantes pagarán por mitad los gastos de escritura y registro, salvo convenio en contrario.

Art. 1604. Son nulas las ventas que produzcan la concentración o acaparamiento, en una o en pocas manos, de artículos de consumo necesario, y que tengan por objeto obtener el alza de los precios de esos artículos.

Art. 1605. Las ventas al menudeo de bebidas embriagantes, hechas al fiado en cantinas, no dan derecho para exigir su precio.

Art. 1606. Si una misma cosa fuere vendida por el mismo vendedor a diversas personas, se observará lo siguiente.

Art. 1607. Si la cosa vendida fuere mueble, prevalecerá la venta primera en fecha; si no fuere posible verificar la prioridad de ésta, prevalecerá la hecha al que se halle en posesión de la cosa.

Art. 1608. Si la cosa vendida fuere inmueble, prevalecerá la venta que primero se haya registrado; y si ninguna lo ha sido, se observará lo dispuesto en el artículo anterior.

Capítulo II
De la materia de la compraventa

Art. 1609. No puede ser objeto de compraventa el derecho a la herencia de una persona viva, aun cuando ésta preste su consentimiento ni los alimentos debidos por derecho de familia.

Art. 1610. No hay compraventa si el bien vendido ya no existe o no puede existir; el vendedor es responsable, en estos casos, de los daños y perjuicios, si hubiere dolo o mala fe.

Art. 1611. Si el bien vendido solamente hubiere perecido en parte, tendrá el comprador la elección entre rescindir el contrato, o aceptar la parte restante, reduciéndose proporcionalmente el precio a juicio de peritos.

Art. 1612. Ninguno puede vender sino lo que es de su propiedad.

Art. 1613. La venta de bien ajeno está afectada de nulidad absoluta; pero debe tenerse en cuenta lo que dispone este Código para los adquirentes de buena fe.

Art. 1614. Si el vendedor adquiere por cualquier título legítimo la propiedad del bien vendido antes de que tenga lugar la evicción, la venta producirá todos sus efectos.

Art. 1615. El que hubiere vendido bienes ajenos, aunque fuese de buena fe, deberá satisfacer al comprador los daños y perjuicios que resultasen de la nulidad del contrato. El vendedor, después de la entrega del bien, no puede demandar la nulidad de la venta ni la restitución del bien vendido. Si el comprador sabía que el bien era ajeno, no podrá exigir la restitución del precio ni los daños y perjuicios que se le hubieren causado.

Art. 1616. La venta del bien ajeno surtirá sus efectos, si el propietario de la misma ratifica el contrato en forma expresa.

Art. 1617. La venta hecha por uno de los copropietarios de la totalidad del bien común, será nula, aun respecto a la porción del vendedor, debiendo este último restituir al comprador el precio, sus intereses, gastos, daños y perjuicios, siempre y cuando dicho adquirente hubiere ignorado que el bien era objeto de copropiedad.

Art. 1618. Tratándose de la venta de determinados bienes, como los pertenecientes a incapacitados, los empeñados o hipotecados, etc., deben observarse los requisitos exigidos por la Ley para que la venta sea perfecta.

Art. 1619. La venta de cosa o derechos litigiosos no está prohibida; pero el vendedor que no declare la circunstancia de hallarse la cosa en litigio, es responsable de los daños y perjuicios si el comprador sufre la evicción, quedando, además, sujeto a las penas respectivas.

Capítulo III
De los que pueden vender y comprar

Art. 1620. Los consortes pueden celebrar entre sí contratos de compraventa, en los términos de lo establecido en el Código Familiar del Estado, siempre y cuando no se realicen en fraude de acreedores.

Art. 1621. Los extranjeros y las personas morales no pueden comprar bienes raíces, sino sujetándose a lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en sus leyes reglamentarias.

Art. 1622. Los magistrados, los jueces, el Ministerio Público, los defensores oficiales, los abogados, los procuradores, los peritos y testigos, no pueden comprar los bienes que son objeto de los juicios en que intervengan. Tampoco podrán ser cesionarios de los derechos que se tengan sobre los citados bienes.

Art. 1623. Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior, la venta o cesión de acciones hereditarias cuando sean coherederos de las personas mencionadas, o de derechos a que estén afectos bienes de su propiedad.

Art. 1624. Los hijos sujetos a patria potestad solamente pueden vender a sus padres los bienes que adquieran por su trabajo.

Art. 1625. Los propietarios de cosa indivisa no pueden vender su parte respectiva a extraños si no se cumple con las reglas señaladas para la venta de bienes a los copropietarios señalados en el capítulo respectivo de este Código.

Capítulo IV
De las obligaciones del vendedor

Art. 1626. Además de las obligaciones que la Ley impone al enajenante, el vendedor está obligado:

I. A otorgar al comprador los documentos legalmente necesarios para acreditar el traslado de dominio;

II. A conservar y custodiar el bien con la diligencia propia de un buen padre de familia entre tanto lo entregue;

III. A entregar al comprador el bien vendido.

Capítulo V
De la entrega del bien vendido

Art. 1627. La entrega puede ser real, jurídica o virtual.

La entrega real consiste en la entrega material del bien vendido, o en la entrega del título si se trata de un derecho.

Hay entrega jurídica o virtual cuando, aun sin estar entregado materialmente el bien, la Ley lo considera recibido por el comprador.

Art. 1628. Desde el momento en que el comprador acepte que el bien vendido quede a su disposición, se tendrá por virtualmente recibido de él, y el vendedor que lo conserve en su poder sólo tendrá los derechos y obligaciones de un depositario.

Art. 1629. Los gastos de la entrega del bien vendido son de cuenta del vendedor, y los de su trasporte o traslación, de cargo del comprador, salvo convenio en contrario.

Art. 1630. La entrega del bien por el vendedor al comprador debe ser exacta en cuanto al tiempo, lugar, modo y sustancia convenidos. A falta de convenio, la exactitud en dichos aspectos se regirá por las disposiciones contenidas en este título.

Art. 1631. Cuando no se hubiere señalado plazo para la entrega, y la venta fuere al contado, el bien deberá entregarse al comprador cuando éste entregue el precio.

Art. 1632. El vendedor no está obligado a entregar el bien vendido, si el comprador no ha pagado el precio, o no lo hace al recibirlo salvo que en el contrato se haya señalado un plazo para el pago.

Art. 1633. Tampoco está obligado a la entrega, aunque haya concedido un término para el pago, si después de la venta se descubre que el comprador se halla en estado de insolvencia, de suerte que el vendedor corre inminente riesgo de perder el precio, a no ser que el comprador le dé fianza de pagar al plazo convenido.

Art. 1634. El vendedor debe entregar el bien vendido en el estado en que se hallaba al perfeccionarse el contrato.

Art. 1635. Debe también el vendedor entregar todos los frutos producidos desde que se perfeccione la venta y los rendimientos, accesiones y títulos del bien.

Art. 1636. Cuando el bien se vendiere por número, peso o medida, con expresión de estas circunstancias, el comprador podrá pedir la rescisión del contrato si en la entrega hubiere falta que no pueda o no quiera suplir el vendedor, o exceso que no pueda separarse sin perjuicio del bien.

Art. 1637. Si el comprador quiere sostener el contrato, puede exigir la reducción del precio en proporción a la falta, debiendo aumentarlo en proporción al exceso.

Art. 1638. Si en la venta de un inmueble se han designado los linderos, el vendedor estará obligado a entregar todo lo que dentro de ellos se comprenda, aunque haya exceso o disminución en las medidas expresadas en el contrato.

Art. 1639. La entrega del bien vendido debe hacerse en el lugar convenido y si no hubiere lugar designado en el contrato, en el lugar en que se encontraba el bien en la época en que se vendió.

Art. 1640. Si el comprador se constituyó en mora de recibir, abonará al vendedor el alquiler de las bodegas, graneros o vasijas en que se contenga lo vendido, y el vendedor quedará descargado del cuidado ordinario de conservar el bien, y solamente será responsable del dolo o de la culpa grave.

Art. 1641. El vendedor tiene, entre tanto no se le pague el precio, las siguientes garantías:

I. Un derecho a que se le pague el valor del precio de los bienes vendidos y no pagados, si hace su reclamación dentro de los sesenta días siguientes a la venta, si fue de contado o del vencimiento del plazo;

II. Un derecho de retención para no entregarle el bien aunque haya concedido un término para el pago, si después de la venta se entera que el comprador se encuentra en estado de insolvencia;

III. Una acción de cumplimiento, con el pago de daños y perjuicios, si el comprador incurre en mora en cuanto al pago del precio;

IV. Una acción de rescisión con el pago de daños y perjuicios en caso de incumplimiento, si no optare por la acción que antecede.

Capítulo VI
De las obligaciones del comprador

Art. 1642. El comprador está obligado:

I. A pagar el precio del bien en el tiempo, lugar y forma convenidos o en los términos establecidos en este título, si nada se pactó al respecto;

II. A recibir el bien.

Art. 1643. Si no se han fijado tiempo y lugar para el pago, éste se hará en el tiempo y lugar en que se entregue el bien.

Se sobreentiende, salvo pacto en contrario, que la venta será al contado, cuando no se señale fecha para el pago del precio.

Art. 1644. Si ocurre duda sobre cuál de los contratantes deberá hacer primero la entrega, uno y otro harán el depósito en manos de un tercero.

Art. 1645. El comprador debe pagar intereses por el tiempo que medie entre la entrega del bien y el pago del precio, en los tres casos siguientes:

I. Si así se hubiere convenido;

II. Si el bien vendido y entregado produce fruto o renta; y

III. Si se hubiere constituido en mora.

Art. 1646. En las ventas a plazo, sin estipular intereses, no los debe el comprador por razón de aquél, aunque entre tanto perciba los frutos de la cosa, pues, el plazo hizo parte del mismo contrato, y debe presumirse que en esta consideración se aumentó el precio de la venta.

Art. 1647. Si la concesión del plazo fue posterior al contrato, el comprador estará obligado a prestar los intereses, salvo convenio en contrario.

Art. 1648. El comprador debe recibir el bien en la fecha convenida, o, a falta de convenio, luego que el vendedor se lo entregue. Si incurre en mora de recibir, el vendedor podrá exigir el cumplimiento del contrato y daños y perjuicios, con inclusión de alquiler de bodegas, graneros, o vasijas en que se guarde lo vendido.

Art. 1649. El comprador tiene las siguientes garantías:

I. Un derecho de retención para no entregar el precio, en la forma y términos que estatuye el artículo siguiente;

II. Una acción de cumplimiento, con el pago de daños y perjuicios, si el vendedor incurre en mora en cuanto a la entrega del bien; y

III. Una acción de rescisión, con el pago de daños y perjuicios en caso de incumplimiento.

Art. 1650. Cuando el comprador a plazo o con espera del precio fuere perturbado en su posesión o derecho, o tuviere justo temor de serlo, podrá suspender el pago si aún no lo ha hecho, mientras el vendedor le asegure la posesión o le dé fianza, salvo si hay convenio en contrario.

Art. 1651. La falta de pago del precio da derecho, salvo en los casos en que este Código disponga lo contrario, para pedir la rescisión del contrato, aunque la venta se haya hecho a plazo; pero si el bien ha sido enajenado a un tercero no procederá ésta, sino la indemnización correspondiente a daños y perjuicios.

Capítulo VII
De algunas modalidades del contrato de compraventa

Art. 1652. Puede pactarse que el bien comprado no se venda a determinadas personas, pero es nula la cláusula en que se estipule que no puede venderse a persona alguna.

La cláusula de no vender, no crea una incapacidad para enajenar, ni su violación origina la nulidad de la venta. En el caso de contravención, el responsable sólo quedará obligado a pagar los daños y perjuicios que se originen a aquél con quien contrató.

Art. 1653. Queda prohibida la venta con pacto de retroventa, así como la promesa de venta de un bien raíz que haya sido objeto de una compraventa entre los mismos contratantes. En ambos casos el contrato es nulo.

Art. 1654. Si se venden bienes futuros, tomando el comprador el riesgo de que no llegasen a existir, el contrato es aleatorio y se rige por lo dispuesto en el capítulo relativo a la compra de esperanza.

Art. 1655. La venta que se haga facultando al comprador para que pague el precio en abonos, se sujetará a las reglas siguientes:

I. Si la venta es de bienes inmuebles, cuando la Ley no disponga lo contrario, puede pactarse que la falta de pago de uno o de varios abonos ocasionará la rescisión del contrato. La rescisión producirá efectos contra tercero que hubiese adquirido los bienes de que se trata, siempre que la cláusula rescisoria se haya inscrito en el Registro Público;

II. Si se trata de bienes muebles, tales como automóviles, motores, pianos, máquinas de coser u otros que sean susceptibles de identificarse de manera indubitable, podrá también pactarse la cláusula resolutoria de que habla la fracción anterior, y esa cláusula producirá efectos contra tercero que haya adquirido los bienes, si se inscribió en el Registro Público;

III. Si se trata de bienes muebles que no sean susceptibles de identificación indubitable, y que, por lo mismo, su venta no pueda registrarse, los contratantes podrán pactar la rescisión de la venta por falta de pago del precio, pero esa cláusula no producirá efectos contra tercero de buena fe que hubiere adquirido los bienes a que esta fracción se refiere.

Art. 1656. Si se rescinde la venta, el vendedor y el comprador deben restituirse las prestaciones que se hubieren hecho; pero el vendedor que hubiere entregado el bien vendido puede exigir del comprador, por el uso de él, el pago de un alquiler, o renta que fijarán peritos, y una indemnización, también fijada por peritos, por el deterioro que haya sufrido el bien.

La estimación pericial se hará al tiempo de rescindirse el contrato y no antes.

El comprador que haya pagado parte del precio, tiene derecho a los intereses legales de la cantidad que entregó.

Art. 1657. Las partes pueden por convenio estimar la renta o el deterioro, siempre y cuando éste se celebre con posterioridad al hecho que motive la rescisión del contrato. En todo caso este convenio se someterá a la aprobación judicial, que sólo se dará cuando no resulte perjudicada la parte contratante social, económica o culturalmente débil.

Art. 1658. Puede pactarse válidamente que el vendedor se reserve la propiedad del bien vendido hasta que su precio haya sido pagado.

Cuando los bienes vendidos constare y se conviniere que su pago fuere en abonos ya sea en inmuebles o muebles, el pacto de reserva de dominio, producirá efectos contra tercero, si el contrato se inscribe en el Registro Público; cuando la venta verse sobre muebles que no sean susceptibles de identificación, esta cláusula de reserva no producirá efectos contra tercero de buena fe que hubiere adquirido los bienes.

Art. 1659. El vendedor a que se refiere el artículo anterior, mientras no se haya pagado el precio no puede enajenar el bien vendido con la reserva de propiedad, y al margen de la respectiva inscripción de venta se hará una anotación preventiva en la que se haga constar esa limitación de dominio.

Art. 1660. Cuando según este Código pueda el vendedor recoger el bien vendido porque no se le haya pagado su precio, se aplicarán las disposiciones establecidas en los artículos precedentes de este capítulo.

Art. 1661. Puede también pactarse válidamente que el vendedor se reserva la propiedad del bien vendido, hasta que se cumpla determinada condición suspensiva, aplicándose para los efectos de los derechos de las partes las reglas señaladas en este capítulo.

Art. 1662. También puede pactarse válidamente que la venta quedará sujeta a condición resolutoria. En este caso y en el anterior, tratándose de bienes inmuebles, o de muebles susceptibles de registro, deberán inscribirse el contrato y la cláusula que establezcan la condición, para que surta efectos con relación a terceros.

Art. 1663. En la venta con reserva de dominio, mientras no pase la propiedad del bien vendido al comprador, si éste recibe el bien, se considerará como depositario del mismo, estando facultado para usarlo según su naturaleza, y sin retribución. Las partes pueden convenir el concepto o título por virtud del cual el comprador use o goce del bien objeto de la venta.

Art. 1664. La compraventa de terrenos vendidos a plazo, de fraccionamientos autorizados por las autoridades competentes del Estado, para la construcción de casas habitación, y la compraventa a plazo de casas habitación cualquiera que sea su ubicación, tendrán las siguientes modalidades:

a) Podrán otorgarse en documento privado, que se elevará a escritura pública al cubrirse el último abono y, en el caso, cuando alguna de las partes lo solicite;

b) Se harán constar en los antecedentes del contrato, los datos relativos a los títulos de propiedad con arreglo a los cuales adquirió el vendedor, así como su inscripción en el Registro; si no estuvieren inscritos, debe el vendedor bajo su responsabilidad obtener la inscripción. Asimismo, se relacionarán los contratos que importen gravámenes o limitaciones al dominio y sus inscripciones en dicho registro;

c) Los intereses que se pacten, no podrán ser superior al de los préstamos con hipoteca de las instituciones hipotecarias;

d) Se entenderá, sin necesidad de cláusula expresa, que el comprador no podrá enajenar el terreno adquirido, hasta que haya pagado totalmente el precio;

e) Cuando el vendedor exija la rescisión del contrato por falta de pago o del cumplimiento de las demás obligaciones, deberá restituir al comprador lo que hubiere recibido más el pago de las mejoras útiles o necesarias, e indemnizarlo por la plusvalía del inmueble;

f) Los gastos, impuestos y honorarios que se causen en la escrituración y registro de la escritura y, en su caso, del documento privado a que se refiere la fracción I de este artículo, serán cubiertos por mitad entre los contratantes.

Si la escritura definitiva se otorga al terminar de pagarse el precio, el último diez por ciento del mismo, podrá retenerlo el comprador, para entregarlo al vendedor, en el momento de su otorgamiento. Si el vendedor tratase de cobrarlo antes, sufrirá una pena igual a ese diez por ciento, en favor del comprador;

g) En todo caso se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad los contratos a que se refiere este artículo, previa su ratificación ante notario, siendo deber del vendedor obtener la inscripción.

Si el contrato no se inscribe dentro de los sesenta días después de celebrado, el vendedor pagará al comprador una pena equivalente al veinte por ciento del precio pactado y podrá el comprador gestionar su inscripción, bastando, para que el contrato surta efectos contra tercero desde la fecha del mismo contrato, que el comprador haga la solicitud de inscripción dentro de los treinta días siguientes a la expiración del plazo, concedido en este párrafo al comprador, para el mismo fin;

h) Ninguna de estas disposiciones es renunciable; y el artículo entero deberá ser transcrito en los antecedentes del contrato, con caracteres tipográficos idénticos al clausulado del mismo. Su omisión acarrea una pena legal a cargo del vendedor y en beneficio del comprador, del veinte por ciento del precio pactado;

i) Este artículo es aplicable a la compraventa de una casa aunque no sea vendida por un fraccionador, si la casa se adquiere por el comprador para habitarla y a plazo;

j) Para que este artículo sea aplicable se requiere:

I. Que el comprador no sea propietario de otro bien raíz;

II. Que el precio del terreno adquirido así, no exceda del importe de tres mil seiscientos cincuenta días del salario mínimo general, vigente para la zona económica donde esté domiciliado el comprador; o

III. Que si se trata de una casa su precio no exceda de cinco mil cuatrocientos setenta y cinco días de ese salario.

Art. 1665. Las convenciones que impongan al comprador obligaciones más onerosas que las expresadas en este capítulo serán nulas.

Capítulo VIII
De la forma del contrato de compraventa

Art. 1666. El contrato de compraventa no requiere para su validez forma alguna, a excepción de que el objeto del contrato sea un bien inmueble.

Art. 1667. La venta de un inmueble que tenga valor hasta el equivalente de cien días del salario mínimo vigente en el lugar de ubicación del inmueble, en la fecha de la celebración del contrato, podrá hacerse en instrumento privado que firmarán el vendedor y el comprador ante dos testigos.

Art. 1668. Si alguno de los contratantes no supiere escribir, firmará a su nombre y a su ruego otra persona con capacidad legal, no pudiendo firmar con ese carácter ninguno de los testigos, sino que lo hará a su ruego otra persona y en el documento se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó.

Art. 1669. De dicho instrumento se formularán cinco tantos para distribuirse entre los interesados, autoridades fiscales y Registro Público.

Art. 1670. Si el valor del inmueble excede del equivalente a cien días del salario mínimo vigente en la época de la celebración del contrato, su venta se otorgará en escritura pública.

Cuando se trate de operaciones o contratos otorgados por la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, independientemente del valor del inmueble, se hará constar en escritura pública, en ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias.

Art. 1671. La venta de bienes raíces no producirá efectos contra terceros sino después de registrado en los términos prescritos en este Código.

Capítulo IX
De las ventas judiciales

Art. 1672. Las enajenaciones judiciales y administrativas en remate público, constituyen actos que se forman con la declaración de la voluntad del Estado emitida por medio de la autoridad que decreta y aprueba el remate y la declaración de voluntad de la persona a quien se adjudica el bien.

Los remates se regirán por las disposiciones de este título y por las que rigen la compraventa, aplicándose éstas por analogía en lo conducente, en cuanto a las obligaciones y derechos del ejecutado y del adquirente, con las modificaciones que se expresan en este capítulo.

El ejecutado se considerará como el enajenante y el adquirente como comprador.

Art. 1673. En cuanto a los términos y condiciones del remate se estará a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles y en su caso en las leyes administrativas aplicables.

Art. 1674. Para que la trasmisión de la propiedad en los remates sea perfecta, se requiere que haya causado estado el auto de fincamiento de remate o la resolución de la autoridad administrativa que lo apruebe; y que si el bien rematado es mueble, se entregue al adquirente, y éste pague su precio, y se le otorgue la factura respectiva; si es inmueble, que se otorgue la escritura que según este Código se requiere como formalidad.

Respecto de terceros, deberá inscribirse el remate en el Registro Público una vez llenada la formalidad requerida, si tiene por objeto bienes susceptibles de registro.

Art. 1675. No pueden adquirir en remate, los jueces, secretarios y demás empleados de los juzgados; los magistrados del Tribunal Superior; la autoridad administrativa que decrete y realice el remate y sus superiores; los albaceas y tutores, si se trata de bienes pertenecientes a una sucesión o a los incapacitados, respectivamente; ni los peritos que hayan valuado los bienes objeto del remate.

Art. 1676. En los remates de inmuebles, éstos pasarán al adquirente libres de todo gravamen, a menos que por convenio entre los interesados, se estipule que quede subsistente determinado gravamen o responsabilidad, cuyo valor se deducirá del precio. El juez o la autoridad administrativa correspondiente, mandará hacer la cancelación o cancelaciones respectivas, en los términos que disponga el Código de Procedimientos Civiles o la Ley administrativa aplicable.

Art. 1677. En las enajenaciones judiciales, que hayan de verificarse para dividir el bien común, se observará lo dispuesto para la partición entre herederos.

TÍTULO CUARTO
De la permuta

Art. 1678. La permuta es un contrato por virtud del cual uno de los contratantes trasmite al otro el dominio de un bien, a cambio de otro cuya propiedad se le trasfiere.

Art. 1679. Si uno de los contratantes ha recibido el bien que se le da en permuta y acredita que no era propio del que lo dio, no puede ser obligado a entregar el que le ofreció en cambio y cumple con devolver el que recibió.

Art. 1680. El permutante que sufra evicción de la cosa que recibió en cambio, podrá reivindicar la que dio si se halla aún en poder del otro permutante, o exigir su valor o el valor de la cosa que se le hubiere dado en cambio, con el pago de daños y perjuicios.

Art. 1681. Lo dispuesto en el artículo anterior no perjudica los derechos que a título oneroso haya adquirido un tercero de buena fe sobre la cosa que reclama el que sufrió la evicción.

TÍTULO QUINTO
De las donaciones

Capítulo I
Reglas generales

Art. 1682. Donación es un contrato por el que una persona trasfiere a otra, gratuitamente, una parte o la totalidad de sus bienes presentes, reservándose en este caso los necesarios para subsistir.

Art. 1683. Por virtud de la donación no puede el donante transferir al donatario su patrimonio, en cuanto se considere como universalidad jurídica.

Art. 1684. La donación no puede comprender los bienes futuros.

Art. 1685. La donación puede ser pura, condicional, onerosa o remuneratoria.

Art. 1686. Pura es la donación que se otorga en términos absolutos y condicional la que depende de algún acontecimiento incierto.

Art. 1687. Es onerosa la donación que se hace imponiendo algunos gravámenes y remuneratoria la que se hace en atención a servicios recibidos por el donante y que éste no tenga obligación de pagar.

Art. 1688. Cuando la donación sea onerosa, sólo se considera donado el exceso que hubiere en el precio del bien, deducidas de él las cargas.

Art. 1689. La donación es perfecta desde que el donatario la acepta y hace saber la aceptación al donador.

Art. 1690. La donación puede hacerse verbalmente o por escrito.

Art. 1691. No puede hacerse donación verbal más que de bienes muebles.

Art. 1692. La donación verbal sólo producirá efectos legales cuando el valor de los muebles no pase del equivalente a cincuenta días del salario mínimo vigente en el lugar de la donación en la época en que se haga.

Art. 1693. Si el valor de los muebles excede de cincuenta días de salario mínimo en los términos del artículo que antecede, pero no de cien cuotas de salario mínimo deberá hacerse por escrito pudiendo otorgarse documento privado.

Si se excede del equivalente de cien días de salario mínimo, la donación deberá otorgarse en escritura pública.

Art. 1694. La donación de bienes raíces se hará en la misma forma que para su venta exige la Ley.

Art. 1695. La aceptación de las donaciones se hará en la misma forma en que éstas deban hacerse, pero no surtirá efecto si no se hiciere en vida del donante.

Art. 1696. En el instrumento que se haga constar la donación se especificarán los bienes donados, se dirá cual es el valor de cada uno de ellos en dinero y las cargas y obligaciones que se imponen al donatario.

Art. 1697. Es inoficiosa la donación que comprende la totalidad de los bienes del donante, si éste no se reserva en propiedad o en usufructo lo necesario para vivir según sus circunstancias.

Art. 1698. Las donaciones serán también inoficiosas en cuanto perjudiquen la obligación del donante de ministrar alimentos a aquellas personas a quienes los debe conforme a la Ley.

Art. 1699. Si el que hace donación general de todos sus bienes se reserva algunos para testar, sin otra declaración, se entenderá reservada la mitad de sus bienes.

Art. 1700. La donación hecha a varias personas conjuntamente, no produce a favor de éstas el derecho de acrecer, si no es que el donante lo haya establecido de un modo expreso.

Art. 1701. El donante sólo es responsable de la evicción del bien donado, si se obligó a prestarla expresamente.

Art. 1702. No obstante lo dispuesto en el artículo que precede, el donatario quedará subrogado en todos los derechos del donante, si se verifica la evicción.

Art. 1703. Si la donación se hace con la carga de pagar las deudas del donante, sólo se entenderán comprendidas las que existan al tiempo de la donación con fecha auténtica.

Art. 1704. Si la donación fuere de ciertos y determinados bienes, el donatario no responderá de las deudas del donante, sino cuando sobre los bienes donados estuviere constituida alguna hipoteca o prenda, o en caso de fraude en perjuicio de los acreedores.

Art. 1705. Si la donación fuere de todos los bienes, el donatario será responsable de todas las deudas del donante, anteriormente contraídas; pero sólo hasta la cantidad concurrente con los bienes donados y siempre que las deudas tengan fecha auténtica.

Art. 1706. En los casos a que se refieren los artículos anteriores, los acreedores del donante, pueden, si éste mejora de fortuna, exigirle el pago de sus créditos.

Si el donatario resultare insolvente, por hechos posteriores a la donación, sin perjuicio de la acción pauliana que corresponda a los acreedores, podrán exigir sus créditos al donante.

Art. 1707. Salvo que el donador dispusiere otra cosa, las donaciones que consisten en prestaciones periódicas se extinguen con la muerte del donante.

Capítulo II
De las personas que pueden hacer y recibir donaciones

Art. 1708. Pueden hacer donaciones todos los que tienen capacidad para contratar y disponer de sus bienes.

Art. 1709. Los representantes legales no pueden hacer donaciones a nombre de sus representados.

Art. 1710. Las donaciones hechas simulando otro contrato, a personas que, conforme a la Ley, no pueden recibirlas, son nulas, ya se hagan de un modo directo, ya por interpósita persona. Esta nulidad es absoluta.

Art. 1711. Los no nacidos pueden adquirir por donación, con tal que hayan estado concebidos al tiempo en que aquélla se hizo y sean viables conforme a lo dispuesto por este Código.

Capítulo III
De la revocación y reducción de las donaciones

Art. 1712. Las donaciones legalmente hechas por una persona que al tiempo de otorgarlas no tenía hijos pueden ser revocadas por el donante cuando le hayan sobrevenido hijos que hayan nacido con todas las condiciones que sobre viabilidad exige esta Ley.

Si trascurrieren cinco años desde que se hizo la donación y el donante no ha tenido hijos o habiéndolos tenido no ha revocado la donación, ésta se volverá irrevocable. Lo mismo sucede si el donante muere dentro de ese plazo de cinco años sin haber revocado la donación.

Si dentro del mencionado plazo naciere un hijo póstumo del donante, la donación se tendrá por revocada en su totalidad.

Art. 1713. Si en el primer caso del artículo anterior el padre no hubiere revocado la donación, ésta deberá reducirse cuando sea inoficiosa a no ser que el donatario tome sobre sí la obligación de ministrar alimentos y la garantice debidamente.

Art. 1714. La donación no podrá ser revocada por superveniencia de hijos:

I. Cuando sea menor del equivalente a cincuenta cuotas del salario mínimo en vigor en el lugar;

II. Cuando sea antenupcial;

III. Cuando sea entre consortes;

IV. Cuando sea puramente remuneratoria.

Art. 1715. Revocada la donación por superveniencia de hijos, serán restituidos al donante los bienes donados, o su valor si han sido enajenados antes del nacimiento de los hijos.

Art. 1716. Si el donatario hubiere hipotecado los bienes donados, subsistirá la hipoteca, pero tendrá derecho el donante de exigir que aquél la redima. Esto mismo tendrá lugar tratándose de usufructo o servidumbre impuestos por el donatario.

Art. 1717. Cuando los bienes no puedan ser restituidos en especie, el valor exigible será el que tenían aquéllos al tiempo de la donación.

Art. 1718. El donatario hace suyos los frutos de los bienes donados hasta el día en que se notifique la revocación o hasta el día del nacimiento del hijo póstumo, en su caso.

Art. 1719. El donante no puede renunciar anticipadamente el derecho de revocación por superveniencia de hijos.

Art. 1720. La acción de revocación por superveniencia de hijos corresponde exclusivamente al donante y al hijo póstumo pero la reducción por razón de alimentos tienen derecho de pedirla todos los que sean acreedores alimentistas.

Art. 1721. La donación será revocada a instancia del donador cuando se hayan dejado de cumplir algunas de las condiciones con que la hizo.

El donatario responde solo del cumplimiento de las cargas que se le imponen con el bien donado, y no está obligado personalmente con sus bienes. Puede sustraerse a la ejecución de las cargas, abandonando el bien donado, y si éste perece por caso fortuito, queda libre de toda obligación.

Art. 1722. En cualquier caso de rescisión o revocación del contrato de donación, serán restituidos al donante los bienes donados o su valor de acuerdo con las reglas precedentes establecidas en este capítulo.

Art. 1723. La donación puede ser revocada por ingratitud:

I. Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra, o los bienes del donante o de los ascendientes, descendientes, cónyuge o concubino de éste;

II. Si el donatario rehúsa socorrer, según el valor de la donación, al donante que ha venido a pobreza.

Art. 1724. Son aplicables a la revocación de las donaciones por ingratitud lo dispuesto por esta Ley a la irrevocabilidad de la donación por superveniencia de hijos, al caso en que el donatario hubiere dado en prenda o hipoteca los bienes donados, y al caso en que los bienes no puedan ser restituidos en especie.

Art. 1725. La acción de revocación por causa de ingratitud no puede ser renunciada anticipadamente y prescribe dentro de un año, contado desde que tuvo conocimiento del hecho el donador.

Art. 1726. Esta acción no podrá ejercitarse contra los herederos del donatario, a no ser que en vida de éste hubiese sido intentada.

Art. 1727. Tampoco puede esta acción ejercitarse por los herederos del donante si éste, pudiendo, no la hubiese intentado.

Art. 1728. La donación debe ser revocada cuando sea inoficiosa; pero si el perjuicio que con ella se haya causado a los que tienen derecho a percibir alimentos no iguala al valor de la donación, ésta sólo se reducirá en la parte que fuera necesario conforme a lo expresado por éste Código.

Art. 1729. Las donaciones inoficiosas no serán revocadas ni reducidas, cuando muerto el donante, el donatario tome sobre sí la obligación de ministrar los alimentos debidos y la garantice conforme a Derecho.

Art. 1730. La reducción de las donaciones comenzará por la última en fecha, que será totalmente suprimida si la reducción no bastare a completar los alimentos.

Art. 1731. Si el importe de la donación menos antigua no alcanzare, se procederá respecto de la anterior, en los términos establecidos en el artículo que precede siguiéndose el mismo orden hasta llegar a la más antigua.

Art. 1732. Habiendo diversas donaciones otorgadas en el mismo acto o en la misma fecha, se hará la reducción entre ellas a prorrata.

Art. 1733. Si la donación consiste en bienes muebles, se tendrá presente para la reducción el valor que tenían al tiempo de ser donados.

Art. 1734. Cuando la donación consista en bienes raíces que fueren cómodamente divisibles, la reducción se hará en especie.

Art. 1735. Cuando el inmueble no puede ser dividido, y el importe de la reducción exceda de la mitad de valor de aquél, recibirá el donatario el resto en dinero.

Art. 1736. Cuando la reducción no exceda de la mitad del valor del inmueble, el donatario pagará el resto.

Art. 1737. Revocada o reducida una donación por inoficiosa, el donatario sólo responderá de los frutos desde que fuere demandado.

TÍTULO SEXTO
Del mutuo

Capítulo I
Del préstamo simple

Art. 1738. El préstamo es un contrato por el cual el prestador trasfiere la propiedad de una suma de dinero o de otros bienes fungibles al prestatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad.

Art. 1739. El prestatario hace suyo el bien prestado y si éste perece o se deteriora, será en perjuicio suyo desde que le sea entregado.

Art. 1740. Si no hubiere convenio acerca del plazo de la restitución se observarán las reglas siguientes:

I. Si el prestatario fuera labrador y el préstamo consistiere en cereales u otros productos del campo, la restitución se hará en la siguiente cosecha de los mismos o semejantes frutos o productos;

II. Lo mismo se observará respecto de los prestatarios que, no siendo labradores, hayan de percibir frutos semejantes por otro título;

III. Si el pago se hubiere dejado a la posibilidad del acreedor, no puede exigirse éste, si no probando tal posibilidad;

IV. En los demás casos, la obligación de restituir se rige por lo dispuesto en el capítulo relativo al pago, y al tiempo y lugar en que ha de hacerse.

Art. 1741. La entrega del bien prestado y la restitución de lo prestado se harán en el lugar convenido.

Art. 1742. Cuando no se haya señalado el lugar, si el préstamo consistiere en efectos, la restitución se hará en el lugar donde se recibieron; y si consistiere en dinero, en el domicilio del prestador.

Art. 1743. Si no fuera posible al prestatario restituir en género, satisfará pagando el valor que el bien prestado tenía en el tiempo y lugar en que se hizo el préstamo, a juicio de peritos, si no hubiere estipulación en contrario.

Art. 1744. Cuando el préstamo consista en dinero pagará el deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a la Ley monetaria vigente al tiempo de hacerse el pago, sin que esta disposición sea renunciable. Si se pacta que el pago debe hacerse en moneda extranjera, se hará éste conforme lo disponga la Ley monetaria.

Art. 1745. El prestador es responsable de los perjuicios que el prestatario sufra por la mala calidad o vicios ocultos del bien prestado, si conoció los defectos y no dio aviso oportuno a éste.

Art. 1746. El prestatario será responsable de los perjuicios que sufra el prestador por la mala calidad o vicios ocultos de los bienes que restituya, aun cuando desconozca tales defectos.

Art. 1747. No se declararán nulas las deudas contraídas por el menor para proporcionarse los alimentos que necesite, cuando su representante legítimo no se encuentre presente.

Art. 1748. Si se probare, en el caso del artículo anterior, que el menor, en atención a su edad o falta de experiencia, resultó perjudicado al invertir el importe recibido en calidad de préstamo, el prestador sólo tendrá derecho de exigir la restitución en la medida que hubiere sido útil para el citado menor, cuando sea éste el responsable de la deuda; pero si de ella responde el representante del menor, puede el prestador exigirle el total.

Capítulo II
Del mutuo con intereses

Art. 1749. Es permitido estipular interés por el préstamo, ya consista en dinero, ya en géneros.

Art. 1750. El interés es legal o convencional.

Art. 1751. El interés legal es el veinticuatro por ciento anual.

Art. 1752. El interés convencional es el que fijen los contratantes, y puede ser mayor o menor que el interés legal; pero cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia, de la ignorancia o de la necesidad del deudor, a petición de éste el juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal.

Este artículo sólo es aplicable cuando el interés convencional excede del interés bancario.

Art. 1753. Si se ha convenido un interés más alto que el bancario, el deudor, en cualquier momento después de la celebración del contrato, puede reembolsar el capital, cualquiera que sea el plazo fijado para ello, dando aviso al acreedor con un mes de anticipación y pagando los intereses vencidos. Este artículo es irrenunciable.

Art. 1754. Las partes no pueden, bajo pena de nulidad absoluta, convenir que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses.

Art. 1755. En todo caso en que se pacten intereses y prestaciones a cargo del prestatario, superiores en un cincuenta por ciento de los que se fijen por las instituciones de crédito a las operaciones de la misma especie, habrá lesión; y el prestatario podrá optar entre la nulidad del contrato o esperar a que, por ministerio de Ley, se produzca la compensación que operará aplicándose las cantidades que se paguen al prestador, en primer término, a la amortización del capital y, redimido éste, al pago de intereses sobre saldos insolutos, al tanto y medio de lo que se estipula en los préstamos a que se hizo referencia, de las instituciones de crédito. Este artículo es irrenunciable.

TÍTULO SÉPTIMO
Del arrendamiento

Capítulo I
Disposiciones generales

Art. 1756. Hay arrendamiento cuando las dos partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal de un bien, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto.

Se llama arrendador el que da el bien en arrendamiento y arrendatario el que lo recibe.

Art. 1757. El contrato de arrendamiento sólo otorga al arrendatario un derecho personal, en relación con el uso o goce del bien arrendado.

Art. 1758. El arrendamiento puede celebrarse por el tiempo que convengan los contratantes; pero no puede exceder de diez años para las fincas destinadas a habitación, de quince para las fincas destinadas al comercio y de veinte para las fincas destinadas al ejercicio de una industria.

Art. 1759. El que no fuere dueño del bien, podrá arrendarlo si tiene la facultad de celebrar este contrato, ya en virtud de una autorización del dueño, ya por disposición de la Ley.

Art. 1760. No puede arrendar el copropietario sin consentimiento de los otros copropietarios, o de quien los represente.

Art. 1761. Pueden arrendarse todos los bienes que puedan usarse sin consumirse; excepto aquellos que la Ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. Asimismo puede arrendarse el usufructo.

Art. 1762. Se prohíbe a los magistrados, a los jueces, a los encargados de los establecimientos públicos, tomar en arrendamiento los bienes que deban arrendarse en los negocios en que intervengan o que administren con ese carácter.

Art. 1763. La renta o precio del arrendamiento puede consistir en una suma de dinero o de cualquiera otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada.

Art. 1764. El arrendamiento debe otorgarse por escrito cuando la renta pase del equivalente a cincuenta cuotas del salario mínimo vigente en el lugar de la ubicación del inmueble, ya sea rústico o urbano; si la renta pasare de dicha cantidad, el contrato se otorgará en escritura pública.

Art. 1765. La falta de contrato de arrendamiento otorgado por escrito, será imputable al arrendador.

Art. 1766. El contrato de arrendamiento no se rescinde por la muerte del arrendador ni del arrendatario, salvo convenio en contrario.

Art. 1767. Si durante la vigencia del contrato de arrendamiento, por cualquier motivo se verificare la trasmisión de la propiedad del predio arrendado y en éste habita el arrendatario y fue ese su objeto, el arrendamiento subsistirá en los términos del contrato.

Respecto al pago de las rentas; el arrendatario tendrá obligación de pagar al nuevo propietario la renta estipulada en el contrato, desde la fecha en que se le notifique judicial o extrajudicialmente ante notario o ante dos testigos haberse otorgado el correspondiente título de propiedad, aun cuando alegue haber pagado al primer propietario, a no ser que el adelanto de rentas aparezca expresamente estipulado en el mismo contrato de arrendamiento. Este artículo es irrenunciable.

Art. 1768. Si la trasmisión de la propiedad se hiciere por causa de utilidad pública, el contrato se extinguirá; pero el arrendador y el arrendatario deberán ser indemnizados por el expropiador, conforme a lo que establezca la Ley respectiva.

Art. 1769. Si el mismo bien se ha dado en arrendamiento a dos o más personas y por el mismo tiempo, prevalecerá el arrendamiento del que tiene en su poder el bien arrendado y si el bien no está en poder de ninguno de los arrendatarios prevalece el arrendamiento primero en fecha; pero si el arrendamiento debe ser inscrito en el Registro Público, sólo vale el inscrito.

Art. 1770. Los arrendamientos de bienes del Estado, municipales o de establecimientos públicos estarán sujetos a las disposiciones del Derecho administrativo, y en lo que no lo estuvieren, a las disposiciones de este título.

Art. 1771. No son renunciables los beneficios que deriven de la Ley a favor de los arrendatarios. Las estipulaciones de los contratos que consignen dichas renuncias serán nulas.

Capítulo II
De los derechos y obligaciones del arrendador

Art. 1772. El arrendador está obligado aunque no haya pacto expreso:

I. A entregar al arrendatario la finca arrendada con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido; y si no hubo convenio expreso, para aquel a que por su misma naturaleza estuviere destinado;

II. A conservar el bien arrendado en el mismo estado durante el arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias;

III. A no estorbar ni embarazar en manera alguna el uso del bien arrendado, a no ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables;

IV. A garantizar el uso o goce pacífico del bien arrendado todo el tiempo del contrato; pero lo dispuesto en esta fracción no comprende los embarazos que provengan de meros hechos de tercero, ni los ejecutados en virtud de abuso de fuerza;

V. A responder de los daños y perjuicios que sufra el arrendatario si se le privare del uso o goce del bien arrendado, por virtud de la evicción que se haga valer contra el arrendador;

VI. A responder de los perjuicios que sufra el arrendatario por los defectos o vicios ocultos del bien arrendado, anteriores al arrendamiento.

Art. 1773. La entrega del bien arrendado se hará en el tiempo convenido; y si no hubiere convenio, luego que el arrendador fuere requerido por el arrendatario.

Art. 1774. Si el arrendador no cumpliere con hacer las reparaciones necesarias para el uso a que esté destinado el bien arrendado, quedará, a elección del arrendatario, rescindir el arrendamiento u ocurrir al juez para que condene al arrendador al cumplimiento de su obligación, mediante el procedimiento sumario que se establezca en el Código de Procedimientos Civiles.

Art. 1775. Si el arrendador no hiciere las reparaciones en el término que fije el juez, puede autorizar al arrendatario para que éste las ejecute, a cuenta de la renta.

Art. 1776. Para fijar el importe máximo de las reparaciones que se autoricen en el caso del artículo anterior y para resolver sobre la necesidad de la autorización, se oirá a un perito designado por el juez.

Art. 1777. El juez según las circunstancias del caso, decidirá sobre el pago de los daños y perjuicios que se causen al arrendatario por falta de oportunidad en las reparaciones.

Art. 1778. El arrendador no puede, durante el arrendamiento, mudar la forma del bien arrendado, ni intervenir en el uso legítimo de él, a no ser por causa de reparaciones urgentes e indispensables.

Art. 1779. Si el arrendador fuere vencido en juicio sobre una parte del bien arrendado, puede el arrendatario reclamar una disminución en la renta o la rescisión del contrato y el pago de los daños y perjuicios que sufra.

Art. 1780. El arrendador responde de los vicios o defectos del bien arrendado que impidan el uso de él, aunque no los hubiere conocido o hubieren sobrevenido en el curso del arrendamiento, sin culpa del arrendatario. Este puede pedir la disminución de la renta o la rescisión del contrato, salvo que se pruebe que tuvo conocimiento, antes de celebrarse el contrato, de los vicios o defectos del bien arrendado.

Art. 1781. El arrendador debe hacer las reparaciones urgentes y necesarias al bien arrendado, y además le corresponde pagar las hechas por el arrendatario:

I. Si en el contrato, o posteriormente, el arrendador lo autorizó para hacerlas y se obligó a pagarlas;

II. Si se trata de mejoras y por culpa del arrendador se rescindiese el contrato;

III. Cuando el contrato fuere por tiempo indeterminado, si el arrendador autorizó al arrendatario para que hiciera las mejoras y antes de que trascurra el tiempo necesario para que el arrendatario quede compensado con el uso de las mejoras de los gastos que hizo, da el arrendador por concluido el arrendamiento.

Art. 1782. Las mejoras a que se refieren las fracciones II y III del artículo anterior deberán ser pagadas por el arrendador, no obstante que en el contrato se hubiese estipulado que las mejoras quedasen a beneficio del bien arrendado.

Art. 1783. Si al terminar el arrendamiento hubiese algún saldo a favor del arrendatario, el arrendador deberá devolverlo inmediatamente, a no ser que tenga algún derecho que ejercitar contra aquél; en este caso, depositará judicialmente el saldo referido.

Lo dispuesto en el párrafo anterior respecto del arrendador, regirá en su caso respecto del arrendatario.

Capítulo III
De los derechos y obligaciones del arrendatario

Art. 1784. El arrendatario está obligado:

I. A satisfacer la renta en la forma y tiempo convenidos;

II. A responder de los perjuicios que el bien arrendado sufra por su culpa o negligencia, la de sus familiares, sirvientes, subarrendatarios o personas que lo visiten;

III. A servirse del bien solamente para el uso convenido o el que sea conforme a la naturaleza y destino de él;

IV. A restituir el bien al terminar el contrato.

Art. 1785. El arrendatario no está obligado a pagar la renta sino desde el día en que reciba el bien arrendado, salvo pacto en contrario.

Art. 1786. La renta debe pagarse en los plazos convenidos; y a falta de convenio, por meses vencidos si el predio arrendado es urbano, y por semestres, también vencidos, si el predio es rústico.

Art. 1787. La renta se pagará en el lugar convenido; y a falta de convenio se estará a lo dispuesto en el capítulo relativo al pago, y al tiempo y lugar en que deba hacerse.

Art. 1788. El arrendatario está obligado a pagar la renta que se venza hasta el día en que se entregue el bien arrendado.

Art. 1789. Si el precio del arrendamiento debiera pagarse en frutos, y el arrendatario no los entregare en el tiempo debido, estará obligado a pagar en dinero el mayor que tuvieren los frutos en todo el tiempo trascurrido.

Art. 1790. Si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario el uso del bien arrendado, no se causará renta mientras dure el impedimento y si éste dura más de dos meses, podrá el arrendatario pedir la rescisión del contrato.

Art. 1791. Si sólo se impidiere en parte el uso del bien, podrá el arrendatario pedir reducción parcial de la renta a juicio de peritos, a no ser que el arrendatario opte por la rescisión del contrato, si el impedimento dura el tiempo fijado en el artículo anterior.

Art. 1792. Si la privación del uso proviene de evicción del predio se observará lo dispuesto en el artículo anteprecedente y si el arrendador es poseedor de mala fe, responderá también de los daños y perjuicios.

Art. 1793. El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del propietario, en el más breve término posible, toda usurpación o novedad que otro haya hecho, o abiertamente prepare en el bien arrendado, so pena de pagar los daños y perjuicios que cause con su omisión. Lo dispuesto en este artículo no priva al arrendatario del derecho de defender, como tal, el bien que tenga en arrendamiento.

Art. 1794. El arrendatario es responsable del incendio, a no ser que provenga de vicio de construcción, caso fortuito o fuerza mayor.

Art. 1795. Tampoco responde el arrendatario del incendio que se haya comunicado de otra parte, a pesar de haber tenido la vigilancia que pueda exigirse a un buen padre de familia.

Art. 1796. Si son varios los arrendatarios y no se sabe donde comenzó el incendio, todos son responsables proporcionalmente a la renta que paguen, y si el arrendador o propietario ocupa parte de la finca, también responderá proporcionalmente a la renta que a esa parte fijen peritos. Si se prueba que el incendio comenzó en la habitación de uno de los inquilinos o en la del arrendador, solamente aquél o éste, en su caso, será el responsable.

Art. 1797. Si alguno de los arrendatarios prueba que el fuego no pudo comenzar por su habitación, quedará libre de responsabilidad.

Art. 1798. La responsabilidad en los casos de que tratan los cinco artículos anteriores, comprende no sólo el pago de los daños y perjuicios sufridos por el propietario, sino de los que se hayan causado a otras personas, siempre que provengan directamente del incendio.

Art. 1799. El arrendatario que vaya a establecer en la finca arrendada una industria peligrosa, tiene la obligación de asegurar dicha finca contra el riesgo probable que origina el ejercicio de esa industria. El seguro se extenderá a beneficio del arrendador.

Art. 1800. El arrendatario no puede, sin consentimiento escrito del arrendador, variar la forma del bien arrendado, y si lo hace, debe cuando lo devuelva, restablecerlo al estado en que lo recibió, siendo además responsable de todos los daños y perjuicios.

Art. 1801. El arrendatario deberá devolver el bien arrendado, al concluir el arrendamiento, tal como lo recibió, salvo lo que hubiere perecido o se hubiere menoscabado por el tiempo o por causa inevitable.

Art. 1802. Al arrendador corresponde probar que entregó al arrendatario en buen estado el bien arrendado, si la entrega no la hizo con expresa descripción de las partes de que se componga.

Art. 1803. El arrendatario debe hacer las reparaciones de aquellos deterioros de poca importancia, que regularmente son causados por las personas que habitan el edificio.

Art. 1804. El arrendatario que por causa de reparaciones pierda el uso total o parcial del bien, tiene derecho a no pagar el precio del arrendamiento, a pedir la reducción de ese precio o la rescisión del contrato, si la pérdida del uso dura más de dos meses, en sus respectivos casos.

Art. 1805. El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del arrendador, a la brevedad posible, de la necesidad de las reparaciones urgentes y necesarias bajo pena de pagar los daños y perjuicios que su omisión cause.

Art. 1806. El arrendatario no puede rehusarse a hacer la entrega del bien arrendado, terminado el arrendamiento, ni aun bajo el pretexto de mejoras, sean éstas útiles o necesarias.

Art. 1807. El arrendatario no puede cobrar las mejoras útiles y voluntarias hechas sin autorización del arrendador; pero puede llevárselas, si al separarlas no se sigue deterioro a la finca.

Art. 1808. El arrendatario que durante la vigencia del contrato no incurrió en mora o que hubiese hecho mejoras en el inmueble arrendado, tiene derecho a que, en igualdad de condiciones, se le prefiere a otro interesado en el nuevo arrendamiento del bien.

Art. 1809. El arrendatario gozará del derecho del tanto si el propietario quiere vender la finca arrendada.

Capítulo IV
Del arrendamiento de fincas urbanas destinadas a casa habitación

Art. 1810. Las disposiciones de este capítulo son de orden público e interés social. Por tanto son irrenunciables y en consecuencia, cualquier estipulación en contrario se tendrá por no puesta.

a) No deberá darse en arrendamiento una finca urbana que no reúna las condiciones de higiene y salubridad exigidas por la Ley de la materia;

b) El arrendador que no haga las obras que ordene la autoridad sanitaria correspondiente como necesarias para que una finca sea habitable e higiénica es responsable de los daños y perjuicios que los inquilinos sufran por esa causa;

c) La duración mínima de todo contrato de arrendamiento de fincas urbanas destinadas a la habitación será de un año forzoso para arrendador y arrendatario, que será prorrogable, a voluntad del arrendatario, hasta por un año más siempre y cuando se encuentre al corriente en el pago de las rentas;

d) Para los efectos de este capítulo la renta deberá estipularse en moneda nacional.

La renta sólo podrá ser incrementada anualmente; en su caso el aumento no podrá exceder del cien por ciento del incremento porcentual vigente al salario mínimo general en el lugar de la ubicación del inmueble en el año calendario en que el contrato se renueve o se prorrogue;

e) La renta debe pagarse en los plazos convenidos, y a falta de convenio por meses vencidos.

El arrendatario no está obligado a pagar la renta sino desde el día en que reciba el inmueble objeto del contrato;

f) Para los efectos de este capítulo el contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito, la falta de esa formalidad se imputará al arrendador.

El contrato deberá contener, cuando menos las siguientes estipulaciones:

I. Nombre del arrendador y arrendatario;

II. La ubicación del inmueble;

III. Descripción detallada del inmueble objeto del contrato y de las instalaciones y accesorios con que cuenta para el uso y goce del mismo, así como el estado que guardan;

IV. El monto de la renta;

V. La garantía en su caso;

VI. La mención expresa del destino habitacional del inmueble arrendado;

VII. El término del contrato;

VIII. Las obligaciones que arrendador y arrendatario contraigan adicionalmente a las establecidas en la Ley.

l) En todo contrato de arrendamiento para habitación deberán transcribirse íntegras las disposiciones de este capítulo.

Art. 1811. No se inscribirán las escrituras en las que se trasmita la propiedad de un inmueble dado en arrendamiento, a menos que en ella conste expresamente que se cumplió con las reglas establecidas en este Código para que el inquilino pudiera hacer uso del derecho de preferencia que le corresponde.

Art. 1812. Son aplicables a los arrendamientos de inmuebles que sean destinados a habitación las reglas establecidas en los artículos precedentes respecto a las condiciones de higiene y seguridad, y a los derechos y obligaciones que la Ley señala al arrendador y arrendatario en este título.

Capítulo V
Del arrendamiento de fincas rústicas

Art. 1813. El propietario de un predio rústico debe cultivarlo, sin perjuicio de dejarlo descansar el tiempo que sea necesario para que no se agote su fertilidad. Si no lo cultiva, tiene obligación de darlo en arrendamiento o en aparcería, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Tierras Ociosas.

Art. 1814. La renta debe pagarse en los plazos convenidos, y a falta de convenio, por semestres vencidos.

Art. 1815. El arrendatario no tendrá derecho a la rebaja de la renta por esterilidad de la tierra arrendada o por pérdida de frutos provenientes de casos fortuitos ordinarios; pero sí en caso de pérdida de más de la mitad de los frutos, por casos extraordinarios.

g) El arrendador deberá registrar el contrato de arrendamiento ante la autoridad competente del municipio en que se encuentre ubicado el inmueble. Una vez cumplido este requisito, entregará al arrendatario una copia registrada del contrato.

El arrendatario tendrá acción para demandar el registro mencionado y la entrega de la copia del contrato.

Art. 1816. En el arrendamiento de predios rústicos por plazo determinado, debe el arrendatario, en el último año que permanezca en el fundo, permitir a su sucesor o al dueño, en su caso, el barbecho de las tierras que tengan desocupadas y en las que él no pueda verificar la nueva siembra, así como el uso de los edificios y demás medios que sean necesarios para las labores preparatorias del año siguiente.

Art. 1817. El permiso a que se refiere el artículo que precede no será obligatorio sino en el periodo y por el tiempo rigurosamente indispensable, conforme a las costumbres locales, salvo convenio en contrario.

Art. 1818. Terminado el arrendamiento tendrá a su vez el arrendatario saliente, derecho para usar de las tierras y edificios por el tiempo absolutamente indispensable para la recolección y aprovechamiento de los frutos pendientes al terminar el contrato.

Capítulo VI
Del subarriendo

Art. 1819. El arrendatario no puede subarrendar el bien arrendado en todo, ni en parte, ni ceder sus derechos sin consentimiento del arrendador; si lo hiciere, responderá solidariamente con el subarrendatario de los daños y perjuicios.

Art. 1820. Habrá subarrendamiento cuando el arrendatario arriende en todo o en parte el mismo bien que recibió en arrendamiento.

Art. 1821. Si el subarriendo se hiciere en virtud de la autorización general concedida en el contrato, el arrendatario será responsable ante el arrendador, como si él mismo continuara en el uso o goce del bien.

Art. 1822. En el caso del artículo anterior, además de la responsabilidad del arrendatario, el subarrendatario responderá también en forma directa ante el arrendador.

Art. 1823. Si no hubiere autorización para subarrendar, el contrato de subarrendamiento será válido, pero el arrendador podrá pedir la rescisión tanto del arrendamiento cuanto del subarrendamiento. Asimismo, está facultado para exigir, solidariamente al arrendatario y al subarrendatario, el pago de los daños y perjuicios que se le causen.

Art. 1824. Si el arrendador aprueba expresamente el contrato especial del subarriendo, el subarrendatario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones del arrendatario, a no ser que por convenio se acuerde otra cosa.

Art. 1825. La autorización especial para subarrendar a determinada persona puede otorgarse antes de que se celebre el subarrendamiento, o mediante conformidad expresa contenida en el documento en que se haga constar éste.

Art. 1826. El subarrendamiento debe otorgarse con las mismas formalidades requeridas por la Ley para el arrendamiento, tanto en los casos de autorización general cuanto en los de autorización expresa.

Capítulo VII
Del arrendamiento o alquiler de bienes muebles

Art. 1827. Pueden ser materia del contrato de alquiler todos los bienes muebles no fungibles.

Art. 1828. Son aplicables al contrato de alquiler las disposiciones de este título que sean compatibles con la naturaleza de esos bienes.

Art. 1829. El alquiler terminará en el plazo convenido; y a falta de plazo, luego que concluya el uso a que el bien se hubiere destinado conforme al contrato.

Art. 1830. Si en el contrato no se hubiere fijado plazo ni se hubiere expresado el uso a que el bien se destine, el arrendatario será libre de devolverlo cuando quiera; pero el arrendador no podrá pedirlo sino después de cinco días de celebrado el contrato.

Art. 1831. Si el bien se alquiló por años, meses, semanas, o días, la renta se pagará al vencimiento de cada uno de esos términos.

Art. 1832. Si el contrato se celebró por un término fijo, la renta se pagará al vencerse el plazo.

Art. 1833. Si el arrendatario devuelve el bien antes del tiempo convenido, cuando se ajustó por un solo precio, está obligado a pagarlo íntegro; pero si el alquiler se ajustó por periodos de tiempo, sólo está obligado a pagar los periodos corridos hasta la entrega.

Art. 1834. El arrendatario estará obligado a la totalidad del precio, cuando se pactó el alquiler por tiempo fijo y los periodos sólo se han puesto como plazos para el pago.

Art. 1835. Si se arrienda un edificio o aposento amueblado, se entenderá que el alquiler de los muebles es por el mismo tiempo que el del arrendamiento del edificio o aposento, salvo estipulación en contrario.

Art. 1836. Cuando los muebles se alquilaren con separación del edificio, su alquiler se regirá por lo dispuesto en este capítulo.

Art. 1837. El arrendatario está obligado a hacer las pequeñas reparaciones que exija el uso del bien dado en alquiler.

Art. 1838. La pérdida o deterioro del bien alquilado se presume siempre a cargo del arrendatario, a menos que éste pruebe que sobrevino sin culpa suya, en cuyo caso, será a cargo del arrendador.

Art. 1839. Aun cuando la pérdida o deterioro sobrevengan por caso fortuito; serán a cargo del arrendatario, si éste usó el bien de un modo no conforme con el contrato, de manera que sin ese uso no habría sobrevenido el caso fortuito.

Art. 1840. El arrendatario de un animal está obligado a darle de comer y beber durante el tiempo que lo tenga en su poder, de modo que no se desmejore, y a curarle las enfermedades ligeras sin poder cobrarlas al dueño.

Art. 1841. Los frutos del animal alquilado pertenecen al dueño, salvo convenio en contrario.

Art. 1842. En caso de muerte de algún animal alquilado, sus despojos serán entregados por el arrendatario al dueño, si son de alguna utilidad y si es posible el trasporte.

Art. 1843. Cuando se arrienden dos o más animales que forman un todo, como una yunta o un tiro, y uno de ellos se inutiliza, se rescindirá el arrendamiento, a no ser que el dueño quiera dar otro que forme un todo con el que sobreviva.

Art. 1844. El que contrate uno o más animales especificados individualmente, que antes de ser entregados al arrendatario se inutilizaren sin culpa del arrendador, quedará enteramente libre de la obligación si ha avisado al arrendatario inmediatamente después que se inutilizó el animal; pero si éste se ha inutilizado por culpa del arrendador o si no se ha dado el aviso, estará sujeto al pago de daños y perjuicios, o a reemplazar el animal a elección del arrendatario.

Art. 1845. En el caso del artículo anterior, si en el contrato de alquiler no se trató de animal individualmente determinado, sino de un género y número determinados, el arrendador está obligado a los daños y perjuicios, siempre que se falte a la entrega.

Art. 1846. Si en el arrendamiento de un predio rústico se incluye el ganado de labranza o de cría existente en el mismo, el arrendatario tendrá, respecto del ganado, los mismos derechos y obligaciones que el usufructuario pero no está obligado a dar fianza.

Art. 1847. Lo dispuesto en el artículo que antecede, también se aplicará al arrendamiento de bienes productores de frutos naturales, cuando el uso de los mismos no reporte utilidad al arrendatario si no a través de sus frutos.

Art. 1848. El arrendamiento de fincas rústicas no implica el arrendamiento de los aperos correspondientes a dicha finca, salvo que se estipule lo contrario en el contrato respectivo.

Capítulo VIII
Disposiciones especiales respecto de los arrendamientos por tiempo indeterminado

Art. 1849. Todos los arrendamientos, sean de predios rústicos o urbanos que no se hayan contratado por tiempo expresamente determinado, concluirán a voluntad de cualquiera de las partes previo aviso dado a la otra en forma indubitable, en los siguientes términos:

I. Si es el arrendador quien da por terminado el contrato, deberá dar aviso al arrendatario con seis meses de anticipación, si la finca es urbana y con un año, si es rústica;

II. Si es el arrendatario quien desea terminar el contrato deberá dar el aviso al arrendador con dos meses de anticipación, si la finca es urbana y con un año si es rústica.

Art. 1850. Dado el aviso a que se refieren el artículo anterior el arrendatario del predio urbano está obligado a poner cédula y a mostrar el interior de la casa a los que pretendan verla. Si se tratare de un predio rústico debe permitir a su dueño o sucesor barbechar las tierras que tenga desocupadas, el uso de los edificios que fuere necesario para las labores preparatorias del año siguiente.

Capítulo IX
Del modo de terminar el arrendamiento

Art. 1851. El arrendamiento puede terminar:

I. Por haberse cumplido el plazo fijado en el contrato o en la Ley, o por estar satisfecho el objeto para que el bien fue arrendado;

II. Por convenio expreso;

III. Por nulidad;

IV. Por rescisión;

V. Por confusión;

VI. Por pérdida o destrucción del bien arrendado, debida a caso fortuito o fuerza mayor;

VII. Por expropiación del bien arrendado hecha por causa de utilidad pública;

VIII. Por evicción del bien dado en arrendamiento.

Art. 1852. Si el arrendamiento se ha hecho por tiempo determinado, concluye el día prefijado sin necesidad de desahucio. Si no se ha señalado tiempo, se observará lo que disponen los dos artículos siguientes.

Art. 1853. Todos los arrendamientos sean de predios rústicos o urbanos, que no se hayan celebrado por tiempo expresamente determinado, concluirán a voluntad de las partes contratantes en los términos previstos en el artículo 1848.

Art. 1854. Dado el aviso a que se refiere el artículo anterior, el arrendatario del predio urbano contrae las obligaciones contenidas en el artículo 1849.

Art. 1855. Vencido el contrato de arrendamiento, tendrá derecho el arrendatario siempre que el bien se haya rentado para habitación y esté al corriente en el pago de las rentas, a que se le prorrogue por una sola vez hasta por un año el contrato, en este caso podrá el arrendador aumentar el precio del alquiler, hasta por el porcentaje señalado en el capítulo de arrendamiento de casas habitación, el arrendador tendrá el mismo derecho al aumento de la renta si se tratare de un bien rústico.

Art. 1856. Quedan exceptuados de la obligación de prorrogar el contrato de arrendamiento, los propietarios que quieran habitar la casa, o cultivar el terreno o parcela materia del arrendamiento cuyo contrato ha vencido.

Si posteriormente el arrendador no habitare la casa o no cultivare la finca rústica será responsable de los daños y perjuicios que hubiere causado al arrendatario, al privarlo del derecho a la prórroga concedida por este Código.

Art. 1857. Las prórrogas de los contratos de arrendamiento comenzarán a contar a partir de la fecha del vencimiento del anterior contrato.

Art. 1858. Para que se produzca la prórroga a que se refieren los artículos precedentes, bastará que el inquilino dentro de los treinta días anteriores al vencimiento del contrato, manifieste al arrendador, en jurisdicción voluntaria, o ante notario o ante dos testigos su voluntad de que se prorrogue el contrato.

Si el arrendador no estuviere de acuerdo por no estar al corriente el inquilino en el pago de las rentas, o si pretende el aumento autorizado por esta Ley, decidirá el juez conforme al Código de Procedimientos Civiles. En este procedimiento la resolución será apelable en ambos efectos.

Art. 1859. Para que opere el derecho del arrendador a no prorrogar el contrato por tener necesidad de ocupar la casa o cultivar la parcela, es necesario que lo notifique al inquilino judicialmente o ante notario con sesenta días de anticipación al vencimiento del contrato.

Art. 1860. Si después de terminado el arrendamiento y su prórroga, si la hubo, continúa el arrendatario sin oposición en el goce y uso del predio, ya no se entenderá prorrogado el arrendamiento; pero el arrendatario deberá pagar la renta que corresponda al tiempo que exceda al del contrato con arreglo a la renta que pagaba y al incremento señalado por esta Ley.

Art. 1861. Cuando haya prórroga del contrato de arrendamiento, no cesan las obligaciones otorgadas por un tercero para la seguridad del arrendamiento, a no ser que así se haya pactado expresamente, o que, después de terminada la prórroga continúe el arrendatario en el uso y goce de la cosa, con el consentimiento tácito o expreso del arrendador.

Art. 1862. En el caso de la terminación del contrato por convenio de las partes se estará a lo pactado en cuanto no perjudique derechos de tercero.

Art. 1863. El arrendador puede exigir la rescisión del contrato:

I. Por falta de pago de la renta en los términos prevenidos en el contrato o al establecido por esta Ley respecto de las obligaciones del arrendatario;

II. Por usarse el bien en contravención a lo convenido, o el que sea conforme a la naturaleza y destino del bien;

III. Por el subarriendo del bien sin el consentimiento expreso del arrendador.

Art. 1864. Además de los casos expresamente previstos por este Código, el arrendatario podrá exigir la rescisión del contrato:

I. Si el arrendador no entrega el bien aunque no se haya pactado en los términos señalados en el capítulo relativo a los derechos y obligaciones del arrendador;

II. Si el arrendador sin motivo fundado se opone al subarriendo, que con derecho pretende el arrendatario.

Art. 1865. Cuando el arrendatario no hiciere uso del derecho que para rescindir el contrato le concede la Ley, hecha la reparación o cesado el impedimento, continuará en el uso del bien, pagando la misma renta hasta que termine el plazo del arrendamiento.

Art. 1866. Si el usufructuario no manifestó su calidad de tal al hacer el arrendamiento, y por haberse consolidado la propiedad con el usufructo, exige el propietario la desocupación de la finca, tiene el arrendatario derecho para demandar al arrendador la indemnización de daños y perjuicios.

Art. 1867. Si el bien fue arrendado por el usufructuario, manifestando o no este carácter en el contrato, y al extinguirse el usufructo y consolidarse la propiedad, el arrendatario continúa en el goce y el uso del bien sin oposición del propietario, continuará éste como arrendador y vigente el contrato, siendo aplicable en su caso lo que dispone esta Ley para los contratos por tiempo determinado.

Art. 1868. Si el bien se destruyere totalmente, por caso fortuito, o fuerza mayor, el arrendamiento se rescinde, sin responsabilidad para ninguna de las partes.

Art. 1869. Si la destrucción del bien fuere parcial, podrá el arrendatario pedir la reducción parcial del convenio, a no ser que opte por la rescisión del contrato.

Art. 1870. Si la trasmisión tuviere lugar por ejecución judicial, se observarán las reglas señaladas a las disposiciones generales del arrendamiento, a menos que el contrato aparezca celebrado dentro de los sesenta días anteriores al secuestro de la finca, caso en el cual se dará por concluido el contrato.

Respecto al pago de rentas, regirán las reglas siguientes:

I. El arrendatario tiene obligación de pagar al nuevo propietario la renta estipulada en el contrato, desde la fecha en que éste hubiere sido puesto en posesión del bien y le hubiere notificado la adquisición judicialmente o mediante notario, aun cuando alegue haber pagado al primer propietario;

II. Se exceptúa de lo dispuesto en la fracción anterior al arrendatario que hubiere adelantado rentas al primer propietario cuando el adelanto aparezca expresamente estipulado en el contrato;

III. El arrendatario que, habiendo hecho adelanto de rentas, sea obligado a segunda paga, conforme a la fracción I tiene derecho de exigir del primer propietario la devolución de las cantidades adelantadas.

Art. 1871. En los casos de expropiación y de ejecución judicial, tendrá el arrendatario los derechos que se le señalan en el capítulo respectivo.

TÍTULO OCTAVO
Del comodato

Art. 1872. El comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible, y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente.

Art. 1873. Cuando el préstamo tuviere por objeto bienes consumibles, sólo será comodato si ellas fuesen prestadas como no fungibles, es decir, para ser restituidas idénticamente.

Art. 1874. Los tutores, curadores y en general todos los administradores de bienes ajenos, no podrán dar en comodato, sin autorización especial, los bienes confiados a su guarda.

Art. 1875. Sin permiso del comodante no puede el comodatario conceder a un tercero el uso de la cosa entregada en comodato.

Art. 1876. El comodatario adquiere el uso, pero no los frutos y accesiones de la cosa prestada.

Art. 1877. El comodatario está obligado a poner toda diligencia en la conservación del bien, y es responsable de todo deterioro que sufra por su culpa.

Art. 1878. Si el deterioro es tal que el bien no sea susceptible de emplearse en su uso ordinario, podrá el comodante exigir el valor anterior del mismo, abandonando su propiedad al comodatario.

Art. 1879. El comodatario responde de la pérdida del bien si lo emplea en uso diverso o por más tiempo del convenido, aun cuando aquél sobrevenga por caso fortuito.

Art. 1880. Si el bien perece por caso fortuito, de que el comodatario haya podido garantizarlo empleando el suyo propio, y si no pudiendo conservar más que uno de los dos, ha preferido el suyo, responde de la pérdida del otro.

Art. 1881. Si el bien ha sido estimado al prestarlo, su pérdida, aun cuando sobrevenga por caso fortuito, es de cuenta del comodatario, quien deberá entregar el precio si no hay convenio expreso en contrario.

Art. 1882. Si el comodato se hace en contemplación a sólo la persona del comodatario, los herederos de éste no tienen derecho de continuar en el uso del bien.

Art. 1883. Sin permiso del comodante no puede el comodatario conceder a un tercero el uso del bien.

Art. 1884. Si el bien se deteriora por el solo efecto del uso para que fue prestado, y sin culpa del comodatario, no es éste responsable del deterioro.

Art. 1885. El comodatario no tiene derecho para repetir el importe de los gastos ordinarios que se necesiten para el uso o la conservación del bien prestado.

Art. 1886. Tampoco tiene derecho el comodatario para retener el bien a pretexto de lo que por expensas o por cualquier otra causa le deba el dueño.

Art. 1887. Si no se ha determinado el uso o el plazo del préstamo, el comodante podrá exigir el bien cuando le pareciere. En este caso, la prueba de haber convenido, uso o plazo, incumbe al comodatario.

Art. 1888. El comodante podrá exigir la devolución del bien antes de que termine el plazo o usos convenidos, sobreviniéndole necesidad urgente de ella, probando que hay peligro de que éste perezca si continúa en poder del comodatario, o si éste ha autorizado a un tercero a servirse del bien, sin consentimiento del comodante.

Art. 1889. Si durante el préstamo el comodatario ha tenido que hacer, para la conservación del bien, algún gasto extraordinario y de tal manera urgente que no haya podido dar aviso de eso al comodante, éste tendrá obligación de reembolsarlo.

Art. 1890. Cuando el bien prestado tiene defectos tales que causen perjuicios al que se sirva de él, el comodante es responsable de éstos, si conocía los defectos y no dio aviso oportuno al comodatario.

Art. 1891. En la restitución del bien, el comodatario será responsable de los vicios o defectos que el bien tenga, siempre y cuando se deban a culpa en la custodia, conservación o uso del mismo.

Art. 1892. El comodato termina por la muerte del comodatario.

TÍTULO NOVENO
Del depósito y del secuestro

Capítulo I
Del depósito

Art. 1893. El depósito es un contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a recibir un bien, mueble o inmueble, que aquél le confía, y a guardarlo para restituirlo cuando lo pida el depositante.

Art. 1894. Salvo pacto en contrario, el depositario tiene derecho a exigir retribución por el depósito, la cual se arreglará a los términos del contrato y, en su defecto, a los usos del lugar en que se constituya el depósito.

Art. 1895. Los depositarios de títulos, valores, efectos o documentos que devengan intereses, quedan obligados a realizar el cobro de éstos, en las épocas de su vencimiento, así como también a practicar cuantos actos sean necesarios para que los efectos depositados conserven el valor y los derechos que les correspondan con arreglo a las leyes.

Art. 1896. El incapaz que acepte el depósito, puede, si se le demanda por daños y perjuicios, oponer como excepción la nulidad del contrato, mas no podrá eximirse de restituir el bien depositado si se conserva aún en su poder, o el provecho que hubiere recibido de su enajenación.

Art. 1897. Si el depositario incapaz, obró con dolo o mala fe podrá ser condenado a través de su representante al pago de daños y perjuicios.

Art. 1898. Es deber del depositante hacer constar por escrito firmado por el depositario, la cantidad, clase y demás señas específicas del bien depositado.

Art. 1899. La omisión del requisito que prescribe el artículo anterior, sujeta al depositante, en el caso de que se niegue o adultere el depósito, a la carga de probar éste o la adulteración que alegue haberse hecho.

Art. 1900. El depositario está obligado:

I. A conservar el bien objeto de depósito según lo reciba y prestar en su guarda y conservación la diligencia de un buen padre de familia, si el depósito es a título oneroso; pero si es a título gratuito debe guardar y conservar el bien depositado con el cuidado y diligencia que acostumbre emplear en la guarda y cuidado de sus propios bienes;

II. A restituir el depósito cuando le fuere exigido, con todos sus frutos y accesiones;

III. A responder de los menoscabos, daños y perjuicios que los bienes depositados sufrieren por su malicia o negligencia.

Art. 1901. El depositario es responsable del caso fortuito y de la fuerza mayor, sólo cuando se ha obligado a esa responsabilidad o si sobrevienen estando el bien en su poder cuando ya había incurrido en mora.

Art. 1902. Si después de constituido el depósito tiene conocimiento el depositario de que el bien es robado y de quién es el verdadero dueño, debe dar aviso a éste o a la autoridad competente, con la reserva debida.

Art. 1903. Si dentro de ocho días no se le manda judicialmente retener o entregar el bien, puede devolverlo al que lo depositó, sin que por ello quede sujeto a responsabilidad alguna.

Art. 1904. Siendo varios los que dan un solo bien o cantidad en depósito, no podrá el depositario entregarlo sino con previo consentimiento de la mayoría de los depositantes, computado por cantidades y no por personas, a no ser que al constituirse el depósito se haya convenido en que la entrega se haga a cualquiera de los depositantes.

Art. 1905. El depositario entregará a cada depositante una parte del bien, si al constituirse el depósito se señaló lo que a cada uno correspondía.

Art. 1906. El depósito se entregará en el lugar convenido y si no hubiere lugar designado, la devolución se hará en el lugar donde se halle el bien depositado.

Art. 1907. El depositario debe restituir el bien depositado en cualquier tiempo en que lo reclame el depositante, aunque al constituirse el depósito se haya fijado plazo y éste no hubiere llegado; pero en este último caso, si el depósito es oneroso, debe el depositante pagar al depositario lo pactado por el tiempo convenido.

Art. 1908. El depositario no está obligado a entregar el bien cuando judicialmente se haya mandado retener o embargar.

Art. 1909. El depositario puede devolver el depósito al depositante:

I. Antes de vencerse el plazo para el depósito, si existe justa causa; y

II. Si no se ha estipulado plazo, cuando el depositario quiera. En los dos casos previstos en este artículo, el depositario debe avisar al depositante con una prudente anticipación cuando se necesite preparar algo para la guarda del bien.

Art. 1910. El depositante está obligado a pagar al depositario la retribución convenida en el contrato, o en su defecto según los usos del lugar en que se constituye el depósito.

Art. 1911. Si el depósito es a título gratuito, el depositante está obligado a indemnizar al depositario de todos los gastos que haya hecho en la conservación del depósito.

Art. 1912. El depositario está obligado a indemnizar al depositante de todos los perjuicios que le cause el bien depositado. Esta obligación existe tanto en el depósito a título gratuito como en el depósito a título oneroso.

Si los perjuicios causados al depositario se deben a vicios o defectos del bien depositado, debe el depositante indemnizar los perjuicios aun cuando no conociera los vicios o defectos.

Art. 1913. El depositario no puede retener el bien, aun cuando al pedírsele no haya recibido el importe de la retribución que le corresponde, ni los gastos que haya hecho ni la indemnización de los perjuicios prevista en el artículo anterior; pero sí podrá, si el pago no se le asegura, pedir judicialmente la retención del depósito.

Tampoco puede el depositario retener el bien como prenda que garantice otro crédito que tenga contra el depositante.

Art. 1914. Cuando el depositario descubra o pruebe que es suyo el bien depositado, y si el depositante insiste en sostener sus derechos, debe ocurrir al juez pidiéndole orden para retenerla o para depositarla judicialmente.

Art. 1915. Los dueños de establecimientos en donde se reciben huéspedes son responsables del deterioro, destrucción o pérdida de los efectos introducidos en el establecimiento con su consentimiento o el de sus empleados autorizados, por las personas que allí se alojen; a menos que prueben que el daño sufrido es imputable a estas personas, a sus acompañantes, a sus servidores o a los que los visiten, o que proviene de caso fortuito, fuerza mayor o vicios de los mismos efectos.

La responsabilidad de que habla este artículo no excederá de la suma de diez cuotas equivalentes al salario mínimo vigente en el lugar y en la fecha del depósito, cuando no se pueda imputar culpa al hotelero o a su personal.

Art. 1916. Para que los dueños de establecimientos donde se reciben huéspedes sean responsables del dinero, valores, u objetos de precio notoriamente elevado que introduzcan en esos establecimientos las personas que allí se alojen, es necesario que sean entregados en depósito a ellos o a sus empleados debidamente autorizados.

Art. 1917. El posadero no se exime de la responsabilidad que le imponen los dos artículos anteriores por avisos que ponga en su establecimiento para eludirla. Cualquier pacto que celebre, limitando o modificando esa responsabilidad, será nulo.

Art. 1918. Las fondas, cafés, casas de baño y otros establecimientos semejantes no responden de los efectos que introduzcan los parroquianos, a menos que los pongan bajo el cuidado de los empleados del establecimiento.

Capítulo II
Del secuestro

Art. 1919. El secuestro es el depósito de un bien en poder de un tercero, para que lo guarde y custodie, hasta que una autoridad competente ordene su devolución o decida a quien deba entregarse.

Art. 1920. El secuestro es convencional o judicial.

Art. 1921. Hay secuestro convencional cuando los litigantes depositan un bien litigioso en poder de un tercero que se obliga a entregarlo, concluido el pleito, al que conforme a la sentencia tenga derecho a él.

Art. 1922. El encargado del secuestro convencional no puede liberarse de él antes de la terminación del pleito, sino consintiendo en ello todas las partes interesadas, o por una causa que el juez declare legítima.

Art. 1923. Fuera de las excepciones que se señalan en el artículo anterior, rigen para el secuestro convencional las mismas disposiciones que para el depósito.

Art. 1924. El secuestro judicial es un acto de autoridad que se constituye por resolución del juez, para asegurar bienes, garantizar con ellos los derechos del acreedor, y pagar a éste con el importe que se obtenga del remate de tales bienes.

Art. 1925. Por el secuestro judicial sólo pueden asegurarse bienes que a su fecha pertenezcan al deudor de la persona en favor de la cual se decretó aquél.

Art. 1926. Para que surta sus efectos el secuestro de bienes inmuebles respecto de tercero, deberá ser objeto de inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Art. 1927. Es tercero el causahabiente del deudor ejecutado, que hubiese adquirido de éste o de su representante, por acto entre vivos, la propiedad del bien secuestrado o cualquier otro derecho real sobre dicho bien.

Art. 1928. El secuestro judicial se rige además por las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles.

TÍTULO DÉCIMO
Del mandato

Capítulo I
Disposiciones generales

Art. 1929. El mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta y nombre del mandante, o sólo por su cuenta, los actos jurídicos que éste le encargue.

Art. 1930. El contrato de mandato se perfecciona por la aceptación del mandatario.

Art. 1931. El mandato que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptado, cuando es conferido a personas que ofrecen al público ese ejercicio, por el solo hecho de que no lo rehúsen dentro de los tres días siguientes.

Art. 1932. La aceptación puede ser expresa o tácita.

Hay aceptación tácita en el caso del artículo anterior y también cuando se realiza un acto en ejecución del mandato.

Art. 1933. Pueden ser objeto de mandato todos los actos lícitos para los que la Ley no exige la intervención personal del interesado.

Art. 1934. Solamente será gratuito el mandato cuando así se haya convenido expresamente.

Art. 1935. El mandato puede ser escrito o verbal.

Art. 1936. El mandato escrito puede otorgarse:

I. En escritura pública;

II. En escrito privado, firmado por el otorgante y dos testigos y ratificadas las firmas ante notario público, juez de primera instancia, jueces menores, municipales, o ante el correspondiente funcionario o empleado administrativo, cuando el mandato se otorgue para asuntos administrativos;

III. En carta poder sin ratificación de firmas;

IV. En escrito ante el juez del conocimiento de una causa.

Art. 1937. El mandato verbal es el otorgado de palabra entre presentes, hayan o no intervenido testigos.

Cuando el mandato haya sido verbal debe ratificarse por escrito antes de que concluya el negocio para el que se dio.

Art. 1938. El mandato puede ser general o especial: son generales los contenidos en los tres primeros párrafos del artículo siguiente; cualquiera otro mandato tendrá el carácter de especial.

Ningún poder se otorgará por una duración mayor a tres años, salvo que antes de que se cumpla ese tiempo, el mandante lo revoque, con excepción de los que se otorguen para actos de dominio sobre bienes inmuebles, cuya vigencia no podrá exceder del término de un año.

Art. 1939. En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusulas especiales conforme a la Ley para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.

En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.

Cuando se quisieren limitar; en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes, que expidan.

Art. 1940. Para que el mandatario pueda hacer donaciones en nombre o por cuenta del mandante, es necesario que éste le dé poder especial, en cada caso.

Art. 1941. El mandato podrá otorgarse en carta poder firmada ante dos testigos, sin que sea necesario la previa ratificación de las firmas, cuando el interés del negocio para el que se confiera exceda del valor correspondiente a cinco cuotas del salario mínimo vigente y no de cincuenta cuotas, ya que si sobrepasa deberá otorgarse en escritura pública.

Art. 1942. El mandato debe otorgarse en escritura pública:

I. Cuando el interés del negocio para el que se confiere exceda de cincuenta cuotas del valor del salario mínimo vigente;

II. Cuando sea general; y

III. Cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario a nombre del mandante, algún acto que conforme a la Ley deba constar en instrumento público.

Art. 1943. La omisión de los requisitos de forma o de alguno de ellos anula el mandato.

Art. 1944. En el caso del artículo anterior, podrá el mandante exigir del mandatario, la devolución de las sumas que le haya entregado y respecto de las cuales será considerado el último, como simple depositario.

Art. 1945. El mandatario, salvo convenio celebrado entre él y el mandante, podrá desempeñar el mandato tratando en su propio nombre o en el del mandante.

Art. 1946. Cuando el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no tiene acción contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni éstas tampoco contra el mandante.

En este caso, el mandatario es el obligado directamente en favor de la persona con quien ha contratado, como si el asunto fuere personal suyo.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las acciones entre mandante y mandatario.

En el caso de los tres preceptos anteriores, el mandatario deberá transferir al mandante los bienes o derechos que hubiere adquirido por su cuenta, y firmar los documentos o contratos necesarios para que pueda el mandante ser titular de esos bienes o derechos.

Capítulo II
De las obligaciones del mandatario con respecto al mandante

Art. 1947. El mandatario en el desempeño de su encargo, se sujetará a las instrucciones recibidas del mandante y en ningún caso podrá proceder contra disposiciones expresas del mismo.

Art. 1948. En lo no previsto y prescrito expresamente por el mandante, deberá el mandatario consultarle siempre que lo permita la naturaleza del negocio. Si no fuere posible la consulta o estuviere el mandatario autorizado para obrar a su arbitrio, hará lo que la prudencia le dicte, cuidando del negocio como propio.

Art. 1949. Si un accidente imprevisto hiciere, a juicio del mandatario, perjudicial la ejecución de las instrucciones recibidas, podrá suspender el cumplimiento del mandato, comunicándolo así al mandante por el medio más rápido posible.

Art. 1950. En las operaciones hechas por el mandatario, con violación o con exceso del encargo recibido, además de la indemnización a favor del mandante, de daños y perjuicios, quedará a opción de éste ratificar aquéllas o dejarlas a cargo del mandatario.

El mandatario que se exceda en sus facultades es responsable de los daños y perjuicios que cause al mandante y al tercero con quien contrató, si éste ignoraba que aquél traspasaba los límites del mandato.

Art. 1951. El mandatario está obligado a dar oportunamente noticia al mandante de todos los hechos o circunstancias que puedan determinarlo a revocar o modificar el encargo. Asimismo, debe dársela, sin demora, de la ejecución de dicho encargo.

La inobservancia de este precepto es causa de responsabilidad civil para el mandatario.

Art. 1952. El mandatario no puede compensar los perjuicios que cause con los provechos que por otro motivo haya procurado al mandante.

Art. 1953. El mandatario está obligado a dar al mandante cuenta exacta de su administración, conforme al convenio, si lo hubiere; no habiéndolo, cuando el mandante lo pida y, en todo caso, al fin del contrato.

Art. 1954. El mandatario tiene obligación de entregar al mandante todo lo que haya recibido en virtud del poder.

Art. 1955. Lo dispuesto en el artículo anterior se observará aun cuando lo que el mandatario recibió no fuere debido al mandante.

Art. 1956. El mandatario debe pagar los intereses de las sumas que pertenezcan al mandante y que haya distraído de su objeto e invertido en provecho propio, desde la fecha de inversión; así como los de las cantidades en que resulte alcanzado, desde la fecha en que se constituyó en mora.

Los intereses, en los casos previstos por este artículo se calcularán al tipo de veinticuatro por ciento anual.

Art. 1957. Si se confiere un mandato a diversas personas respecto de un mismo negocio, aunque sea un solo acto, no quedarán solidariamente obligadas si no se conviene así expresamente.

Si las diferentes personas a las que se confirió un mandato no quedaren solidariamente obligadas, cada uno de los mandatarios responderá únicamente de sus actos; y si ninguno ejecutó el mandato, la responsabilidad se repartirá por igual, entre cada uno de los mandatarios.

Art. 1958. El mandatario puede encomendar a un tercero el desempeño del mandato, si tiene facultades expresas para ello.

Art. 1959. Si se le designó el sustituto, no podrá nombrar a otro; si no se le designó, podrá nombrar al que quiera y en este último caso, solamente será responsable cuando fuere de mala fe la elección o el nombrado se halle en notoria insolvencia.

Art. 1960. El sustituto tiene para con el mandante los mismos derechos y obligaciones que el mandatario.

Capítulo III
De las obligaciones del mandante con relación al mandatario

Art. 1961. El mandante debe anticipar al mandatario, si éste lo pide, las cantidades necesarias para la ejecución del mandato.

Art. 1962. Si el mandatario las hubiere anticipado, debe reembolsarlas al mandante, aunque el negocio no haya salido bien, con tal que esté exento de culpa el mandatario.

Art. 1963. El reembolso comprenderá los intereses de la cantidad anticipada, a contar desde el día en que se hizo el anticipo.

Art. 1964. Debe también el mandante indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le haya causado el cumplimiento del mandato, sin culpa ni imprudencia del mismo mandatario.

Art. 1965. El mandatario podrá retener en prenda los bienes que son objeto del mandato hasta que el mandante haga la indemnización y reembolso de que tratan los dos artículos anteriores.

Art. 1966. Si varias personas hubiesen nombrado a un solo mandatario para algún negocio común, le quedan obligadas solidariamente para todos los efectos del mandato.

Capítulo IV
De las obligaciones del mandante y mandatario con relación a tercero

Art. 1967. El mandante debe cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato.

Art. 1968. El mandatario no tendrá acción para exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre del mandante; a no ser que esta facultad se haya incluido también en el poder.

Art. 1969. Los actos que el mandatario practique a nombre del mandante, pero traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos, con relación al mismo mandante, si no lo ratifica tácita o expresamente.

Art. 1970. El tercero que hubiere contratado con el mandatario que se excedió en sus facultades, no tendrá acción contra éste, si le hubiere dado a conocer cuáles fueron aquéllas y no se hubiere obligado personalmente por el mandante.

Capítulo V
Del mandato judicial

Art. 1971. El mandato judicial será otorgado en escritura pública, o en escrito presentado y ratificado por el otorgante ante el juez de los autos. Si el juez no conoce al otorgante, exigirá testigos de identificación.

La sustitución del mandato judicial se hará en la misma forma que su otorgamiento.

Art. 1972. El procurador no necesita poder o cláusula especial, sino en los casos siguientes:

I. Para desistirse;

II. Para transigir;

III. Para comprometer en árbitros;

IV. Para absolver y articular posiciones;

V. Para hacer cesión de bienes;

VI. Para recusar;

VII. Para recibir pagos;

VIII. Para los demás actos que expresamente determine la Ley.

Cuando en los poderes generales se desee conferir alguna o algunas de las facultades acabadas de enumerar, bastará que se diga cuál de estas facultades se otorga, así como las especiales que requieran cláusula conforme a la Ley.

Art. 1973. El procurador, aceptado el poder, está obligado:

I. A seguir el juicio por todas sus instancias mientras no haya cesado en su encargo por alguna de las diversas causas de terminar el mandato según las disposiciones del capítulo siguiente;

II. A pagar los gastos que se causen a su instancia, salvo el derecho que tienen de que el mandante se los reembolse;

III. A practicar, bajo la responsabilidad que este Código impone al mandatario, cuanto sea necesario para la defensa de su poderdante, arreglándose al efecto a las instrucciones que éste le hubiere dado, y si no las tuviere, a lo que exija la naturaleza e índole del litigio.

Art. 1974. El procurador o abogado que acepte el mandato de una de las partes no puede admitir el del contrario, en el mismo juicio, aunque renuncie al primero.

Art. 1975. El procurador o abogado que revele a la parte contraria los secretos de su poderdante o clientes o le suministre documentos o datos que lo perjudiquen, será responsable de todos los daños y perjuicios, quedando, además, sujeto a lo que para estos casos dispone el Código Penal.

Art. 1976. El procurador que tuviere justo impedimento para desempeñar su encargo, no podrá abandonarlo sin sustituir el mandato teniendo facultades para ello o sin avisar a su mandante para que nombre a otra persona.

Art. 1977. La representación del procurador cesa, además de por alguna de las causas señaladas en el capítulo siguiente, por estos motivos:

I. Por separarse el poderdante de la acción u oposición que haya formulado;

II. Por haber terminado la personalidad del poderdante;

III. Por haber trasmitido el mandante a otros sus derechos sobre el bien litigioso, luego que la trasmisión o cesión sea debidamente notificada y se haga constar en autos;

IV. Por hacer el dueño del negocio alguna gestión en el juicio, manifestando que revoca el mandato;

V. Por nombrar el mandante otro procurador para el mismo negocio.

Art. 1978. El procurador que ha sustituido un poder puede revocar la sustitución si tiene facultades para ello de acuerdo con el contrato o con la Ley.

Art. 1979. La parte puede ratificar, antes de la sentencia que cause ejecutoria, lo que el procurador hubiere hecho excediéndose del poder.

Capítulo VI
De los diversos modos de terminar el mandato

Art. 1980. El mandato termina:

I. Por la revocación;

II. Por la renuncia del mandatario;

III. Por la muerte del mandante o del mandatario;

IV. Por la interdicción de uno u otro;

V. Por el vencimiento del plazo y por la conclusión del negocio para el que le fue concedido;

VI. Por las causas previstas en el Código de la Familia, para los poderes otorgados por el declarado ausente.

Art. 1981. El mandante puede revocar el mandato cuando y como le parezca.

Asimismo el mandatario puede renunciar al mandato cuando y como le parezca.

La parte que revoque o renuncia al mandato en tiempo inoportuno debe indemnizar a la otra o a un tercero, de los daños y perjuicios que le cause la revocación o renuncia.

Art. 1982. Puede pactarse que el mandato sea irrevocable y, en ese caso no puede el mandatario renunciar a él.

Art. 1983. El mandato irrevocable sólo puede ser especial y termina cuando se realice el negocio para el que se confirió.

Art. 1984. Si el mandato irrevocable se estipuló como una condición en un contrato bilateral o como un medio para cumplir una obligación contraída, dicho mandato tiene el carácter de accesorio del contrato bilateral del cual es condición o de la obligación para cuyo cumplimiento se otorgó, salvo que otra cosa convengan las partes.

Art. 1985. El mandato estipulado como una condición en un contrato bilateral, impide que este último se perfeccione, hasta que se confiera dicho mandato.

Art. 1986. Cuando el mandato se otorgue como un medio para cumplir una obligación contraída por el mandante en favor del mandatario, este último esta facultado para hacerse pago al ejercer el mandato.

Art. 1987. Cuando se ha dado un mandato para tratar con determinada persona, el mandante debe notificar a ésta la revocación del mandato; so pena de quedar obligado por los actos del mandatario ejecutados después de la revocación, siempre que haya habido buena fe de parte de esa persona.

Art. 1988. El mandante puede exigir la devolución del instrumento o escrito en que conste el mandato, y todos los documentos relativos al negocio o negocios que tuvo a su cargo el mandatario.

El mandante que descuide exigir los documentos que acrediten los poderes del mandatario, responde de los daños que puedan resultar por esa causa a terceros de buena fe.

Art. 1989. El nombramiento de un nuevo mandatario para un mismo asunto, importa la revocación del primero, desde el día en que se notifique a éste el nuevo nombramiento.

Art. 1990. Aunque el mandato termina por la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en la administración, entre tanto los herederos proveen por sí mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio.

Art. 1991. Cuando el mandato sea judicial, la muerte del mandante obliga al mandatario a continuar el juicio, hasta que se designe albacea que pueda apersonarse en el mismo.

Art. 1992. En el caso del artículo anteprecedente, tiene derecho el mandatario para pedir al juez que señale un término corto a los herederos a fin de que se presenten a encargarse de sus negocios.

Art. 1993. Si el mandato termina por muerte del mandatario, deben sus herederos dar aviso al mandante y practicar, mientras éste resuelva, solamente las diligencias que sean indispensables para evitar cualquier perjuicio.

Art. 1994. El mandatario que renuncie tiene obligación de seguir el negocio mientras el mandante no provee a la procuración, si de lo contrario se sigue algún perjuicio.

Art. 1995. Lo que el mandatario sabiendo que ha cesado el mandato, hiciere con un tercero que ignore el término de la procuración, obliga al mandante y al mandatario personalmente con el tercero; pero el mandatario es responsable al mandante de todos los daños y perjuicios que sobrevengan, aun por caso fortuito.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
Del contrato de prestación de servicios

Capítulo I
De la prestación de servicios profesionales

Art. 1996. El que presta y el que recibe servicios profesionales pueden fijar de común acuerdo la retribución debida por ellos.

Art. 1997. Cuando no hubiere convenio, los honorarios se regularán atendiendo juntamente a las costumbres del lugar, a la importancia de los trabajos prestados, a la del asunto o caso en que se prestaren, a las posibilidades pecuniarias del que recibe el servicio y a la reputación profesional que tenga adquirida el que lo ha prestado. Si los servicios estuvieren regulados por arancel, éste servirá de norma para fijar el importe de los honorarios reclamados.

Art. 1998. Para poder prestar servicios que constituyan el ejercicio de una profesión, deberá quien los preste cumplir los requisitos que exige la Ley.

Quien sin cumplir los mencionados requisitos preste servicios de esa clase, independientemente de las penas que establece la Ley en su contra, no podrá cobrar retribución alguna por ellos.

Si quien recibió los servicios hubiere dado en cambio de ellos algún bien, tendrá el derecho imprescriptible a repetir éste; pero la prestación de servicios no puede enriquecer sin causa a quien los recibe.

Art. 1999. En la prestación de servicios profesionales pueden incluirse las expensas que hayan de hacerse en el negocio en que aquéllos se presten. A falta de convenio sobre sus reembolsos, los anticipos serán pagados en los términos del artículo siguiente, con el rédito legal desde el día en que fueren hechos, sin perjuicio de la responsabilidad por daños y perjuicios cuando hubiere lugar a ella.

Art. 2000. El pago de los honorarios y de las expensas, cuando las haya, se hará en el lugar de la residencia del que ha prestado los servicios profesionales, inmediatamente que preste cada servicio o al fin de todos, cuando se separe el profesional o haya concluido el negocio o trabajo que se le confirió.

Art. 2001. Si varias personas encomendaren un negocio, todas ellas serán solidariamente responsables, de los honorarios del profesional y de los anticipos que hubieren hecho.

Art. 2002. Cuando varios profesionales en la misma ciencia presten sus servicios en un negocio o asunto, podrán cobrar los servicios que individualmente haya prestado cada uno.

Art. 2003. Los profesionales tienen derecho para exigir sus honorarios, cualquiera que sea el éxito del negocio o trabajo que se les encomienda, salvo convenio en contrario o que la obligación del profesional, por su naturaleza misma, no sea exclusivamente de diligencia, sino de resultado, pero en este caso, para que el profesional tenga derecho a sus honorarios, si no hay convenio en contrario, debe obtenerse el resultado objeto de la obligación del profesional.

Art. 2004. Siempre que un profesional no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar oportunamente a la persona que lo ocupe, quedando obligado a satisfacer los daños y perjuicios que se causen, cuando no diere este aviso con oportunidad.

Art. 2005. El que preste servicios profesionales y su obligación no sea de resultado, sólo es responsable, hacia las personas a quienes sirve, por negligencia, impericia o dolo.

También es responsable el que presta los servicios profesionales, cuando siendo su obligación de resultado no se obtenga éste.

Capítulo II
Contrato de obras a precio alzado

Art. 2006. El contrato de obras a precio alzado, cuando el empresario dirige la obra y pone los materiales, se sujetará a las reglas siguientes.

Art. 2007. Si la obra perece o se deteriora antes de la entrega, son a cargo del empresario la pérdida o los deterioros, a no ser que hubiere morosidad de parte del dueño de la obra en recibirla, o convenio expreso en contrario.

Art. 2008. Siempre que el empresario se encargue por ajuste cerrado de la obra en bien inmueble cuyo valor sea de más del equivalente a cinco cuotas del salario mínimo vigente en el lugar de la ubicación de la obra, se otorgará el contrato por escrito, incluyéndose en él una descripción pormenorizada y en los casos que lo requieran, un plano, diseño o presupuesto de la obra.

Art. 2009. Si no hay plano, diseño o presupuesto para la ejecución de la obra y surgen dificultades entre empresario y el dueño, serán resueltas teniendo en cuenta la naturaleza de la obra, el precio de ella y la costumbre del lugar; oyéndose el dictamen de peritos.

Art. 2010. Cuando se haya invitado a varios peritos a hacer planos, diseños o presupuestos, con el objeto de escoger entre ellos el que parezca mejor, y los peritos han tenido conocimiento de esta circunstancia, ninguno puede cobrar honorarios, salvo convenio expreso.

Art. 2011. En el caso del artículo anterior, podrá el autor del plano, diseño o presupuesto aceptados, cobrar su valor ya ejecute él la obra, ya la ejecute otra persona.

Art. 2012. Es causa de responsabilidad civil ejecutar una obra conforme a un plano, diseño o presupuesto por otra persona distinta del autor de éstos y que no le hubieren sido aceptados. Esta responsabilidad existe aun cuando se hayan hecho modificaciones en los detalles.

Art. 2013. Cuando al encargarse una obra se ha fijado el precio, se tendrá por tal; si los contratantes no estuviesen de acuerdo después, el que importen los materiales empleados, más los salarios de los trabajadores ocupados y, en su caso, los honorarios que designen los aranceles, o a falta de ellos el que tasen peritos.

Art. 2014. El precio de la obra se pagará al entregarse ésta, salvo convenio en contrario.

Art. 2015. El empresario que se encargue de ejecutar alguna obra por precio determinado, no tiene derecho de exigir después ningún aumento, aunque lo haya tenido el precio de los materiales o el de los salarios, salvo que ese aumento sea de veinte por ciento o más y siempre que el empresario no esté constituido en mora. El aumento a que tiene derecho el empresario será proporcional al tenido por los materiales o salarios.

Art. 2016. El empresario no tiene derecho a exigir aumento en el precio cuando haya recibido algún cambio o aumento en el plano o diseño, a no ser que sean autorizados por escrito por el dueño y con expresa designación del precio.

Art. 2017. Una vez pagado y recibido el precio, no hay lugar a reclamación alguna, a menos que al pagar o recibir las partes se hayan reservado expresamente el derecho de reclamar.

Art. 2018. El que se obligue a hacer una obra por ajuste cerrado, debe comenzar y concluir en los términos designados en el contrato, y si en éste no se fijaron, en los que sean suficientes, a juicio de peritos.

Art. 2019. El que se obligue a hacer una obra por piezas o por medida, puede exigir al que la ordenó la reciba en partes y se le pague en proporción de lo que entregue.

Art. 2020. Las partes pagadas se presumen aprobadas y recibidas por el dueño; pero no habrá lugar a esa presunción solamente porque el dueño haya hecho adelantos a buena cuenta del precio de la obra, si no se expresa que el pago se aplique a la parte ya entregada.

Art. 2021. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no se observará cuando las piezas que se manden construir no puedan ser útiles sino formando reunidas un todo.

Art. 2022. El empresario que se encargue de ejecutar alguna obra no puede hacerla ejecutar por otro, a menos que se haya pactado lo contrario, o el dueño lo consienta; en estos casos, la obra se hará siempre bajo la responsabilidad del empresario.

Art. 2023. Recibida y aprobada la obra por el que la encargó, el empresario es responsable de los defectos que después aparezcan y que procedan de vicios en su construcción y hechura, mala calidad de los materiales empleados o vicios del suelo en que se fabricó, a no ser que por disposición expresa del dueño se hayan empleado materiales defectuosos, después que el empresario le haya dado a conocer sus defectos o que se haya edificado en terreno inapropiado elegido por el dueño, a pesar de las observaciones del empresario.

Art. 2024. El dueño de una obra ajustada por un precio fijo puede desistir de la empresa comenzada, con tal que indemnice al empresario de todos los gastos y trabajos y de la utilidad que pudiera haber sacado de la obra.

Art. 2025. Cuando la obra fue ajustada por peso o medida, sin designación del número de piezas o de la medida total, el contrato puede resolverse por uno u otro contratante, concluidas que sean las partes designadas, pagándose la concluida.

Art. 2026. Pagado el empresario de lo que le corresponde, según los dos artículos anteriores, el dueño queda en libertad de continuar la obra, empleando a otras personas, aun cuando aquélla siga conforme al mismo plano, diseño o presupuesto.

Art. 2027. Puede el dueño continuar la obra empleando a otras personas si él ha cumplido con sus obligaciones contractuales y el empresario suspende, sin causa para ello, la ejecución de las obras por más de dos semanas consecutivas o se retrasa en un cuarenta por ciento del tiempo convenido para el desarrollo de la obra cuando ésta se haya pactado por partes o estimaciones o si vencido el plazo la obra no esté concluida.

En estos casos, puede el dueño continuar la obra, notificando al empresario y levantando un inventario de la misma. La notificación y el inventario se harán ante notario; y al levantamiento del último puede ocurrir el empresario. En el caso de este artículo quedan a salvo los derechos de las partes para establecer en el juicio correspondiente la responsabilidad en que pudieran haber incurrido.

Art. 2028. Si el empresario muere antes de terminar la obra, podrá rescindirse el contrato; pero el dueño indemnizará a los herederos de aquél por el trabajo y gastos hechos.

Art. 2029. Lo dispuesto en el artículo anterior es aplicable si el empresario no puede concluir la obra por alguna causa independiente de su voluntad.

Art. 2030. Si muere el dueño de la obra, no se rescindirá el contrato, y sus herederos serán responsables del cumplimiento para con el empresario.

Art. 2031. Los que por cuenta del empresario realicen, a su vez, parte de la obra, a virtud de un contrato que no sea laboral o que le ministren material para ese objeto, no tendrán acción contra el dueño, sino hasta por la cantidad que alcance el empresario.

Art. 2032. El empresario es responsable del trabajo ejecutado por las personas que ocupe en la obra.

Art. 2033. Cuando se conviniere en que la obra deba hacerse a satisfacción del propietario, o de otra persona, se entiende reservada la aprobación, a juicio de peritos.

Art. 2034. El constructor de cualquier obra mueble tiene derecho de retenerla mientras no se le pague, y su crédito será cubierto preferentemente con el precio de dicha obra.

Art. 2035. Los empresarios constructores son responsables, por la inobservancia de las disposiciones legales que rijan en esta materia y por todo daño que causen.

Capítulo III
De los porteadores y alquiladores

Art. 2036. El contrato por el cual alguno se obliga a trasportar, bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes, por tierra, o por aire, a personas, animales, mercaderías o cualesquiera otros objetos, se regirá por las reglas siguientes.

Art. 2037. Los porteadores responden del daño causado a las personas por defecto de los conductores y medios de trasporte que empleen; y este defecto se presume siempre que el empresario no pruebe que el mal aconteció por fuerza mayor o por caso fortuito que no le puede ser imputado.

Art. 2038. Responden, igualmente, de la pérdida y de las averías de los bienes que reciban, a no ser que prueben que la pérdida o la avería ha provenido de caso fortuito o de fuerza mayor o de vicio de los mismos bienes.

Art. 2039. Responden también de las omisiones o equivocaciones que haya en la remisión de efectos, ya sea que no los envíen en el viaje estipulado, ya sea que los envíen a parte distinta de la convenida.

Art. 2040. Responden igualmente, de los daños causados por retardo en el viaje, ya sea al comenzarlo o durante su curso o por mutación de ruta, a menos que prueben que caso fortuito o fuerza mayor los obligó a ello.

Art. 2041. Los porteadores no son responsables de los bienes que se entreguen a los conductores o dependientes, que no estén autorizados para ello.

Art. 2042. En el caso del artículo anterior, la responsabilidad es exclusiva de la persona a quien se entregó el bien.

Art. 2043. La responsabilidad de todas las infracciones que durante el trasporte se cometan a las disposiciones legales que lo rijan, serán del conductor y no de los pasajeros, ni de los dueños de los bienes conducidos, a no ser que la falta haya sido cometida por estas personas.

Art. 2044. El porteador no será responsable de las faltas de que trata el artículo anterior, en cuanto a las penas, sino cuando tuviere culpa; pero lo será siempre de la indemnización de los daños y perjuicios, conforme a las prescripciones relativas.

Art. 2045. Las personas trasportadas no tienen derecho para exigir aceleración o retardo en el viaje ni alteración alguna en la ruta, ni en las detenciones o paradas, cuando estos actos estén marcados por el reglamento respectivo o por el contrato.

Art. 2046. El porteador de efectos deberá extender al cargador una carta de porte de la que éste podrá pedir una copia.

En dicha carta se expresarán:

I. El nombre, apellido y domicilio del cargador;

II. El nombre, apellido y domicilio del porteador;

III. El nombre, apellido y domicilio de la persona a quien o a cuya orden van dirigidos los efectos, o si han de entregarse al portador de la misma carta;

IV. La designación de los efectos, con expresión de su calidad genérica, de su peso y de las marcas o signos exteriores de los bultos en que se contengan;

V. El precio del trasporte;

VI. La fecha en que se hace la expedición;

VII. El lugar de la entrega al porteador;

VIII. El lugar y el plazo en que habrá de hacerse la entrega al consignatario;

IX. La indemnización que haya de abonar el porteador en caso de retardo, si sobre este punto mediare algún pacto.

Art. 2047. Las acciones que nacen del trasporte, sean en pro o en contra de los porteadores, no duran más de seis meses, después de concluido el viaje.

Art. 2048. La persona trasportada será responsable del daño que cause ya por culpa, ya por infracción a los reglamentos administrativos.

Art. 2049. El porteador tiene derecho de exigir el precio y los gastos a que diere lugar la conducción en los términos fijados en el contrato.

Art. 2050. El alquilador debe declarar los defectos del medio de trasporte y es responsable de los daños y perjuicios que resulten de la falta de esta declaración.

Art. 2051. Si la cabalgadura muere o se enferma o si en general se inutiliza el medio de trasporte, la pérdida será de cuenta del alquilador si no prueba que el daño sobrevino por culpa del otro contratante.

Art. 2052. A falta de convenio expreso, se observará la costumbre del lugar, ya sobre el importe del precio y de los gastos, ya sobre el tiempo en que haya de hacerse el pago.

Art. 2053. El crédito por fletes que se adeudaren al porteador, será pagado preferentemente con el precio de los efectos trasportados, si se encuentran en poder del acreedor.

Art. 2054. El contrato de trasporte es rescindible a voluntad del cargador, antes o después de comenzar el viaje, pagando en el primer caso al porteador la mitad y en el segundo la totalidad del porte, y siendo obligación suya recibir los efectos en el punto y en el día en que la rescisión se verifique. Si no cumpliere con esta obligación, o no pagare el porte al contado, el contrato no quedará rescindido.

Art. 2055. El contrato de trasporte se rescindirá de hecho antes de emprenderse el viaje, o durante su curso, si sobreviniere algún suceso de fuerza mayor que impida iniciarlo o continuarlo.

Art. 2056. En el caso previsto en el artículo anterior, cada uno de los interesados perderá los gastos que hubiere hecho si el viaje no se ha realizado; si está en curso, el porteador tendrá derecho a que se le pague del porte la parte proporcional al camino recorrido, y la obligación de prestar los efectos para su depósito, a la autoridad judicial del punto en que ya no le sea posible continuarlo, comprobando y recabando la constancia relativa de hallarse en el estado consignado en la carta de porte, de cuyo hecho dará conocimiento oportuno al cargador; a cuya disposición deben quedar.

Capítulo IV
Del contrato de hospedaje

Art. 2057. Hay contrato de hospedaje cuando alguno presta a otro albergue, mediante la retribución convenida comprendiéndose o no, según se estipule, los alimentos y demás gastos que origine el hospedaje.

Art. 2058. Este contrato se celebrará tácitamente, si el que presta el hospedaje tiene casa pública destinada a ese objeto.

Art. 2059. El hospedaje se rige por las condiciones estipuladas por escrito, y el tácito por el reglamento que expedirá la autoridad competente y que el dueño del establecimiento deberá tener siempre en lugar visible.

Art. 2060. Los dueños de establecimientos en que se reciben huéspedes son responsables del deterioro, destrucción o pérdida de los efectos introducidos en el establecimiento con su consentimiento o el de sus empleados autorizados, por las personas que allí se alojen; a menos que prueben que el daño sufrido es imputable a estas personas, a sus acompañantes, a sus superiores o a los que los visiten, o que proviene de caso fortuito, fuerza mayor o vicios del mismo efecto.

La responsabilidad de que habla el párrafo anterior no excederá de la suma de cinco cuotas del salario mínimo, cuando no se pueda imputar culpa al hotelero o a su personal.

Art. 2061. Para que los dueños de establecimientos donde se reciben huéspedes sean responsables del dinero, valores u objetos de precio notoriamente elevado que introduzcan en esos establecimientos las personas que allí se alojen, es necesario que sean entregados en depósito a ellos o a sus empleados debidamente autorizados.

Art. 2062. El posadero no se exime de la responsabilidad que le imponen los dos artículos anteriores por avisos que ponga en su establecimiento para eludirla.

Cualquier pacto que celebre, limitando o modificando esa responsabilidad, será nulo.

Art. 2063. Los equipajes de los pasajeros responden preferentemente del importe del hospedaje; a ese efecto los dueños de los establecimientos donde se hospedan tiene el derecho de retención sobre tales equipajes hasta que obtengan el pago de lo adeudado.

 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
De las asociaciones y de las sociedades

Capítulo I
De las asociaciones

Art. 2064. La asociación es una persona jurídica, y existe cuando varios individuos convienen en reunirse, de manera que no sea notoriamente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la Ley y que no tenga carácter preponderantemente económico.

Art. 2065. Son consecuencias jurídicas inherentes a la capacidad de la asociación las siguientes:

I. El patrimonio de la asociación es distinto e independiente de los patrimonios individuales de los asociados;

II. La asociación puede ser acreedora o deudora de sus miembros y, a su vez, éstos pueden ser acreedores o deudores de aquélla;

III. Las relaciones jurídicas de la asociación son independientes de las relaciones jurídicas individuales de los asociados;

IV. No existe copropiedad entre los asociados respecto al patrimonio de la asociación.

Esta ejerce un derecho autónomo, directo e inmediato sobre el mismo.

Art. 2066. El acto jurídico por el cual se constituya una asociación deberá constar en escritura pública, la que debe ser inscrita en el Registro Público para que surta efectos contra tercero.

La inobservancia de la forma requerida originará la disolución de la asociación. La disolución podrá ser pedida por cualquier asociado, en los casos señalados por los estatutos, la asamblea general, o la Ley.

Art. 2067. La asociación puede admitir y excluir asociados.

Art. 2068. Las asociaciones se regirán por las bases que se establecen en los siguientes artículos y por sus estatutos, los que deberán ser inscritos en el Registro Público para que produzcan efectos contra tercero.

Art. 2069. El poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea general. El director o directores de ellas tendrán las facultades que les conceden los estatutos y la asamblea general, con sujeción a esos estatutos.

Art. 2070. La asamblea general se reunirá en la época fijada en los estatutos o cuando sea convocada por la dirección. Esta deberá citar a asamblea cuando para ello fuere requerida por lo menos por el cinco por ciento de los asociados, o si no lo hiciere, en su lugar lo hará el juez de lo civil a petición de dichos asociados.

Art. 2071. La asamblea general resolverá:

I. Sobre la admisión y exclusión de los asociados;

II. Sobre la disolución anticipada de la asociación o sobre su prórroga por más tiempo del fijado en los estatutos;

III. Sobre el nombramiento de director o directores cuando no hayan sido nombrados en la escritura constitutiva;

IV. Sobre la revocación de los nombramientos hechos; y

V. Sobre los demás asuntos que le encomienden los estatutos.

Art. 2072. Las asambleas generales sólo se ocuparán de los asuntos contenidos en la respectiva orden del día y sus decisiones serán tomadas a mayoría de votos de los miembros presentes.

Art. 2073. Cada asociado gozará de un voto en las asambleas generales.

El asociado no votará las decisiones en que se encuentren directamente interesado él, su cónyuge, en su caso la persona con la que esté unida en concubinato, sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales dentro del segundo grado.

Art. 2074. Los miembros de la asociación tendrán derecho de separarse de ella, previo aviso dado con dos meses de anticipación.

Art. 2075. Los asociados sólo podrán ser excluidos de la asociación por las causas que señalen los estatutos.

Art. 2076. Los asociados que voluntariamente se separen o que fueren excluidos, perderán todo derecho al haber social.

Art. 2077. Los asociados tienen derecho de vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se propone la asociación y con ese objeto pueden examinar los libros de contabilidad y demás papeles de ésta.

Art. 2078. La calidad de asociado es intransferible.

Art. 2079. Las asociaciones, además de las causas previstas en los estatutos, se extinguen:

I. Por consentimiento de la asamblea general;

II. Por haber concluido el término fijado para su duración o por haber conseguido totalmente el objeto de su fundación;

III. Por haberse vuelto incapaces de realizar el fin para que fueron fundadas; y por resolución dictada por autoridad competente.

Art. 2080. En caso de disolución, los bienes de la asociación se aplicarán conforme a lo que determinen los estatutos, y a falta de disposición de éstos, según lo que determine la asamblea general. En este caso la asamblea sólo podrá atribuir a los asociados, la parte del activo social que equivalga a sus aportaciones. Los demás bienes se aplicarán a otra asociación o fundación de objeto similar a la extinguida.

Art. 2081. Las asociaciones de beneficencia se regirán por las leyes correspondientes.

Capítulo II
De las sociedades

Disposiciones generales

Art. 2082. La sociedad es una persona jurídica, que se constituye mediante un acto jurídico por el cual dos o más personas se reúnen de manera permanente, para realizar un fin común, lícito y posible, pero de carácter preponderantemente económico, mediante la aportación de bienes o industria, o de ambos, siempre y cuando el fin no constituya una especulación comercial.

Art. 2083. La aportación de los socios puede consistir en una cantidad de dinero u otros bienes, o en su industria. La aportación de bienes, implica la trasmisión de su dominio a la sociedad, salvo que expresamente se pacte otra cosa.

Art. 2084. El acta constitutiva de la sociedad debe constar en escritura pública, la que se inscribirá en el Registro Público de Sociedades Civiles, para que surta efectos contra tercero.

Art. 2085. La falta de forma prescrita en el artículo anterior sólo produce el efecto de que los socios puedan pedir en cualquier tiempo, que se haga la liquidación de la sociedad, conforme a las disposiciones de esta Ley; pero mientras esa liquidación no se pida, la sociedad produce todos sus efectos entre los socios y éstos no pueden oponer a terceros que hayan contratado con ella, la falta de forma.

Art. 2086. Si se formare una sociedad para un objeto ilícito, a solicitud de cualquiera de los socios o de un tercero interesado, se declarará la nulidad de la sociedad, la cual se pondrá en liquidación.

Después de pagadas las deudas sociales, conforme a la Ley, a los socios se les reembolsará lo que hubieren llevado a la sociedad.

Las utilidades se destinarán a los establecimientos de beneficencia pública del domicilio de la sociedad.

Art. 2087. El acta constitutiva de la sociedad debe contener:

I. Los nombres y apellidos de los otorgantes que sean capaces de obligarse;

II. La razón social;

III. El objeto de la sociedad;

IV. El importe del capital social y la aportación con que cada socio debe contribuir;

V. El domicilio de la sociedad.

Art. 2088. Si falta alguno de estos requisitos se estará a lo dispuesto sobre la falta de forma señalada en este capítulo.

Art. 2089. Antes de que se inscriba en el Registro Público el acta constitutiva de la sociedad, surtirá aquélla efectos entre los socios.

Art. 2090. Los terceros podrán aprovecharse de la existencia de la sociedad, y de los términos del acta que la constituyó, aun cuando no haya sido registrada, pero no se les podrá oponer ese acto en su perjuicio.

Art. 2091. Será nula la sociedad cuando se estipule que los provechos pertenezcan exclusivamente a uno o varios socios y todas las pérdidas a otro u otros.

Art. 2092. No puede estipularse que a los socios capitalistas se les restituya su aporte con una cantidad adicional haya o no ganancias.

Art. 2093. El acta constitutiva de la sociedad no puede modificarse sino por consentimiento unánime de los socios.

Art. 2094. Después de la razón social se agregarán estas palabras «Sociedad Civil».

Art. 2095. La capacidad para que las sociedades adquieran bienes raíces se regirá por lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución federal y sus leyes reglamentarias.

Art. 2096. No quedan comprendidas en este título las sociedades mutualistas.

Art. 2097. La liquidación de las relaciones jurídicas de contenido económico existentes entre el concubinario y la concubina, se regirán en lo aplicable por las disposiciones de este Código, y especialmente en lo estipulado por el Código de la Familia respecto de las relaciones jurídico económicas entre los concubinarios.

Capítulo III
De los socios

Art. 2098. Cada socio estará obligado al saneamiento, para el caso de evicción de los bienes que aporte a la sociedad y a indemnizar por los defectos de esos bienes; mas si lo que prometió fue el aprovechamiento de bienes determinados, responderá por ellos según los principios que rigen las obligaciones entre el arrendador y el arrendatario.

Art. 2099. A menos que lo establezca el acta constitutiva de la sociedad, no puede obligarse a los socios a hacer una nueva aportación para ensanchar los negocios sociales. Cuando el aumento del capital sea acordado por la mayoría, los socios que no estén conformes pueden separarse de la sociedad.

Art. 2100. Las obligaciones sociales estarán garantizadas subsidiariamente por la responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios que administren; los demás socios, salvo lo que se establezca en el acta constitutiva de la sociedad, sólo estarán obligados con su aportación.

Art. 2101. Los socios gozarán del derecho del tanto. Si varios socios quieren hacer uso del derecho del tanto, les competerá en la proporción que representen. El término para hacer uso del derecho del tanto será el de ocho días contados desde que reciban aviso del que pretende enajenar.

Art. 2102. Ningún socio puede ser excluido de la sociedad sino por el acuerdo unánime de los demás socios y por causa grave prevista en los estatutos.

Art. 2103. El socio excluido es responsable de la parte de pérdidas que le corresponda y los otros socios pueden retener la parte del capital y utilidades de aquél, hasta concluir las operaciones pendientes al tiempo de la exclusión, debiendo hacerse hasta entonces la liquidación correspondiente.

Capítulo IV
De la administración de la sociedad

Art. 2104. La administración de la sociedad puede conferirse a uno o más socios. Habiendo socios especialmente encargados de la administración, los demás no podrán contrariar ni entorpecer las gestiones de aquéllos, ni impedir sus efectos. Si la administración no se hubiese limitado a alguno de los socios, todos tendrán derecho de concurrir a la dirección y manejo de los negocios comunes.

Art. 2105. El nombramiento de los socios administradores no priva a los demás socios del derecho de examinar el estado de los negocios sociales y de exigir a este fin la presentación de libros, documentos y papeles, con el objeto de que puedan hacerse las reclamaciones que estimen convenientes. No es válida la renuncia del derecho consignado en este artículo.

Art. 2106. El nombramiento de los socios administradores, hecho en la escritura de sociedad, no podrá revocarse sin el consentimiento de todos los socios, a no ser judicialmente por dolo, culpa o inhabilidad.

El nombramiento de administradores, hecho después de constituida la sociedad, es revocable por mayoría de votos.

Art. 2107. Los socios administradores ejercerán las facultades que fueren necesarias al giro y desarrollo de los negocios que formen el objeto de la sociedad; pero salvo convenio en contrario, necesitan autorización expresa de los otros socios:

I. Para enajenar las cosas de la sociedad, si ésta no se ha constituido con ese objeto;

II. Para empeñarlas, hipotecarlas o gravarlas con cualquier otro derecho real;

III. Para tomar capitales prestados.

Art. 2108. Las facultades que no se hayan concedido a los administradores serán ejercitadas por todos los socios, resolviéndose los asuntos por mayoría de votos.

La mayoría se computará por cantidades; pero cuando una sola persona represente el mayor interés y se trate de sociedades de más de tres socios, se necesita por lo menos el voto de la tercera parte de los socios.

Art. 2109. Siendo varios los socios encargados indistintamente de la administración, sin declaración de que deberán proceder de acuerdo, podrá cada uno de ellos practicar separadamente los actos administrativos que crea oportunos.

Art. 2110. Si se ha convenido en que un administrador nada pueda practicar sin concurso de otro, solamente podrá proceder de otra manera, en caso de que pueda resultar perjuicio grave o irreparable a la sociedad.

Art. 2111. Los compromisos contraídos por los socios administradores en nombre de la sociedad, excediéndose de sus facultades, si no son ratificados por ésta, sólo obligan a la sociedad en razón del beneficio recibido.

Art. 2112. Las obligaciones que se contraigan por la mayoría de los socios encargados de la administración, sin conocimiento de la minoría, o contra su voluntad expresa, serán válidas; pero los que las hayan contraído serán personalmente responsables, a la sociedad, de los perjuicios que por ellas se causen.

Art. 2113. El socio o socios administradores están obligados a rendir cuentas siempre que lo pida la mayoría de los socios, aun cuando no sea la época fijada en el contrato de sociedad.

Art. 2114. Cuando la administración no se hubiere limitado a alguno de los socios, todos tendrán derecho a concurrir a la dirección y manejo de los negocios comunes. Las decisiones serán tomadas por mayoría, teniendo todos derecho de examinar los libros de contabilidad y demás papeles de ésta.

Capítulo V
De la disolución de la sociedad

Art. 2115. La sociedad se disuelve:

I. Por consentimiento unánime de los socios;

II. Por haberse cumplido el término prefijado en el contrato de sociedad;

III. Por la realización completa del fin social o por haberse vuelto imposible la consecución del objeto de la sociedad;

IV. Por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tenga responsabilidad ilimitada por los compromisos sociales, salvo que en la escritura constitutiva se haya pactado que la sociedad continúe con los sobrevivientes o con los herederos de aquél;

V. Por la muerte del socio industrial, siempre que su industria haya dado nacimiento a la sociedad;

VI. Por la renuncia de uno de los socios, cuando se trate de sociedades de duración indeterminada y los otros socios no deseen continuar asociados, siempre que esa renuncia no sea maliciosa ni extemporánea;

VII. Por resolución judicial.

Para que la disolución de la sociedad surta efectos contra tercero, es necesario que se haga constar en el Registro de Sociedades.

Art. 2116. Pasado el término por el cual fue constituida la sociedad, si ésta continúa funcionando, se entenderá prorrogada su duración por tiempo indeterminado, sin necesidad de nueva escritura social, y su existencia puede demostrarse por todos los medios de prueba.

Art. 2117. En el caso de que a la muerte de un socio la sociedad hubiere de continuar con los supervivientes, se procederá a la liquidación de la parte que corresponda al socio difunto, para entregarla a su sucesión. Los herederos del que murió tendrán derecho al capital y utilidades que al finado correspondan en el momento en que murió y, en lo sucesivo, sólo tendrán parte en lo que dependa necesariamente de los derechos adquiridos o de las obligaciones contraídas por el socio que murió.

Art. 2118. La renuncia se considera maliciosa cuando el socio que la hace se propone aprovecharse exclusivamente de los beneficios o evitarse pérdidas que los socios deberían de recibir o reportar en común con arreglo al convenio.

Art. 2119. Se dice extemporánea la renuncia, si al hacerla, las cosas no se hallen en su estado íntegro, si la sociedad puede ser perjudicada con la disolución que originaría la renuncia.

Art. 2120. La disolución de la sociedad no modifica los compromisos contraídos con terceros.

Capítulo VI
De la liquidación de la sociedad

Art. 2121. Disuelta la sociedad se pondrá inmediatamente en liquidación, la cual se practicará dentro del plazo de seis meses, salvo pacto en contrario.

Cuando la sociedad se ponga en liquidación, deben agregarse a su nombre las palabras «en liquidación».

Art. 2122. La liquidación debe hacerse por todos los socios, salvo que convengan en nombrar liquidadores o que ya estuvieren nombrados en la escritura social.

Art. 2123. Ni el capital social ni las utilidades pueden repartirse sino después de la liquidación respectiva, salvo lo que disponga el acta constitutiva de la sociedad.

Art. 2124. Si cubiertos los compromisos sociales y devueltos los aportes de los socios, quedaren algunos bienes, se considerarán utilidades, y se repartirán entre los socios en la forma que prevenga el acta constitutiva de la sociedad. Si ésta nada dispone sobre ese punto, se repartirán proporcionalmente a sus aportes.

Art. 2125. Si al liquidarse la sociedad no quedaren bienes suficientes para cubrir los compromisos sociales y devolver sus aportes a los socios, el déficit se considerará pérdida y se repartirá entre los asociados en la forma establecida en el artículo anterior.

Art. 2126. Si sólo se hubiere previsto lo que debe corresponder a los socios por utilidades, en la misma proporción responderán de las pérdidas.

Art. 2127. Si alguno de los socios contribuye sólo con su industria, sin que ésta se hubiere estimado, ni se hubiere designado cuota que por ella debiera recibir, se observarán las reglas siguientes:

I. Si el trabajo del industrial pudiera hacerse por otro, su cuota será la que corresponda por razón de sueldos y honorarios, y esto mismo se observará si son varios los socios industriales;

II. Si el trabajo no pudiere ser hecho por otro, su cuota será igual a la del socio capitalista que tenga más;

III. Si sólo hubiere un socio industrial y otro capitalista, se dividirán entre sí por partes iguales las ganancias;

IV. Si son varios los socios industriales y están en el caso de la fracción II, llevarán entre todos la mitad de las ganancias y la dividirán entre sí por convenio y a falta de éste, por decisión arbitral.

Art. 2128. Si el socio industrial hubiere contribuido también con cierto capital se considerarán éste y la industria separadamente.

Art. 2129. Si al terminar la sociedad en que hubiere socios capitalistas e industriales, resultare que no hubo ganancias, todo el capital se distribuirá entre los socios capitalistas.

Art. 2130. Salvo lo dispuesto en el acta constitutiva de la sociedad, los socios industriales no responderán de las pérdidas.

Capítulo VII
De los grupos de personas físicas unidas por intereses comunes

Art. 2131. Cuando dos o más personas tienen interés en un mismo fin, y éste es lícito y susceptible de realización con la participación de ellos, forman un grupo con capacidad jurídica, si la Ley en atención a la realización de ese fin, concede derechos e impone deberes jurídicos tanto al grupo, como a sus componentes.

Art. 2132. Limitativamente este Código reconoce capacidad jurídica a los siguientes grupos: familia, sociedad conyugal, concubinato, copropiedad sujeta al régimen de condominio, y juntas de acreedores sujetas al concurso de su deudor.

Art. 2133. La representación de estos grupos estará a cargo de quien designe la Ley. Si la Ley no hace esta designación, la representación estará a cargo de quien designen los componentes del grupo por mayoría.

El concubinato será representado conjuntamente por el concubinario y la concubina.

Art. 2134. Cesa la capacidad jurídica de estos grupos en los casos señalados por la Ley, y cuando se haya realizado o extinguido el fin con motivo del cual surgieron.

Art. 2135. Además de lo dispuesto por la Ley, los grupos de personas físicas unidos por un interés común se rigen por las reglas establecidas en este Código y en el de la Familia.

Capítulo VIII
De las asociaciones y de las sociedades extranjeras

Art. 2136. Para que las asociaciones y las sociedades extranjeras de carácter civil puedan ejercer sus actividades en el Estado, deberán estar autorizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Art. 2137. Concedida la autorización por la Secretaría de Relaciones Exteriores, se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y de Sociedades: los estatutos de las asociaciones y sociedades extranjeras.

Capítulo IX
De la aparcería rural

Art. 2138. La aparcería comprende la agrícola y la de ganados.

Art. 2139. El contrato de aparcería deberá otorgarse por escrito, formándose dos ejemplares, uno para cada contratante.

Art. 2140. Hay aparcería agrícola, cuando una persona da a otra un predio rústico para que lo cultive, a fin de repartirse los frutos en la forma que convengan, o a falta de convenio, conforme a las costumbres del lugar; en el concepto de que al aparcero nunca podrá corresponderle por solo su trabajo menos del cincuenta por ciento de cada cosecha.

Art. 2141. Si durante el término del contrato falleciere el dueño del predio dado en aparcería, o éste fuere enajenado, la aparcería subsistirá.

Si el aparcero es el que muere, el contrato puede darse por terminado salvo pacto en contrario.

Cuando a la muerte del aparcero ya se hubiere hecho algún trabajo necesario para el cultivo, si el propietario da por terminado el contrato tiene obligación de pagar a los herederos del aparcero el importe de ese trabajo, y de las utilidades que hubieran correspondido a éste durante el ciclo agrícola en que se realizó. En su caso, las utilidades serán estimadas por peritos.

Art. 2142. El labrador que tuviere heredades en aparcería no podrá levantar las mieses o cosechar los frutos en que deba tener parte, sin dar aviso al propietario o a quien haga sus veces estando en el lugar o dentro de la municipalidad a que corresponda el predio.

Art. 2143. Si ni en el lugar ni dentro de la municipalidad se encuentra el propietario o su representante, podrá el aparcero hacer la cosecha, midiendo, contando o pesando los frutos en presencia de dos testigos mayores de toda excepción.

Art. 2144. Si el aparcero no cumple lo dispuesto en los dos artículos anteriores, tendrá obligación de entregar al propietario la cantidad de frutos que, de acuerdo con el contrato, fijen peritos nombrados uno por cada parte contratante. Los honorarios de los peritos serán cubiertos por la parte que los nombró.

Art. 2145. El propietario del terreno no podrá levantar la cosecha sino cuando el aparcero abandone la siembra.

En este caso, se observará lo dispuesto por los dos artículos anteriores.

Art. 2146. El propietario del terreno no tiene derecho a retener, de propia autoridad, todos o parte de los frutos que correspondan al aparcero, para garantizar lo que éste le deba por razón del contrato de aparcería.

Art. 2147. Si la cosecha se pierde por completo, el aparcero no tiene obligación de pagar las semillas que le haya proporcionado para la siembra el dueño del terreno, si la pérdida de la cosecha es parcial, en proporción a esa pérdida, quedará libre el aparcero de pagar las semillas de que se trata.

Art. 2148. El aparcero goza del derecho de caza, en el bien dado en aparcería en cuanto se aplique a satisfacer sus necesidades y las de su familia. Esta disposición se aplicará exclusivamente cuando se trate de piezas de caza que sean propiedad del dueño del bien dado en aparcería y que por tanto no queden comprendidos en el ámbito material de aplicación de las leyes federales sobre la caza.

Art. 2149. Cuando el aparcero establezca su habitación en el campo que va a cultivar, tiene obligación el propietario de permitirle que construya su casa y de que tome el agua potable y la leña que necesite para satisfacer sus necesidades y las de su familia así como que consuma el pasto indispensable para alimentar los animales que emplee en el cultivo.

Art. 2150. Al concluir el contrato de aparcería, el aparcero que hubiere cumplido fielmente sus compromisos goza del derecho del tanto, si la tierra que estuvo cultivando va a ser dada en nueva aparcería.

Art. 2151. El propietario no tiene derecho de dejar las tierras ociosas sino el tiempo que sea necesario para que recobren sus propiedades nutrientes. En consecuencia, pasada la época que en cada región fija la autoridad municipal, conforme a la naturaleza de los cultivos, si el propietario no las comienza a cultivar por sí o por medio de otros, tiene obligación de darlas en aparcería conforme a las costumbres del lugar, a quien las solicite y ofrezca las condiciones necesarias de honorabilidad y solvencia.

Art. 2152. Tiene lugar la aparcería de ganados cuando una persona da a otra cierto número de animales a fin de que los cuide y alimente, con el objeto de repartirse los frutos en la proporción que convengan.

Art. 2153. Constituyen el objeto de esta aparcería las crías de los animales y sus productos, como pieles, crines, lanas, leche, etc.

Art. 2154. Las condiciones de este contrato se regularán por la voluntad de los interesados; pero a falta de convenio se observará la costumbre general del lugar, salvo las siguientes disposiciones.

Art. 2155. El aparcero de ganados está obligado a emplear en la guarda y tratamiento de los animales, el cuidado que ordinariamente emplee en sus cosas; si así no lo hiciere, será responsable de los daños y perjuicios.

Art. 2156. El propietario está obligado a garantizar a su aparcero la posesión y el uso del ganado y a sustituir por otros, en caso de evicción, los animales perdidos; de lo contrario, es responsable de los daños y perjuicios a que diere lugar por la falta de cumplimiento del contrato.

Art. 2157. Será nulo el convenio de que todas las pérdidas que resultaren por caso fortuito, serán de cuenta del aparcero de ganados.

Art. 2158. El aparcero de ganados no podrá disponer de ninguna cabeza, ni de las crías, sin consentimiento del propietario, ni éste sin el de aquél.

Art. 2159. El aparcero de ganados no podrá hacer el esquileo sin dar aviso al propietario, y si omite darlo tendrá la obligación de entregar al propietario la cantidad de frutos pactada, con intervención de peritos, cuyos honorarios los pagará la parte que los nombre.

Art. 2160. La aparcería de ganados dura el tiempo convenido, y a falta de convenio, el tiempo que fuere costumbre en el lugar.

Art. 2161. El propietario cuyo ganado se enajena indebidamente por el aparcero, tiene derecho para reivindicarlo, menos cuando se haya rematado en pública subasta; pero conservará a salvo el que le corresponda contra el aparcero, para cobrarle los daños y perjuicios ocasionados por la falta de aviso.

Art. 2162. Si el propietario no exige su parte dentro de los sesenta días después de fenecido el tiempo del contrato, se entenderá prorrogado éste por un año.

Art. 2163. En el caso de venta de los animales, antes de que termine el contrato de aparcería, disfrutarán los contratantes del derecho del tanto.

Art. 2164. Las disposiciones de los artículos precedentes se aplicarán sin perjuicio de lo que dispongan las leyes sobre cultivo y aprovechamiento de tierras propias para la ganadería y la agricultura, que se hayan expedido o se expidieren en el Estado.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO
De los contratos aleatorios

Capítulo I
Del juego y de la apuesta

Art. 2165. La Ley no concede acción para reclamar lo que se gana en juego prohibido.

Art. 2166. El que paga voluntariamente una deuda procedente de juego prohibido o sus herederos, tienen derecho a reclamar la devolución del cincuenta por ciento de lo que se pagó. El otro cincuenta por ciento no quedará en poder del ganancioso, sino que se entregará a la beneficencia pública.

Art. 2167. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores se aplicará a las apuestas que deban tenerse como prohibidas porque tengan analogía con los juegos prohibidos.

Art. 2168. El que pierde en un juego o apuesta que no estén prohibidos, queda obligado civilmente, con tal que la pérdida no exceda de la vigésima parte de su fortuna. Prescribe en treinta días el derecho para exigir la deuda de juego a que este artículo se refiere.

Art. 2169. La deuda de juego o apuesta prohibidos no puede compensarse, ni ser convertida por novación en una obligación civilmente eficaz.

Art. 2170. El que hubiere firmado una obligación que en realidad tenía por causa una deuda de juego o de apuesta prohibidos, conserva, aunque se atribuya a la obligación una causa civilmente eficaz, la excepción que nace del artículo anterior, y se puede probar por todos los medios la causa real de la obligación.

Art. 2171. Si a una obligación de juego o apuesta prohibidos se le hubiere dado la forma de título a la orden o al portador, el suscriptor debe pagarlo al portador de buena fe, pero tendrá el derecho de reclamar la devolución de lo que pagó al ganancioso, aplicándose la suma correspondiente en la forma establecida por este capítulo.

Art. 2172. Cuando las personas se sirvieren del medio de la suerte, no como apuesta o juego, sino para dividir cosas comunes o terminar cuestiones, producirá en el primer caso, los efectos de una partición legítima y en el segundo, los de una transacción.

Art. 2173. Las loterías o rifas, cuando se permitan, serán regidas, las primeras, por las leyes especiales que las autoricen, y las segundas, por los reglamentos de policía.

Art. 2174. El contrato celebrado entre los compradores de billetes y las loterías autorizadas en país extranjero, no será válido en el Estado de Zacatecas a menos que la venta de esos billetes haya sido permitida por la autoridad correspondiente.

Capítulo II
De la renta vitalicia

Art. 2175. La renta vitalicia es un contrato aleatorio por el cual el deudor se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida de una o más personas determinadas, mediante la entrega de una cantidad de dinero o de un bien mueble o raíz estimados, cuyo dominio se le trasfiere desde luego.

Art. 2176. La renta vitalicia puede también constituirse a título puramente gratuito, sea por donación o por testamento.

Art. 2177. El contrato de renta vitalicia debe hacerse por escrito, y en escritura pública cuando los bienes cuya propiedad se trasfieren deban enajenarse con esa solemnidad.

Art. 2178. El contrato de renta vitalicia puede constituirse sobre la vida del que da el capital, sobre la del deudor o sobre la de un tercero. También puede constituirse a favor de aquella o aquellas personas sobre cuya vida se otorga a favor de otra u otras personas distintas.

Art. 2179. Aun cuando la renta se constituya a favor de una persona que no ha puesto el capital, debe considerarse como una donación, no se sujeta a los preceptos que arreglan ese contrato, salvo los casos en que deba ser reducida por inoficiosa o anulada por incapacidad del que deba recibirla.

Art. 2180. El contrato de renta vitalicia es nulo si la persona sobre cuya vida se constituye ha muerto antes de su otorgamiento.

Art. 2181. También es nulo el contrato si la persona a cuyo favor se constituye la renta, muere dentro del plazo que en él se señale y que no podrá bajar de treinta días contados desde el del otorgamiento.

Art. 2182. Aquel a cuyo favor se ha constituido la renta, mediante un precio, puede demandar la rescisión del contrato, si el constituyente no le da o conserva las seguridades estipuladas para la ejecución.

Art. 2183. La sola falta de pago de las pensiones no autoriza al pensionista para demandar el reembolso del capital o la devolución del bien dado para constituir la renta.

Art. 2184. El pensionista, en el caso del artículo anterior, tiene derecho de ejecutar judicialmente al deudor por el pago de las rentas vencidas, y, para pedir el aseguramiento de las futuras, y sólo que el constituyente no dé al pensionista o no conserve el aseguramiento de las pensiones futuras procede la rescisión.

Art. 2185. La renta correspondiente al año en que muere el que la disfruta, se pagará en proporción a los días que éste vivió; pero si debía pagarse por plazos anticipados, se pagará el importe total del plazo que durante la vida del rentista se hubiere comenzado a cumplir.

Art. 2186. Solamente el que constituye a título gratuito una renta sobre sus bienes, puede disponer, al tiempo del otorgamiento, que no estará sujeto a embargo por derecho de un tercero.

Art. 2187. Lo dispuesto en el artículo anterior no comprende las contribuciones.

Art. 2188. Si la renta se ha constituido para alimentos, no podrá ser embargada sino en la parte que a juicio del juez exceda de la cantidad que sea necesaria para cubrir aquéllos, según las circunstancias de la persona.

Art. 2189. La renta vitalicia constituida sobra la vida del mismo pensionista, no se extingue sino con la muerte de éste.

Art. 2190. Si la renta se constituye sobre la vida de un tercero, no cesará con la muerte del pensionista, sino que se trasmitirá a sus herederos y sólo cesará con la muerte de la persona sobre cuya vida se constituyó.

Art. 2191. El pensionista sólo puede demandar las pensiones, justificando su supervivencia o la de la persona sobre cuya vida se constituyó la renta.

Art. 2192. Si el que paga la renta vitalicia ha causado la muerte del acreedor o la de aquél sobre cuya vida había sido constituida, debe devolver el capital al que la constituyó o a sus herederos.

Art. 2193. El constituyente no puede librarse del pago de la renta, ofreciendo el reembolso del capital y renunciando a la repetición de las pensiones pagadas, sino que debe cumplir el contrato en la forma y términos convenidos, por onerosos que fueren, salvo que el reembolso fuere aceptado voluntariamente.

Capítulo III
De la compra de esperanza

Art. 2194. Se llama compra de esperanza al contrato que tiene por objeto adquirir, por una cantidad determinada, los frutos que una cosa produzca en el tiempo fijado, siendo por cuenta del comprador la pérdida en el caso de que esos frutos no lleguen a existir; o bien, los productos inciertos de un hecho que pueden estimarse en dinero.

Art. 2195. El vendedor tiene derecho al precio aunque no lleguen a existir los frutos comprados.

Art. 2196. El vendedor debe ejecutar el hecho dando aviso previo al comprador quien podrá vigilar la ejecución del hecho. El vendedor tiene derecho a cobrar el precio, obténgase o no el producto, siempre que la ejecución del hecho se haya verificado en los términos convenidos.

Art. 2197. El vendedor que ejecuta por sí solo y sin dar aviso al comprador, el hecho cuyo producto se espera, sólo tiene acción para cobrar el precio, obtenido que sea el producto.

Art. 2198. Los demás derechos y obligaciones de las partes en la compra de esperanza, se regirán por las prescripciones generales aplicables al comprador y al vendedor.

TÍTULO DÉCIMO CUARTO
De las transacciones

Art. 2199. La transacción es un contrato por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura, determinando con exactitud el alcance de sus derechos.

Art. 2200. Cuando la transacción ponga término a una controversia judicial se regirá por las normas que regulan los contratos, las transacciones en especial y los actos procesales en cuanto a la competencia del juez y la capacidad de las partes para comparecer en juicio.

Art. 2201. La transacción debe constar por escrito.

Si su objeto es prevenir una controversia futura las partes deberán ratificar sus firmas y contenido ante notario; pero si la transacción se refiere a bienes inmuebles o a derechos reales se hará constar en escritura pública y deberá inscribirse en el Registro Público de la Propiedad para que surta efectos contra tercero.

Cuando la transacción dé término a una controversia judicial, el escrito en que se haga constar será ratificado en presencia del juez o de los integrantes del tribunal, quienes se cerciorarán de la identidad y capacidad de las partes. El juez al que corresponda la ejecución de la transacción remitirá los autos a la notaría que indiquen las partes, para que se otorgue la escritura correspondiente cuando la transacción se refiere a bienes inmuebles o a derechos reales y debe inscribirse en el Registro Público de la Propiedad.

Art. 2202. Los ascendientes y los tutores no pueden transigir en nombre de las personas que tienen bajo su potestad o bajo su guarda, a no ser que la transacción sea necesaria o útil para los intereses de los incapacitados y previa autorización judicial.

Art. 2203. Se puede transigir sobre la acción civil proveniente de un delito, pero no por eso se extingue la acción pública para la imposición de la pena, ni se da por probado el delito.

Art. 2204. No se puede transigir sobre el estado civil de las personas, ni sobre la validez del matrimonio.

Art. 2205. Es válida la transacción sobre los derechos pecuniarios que de la declaración de estado civil pudieren deducirse a favor de una persona; pero la transacción, en tal caso, no importa la adquisición del estado.

Art. 2206. Estará afectada de nulidad absoluta la transacción que verse:

I. Sobre las consecuencias jurídicas de un delito, de un acto doloso o de un hecho ilícito que puedan tener realización en el futuro;

II. Sobre la acción civil que nazca de un delito o culpa futuros;

III. Sobre sucesión futura;

IV. Sobre una herencia, antes de visto el testamento, si lo hay;

V. Sobre el derecho de recibir alimentos.

Art. 2207. Podrá haber transacción sobre las cantidades que ya sean debidas por alimentos.

Art. 2208. El fiador sólo queda obligado por la transacción cuando consiente en ella.

Art. 2209. La transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad de la cosa juzgada; pero podrá pedirse la nulidad en los casos autorizados en el presente título. Asimismo puede pedirse la rescisión de ella en los casos en que pueden rescindirse los contratos.

Art. 2210. Puede anularse la transacción cuando se hace en razón de un título nulo a no ser que las partes hayan tratado expresamente de la nulidad.

Art. 2211. Cuando las partes están instruidas de la nulidad del título, o la disputa es sobre esa misma nulidad, pueden transigir válidamente, siempre que los derechos a que se refiere el título sean renunciables.

Art. 2212. La transacción celebrada teniéndose en cuenta documentos que después han resultado falsos por sentencia judicial, es nula.

Art. 2213. El descubrimiento de nuevos títulos o documentos no es causa para anular la transacción, si no ha habido mala fe.

Art. 2214. Es nula la transacción sobre cualquier negocio que esté decidido judicialmente por sentencia irrevocable ignorada por los interesados.

Art. 2215. En la transacción sólo hay lugar a la evicción cuando en virtud de ella da una de las partes a la otra algún bien que no era objeto de la disputa y que, conforme a Derecho, pierde el que lo recibió.

Art. 2216. Cuando el bien dado tiene vicios o gravámenes ignorados del que lo recibió, ha lugar a pedir la diferencia que resulte del vicio o gravamen en los mismo términos que respecto del bien vendido.

Art. 2217. La transacción puede tener los siguientes efectos:

I. Crear, trasmitir, modificar, conservar o extinguir derechos respecto de ambas partes o de una de ellas;

II. Declarar o reconocer los derechos que son objeto de controversia;

III. Establecer la certidumbre en cuanto a derechos dudosos o inciertos, determinando en su caso sus alcances y efectos.

Art. 2218. La declaración o reconocimiento de los derechos a que se refiere la fracción II del artículo anterior, no obliga al que lo hace, a garantizarlo, ni le impone responsabilidad alguna en el caso de evicción, salvo pacto en contrario.

Dicha declaración tampoco implica un título propio para fundar la prescripción o la usurpación en perjuicio de terceros, pero si en contra del que la haga.

Art. 2219. Las transacciones que deben interpretarse estrictamente y sus cláusulas son indivisibles, a menos que las partes convengan lo contrario.

Art. 2220. No podrá intentarse demanda contra el valor o subsistencia de una transacción, sin que, previamente se haya asegurado la devolución de todo lo recibido a virtud del convenio que se quiera impugnar.

TÍTULO DÉCIMO QUINTO
De la fianza en general

Capítulo I
De la fianza en general

Art. 2221. La fianza es un acto jurídico accesorio por el cual una persona se compromete a pagar por el deudor, la prestación de éste, o un equivalente o inferior, en igual o distinta especie, si el deudor no la cumple.

Art. 2222. La fianza puede constituirse por contrato o por declaración unilateral de voluntad.

Art. 2223. La fianza debe otorgarse por escrito; pero cuando la obligación principal que garantice debe constar en una escritura pública se otorgará también con dicha formalidad.

Art. 2224. La fianza puede ser gratuita o a título oneroso.

Art. 2225. La fianza es legal cuando debe otorgarse por disposición de la Ley, y es judicial la que se otorga en cumplimiento de una providencia dictada al respecto por el juez.

Art. 2226. La fianza puede constituirse no sólo en favor del deudor principal, sino en el del fiador, ya sea que uno u otro en su respectivo caso, consienta en la garantía, ya sea que la ignore, ya sea que la contradiga.

Art. 2227. Puede ser objeto de fianza la obligación nacida de la fianza misma. Esta operación se denomina subfianza, y quien otorga la segunda garantía lleva el nombre de subfiador.

Art. 2228. Es válido el contrato por virtud del cual el deudor se obliga a que un tercero otorgue fianza. Si el tercero no la otorga, el deudor deberá otorgar prenda o hipoteca y si no lo hace, la obligación será exigible desde luego.

Art. 2229. También puede celebrarse un precontrato, en el cual un tercero se obliga con el deudor, a otorgar una fianza en un tiempo determinado. En este caso, el contrato definitivo de fianza se otorgará con el acreedor; y, si el tercero se negare a otorgar la fianza, tiene acción directa para exigirla, tanto el acreedor como el deudor.

Art. 2230. Las cartas de recomendación en que se asegure la probidad y solvencia de alguien, no constituyen fianza.

Art. 2231. Si las cartas de recomendación fueren dadas de mala fe, afirmando falsamente la solvencia del recomendado, el que las suscriba será responsable del daño que sobreviniese a las personas a quien se dirigen por la insolvencia del recomendado.

Art. 2232. No incurrirá en la responsabilidad establecida por el artículo anterior el que dio la carta si probase que no fue su recomendación la que condujo a tratar con su recomendado.

Art. 2233. En las obligaciones a plazo o de prestación periódica, el acreedor podrá exigir fianza, aun cuando en el contrato no se haya constituido, si después de celebrado, el deudor sufre menoscabo en sus bienes, o pretende ausentarse del lugar en el que debe hacerse el pago.

Art. 2234. Si el fiador viniere a estado de insolvencia, puede el acreedor pedir otro que reúna las cualidades exigidas por el artículo siguiente.

Art. 2235. El obligado a dar fiador debe presentar persona que tenga capacidad para obligarse y bienes suficientes para responder de la obligación que garantiza.

Art. 2236. El fiador se entenderá sometido a la jurisdicción del juez del lugar donde esta obligación deba cumplirse.

Art. 2237. El que debiendo dar o reemplazar al fiador, no lo presenta dentro del término que el juez le señale, a petición de parte legítima, queda obligado al pago inmediato de la deuda, aunque no se haya vencido el plazo de ésta.

Art. 2239. Si la fianza fuere para garantizar la administración de bienes, cesará ésta si aquélla no se da en el término convenido o señalado por la Ley o por el juez, salvo los casos en que la Ley disponga otra cosa.

Art. 2239. Si la fianza importa garantía de cantidad que el deudor debe recibir, la suma se depositará mientras se dé la fianza.

Art. 2240. La fianza no puede existir sin una obligación válida. No obstante es válida la fianza que recae sobre una obligación cuya nulidad puede ser reclamada a virtud de una excepción puramente personal del obligado.

Art. 2241. La ilicitud en el objeto, motivo o fin de la obligación principal, originará la nulidad absoluta de la fianza.

Art. 2242. El fiador puede obligarse a menos y no a más que el deudor principal.

Art. 2243. Si el fiador se hubiere obligado a más que el deudor principal, se reducirá su obligación a los límites de la del deudor. En caso de duda sobre si se obligó por menos o por otro tanto de la obligación principal, se presume que se obligó por otro tanto.

Art. 2244. Puede prestarse fianza en garantía de deudas futuras, cuyo importe no sea aún conocido, pero no se podrá reclamar contra el fiador hasta que la deuda sea líquida y exigible. En este caso, si se convino en fijar determinado importe a la fianza y el fiador se hubiere obligado por una cantidad mayor del importe que corresponda a la obligación, una vez liquidada ésta será nula la fianza por el exceso.

Art. 2245. Las modalidades que afectan a la obligación principal, surten efectos con respecto a la fianza, que queda sujeta a las mismas.

Art. 2246. Las modalidades que se estipulen directamente respecto a la fianza, no afectan a la obligación principal.

Art. 2247. Es nulo el pacto por virtud del cual se establezca que la fianza será exigible aun cuando no lo sea la obligación principal, o antes de que venza el término señalado para el cumplimiento de la misma.

Art. 2248. Si se constituye fianza en el caso de simple mancomunidad de deudores, para responder de un deudor determinado, el fiador sólo quedará obligado si su fiado no cumple su parte correspondiente.

Art. 2249. La fianza constituida en favor de cierto deudor solidario, obliga al fiador por la totalidad de la prestación, para el caso de incumplimiento de su fiado.

Art. 2250. El fiador que paga por el deudor solidario la totalidad de la prestación, tiene derecho de exigir de los otros codeudores la parte que en ella les corresponda.

Art. 2251. Si el fiador pagó por un deudor solidario a quien exclusivamente interese el negocio que motivó la deuda, sólo podrá repetir contra su fiado, pero no contra los demás codeudores.

Art. 2252. Cualquier acto que interrumpa la prescripción que esté corriendo en favor de uno de los deudores solidarios, interrumpe la prescripción de la fianza.

Art. 2253. El fiador, en el caso de solidaridad activa, se libera pagando a cualquiera de los acreedores.

Art. 2254. Si la obligación principal es solidaria, el fiador a quien se demande el pago de la deuda puede oponer las excepciones que le sean personales y todas las que competen a su fiado, según que la solidaridad sea activa o pasiva.

Art. 2255. Cuando existan diversos fiadores, puede estipularse simple mancomunidad entre los mismos o solidaridad. En el primer caso de los fiadores sólo quedan obligados en la parte proporcional que les corresponda en la prestación del deudor.

Art. 2256. Puede pactarse que el fiador quede obligado a ejecutar una prestación distinta de la principal, pero siempre y cuando apreciada en dinero, no resulte superior a esta última.

Art. 2257. Es válido el pacto por virtud del cual el fiador puede elegir entre pagar la prestación principal u otra distinta.

Art. 2258. Puede obligarse al fiador a pagar una cantidad en dinero si el deudor principal no cumple una obligación de dar, de hacer o de no hacer.

Art. 2259. En el caso del artículo anterior, el fiador se libera de su obligación pagando la cantidad pactada; pero si la obligación principal es de hacer, puede el deudor en vez de pagar la cantidad pactada, optar por liberarse de su obligación prestando el mismo hecho que constituye el objeto de la obligación principal, cuando ésta sea de tal naturaleza que pueda realizarse por el mismo fiador o por cumplir lo que respecto del deudor principal establece este Código, en el sentido de que si el obligado a prestar un hecho no lo hiciere, el acreedor tiene derecho de pedir que a costa de aquél se ejecute por otro, cuando la sustitución sea posible.

Art. 2260. La responsabilidad de los herederos del fiador se rige por lo dispuesto en este Código para la solidaridad pasiva, novación y demás reglas de la mancomunidad y de la solidaridad.

Capítulo II
De los efectos de la fianza entre el fiador y el acreedor

Art. 2261. El fiador tiene derecho de oponer al acreedor todas las excepciones inherentes a la obligación principal y a la fianza; y las que sean personales del deudor; pero para resolver sobre estas últimas, el juez llamará al juicio al deudor.

Art. 2262. La renuncia voluntaria que hiciese el deudor de la prescripción de la deuda, o de otra causa de liberación, no impide que el fiador haga valer esas excepciones.

Art. 2263. Se reconocen como beneficios del fiador, los de orden, excusión y división.

Art. 2264. Los beneficios de orden y excusión operarán por ministerio de la Ley y sólo pueden perderse por disposición de ésta o por renuncia que legalmente haga el fiador. El beneficio de división sólo opera cuando se ha convenido expresamente, a efecto de dividir la deuda entre los fiadores.

Art. 2265. El fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor, sin que previamente sea reconvenido el deudor y se haga la excusión de sus bienes.

Art. 2266. La excusión consiste en aplicar todo el valor libre de los bienes del deudor al pago de la obligación, que quedará extinguida o reducida a la parte que no se ha cubierto.

Art. 2267. Ni el orden ni la excusión proceden:

I. Cuando el fiador renunció expresamente a ellos;

II. Cuando el fiador se obligó solidariamente con el deudor;

III. En los casos de concurso o de insolvencia probada del deudor;

IV. Cuando el deudor no puede ser judicialmente demandado dentro del territorio del Estado;

V. Cuando el negocio para que se prestó la fianza sea propio del fiador;

VI. Cuando se ignore el paradero del deudor, siempre que llamado éste por edictos, no comparezca ni tenga bienes embargables en el lugar donde deba cumplirse la obligación; y

VII. Cuando la fianza sea legal o judicial.

Art. 2268. Para que los beneficios de orden y excusión aprovechen al fiador, son indispensables los requisitos siguientes:

I. Que el fiador los alegue luego que se le requiera de pago;

II. Que designe bienes del deudor que basten para cubrir el crédito y que se hallen dentro del distrito judicial en que deba hacerse el pago; y

III. Que anticipe o asegure competentemente los gastos de excusión.

Art. 2269. Si el deudor adquiere bienes después del requerimiento, o si se descubren los que hubiese ocultado, el fiador puede pedir la excusión, aunque antes no la haya pedido.

Art. 2270. El acreedor puede obligar al fiador a que haga la excusión en los bienes del deudor.

Art. 2271. Si el deudor voluntariamente u obligado por el acreedor hace por sí mismo la excusión, y pide plazo, el juez puede concederle el que crea conveniente, atendidas las circunstancias de las personas y las calidades de la obligación.

Art. 2272. El acreedor que cumpla con los requisitos que para los beneficios de orden y excusión que aprovechen al fiador, hubiere sido negligente en promover la excusión, queda responsable de los perjuicios que pueda causar al fiador y éste libre de la obligación hasta la cantidad a que alcancen los bienes que hubiere designado para la excusión.

Art. 2273. Cuando el fiador haya renunciado el beneficio de orden, pero no el de excusión, el acreedor puede perseguir en un mismo juicio al deudor principal y al fiador; mas éste conservará el beneficio de excusión, aun cuando se dé sentencia contra los dos.

Art. 2274. Si hubiere renunciado a los beneficios de orden y excusión, el fiador, al ser demandado por el acreedor, debe renunciar el pleito al deudor principal, para que éste rinda las pruebas que crea conveniente; y en caso de que no salga al juicio para el indicado objeto, le perjudicará la sentencia que se pronuncie contra el fiador.

Art. 2275. El que fía al fiador goza de los beneficios de orden y excusión, tanto en contra del fiador como contra del deudor principal.

Art. 2276. No fían a un fiador los testigos que declaren de ciencia cierta en favor de su idoneidad, pero la afirmación falsa respecto de la solvencia del demandado los hace responsables del daño que sobreviniese con motivo de su fianza o recomendación.

Art. 2277. La transacción entre el acreedor y el deudor principal aprovecha al fiador; pero no le perjudica. La celebrada entre el fiador y el acreedor aprovecha, pero no perjudica al deudor principal.

Art. 2278. Si son varios los fiadores de un deudor por una sola deuda, responderá cada uno de ellos por la totalidad de aquélla, no habiendo convenio en contrario; pero si sólo uno de los fiadores es demandado, podrá hacer citar a los demás para que se defiendan juntamente, y en la proporción debida, estén a las resultas del juicio.

Art. 2279. Los efectos del bien juzgado en contra del deudor, por sentencia obtenida en juicio seguido por el acreedor, no perjudican al fiador, quien puede oponer las excepciones que sean inherentes a la obligación principal o a la fianza, exceptuando las que sean personales del deudor.

Capítulo III
De los efectos de la fianza entre el fiador y el deudor

Art. 2280. En sus relaciones con el deudor, el fiador tendrá los siguientes derechos:

I. El derecho a que el deudor lo indemnice según lo dispone el artículo subsiguiente;

II. Acción para ejecutar al deudor por virtud de dicho pago; y

III. Derecho para que se le releve de la fianza.

Art. 2281. El fiador que paga debe ser indemnizado por el deudor, lo mismo cuando la fianza se otorgue con conocimiento del deudor o ignorándolo éste y por tanto no haya prestado su consentimiento para la constitución de la fianza; pero si ésta se hubiere otorgado contra la voluntad del deudor, no tendrá derecho el fiador para cobrar lo que pagó, sino en cuanto hubiere beneficiado el pago al deudor.

Art. 2282. El fiador que paga por el deudor, debe ser indemnizado por éste:

I. De la deuda principal;

II. De los intereses respectivos, desde que haya hecho saber el pago al deudor, aun cuando éste no estuviere obligado por razón del contrato a pagarlos al acreedor;

III. De los gastos que ha hecho desde que dio noticia al deudor de haber sido requerido de pago; y

IV. De los daños y perjuicios que haya sufrido por causa del deudor.

Art. 2283. El fiador que paga se subroga en todos los derechos que el acreedor tenía contra el deudor.

Art. 2284. El fiador, antes de hacer el pago que el acreedor le reclame, debe notificar al deudor haciéndole saber el requerimiento de pago. A su vez, el actor, debe manifestar dentro del término de tres días, si tiene excepciones qué oponer.

Art. 2285. Si el fiador hace el pago sin notificar al deudor, o a pesar de que éste le manifieste que tiene excepciones qué oponer, podrá el deudor oponerle todas las excepciones que podría oponer al tiempo de hacer el pago.

Art. 2286. Si el deudor después de ser notificado por el fiador, diere su conformidad para el pago o no manifieste nada dentro del término de tres días, no podrá alegar excepción alguna cuando fuere requerido por el fiador, al exigir éste su reembolso de lo que hubiere pagado.

Art. 2287. Si el fiador hubiere transigido con el acreedor, no podrá exigir el deudor sino lo que en realidad haya pagado.

Art. 2288. Si el deudor, ignorando el pago por falta de aviso del fiador, paga de nuevo, no podrá éste repetir contra aquél, sino sólo contra el acreedor.

Art. 2289. Si el fiador ha pagado en virtud de fallo judicial, y por motivo fundado no pudo hacer saber el pago al deudor, éste quedará obligado a indemnizar a aquél y no podrá oponerle más excepciones que las que sean inherentes a la obligación y que no hubieren sido opuestas por el fiador, teniendo conocimiento de ellas.

Art. 2290. Si la deuda fuere a plazo o bajo condición, y el fiador la pagare antes de que aquél o ésta se cumplan, no podrá cobrarla del deudor sino cuando fuere legalmente exigible.

Art. 2291. El fiador puede, aun antes de haber pagado, exigir que el deudor asegure el pago o lo releve de la fianza:

I. Si fuere demandado judicialmente por el pago;

II. Si el deudor sufre menoscabo en sus bienes de modo que se halle en riesgo de quedar insolvente;

III. Si pretende ausentarse del Estado;

IV. Si se obligó a relevarlo de la fianza en tiempo determinado; y éste ha trascurrido; y

V. Si la deuda se hace exigible por el vencimiento del plazo.

Art. 2292. El derecho del fiador para que se asegure el pago o se le releve de la fianza, en nada puede perjudicar las acciones del acreedor.

Art. 2293. El fiador, para hacer efectivos los derechos que le otorga el artículo 2290, puede asegurar bienes de la propiedad del deudor, que sean bastantes para responder de la deuda y en el juicio correspondiente se resolverá sobre tales derechos.

El aseguramiento quedará sin efecto, cuando se extingan la deuda o la fianza.

Capítulo IV
Efectos de la fianza entre los cofiadores

Art. 2294. Si son dos o más los fiadores de un mismo deudor y por la misma deuda, el que de ellos la haya pagado podrá exigir de cada uno de los otros la parte que proporcionalmente le corresponda satisfacer.

Si alguno de ellos resultare insolvente, la parte de éste recaerá sobre todos los demás a prorrata.

Art. 2295. Para la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior es preciso:

I. Que el pago se haya hecho en virtud de demanda judicial o encontrándose el deudor en estado de concurso;

II. Que el fiador haya opuesto todas las excepciones inherentes a la obligación principal y a la fianza o que haya llamado a juicio a los demás fiadores y al deudor principal, notificándoles oportunamente para que opusieren las excepciones a que tuvieren derecho.

Art. 2296. Los fiadores demandados por el que pagó, podrán oponer, a éste, las excepciones que habrían correspondido al deudor principal contra el acreedor.

Art. 2297. El beneficio de división no tendrá lugar entre los fiadores:

I. Cuando se haya renunciado expresamente;

II. Cuando cada uno se haya obligado solidariamente con el deudor;

III. Cuando alguno o algunos de los fiadores son concursados o se hallen insolventes, caso en el cual se aumentará la responsabilidad a prorrata de todos los fiadores;

IV. Cuando el negocio para el cual se prestó la fianza sea propio de uno de los fiadores, caso en el cual éste responderá por la totalidad de la deuda, sin tener la facultad de exigir a sus cofiadores el reembolso; y

V. Cuando alguno o algunos de los fiadores no puedan ser judicialmente demandados dentro del territorio del Estado, o se ignore su paradero, siempre que llamados por edictos, no comparezcan, ni tengan bienes embargables en el lugar donde deba cumplirse la obligación.

Capítulo V
De la extinción de la fianza

Art. 2298. La obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones.

Art. 2299. Si la obligación del deudor y la del fiador se confunden, porque uno herede al otro, no se extingue la obligación del que fió al fiador.

Art. 2300. La liberación hecha por el acreedor a uno de los fiadores, sin el consentimiento de los otros, aprovecha a todos hasta donde alcance la parte del fiador a quien se ha otorgado.

Art. 2301. Los fiadores, aun cuando sean solidarios, quedan libres de su obligación, si por culpa o negligencia del acreedor no pueden subrogarse en los derechos, privilegios o hipotecas del mismo acreedor.

Art. 2302. Lo dispuesto en el artículo anterior, sólo es aplicable respecto a las seguridades y privilegios constituidos antes de la fianza o en el caso en que ésta se dio; pero no a las que se dieren al acreedor después del establecimiento de la fianza.

Art. 2303. Cuando la subrogación respecto de los derechos del acreedor se haya hecho imposible en una parte, el fiador sólo quedará liberado en proporción a esa parte.

Art. 2304. Si el acreedor acepta en pago de la deuda otro bien distinto al que era objeto de ella, queda liberado el fiador aun cuando el acreedor pierda después por evicción el bien que se le dio en pago.

Art. 2305. La prórroga o espera concedida al deudor por el acreedor, sin consentimiento del fiador, extingue la fianza.

Art. 2306. La quita reduce la fianza en la misma proporción que la deuda principal, y la extingue en el caso de que, en virtud de ella, quede sujeta la obligación principal a nuevos gravámenes o condiciones.

Art. 2307. El fiador que se ha obligado por tiempo determinado, queda libre de su obligación si el acreedor no requiere judicialmente al deudor por el cumplimiento de la obligación principal, dentro del mes siguiente a la expiración del plazo señalado para esta última.

También quedará libre de su obligación el fiador, cuando el acreedor, sin causa justificada, deje de promover por más de tres meses, en el juicio entablado contra el deudor.

Art. 2308. Si la fianza se ha otorgado por tiempo indeterminado, tiene derecho el fiador, cuando la deuda principal se vuelve exigible, de pedir al acreedor que demande judicialmente dentro del plazo de un mes, el cumplimiento de la obligación. Si el acreedor no ejercita sus derechos dentro del plazo mencionado, o si en el juicio entablado deja de promover, sin causa justificada, por más de tres meses, el fiador quedará libre de su obligación.

Art. 2309. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores, sólo se aplicará en el caso de que el fiador no haya renunciado al beneficio de orden, pues si lo hizo, el acreedor no estará obligado a demandar previamente al deudor.

Capítulo VI
De la fianza legal o judicial

Art. 2310. La fianza legal o judicial se otorgará en forma de acta ante el juez o tribunal.

Art. 2311. El fiador que haya de darse por disposición de la Ley o por providencia judicial, ha de ser capaz para obligarse y tener bienes suficientes para responder de la obligación que garantiza; pero el que debe dar fianza legal o judicial podrá dar en vez de ella hipoteca o prenda que se estime bastante para garantizar el cumplimiento de la obligación.

Art. 2312. En todos los casos de fianzas legales o judiciales, los fiadores no gozarán de los beneficios de orden, excusión o división en su caso.

Art. 2313. Para otorgar una fianza legal o judicial por más de cinco cuotas de salario mínimo, se presentará un certificado expedido por el encargado del Registro Público, a fin de demostrar que el fiador tiene bienes raíces suficientes para responder del cumplimiento de la obligación que garantice.

Art. 2314. La persona ante quien se otorgue la fianza, dentro del término de tres días dará aviso del otorgamiento al Registro Público, para que en el registro correspondiente al bien raíz que se designó para comprobar la solvencia del fiador, se haga una anotación preventiva relativa al otorgamiento de la fianza. Extinguida ésta, dentro del mismo término de tres días se dará aviso al Registro Público, para que haga la cancelación de la anotación respectiva. La falta de aviso hace responsable al que deba darlos, de los daños y perjuicios que su omisión origine.

Art. 2315. En los certificados de gravámenes que expida el Registro Público se harán figurar las anotaciones preventivas de que habla el artículo anterior.

Art. 2316. Si el fiador enajena o grava los bienes raíces cuyas inscripciones de propiedad están anotadas en la institución respectiva, y si de la operación resulta la insolvencia del fiador, aquélla se presumirá fraudulenta.

Art. 2317. El fiador legal o judicial no puede pedir la excusión de los bienes del deudor principal; ni los que fían a esos fiadores pueden pedir la excusión de éstos, así como tampoco la del deudor.

TÍTULO DÉCIMO SEXTO
De la prenda

Art. 2318. La prenda es un contrato por el cual se constituye un derecho llamado, también, «derecho de prenda». El derecho de prenda es real, accesorio, y se constituye sobre un bien mueble determinado, para garantizar al acreedor el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago.

Art. 2319. La inexistencia o nulidad de la obligación principal determinan, respectivamente la inexistencia o nulidad de la prenda; pero si la nulidad de la obligación principal es relativa, el tercero que haya dado la prenda no podrá invocar tal nulidad.

La obligación principal no se afecta por la inexistencia o nulidad de la prenda.

Art. 2320. La prenda puede constituirse:

I. Por el deudor en virtud de convenio con el acreedor;

II. Por un tercero en virtud de convenio con el acreedor y el deudor;

III. Por un tercero, por convenio con el acreedor sin consentimiento del deudor o con el simple conocimiento de éste;

IV. Por un tercero por convenio con el acreedor y contra la voluntad del deudor.

Cuando la prenda sea constituida por un tercero se llamará a éste «deudor prendario».

Art. 2321. La prenda puede constituirse al mismo tiempo que surja la obligación principal y hasta antes del vencimiento de ésta.

Art. 2322. Vencida la obligación principal sólo puede garantizarse con prenda, cuando acreedor y deudor convengan ampliar el plazo hasta el pago.

Art. 2323. Puede darse prenda para garantizar obligaciones futuras o condicionales; pero en este caso para hacer efectiva la garantía prendaria debe probarse que la obligación principal llegó a ser legalmente exigible.

Art. 2324. Las modalidades que afectan a la obligación principal afectarán a la prenda.

Art. 2325. Todos los muebles pueden darse en prenda salvo que la Ley lo prohíba respecto de un bien determinado.

Pero pueden darse en prenda los frutos pendientes de los bienes raíces, que deban ser recogidos en tiempo determinado y, en este caso, para que la prenda surta efectos contra tercero habrá de inscribirse en el Registro Público. El que dé los frutos en prenda se considerará como depositario de ellos. También podrá ser depositario de ellos un tercero; pero no podrá ser depositario de los mismos el acreedor.

Es ilícito el convenio por el cual el deudor entrega al acreedor un inmueble, para que se pague, con sus frutos, los intereses y suerte principal que aquél deba a éste.

Art. 2326. Según convengan las partes el bien prendado puede quedar en poder:

I. Del acreedor;

II. Del deudor principal;

III. Del deudor prendario;

IV. De un tercero.

Art. 2327. La prenda es un contrato real cuando el bien prendado deba quedar en poder del acreedor o de un tercero; pero es formal el contrato de prenda, si el bien prendado queda en poder del deudor principal o del deudor prendario.

Art. 2328. Cuando se convenga que el bien empeñado quede en poder del deudor principal o del deudor prendario, éste o aquél en su caso, se considerará como depositario de él y sólo podrá usarlo si así se pactó.

Art. 2329. Si no se convino que el bien empeñado quedare en poder del deudor principal o del deudor prendario y quien prometió dar la prenda no entrega dicho bien, el acreedor puede pedir que se le entregue el bien prendado, o que se dé por vencida la obligación o que se rescinda ésta, y en cualquiera de estos supuestos el pago de daños y perjuicios; pero no podrá pedir que se le entregue el bien si ha pasado éste a poder de un tercero en virtud de cualquier título legal; cuando la prenda se constituya por un tercero por convenio con el acreedor y contra la voluntad del deudor, puede el acreedor exigir al deudor prendario la entrega del bien y el pago de daños y perjuicios; pero no puede pedir que se dé por vencido el plazo de la obligación principal ni que se rescinda ésta.

Art. 2330. La prenda debe constar por escrito; y en instrumento público siempre que el valor de la obligación principal pase del equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente. Si se otorga en documento privado se dará un ejemplar a cada uno de los contratantes.

Art. 2331. La prenda no surtirá efecto contra tercero si no consta la certeza de su fecha por el registro, escritura pública o de alguna otra manera fehaciente.

Art. 2332. Siempre que la prenda fuere un crédito civil, el acreedor y, en su caso, el deudor, estarán obligados a hacer todo lo que sea necesario para que no se altere o menoscabe el derecho que consta en aquél.

Art. 2333. La prenda de un bien ajeno es nula y quien la constituya será responsable de los daños y perjuicios si procede con dolo o mala fe; debiendo tenerse en cuenta lo que se dispone en el título relativo al Registro Público para los adquirentes de buena fe.

El contrato quedará revalidado si antes de que tenga lugar la evicción, adquiere el constituyente de la garantía, por cualquier título legítimo, la propiedad del bien empeñado.

Art. 2334. Si se constituye prenda por el propietario aparente, será nula si existe mala fe por ambas partes; cuando exista buena fe en el acreedor prendario, la prenda será válida.

Art. 2335. Cuando se constituyere prenda por alguien cuyo título de propiedad sobre el bien se declare nulo con posterioridad y el acreedor prendario hubiere procedido con buena fe, la garantía será válida.

Art. 2336. Si el donatario hubiere dado en prenda los bienes donados y posteriormente se revocare la donación, subsistirá la prenda, pero tendrá derecho el donante de exigir al donatario que los redima.

Art. 2337. La prenda sufrirá las condiciones y limitaciones a que esté sujeto el derecho de propiedad del constituyente. Si su dominio es revocable, llegado el caso de revocación, se extinguirá la garantía.

Art. 2338. El acreedor adquiere por la prenda:

I. El derecho de ser pagado de su deuda con el precio del bien empeñado, sin que necesite entrar en concurso;

II. El derecho de recobrar la prenda de cualquiera persona que la tenga en su poder, sin exceptuar al mismo dueño de ella, cuando no se haya convenido que la prenda quedare en poder de éste;

III. El derecho de ser indemnizado de los gastos necesarios y útiles que hiciere para conservar el bien prendado; a no ser que use de él por convenio; y

IV. El de exigir del deudor otra prenda o el pago de la deuda aun antes del plazo convenido, si el bien prendado se pierde o se deteriora sin su culpa.

Art. 2339. Si la persona a quien se dejó la prenda es turbada en la posesión de ella, debe avisarlo al dueño para que la defienda y si éste no cumpliere con ese deber será responsable de todos los daños y perjuicios.

Art. 2340. Si perdida la prenda el deudor principal o, en su caso, el deudor prendario, ofreciere otra o alguna caución, queda al arbitrio del acreedor aceptarlas o rescindir el contrato.

Art. 2341. La persona a quien se deje la prenda está obligada:

I. A conservarla como buen padre de familia y a responder de los deterioros y perjuicios que sufra por culpa o negligencia; y

II. A restituirla si no es el dueño de ella luego que estén pagados íntegramente la deuda, sus intereses y los gastos de conservación del bien, si se han estipulado los primeros y hecho los segundos.

Art. 2342. Si el acreedor abusa del bien empeñado, el deudor puede exigir que éste se deposite o que aquél dé fianza de restituirlo en el estado en que lo recibió. El acreedor tiene también este derecho cuando habiéndose convenido que el bien empeñado quede en poder del deudor, éste abusa de ese bien.

Art. 2343. Cuando el acreedor o el deudor, en su caso, abusen del bien empeñado, usen de él sin estar autorizados por convenio o, estándolo, lo deterioran o aplican a objeto diverso de aquel a que está destinado.

Art. 2344. Si el deudor prendario enajenare el bien empeñado o concediere su uso o posesión, el adquirente no podrá exigir su entrega sino pagando el importe de la obligación garantizada, con los intereses y gastos en sus respectivos casos.

Art. 2345. Los frutos del bien empeñado pertenecen a su dueño; mas si por convenio los percibe el acreedor, su importe se imputará primero a los intereses y el sobrante al capital.

Si se causaren gastos para la producción de los frutos, se pagarán preferentemente aquéllos con el importe de éstos.

Las partes no podrán estipular compensación recíproca de intereses y gastos con los frutos del bien prendado.

Art. 2346. Si el deudor no paga en el plazo estipulado, o no habiéndose estipulado plazo, éste correrá después de los treinta días contados a partir de la fecha en que el acreedor exija el pago interpelando al deudor; en tal caso el acreedor podrá pedir y el juez decretará el remate de la prenda, previa citación del deudor y del constituyente de la garantía el remate se efectuará como lo dispone el Código de Procedimientos Civiles.

Art. 2347. El constituyente de la prenda, sea el deudor o un tercero, puede convenir con el acreedor en que éste se quede con la prenda en el precio que se le fije al vencimiento de la deuda, pero no al tiempo de la celebración del contrato. Dicho convenio no puede perjudicar los derechos de tercero.

Art. 2348. Por convenio expreso puede venderse la prenda extrajudicialmente; no siendo necesario avalúo, si las partes de común acuerdo fijan el precio.

La venta extrajudicial de la prenda se hará por conducto de corredor o de comerciante con establecimiento abierto en la plaza; pero si el deudor o constituyente de la garantía se opusieren, la venta se suspenderá hasta que se decida judicialmente, en forma sumaria, sobre la oposición.

Art. 2349. En cualquiera de los casos mencionados en los artículos anteriores, podrá el deudor hacer suspender la enajenación de la prenda, pagando dentro de los tres días siguientes al de la suspensión.

Art. 2350. Si el producto de la venta excede a la deuda, se entregará el exceso al deudor; pero si el precio no cubre todo el crédito, tiene derecho el acreedor de demandar al deudor por lo que falte.

Art. 2351. Es nula toda cláusula que autoriza al acreedor a apropiarse de la prenda, aunque ésta sea de menor valor que la deuda, o a disponer de ella fuera de la manera establecida en los artículos que preceden.

Es igualmente nula la cláusula que prohíbe al acreedor solicitar la venta del bien dado en prenda.

Art. 2352. El derecho que da la prenda al acreedor se extiende sobre los siguientes bienes:

I. A todas las accesiones del bien;

II. A las mejoras hechas por el propietario; y

III. A los frutos del mismo, si existe pacto expreso en tal sentido.

Art. 2353. El derecho y la obligación que resulten de la prenda son indivisibles, salvo el caso en que haya estipulación en contrario; sin embargo, cuando el deudor esté facultado para hacer pagos parciales y se hayan dado en prenda varios objetos, o uno que sea cómodamente divisible, ésta se irá reduciendo proporcionalmente a los pagos hechos, con tal que los derechos del acreedor siempre queden eficazmente garantizados.

Art. 2354. Extinguida la obligación principal, sea por el pago, o por cualquiera otra causa legal, queda extinguido el derecho de prenda.

Art. 2355. Respecto de los montes de piedad, que con autorización legal presten dinero sobre prenda, se observarán las leyes y reglamentos que les conciernen, y supletoriamente las disposiciones de este título.

Capítulo II
Relaciones jurídicas que origina la prenda

Art. 2356. Cuando se solicite la venta de la prenda, el deudor prendario debe llamar a juicio al deudor principal a efecto de que oponga todas las excepciones inherentes a la obligación garantizada y las que sean personales al mismo deudor principal.

Además el deudor prendario podrá oponer en su caso las excepciones propias del contrato de prenda y las personales que él tenga.

Art. 2357. Si el deudor principal no sale al juicio o si habiendo salido se remata el bien empeñado, el deudor prendario se subrogará en los derechos del acreedor para exigir el pago de la obligación que garantizó.

También se realizará esa subrogación en favor del deudor prendario, si éste es absuelto por haber prosperado una excepción que le fuere personal.

Art. 2358. Si el deudor prendario no llama a juicio al deudor principal y aquél hace el pago para evitar el remate, o sufre éste, el deudor principal podrá oponerle todas las excepciones que podría haber opuesto al acreedor al tiempo de hacer el pago.

Si el deudor prendario no dio aviso del pago al deudor principal, y éste paga de nuevo ignorando el pago hecho por el deudor prendario, no podrá este último reclamarlo del deudor principal y sólo podrá repetir contra el acreedor.

Art. 2359. La prenda constituida por un tercero contra la voluntad del deudor, faculta a aquél para cobrar a este último lo que le hubiere beneficiado el pago, por el remate de la garantía. El deudor podrá oponer las excepciones que en cada una de las hipótesis previstas en los artículos anteriores, establecen dichos preceptos para cada caso.

TÍTULO DÉCIMO SEPTIMO

Capítulo I
De la hipoteca en general

Art. 2360. La hipoteca es un derecho real que, para garantizar el cumplimiento de una obligación principal, y su preferencia en el pago, se constituye sobre inmuebles determinados o sobre derechos reales.

Art. 2361. Las modalidades que afecten a la obligación principal, también afectan a la hipoteca. La existencia, validez y duración de la hipoteca dependen de la existencia, validez y duración de la obligación principal, salvo lo dispuesto en este Código sobre la hipoteca constituida por declaración unilateral de voluntad y sobre la hipoteca de propietario.

Art. 2362. Los bienes hipotecados quedan sujetos al gravamen impuesto, aunque pasen a poder de tercero.

Art. 2363. La hipoteca se extiende, aun cuando no se exprese:

I. A las accesiones del inmueble hipotecado;

II. A las mejoras hechas por el propietario en los bienes gravados;

III. A los objetos muebles incorporados permanentemente por el propietario a la finca y que no puedan separarse sin menoscabo de éste o deterioro de esos objetos;

IV. A los nuevos edificios que el propietario construya sobre el terreno hipotecado y a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados;

V. A los nuevos edificios que el constituyente de la garantía levantare, si procediere a la demolición de los edificios hipotecados trátese de reconstrucción total o parcial.

Art. 2364. Salvo pacto en contrario la hipoteca no comprenderá:

I. Los frutos industriales de los bienes hipotecados, siempre que esos frutos se hayan producido antes de que el acreedor exija el pago de su crédito; y

II. Las rentas vencidas y no satisfechas al tiempo de exigirse el cumplimiento de la obligación garantizada.

Art. 2365. No se podrán hipotecar:

I. Los frutos y rentas pendientes con separación del predio que los produzca;

II. Los objetos muebles colocados permanentemente en los edificios, bien para su adorno o comodidad, o bien para el servicio de alguna industria, a no ser que se hipotequen juntamente con dichos edificios;

III. Las servidumbres, a no ser que se hipotequen juntamente con el predio dominante;

IV. El derecho a percibir los frutos en el usufructo concedido por este Código a los ascendientes sobre los bienes de sus descendientes;

V. El uso y la habitación; y

VI. Los bienes litigiosos, a no ser que la demanda origen del pleito se haya registrado previamente, o si se hace constar en el título constitutivo de la hipoteca, que el acreedor tiene conocimiento del litigio; pero en cualquiera de los casos, la hipoteca quedará pendiente de la resolución del pleito.

Art. 2366. La hipoteca constituida sobre derechos reales, sólo durará mientras éstos subsistan; pero si los derechos en que aquélla se hubiere constituido se han extinguido por culpa del que los disfrutaba, éste tiene obligación de constituir una nueva hipoteca a satisfacción del acreedor, y en caso contrario, a pagarle todos los daños y perjuicios.

Art. 2367. En la hipoteca de la nuda propiedad puede gravarse exclusivamente ésta, o gravarse dicha nuda propiedad por su parte, y el usufructo por la otra.

En el primer caso, si se extinguiere el usufructo y se consolidare la propiedad, la hipoteca se extenderá en su totalidad al inmueble, si así se hubiere pactado.

Si el usufructuario adquiere la nuda propiedad, estando sólo hipotecada ésta, continuará el gravamen sin extenderse al usufructo.

Art. 2368. Cuando se hipotequen separadamente la nuda propiedad y el usufructo, por distintas personas, en el caso de extinción del usufructo o de consolidación, la hipoteca sobre el usufructo se extinguirá; pero la hipoteca sobre la nuda propiedad, salvo pacto en contrario, no se extenderá a la totalidad del inmueble.

Art. 2369. La hipoteca de una construcción levantada en terreno ajeno no comprende el área.

Cuando alguien construyera de buena fe en terreno ajeno, y el propietario no quiera hacer uso del derecho que le concede este Código para adquirir la construcción, podrá hipotecarse ésta por el constructor.

Art. 2370. La hipoteca de hipoteca comprende, tanto el derecho real, cuanto el principal garantizado por éste.

Art. 2371. El predio común no puede ser hipotecado sino con consentimiento de todos los propietarios. El copropietario puede hipotecar su porción indivisa.

Al dividirse el bien común, la hipoteca gravará la parte que le corresponde en la división. El acreedor tiene derecho de intervenir en la división para impedir que a su deudor se le aplique una parte de la finca con valor inferior al que le corresponde.

Art. 2372. Pueden también ser hipotecados los bienes que ya lo estén anteriormente, aunque sea con el pacto de no volverlos a hipotecar, salvo en todo caso los derechos de prelación que establece este Código. El pacto de no volver a hipotecar es nulo.

Art. 2373. Sólo puede hipotecar el que puede enajenar.

Art. 2374. Nadie puede hipotecar sus bienes sino con las condiciones y limitaciones a que esté sujeto su derecho de propiedad.

La hipoteca constituida por el que no tenga derecho de hipotecar será nula aunque el constituyente adquiera después el derecho de que carecía.

Art. 2375. La hipoteca puede ser constituida tanto por el deudor como por otro a su favor.

Art. 2376. El propietario cuyo derecho sea condicional o de cualquiera otra manera limitado, deberá declarar en el contrato la naturaleza de su propiedad si la conoce.

Art. 2377. Si el inmueble hipotecado se hiciere, con o sin culpa del deudor, insuficiente, para la seguridad de la deuda, podrá el acreedor exigir que se mejore la hipoteca hasta que a juicio de peritos garantice debidamente la obligación principal.

Art. 2378. Si quedare comprobada la insuficiencia de la finca y el deudor no mejorare la hipoteca en los términos del artículo anterior, dentro de los ocho días siguientes a la declaración judicial correspondiente, procederá el cobro del crédito hipotecario, dándose por vencida la hipoteca para todos los efectos legales.

Art. 2379. Si la finca estuviere asegurada y se destruyere por incendio u otro caso fortuito, subsistirá la hipoteca en los restos de la finca, y además el valor del aseguramiento quedará afecto al pago. Si el crédito fuere de plazo cumplido podrá el acreedor pedir la retención del seguro, y si no lo fuere, podrá pedir que dicho valor se imponga a su satisfacción para que se verifique el pago al vencimiento del plazo. Lo mismo se observará con el precio que se obtuviere en el caso de ocupación por causa de utilidad pública o de remate judicial.

Art. 2380. La hipoteca subsistirá íntegra aunque se reduzca la obligación garantizada, y gravará cualquier parte de los bienes hipotecados que se conserven, aunque la restante hubiere desaparecido, pero sin perjuicio de lo que disponen los artículos siguientes.

Art. 2381. Cuando se hipotequen varias fincas para la seguridad de un crédito, es forzoso determinar por qué porción del crédito responde cada finca, y puede cada una de ellas ser redimida del gravamen pagándose la parte del crédito que garantiza.

Cuando una finca hipotecada susceptible de ser fraccionada convenientemente se divida, se repartirá equitativamente el gravamen hipotecario entre las fracciones. Al efecto, se pondrán de acuerdo el dueño de la finca y el acreedor hipotecario; y si no se consiguiere ese acuerdo, la distribución del gravamen se hará por decisión judicial, previa audiencia de peritos.

Art. 2382. Sin consentimiento del acreedor, el propietario del predio hipotecado no puede pactar pago anticipado de rentas por más de tres años, si se trata de fincas rústicas, o por más de dos años si se trata de fincas urbanas.

Art. 2383. La hipoteca constituida a favor de un crédito que devengue intereses, no garantiza en perjuicio de tercero, además del capital, sino los intereses causados durante el plazo convenido, para la restitución del capital, más tres años. Es nulo todo pacto que tenga por objeto que la hipoteca garantice intereses por mayor tiempo.

Art. 2384. El bien hipotecado puede ser adquirido por el acreedor en remate judicial y de acuerdo con las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles; pero no puede pactarse al constituir la hipoteca que el bien hipotecado se adjudique al acreedor en determinado precio.

Art. 2385. La hipoteca sólo puede otorgarse en escritura pública.

Art. 2386. La acción hipotecaria prescribe en igual tiempo que la obligación principal. El plazo se contará desde que pueda ejercitarse los derechos que aquella obligación y esta acción confieren al acreedor.

Art. 2387. La hipoteca nunca es tácita ni general; para producir efectos contra tercero necesita siempre de registro.

Art. 2388. La hipoteca puede constituirse por contrato, testamento o declaración unilateral de voluntad, así como por la Ley, con el carácter de necesaria, cuando la misma sujeta a alguna persona a prestar esa garantía sobre bienes determinados. En los tres primeros casos la hipoteca se llama voluntaria, y en el último, necesaria.

Art. 2389. La acción hipotecaria prescribirá a los diez años, contados desde que pueda ejercitarse con arreglo al título inscrito.

Capítulo II
De la hipoteca voluntaria

Art. 2390. El propietario de un bien inmueble que se halle libre de gravámenes puede, por declaración unilateral de voluntad, constituir una hipoteca en primer lugar, sobre dicho bien en garantía de obligaciones que no existan aún ni estén sujetas a condición suspensiva. Esta hipoteca estará sujeta a las siguientes reglas:

I. La declaración unilateral de la voluntad que la constituya se hará constar ante notario en escritura pública, y se establecerá, expresamente, el plazo de la hipoteca y el interés que en su caso causará la suma por la que se constituya;

II. La suma que esta hipoteca garantice no podrá exceder del cuarenta por ciento del valor del bien hipotecado, según avalúo bancario;

III. El primer testimonio de la escritura de constitución se inscribirá en el Registro Público para que la hipoteca surta efectos contra tercero;

IV. Una vez hecha la inscripción, el propietario podrá:

1º Trasmitir total o parcialmente su derecho real hipotecario, a una o más personas, en garantía de las obligaciones que adquiera en favor de éstas; o

2º Cancelar dicha hipoteca si no la ha trasmitido a otra persona ni total ni parcialmente;

V. La trasmisión total o las trasmisiones parciales se harán constar en escritura pública y se inscribirán en el Registro Público para que surtan efectos contra tercero. En estas escrituras se insertará la escritura constitutiva de la hipoteca y la razón de su registro;

VI. El adquirente o adquirentes de este derecho real hipotecario no podrán tener más derechos que los establecidos en la escritura que constituyó la hipoteca;

VII. Si la trasmisión del derecho hipotecario es por su importe total en favor de un solo acreedor, éste goza de los derechos de garantía y preferencia que son oponibles a todos los acreedores personales del constituyente de la hipoteca, y a los que tengan un derecho real constituido con posterioridad al registro de que trata la fracción III de este artículo;

VIII. Si la transmisión es parcial y se hace a varios acreedores, en la misma o en diferentes fechas, todos ellos ocuparán el mismo grado de preferencia;

IX. La mora en el pago de los intereses respecto a uno de los acreedores produce los mismos efectos respecto a todos;

X. El primer testimonio de la escritura de trasmisión parcial o total, una vez inscrito, servirá de título ejecutivo al adquirente de toda la hipoteca o de parte de ella;

XI. En caso de juicio se llamará a todos los acreedores que hubiesen adquirido parte de esta hipoteca;

XII. La hipoteca por declaración unilateral de voluntad no puede constituirse en fraude de los acreedores;

XIII. La hipoteca por declaración unilateral de voluntad caduca, cuando trascurren seis meses desde que se constituyó sin que el propietario haya ejercitado el derecho que le confiere el párrafo primero de la fracción IV de este artículo. Si la hipoteca se trasmitió parcialmente dentro de ese plazo, sólo caducará la parte que no se haya trasmitido;

XIV. Trascurrido el plazo de seis meses a que se refiere la fracción anterior y el establecido por esta Ley al notario para que dé el aviso correspondiente al Registro Público, si no se presentare el testimonio de la cesión o cesiones que haya celebrado el constituyente de la hipoteca por declaración unilateral de la voluntad, perderá la inscripción de ésta la preferencia que le correspondía. Las cesiones en este caso tendrán la preferencia que les corresponda según la fecha de su presentación;

XV. Si dentro de un año después de inscrita la hipoteca por declaración unilateral de voluntad, no se presenta para su registro el testimonio de una cesión, hecha por el propietario dentro de los seis meses a que se refiere la fracción XIV de este artículo, deja de surtir efectos, por ministerio de la Ley, la inscripción de la hipoteca constituida por declaración unilateral. El registrador en este caso la cancelará a petición de parte interesada o de oficio cuando advierta que se está en esta situación; pero si el propietario en tiempo cedió parcial o totalmente la hipoteca y el cesionario no inscribió oportunamente la cesión, se considerará al cesionario como acreedor quirografario;

XVI. Si la hipoteca por declaración unilateral de voluntad fuere embargada al propietario y caducare la hipoteca misma, el embargo se considerará trabado sobre el bien inmueble.

Art. 2391. La hipoteca constituida por testamento, puede tener por objeto mejorar un crédito a cargo del testador, para convertirlo de simple en hipotecario, o bien garantizar un legado o un crédito que se reconozca por testamento.

Art. 2392. Puede otorgarse hipoteca para garantizar obligaciones civiles consignadas en documentos privados o públicos. La hipoteca se otorgará en escritura pública, debiendo hacerse una anotación sobre su constitución y registro en el documento que acredite la deuda.

Art. 2393. La hipoteca constituida para la seguridad de una obligación futura o sujeta a condiciones suspensivas inscritas, surtirá efecto contra tercero desde su inscripción, si la obligación llega a realizarse o la condición a cumplirse.

Art. 2394. Si la obligación asegurada estuviere sujeta a condición resolutoria inscrita, la hipoteca no dejará de surtir su efecto respecto de tercero, sino desde que se haga constar en el Registro el cumplimiento de la condición.

Art. 2395. Cuando se contraiga la obligación futura o se cumplan las condiciones de que tratan los dos artículos anteriores, deberán los interesados pedir que se haga constar así por medio de una nota al margen de la inscripción hipotecaria, y si no se cumple con este requisito no podrá aprovechar ni perjudicar a tercero la hipoteca constituida.

Art. 2396. Para hacer constar en el Registro el cumplimiento de las condiciones a que se refieren los artículos que preceden, o la existencia de las obligaciones futuras, presentará cualquiera de los interesados al registrador la copia del documento público que así lo acredite y en su defecto, una solicitud formulada por ambas partes, pidiendo que se extienda la nota marginal y expresando claramente los hechos que deben dar lugar a ella.

Si alguno de los interesados se niega a firmar dicha solicitud, acudirá el otro a la autoridad judicial para que, previo el procedimiento correspondiente, dicte la resolución que proceda.

Art. 2397. Todo hecho o convenio entre las partes, que pueda modificar o destruir la eficacia de una obligación hipotecaria anterior, no surtirá efecto contra tercero si no se hace constar en el registro por medio de una inscripción nueva, de una cancelación total o parcial o de una nota marginal, según los casos.

Art. 2398. El crédito puede cederse, en todo o en parte, siempre que la cesión se haga en escritura pública, se dé conocimiento al deudor y sea inscrita en el Registro Público.

Art. 2399. La hipoteca generalmente durará por todo el tiempo que subsista la obligación que garantice, y cuando ésta no tuviere término para su vencimiento, la hipoteca continuará vigente hasta en tanto no prescriba la obligación principal o se extinga por alguna otra causa.

Los contratantes pueden señalar a la hipoteca una duración menor que la de la obligación.

Art. 2400. Cuando se prorrogue el plazo de la obligación garantizada en la hipoteca, ésta se entenderá prorrogada por el mismo término, a no ser que expresamente se asigne menor tiempo a la prórroga de la hipoteca.

Art. 2401. Si antes de que expire el plazo se prorrogare por primera vez, durante la prórroga y el término señalado para la prescripción, la hipoteca conservará la prelación que le corresponda desde su origen.

Art. 2402. La hipoteca prorrogada por segunda o más veces, sólo conservará la preferencia derivada del registro de su constitución por el tiempo a que se refiere el artículo anterior, por el demás tiempo, o sea el de la segunda o ulterior prórroga, sólo tendrá la prelación que le corresponda por la fecha del último registro.

Lo mismo se observará en el caso de que el acreedor conceda un nuevo plazo para que se le pague el crédito.

Capítulo III
De la hipoteca necesaria

Art. 2403. Llámase necesaria la hipoteca especial y expresa que, por disposición de la Ley, están obligadas a constituir ciertas personas para asegurar los créditos de determinados acreedores.

Art. 2404. La constitución de la hipoteca necesaria podrá exigirse en cualquier tiempo, aunque haya cesado la causa que le diere fundamento, siempre que esté pendiente de cumplimiento la obligación que se debiera haber asegurado.

Art. 2405. Si para la constitución de alguna hipoteca necesaria se ofrecieren diferentes bienes y no convinieren los interesados en la parte de la responsabilidad que haya de pesar sobre cada uno, decidirá la autoridad previo dictamen de peritos.

Del mismo modo decidirá el juez las cuestiones que se susciten entre los interesados, sobre la calificación de suficiencia de los bienes ofrecidos para la constitución de cualquier hipoteca necesaria.

Art. 2406. La hipoteca necesaria durará el mismo tiempo que la obligación que con ella se garantiza.

Art. 2407. Tienen derecho de pedir la hipoteca necesaria para seguridad de sus créditos:

I. El coheredero o partícipe, sobre los inmuebles repartidos, en cuanto importen los respectivos saneamientos o el exceso de los bienes que hayan recibido;

II. Los descendientes de cuyos bienes fueren meros administradores los ascendientes, sobre los bienes de éstos, para garantizar la conservación y la devolución de aquéllos;

III. Los menores y demás incapacitados sobre los bienes de sus tutores, por los bienes que éstos administren;

IV. Los legatarios, por el importe de sus legados, si no hubiere hipoteca especial designada por el mismo testador;

V. Los acreedores de la herencia por el importe de sus créditos, si en la misma existen bienes inmuebles o derechos reales sobre bienes raíces; y

VI. El Estado, los municipios y los establecimientos públicos, sobre los bienes de sus administradores, para asegurar las rentas de sus respectivos cargos, salvo lo que al respecto dispongan las leyes administrativas.

Art. 2408. La constitución de la hipoteca, en los casos a que se refieren las fracciones II y III del artículo anterior, puede ser pedida por el curador del incapacitado, por los parientes de éste sin limitación de grado o por el Ministerio Público.

Art. 2409. Los que tienen derecho de exigir la constitución de hipoteca necesaria, tienen también el de objetar la suficiencia de la que se ofrezca, y el de pedir su ampliación cuando los bienes hipotecados se hagan por cualquier motivo insuficientes para garantizar el crédito; en ambos casos resolverá el juez.

Art. 2410. Si el responsable de otorgar la hipoteca necesaria, no tuviere inmuebles, el acreedor será considerado como de segunda clase, salvo disposición legal en contrario.

Capítulo IV
Disposiciones comunes a las diversas clases de hipotecas

Art. 2411. La hipoteca constituida por el propietario aparente será válida, aun cuando se declare la nulidad del título de propiedad o la falta del mismo, siempre que el acreedor sea de buena fe, no se desprendan los vicios del título de dominio del mismo Registro Público de la Propiedad y la obligación que garantice tenga su origen en un acto a título oneroso.

En los casos de mala fe del acreedor hipotecario, cuando los vicios resulten del mismo Registro Público de la Propiedad o cuando el acto que haya dado origen a la obligación principal sea gratuito, la hipoteca será nula. Esta nulidad podrá ser invocada por todo aquel que tenga interés en ella; será imprescriptible y sólo podrá ser convalidada cuando el constituyente de la misma adquiera la propiedad por un título legítimo, antes de que exista evicción.

Art. 2412. Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará al caso en que se declare la nulidad del título del constituyente de la hipoteca.

Art. 2413. Si el constituyente de la hipoteca tiene un dominio revocable, o sujeto a condición resolutoria, la hipoteca se extinguirá cuando el dominio se revoque o la condición se cumpla.

En estos casos deberá declararse la naturaleza del dominio por el constituyente del gravamen y si no constara en el Registro Público, ni se declarare, la hipoteca continuará vigente, entre tanto no se extinga por alguna otra causa.

Art. 2414. Se reconoce la hipoteca de propietario en favor del mismo dueño de la finca gravada, para que pueda constituirla por acto unilateral, o adquirirla por subrogación a efecto de disponer de dicha garantía y mantener preferencia frente a los hipotecarios posteriores.

Art. 2415. Cuando el constituyente de una hipoteca pagare ésta, conserva a su disposición el gravamen con el lugar y grado de preferencia que tenga, para poder trasmitirlo a tercero. En el caso de que se rematare el bien hipotecado, el propietario tendrá preferencia en la forma y términos que correspondan a la hipoteca que hubiere pagado.

Art. 2416. Se adquirirá una hipoteca de propietario por subrogación legal, cuando el adquirente del bien gravado pague a un acreedor que tenga sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición.

Art. 2417. Habrá también lugar a la hipoteca de propietario cuando el adquirente del bien gravado se libre de la obligación principal por compensación, novación, confusión o remisión. En estos casos el citado dueño quedará subrogado en la hipoteca que pesa sobre su propio bien, siempre que existan otros gravámenes en favor de tercero. De no existir tales gravámenes se extinguirá la hipoteca.

Art. 2418. Cuando el constituyente de una hipoteca para garantizar deuda ajena, pagare ésta, quedará subrogado en la hipoteca sobre su propio bien, en la forma y términos establecidos en el artículo anterior.

Art. 2419. Serán hipotecas solidarias las que constituyen dos o más personas para garantizar una deuda solidaria existente a cargo de cualquiera de los constituyentes, de todos ellos o de un tercero.

Art. 2420. Por virtud de las hipotecas solidarias el acreedor podrá hacer efectiva la totalidad de su crédito sobre cualquiera de los bienes hipotecados, o sobre todos conjuntamente. Si por el avalúo que se haga de dichos bienes se infiere que, para cubrir el crédito hipotecario, basta con el remate o venta de una o varias fincas, exclusivamente éstas serán objeto de remate.

Art. 2421. Puede pactarse en las hipotecas solidarias, o estipularse así en su constitución por pacto unilateral, que la obligación se hará efectiva sucesivamente en los bienes que se designen y conforme al orden indicado.

Art. 2422. Se llaman hipotecas mancomunadas las constituidas por dos o más personas para garantizar obligaciones mancomunadas existentes a cargo de las mismas, de una de ellas o de un tercero.

Art. 2423. Las hipotecas mancomunadas facultan al acreedor para hacer efectiva únicamente la parte de la deuda garantizada sobre el bien o bienes hipotecados.

Art. 2424. Si todos los deudores de una obligación mancomunada constituyeren hipotecas sobre diversos bienes, se entenderá, salvo pacto en contrario, que cada bien gravado responderá hasta el monto de la parte alícuota de la deuda que corresponda a cada obligado.

Art. 2425. Se llaman hipotecas indivisibles las constituidas para garantizar una obligación indivisible. Las mismas facultan al acreedor para hacer efectivo su crédito sobre todos los bienes gravados.

Capítulo V
De la extinción de las hipotecas

Art. 2426. La hipoteca produce todos sus efectos jurídicos contra tercero mientras no sea cancelada su inscripción.

Art. 2427. La hipoteca se extingue, debiendo declararse judicialmente su cancelación a petición de parte interesada en los siguientes casos:

I. Cuando se extingue el bien hipotecado;

II. Cuando se extinga la obligación a que sirvió de garantía, salvo los casos de hipoteca de propietario;

III. Cuando se resuelva o extinga el derecho del constituyente de la hipoteca sobre el bien gravado;

IV. Cuando se expropie por causa de utilidad pública el bien hipotecado;

V. Cuando se remate judicialmente el bien hipotecado;

VI. Por la remisión expresa del acreedor;

VII. Por la declaración de estar prescrita la acción hipotecaria, o la obligación principal; y

VIII. Cuando por consolidación el propietario del bien hipotecado adquiera la hipoteca, salvo los casos de hipoteca de propietario.

Art. 2428. La extinción del bien hipotecado tendrá lugar en los siguientes casos:

I. Por la destrucción del bien;

II. Cuando éste quede fuera del comercio; y

III. Cuando tratándose de muebles inmovilizados se pierdan de modo que no puedan localizarse o que, conociendo su paradero, exista una imposibilidad material o legal para recuperarlos.

Art. 2429. Si entre los bienes de una herencia existe un crédito hipotecario, y el bien objeto del gravamen pertenece a uno de los herederos, la hipoteca no se extinguirá. En el caso de que se adjudique a dicho heredero el crédito adquirirá éste una hipoteca de propietario.

Art. 2430. Cuando el acreedor hipotecario hereda con los demás herederos el bien hipotecado, no se extinguirá la hipoteca, y si en la división de la herencia se le aplicare íntegramente el bien, el heredero adquirirá la hipoteca de propietario.

Art. 2431. Cuando el acreedor hipotecario adquiera en legado el bien hipotecado, se extinguirá la hipoteca si el bien no reporta gravámenes; en caso contrario, la hipoteca subsistirá en calidad de hipoteca de propietario.

Art. 2432. La hipoteca extinguida por dación en pago revivirá, si el pago queda sin efecto, ya sea porque el bien dado en pago se pierda, por culpa del deudor y estando todavía en su poder, ya sea porque el acreedor lo pierda en virtud de evicción.

Art. 2433. En los casos del artículo anterior, si el registro hubiere sido ya cancelado, revivirá solamente desde la fecha de la nueva inscripción, quedando siempre a salvo al acreedor el derecho para ser indemnizado por el deudor, de los daños y perjuicios que se le hayan seguido.

TERCERA PARTE

TÍTULO PRIMERO
De la concurrencia y prelación de créditos

Capítulo I
Disposiciones generales

Art. 2434. El deudor responde del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes, con excepción de aquellos que, conforme a la Ley, son inalienables o no embargables.

Art. 2435. Procede el concurso de acreedores siempre que el deudor suspenda el pago de sus deudas civiles, líquidas y exigibles. La declaración de concurso será hecha por el juez competente, mediante los trámites fijados en el Código de Procedimientos Civiles.

Art. 2436. La declaración de concurso incapacita al deudor para seguir administrando sus bienes, así como para cualquiera otra administración que por la Ley le corresponda, y hace que se venza el plazo de todas sus deudas.

Esa declaración produce también el efecto de que dejen de devengar intereses las deudas del concurso, salvo los créditos hipotecarios y pignoraticios, que seguirán devengando los intereses correspondientes hasta donde alcance el valor de los bienes que los garanticen.

Art. 2437. Los capitales debidos serán pagados en el orden establecido en este título, y si después de satisfechas quedaren fondos pertenecientes, al concurso, se pagarán los réditos correspondientes, en el mismo orden en que se pagaron los capitales, pero reducidos los intereses al tipo legal a no ser que se hubiere pactado un tipo menor. Sólo que hubiere bienes suficientes para que todos los acreedores queden pagados, se cubrirán los réditos al tipo convenido que sea superior al legal.

Art. 2438. El deudor puede celebrar con sus acreedores los convenios que estime oportunos, pero esos convenios se harán precisamente en junta de acreedores debidamente constituida.

Los convenios que autoriza este artículo pueden ser preventivos o anteriores al concurso, para evitar, su declaración, o durante el juicio para dar término al mismo, mediante la rehabilitación del deudor.

También pueden tener por objeto la declaración del concurso voluntario, mediante la dación general en pago de acreedores.

Los pactos particulares entre el deudor y cualquiera de sus acreedores serán nulos. Si la declaración de concurso fuere conocida por el acreedor, perderá el importe de su crédito en beneficio de la masa.

Art. 2439. La proposición de convenio se discutirá y pondrá a votación, formando resolución el voto de un número de acreedores que componga la mitad y uno más de los concurrentes, siempre que su interés en el concurso cubra las tres quintas partes del pasivo, deducido el importe de los créditos de los acreedores hipotecarios y pignoraticios que hubieren optado por no ir al concurso.

Art. 2440. Dentro de los ocho días siguientes a la celebración de la junta en que se hubiere aprobado el convenio, los acreedores disidentes y los que no hubieren concurrido a la junta podrán oponerse a la aprobación del mismo.

Art. 2441. Las únicas causas en que podrá fundarse la oposición al convenio serán:

I. Defectos en las formas prescritas para la convocación, celebración y deliberación de la junta;

II. Falta de personalidad o representación en alguno de los votantes, siempre que su voto decida la mayoría en número o en cantidad;

III. Inteligencias fraudulentas entre el deudor y uno o más acreedores, o de los acreedores entre sí, para votar a favor del convenio;

IV. Exageración fraudulenta de créditos para procurar la mayoría de cantidad;

V. La inexactitud fraudulenta en el inventario de los bienes del deudor o en los informes de los síndicos, para facilitar la admisión de las proposiciones del deudor.

Art. 2442. Aprobado el convenio por el juez, será obligatorio para el concursado y para todos los acreedores cuyos créditos daten de época anterior a la declaración, si hubieren sido citados en forma legal, o si habiéndoles notificado la aprobación del convenio no hubieren reclamado contra éste en los términos prevenidos en el Código de Procedimientos Civiles, aunque estos acreedores no estén comprendidos, en la lista correspondiente, ni hayan sido parte en el procedimiento.

Art. 2443. Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios podrán abstenerse de tomar parte en la junta de acreedores en la que haga proposición el deudor, y en tal caso, las resoluciones de la junta no perjudicarán sus respectivos derechos.

Si por el contrario prefieren tener voz y voto en la mencionada junta, serán comprendidos en las esperas o quitas que la junta acuerde, sin perjuicio del lugar y grado que corresponda al título de su crédito.

Art. 2444. Si el deudor cumpliere el convenio, quedarán extinguidas sus obligaciones en los términos estipulados en el mismo; pero si dejare de cumplirlo en todo o en parte, renacerá el derecho de los acreedores por las cantidades que no hubiesen percibido de su crédito primitivo, y podrá cualquiera de ellos pedir la declaración o continuación del concurso, según que el convenio hubiere sido preventivo o concursal.

Art. 2445. No mediando pacto expreso en contrario entre deudor y acreedores, conservarán éstos su derecho, terminado el concurso, para cobrar, de los bienes que el deudor adquiera posteriormente, la parte de su crédito que no les hubiere sido satisfecha.

Art. 2446. Los créditos se graduarán en el orden que se clasifican en los capítulos siguientes, con la prelación que para cada clase se establezca en ellos.

Art. 2447. Concurriendo diversos acreedores de la misma clase y número, serán pagados según la fecha de su título, si aquélla constare de una manera indubitable. En cualquier otro caso serán pagados a prorrata.

Art. 2448. Los gastos judiciales hechos por un acreedor en lo particular, serán pagados en el lugar en que deba serlo el crédito que los haya causado.

Art. 2449. El acreedor cuyo crédito sea preferente a virtud de convenio fraudulento entre él y el deudor, pierde el crédito a favor de la masa, a no ser que el dolo provenga sólo del deudor, quien en este caso será responsable además de los daños y perjuicios que se sigan a los otros acreedores.

Capítulo II
De los créditos hipotecarios y pignoraticios y de algunos otros privilegios

Art. 2450. Preferentemente, se pagarán los adeudos fiscales provenientes de impuestos, con el valor de los bienes que los hayan causado.

Art. 2451. Los acreedores hipotecarios y los pignoraticios no necesitan entrar en concurso para hacer el cobro de sus créditos. Pueden deducir las acciones que les competan en virtud de la hipoteca o de la prenda, en los juicios respectivos, a fin de ser pagados con el valor de los bienes que garanticen sus créditos.

Art. 2452. Si hubiere varios acreedores hipotecarios garantizados con los mismos bienes, pueden formar un concurso especial con ellos, y serán pagados por el orden de fechas en que se otorgaron las hipotecas, si éstas se registraron dentro del término legal, o según el orden en que se hayan registrado los gravámenes, si la inscripción se hizo fuera del término de Ley.

Art. 2453. Cuando el valor de los bienes hipotecados o dados en prenda no alcanzare a cubrir los créditos que garantizan, por el saldo deudor entrarán al concurso los acreedores de que se trata, y serán pagados como acreedores de tercera clase.

Art. 2454. Para que el acreedor pignoraticio goce de los derechos que le concede la tercera de las disposiciones citadas en este capítulo, es necesario que hubiere conservado la prenda que le fue entregada en su poder, o que sin culpa suya haya perdido la posesión; y cuando el bien empeñado quede en poder del deudor principal o de un tercero, no haya consentido en que el deudor depositario o el tercero que la conserva en su poder la entregue a otra persona.

Art. 2455. Del precio de los bienes hipotecados o dados en prenda se pagarán en el orden siguiente:

I. Los gastos del juicio respectivo;

II. Los gastos de conservación y administración de los mencionados bienes;

III. La deuda de seguros de los propios bienes;

IV. Los créditos hipotecarios, comprendiéndose en el pago, los réditos de un año o los créditos pignoraticios según su fecha, así como sus réditos durante los últimos seis meses.

Art. 2456. Para que se paguen con la preferencia señalada los créditos comprendidos en las fracciones II y III del artículo anterior, son requisitos indispensables que los primeros hayan sido necesarios y que los segundos consten auténticamente.

Art. 2457. Si el concurso llega al periodo en que deba pronunciarse sentencia de graduación sin que los acreedores hipotecarios o pignoraticios hagan uso del derecho de no entrar en concurso para cobrar sus créditos, dicho concurso hará vender los bienes y depositará el importe del crédito y de los réditos correspondientes, observándose en su caso, las disposiciones relativas a los ausentes.

Art. 2458. El concurso tiene derecho para redimir los gravámenes hipotecarios y pignoraticios que pesen sobre los bienes del deudor, o de pagar las deudas de que especialmente responden algunos de éstos, y, entonces, esos bienes entrarán a tomar parte del fondo del concurso.

Art. 2459. Si la elección compete al deudor y alguna de las cosas se pierde por culpa suya o caso fortuito, el acreedor está obligado a recibir la que quede.

Art. 2460. Si entre los bienes del deudor se hallaren comprendidos bienes muebles o raíces adquiridos por sucesión y obligados por el autor de la herencia a ciertos acreedores, podrán éstos pedir que aquéllos sean separados y formar concurso especial con exclusión de los demás acreedores propios del deudor.

Art. 2461. El derecho reconocido en el artículo anterior no tendrá lugar:

I. Si la separación de los bienes no fuere pedida dentro de tres meses contados desde que se inició el concurso o desde la aceptación de la herencia;

II. Si los acreedores hubieren hecho novación de la deuda o de cualquier otro modo hubieren aceptado la responsabilidad personal del heredero.

Art. 2462. Los acreedores que obtuvieren la separación de bienes no podrán entrar al concurso del heredero, aunque aquéllos no alcancen a cubrir sus créditos.

Capítulo III
De algunos acreedores preferentes sobre determinados bienes

Art. 2463. Con el valor de los bienes que se mencionan serán pagados preferentemente:

I. La deuda por gastos de salvamento, con el valor del bien salvado;

II. La deuda contraída antes del concurso, expresamente para ejecutar obras de rigurosa conservación de algunos bienes, con el valor de éstos, siempre que se pruebe que la cantidad prestada se empleó en esas obras;

III. Los créditos originados por la construcción de obra mueble y, quienes tienen derecho a retenerla mientras no se les pague, y su crédito será cubierto preferentemente con el precio de dicha obra;

IV. Los créditos por semillas, gastos de cultivo y recolección, con el precio de la cosecha para que sirvieren y que se halle en poder del deudor;

V. El crédito por fletes, con el precio de los efectos trasportados, si se encuentran en poder del acreedor;

VI. El crédito por hospedaje, con el precio de los muebles del deudor que se encuentren en la casa o establecimiento del acreedor;

VII. El crédito del arrendador de predios rústicos por el precio del arrendamiento, indemnización de daños y perjuicios y cualesquiera otros gravámenes declarados en el contrato, con los frutos, utensilios, instrumentos, maquinaria y animales destinados a la labranza y que fueren objeto de la explotación.

El crédito del arrendador de predios urbanos por la renta del inmueble, indemnización de perjuicios y cualesquiera otros gravámenes declarados en el contrato, con los muebles del arrendatario que se encuentren en el bien arrendado.

La preferencia del arrendador de predios rústicos y urbanos se extiende, en su caso, al precio del subarrendamiento.

La preferencia establecida en esta fracción dura un año contado desde el vencimiento de la obligación;

VIII. El crédito que provenga del precio de los bienes vendidos y no pagados, con el valor de ellos, si el acreedor hace su reclamación dentro de los sesenta días siguientes a la venta, si se hizo al contado, o del vencimiento, si la venta fue a plazo.

Tratándose de bienes muebles, cesará la preferencia si hubieren sido inmovilizados;

IX. El crédito en favor de quien reparó un bien y por el importe de la reparación, con el bien reparado, se halle éste en poder del acreedor o del deudor, si es reclamado dentro de los tres meses siguientes a la reparación;

X. Los créditos anotados en el Registro Público de la Propiedad, en virtud de mandamiento judicial, por embargos, secuestros o ejecución de sentencia, sobre los bienes anotados; la preferencia existe solamente en cuanto a los créditos posteriores.

Capítulo IV
Acreedores de primera clase

Art. 2464. Pagados los acreedores mencionados en los dos capítulos anteriores, con el valor de todos los bienes que queden, se pagarán:

I. Los gastos judiciales comunes, en los términos que establezca el Código de Procedimientos;

II. Los gastos de rigurosa conservación y administración de los bienes concursados;

III. Los gastos de funerales del deudor, proporcionados a su posición social, y también los de su mujer e hijos que estén bajo su patria potestad y no tuvieren bienes propios;

IV. Los gastos de la última enfermedad de las personas mencionadas en la fracción anterior, hechos en los últimos seis meses que precedieron al día del fallecimiento;

V. El crédito por alimentos fiados al deudor para su subsistencia y la de su familia, en los seis meses anteriores a la formación del concurso;

VI. La responsabilidad civil en la parte que comprende el pago de los gastos de curación o de los funerales del ofendido. En lo que se refiere a la obligación de restituir, por tratarse de devoluciones del bien ajeno, no entra en concurso, y por lo que toca a las otras indemnizaciones que se deban por el ilícito, se pagarán como si se tratara de acreedores comunes de cuarta clase.

Capítulo V
Acreedores de segunda clase

Art. 2465. Pagados los créditos antes mencionados, se pagarán:

I. Los créditos de las personas que tienen derecho de pedir la hipoteca necesaria para seguridad de sus créditos, aunque no lo hubieren exigido;

II. Los créditos del erario, los créditos de la herencia, si en la misma existen bienes inmuebles, o derechos reales sobre bienes raíces;

III. Los créditos de los establecimientos de beneficencia pública o privada.

Capítulo VI
Acreedores de tercera clase

Art. 2466. Satisfechos los créditos de que se ha hablado anteriormente, se pagarán los créditos que consten en escritura pública o en cualquier otro documento auténtico.

Capítulo VII
Acreedores de cuarta clase

Art. 2467. Pagados los créditos enumerados en los capítulos que preceden se pagarán los créditos que consten en documento privado.

Art. 2468. Con los bienes restantes serán pagados los demás créditos que no estén comprendidos en las disposiciones anteriores. El pago se hará a prorrata y sin atender a las fechas ni al origen de los créditos.

TÍTULO SEGUNDO
Del Registro Público

Capítulo I
De la organización de la oficina

Art. 2469. El Ejecutivo del Estado designará las poblaciones donde deban establecerse las oficinas denominadas «Registro Público».

Art. 2470. El Registro Público funcionará conforme a los programas y métodos que determine el reglamento.

Art. 2471. El Registro será público. Los encargados del mismo tienen la obligación de permitir a las personas que lo soliciten, que se enteren, en presencia de un empleado de la oficina, de los asientos que obren en los libros del Registro y de los documentos relacionados con las inscripciones que estén archivadas. También tienen obligación de expedir copias certificadas de las inscripciones o constancias que figuren en los libros del Registro, así como certificaciones de no existir asientos de ninguna especie o de especie determinada sobre bienes señalados o a nombre de ciertas personas.

Art. 2472. El reglamento establecerá los requisitos necesarios para desempeñar los cargos que requiera el funcionamiento del Registro Público.

Art. 2473. El director, los registradores y los empleados del Registro, además de las penas en que pueden incurrir, responderán civilmente de los daños y perjuicios a que dieren lugar:

I. Si rehúsan admitir el título o si no extienden el asiento de presentación por el orden de entrada del documento o del aviso a que se refiere el artículo 2484;

II. Si extienden algún documento indebidamente o rehúsan extenderlos sin motivo fundado;

III. Si retardan sin causa justificada la extinción del asiento a que dé lugar el documento inscribible;

IV. Si cometen errores, inexactitudes u omisiones en los asientos;

V. Si cometen errores, inexactitudes u omisiones en los certificados que expidan o no los expidan en el término reglamentario.

Art. 2474. El registrador que fuere condenado, por sentencia firme a la indemnización de daños y perjuicios, quedará suspenso del cargo hasta que asegure a los reclamantes las resultas del juicio.

Capítulo II
Disposiciones comunes de los documentos registrables

Art. 2475. Sólo se registrarán:

I. Los testimonios de escrituras o actas notariales u otros documentos auténticos;

II. Las resoluciones y providencias judiciales que consten de manera auténtica;

III. Los documentos privados que impliquen actos u operaciones jurídicas reputados válidos bajo esa forma con arreglo a la Ley, siempre que al calce de los mismos haya la constancia de que el notario, el registrador, la autoridad o el juez municipal se cercioraron de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes. Dicha constancia deberá estar firmada por los mencionados funcionarios y llevará el sello de la oficina respectiva.

Art. 2476. Los actos ejecutados, los contratos otorgados y las resoluciones judiciales pronunciadas en país extranjero, sólo se inscribirán concurriendo las circunstancias siguientes:

I. Que si los actos o contratos hubiesen sido celebrados o las resoluciones pronunciadas en el Estado de Zacatecas habrían sido, inscribibles;

II. Que los actos o contratos cuya inscripción se pretenda, no estén en desacuerdo con las leyes mexicanas prohibitivas o de interés público;

III. Que estén debidamente legalizados y que hayan sido protocolizados ante notario mediante orden judicial. Para que se ordene la protocolización de los documentos redactados en idioma extranjero, deberán ser previamente traducidos por el perito que el juez designe;

IV. Que si fueren resoluciones judiciales, se ordene su ejecución por la autoridad judicial nacional que corresponda.

De los efectos del registro

Art. 2477. La inscripción de un documento en el Registro conforme a las prescripciones de este Código, da publicidad legal a los actos jurídicos en él consignados para que surtan efectos contra tercero.

Los documentos que siendo registrables no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen; pero no podrán producir perjuicios a tercero el cual sí podrá aprovecharlos en cuanto le sean favorables.

Art. 2478. La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes.

Art. 2479. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, los actos o contratos que se otorguen o celebren por personas que en el Registro aparezcan con derecho a ello, no se invalidarán en cuanto a tercero de buena fe, una vez inscritos, aunque después se anule o se resuelva el derecho del otorgante en virtud del título anterior no inscrito o de causas que no resulten claramente del mismo registro.

Lo dispuesto en este artículo no se aplicará a los contratos gratuitos.

Art. 2480. El derecho registrado se presume que existe y que pertenece al titular de una inscripción de dominio o de posesión del inmueble inscrito. No podrá ejercitarse la acción contradictoria del dominio de inmuebles, de derechos reales sobre los mismos o de otros derechos inscritos o anotados a favor de persona o entidad determinada sin que previamente o a la vez, se entable demanda de nulidad o cancelación de la inscripción en que conste dicho dominio o derechos. En el caso de embargo precautorio, juicio ejecutivo o procedimiento de apremio contra bienes o derechos reales determinados, se sobreseerá todo procedimiento de apremio respecto de los mismos o de sus frutos, inmediatamente que conste en los autos, por manifestación auténtica del Registro de la Propiedad, que dichos bienes o derechos están inscritos a favor de persona distinta de aquella contra la cual se decretó el embargo o se siguió el procedimiento, a no ser que se hubiere dirigido contra ella la acción, como causahabiente del que aparece dueño en el Registro.

Art. 2481. Tratándose de inmuebles, derechos reales sobre los mismos u otros derechos inscribibles o anotables, la sociedad conyugal no surtirá efectos contra tercero, si no consta inscrita en el registro relativo a dichos inmuebles y derechos, salvo los casos en que se demuestre que los bienes no inscritos fueron adquiridos con posterioridad a la fecha del matrimonio en que se hubiese convenido que se regiría por el régimen de sociedad conyugal. Las mismas normas se aplicarán respecto de los concubinos.

Cualquiera de los cónyuges u otros interesados tienen derecho a pedir la rectificación del asiento respectivo, cuando alguno de esos bienes pertenezca a la sociedad conyugal y aparezca inscrito a nombre de uno solo de aquéllos.

De la prelación

Art. 2482. La preferencia entre derechos reales sobre una misma finca o derechos, se determinará por la prioridad de su inscripción en el Registro, cualquiera que sea la fecha de su constitución. El derecho real adquirido con anterioridad a la fecha de una anotación preventiva será preferente aun cuando la inscripción sea posterior siempre que se dé el aviso que previene el artículo 2484.

Si la anotación preventiva se hiciere con posterioridad a la presentación del aviso preventivo, el derecho real motivo de ésta será preferente, aun cuando tal aviso se hubiese dado extemporáneamente.

Art. 2483. Los asientos del Registro, producen todos sus efectos mientras no sean cancelados o rectificados en forma legal.

Art. 2484. El registro producirá sus efectos desde el día y hora en que el documento se hubiere presentado en la oficina registradora, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.

Art. 2485. A más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a aquél en que se firme una escritura en que se cree, declare, reconozca, adquiera, trasmita, modifique, limite, conserve, grave o extinga la propiedad o posesión originaria de bienes raíces, o cualquier derecho real sobre los mismos, o que sin serlo sean inscribibles, el notario ante quien se otorgue dará al registro un aviso en el que conste la finca de que se trata, el negocio jurídico otorgado, los nombres de los interesados en él, el número y la fecha de la escritura y la de su firma o indicación de los números y demás datos bajo los cuales aparezca inscrita la propiedad o el derecho en su caso. El registrador, con aviso del notario y sin cobro de derecho alguno, hará inmediatamente el asiento de presentación.

Si dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se hubiere firmado la escritura se presentare el testimonio respectivo, su inscripción surtirá efecto contra tercero desde la fecha del asiento de presentación hecho en virtud del aviso del notario. Si el testimonio se presentare después, su registro sólo surtirá efectos desde la fecha de su presentación.

Si el documento en que consta alguna de las operaciones que se mencionan en el párrafo anterior fuera privado, deberán dar el aviso a que se refiere este artículo las autoridades de que habla la fracción III del artículo 2474, y el mencionado aviso producirá los mismos efectos que el dado por el notario.

Art. 2486. La inscripción definitiva de un derecho que haya sido anotado preventivamente, surtirá sus efectos desde la fecha de dicha anotación preventiva.

De quiénes pueden pedir el registro y de la calificación registral

Art. 2487. La inscripción o anotación de los títulos en el registro puede pedirse por todo el que tenga interés legítimo en el derecho que se va a inscribir o a anotar; o por el notario que haya autorizado la escritura de que se trate.

Hecho el registro, serán devueltos los documentos al que los presentó, con nota de quedar registrados en tal fecha y bajo tal número.

Art. 2488. Para inscribir o anotar cualquier título, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgó aquél o de la que vaya a resultar perjudicada por la inscripción a no ser que se trate de una inscripción de inmatriculación.

Art. 2489. Inscrito o anotado un título, no podrá inscribirse o anotarse otro de igual o anterior fecha que refiriéndose al mismo mueble o derecho real, se le oponga o sea incompatible.

Si sólo se hubiere extendido el asiento de presentación, tampoco podrá inscribirse o anotarse otro título de la clase antes expresada, mientras el asiento esté vigente.

Art. 2490. Los registradores calificarán bajo su responsabilidad los documentos que se presenten para extensión de alguna inscripción o anotación, la que suspenderán o denegarán en los casos siguientes:

I. Cuando el título presentado no sea de los que deben inscribirse o anotarse;

II. Cuando el documento no revista las formas extrínsecas que establezca la Ley;

III. Cuando los funcionarios ante quienes se haya otorgado o ratificado el documento, no hayan hecho constar la capacidad de los otorgantes, sea notoria la incapacidad de los mismos o la falta de representación del que a nombre de otro celebra el acto jurídico consignado en el documento;

IV. Cuando el contenido del documento sea notoriamente contrario a las leyes prohibitivas o de interés público;

V. Cuando el negocio jurídico de que se trate carezca de validez;

VI. Cuando haya incompatibilidad entre el texto del documento y los asientos del registro;

VII. Cuando se trate de resoluciones judiciales que provengan de juez notoriamente incompetente;

VIII. Cuando no se individualicen los bienes del deudor sobre los que se constituya un derecho real o cuando no se fije la cantidad máxima que garantice un gravamen en el caso de obligaciones de monto indeterminado;

IX. Cuando falte algún otro requisito que deba llenar el documento de acuerdo con este Código y otras leyes aplicables.

Art. 2491. La calificación hecha por el registrador podrá reclamarse ante el director del Registro Público.

Si éste confirma la calificación, el perjudicado por ella podrá reclamarla en juicio.

Si la autoridad judicial ordena que se registre el título rechazado, la inscripción surtirá sus efectos, desde que por primera vez se presentó el título, si se hubiese hecho la anotación preventiva a que se refiere la fracción V del artículo 2511.

De la rectificación de asientos

Art. 2492. La rectificación de los asientos por causa de error material o de concepto, sólo procede cuando existe discrepancia entre el título y la inscripción.

Art. 2493. Se entenderá que se comete error material cuando sin intención conocida se inscriban unas palabras por otras, se omita la expresión de alguna circunstancia o se equivoquen los nombres propios o las cantidades al copiarlas del título, sin cambiar por eso el sentido general de la inscripción ni el de ninguno de los conceptos.

Art. 2494. Se entenderá que se comete error de concepto cuando al expresar en la inscripción alguno de los contenidos del título, se altere o varíe su sentido porque el registrador se hubiere formado un criterio equivocado del mismo, por una errónea calificación del contrato o del acto en él consignado o por cualquiera otra circunstancia.

Art. 2495. Cuando se trate de errores de concepto los asientos practicados en los libros del registro sólo podrán rectificarse con consentimiento de todos los interesados en el asiento.

A falta de consentimiento unánime de los interesados, la rectificación sólo podrá efectuarse por resolución judicial. En caso de que el registrador se oponga a la rectificación, se observará lo dispuesto en el artículo 2490.

En el caso previsto por el artículo 2480 el que solicite la rectificación deberá acompañar a la solicitud que presente al registro, los documentos con los que pruebe el régimen matrimonial.

En ningún caso la rectificación perjudicará los derechos adquiridos por tercero a título oneroso y de buena fe durante la vigencia del asiento que se declare inexacto.

Art. 2496. El concepto rectificado surtirá efectos desde la fecha de la rectificación.

De la extinción de asientos

Art. 2497. Las inscripciones no se extinguen en cuanto a tercero sino por su cancelación o por registro de la trasmisión de dominio o derecho real inscrito, a otra persona.

Art. 2498. Las anotaciones preventivas se extinguen por cancelación, caducidad o por su conversión en inscripción.

Art. 2499. Las inscripciones y anotaciones pueden cancelarse por consentimiento de las personas a cuyo favor estén hechas o por orden judicial. Podrán no obstante ser canceladas a petición de parte sin dichos requisitos cuando el derecho inscrito o anotado quede extinguido por disposición de la Ley, o por causas que resulten del título en cuya virtud se extendió la inscripción o anotación debida a hechos que no requieren la intervención de la voluntad.

Art. 2500. Para que el asiento pueda cancelarse por consentimiento de las partes, éste deberá constar en escritura pública.

Art. 2501. La cancelación de las inscripciones y anotaciones preventivas podrán ser total o parcial.

Art. 2502. Podrá pedirse y deberá ordenarse, en su caso, la cancelación total:

I. Cuando se extinga por completo el inmueble objeto de inscripción;

II. Cuando se extinga también por completo el derecho inscrito o anotado;

III. Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho la inscripción o anotación;

IV. Cuando se declare la nulidad del asiento;

V. Cuando sea vendido judicialmente el inmueble que reporta el gravamen en el caso previsto en el artículo 2497;

VI. Cuando tratándose de cédula hipotecaria o de embargo, hayan trascurrido dos años desde la fecha del asiento, sin que el interesado haya promovido en el juicio correspondiente.

Art. 2503. Podrá pedirse y deberá decretarse, en su caso, la cancelación parcial:

I. Cuando se reduzca el inmueble objeto de la inscripción o anotación preventiva; y

II. Cuando se reduzca el derecho inscrito o anotado.

Art. 2504. Las anotaciones preventivas, cualquiera que sea su origen, caducarán a los tres años de su fecha, salvo aquellas a las que se les fije un plazo de caducidad más breve. No obstante, a petición de parte o por mandato de las autoridades que las decretaron podrán prorrogarse una o más veces por dos años cada vez, siempre que la prórroga sea anotada antes de que caduque el asiento.

La caducidad produce la extinción del asiento respectivo por el simple trascurso del tiempo, pero cualquier interesado podrá solicitar en este caso que se registre la cancelación de dicho asiento.

Art. 2505. Cancelado un asiento, se presume extinguido el derecho a que dicho asiento se refiere.

Art. 2506. Los padres como administradores de los bienes de sus hijos, los tutores de menores incapacitados y cualesquiera otros administradores, aunque habilitados para recibir pagos y dar recibos, sólo pueden consentir la cancelación del registro hecho en favor de sus representados, en el caso de pago o sentencia judicial.

Art. 2507. La cancelación de las inscripciones de hipotecas constituidas en garantía de títulos trasmisibles por endoso, pueden hacerse:

I. Presentándose la escritura otorgada por los que hayan cobrado los créditos, en el cual debe constar haberse inutilizado en el acto de su otorgamiento, los títulos endosables; y

II. Por ofrecimiento de pago y consignación del importe de los títulos, tramitados y resueltos de acuerdo con las disposiciones legales relativas.

Art. 2508. Las inscripciones de hipoteca constituida con objeto de garantizar títulos al portador, se cancelarán totalmente si se hiciere constar por acta notarial estar recogida y en poder del deudor la emisión de títulos debidamente inutilizados.

Procederá también la cancelación total si se presentasen por lo menos, las tres cuartas partes de los títulos al portador emitidos y se asegurase el pago de los restantes, consignándose su importe y el de los intereses que procedan.

La cancelación, en este caso, deberá acordarse por sentencia, previos los trámites fijados en el Código de Procedimientos Civiles.

Art. 2509. Podrán cancelarse parcialmente las inscripciones hipotecarias de que se trata, presentando acta notarial que acredite estar recogidos y en poder del deudor, debidamente inutilizados, títulos por un valor equivalente, al importe de la hipoteca parcial que se trate de extinguir, siempre que dichos títulos asciendan, por lo menos, a la décima parte del total de la emisión.

Art. 2510. Podrá también cancelarse total o parcialmente la hipoteca que garantice tanto títulos nominativos como al portador, por consentimiento del representante común de los tenedores de los títulos, siempre que esté autorizado para ello y declare bajo su responsabilidad que ha recibido el importe por el que cancela.

Capítulo III
Del registro de la propiedad inmueble

De los títulos inscribibles y de los anotables

Art. 2511. En el registro de la propiedad inmueble se inscribirán:

I. Los títulos por los cuales se cree, declare, reconozca, adquiera, trasmita, modifique, conserve, limite, grave o extinga el dominio, la posesión originaria o los demás derechos reales sobre inmuebles;

II. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, por un periodo mayor de seis años y aquellos en que haya anticipos de rentas por más de tres años;

III. Las fundaciones de beneficencia privada, cuando se afecten bienes inmuebles a los fines de la fundación;

IV. Las resoluciones judiciales o de árbitros o arbitradores que produzcan algunos de los efectos mencionados en la fracción I;

V. Los testamentos por efecto de los cuales se deje la propiedad de bienes raíces o de derechos reales; haciéndose el registro después de la muerte del testador;

VI. En los casos de intestado, el auto declaratorio de los herederos legítimos y el nombramiento de albacea definitivo.

En los casos previstos en las dos fracciones anteriores se tomará razón del acta de defunción del autor de la herencia;

VII. Las resoluciones judiciales en que se declara un concurso o se admita una cesión de bienes;

VIII. El testimonio de las informaciones ad perpétuam promovidas y protocolizadas de acuerdo con lo que disponga el Código de Procedimientos Civiles;

IX. Los demás títulos que la Ley ordene expresamente;

X. La constitución del patrimonio de familia.

Art. 2512. Se anotarán preventivamente en el registro:

I. Las demandas relativas a la propiedad de bienes inmuebles o a la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real sobre aquéllos;

II. El mandamiento y el acta de embargo que se haya hecho efectivo en bienes inmuebles del deudor;

III. Las demandas promovidas para exigir el cumplimiento de contratos preparatorios o para dar forma legal al acto o contrato concertado, cuando tenga por objeto inmuebles o derechos reales sobre los mismos;

IV. Las providencias judiciales que ordenen el secuestro o prohíban la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales;

V. Los títulos presentados al Registro y cuya inscripción haya sido denegada o suspendida, por el registrador;

VI. Las fianzas legales o judiciales establecidas en este Código;

VII. Las declaraciones de expropiación o de ocupación temporal de bienes inmuebles por razones de orden público;

VIII. Las resoluciones judiciales en materia de amparo que ordenen la suspensión provisional o definitiva de actos de autoridad de cualquier tipo que afecten o pudieren afectar bienes o derechos inscritos en el Registro; y

IX. Cualquier otro título que sea anotable de acuerdo con este Código u otras leyes.

De los efectos de las anotaciones

Art. 2513. La anotación preventiva perjudicará a cualquier adquirente de la finca o derecho real a que se refiere la anotación, cuya adquisición sea posterior a la fecha de aquélla, y en su caso, dará preferencia para el cobro del crédito sobre cualquier otro de fecha posterior a la anotación.

En los casos de las fracciones IV y VIII del artículo anterior, podrá producirse el cierre del registro en los términos de la resolución correspondiente.

En el caso de la fracción VI la anotación no producirá otro efecto que el fijado por el artículo 2312.

En el caso de la fracción VII, la anotación servirá únicamente para que conste la afectación en el registro del inmueble sobre el que hubiere recaído la declaración; pero bastará la publicación del decreto relativo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado para que queden sujetos a las resultas del mismo, tanto el propietario poseedor, como los terceros que intervengan en cualquier acto o contrato posterior a dicha publicación respecto del inmueble afectado.

La inscripción definitiva se efectuará cuando concluya el procedimiento expropiatorio de acuerdo con las disposiciones de la Ley de la materia.

Art. 2514. Salvo los casos en que la anotación cierre el registro, los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán enajenarse y gravarse, pero sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación.

De la inmatriculación

Art. 2515. La inmatriculación se verificará:

I. Mediante información de dominio;

II. Mediante información posesoria;

III. Mediante resolución judicial que la ordene y que se haya dictado como consecuencia de la presentación de titulación fehaciente que abarque sin interrupción un periodo por lo menos de cinco años;

IV. Mediante la inscripción del decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado que convierta en bien de dominio privado un inmueble que no tenga tal carácter, o del título o títulos que se expidan con fundamento en aquel decreto;

V. Mediante la inscripción del contrato privado de compraventa autenticado en los términos del artículo 2474, fracción III, acompañado de la certificación de no inscripción de la finca y de un plano de la misma.

Art. 2516. El que haya poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas para prescribirlos y no tenga documento de propiedad o teniéndolo no sea inscribible por defectuoso, si no está en el caso de deducir la acción de prescripción positiva, por no estar inscrita en el Registro Público de la Propiedad del lugar de ubicación de los bienes a favor de persona alguna, podrá demostrar ante juez competente, que ha tenido esa posesión, rindiendo la información testimonial respectiva, suficiente para comprobar la causa generadora de la posesión, conforme lo establece el Código de Procedimientos Civiles.

La información se recibirá con citación del Ministerio Público, al cual se la notificará del auto inicial del procedimiento; de la autoridad municipal; del respectivo registrador de la propiedad; de los colindantes y de las personas a cuyo nombre se expidan las boletas del impuesto predial. Los testigos deberán ser cuando menos tres, de notorio arraigo en el lugar de la ubicación de los bienes a que la información se refiere. Cualquiera de las personas indicadas podrá oponerse, con pruebas idóneas al trámite del procedimiento.

A la información se le acompañarán los siguientes documentos:

I. Certificado del Registro Público que demuestre que los bienes no están inscritos;

II. Certificados del estado actual del inmueble en los registros fiscales de las oficinas rentísticas del Estado;

III. Dictamen de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, declarando procedente la solicitud en lo que a ésta le corresponda;

IV. Un plano de la ubicación y localización del bien expedido y aprobado por las autoridades catastrales estatales y municipales;

V. Opinión del H. Ayuntamiento Municipal de la ubicación del inmueble; y

VI. Si se trata de predios rústicos, se acompañarán además, certificados del Registro Agrario Nacional y de la Dirección de Fraccionamientos Rurales del Gobierno del Estado, en las que se acredite que él o los inmuebles no se encuentran sujetos a las leyes correspondientes.

El dictamen y certificados a que se refieren las fracciones III y IV, los solicitará directamente al Juez que conozca del asunto y las autoridades involucradas lo expedirán en un término no mayor 30 días naturales contados a partir del día siguiente en que conste que fue recibido el oficio de solicitud. Transcurrido el término sin que se haya expedido, se tendrá por contestado en sentido negativo.

El juez o secretario de acuerdos correspondiente, deberán practicar antes de recibir la información testimonial, inspección de los inmuebles de que se trate citando posteriormente a los colindantes.

Una vez debidamente comprobada la posesión, el juez declarará que el poseedor se ha convertido en propietario, en virtud de la prescripción, y tal declaración se tendrá como título de propiedad y será inscrita en el Registro Público de la Propiedad.

Art. 2517. El que tenga una posesión apta para prescribir, de bienes inmuebles no inscritos en el Registro en favor de persona alguna, aun antes de que transcurra el tiempo necesario para prescribir, puede registrar su posesión mediante resolución judicial que dicte el juez competente ante quien la acredite del modo que fije el Código de Procedimientos Civiles.

A la solicitud acompañará los documentos que se mencionan en el artículo anterior.

Las declaraciones de los testigos versarán sobre el hecho de la posesión, sobre los requisitos que deben tener para servir de base a la prescripción adquisitiva y sobre el origen de la posesión.

El efecto de la inscripción será tener la posesión inscrita como apta para producir la prescripción al concluir el plazo de cinco años contados desde la misma inscripción.

Las inscripciones de posesión expresarán las circunstancias exigidas para las inscripciones en general y además las siguientes: los nombres de los testigos que hayan declarado, el resultado de las declaraciones y la resolución judicial que ordene la inscripción.

Art. 2517 bis. Cuando se trate de bienes inmuebles destinados a la prestación de servicios públicos, así como a la infraestructura de los Entes Públicos estatales o municipales no inscritos en el registro en favor de persona alguna, no será necesario registrar la posesión como apta para producir la prescripción.

Art. 2518. Cualquiera que se crea con derecho a los bienes cuya inscripción se solicita mediante información de dominio o de posesión, podrá alegarlo ante la autoridad judicial competente.

La presentación del escrito de oposición en la forma que establece el Código de Procedimientos Civiles, suspenderá el curso del expediente de información; si éste estuviere ya concluido y aprobado, deberá el juez poner la demanda en conocimiento del registrador para que suspenda la inscripción, y si ya estuviere hecha, para que anote dicha demanda.

Si el opositor deja transcurrir seis meses sin promover en el procedimiento de oposición, quedará éste sin efecto, haciéndose en su caso la cancelación que proceda.

Art. 2519. Transcurridos cinco años desde la inscripción de posesión, sin que en el Registro aparezca algún asiento que contradiga la posesión inscrita, tiene derecho el poseedor, comprobando este hecho mediante la presentación del certificado respectivo, a que el juez competente declare que se ha convertido en propietario en virtud de la prescripción y ordene se haga en el Registro la inscripción de dominio correspondiente.

Art. 2520. No podrán inscribirse mediante información posesoria, las servidumbres continuas no aparentes, ni las discontinuas, sean o no aparentes ni tampoco el derecho hipotecario.

Art. 2521. El que tenga títulos fehacientes que abarquen cuando menos un periodo ininterrumpido de cinco años inmediatamente anteriores a su promoción podrá inmatricular su predio mediante resolución judicial siempre y cuando se satisfagan los siguientes requisitos:

I. Que acompañe a su promoción, además de la titulación:

a) Un certificado del Registro Público de la Propiedad que acredite que el bien de que se trata no está inscrito a favor de persona alguna;

b) Las boletas que comprueben que el predio está al corriente en el pago del impuesto predial;

c) Un informe de las oficinas rentísticas del Estado en que conste el nombre de la persona que tiene registrado en el padrón correspondiente el predio;

II. Que en tal promoción manifieste bajo protesta de decir verdad, si está poseyendo el predio o el nombre del poseedor en su caso;

III. Que se dé cumplimiento a lo dispuesto a este respecto en el Código adjetivo de la materia;

IV. Que trascurra un plazo de treinta días a partir de la última publicación sin que haya oposición ordinaria, pero sólo podrá tomarse en cuenta si se funda en la posesión o en titulación fehaciente del mismo inmueble, y, para su tramitación se observará lo dispuesto en los dos últimos párrafos del artículo 2517.

Del modo de llevar el registro

Art. 2522. El reglamento establecerá el sistema conforme al cual deban llevarse los libros de registro y extenderse los asientos.

La inscripción de cada finca será de dominio o de posesión.

Art. 2523. Los asientos de presentación expresarán:

I. La especie de título presentado, su fecha, número si lo tuviere, y autoridad o notario que lo autorice o legalice;

II. La fecha y hora de su presentación;

III. La naturaleza del hecho o negocio jurídico;

IV. Los bienes o derechos objeto del título presentado; y

V. Los nombres y apellidos de los interesados.

Art. 2524. Los asientos de inscripción deberán expresar las circunstancias siguientes:

I. La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción o a los cuales afecte el derecho que deba inscribirse; su medida superficial, nombre y número si constare en el título, así como las referencias al registro anterior;

II. La naturaleza, extensión y condiciones del derecho de que se trata;

III. El valor de los bienes o derechos a que se refieren las fracciones anteriores, cuando conforme a la Ley deba expresarse en el título;

IV. Tratándose de hipotecas, la obligación garantizada; la fecha en que podrá exigirse su cumplimiento; el importe de ella o la cantidad máxima asegurada, cuando se trate de obligaciones de monto indeterminado; los réditos que se causaren y la fecha desde que deban correr;

V. Los nombres de las personas físicas o morales a cuyo favor se haga la inscripción y de aquellos de quienes procedan inmediatamente los bienes. Cuando el título exprese nacionalidad, lugar de origen, edad, estado civil, ocupación y domicilio de los interesados, se hará mención de esos datos en la inscripción;

VI. La naturaleza del hecho o negocio jurídico; y

VII. La fecha del título, número, si lo tuviere, y el funcionario que lo haya autorizado.

Art. 2525. Las anotaciones preventivas contendrán las circunstancias que expresa el artículo anterior en cuanto resulten de los documentos presentados, y, por lo menos la finca o derecho anotado, la persona a quien favorezca la anotación y la fecha de ésta.

Las que deben su origen a embargo o secuestro, expropiación u ocupación de bienes inmuebles por razones de orden público, mencionarán la fecha del decreto respectivo, la de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno, y el fin de utilidad pública que sirva de causa a la declaración.

Art. 2526. Los asientos de cancelación de una inscripción o anotación preventiva, expresarán:

I. La clase, número, si lo tuviere, y la fecha del documento en cuya virtud se cancele, el nombre del funcionario que lo autorice;

II. La causa por la que se hace la cancelación;

III. El nombre y apellidos de las personas a cuya instancia o con cuyo consentimiento se verifique la cancelación;

IV. La expresión de quedar cancelado total o parcialmente el asiento de que se trata;

V. Cuando se trate de cancelación parcial, la parte que se segregue o que haya desaparecido del inmueble, o la que se reduzca del derecho y la que subsista.

Art. 2527. Las notas marginales deberán contener las indicaciones necesarias para relacionar entre sí las fincas o asientos a que se refieren y, en su caso, el hecho que se trate de acreditar, y el documento en cuya virtud se extienda.

Art. 2528. Los requisitos que según los artículos anteriores deben contener los asientos, podrán omitirse cuando ya consten en otro del registro de la finca haciéndose sólo referencia al asiento que los contenga.

Art. 2529. Todos los asientos de la clase que fuere, deberán ir firmados por el registrador y expresar la fecha en que se extiendan, así como el día y la hora, y el número del asiento de presentación.

Art. 2530. Los asientos del registro no surtirán efecto mientras no estén firmados por el registrador o funcionario que lo substituya; pero la firma de aquéllos puede exigirse por quien tenga el título con la certificación de haber sido registrado.

Los asientos podrán anularse por resolución judicial con audiencia de los interesados, cuando substancialmente se hubieren alterado dichos asientos, así como en el caso de que hayan cambiado los datos esenciales relativos a la finca de que se trata, o a los derechos inscritos o al titular de éstos, sin perjuicio de lo establecido respecto de la rectificación de asientos.

Art. 2531. La nulidad de los asientos de que se trata en el artículo anterior no perjudicará el derecho anteriormente adquirido por un tercero protegido con arreglo al artículo 2478.

Capítulo IV
Del registro de operaciones sobre muebles

Art. 2532. Se inscribirán en el Registro de operaciones, sobre bienes muebles:

I. Los contratos de compraventa de bienes muebles sujetos a condición resolutoria a que se refiere este Código;

II. Los contratos de compraventa de bienes muebles por los cuales el vendedor se reserva la propiedad de los mismos;

III. Los contratos de prenda cuyo registro exige este cuerpo de leyes.

Art. 2533. Toda inscripción que se haga en este Registro deberá expresar las circunstancias siguientes:

I. Los nombres y domicilios de los contratantes;

II. La naturaleza del mueble con las circunstancias, o señales que sirvan para identificarlo de manera indubitable;

III. La naturaleza del negocio jurídico que origine la operación sobre el mueble y la característica esencial que lo tipifique;

IV. El precio y la forma de pago estipulados en el contrato, y en su caso, el importe del crédito garantizado con la prenda; y

V. La fecha en que se extienda y la firma del registrador.

Capítulo V
Del registro de personas jurídicas colectivas

Art. 2534. En el registro de las personas jurídicas colectivas se inscribirán:

I. Los instrumentos por los que se constituyan, reformen o disuelvan las sociedades y asociaciones civiles y sus estatutos.

II. Los instrumentos que contenga la protocolización de los estatutos de asociaciones y sociedades extranjeras de carácter civil, y de sus reformas, cuando se haya comprobado por el registrador que existe la autorización correspondiente;

III. Las fundaciones de beneficencia privada.

Art. 2535. Las inscripciones referentes a la constitución de personas morales, deberán contener las circunstancias siguientes:

I. El nombre de los otorgantes;

II. La razón social o denominación;

III. El objeto, duración y domicilio;

IV. El capital social, si lo hubiere, y la aportación con que cada socio debe contribuir;

V. La manera de distribuir las utilidades y pérdidas en su caso;

VI. El nombre de los administradores y las facultades que se les otorguen;

VII. El carácter de los socios y su responsabilidad ilimitada cuando la tuvieren; y

VIII. La fecha y la firma del registrador.

Art. 2536. Las demás inscripciones que se extiendan en el Registro de las personas morales, expresarán los datos esenciales del acto o contrato, según resulten del título respectivo.

Art. 2537. Las inscripciones que se extiendan en los registros de operaciones sobre bienes muebles y de personas jurídicas colectivas no producirán más efectos que los que expresamente señala este Código, y le serán aplicables a estos registros las disposiciones relativas al de bienes inmuebles, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los actos o contratos materia del presente capítulo y con los efectos que las inscripciones producen.

Artículos transitorios

Artículo primero. Este Código entrará en vigor sesenta días después de su publicación en el Periódico Oficial.

Art. 2º Sus disposiciones regirán los efectos jurídicos de los actos anteriores a su vigencia, si con su aplicación no se violan derechos adquiridos.

Art. 3º La capacidad jurídica de las personas se regirá por lo dispuesto en este Código, aun cuando modifique o quite la que antes gozaban; pero los actos consumados por personas capaces quedan firmes, aun cuando se vuelvan incapaces conforme a la presente Ley.

Art. 4º Las disposiciones de este Código se aplicarán a los plazos que estén corriendo para prescribir o cualquiera otro acto jurídico, pero el tiempo trascurrido se computará aumentándolo o disminuyéndolo en la misma proporción en que se haya aumentado o disminuido el nuevo término fijado por la presente Ley.

Art. 5º Queda abrogado el Código Civil promulgado por el Ejecutivo del Estado a los quince días del mes de febrero de 1965, publicado como suplemento al Periódico Oficial del Estado, número 18 de fecha 2 de marzo de 1966, y se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente ordenamiento.

Comuníquese al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación.

Dado en la sala de sesiones de la H. Quincuagésimo primera Legislatura del Estado a los catorce días, del mes de mayo de mil novecientos ochenta y seis. Diputado presidente. Profr. Leobardo Martínez Gallegos.- Diputado secretario. Martha Veyna de García.- Diputado secretario. Felipe de Jesús Ortiz Herrera. (Rúbricas.)

Y para que llegue al conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, mando se imprima, publique y circule.

Dado en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado a los diecinueve días del mes de mayo de mil novecientos ochenta y seis.

El Gobernador Constitucional del Estado
Lic. José Guadalupe Cervantes Corona

El Secretario de Gobierno
Lic. Roberto Almanza Félix

FICHA TÉCNICA

GENERAL

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
242 42 17-May-86 16-Jul-86 LI

REFORMAS

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
298 74 14-Sep-88 15-Sep-88 LII
153 35 1-May-91 2-May-91 LIII

El libro cuarto, título segundo no contiene el capítulo primero. El libro quinto, primera parte contiene dos títulos primero. El libro quinto, segunda parte, título décimo sexto, no contiene el capítulo primero

 

103 94 23-Nov-94 23-Nov-94 LIV
146 45 7-Jun-95 8-Jun-95 LIV
82 74 14-sep-96 15-sep-96 LV
259 32 22-abril-01 22-abril-01 LVI

Se reforma el artículo 128. Se reforman el primero y el segundo párrafos; al tercer párrafo se le reforman las fracciones I y II; se adiciona un nuevo contenido a la fracción III, recorriéndose en su orden las siguientes fracciones que en adelante llagarán a la fracción VI; se adicionan las fracciones IV y V y se reforman la fracción VI y los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 2516

 

295 53 04-julio-01 05-julio-01 LVI

Se reforma y adiciona el último párrafo del artículo 1670

 

369 101 19-diciembre-2009 19-diciembre-2009 LIX

Se reforma el artículo 1620

 

605 40 18-mayo-2013 19-mayo-2013 LX

Se reforma el artículo 1670

 

149 54 05-julio-2014 06-julio-2014 LXI

Se adicionan los párrafos primero, segundo y tercero, recorriéndose los demás en su orden, se reforman los párrafos cuarto, quinto y sexto.

 

220 97 03-diciembre-2014 04-diciembre-2014 LXI

Se reforma el párrafo segundo del artículo 1670.

 

304 105 31-diciembre-2014 01-enero-2015 LXI

Se reforma el artículo 1751.

 

656 25 29-marzo-2017 13-abril-2017 LXII

Se reforma la fracción I del artículo 782 y se reforman los artículos 791, 798 y 799.

 

191 73 13-septiembre-2017 14-septiembre-2017 LXII

Se adiciona un segundo párrafo al artículo 1938.

 

217 15 21-febrero-2018 22-febrero-2018 LXII

Se adicionan un segundo y tercer párrafos al artículo 87; se reforma el párrafo segundo del artículo 1670; se reforma la fracción III del artículo 2516 y se adiciona el artículo 2517 bis.

Último cotejo de vigencia: mayo de 2018.