CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS

Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas, a sus habitantes hago saber:

Que los Diputados Secretarios de la Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, se han servido dirigirme el siguiente:

Decreto n° 108

La Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en nombre del pueblo, decreta

Resultando primero. En sesión del Pleno del 6 de diciembre de 2016, el L.C. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 60 fracción II y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 46 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 95 fracción II, 96, 97 fracción II y 98 de su Reglamento, envía a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular para ser sometido a su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, Iniciativa de Decreto por el que se crea el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios y se abrogan el Código Fiscal del Estado de Zacatecas y el Código Fiscal Municipal del Estado de Zacatecas, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el 29 de diciembre de 1984.

Resultando segundo. Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante memorándum número 0242 de la misma fecha, la Iniciativa fue turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y la emisión del dictamen correspondiente.

Resultando tercero. El proponente justificó su Iniciativa, bajo la siguiente:

Exposición de motivos

Ante lo antiguo que se observa el Código Fiscal del Estado de Zacatecas, el cual se promulgó en 1984 y reformado en seis ocasiones, mismas que en su momento fueron relevantes en cuanto a su contenido y aspecto sustantivo, lo cierto es que en la actualidad presenta en su estructura y contenido, diversas normas que han sido rebasadas en cuanto a su aplicación con relación a su similar en materia federal, así como la carencia de reglamentación sobre los derechos de los contribuyentes y facultades de las autoridades fiscales, por lo que ha resultado imperativo llevar a cabo la creación de un nuevo instrumento jurídico, que permita atender lo descrito así como la incorporación sobre el uso de las nuevas tecnologías, como son los medios electrónicos.

Derivado de lo anterior, el objetivo de las estrategias y procesos planteados como política firme de este Gobierno, es el de lograr una recaudación que fortalezca el desarrollo sustentable de la Entidad además de una eficiente prestación de servicios públicos, sin que se deje de lado el que se garantice a los ciudadanos certeza legal de los procedimientos instaurados en materia fiscal.

En este sentido el ordenamiento propuesto en su modernización, contiene lineamientos que permiten otorgar mayor seguridad jurídica y un trato más justo en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, adecuándose a la realidad e implementación de las tecnologías de la información y los medios electrónicos, adecuando el marco normativo del cumplimiento de obligaciones y ejercicio de facultades de las autoridades que faciliten los procedimientos y se haga efectivo el poder recaudatorio del Estado y de los municipios.

Bajo este contexto, las propuestas de reformas vertidas, tienen el fin preciso y determinado de actualizar la normatividad en materia fiscal, logrando con ello su concordancia con las situaciones presentes. Por lo que se propone a esa H. Legislatura la integración de los nuevos elementos que no se encuentran previstos por el ordenamiento legal vigente, como son los siguientes:

-Los derechos humanos de los contribuyentes.

-La posibilidad de que las autoridades fiscales efectúen notificaciones de sus actos administrativos por medio de los estrados.

-Las autoridades fiscales efectúen revisiones en sus propias oficinas, conocidas como auditorías de gabinete.

-La realización de visitas de inspección y verificación por parte de las autoridades fiscales.

-Los medios electrónicos como instrumentos para cumplir obligaciones de los contribuyentes y el ejercicio de facultades de las autoridades fiscales del Estado y de los municipios.

Por otra parte, resulta necesario integrar a través de este nuevo instrumento jurídico, lo relativo al ámbito municipal, con el objetivo de subsanar antinomias, duplicidad de reglamentación, vacíos y otros aspectos que impiden un adecuado funcionamiento del ordenamiento fiscal en cuanto a las facultades de las autoridades fiscales municipales.

El plantear un solo Código Fiscal para el Estado y los Municipios, fortalecerá la seguridad jurídica de los contribuyentes, ampliará las facultades de las autoridades fiscales, que se traducirán en un documento jurídico moderno y acorde a la exigencia del derecho positivo mexicano.

En razón de lo anterior, se propone la estructura del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la cual considera 323 artículos, divididos en 5 Títulos y 11 artículos transitorios, que para efectos de mostrar la trascendencia del mismo, se presenta el comparativo con el Código Fiscal que se propone abrogar:

CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE ZACATECAS VIGENTE CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE ZACATECAS PROPUESTA

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Capítulo único

TÍTULO SEGUNDO

De las autoridades fiscales y sus atribuciones

Capítulo I

De las autoridades fiscales

Capítulo II

Atribuciones de las autoridades fiscales

TÍTULO TERCERO

De la obligación tributaria

Capítulo I

De los sujetos

Capítulo II

Del domicilio

Capítulo III

De los derechos y obligaciones

Capítulo IV

Nacimiento y extinción de los créditos fiscales

TÍTULO CUARTO

De las notificaciones

Capítulo único

TÍTULO QUINTO

Delitos fiscales

Capítulo I

Disposiciones generales

Capítulo II

Abuso de autoridad en materia fiscal

Capítulo III

Falsificación

Capítulo IV

Uso indebido de documentos y sellos oficiales y uso de documentos y sellos falsos

Capítulo V

Violación de sellos o marcas fiscales Resistencia

Capítulo VI

Comercio clandestino

Capítulo VIII

Defraudación

TÍTULO SEXTO

Del procedimiento administrativo de ejecución

Capítulo I

Requerimiento de pago

Capítulo II

Del embargo

Capítulo III

Del avalúo

Capítulo IV

Del remate

Capítulo V

De la adjudicación

Capítulo VI

De las tercerías

TÍTULO SEXTO

Sic de los recursos

Capítulo I

Del recurso administrativo de revocación

Capítulo II

Del recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución

Capítulo III

Del recurso de nulidad de notificaciones

Capítulo IV

De la revisión

Transitorios

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales

Capítulo I

Generalidades

Capítulo II

De los medios de pago de las contribuciones

Capítulo III

De los medios electrónicos

TÍTULO SEGUNDO

De los derechos y obligaciones de los contribuyentes

Capítulo I

De los derechos del contribuyente

Capítulo II

De las obligaciones

Sección primera

De la representación de los particulares y de las promociones e instancias

Sección segunda

De la presentación de declaraciones y avisos ante las autoridades fiscales

Sección tercera

De la inscripción y avisos al registro estatal y municipal de contribuyentes

Sección cuarta

De las devoluciones y compensaciones

Sección quinta

De la contabilidad

Sección sexta

De la obligación de expedir comprobantes fiscales y sus requisitos

Sección séptima

De la responsabilidad solidaria

TÍTULO TERCERO

De las facultades de las autoridades fiscales

Capítulo I

Generalidades

Capítulo II

De los procedimientos para la comprobación del cumplimiento de sujetos las obligaciones fiscales

Sección primera

De la visita domiciliaria

Sección segunda

De la revisión en las oficinas de las autoridades

Sección tercera

De las visitas de inspección

Sección cuarta

De los procedimientos para la determinación presuntiva de la base gravable y de los ingresos presuntos

Sección quinta

De los demás procedimientos

 TÍTULO CUARTO

De las infracciones y delitos fiscales

 Capítulo I

De las infracciones

Capítulo II

De los delitos fiscales

TÍTULO QUINTO

De los procedimientos administrativos

Capítulo I

Generalidades

Capítulo II

Del recurso administrativo

Sección primera

Del recurso de revocación

Sección tercera

Del trámite y resolución del recurso

Capítulo III

De las notificaciones y la garantía del interés fiscal

Capítulo IV

Del procedimiento administrativo de ejecución

Sección primera

Disposiciones generales

Sección segunda

Del embargo precautorio

Sección tercera

Requerimiento de pago y embargo

Sección cuarta

De la intervención

Sección cuarta

Del remate

Transitorios

Para efectos de un mejor proveer por parte de esta H. Soberanía, a continuación se describe la naturaleza de la propuesta del Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios, en cuanto su aspecto de contenido sustantivo y adjetivo.

Disposiciones generales

En este apartado, se amplían y reubican conceptos y procedimientos con la finalidad de que sean más entendibles tanto en su lectura como su ubicación a lo largo del cuerpo normativo.

Asimismo, se clasifican y se reubican los ingresos del Estado y de los municipios definiéndolos de acuerdo a su naturaleza; se conceptualizan impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, contribuciones de mejoras, para una mejor interpretación, ya que actualmente dichos conceptos se encuentran establecidos en diversos artículos.

Por otra parte, se incluyen como ordenamientos legales de carácter fiscal, la Ley de Catastro para el Estado de Zacatecas, el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, los Convenios de Colaboración Administrativa, la Ley Orgánica del Municipio, la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios; la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas.

De igual forma, se incluyen como autoridades fiscales a las unidades administrativas del Estado a través de la Secretaría de Finanzas; de los municipios a través de las tesorerías municipales o su equivalente; de los organismos operadores de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento y; del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, que conforme a sus leyes orgánicas o legislaciones aplicables les otorgan facultades para administrar, comprobar, fiscalizar, determinar y cobrar los ingresos y que ejercen facultades en materia fiscal establecidas en este mismo Ordenamiento y en las demás leyes fiscales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Para que el contribuyente tenga la certeza de que los créditos fiscales a su cargo no se eleven considerablemente con el transcurso del tiempo, se limita la causación de recargos hasta por un plazo de 5 años, contados a partir de que se presentó la declaración correspondiente o, cuando el contribuyente incurra en una infracción de carácter continuado.

Se propone un procedimiento al que tienen que sujetarse las autoridades fiscales, cuando los contribuyentes realicen el pago de los recargos en menor cantidad a los que se encuentra obligado a pagar y hacer efectivo el cobro de la diferencia, señalándose además que no existen excepciones para que los contribuyentes omitan realizar el pago de la actualización de las contribuciones o aprovechamientos.

Con la finalidad de darle certeza jurídica al contribuyente, se establecen los casos en que el crédito fiscal se extingue por prescripción y el plazo en que se da dicha extinción, así como los supuestos en que se interrumpe dicho plazo.

Se contemplan los casos en que los créditos fiscales podrán ser cancelados por incosteabilidad en su cobro, lo cual no se contempla en el Código vigente.

Se especifica que las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional y, se señala el procedimiento a seguirse cuando las obligaciones se generen en moneda extranjera.

En materia del domicilio fiscal, se precisa lo que debe entenderse como tal, y se propone que, en caso de que el contribuyente no señale domicilio o no pueda ser localizado en el que señaló, se considera domicilio fiscal el que hubiere manifestado a las entidades financieras.

Se otorga certeza respecto al cómputo de plazos cuando éstos sean establecidos en mes o meses, año o años, así como, del horario de las 7:00 a las 18:00 en el que las autoridades fiscales pueden ejercer sus facultades y los casos en que procede ampliarse dicho horario; además se agregó la precisión de que si un acto se inició en horas hábiles, éste se puede concluir en horario inhábil sin que se afecte su validez y, los actos que se pueden realizar en horas y días inhábiles, previa habilitación de tales horas y días.

Se propone que en ningún caso la Administración Pública Estatal o municipal contratará adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que tengan a su cargo créditos fiscales firmes o no, no se encuentren inscritos en el Registro Estatal del Contribuyente, o no presenten declaraciones.

De los medios de pago de las contribuciones

Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de pago de los contribuyentes, además de las oficinas recaudadoras se adicionan como lugares en los que se puede efectuar el pago de contribuciones, las instituciones de crédito, módulos fijos o itinerantes, medios electrónicos, kioscos de servicio y tiendas de conveniencia; así como los medios de pago que son aceptados en cada uno de esos lugares autorizados, y se proponen en los que se podrá efectuar el pago de las contribuciones municipales.

Se propone que las autoridades fiscales puedan aceptar la dación de bienes o servicios aprovechables para los fines del Estado como pago de créditos fiscales. Especificándose los casos que no se consideran aprovechables para dichos bienes. Se señala además los requisitos que deberán contener la solicitud del contribuyente y los documentos que deberá anexar a su solicitud, así como la obligación de las autoridades de emitir una resolución, ya sea aceptando o negando la solicitud del contribuyente.

Se somete a consideración de esta H. Legislatura, los requisitos que deben reunir los cheques con los que se paguen las contribuciones. Así mismo la indemnización del 20 por ciento del valor del cheque cuando este no pueda ser cobrado por causas imputables al girador.

Se señala como obligación para los contribuyentes que tengan que pagar impuestos, efectuar el pago a través de transferencia electrónica de fondos.

De los medios electrónicos

Se pone a consideración, que cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, estos deberán ser digitales y contener una firma electrónica avanzada del autor, dicha firma deberá contar con certificado expedido por la Secretaría de Finanzas y sustituirá la firma autógrafa del firmante surtiendo los mismos efectos.

Cuando los contribuyentes remitan documentos digitales a la Secretaría de Finanzas recibirán el acuse de recibo que contenga el sello digital.

Se considera los casos en que la Secretaría de Finanzas podrá proporcionar los servicios de certificación de firmas electrónicas avanzadas, así como los datos que deberán contener dichos certificados para ser considerados válidos, además los casos en que los certificados que emita la citada Secretaría quedarán sin efecto y, las obligaciones que tendrá el titular de un certificado emitido por la Secretaría de Finanzas.

Se propone el uso de un buzón tributario electrónico, con la finalidad de que por este medio la autoridad pueda realizar notificaciones de actos o resoluciones a través de documentos electrónicos. De igual forma, los contribuyentes podrán presentar promociones, solicitudes, avisos o darán cumplimiento a requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y realizar consultas sobre su situación fiscal.

De los derechos del contribuyente

Se amplían los derechos del contribuyente, a fin de garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de los contribuyentes y demás obligados por las leyes fiscales, y de que los ejerzan libremente, acatando las disposiciones del Código propuesto y demás leyes aplicables que se prevén para la realización de los procedimientos en la materia.

De la representación de los particulares y de las promociones e instancias

Referente a las obligaciones de los contribuyentes, se propone que para representar a otra persona ante las autoridades fiscales, puede hacerse a través de escritura pública o carta poder, así como los requisitos que deberán contener dichos documentos. Se señalan también los elementos que deben contener las promociones realizadas por los contribuyentes o sus representantes legales.

Asimismo, las consultas que realice el contribuyente a las autoridades fiscales, deberán resolverse por escrito mediante la emisión de resolución en los términos y plazos establecidos en esa sección. Se señala que las autoridades fiscales podrán dejar sin efecto o modificar las resoluciones administrativas de carácter general que hubieran emitido, sin afectar los derechos adquiridos por los particulares.

De la presentación de declaraciones y avisos ante las autoridades fiscales

Se considera la obligación de pagar mediante declaración las contribuciones y aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. Para realizar las declaraciones se proponen los formatos con los requisitos que deberán contener; además los contribuyentes podrán solicitar constancia de su situación fiscal.

De la inscripción y avisos ante el registro estatal y municipal de contribuyentes

Se contempla la obligación a las personas físicas, morales y unidades económicas de solicitar su inscripción en el registro estatal o municipal de contribuyentes. Así mismo se propone la forma en que deberán presentar los avisos ya sea de cambio de domicilio, cambio de denominación o razón social, cambio de representante legal, aumento o disminución de obligaciones, cancelación del registro por liquidación y apertura de establecimientos.

De las devoluciones y compensaciones

Se propone que las autoridades fiscales devolverán a los particulares las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales, previa solicitud del interesado, así como los requisitos que deberá cumplir dicha solicitud; de igual forma se señalan los intereses por las devoluciones realizadas fuera de plazo y los medios de pago de dichas devoluciones.

De la contabilidad

Se plantea la obligación de llevar contabilidad por las operaciones que realicen a quienes en los términos de las disposiciones de este Código y las demás leyes fiscales aplicables efectúen actividades por las que deban pagar contribuciones; así como la obligación de proporcionar dicha contabilidad a las autoridades fiscales cuando así les sea solicitada y el plazo durante el cual deberán conservarla.

De la obligación de expedir comprobantes fiscales y sus requisitos

Se propone la obligación a los contribuyentes que realicen operaciones dentro del Estado o de las que surtan sus efectos dentro del mismo, de expedir los comprobantes fiscales, así como los requisitos que deberán contener dichos comprobantes.

De la responsabilidad solidaria

Se establece quienes se consideran como responsables solidarios en materia fiscal a fin de preservar el derecho del erario estatal a percibir las cantidades que se hubieren generado a su favor por concepto de contribuciones y aprovechamientos, por lo que es importante establecer quienes se consideran responsables solidarios, los cuales tendrán la obligación del pago de dichas contribuciones y aprovechamientos que no sean pagadas por los sujetos pasivos de la obligación fiscal.

De las facultades de las autoridades fiscales

Las autoridades fiscales a efecto de proteger y salvaguardar los derechos de los contribuyentes, así como para preservar sus garantías y para el mejor cumplimiento de sus facultades, podrá proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes.

Así mismo, las autoridades fiscales podrán celebrar convenios de colaboración con las autoridades fiscales federales así como con otras entidades federativas y municipios.

El titular del Ejecutivo Estatal o el titular del Ejecutivo Municipal, mediante resoluciones de carácter general podrán eximir o condonar total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar el pago a plazos, así como a otorgar subsidios o estímulos fiscales.

En fortalecimiento de las haciendas públicas y en concordancia a otras propuestas de carácter hacendario, se propone a esta H. Soberanía Popular, que las autoridades fiscales para el ejercicio de sus funciones podrán solicitar la coordinación y la colaboración de otras autoridades estatales o municipales.

Los hechos que las autoridades fiscales conozcan con motivo de sus facultades de comprobación, que consten en expedientes, documentos o bases de datos que tengan en su poder o a la que tengan acceso, así como la proporcionada por otras autoridades podrán utilizarse como sustento de la motivación de las resoluciones que emitan.

Las autoridades fiscales podrán dictar reglas, esto sin contravenir las normas establecidas en las leyes fiscales para simplificar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.

Se propone la aplicación de medidas de apremio cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados se opongan, impidan u obstaculicen el inicio o desarrollo de las facultades de las autoridades fiscales, tales como, solicitar el auxilio de la fuerza pública, imponer la multa que corresponda, practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación, solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia o resistencia por parte del contribuyente a un mandato legítimo de autoridad.

En los casos en que las personas obligadas a presentar declaraciones por disposición de ley, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación del documento y/o imponer multa.

Cuando los contribuyentes dejen de presentar declaraciones, las autoridades fiscales pueden hacer efectivo el cobro de un importe igual al de cualquiera de las últimas seis declaraciones presentadas por el contribuyente.

Adicionalmente, se contempla que las autoridades fiscales podrán solicitar los datos, informes y documentos para efecto de la adecuada administración y control de las obligaciones de los contribuyentes, sin que se considere que se ejercen facultades de comprobación. De igual forma, podrán solicitar datos, informes y documentos adicionales para verificar la procedencia de las devoluciones de cantidades pagadas por el contribuyente como pago de lo indebido, sin ejercer dichas facultades.

Las autoridades fiscales podrán ejercer sus facultades a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios y los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y demás leyes fiscales, mediante la rectificación de errores de las declaraciones, práctica de visitas domiciliarias, revisiones en las oficinas de la autoridad, inspecciones y recabar informes de funcionarios públicos y fedatarios.

Las autoridades fiscales tienen la facultad de inscribir en el registro estatal o municipal de contribuyentes a personas que no se encuentren inscritas y que realicen actividades gravadas.

Las autoridades fiscales pueden determinar presuntivamente la base gravable de las contribuciones, cuando los contribuyentes se opongan al inicio o desarrollo de las facultades de comprobación, cuando no presenten documentación solicitada, omitan o alteren los registros de contabilidad, no soliciten su inscripción en el registro estatal o municipal de contribuyentes o no lleven contabilidad estando obligados.

Se considera la posibilidad de que el contribuyente pueda pagar a plazos en forma diferida y en parcialidades sus adeudos fiscales, estableciéndose las reglas para ello.

Para otorgar seguridad jurídica al contribuyente, se reconoce la figura de la caducidad, mediante la cual se extinguen las facultades de comprobación, las cuales consideran el término de 5 años y, en qué casos se extiende a 10 años, así como cuando se suspenderán dichos plazos, homologando esta figura a las disposiciones que de orden federal existen en vigor.

Se propone que los servidores públicos que intervengan en los diversos trámites de los contribuyentes, deberán guardar reserva respecto de los datos proporcionados por los contribuyentes o terceros relacionados con ellos, señalándose además los supuestos en los que no es aplicable la reserva.

De la visita domiciliaria

En esta sección, se propone a consideración de esta H. Legislatura, los procedimientos formales para desarrollar la visita domiciliaria, estableciendo los requisitos y las reglas que deben seguirse a efecto de proporcionar certeza y legalidad a los actos de las autoridades fiscales.

De la revisión en las oficinas de las autoridades

En este apartado se agrega la revisión en las oficinas de las autoridades fiscales, ya que no se contempla en el Código Fiscal del Estado vigente, para lo cual se plantea la forma en que deberá desarrollarse este tipo de revisiones y el plazo para concluirse.

De las visitas de inspección

Se adiciona este tipo de facultad para las autoridades fiscales, proponiéndose el desarrollo de dicho procedimiento y las obligaciones del contribuyente frente al mismo. Figura no contemplada en el Código Fiscal del Estado vigente.

De los procedimientos para la determinación presuntiva de la base gravable y de los ingresos presuntos

En este apartado, se proponen los métodos y elementos que las autoridades fiscales tomarán en cuenta para la determinación presuntiva de la base gravable de las contribuciones; así como el procedimiento para que el contribuyente pueda hacer aclaraciones antes de que sea aplicada dicha determinación por parte de las autoridades fiscales.

De los demás procedimientos

En esta sección se proponen los procedimientos que deberán efectuarse en los casos siguientes:

-Cuando existan errores aritméticos en las declaraciones.

-Inscribir de oficio a contribuyentes no inscritos en el registro estatal o municipal de contribuyentes.

-Procedimiento para el cobro de cheques devueltos.

-Intervención en rifas, sorteos, loterías y concursos.

De las infracciones

En este apartado se considera que las autoridades fiscales tengan la facultad de imponer multas administrativas por las infracciones cometidas por los contribuyentes y sujetos obligados que en este Código y demás disposiciones aplicables se proponen, dichas multas podrán ser por la omisión del pago de las contribuciones o bien estar relacionadas con la presentación de declaraciones y avisos, con el registro estatal y municipal de contribuyentes, con la obligación de llevar contabilidad, con el ejercicio de las facultades de comprobación, con los servidores públicos y con terceros con ellos relacionados.

De los delitos fiscales

Se considera diversos supuestos, en los que se sancionará penalmente por los delitos fiscales siguientes:

-Defraudación fiscal.

-Delitos de los depositarios o interventores.

-En la contabilidad. Y

-Los cometidos por los servidores públicos.

En este contexto, las autoridades fiscales deberán sujetarse a las normas adjetivas de las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, en concordancia con la legislación que en ésta materia se encuentra en vigor en nuestro País.

De los procedimientos administrativos

Cuando las autoridades fiscales hayan determinado un crédito fiscal, el contribuyente deberá garantizarlo cuando se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución o cuando se solicite el pago de los créditos fiscales en parcialidades. Así mismo, se proponen los requisitos para que un tercero asuma la responsabilidad solidaria y que este demuestre su solvencia, de igual forma, se propone el procedimiento a seguir cuando se realice el embargo en la vía administrativa y en los casos en que la autoridad fiscal podrá dispensar el otorgamiento de la garantía fiscal y los requisitos para solicitar dicha dispensa.

Adicionalmente, se prevé que las revisiones a través de la visita domiciliaria y las que se efectúan en el domicilio de la autoridad deberán concluirse en el plazo de un año; además menciona que un periodo o ejercicio que ya fue revisado no podrá volver a revisarse salvo que se conozcan hechos nuevos.

Del recurso de revocación

Se considera en qué casos procede el recurso administrativo de revocación, el cual tiene por objeto se confirmen, revoquen o modifiquen los actos o resoluciones impugnados, en qué circunstancias procede dicho recurso, el cual para el contribuyente es optativa su interposición antes de acudir a los tribunales competentes.

De igual forma se propone lo siguiente:

-Los requisitos que deberá cumplir el escrito de interposición del recurso.

-La autoridad ante quien deberá presentarse dicho escrito.

-Los documentos deberán acompañar al escrito.

-Plazos para presentarlo.

Asimismo, se proponen los motivos por los que es improcedente el recurso de revocación, así como las causas por las que resulten el sobreseimiento y, que cuando se embargan bienes o negociaciones sobre los cuales un tercero afirme ser propietario, éste podrá interponer el recurso hasta antes de que se finque el remate.

Del trámite y resolución del recurso

En esta sección se define cuáles son las pruebas que pueden ser admitidas dentro del recurso de revocación, así como el plazo para que la autoridad dicte la resolución respecto del recurso y los sentidos en que puede emitirse dicha resolución.

De igual forma, la obligación de cumplir la resolución emitida por la autoridad, la forma en que deberá cumplir con dicha resolución y los plazos para ello.

De las notificaciones

En esta sección se proponen las formas de notificación de los actos de las autoridades fiscales, siendo las siguientes:

-Personales o por mensajería.

-Correo certificado con acuse de recibo.

-Correo electrónico de datos o buzón electrónico.

-Estrados.

-Edictos.

-Instructivo.

Aunado a lo anterior, se señalan los plazos en que surten sus efectos las diversas notificaciones, así como la posibilidad de autorizar a terceros para que puedan efectuar la notificación de los actos de autoridad, ya sea en el domicilio del contribuyente o en el de la autoridad, o bien el contribuyente podrá señalar un domicilio alterno para dicha notificación.

Del procedimiento de ejecución

Los créditos fiscales que no sean cubiertos o garantizados dentro de los plazos establecidos por el Código que se propone, podrán ser exigidos por las autoridades fiscales mediante el procedimiento administrativo de ejecución, así como los derechos y obligaciones para los contribuyentes, sus representantes y las personas con quien se entienda dicho procedimiento.

Asimismo, se contempla la forma de resolver las controversias que surjan entre las autoridades fiscales estatales y federales, con otros Estados y los municipios, relativos al derecho de preferencia para recibir el pago de los créditos fiscales.

Se señala que cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas, morales y las unidades económicas están obligadas a pagar los gastos de ejecución, así como los casos en que no procede el cobro de dichos gastos y cuando deberán ser cubiertos por la autoridad.

De la misma forma, se consideran las diferentes situaciones en las que el contribuyente puede o no garantizar el pago de las contribuciones omitidas a fin de evitar la ejecución del acto administrativo, y en qué casos se suspenderá la ejecución del acto que determine un crédito fiscal cuando los tribunales competentes notifiquen a las autoridades fiscales sentencia de concurso mercantil dictada en términos de la ley de la materia, y el procedimiento que deberán seguir las autoridades.

Del embargo precautorio

Se propone en qué casos las autoridades fiscales podrán practicar embargo precautorio de bienes o de las negociaciones del deudor, así como el orden de los bienes al que deberá sujetarse al practicar el embargo y el procedimiento que debe seguir la autoridad fiscal para la inmovilización de cuentas bancarias.

Cuando los contribuyentes no realicen el pago de los créditos fiscales a su cargo, las autoridades fiscales requerirán al deudor el mismo y de no probarse, se procederá al embargo de bienes, depósitos bancarios o negociaciones; estableciendo para ello el procedimiento mediante el cual se deberá realizar dicho embargo a fin de garantizar la legalidad de la diligencia.

Requerimiento de pago y embargo

En esta sección se plantea que las autoridades fiscales efectuarán el requerimiento de pago de las contribuciones, y embargo de bienes suficientes para en su caso, realizar el remate de los bienes y el procedimiento a seguirse en el embargo, cuáles son los bienes sobre los que se puede trabar el mismo, y en qué casos procede la ampliación, la inmovilización de cuentas bancarias, las que se deberán circunscribir sólo a una cantidad suficiente para cubrir el monto del crédito fiscal.

De la intervención de negociaciones

Se adiciona la facultad de la autoridad de nombrar un interventor, el cual tendrá carácter de administrador y se señalan las facultades y obligaciones que tendrá en la intervención de caja.

Para los efectos de la intervención de la negociación se expone el procedimiento a seguir al momento de efectuarla, así como su desarrollo, señalándose cuando se levantará la intervención, y cuando se puede efectuar la enajenación de la negociación intervenida.

Del remate

Los casos en que procede la enajenación de los bienes embargados, con base en el procedimiento siguiente:

-Se realizará a través de medios electrónicos.

-Se deberán señalar las bases para el remate.

-Los plazos para efectuar la convocatoria.

-El ofrecimiento de posturas legales.

-Los requisitos que deben de cubrir los postores.

-Los plazos y fechas en que se realizará el remate.

-La comunicación del resultado de la misma al postor ganador.

-Las formas en que los postores ganadores deberán efectuar el pago de las cantidades ofrecidas en el remate.

-Cuando los bienes sujetos a remate que no puedan ser enajenados podrán pasar a ser propiedad del fisco.

Finalmente, se pone a consideración de esa H. Legislatura, diversas disposiciones transitorias encaminadas al cumplimiento integral de este Instrumento Jurídico objeto de la presente Iniciativa, así como al otorgamiento de la seguridad jurídica a los contribuyentes, a partir de que consideren la aprobación del mismo, del que se destaca lo siguiente:

-Los procedimientos de determinación, liquidación y apremio ya iniciados continuarán ventilándose conforme a las disposiciones vigentes en su tiempo.

-Los recursos que antes de entrar en vigor del presente Ordenamiento, se hubieren interpuesto contra el procedimiento o las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales, se tramitarán y resolverán conforme a las leyes fiscales vigentes al iniciarse el recurso.

-Las infracciones y delitos cometidos durante la vigencia del Código que se propone abrogar, se sancionarán en los términos establecidos por el mismo, a menos que el interesado manifieste su voluntad de acogerse al Código planteado por estimarlo más favorable.

-Las disposiciones relativas a buzón tributario, medios electrónicos, notificaciones electrónicas y la firma electrónica, así como la establecida en el segundo párrafo del artículo 67 del Código que se somete a su consideración, entrarán en vigor a partir del 1º de enero de 2018, esto no será aplicable a los contribuyentes que tengan la obligación de presentar declaraciones cuando no exista cantidad a pagar.

Considerando primero. La Honorable Sexagésima Segunda Legislatura tiene la responsabilidad social de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos; cuidar que las garantías de debido proceso formen parte de las actuaciones de la autoridad fiscal y que las interlocutorias, resoluciones y trámites se apeguen a la ley, cualquiera que sea la fase del procedimiento.

La Iniciativa de Decreto por el que se crea el Código Fiscal del Estado y Municipios, se sustenta en el principio doctrinario de unificar y armonizar las disposiciones de derecho procesal fiscal de dos niveles de gobierno; conveniencia que se justifica por la similitud de la materia y la concurrencia de facultades y atribuciones.

En sentido histórico se entiende por código toda compilación de preceptos jurídicos; actualmente se denomina código a la fijación escrita que comprende el derecho positivo en alguna de sus ramas [civil, penal, mercantil, etc.] con unidad de materia, plan, sistema y método.

El Diccionario Jurídico Mexicano, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, edición 11 de noviembre de 1988, de Editorial Porrúa, establece para el sustantivo código y su forma verbal codificar, que el sentido originario, codex alude a un cierto formato editorial consistente en un conjunto de tablillas de madera encerada, unidas de modo que cada tablilla actúa como la hoja de un libro moderno. A partir del siglo II d.C. comenzó a imponerse desplazando a otras formas de editar hasta llegar a equipararse codex y libro. Paulatinamente codex fue ligándose a la materia jurídica y vino a significar libro con contenido jurídico y más específicamente el libro que recogía una compilación de leyes para su uso forense.

La codificación en la acepción más amplia del término, no solamente es técnica editorial que agrupa disposiciones dispersas, es además facilitador de conocimiento de sus contenidos y de aplicación fáctica de sus preceptos y observancia de disposiciones, simplifica la asimilación de conocimiento y la ubicación precisa de hipótesis normativas, definiciones y reglas de procedimiento como en el caso de la presente Iniciativa, que incluye como ya se anotó, al procedimiento tributario del Estado y de los municipios.

Esta Soberanía coincide con el iniciante, en el sentido de unificar en un solo documento legal, disposiciones administrativas que guardan estrecha relación con la materia hacendaria; tal es el caso, por ejemplo, las catastrales con las que se identifica y delimita la propiedad raíz, su uso, destino y clasificación, como la posibilidad de suscribir convenios de colaboración entre los municipios, de éstos con el Estado y de éste con otras entidades federativas, organismos y organizaciones civiles cuya información y base de datos, coadyuvan a concebir a la actividad hacendaria, tributaria, fiscal y administrativa, como una unidad plenamente integral, congruente y consistente.

En un Estado de Derecho, los principios de legalidad y seguridad jurídica son fundamentales en la relación jurídico tributaria; ésta, presupone la existencia de obligaciones de contribuir y para la autoridad, la facultad de exigir su cumplimiento. Estos elementos son de orden público e interés social, por lo que cualquier exigencia de pago presupone la existencia a su vez de dos elementos fundamentales; la existencia de un tributo constitucionalmente válido y las facultades de la autoridad hacendaria para recaudarlo y administrarlo, apegadas a las normas establecidas en la ley.

La recaudación de tributos en sus diferentes modalidades, no es un fin en sí mismo para la autoridad hacendaria, sino que aquella constituye el mecanismo legal para distribuir las cargas que imponen las leyes, como fuente esencial de recursos para la financiación de los servicios públicos que exige la población; siendo así, la actividad recaudadora de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otro género de aportaciones, debe observar principios básicos que garanticen que una tasa, una tarifa o un precio sean generales, atiendan a la capacidad contributiva, la determinación de la base gravable sea justa y equitativa, de tal manera que por sí mismos legitimen el ejercicio de la facultad de cobro.

Esta Iniciativa de Decreto contiene en sus cinco Títulos y disposiciones transitorias, los señalados elementos, además de que cubre vacíos normativos, contradicciones y excesos de interpretación que es necesario superar para privilegiar eficacia con un Código Fiscal que se adecua a los principios normativos de la legislación federal, al incorporar innovaciones que permiten un adecuado control de obligaciones, además de lograr una correcta compatibilidad en el uso de técnicas contables, financieras, de resoluciones y de medios de defensa o de impugnación de actos que se consideren lesivos a los intereses patrimoniales de los contribuyentes, propósito que se logra al homologar disposiciones adjetivas de las autoridades hacendarias estatales y municipales, facilitando así el conocimiento de los derechos del contribuyente y para la autoridad, la correcta aplicación de sus principios.

En cada caso, como los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al conferirles facultades de recaudación, cobro y administración, se les reconoce como autoridades exclusivamente para ese efecto, en privilegio al principio de seguridad jurídica.

La claridad, sencillez y accesibilidad del Código Fiscal del Estado y Municipios de Zacatecas, facilita su conocimiento y cumplimiento, por lo que al ser una herramienta operativa, se orienta hacia la simplificación de procesos no obstante que las nuevas técnicas de control, contables y financieras, exigirán una renovada cultura de la observancia de la ley. Para tal efecto, establecer mecanismos de orientación y asistencia al contribuyente permitirá que el impacto social de sus normas la transformen en derecho positivo.

Las disposiciones transitorias protegen los derechos y garantías de los contribuyentes en su relación con las autoridades fiscales del Estado y municipios; los procedimientos y trámites iniciados al amparo de las disposiciones tributarias que se abrogan, serán concluidos hasta su resolución definitiva conforme a sus disposiciones.

Tutelar los derechos de los contribuyentes es una obligación y responsabilidad de esta Representación Popular por lo que coincide con la iniciante en el establecimiento de esquemas de orientación y asistencia al contribuyente, antes de fijar bases coercitivas que reduzcan plazos, términos y requisitos que contrario al propósito de simplificación, incrementen los parámetros de complicación que, de suyo, suelen tener el cumplimiento voluntario de las normas fiscales.

Considerando segundo. En sesión ordinaria del Pleno de fecha 15 de diciembre del presente año, el Diputado Arturo López de Lara Díaz, en la etapa de discusión en lo particular, presentó una reserva al artículo 4º respecto del Dictamen presentado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Iniciativa de Decreto presentada, la cual fuera aprobada en los términos propuestos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 140 y 141 del Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del pueblo se decreta

CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

Capítulo I
Generalidades

Artículo primero. En el Estado de Zacatecas y sus municipios las personas físicas y las morales, así como las unidades económicas, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas.

Se consideran unidades económicas, entre otras, a las sucesiones, los fideicomisos y las asociaciones en participación, de conformidad con la legislación vigente en el País, o cualquiera otra forma de asociación aun cuando no sean reconocidas como personas jurídicas conforme otras disposiciones legales aplicables.

Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes.

Art. 2º El Estado y sus municipios, para cubrir los gastos de su administración y la prestación de servicios públicos a su cargo, percibirán en cada ejercicio fiscal los ingresos provenientes de los impuestos, derechos, productos, contribuciones de mejoras, y aprovechamientos que establezcan las leyes fiscales, los empréstitos o financiamientos; así como, los ingresos que establezca la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

Art. 3º Para efectos del artículo anterior, los ingresos del Estado y sus municipios, se clasifican en contribuciones, aprovechamientos, productos y los ingresos coordinados o de colaboración administrativa, mismos que se definen según su naturaleza de la manera siguiente:

I. Contribuciones: son las aportaciones económicas que impone el Estado, independientemente del nombre que se les designe, como impuestos, derechos o contribuciones de mejoras, mismas que se definen de la siguiente forma:

a) Son impuestos, las contribuciones establecidas en la ley, obligatorias en el territorio del Estado para las personas físicas, las personas morales así como las unidades económicas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho, generadora de la obligación tributaria, distintas de los derechos y de las contribuciones de mejoras;

b) Son derechos, las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado y sus municipios en sus funciones de derecho público; y

c) Son contribuciones de mejoras, las aportaciones en dinero que los ordenamientos jurídicos señalan, a quienes independientemente de la utilidad general colectiva, obtengan beneficios diferenciales particulares, derivados de la ejecución de una obra pública, en los términos de las leyes respectivas;

II. Son aprovechamientos, los ingresos que perciben el Estado o sus municipios en sus funciones de derecho público, los recargos, multas no fiscales, y otros ingresos que perciban, no clasificables como financiamientos, impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y productos;

III. Son productos los ingresos que obtiene el Estado o los municipios por las actividades que desarrolle en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, explotación o aprovechamiento de los bienes que constituyen su patrimonio privado;

IV. Son empréstitos o financiamientos, los ingresos o recursos que recibe el Estado o sus municipios, los cuales se formalizan a través de contratos, certificados, bonos, fideicomisos, y cualquier otro documento o figura jurídica, que ampare obligaciones futuras a su cargo y constituyen deuda pública en términos de la ley aplicable; y

V. Son ingresos coordinados o de colaboración administrativa, los ingresos que permite la coordinación fiscal federal y estatal, aquellos que obtengan el Estado y sus municipios provenientes de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera del Estado de Zacatecas y sus Municipios; así como subsidios y transferencias de recursos federales.

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la inmediación a que se refiere el artículo 43 de este Código, son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de ésta.

Art. 4º Son ordenamientos fiscales, además del presente Código:

I. La Ley de Ingresos del Estado y la ley de ingresos de cada uno de los municipios del Estado;

II. La Ley de Hacienda del Estado y la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas;

III. Las leyes que autoricen ingresos extraordinarios;

IV. La Ley de Catastro para el Estado de Zacatecas;

V. El Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas;

VI. La Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas;

VII. La Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios;

VIII. Los ordenamientos relativos a los servicios administrativos para la recaudación, distribución y control de los ingresos;

IX. Los convenios de colaboración administrativa, que celebre el Gobierno del Estado con sus municipios, con el Gobierno Federal; y, en general con cualquier otra entidad federativa, en materia fiscal;

X. Ley de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas;

XI. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas;

XII. Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus Municipios;

XIII. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; y

XIV. Las demás leyes, reglamentos y disposiciones de carácter fiscal.

Art. 5º Para efectos de este Código, en singular o plural, se entenderá por autoridades fiscales las cuales ejercerán su competencia en el territorio del Estado de Zacatecas o de la demarcación territorial del municipio, según corresponda:

I. Las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas;

II. Los municipios a través de las tesorerías municipales o su equivalente;

III. Los organismos operadores de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento; y

IV. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas.

Para estos efectos, son autoridades fiscales siempre que conforme a sus ordenamientos jurídicos, se les otorguen facultades para administrar, comprobar, fiscalizar, determinar y cobrar los ingresos establecidos en el artículo 3º de este Código, y que ejerzan facultades en materia fiscal establecidas en este mismo Ordenamiento y en las demás leyes fiscales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

También podrán ser considerados autoridades fiscales los órganos administrativos desconcentrados o descentralizados que ejerzan las facultades referidas en el párrafo anterior, así como la Secretaría del Agua y Medio Ambiente y la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Zacatecas, en apoyo a las facultades establecidas en este artículo a la Secretaría de Finanzas, con relación a los impuestos de carácter ecológico.

Cuando este Código haga referencia al Estado o municipio, se aplicará en lo conducente a los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento del Estado de Zacatecas y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas.

Art. 6º Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalen excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta.

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al objeto, sujeto, base, tasa, cuota o tarifa, y época de pago de las contribuciones.

A falta de disposiciones expresas en las leyes fiscales del Estado, se aplicará en su defecto el Código Fiscal de la Federación, y supletoriamente será aplicable el derecho común en tanto no sea contrario a la naturaleza de las disposiciones tributarias.

Art. 7º Sólo podrá afectarse un ingreso fiscal a un fin especial, cuando así lo dispongan expresamente las leyes y decretos fiscales del Estado.

Art. 8º El monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones, a cargo del Estado o los municipios, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el País, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deban de actualizar.

Dicho factor se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo de dicho periodo. Las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del Estado o los municipios no se actualizarán por fracciones de mes.

En los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del periodo, no haya sido publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado.

Los valores de bienes u operaciones o actividades se actualizarán de acuerdo con lo dispuesto por este artículo, cuando las leyes fiscales así lo establezcan. Las disposiciones señalarán en cada caso el período de que se trate.

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización.

Art. 9º Las cantidades en moneda nacional que se establecen en las leyes fiscales y en este Código, se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del Índice Nacional de Precios al Consumidor desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 5 por ciento. Dicha actualización entrará en vigor a partir del 1º de enero del siguiente ejercicio a aquél en el que se haya acumulado el incremento señalado. Para la actualización mencionada se considerará el período comprendido desde el último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización, y hasta el último mes del ejercicio en el que se exceda el porcentaje citado.

Para estos efectos, el factor de actualización se obtendrá dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior al más reciente del período, entre el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes anterior al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización.

Tratándose de cantidades que se establezcan en este Código que no hayan estado sujetas a una actualización en los términos del párrafo anterior, para llevar a cabo su actualización, cuando así proceda en los términos de dicho párrafo, se utilizará el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre del ejercicio inmediato anterior a aquél en el que hayan entrado en vigor.

Art. 10. Cuando el resultado de la operación a que se refieren los artículos 8º y 9º de este Código, sea menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones, aprovechamientos y devoluciones a cargo del Estado o municipio, así como a los valores de bienes u operaciones de que se traten, será igual a uno.

Para determinar el monto de las cantidades a que se refiere el párrafo anterior, se considerarán, inclusive, las fracciones de peso; no obstante lo anterior, dicho monto se ajustará para que las cantidades de uno a cincuenta centavos de pesos en exceso de la unidad, se ajusten a la unidad inmediata anterior y de cincuenta y uno a noventa y nueve centavos de pesos en exceso de la unidad, se ajusten a la unidad inmediata superior.

Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales se deban realizar operaciones aritméticas con el fin de determinar factores, las mismas deberán calcularse hasta el diezmilésimo. Cuando el diezmilésimo obtenido sea mayor a cinco, se ajustará la decena con un punto hacia arriba, y si es igual o inferior a cinco, la decena quedará como hubiere resultado. El resultado de estas operaciones será el factor aplicable.

Cuando de conformidad con las disposiciones fiscales se deban realizar operaciones aritméticas con el fin de determinar factores, las mismas deberán calcularse hasta el diezmilésimo.

Art. 11. Cuando los contribuyentes o responsables solidarios no cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe; además, deberán pagarse recargos en concepto de indemnización al Estado o municipio según corresponda, por la falta de pago oportuno.

Los recargos a que se refiere el párrafo anterior se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el período a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el período de actualización de la contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en cincuenta por ciento a la que fije anualmente la Legislatura del Estado en la Ley de Ingresos del Estado o de los municipios, según corresponda la contribución o aprovechamiento.

Los recargos por falta de pago oportuno de contribuciones o aprovechamientos se causarán hasta por cinco años, salvo en los casos a que se refiere el artículo 132 de este Código, supuestos en los cuales los recargos se causarán hasta en tanto no se extingan las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, y se calcularán sobre el total del crédito fiscal, excluyendo salvo disposición expresa en contrario, los propios recargos, y los gastos de ejecución.

Cuando el pago de las contribuciones o aprovechamientos que sea efectuado por el deudor hubiera sido menor al que corresponda, los recargos sólo se causarán sobre la diferencia. Los pagos efectuados en términos de este párrafo, no liberan a los contribuyentes de las obligaciones que hubieren quedado pendientes después de realizado éste.

En los casos de garantía de obligaciones fiscales a cargo de terceros, cuando la responsabilidad resultante de la garantía no se pague dentro del plazo legal, los recargos a cargo del tercero responsable solidario, se causarán sobre el monto de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado.

Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe.

No se causarán recargos cuando el contribuyente al pagar contribuciones en forma extemporánea compense un saldo a su favor, hasta por el monto de dicho saldo, siempre que este se haya originado con anterioridad a la fecha en que debió pagarse la contribución de que se trate.

Cuando el saldo a favor del contribuyente se hubiera originado con posterioridad a la fecha en que se causó la contribución a pagar, sólo se causarán recargos por el período comprendido entre la fecha en que debió pagarse la contribución y la fecha en que se originó el saldo a compensar.

Las multas y sanciones pecuniarias impuestas por cualquier autoridad fiscal sólo se actualizarán en los términos previstos en este artículo, y no causarán recargos, aun cuando deban hacerse efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución.

Para los efectos del párrafo anterior, la actualización de las multas deberá realizarse a partir del día siguiente al vencimiento del plazo de quince días a que se refiere el artículo 65, tercer párrafo de este Código.

Art. 12. Cuando el contribuyente haya determinado y liquidado el crédito a su cargo y los recargos pagados sean inferiores a los que legalmente correspondan, las autoridades fiscales procederán a exigir mediante resolución fundada y motivada el remanente no pagado, mismo que deberá ser pagado por el deudor dentro de un plazo de 15 días posteriores a aquél en que surta efectos la notificación de dicha resolución.

En estos casos, cumplido el plazo para que el contribuyente efectúe el pago correspondiente, si no lo hace, procederá la actualización y cobro de recargos sobre la cantidad que hubiese quedado insoluta, lo cual se realizará desde la fecha en que debió efectuarse el pago de la cantidad no pagada y requerida, hasta la fecha en que se realice.

El pago del monto de lo adeudado por estos conceptos, será exigible a través del procedimiento administrativo de ejecución en los términos previstos en este Código.

Art. 13. En ningún caso se podrá liberar a los contribuyentes de la actualización y recargos de las contribuciones o aprovechamientos.

Art. 14. Las leyes, reglamentos y demás disposiciones fiscales de carácter general, entrarán en vigor en la fecha que señalen las mismas leyes, reglamentos y disposiciones, o el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, salvo que en las mismas se señale una fecha posterior.

En los plazos sobre vigencia se computarán los días inhábiles.

Art. 15. Son nulos de pleno derecho los actos de carácter administrativo, contrarios a los preceptos de este Código o a los de las leyes fiscales vigentes.

Art. 16. Son créditos fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado, los municipios y los organismos descentralizados de ambos órdenes de gobierno, que provengan de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios, así como los que se deriven de responsabilidades de los servidores públicos o de los particulares, o aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado o sus municipios tengan derecho a percibir por cuenta ajena.

Art. 17. El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco años. El cómputo del plazo de la prescripción, inicia a partir de la fecha en que el pago del crédito fiscal fijado en cantidad líquida pudo ser legalmente exigido.

El término para que opere la prescripción se interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor, o por el reconocimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito, cuando uno u otro se realicen dentro del plazo que en este artículo se señala.

De igual manera se interrumpe el plazo para que opere la prescripción con el levantamiento del acta circunstanciada en la que se haga constar las circunstancias de hecho por las que no fue posible la práctica de la diligencia, siempre y cuando cumplan con las formalidades que para la práctica de las notificaciones fiscales establece el propio Código.

Se considera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad hecha saber al deudor en los términos establecidos en el presente Código dentro del procedimiento administrativo de ejecución, y en el caso de devolución de pago de lo indebido de los contribuyentes, cualquier solicitud debidamente presentada ante las autoridades fiscales, en las que se solicite ésta.

Se suspenderá el plazo para que se configure la prescripción cuando la autoridad se encuentre impedida para realizar gestiones de cobro en los términos de este artículo, debido a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución en términos de lo dispuesto en el artículo 256 de este Código, o cuando la resolución que determinó el crédito fiscal no sea ejecutable en los términos del referido artículo.

Asimismo, se interrumpe el plazo a que se refiere este artículo cuando el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal.

El plazo para que se configure la prescripción, en ningún caso, incluyendo cuando éste se haya interrumpido, podrá exceder de diez años contados a partir de que el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido. En dicho plazo no se computarán los periodos en los que se encuentre en interrupción por las causas previstas en este artículo.

La prescripción, se podrá declarar de oficio por la autoridad, por acción o excepción ejercidas por el deudor.

Art. 18. Las autoridades fiscales podrán ordenar la cancelación administrativa de créditos fiscales en las cuentas públicas, por incosteabilidad en el cobro, o por insolvencia del deudor y los responsables solidarios.

Las autoridades fiscales, a través de reglas, darán a conocer los criterios mediante los cuales se considerará la incosteabilidad en el cobro de un crédito fiscal.

Se consideran insolventes los deudores o los responsables solidarios cuando no tengan bienes embargables suficientes para cubrir el crédito.

También procederá la cancelación señalada en este artículo en los casos que el deudor no se pueda localizar, y no se conozcan bienes que puedan ser objeto del procedimiento administrativo de ejecución.

La cancelación de los créditos a que se refiere este artículo no libera de su pago a los obligados.

Art. 19. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes en el momento en que se originan.

Para efectos de su determinación, fijación en cantidad líquida y recaudación, les son aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad.

Art. 20. Las contribuciones y sus accesorios se causarán y pagarán en moneda nacional.

Cuando deban ser determinadas en cantidad líquida las obligaciones generadas en moneda extranjera, para establecerlas en moneda nacional, en su caso conjuntamente con sus accesorios, se considerará el tipo de cambio a que se haya adquirido la moneda extranjera de que se trate, y no habiendo adquisición o cuando ésta no se pueda comprobar, se estará al tipo de cambio que el Banco de México publique en el Diario Oficial de la Federación el día anterior a aquél en que se causen las contribuciones. Los días en que el Banco de México no publique el referido tipo de cambio, se aplicará el último publicado con anterioridad al día en que se causen las contribuciones.

La equivalencia del peso mexicano con monedas extranjeras distintas al dólar de los Estados Unidos de América que regirá para efectos fiscales, se calculará multiplicando el tipo de cambio a que se refiere el párrafo anterior, por el equivalente en dólares de la moneda de que se trate, de acuerdo con la tabla que mensualmente publique el Banco de México durante la primera semana del mes inmediato siguiente a aquél al que corresponda.

Art. 21. Para efectos fiscales, la determinación de contribuciones consiste en la confirmación que se efectúa de haberse realizado las situaciones jurídicas o de hecho que son generadoras de obligación de pago de contribuciones o aprovechamientos y se clasifica de la siguiente manera:

I. Propia o autodeterminación, cuando es declarada a la autoridad por el obligado a su pago en términos de las disposiciones aplicables, por sí o a través de su representante legal; y

II. Administrativa, cuando en el ejercicio de sus facultades o por disposición de ley, la realiza la autoridad competente.

Art. 22. La liquidación o determinación de la situación fiscal de un contribuyente, consiste en establecer en cantidad líquida el monto que derivado de la realización de actividades generadoras de contribuciones o aprovechamientos, debe ser pagado al Estado o municipio, en su caso, y será realizada por el contribuyente cuando presente la declaración que prevenga la ley.

La autoridad, mediante resolución administrativa, realizará la liquidación de contribuciones cuando después del ejercicio de las facultades de comprobación que la ley le confiere en la materia, hubiere determinado la existencia de hechos que no fueron declarados por los obligados a hacerlo o que fueron declarados inexactamente, o que son generadores de créditos fiscales a su cargo.

Salvo disposición expresa en contrario, o cuando se realice por la autoridad en el ejercicio de sus facultades, corresponde a los obligados al pago de contribuciones la exacta determinación, liquidación, y declaración de las contribuciones a su cargo.

Las excepciones previstas en este Ordenamiento, corresponde a la autoridad fiscal la determinación de hechos constitutivos de infracción en los términos de este Código y demás leyes fiscales, así como la imposición de las sanciones correspondientes.

Art. 23. Los créditos a favor del Estado o los municipios provenientes de impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y aprovechamientos son preferentes sobre cualquiera otros, con excepción de los créditos de alimentos, de salarios o sueldos devengados durante el mismo año, o de indemnizaciones de los trabajadores, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, siempre que se demuestre que la demanda respectiva se haya admitido por la autoridad competente antes de que se notifique al deudor el crédito fiscal, a través del recurso administrativo o medio de defensa que corresponda.

Las controversias que surjan entre el Estado y los municipios sobre preferencia en el cobro de los créditos a que este Código se refiere, se decidirán por el primer embargante.

Art. 24. Los créditos a favor del Estado o los municipios garantizados con prenda o hipoteca, serán preferentes a cualquier otro, siempre que las garantías se hayan inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, antes de que se notifique al deudor el crédito fiscal.

Art. 25. Las obligaciones y los créditos fiscales a que este Código se refiere, así como los contratos administrativos, autorizaciones, permisos y concesiones, podrán garantizarse en alguna de las formas siguientes:

I. Depósito de dinero;

II. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y excusión;

III. Prenda, hipoteca o secuestro convencional en la vía administrativa;

IV. Obligación solidaria asumida por un tercero que compruebe su idoneidad y solvencia;

V. Embargo en la vía administrativa; y

VI. Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales se aceptarán al valor que sea determinado por las autoridades fiscales.

Las autoridades fiscales fijarán el monto de la garantía y la calificarán conforme a este artículo, las que cubrirán el adeudo insoluto, incluyéndose en éste los recargos y gastos de ejecución y en su caso, los vencimientos futuros causados en 12 meses. Al terminar este periodo, y en tanto no se cubra el crédito, deberá ampliarse la garantía por el importe de los recargos correspondientes a los 12 meses siguientes.

Las autoridades fiscales, fijarán el término para su otorgamiento en los casos no previstos en el presente Código.

Art. 26. Quienes conforme las disposiciones de este Código y las demás disposiciones fiscales se encuentren obligados al pago de contribuciones, o a retener o recaudar éstas, o que sin encontrarse dentro de los anteriores supuestos se encuentren sujetos al cumplimiento de disposiciones fiscales, para el efecto del cumplimiento de éstas, deberán comunicar a la autoridad el domicilio que conforme los siguientes supuestos se considere su domicilio fiscal.

Se considera domicilio fiscal:

I. Tratándose de personas físicas:

a) Cuando realizan actividades empresariales: el local en que se encuentre el principal asiento de sus negocios, dentro del Estado;

b) Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior: el local que utilicen en el Estado para el desempeño de sus actos o actividades afectos a contribuciones o aprovechamientos; y

c) En caso que no se disponga un local dentro del Estado para el desarrollo de sus actividades o las realicen en la vía pública: su casa habitación si ésta se encuentra dentro del Estado, caso contrario, el lugar en que se encuentren.

Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios citados, o no hayan sido localizados en los mismos, se considerará como domicilio el que haya manifestado a las entidades financieras o a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cuando sean usuarios de los servicios que presten éstas; y

II. En el caso de personas morales y unidades económicas:

a) El local en donde se encuentre su administración principal, si ésta se ubica en el Estado; o

b) El local en que realicen sus actividades si la administración principal se encuentra fuera del Estado; si no tienen local dentro del Estado, el lugar en que se encuentren. Cuando se tengan dos o más establecimientos en el Estado, el local que para tales efectos se designe, y si no se designa, cualquiera de dichos locales.

Cuando en las disposiciones fiscales se haga referencia expresa a domicilio fiscal, lo dispuesto en este artículo es aplicable sólo para efectos del cumplimiento de obligaciones a cargo del contribuyente, y no contraria a la ejecución de los procedimientos que las autoridades fiscales realicen en el ejercicio de sus facultades conforme las demás disposiciones de este Código.

Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal estando obligado a ello, o hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que le corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto, o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las autoridades fiscales podrán practicar diligencias en cualquier lugar dentro del territorio del Estado, en el que realicen sus actividades o en el lugar que conforme a este artículo se considere su domicilio indistintamente.

Art. 27. En los plazos establecidos en este Código en días, sólo se computarán los días hábiles.

Se consideran días inhábiles, y no se computarán en los plazos fijados en días, los sábados y los domingos, el 1º de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; el 1º y 5 de mayo; el 8 y 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; el 1º de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre. Asimismo, se consideran días inhábiles todos aquéllos en que las oficinas de las autoridades fiscales ante las que deban realizarse los trámites correspondientes, permanezcan cerradas.

Para efectos del cómputo de plazos en días, se considerarán días inhábiles aquéllos que en términos de las disposiciones aplicables las autoridades fiscales tengan vacaciones generales. La existencia de guardias de la autoridad en sus oficinas fiscales, no habilita los días que en términos de las disposiciones aplicables se consideren vacaciones generales. No son vacaciones generales las que se otorguen en forma escalonada.

En los plazos establecidos en mes o meses, año o años, o por períodos indeterminados, y aquéllos en que se señale una fecha determinada para su extinción se computarán todos los días.

Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de calendario, se entenderá que en el primer caso el plazo concluye el mismo día del mes de calendario posterior que corresponda respecto de aquél en que se inició, y en el segundo, el término vencerá el mismo día del año posterior que corresponda respecto del año de calendario en que se inició. En los plazos que se fijen por mes o por año, o periodos indeterminados, cuando no exista el mismo día en la fecha correspondiente para su conclusión, el término concluirá el primer día hábil siguiente al que hubiera correspondido.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo corresponde a un día inhábil, o en la fecha determinada las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil.

Los contribuyentes que realicen la presentación de declaraciones, avisos o promuevan cualquier trámite por medios electrónicos, a través de la página electrónica de la Secretaría de Finanzas, y los municipios que cuenten con la página respectiva, en día inhábil, se tendrán por presentados el día hábil siguiente.

Lo dispuesto en este artículo es aplicable, inclusive cuando se autorice a las instituciones bancarias para recibir declaraciones.

Art. 28. La práctica de diligencias por las autoridades fiscales deberá efectuarse en días y horas hábiles. Se consideran horas hábiles del día, las comprendidas de la 07:00 horas, a las 18:00 horas.

Cuando en las actas que se formulen exista constancia de ello, las diligencias de notificación iniciadas en día y hora hábil podrán concluirse el día de su realización en hora inhábil sin afectar su validez. Con los mismos requisitos, también se podrán continuar en días u horas inhábiles las diligencias iniciadas en días y horas hábiles, cuando su continuación tenga por objeto el aseguramiento de contabilidad o de bienes del particular, o se trate del procedimiento administrativo de ejecución.

Las autoridades fiscales para la práctica de requerimientos de documentación, visitas domiciliarias, del procedimiento administrativo de ejecución, de notificaciones y de embargos precautorios, cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia realice las actividades por las que deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles, podrán habilitar los días y horas inhábiles mediante la emisión de orden fundada y motivada que deberá notificarse a la persona con quien se entienda la diligencia.

La habilitación de los días inhábiles en términos de este artículo por las autoridades fiscales, no alterarán el cómputo de plazos.

Las autoridades fiscales podrán habilitar a los diez días hábiles. Esta circunstancia deberá notificarse a los particulares y no alterarán el cómputo de plazos.

Art. 29. Para efectos fiscales se considera enajenación de bienes:

I. Toda transmisión de propiedad que se realice conforme las previsiones de la legislación estatal o federal, aún en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado;

II. Las adjudicaciones, aun cuando se realicen a favor del acreedor;

III. Las aportaciones a una sociedad o asociación;

IV. La que se realice a través del fideicomiso, en los siguientes casos:

a) En el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga derecho a readquirir del fiduciario los bienes; y

b) En el acto en el que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho;

V. La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes afectos al fideicomiso, en cualquiera de los momentos siguientes:

a) En el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o dé instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En estos casos se considerará que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y que los enajena en el momento de ceder sus derechos o de dar dichas instrucciones; y

b) En el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos, aún si entre éstos se incluye señalamiento que los bienes se transmitan a su favor;

VI. La transmisión de dominio de un bien tangible o del derecho para adquirirlo que se efectúe a través de enajenación de títulos de crédito, o de la cesión de los derechos que lo representen.

Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a las acciones o partes sociales;

VII. La transmisión de derechos de crédito relacionados a proveeduría de bienes, de servicios o de ambos a través de un contrato de factoraje financiero en el momento de la celebración de dicho contrato, excepto cuando se transmitan a través de factoraje con mandato de cobranza o con cobranza delegada, supuestos en los cuales no se considera que existe enajenación de bienes. En el caso de transmisión de derechos de crédito a cargo de personas físicas, se considerará que existe enajenación hasta el momento en que se cobren los créditos correspondientes; y

VIII. La que se realice mediante fusión o escisión de sociedades.

Art. 30. Para efectos fiscales dentro del Estado, se considera que la enajenación se efectúa en el mismo, entre otros casos, si el bien se encuentra en dicho territorio al efectuarse su envío al adquirente y cuando no habiendo envío, en el Estado se realiza la entrega material del bien por el enajenante.

Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo anterior exista enajenación, el adquirente se considera propietario de los bienes para efectos del cumplimiento de las obligaciones fiscales, que con dicho acto se hubieran generado dentro del Estado.

Art. 31. La Administración Pública Estatal o municipal, salvo disposición en contrario, en ningún caso contratará adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con los particulares que:

I. Tengan a su cargo créditos fiscales firmes;

II. Tengan a su cargo créditos fiscales determinados, firmes o no, que no se encuentren pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas por este Código;

III. No se encuentren inscritos en el registro estatal o municipal de contribuyentes; o

IV. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, y con independencia de que alguna resulte o no cantidad a pagar, esta no haya sido presentada.

La prohibición establecida en este artículo no será aplicable a los particulares que se encuentren en los supuestos de las fracciones I y II de este artículo, siempre que celebren convenio con las autoridades fiscales en los términos que este Código establece para cubrir a plazos, los adeudos fiscales que tenga a su cargo con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan contratar y que no se ubiquen en algún otro de los supuestos contenidos en este artículo.

Para estos efectos, en el convenio se establecerá que las dependencias antes citadas retengan una parte de la contraprestación para ser enterada al Estado o municipio para el pago de los adeudos correspondientes.

Los proveedores a quienes se adjudique el contrato, para poder subcontratar, deberán solicitar y entregar a la contratante la constancia de cumplimiento de las obligaciones fiscales de la subcontratante.

Capítulo II

De los medios de pago de las contribuciones

Art. 32. La recaudación proveniente de los ingresos del Estado y los municipios, se hará por las autoridades fiscales, a través de sus oficinas recaudadoras o por las instituciones de crédito, módulos fijos o itinerantes, medios electrónicos, kioscos de servicio, tiendas de conveniencia o cualquier otra vía debidamente autorizada por las citadas autoridades.

En las oficinas recaudadoras de rentas de la Secretaría de Finanzas o en las tesorerías municipales, sólo se aceptará como medio de pago de las contribuciones y sus accesorios, efectivo en moneda nacional, tarjeta de crédito o débito, o cheques y, en su caso, cheque certificado.

También se aceptará, como medio de pago de las contribuciones, la transferencia electrónica de fondos a favor de las autoridades fiscales; se entiende por transferencia electrónica de fondos, el pago o depósito que en forma electrónica realicen las instituciones de crédito a favor de las autoridades fiscales, por instrucción de los contribuyentes, con cargo a su cuenta bancaria.

Asimismo, el pago de las contribuciones se podrá realizar en el portal de Internet de las autoridades fiscales, a través de los medios habilitados en las mismas.

En las instituciones de crédito sólo se aceptarán pagos en efectivo, tarjeta de crédito o débito, cheques del mismo banco y tratándose de cheques de una institución diferente, deberá estar certificado; en kioscos de servicios, módulos fijos o itinerantes, y tiendas de conveniencia, sólo se aceptarán pagos en efectivo y tarjeta de crédito o débito.

Para determinar las contribuciones se consideran incluso las fracciones del peso. No obstante lo anterior, para efectuar el pago, en caso que el importe a pagar, contenga fracciones de uno a cincuenta centavos de peso se ajustará a la unidad inmediata anterior y las que contengan fracciones entre cincuenta y uno a noventa y nueve centavos de peso, se ajustarán a la unidad inmediata superior.

Si en las declaraciones periódicas que se encuentren obligados a presentar los contribuyentes, el saldo de impuestos que resulte a su cargo resulta en cero, las mismas deberán presentarse invariablemente a través de los medios electrónicos que señalen las autoridades fiscales.

Los medios de pago señalados en este artículo, aplican respecto de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, que deban enterarse a la Secretaría de Finanzas o a los municipios, quienes podrán autorizar otros medios de pago.

Art. 33. Cuando las contribuciones hubiesen sido determinadas por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación, o por la devolución de cheques presentados como pago, los pagos que realicen los obligados a ello, se aplicarán a los créditos más antiguos según corresponda por cada contribución, y antes que al adeudo principal, a los accesorios en el siguiente orden:

I. Gastos de ejecución;

II. Recargos;

III. Multas; y

IV. La indemnización a que se refiere el artículo 43 de este Código.

Cuando las autoridades fiscales hubieren determinado el crédito fiscal y el contribuyente interponga algún medio de defensa legal impugnando alguno de los conceptos señalados en el párrafo anterior, el orden señalado en el mismo no será aplicable respecto del concepto impugnado y garantizado.

Art. 34. Las autoridades fiscales podrán aceptar la dación de bienes o servicios como pago, ya sea total o parcial de créditos fiscales a favor del Estado o sus municipios, incluyendo aquellos de las entidades paraestatales, cuando sean de sencilla enajenación, o resulten aprovechables para los fines propios del Estado.

No se considera que resulten aprovechables para los fines propios del Estado, entre otros, los siguientes:

I. Bienes de fácil descomposición o deterioro;

II. Mercancías de procedencia extranjera, cuya legal estancia no esté acreditada en el país; o bien mercancías importadas de manera temporal;

III. Semovientes;

IV. Armas prohibidas o de uso exclusivo del ejército;

V. Materias y sustancias inflamables, contaminantes, prohibidas, radioactivas o peligrosas;

VI. Bienes que se encuentren embargados, ofrecidos en garantía o con algún gravamen o afectación;

VII. Bienes muebles e inmuebles afectos a algún fideicomiso;

VIII. Bienes muebles e inmuebles sujetos al régimen de copropiedad, cuando no sea posible que asuma de manera exclusiva la titularidad de los derechos de todos los copropietarios; y

IX. Bienes que por su naturaleza o por disposición legal estén fuera del comercio.

Art. 35. Cuando los contribuyentes opten por pagar las contribuciones a través de dación de bienes o servicios, deberán presentar solicitud a través de escrito libre, en el que deberá señalarse:

I. Importe del crédito fiscal, comprendiendo las contribuciones que lo integran, su monto y accesorios causados, y período correspondientes a la fecha de presentación de la solicitud y número del crédito;

II. Descripción y características de los bienes o servicios ofrecidos. En caso de bienes, declaración sobre el estado físico en que se encuentren, con especificación de ser nuevos o usados y tratándose de servicios, el plazo durante el cual se prestarán los mismos, en el entendido de que dicha prestación no podrá exceder del plazo máximo de 18 meses, contados a partir de la fecha de su aceptación;

III. Declaración bajo protesta de decir verdad, que la dación en pago es la única forma que tiene el deudor para cumplir con la obligación a su cargo, y que no cuenta con otros bienes de más fácil realización o venta, lo cual deberá comprobarse;

IV. Además, deberá anexarse al escrito libre de solicitud de dación de bienes o servicios, la documentación siguiente:

a) Constancia de la última notificación del importe adeudado, si la autoridad ya ha determinado el crédito fiscal o, en su caso, notificación del estado actual del crédito fiscal; y

b) En caso de personas morales, los estados financieros correspondientes al último ejercicio fiscal;

V. En el caso de inmuebles, adicionalmente, se requerirá la siguiente documentación:

a) Avalúo emitido, según corresponda, por alguno de los sujetos facultados para ello, en términos del presente Código, con antigüedad no mayor a seis meses contados a partir de la fecha de solicitud;

b) Copia certificada ante fedatario público de la escritura pública con la que se acredite la propiedad, debidamente inscrita en el registro público. El bien deberá encontrarse ubicado dentro del límite territorial del Estado de Zacatecas;

c) Certificado de libertad de gravamen actualizado;

d) Cédula de datos catastrales vigente; y

e) Fotografías recientes de los inmuebles, no mayor a tres meses;

VI. En el caso de muebles, adicionalmente se requerirá la siguiente documentación:

a) Avalúo emitido conforme a lo previsto en el artículo 258 de este Código, con antigüedad no mayor a tres meses contados a partir de la fecha de solicitud;

b) Documento que acredite su propiedad, excepto cuando los bienes propuestos sean fabricados por el propio deudor, en cuyo caso deberá presentar precios de lista de los mismos y copias de la primera y última factura de venta de bienes iguales a los propuestos, expedidos por el deudor en cada uno de los seis meses anteriores a aquél en que se presente la solicitud, o cualquier otro elemento que permita determinar o precisar el valor de tales bienes;

c) Tratándose de bienes muebles de procedencia extranjera, se requerirá, además, los originales de la documentación que acredite la legal importación de los mismos, de conformidad con la Ley Aduanera; y

d) Fotografías recientes del bien mueble;

VII. En el caso de servicios, adicionalmente, se requerirá su descripción detallada y característica.

El valor de la prestación del servicio se determinará mediante estimación de común acuerdo entre la autoridad fiscal y el contribuyente, y en caso de no haber acuerdo entre las partes, el valor de la prestación del servicio se determinará mediante avalúo.

Art. 36. En caso de que a juicio de la autoridad que reciba la solicitud sea necesaria la presentación de documentación adicional o alguna aclaración documental, se requerirá al solicitante concediéndole un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del citado requerimiento, para que cumpla con lo requerido, con el apercibimiento de que, de no cumplir en tiempo, se resolverá declarando que la solicitud se tendrá por no presentada, continuándose con el procedimiento administrativo de ejecución.

Las autoridades fiscales estarán facultadas en todo momento para revisar y, en su caso, validar los avalúos que hayan sido presentados por los solicitantes pudiendo practicar uno nuevo tratándose de bienes inmuebles o solicitando su práctica a quien se encuentre facultado para ello tratándose de bienes muebles en los términos del presente Código.

Art. 37. Si a juicio de las autoridades fiscales la solicitud no cumple total o parcialmente con los requisitos y condiciones necesarias para la aceptación de la dación propuesta, ya sea por no reunir los elementos esenciales o documentales para su procedencia o los bienes o servicios propuestos no sean de fácil realización o, en su caso, no sean aprovechables o de utilidad para los servicios públicos estatales o municipales, se dictará resolución negando la solicitud de dación propuesta, notificándola al interesado para los efectos legales correspondientes.

Si del análisis de la documentación presentada se determina que el deudor tiene capacidad económica para cubrir una parte del adeudo con numerario, las autoridades fiscales podrán resolver que una parte del mismo se cubra en efectivo y la diferencia con la dación de bienes o servicios en pago, indicando las circunstancias que tomó en cuenta para emitir dicha resolución.

Art. 38. En caso de que se acepte la dación en pago, la autoridad fiscal emitirá la resolución correspondiente, suspendiéndose provisionalmente, a partir de la fecha de dicha resolución, la generación de accesorios y todos los actos tendientes al cobro del crédito fiscal.

De no formalizarse la dación en pago en los términos del presente Código, la suspensión del cobro quedará sin efectos, como si nunca hubiera existido, actualizándose sus accesorios desde la fecha en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe.

Art. 39. En las resoluciones que acepten la dación en pago de bienes o servicios deberá asentarse:

I. El nombre y domicilio del deudor, así como de los representantes legales, en su caso;

II. El concepto, importe y, en su caso, el número del crédito adeudado;

III. Los datos de identificación de los bienes o servicios materia de la operación;

IV. El valor en que se reciben los bienes muebles o inmuebles o, en su caso, el monto límite que se aceptará para que el importe del adeudo sea cubierto con servicios;

V. Las condiciones de entrega de los bienes;

VI. El plazo durante el cual el deudor podrá cubrir con los servicios el importe autorizado de su adeudo;

VII. La obligación del deudor de cubrir las contribuciones, honorarios notariales, derechos y gastos que se generen con motivo de la formalización de la dación en pago, lo cual será un requisito indispensable para que surta efectos la misma;

VIII. Lugar y fecha de la resolución; y

IX. Las demás condiciones y términos que, según el caso, y conforme a las disposiciones legales, sean necesarias a juicio de la autoridad fiscal.

Art. 40. Tratándose de servicios, en el supuesto de que éstos se hayan prestado parcialmente al concluir el plazo otorgado en la resolución correspondiente, el crédito se extinguirá proporcionalmente y el deudor no quedará liberado del pago del saldo insoluto.

El saldo se incrementará con los recargos generados desde la fecha en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe y se iniciarán o continuarán los actos tendientes a su cobro.

Art. 41. Tratándose de bienes o servicios que se ofrezcan para pago de créditos fiscales a favor de organismos públicos descentralizados, entendiéndose por estos, las dependencias y sus órganos desconcentrados, las entidades y unidades del Poder Ejecutivo, que tengan o administren un patrimonio o presupuesto formado con recursos o bienes del erario estatal o municipal, las autoridades fiscales resolverán que los bienes o servicios se entreguen o presten a dichas entidades.

Art. 42. Cuando las contribuciones se paguen con cheque certificados o de caja, éste deberá tener la inscripción «para abono en cuenta». Dicho cheque no será negociable y su importe deberá abonarse exclusivamente en la cuenta bancaria de la autoridad.

Para efectos del párrafo anterior, el cheque mediante el cual se paguen las contribuciones y sus accesorios deberá expedirse a favor de la Secretaría de Finanzas o de la tesorería municipal.

El cheque deberá librarse a cargo de las instituciones de crédito que se encuentren dentro de la población donde esté establecida la autoridad fiscal competente. La autoridad fiscal mediante reglas podrá autorizar que el cheque se libre a cargo de instituciones de crédito que se encuentren en poblaciones distintas a aquélla, en donde esté establecida la autoridad fiscal competente.

El pago de créditos fiscales podrá realizarse con cheques efectivos personales del contribuyente, por conducto de los notificadores ejecutores en el momento de realizarse cualquier diligencia del procedimiento administrativo de ejecución. En el acta respectiva se harán constar los datos de identificación y valor del cheque, así como el número del recibo oficial que se expida.

Para efectos del párrafo anterior, el pago mediante cheques personales se podrá realizar siempre y cuando se emitan de la cuenta del contribuyente y sean expedidos por él mismo para cubrir el crédito fiscal.

Art. 43. El cheque recibido por las autoridades fiscales en concepto de pago de cualquiera de los ingresos que debe percibir el Estado o sus municipios, que sea presentado en tiempo y no sea pagado por la institución librada por causas imputables al librador, dará lugar al cobro del monto del cheque y una indemnización equivalente al 20 por ciento del valor de éste; para estos efectos, el monto total del cheque y la indemnización que corresponda se consideran créditos fiscales y generarán desde la fecha en que fue rechazado por la institución girada, las actualizaciones y recargos que en este Código se prevén por la falta de pago oportuno.

El crédito así originado, se hará efectivo al contribuyente o a quien a su favor hubiese realizado el pago. Esta indemnización, y el cobro del monto amparado por el cheque, se exigirán de manera independiente de los otros conceptos que se adeuden a las autoridades fiscales.

Cuando el librador del cheque devuelto sea persona distinta al contribuyente, éste quedará obligado solidariamente a realizar su pago.

Para efectos de este artículo, se considerará que la falta de pago no le es imputable al librador del cheque cuando éste presente ante la autoridad fiscal competente, constancia emitida por personal facultado de la institución bancaria de que se trate, en la que se haga constar que la falta de pago no fue por algún acto u omisión imputable al librador.

Cuando el cheque sea devuelto por insuficiencia de fondos, el contribuyente deberá comprobar lo contrario con los estados de cuenta bancarios correspondientes.

Cuando el cheque haya sido devuelto por causas no imputables al librador, no se pagará la indemnización del 20 por ciento a que se refiere el primer párrafo de este artículo ni dará lugar a la causación de recargos, siempre que se acredite conforme a lo establecido en los párrafos anteriores.

Art. 44. Las personas físicas y morales, así como las unidades económicas a que se refiere el primer párrafo del artículo primero de este Código, deberán efectuar el pago a través de transferencia electrónica de fondos, conforme al tercer párrafo del artículo 32 de este Código, salvo en aquellos casos en los cuales el lugar de domicilio fiscal para efectos del registro estatal o municipal, no se cuenta con servicios bancarios.

Lo anterior no será aplicable a las contribuciones municipales y sus organismos descentralizados.

Capítulo III
De los medios electrónicos

Art. 45. Las disposiciones establecidas en este capítulo, serán aplicables únicamente a la Secretaría de Finanzas, no obstante, en lo conducente los municipios podrán realizar las adecuaciones necesarias a sus sistemas informáticos, para estar en posibilidades de facilitar a los contribuyentes lo establecido en el citado capítulo.

Cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, éstos deberán ser digitales y contener una firma electrónica avanzada del autor, salvo los casos que establezcan una regla diferente.

Para los efectos mencionados en el párrafo anterior, se deberá contar con un certificado que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de una firma electrónica avanzada, expedido por la Secretaría de Finanzas conforme a la Ley de Firma Electrónica del Estado de Zacatecas.

En los documentos digitales, una firma electrónica avanzada amparada por un certificado vigente sustituirá a la firma autógrafa del firmante, garantizará la integridad del documento y producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor probatorio.

Se entiende por documento digital todo mensaje de datos que contiene información o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.

Los datos de creación de firmas electrónicas avanzadas podrán ser tramitados por los contribuyentes ante la Secretaría de Finanzas o cualquier prestador de servicios de certificación autorizado por la Secretaría de la Función Pública en los términos establecidos en la Ley de Firma Electrónica del Estado de Zacatecas.

Art. 46. Cuando los contribuyentes remitan un documento digital a la Secretaría de Finanzas, recibirán el acuse de recibo que contenga el sello digital. El sello digital es el mensaje electrónico que acredita que un documento digital fue recibido por la autoridad correspondiente y estará sujeto a la misma regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. En este caso, el sello digital identificará a la dependencia que recibió el documento y se presumirá, salvo prueba en contrario, que el documento digital fue recibido en la hora y fecha que se consignen en el acuse de recibo mencionado. La Secretaría de Finanzas establecerá los medios para que los contribuyentes puedan verificar la autenticidad de los acuses de recibo con sello digital.

Art. 47. La Secretaría de Finanzas, previo acuerdo firmado con la Secretaría de la Función Pública, podrá proporcionar los siguientes servicios de certificación de firmas electrónicas avanzadas:

I. Verificar la identidad de los usuarios y su vinculación con los medios de identificación electrónica;

II. Comprobar la integridad de los documentos digitales expedidos por la Secretaría de Finanzas;

III. Llevar los registros de los elementos de identificación y de vinculación con los medios de identificación electrónicos de los firmantes y, en su caso, de la representación legal de los firmantes y de aquella información con la que haya verificado el cumplimiento de fiabilidad de las firmas electrónicas avanzadas y emitir el certificado;

IV. Poner a disposición de los firmantes los dispositivos de generación de los datos de creación y de verificación de firmas electrónicas avanzadas o sellos digitales;

V. Informar, antes de la emisión de un certificado a la persona que solicite sus servicios, de las condiciones precisas para la utilización del certificado y de sus limitaciones de uso;

VI. Autorizar a las personas que cumplan con los requisitos que se establezcan en reglas de carácter general, para que proporcionen los siguientes servicios:

a) Proporcionar información sobre los certificados emitidos por la Secretaría de Finanzas, que permitan a terceros conocer:

1. Que el certificado fue emitido por la Secretaría de Finanzas.

2. Si se cuenta con un documento suscrito por el firmante nombrado en el certificado en el que se haga constar que dicho firmante tenía bajo su control el dispositivo y los datos de creación de la firma electrónica avanzada en el momento en que se expidió el certificado y que su uso queda bajo su exclusiva responsabilidad.

3. Si los datos de creación de la firma eran válidos en la fecha en que se expidió el certificado.

4. El método utilizado para identificar al firmante.

5. Cualquier limitación en los fines o el valor respecto de los cuales puedan utilizarse los datos de creación de la firma o el certificado.

6. Cualquier limitación en cuanto al ámbito o el alcance de la responsabilidad de la Secretaría de Finanzas.

7. Si se ofrece un servicio de terminación de vigencia de los certificados; y

b) Proporcionar los servicios de acceso al registro de certificados. A dicho registro podrá accederse por medios electrónicos.

Las facultades mencionadas podrán ser ejercidas directamente en cualquier tiempo por la Secretaría de Finanzas, pudiendo hacerlo en forma separada o conjunta con las personas autorizadas en los términos de esta fracción.

Art. 48. Los certificados que emita la Secretaría de Finanzas para ser considerados válidos deberán contener los datos siguientes:

I. La mención de que se expiden como tales. Tratándose de certificados de sellos digitales, se deberán especificar las limitantes que tengan para su uso;

II. El código de identificación único del certificado;

III. La mención de que fue emitido por la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas y una dirección electrónica;

IV. Nombre del titular del certificado y su clave del registro estatal o municipal de contribuyentes;

V. Período de vigencia del certificado, especificando el día de inicio de su vigencia y la fecha de su terminación;

VI. La mención de la tecnología empleada en la creación de la firma electrónica avanzada contenida en el certificado; y

VII. La clave pública del titular del certificado.

Cuando se trate de certificados emitidos por prestadores de servicios de certificación autorizados por la Secretaría de la Función Pública, que amparen datos de creación de firmas electrónicas que se utilicen para los efectos fiscales, dichos certificados deberán reunir los requisitos a que se refieren las fracciones anteriores, con excepción del señalado en la fracción III de este artículo. En sustitución del requisito contenido en dicha fracción, el certificado deberá contener la identificación del prestador de servicios de certificación y su dirección electrónica, así como los requisitos que para su control establezca la Secretaría de Finanzas, mediante reglas de carácter general.

Art. 49. Los certificados que emita la Secretaría de Finanzas u otras autoridades fiscales, quedarán sin efectos cuando:

I. Lo solicite el firmante;

II. Lo ordene una resolución judicial o administrativa;

III. Fallezca la persona física titular del certificado. En este caso, la revocación deberá solicitarse por un tercero legalmente autorizado, quien deberá acompañar el acta de defunción correspondiente;

IV. Se disuelvan, liquiden o extingan las sociedades, asociaciones y demás personas morales. En este caso, serán los liquidadores quienes presenten la solicitud correspondiente;

V. La sociedad escindente o la sociedad fusionada desaparezca con motivo de la escisión o fusión, respectivamente. En el primer caso, la cancelación la podrá solicitar cualquiera de las sociedades escindidas; en el segundo, la sociedad que subsista;

VI. Transcurra el plazo de vigencia del certificado;

VII. Se pierda o inutilice por daños, el medio electrónico en el que se contengan los certificados;

VIII. Se compruebe que al momento de su expedición, el certificado no cumplió los requisitos legales, situación que no afectará los derechos de terceros de buena fe;

IX. Cuando se ponga en riesgo la confidencialidad de los datos de creación de firma electrónica avanzada de la Secretaría de Finanzas; y

X. La Secretaría de Finanzas:

a) Detecten que los contribuyentes, en un mismo ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas, previo requerimiento de la autoridad para su cumplimiento;

b) Durante el procedimiento administrativo de ejecución no localicen al contribuyente o éste desaparezca;

c) En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca durante el procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas; y

d) Aun sin ejercer sus facultades de comprobación, detecten la existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 167, 168, 169 de este Ordenamiento, y la conducta sea realizada por el contribuyente titular del certificado.

La Secretaría de Finanzas podrá cancelar sus propios certificados de sellos o firmas digitales, cuando se den hipótesis análogas a las previstas en las fracciones VII y IX de este artículo.

Cuando la Secretaría de Finanzas revoque un certificado expedido por ella, se anotará en el mismo la fecha y hora de su revocación.

Para los terceros de buena fe, la revocación de un certificado que emita la Secretaría de Finanzas, surtirá efectos a partir de la fecha y hora que se dé a conocer la revocación en la página electrónica respectiva del citado órgano.

Las solicitudes de revocación a que se refiere este artículo deberán presentarse de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto establezca la Secretaría de Finanzas.

Los contribuyentes a quienes se les haya dejado sin efectos el certificado de sello digital podrán llevar a cabo el procedimiento que, mediante reglas de carácter general, determine la Secretaría de Finanzas para subsanar las irregularidades detectadas, en el cual podrán aportar las pruebas que a su derecho convenga, a fin de obtener un nuevo certificado. La autoridad fiscal deberá emitir la resolución sobre dicho procedimiento en un plazo máximo de tres días, contado a partir del día siguiente a aquel en que se reciba la solicitud correspondiente.

Art. 50. La integridad y autoría de un documento digital con firma electrónica avanzada o sello digital será verificable mediante el método de remisión al documento original con la clave pública del autor.

Art. 51. El titular de un certificado emitido por la Secretaría de Finanzas, tendrá las obligaciones siguientes:

I. Actuar con diligencia y establecer los medios razonables para evitar la utilización no autorizada de los datos de creación de la firma.

Cuando se emplee el certificado en relación con una firma electrónica avanzada, actuar con diligencia razonable para cerciorarse de que todas las declaraciones que haya hecho en relación con el certificado, con su vigencia, o que hayan sido consignados en el mismo, son exactas; y

II. Solicitar la revocación del certificado ante cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo la privacidad de sus datos de creación de firma.

El titular del certificado será responsable de las consecuencias jurídicas que deriven por no cumplir oportunamente con las obligaciones previstas en el presente artículo.

Art. 52. Las personas físicas y morales inscritas en el registro estatal de contribuyentes de la Secretaría de Finanzas tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página de Internet de la Secretaría de Finanzas, a través del cual:

I. La autoridad fiscal realizará la notificación de cualquier acto o resolución administrativa que emita, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido; y

II. Los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, o darán cumplimiento a requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y podrán realizar consultas sobre su situación fiscal.

Para efectos de la fracción II de este artículo el contribuyente deberá utilizar la firma avanzada que tenga asignada por la Secretaría de Finanzas.

Las personas físicas y morales que tengan asignado un buzón tributario deberán consultarlo dentro de los tres días siguientes a aquél en que reciban un aviso electrónico enviado por las autoridades fiscales mediante los mecanismos de comunicación que el contribuyente elija de entre los que se den a conocer mediante reglas de carácter general. Las autoridades fiscales enviarán por única ocasión, mediante el mecanismo elegido, un aviso de confirmación que servirá para corroborar la autenticidad y correcto funcionamiento de éste.

TÍTULO SEGUNDO
De los derechos y obligaciones de
los contribuyentes

Capítulo I
De los derechos del contribuyente

Art. 53. Con independencia de lo establecido en la Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus Municipios, los contribuyentes tendrán los derechos que se describen en el presente capítulo.

Las autoridades fiscales, para el ejercicio de las facultades que las leyes les conceden, están obligadas en los términos de las disposiciones de este Código a garantizar, respetar, y proteger el libre ejercicio de los derechos humanos que a los contribuyentes corresponden, acatando las disposiciones que en este Ordenamiento y demás leyes aplicables se han previsto para la realización de los procedimientos. En todo caso, los contribuyentes, los responsables solidarios y los terceros con ellos relacionados tendrán en los términos que fijen las disposiciones respectivas, los siguientes derechos:

I. Ser llamados, en los términos establecidos en este Código, a los procedimientos administrativos que realicen las autoridades y en los que sean parte;

II. Ser debida y legalmente representados en los procedimientos administrativos en que sean parte, y sean iniciados por las autoridades;

III. Durante la sustanciación de los procedimientos administrativos en que participen les sean recibidas las pruebas que ofrezcan conforme a este Código;

IV. En los procedimientos que realice la autoridad para comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, de los que se derive la base para su liquidación, y por los cuales se deban fijar en cantidad líquida obligaciones a su cargo, se les conceda plazo para alegar y presentar los libros y documentos que desvirtúen los hechos asentados en actas u oficios de observaciones, o sobre los hechos en que se sustente la resolución, los que serán tomados en consideración al emitir la resolución administrativa correspondiente;

V. Sean debidamente valoradas las pruebas que se presenten en términos de la fracción anterior, debiendo emitirse resolución fundada y motivada cuando dichas pruebas le sean desestimadas;

VI. Se les concedan los plazos y prórrogas a que tuvieren derecho conforme este Código;

VII. Previamente a la emisión de cualquier resolución, se hagan de su conocimiento la información y documentos que la autoridad hubiere obtenido de terceros cuando en éstos se sustenten las resoluciones que emita y lo afecten en su interés jurídico;

VIII. Alegar y presentar pruebas previamente a la conclusión de los procedimientos iniciados por la autoridad, contra la información y documentos que ésta hubiere obtenido de terceros cuando en éstos se sustenten las resoluciones que emita;

IX. Les sea proporcionada cualquier información o copias certificadas respecto de su situación fiscal, incluso el estado en que se encuentran los procedimientos administrativos de los que sean parte, cuando sean distintos a los medios de impugnación, para lo cual, en el caso de terceros ajenos a dicha relación, las autoridades fiscales deberán apegarse a las disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

El derecho establecido en esta fracción, no incluye la obligación de la autoridad de informar sobre el sentido que pudiere tener la resolución final que deba dictarse dentro de los procedimientos administrativos que no se encuentren concluidos a la fecha de la solicitud;

X. Presentar promociones respecto a los asuntos que afecten directa y mediata o inmediatamente, su interés jurídico, y a que se dé contestación a dichas promociones dentro de los plazos establecidos en las leyes;

XI. En todos los casos, y cuando se cumplan las condiciones establecidas para ello, previo el otorgamiento que realicen de la garantía del interés fiscal, efectuar cuando sea procedente y en términos de las disposiciones aplicables, el pago en parcialidades de contribuciones que no hubiese realizado dentro de los plazos que este Código establece;

XII. Previo el cumplimiento de las disposiciones aplicables, y otorgamiento que realicen de la garantía del interés fiscal, se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución cuando así lo soliciten;

XIII. Designar en los procedimientos administrativos de ejecución, salvo las excepciones previstas en este Código, los bienes sobre los que se deberá trabar el embargo;

XIV. En el embargo en la vía administrativa para garantizar el interés fiscal, salvo las excepciones señaladas en este Código, se le designe como depositario de los bienes objeto de la garantía;

XV. Obtener las devoluciones que, en términos de este Código, les correspondan y dentro de los plazos que éste señale;

XVI. Percibir las actualizaciones e intereses que se generen en los términos de las disposiciones fiscales, por las cantidades que habiendo percibido el erario estatal o municipal, se encuentren a su favor;

XVII. Cuando hubiese obtenido una resolución, criterio o consulta que les sean favorables, se respeten los términos en que se emitieron, salvo el caso en que por modificaciones a las leyes, normatividad aplicable o variación en las condiciones o actividades del interesado, no sea aplicable el criterio o resolución emitido por la autoridad;

XVIII. Se emita respuesta sobre las consultas que efectúen sobre situaciones reales y concretas de su condición fiscal o sobre la interpretación de las normas aplicables a ésta;

XIX. Se apliquen en los asuntos de su interés, los criterios generales emitidos por escrito por las autoridades fiscales, cuando éstos correspondan a sus condiciones tributarias y les favorezcan;

XX. No les sea asegurada su contabilidad cuando ésta sea necesaria para su integración normal posterior, y que cuando les sea asegurada en términos de las disposiciones aplicables, les sea permitida para tales fines;

XXI. Desvirtuar durante el procedimiento oficioso para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, los hechos asentados en actas u oficio de observaciones;

XXII. No ser revisado por periodos y contribuciones que ya fueron revisados, salvo cuando la autoridad conozca de hechos diferentes, en cuyo caso deberá motivarse debidamente en la orden respectiva;

XXIII. El ejercicio de las facultades de revisión se concluya dentro de los plazos establecidos en este Código, y se les comunique su conclusión;

XXIV. Conocer la identidad de los servidores públicos de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos en los que tengan condición de interesados;

XXV. Al carácter reservado o confidencial en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, de los datos, informes o antecedentes que los servidores de la Administración Pública Estatal y municipal conozcan con motivo del ejercicio de sus funciones;

XXVI. Ser tratados con el debido respeto y consideración por los servidores públicos de la Administración Pública Estatal y municipal;

XXVII. Las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa;

XXVIII. Ofrecer como prueba dentro de la fase oficiosa de la relación tributaria, cualquier documento, incluso el expediente administrativo del cual emane el acto impugnado, los que deberán ser considerados legalmente por los órganos competentes al emitir la correspondiente resolución administrativa;

XXIX. Ser oídos en el trámite administrativo con carácter previo a la emisión de la resolución determinante del crédito fiscal, en los términos de las leyes respectivas;

XXX. Ser informados, al inicio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal, y del procedimiento administrativo de ejecución, sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos previstos en las leyes fiscales.

Se tendrán por informados a los contribuyentes sobre sus derechos, cuando les sea entregado un documento en que se mencionen los derechos del contribuyente y así se asiente en la actuación que corresponda.

La omisión de lo dispuesto en esta fracción no afectará la validez de las actuaciones que lleve a cabo la autoridad fiscal, pero dará lugar a que se finque responsabilidad administrativa al servidor público que incurrió en la omisión, de conformidad con la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos;

XXXI. Corregir en cualquier momento su situación fiscal, incluso cuando se ejerzan por parte de las autoridades fiscales las facultades de comprobación que la ley le concede;

XXXII. Presentar las declaraciones complementarias que sean necesarias para el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales, y el ejercicio de los derechos que de ello emanen;

XXXIII. Acceder a los registros y documentos que formando parte de un expediente abierto a su nombre, distinto a los que corresponden en los medios de impugnación que hubiese ejercido, obren en los archivos administrativos de la autoridad, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de la solicitud;

XXXIV. Se concluya el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, cuando durante el ejercicio de las mismas corrijan su situación fiscal, y hayan transcurrido al menos, tres meses contados a partir del inicio del ejercicio de dichas facultades.

Este derecho se podrá ejercer previa solicitud, si a juicio de la autoridad fiscal y conforme a la investigación realizada, se desprende que el contribuyente ha corregido en su totalidad las obligaciones fiscales por las que se ejercieron las facultades de comprobación y por el período objeto de revisión. Cuando el contribuyente lo solicite y la autoridad fiscal considere que no se surte el supuesto correspondiente, ésta deberá fundar y motivar debidamente la resolución en que se lo comunique.

De ser procedente la conclusión señalada, se hará constar la corrección fiscal mediante oficio o acta final que se hará del conocimiento del contribuyente y se decretará la conclusión de la revisión o visita domiciliaria de que se trate;

XXXV. Previa solicitud, cuando corrijan su situación fiscal con posterioridad a la conclusión del ejercicio de las facultades de comprobación y las autoridades fiscales verifiquen que el contribuyente ha corregido en su totalidad las obligaciones fiscales que se conocieron con motivo del ejercicio de las facultades mencionadas, se comunique al contribuyente mediante oficio dicha situación, en el plazo de un mes contado a partir de la fecha en que la autoridad fiscal haya recibido la declaración de corrección fiscal y la solicitud del contribuyente;

XXXVI. No sean determinadas nuevas omisiones de las contribuciones revisadas durante el periodo objeto del ejercicio de las facultades de comprobación, salvo cuando se comprueben hechos diferentes. La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información que el propio contribuyente proporcione al hacer valer los medios de impugnación a que tiene derecho, o en información, datos o documentos de terceros, o bien, en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad; y

XXXVII. Acudir ante la comisión estatal de la defensa del contribuyente para aclarar en breve tiempo los aspectos de la revisión con los que esté inconforme y, en su caso, obtener la condonación de multas.

Capítulo II
De las obligaciones de los contribuyentes

Sección primera
De la representación de los particulares y
de las promociones e instancias

Art. 54. En los trámites administrativos que se realicen ante las autoridades fiscales, no se permite la gestión de negocios. Quienes promuevan a nombre de otro, deberán acreditar que la representación les fue otorgada a más tardar en la fecha que se presente la promoción.

La representación ante las autoridades fiscales deberá acreditarse mediante escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las autoridades fiscales, o ante fedatario público. En el caso de carta poder, para acreditar debidamente el poder otorgado, se deberá proporcionar ésta a la autoridad, acompañada de una copia de una identificación del contribuyente o representante legal y de los testigos instrumentales.

Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a personas que a su nombre reciban notificaciones. La persona así autorizada podrá ofrecer, rendir pruebas y presentar promociones relacionadas con estos propósitos.

Para los efectos de este artículo, las escrituras públicas que se contengan en documentos digitales en los términos de lo dispuesto por el artículo 1834 bis del Código Civil Federal, deberán contener firma electrónica avanzada del fedatario público.

Cuando las promociones deban ser presentadas en documentos digitales por los representantes o los autorizados, el documento digital correspondiente deberá contener firma electrónica avanzada de dichas personas.

Los representantes legales tienen la obligación de informar a la autoridad cuando su poder haya sido modificado, sustituido o revocado.

Art. 55. Toda promoción que se presente ante las autoridades fiscales, deberá estar firmada por el interesado o por quien esté legalmente autorizado para ello, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, caso en el que imprimirá su huella digital.

Cuando se promueva a través de medios electrónicos deberá utilizarse la firma electrónica avanzada que corresponda al interesado de acuerdo con las disposiciones de este Código.

Tratándose de las promociones de contribuyentes ubicados dentro del régimen de incorporación fiscal, la Secretaría de Finanzas será la encargada de generar un certificado para estos contribuyentes con la finalidad de realizar la autentificación de sus promociones.

Art. 56. Las promociones que realicen los particulares deberán presentarse en los formatos impresos que al efecto aprueben las autoridades fiscales, en el número de ejemplares que establezca la forma oficial y acompañar los anexos que en su caso ésta requiera. Cuando no existan formas impresas aprobadas, el documento se presentará en escrito libre que contenga original y copia y, en su caso, con las copias necesarias para cada uno de los interesados que en él se señalen; debiendo tener por lo menos los siguientes requisitos:

I. El nombre, la denominación o razón social de quien promueve; el domicilio fiscal manifestado al registro estatal o municipal de contribuyentes, y la clave que le correspondió en dicho registro y, en su caso, la Clave Única en el Registro de Población;

II. Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción;

III. En su caso, el domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del Estado o municipio en que resida, la dirección de correo electrónico y el nombre de la persona autorizada para recibirlas; y

IV. Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de otro o de personas morales, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 54 de este Código.

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este artículo, las autoridades fiscales mediante oficio o por medio electrónico cuando así proceda, requerirán al promovente a fin que en un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación, cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho plazo, la promoción se tendrá por no presentada; si la omisión consiste en no haber usado la forma oficial aprobada, las autoridades fiscales deberán acompañar al requerimiento la forma respectiva en el número de ejemplares que sea necesario.

En el caso que la firma asentada en una promoción o instancia no sea legible o se dude de su autenticidad, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en el mismo plazo señalado en el párrafo anterior, se presente a ratificar la firma plasmada en la promoción, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentada.

Las promociones podrán presentarse por medio electrónico cuando quien lo haga reúna los requisitos que para tales efectos las autoridades fiscales hubieren establecido.

Cuando las autoridades fiscales autoricen la presentación de promociones mediante documento digital, también señalará los requisitos que para tales efectos deban cumplirse.

Lo dispuesto en este artículo no es aplicable a las declaraciones, solicitudes de inscripción o avisos al registro estatal o municipal de contribuyentes.

Art. 57. Cuando los contribuyentes efectúen consultas a la autoridad sobre la interpretación y aplicación de las normas y demás disposiciones fiscales, deberán hacerlo sobre situaciones reales y concretas que a ellos correspondan. Sólo se podrán hacer estas consultas de manera individual, y siempre que las mismas no sean materia de medios de defensas administrativos o jurisdiccionales que hubiesen sido interpuestos directamente o a través de representante por los propios interesados.

Igualmente no podrán realizarse consultas que versen sobre la interpretación directa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la propia del Estado.

Las consultas planteadas en términos de este precepto, además de los requisitos formales obligatorios, deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Señalar los números telefónicos, en su caso, del contribuyente y de los autorizados para oír y recibir notificaciones en los términos de este Código;

II. Describir las actividades a las que se dedica el interesado;

III. Indicar el monto de la operación u operaciones objeto de la promoción, en su caso;

IV. Señalar todos los hechos y circunstancias relacionados con la promoción, así como acompañar los documentos e información que soporten tales hechos o circunstancias;

V. Indicar si los hechos o circunstancias sobre los que verse la promoción han sido previamente planteados ante la misma autoridad u otra distinta, o han sido materia de medios de defensa ante autoridades administrativas o jurisdiccionales y, en su caso, el sentido de la resolución; y

VI. Indicar si el contribuyente se encuentra sujeto al ejercicio de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales, señalando los periodos y las contribuciones, objeto de la revisión.

Asimismo, deberá mencionar si se encuentra dentro del plazo para que las autoridades fiscales emitan la resolución derivada del ejercicio de facultades de comprobación.

Si el promovente no se encuentra en los supuestos a que se refieren las fracciones V y VI anteriores, deberá manifestarlo así expresamente.

Cuando la consulta la realicen asociaciones de contribuyentes debidamente reconocidas, deberá además, señalarse los requisitos contenidos en las fracciones I a VI anteriores, por cada uno de los interesados.

Cuando las consultas se realicen en contravención a lo establecido en este artículo, las autoridades fiscales lo comunicarán al interesado, para que éste en el plazo de diez días, corrija mediante la presentación de otra promoción las irregularidades que le hubieren sido comunicadas. Si dentro del plazo señalado no se presenta una nueva promoción, las autoridades competentes, previa comunicación al interesado, podrán abstenerse de emitir una respuesta sobre los asuntos planteados, y no se actualizará el supuesto referente a la negativa ficta.

Cuando los interesados presenten consultas en los términos de este artículo, y simultáneamente las autoridades fiscales estén ejerciendo sus facultades de comprobación, relacionadas con las disposiciones cuyo cumplimiento sea materia de la consulta planteada, el plazo para resolver las consultas se suspenderá desde la fecha en que se presenten las mismas y hasta la fecha en que quede firme la resolución que, en su caso, se hubiere emitido respecto el resultado del ejercicio de las facultades de comprobación.

Para efectos de este artículo, se considera que la consulta es presentada de manera individual, cuando sea efectuada por asociaciones de contribuyentes debidamente reconocidas en términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

De las resoluciones generadas conforme este artículo sólo se generarán derechos para quienes de forma individual reúnan los requisitos que en este artículo y en la consulta hubieren sido planteados.

En el caso que al presentarse la promoción se hubieren omitido requisitos que no puedan ser conocidos por las autoridades, y que por consecuencia no puedan ser requeridos para ser subsanados en términos de este artículo, las resoluciones que se dicten favorables a los particulares, serán nulas de pleno derecho. Esta situación será comunicada a los interesados mediante resolución fundada y motivada de la autoridad que conozca de ello, incluso en el caso de ser posterior a sus efectos, sin que sean necesarios mayores requisitos para su debida validez legal.

Art. 58. De las resoluciones por escrito que se dicten por autoridad competente a las consultas planteadas dentro de los límites establecidos en el artículo anterior, que sean favorables a los particulares, se derivan derechos privativos para éstos exclusivamente sobre las situaciones reales y concretas a que se refieran, siempre que se actualicen los siguientes supuestos:

I. Que la consulta comprenda los antecedentes y circunstancias necesarias que permitan sustentar el pronunciamiento emitido por la autoridad;

II. Que los antecedentes y circunstancias que originen la consulta no se hubieren modificado posteriormente a su presentación ante la autoridad; y

III. Que la consulta se formule antes que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación respecto de las situaciones reales y concretas a que se refiere la consulta.

La autoridad no quedará vinculada por la respuesta otorgada a las consultas realizadas por los contribuyentes cuando los términos de la consulta no coincidan con la realidad de los hechos que hubiesen sido expuestos por el promovente, o cuando hubieren existido modificaciones a la legislación aplicable que por su aplicación al caso concreto lo coloquen como inviable.

Las respuestas recaídas a las consultas a que se refiere este artículo no se consideran resoluciones definitivas, por tanto, los interesados sólo podrán impugnar las resoluciones definitivas en las cuales la autoridad aplique los criterios contenidos en dichas respuestas, a través de los medios de defensa establecidos en las disposiciones aplicables.

Art. 59. Las autoridades fiscales podrán dar a conocer a las diversas dependencias el criterio que deberán seguir respecto la aplicación de las disposiciones fiscales, de los cuales derivarán derechos para los particulares cuando se publiquen en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, sin que por ello se generen obligaciones para los mismos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las autoridades fiscales publicarán la información que requiera darse a conocer a los contribuyentes para su beneficio, a través de la página electrónica de las propias autoridades.

Art. 60. Las resoluciones administrativas de carácter individual o dirigidas a agrupaciones, dictadas en materia de impuestos que otorguen una autorización o que siendo favorables a los particulares, determinen un régimen fiscal, surtirán sus efectos para el contribuyente, en el ejercicio fiscal en el que se otorguen o en el ejercicio inmediato anterior, cuando así se hubiera solicitado, siempre que la resolución se otorgue en los tres meses siguientes al cierre del mismo.

Al concluir el ejercicio para el que se hubiere emitido una resolución de las que señala el párrafo anterior, los interesados a fin de dar continuidad a la resolución anterior, deberán someter en un plazo de quince días a partir de que hubiere quedado sin efectos la resolución anterior, las circunstancias del caso a las autoridades fiscales para que dicten la nueva resolución que proceda.

Art. 61. Las promociones o instancias, así como las peticiones que formulen los interesados a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de treinta días hábiles; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer, mientras no se dicte la resolución, los medios de defensa a que tiene derecho, en cualquier tiempo posterior a dicho plazo.

Cuando la autoridad requiera al promovente para que cumpla los requisitos que hubiere omitido en su promoción, o proporcione los elementos necesarios para resolver, éste contará con un término de diez días para cumplir dicho requerimiento. En este caso, el plazo para que las autoridades fiscales resuelvan, comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido. En caso que no se dé cumplimiento al requerimiento en el plazo señalado se tendrá por no presentada la promoción o instancia respectiva.

Art. 62. A fin de realizar las aclaraciones pertinentes sin ejercer los medios de impugnación previstos en las disposiciones legales, los particulares podrán acudir mediante escrito libre que entregarán personalmente ante las autoridades fiscales, dentro de un plazo de seis días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de las resoluciones a que se refieren los artículos 115 y 155 de este Código, así como en los demás casos que las autoridades fiscales determinen.

La promoción realizada en términos del párrafo anterior, deberá ser resuelta por las autoridades fiscales en un plazo de quince días contados a partir de aquél en que se hubiese presentado conjuntamente con la información y documentos que las propias autoridades fiscales hayan establecido.

Lo previsto en este artículo no constituye instancia, ni interrumpe ni suspende los plazos para que los particulares puedan interponer los medios de defensa. Las resoluciones que se emitan por las autoridades fiscales en términos de este artículo sólo podrán ser impugnadas por los particulares, conjuntamente con el medio de defensa que se intente contra la resolución primigenia de la que derivó su solicitud.

Las autoridades fiscales cancelarán los requerimientos que hayan formulado a los contribuyentes o retenedores exigiendo la presentación de avisos o de declaraciones para el pago de contribuciones presuntamente omitidas, así como las multas que se hubiesen impuesto con motivo de dichas omisiones, siempre y cuando hayan cumplido de manera espontánea con la obligación fiscal de la cual se requiere su cumplimiento, debiendo acreditar dicho supuesto con la exhibición del aviso o la declaración respectiva.

Si el documento respectivo se exhibe en el momento de la diligencia de notificación del requerimiento, el notificador ejecutor suspenderá la citada diligencia, tomará nota circunstanciada de dicho documento y dará cuenta al titular de la oficina requirente de la solicitud de cancelación. Dicho titular resolverá sobre la cancelación del requerimiento o de la multa, en su caso. Si el documento exhibido no fuere el idóneo, se repetirá la diligencia en la forma que proceda.

Art. 63. Las resoluciones administrativas en materia fiscal de carácter individual favorables a un particular, sólo podrán ser modificadas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales.

Art. 64. Las autoridades fiscales podrán dejar sin efecto o modificar las resoluciones administrativas de carácter general que hubieran emitido. Las derogaciones o modificaciones realizadas, no afectarán los derechos adquiridos por los particulares que se hubieran producido con anterioridad, incluso cuando se emita una nueva resolución.

Sección segunda
De la presentación de declaraciones
ante la autoridad fiscal

Art. 65. Las contribuciones y aprovechamientos se pagan mediante declaración que deberán presentar los contribuyentes, en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas.

En el supuesto de que las solicitudes, declaraciones y avisos se presenten de manera extemporánea, surtirán sus efectos a partir de la fecha en que sean presentados.

Tratándose de los créditos fiscales establecidos en cantidad líquida por las autoridades fiscales como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, determinación o sancionadoras, deberán pagarse junto con sus accesorios, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación, o garantizarse cuando se solicite plazo para el pago en parcialidades, o en cualquier otro caso que expresamente se prevea en las disposiciones fiscales.

Las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales determinen en cantidad líquida como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, así como los demás créditos fiscales, deberán pagarse o garantizarse conjuntamente con sus accesorios, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en el que haya surtido efecto su notificación.

Cuando la obligación de pago del crédito fiscal derive de una responsabilidad solidaria por disposición de ley, las autoridades fiscales previamente a la notificación de la resolución que lo determina en cantidad líquida, deberán correr traslado al responsable solidario de los procedimientos realizados en el ejercicio de sus facultades de comprobación.

El pago de contribuciones se acreditará mediante el recibo oficial, declaración de pago, el comprobante, confirmación electrónica, o la documentación que establezcan las disposiciones respectivas.

Los formatos electrónicos de pago y su instructivo de llenado, se darán a conocer mediante reglas de carácter general y en la página electrónica de la Secretaría de Finanzas.

Art. 66. Las declaraciones presentadas por los contribuyentes en términos de lo establecido en las disposiciones fiscales se consideran definitivas; no obstante, podrán presentarse declaraciones complementarias para modificar los datos contenidos en la declaración anterior presentada.

Cuando las autoridades fiscales hubiesen iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación, la declaración complementaria que presente el contribuyente sujeto a ellas se considerará como corrección fiscal, y deberán pagarse las multas que al efecto se hubiesen generado por el incumplimiento de obligaciones fiscales cuando en ellas se determine pago de contribuciones a cargo del contribuyente.

Asimismo, si después de haberse presentado dos o más declaraciones complementarias a la original, se pretenden presentar otras declaraciones complementarias en las que se modifiquen conceptos que originen el pago de lo indebido del contribuyente o tengan efectos que reduzcan las cargas tributarias de éste, deberá proporcionarse la información y, en su caso, anexarse a éstas los documentos que acrediten la existencia y veracidad de tales operaciones.

Art. 67. Las personas que conforme a las disposiciones fiscales tengan obligación de presentar solicitudes en materia de registro estatal o municipal de contribuyentes, avisos o informes, ante las autoridades fiscales, lo harán en las formas impresas que siendo aprobadas por las autoridades fiscales estatales o municipales, según sea el caso y hayan sido publicadas en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado o en las gacetas municipales, debiendo proporcionar el número de ejemplares, los datos e informes y los documentos que dichas formas requieran; o bien, deberán hacerlo mediante documento digital cuando así lo establezcan las mencionadas autoridades fiscales.

Tratándose de declaraciones que tengan obligación de presentar los contribuyentes ante la Secretaría de Finanzas, aun cuando no exista cantidad a pagar, éstas deberán presentarse invariablemente a través de los medios electrónicos que establezca, mediante reglas de carácter general, la propia Secretaría de Finanzas.

Cuando las formas para la presentación de los avisos e informes que prevengan las disposiciones fiscales, no hubieran sido aprobadas y publicadas en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, por las autoridades fiscales a más tardar un mes antes de la fecha en que el contribuyente esté obligado a utilizarlas, los obligados a presentarlas podrán utilizar las últimas formas publicadas por la citada dependencia y, si no existiera forma publicada, las formularán en escrito libre que contenga su nombre, denominación o razón social, domicilio y clave del registro estatal o municipal de contribuyentes según corresponda, así como el periodo y los datos relativos a la obligación que pretendan cumplir; si se trata de obligación de pago, deberá señalarse, además, el monto del mismo.

Los contribuyentes que tengan obligación de presentar declaraciones periódicas de conformidad con las leyes fiscales respectivas, continuarán haciéndolo en tanto no presenten los avisos de suspensión, disminución o cancelación en el registro estatal o municipal de contribuyentes según corresponda.

Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, de personas no residentes en el Estado, con cuya intervención éstas efectúen actividades por las que deban pagar contribuciones, están obligados, en los términos de este artículo, a formular y presentar a nombre de sus representados ante la omisión de éstos, las declaraciones, avisos y demás documentos que señalen las disposiciones fiscales. Esta disposición, no releva a los obligados principales de presentar el aviso correspondiente cuando no sea presentado por sus representantes.

En las oficinas autorizadas se recibirán los avisos, solicitudes y demás documentos tal y como se exhiban, sin hacer observaciones ni objeciones. Únicamente se podrá rechazar la presentación cuando ésta corresponda hacerse sólo a través de medios electrónicos o cuando no contengan el nombre, denominación o razón social del contribuyente, su clave de registro estatal o municipal de contribuyentes, según corresponda, su domicilio fiscal o no contengan firma del contribuyente o de su representante legal.

Cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma declaración o aviso y se omita hacerlo por alguna de ellas, se tendrá por no presentada la declaración o aviso por la contribución omitida.

Las personas obligadas a presentar solicitud de inscripción o avisos en los términos de las disposiciones fiscales, podrán presentar solicitud o avisos complementarios, completando o sustituyendo los datos de la solicitud o aviso original que deban ser modificados.

Art. 68. Cuando las disposiciones aplicables así lo señalen, los contribuyentes, deberán presentar solicitudes en materia de registro estatal de contribuyentes, declaraciones, avisos o informes, en documentos digitales con firma electrónica avanzada a través de los medios o formatos electrónicos, enviándolos a las autoridades correspondientes o a las oficinas autorizadas, según sea el caso, debiendo cumplir los requisitos establecidos en los manuales y reglas de operación, los cuales serán publicados en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, así como en la página electrónica de la Secretaría de Finanzas y, en su caso, pagar mediante transferencia electrónica de fondos.

Cuando las disposiciones fiscales establezcan que se acompañe un documento distinto a escrituras o poderes notariales, y éste no sea digitalizado, la solicitud o el aviso se podrán presentar en medios impresos.

Los contribuyentes podrán cumplir con la obligación a que se refiere el párrafo anterior, en las oficinas establecidas por la Secretaría de Finanzas para tales efectos, proporcionando la información necesaria a fin que sea enviada por medios electrónicos a las direcciones electrónicas correspondientes y, en su caso, ordenando la transferencia electrónica de fondos.

Los formatos electrónicos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se darán a conocer en el portal electrónico de la Secretaría de Finanzas, los cuales estarán apegados a las disposiciones fiscales aplicables, y su uso será obligatorio siempre que la difusión en el portal mencionado se lleve a cabo al menos con un mes de anticipación a la fecha en que el contribuyente esté obligado a utilizarlos.

Art. 69. A petición de los interesados, y previo pago de los derechos correspondientes, las autoridades fiscales podrán expedir constancias en la que se señalen las declaraciones por ellos presentadas, o sobre la situación fiscal de éstos. Dicha constancia únicamente tendrá carácter informativo y en ella no se prejuzgará sobre el correcto cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Para ello, las autoridades fiscales contarán con un plazo de quince días contados a partir que se haya presentado la solicitud, para expedir los documentos o información solicitados.

Sección tercera
De la inscripción y avisos al registro estatal o
municipal de contribuyentes

Art. 70. Las personas físicas, morales, así como las unidades económicas, que realicen actividades por las que de forma periódica deban pagar contribuciones en los términos de las disposiciones fiscales estatales; los retenedores o recaudadores de contribuciones por disposición de ley, y aquéllas que sin estar obligadas al pago de las mismas les hayan sido establecidas obligaciones en la materia, deberán solicitar su inscripción en el registro estatal o municipal de contribuyentes.

Para los efectos de actualización del registro estatal o municipal de contribuyentes y los procedimientos que realizan las autoridades fiscales, la solicitud o los avisos a que se refiere este artículo, que se presenten en forma extemporánea, surtirán sus efectos a partir de la fecha en que sean presentados, aun cuando los hechos que los motivaron se hayan realizado en época diferente.

Las autoridades fiscales podrán verificar la existencia y localización del domicilio fiscal manifestado por el contribuyente en el aviso respectivo. Las personas físicas que no se encuentren en los supuestos del párrafo primero de este artículo, podrán solicitar su inscripción al registro estatal o municipal de contribuyentes, según corresponda, cumpliendo los requisitos establecidos que, para tal efecto, publiquen las autoridades fiscales.

La solicitud de inscripción y demás avisos deberán presentarse dentro del mes siguiente al día en que se inicien actividades de las que derive el cumplimiento de obligaciones fiscales, o del día en que se realice la situación jurídica o de hecho que lo genera.

La Secretaría de Finanzas y las tesorerías municipales llevarán, de conformidad con este artículo, y asignarán la clave de registro que corresponda, con base en los datos que por los interesados le sean proporcionados. Para estos efectos, se podrá considerar y utilizar la clave del registro estatal de contribuyentes de la Secretaría de Finanzas de forma general.

Los obligados a presentar los avisos a que se refiere este artículo, deberán citar la clave que les haya sido asignada en todo documento que se presente ante las autoridades fiscales.

Art. 71. La solicitud de inscripción en el registro estatal o municipal de contribuyentes a que se refiere el artículo anterior, deberá presentarse dentro del mes siguiente al día en que se efectúen las situaciones que a continuación se señalan:

I. Las personas morales residentes en el Estado de Zacatecas, a partir de que se firme su acta constitutiva; y

II. Las personas físicas, así como las morales residentes en el extranjero, desde que se realicen las situaciones jurídicas o de hecho que den lugar a la presentación de declaraciones periódicas o a la obligación de obtener su licencia de funcionamiento en los términos de la ley respectiva.

Art. 72. La solicitud de inscripción en el registro estatal o municipal de contribuyentes deberá presentarse ante la autoridad fiscal que corresponda a su lugar de residencia en el formato que para tal efecto emitan las autoridades fiscales.

Art. 73. Tratándose de establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en que almacenen mercancías y, en general, cualquier local o establecimiento que utilicen para el desempeño de sus actividades, los contribuyentes deberán presentar, en su caso, los avisos que enseguida se señalan y conservarlos en los lugares citados, debiendo exhibirlo a las autoridades fiscales cuando éstas lo soliciten:

I. Cambio de domicilio fiscal;

II. Cambio de nombre, denominación o razón social;

III. Cambio de representante legal;

IV. Aumento de obligaciones;

V. Disminución de obligaciones;

VI. Suspensión de actividades;

VII. Reanudación de actividades;

VIII. Cancelación en el registro de contribuyentes;

IX. Apertura de establecimientos o locales; y

X. Cierre de establecimientos o locales.

Art. 74. Se considera que hay cambio de domicilio fiscal, cuando el contribuyente o retenedor lo establezca en lugar distinto al que se tiene manifestado o cuando deba considerarse un nuevo domicilio en los términos del Código.

El aviso de cambio de domicilio fiscal deberá presentarse dentro del mes siguiente al día en que tenga lugar la situación jurídica o de hecho que corresponda, ante la recaudación de rentas o tesorería municipal que señale a su nuevo domicilio.

En caso de cambio de nomenclatura o numeración oficial las autoridades fiscales actualizarán los datos correspondientes sin que en este caso el contribuyente deba presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal.

Art. 75. Para los efectos del cambio de nombre, denominación o razón social, el aviso deberá presentarse ante la autoridad fiscal que corresponda, dentro del mes siguiente al día en que tenga lugar el cambio de nombre o en que se firme la escritura respectiva.

Para los efectos de este Código, se considera que cambia el nombre de las personas físicas cuando así se haga constar en el Registro Civil; además, se entiende que cambia la denominación o razón social de las personas morales, cuando dicho cambio haya ocurrido en los términos de las disposiciones legales aplicables y se haga constar que se eleve a rango de escritura pública, debidamente registrada.

Art. 76. El aviso de cambio de representante legal, deberá presentarse ante la autoridad fiscal que corresponda, de acuerdo con lo siguiente:

I. Tratándose de personas morales, cuando se cambie a quien tendrá la representación legal de la misma dentro de los quince días siguientes a que tenga lugar el cambio de la persona a quien se haya conferido la administración única, dirección general o gerencia general, o quien realice estas funciones con independencia del nombre del cargo con que se le designe, así como cuando se haga la designación del síndico o liquidador, respectivamente; debiendo acompañarse en su caso, la escritura respectiva; y

II. Tratándose de personas físicas que cuenten con representante, dentro de los quince días siguientes a que tenga lugar el cambio del mismo.

Art. 77. Los avisos de aumento o disminución de obligaciones, así como los avisos de suspensión o reanudación de actividades, deberán presentarse en los siguientes supuestos:

I. De aumento, cuando se esté obligado a presentar declaraciones distintas de las que se venían presentando;

II. De disminución, cuando se deje de estar sujeto a cumplir con alguna o algunas obligaciones y se deba seguir presentando declaración por otros conceptos;

III. De suspensión, cuando el contribuyente interrumpa las actividades por las cuales está obligado a presentar declaraciones, siempre y cuando no deba cumplir con otras obligaciones fiscales de pago, por sí mismo o por cuenta de terceros. En este último caso, el aviso que deberá presentar es el establecido en la fracción anterior.

No será necesario presentar dicho aviso, cuando se tenga que presentar el aviso de cancelación en el registro estatal o municipal de contribuyentes, según corresponda.

Además, deberá estarse a lo siguiente:

a) Este aviso, durante su vigencia, libera al contribuyente de la obligación de presentar declaraciones, excepto cuando se trate de contribuciones causadas aún no cubiertas o de declaraciones correspondientes a períodos anteriores a la fecha de inicio de la suspensión de actividades;

b) Durante el período de suspensión de actividades, el contribuyente no queda relevado de presentar los demás avisos previstos en este Código;

c) Los contribuyentes que reanuden actividades, no podrán presentar dentro del mismo ejercicio fiscal nuevo aviso de suspensión;

d) El aviso de suspensión a que se refiere esta disposición deberá presentarse ante la autoridad fiscal que corresponda a más tardar en la fecha en que el contribuyente hubiere estado obligado a presentar declaración en caso de haber realizado actividades; y

IV. De reanudación, cuando el contribuyente vuelva a estar obligado a presentar declaraciones, debiendo presentarse dicho aviso conjuntamente con la primera declaración.

El aviso de aumento o disminución de obligaciones fiscales deberá presentarse ante la autoridad fiscal que corresponda, dentro del mes siguiente al día en que se realicen las situaciones jurídicas o de hecho que los motiven.

Para los efectos de las fracciones I y II de este artículo, se considerará que no hay aumento o disminución de obligaciones fiscales cuando se modifiquen los formatos en que deban presentarse las declaraciones o cuando por disposición legal se modifiquen los plazos para efectuar pagos.

Art. 78. El aviso de cancelación en el registro estatal o municipal de contribuyentes que corresponda, deberá presentarse de acuerdo con lo siguiente:

I. En los casos de fusión de sociedad, la que subsista o resulte de la fusión presentará el aviso por las sociedades que desaparezcan, junto con la última declaración que les correspondía presentar, la sociedad acompañará constancia de que la fusión ha quedado inscrita en el registro público correspondiente;

II. En los casos de escisión de sociedades, cuando se extinga la escindente, la escindida que se designe en el acuerdo de escisión presentará el aviso por dicha escindente, junto con la última declaración que le correspondía presentar a la escindente.

Las sociedades que, en su caso, surjan con motivo de la escisión, únicamente presentarán el aviso de inscripción en el registro estatal o municipal según corresponda; y

III. Tratándose del fallecimiento, el representante legal de la sucesión de personas obligadas a presentar declaraciones, presentará el aviso de cancelación del registro estatal o municipal de contribuyentes, según corresponda, del autor de la sucesión, dentro del mes siguiente al día en que haya dado por finalizada la liquidación de la sucesión.

En el aviso de cancelación del registro estatal o municipal de contribuyentes, según corresponda, deberá señalarse el domicilio donde queda a disposición de las autoridades fiscales la contabilidad y documentación con la que se compruebe el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Art. 79. Tratándose del aviso de cancelación en el registro estatal o municipal de contribuyentes por liquidación de personas morales o sociedades, el aviso deberá presentarse ante la autoridad fiscal que corresponda dentro del mes siguiente al día en que se inicie el procedimiento de liquidación.

Art. 80. En el caso de personas morales cuyo domicilio fiscal se encuentre dentro de la circunscripción territorial del Estado de Zacatecas y pretendan establecer una sucursal, establecimiento o local en un domicilio distinto al del domicilio fiscal, deberán realizar el aviso de apertura.

Los avisos de apertura o cierre de establecimientos o de locales que se utilicen como base fija para el desempeño de sus actividades, deberán presentarse ante la autoridad fiscal dentro del mes siguiente al día en que se realice cualquiera de estos hechos.

Los avisos de apertura o cierre de establecimientos o locales se presentarán ante la autoridad fiscal que corresponda cuando se utilice como domicilio para el desempeño de actividades comerciales, industriales, agropecuarias, o de servicios, incluyendo el arrendamiento, uno diverso al señalado como domicilio fiscal.

Sección cuarta
De las devoluciones y compensaciones

Art. 81. Las autoridades fiscales devolverán a los particulares, las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En caso de contribuciones que se hubieran retenido o recaudado a terceros, la devolución deberá ser solicitada y sólo se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido o recaudado la contribución de que se trate.

Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la devolución en los términos de este artículo, nace cuando dicho acto se anule.

Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la fecha en que fue presentada la solicitud ante las autoridades fiscales con todos los datos requeridos, incluyendo para el caso en que solicite la devolución para su depósito en cuenta del solicitante, los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera debidamente integrado, de conformidad con las disposiciones del Banco de México, además deberá anexar los documentos y declaraciones en los cuales se originó el saldo que compruebe plenamente el importe de lo solicitado.

Cuando en la solicitud de devolución únicamente existan errores aritméticos en la determinación de la cantidad solicitada, las autoridades fiscales devolverán las cantidades que correspondan, sin que sea necesario presentar una declaración complementaria.

Cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos en la misma, las autoridades fiscales requerirán al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de diez días aclare dichos datos, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. En este supuesto no será necesario presentar una nueva solicitud cuando los datos erróneos solo se hayan consignado en la solicitud o en los anexos. Dicho requerimiento suspenderá el plazo previsto para efectuar la devolución, durante el periodo que transcurra entre el día hábil siguiente en que surta efectos la notificación del requerimiento y la fecha en que se atienda el requerimiento.

Las autoridades fiscales podrán devolver una cantidad menor a la solicitada por los contribuyentes, cuando con motivo de la revisión efectuada a la documentación e información aportados por el contribuyente que ya obren en su poder, exista certeza que la cantidad que se devuelve es la que corresponde. En este caso, la solicitud se considerará negada por la parte que no sea devuelta, salvo que se trate de errores aritméticos o de forma, en cuyo caso deberá comunicarse esta circunstancia al interesado. Cuando las autoridades fiscales mediante oficio regresen la solicitud de devolución a los contribuyentes, se considerará que ésta fue negada en su totalidad. Para tales efectos, las autoridades fiscales deberán fundar y motivar las causas que sustentan la negativa parcial o total de la devolución respectiva.

Los requerimientos a que se refiere este artículo se formularán por las autoridades fiscales en documento digital que se notificará al contribuyente a través del buzón tributario, el cual deberá atenderse por los contribuyentes mediante este medio de comunicación.

Art. 82. El Estado o municipio, según corresponda, deberá pagar la devolución que proceda actualizada conforme a lo previsto en los artículos 8º y 10 de este Código.

Para el caso de depósito en cuenta, se entenderá que la devolución está a disposición del contribuyente a partir de la fecha en que la autoridad efectúe el depósito en la institución financiera señalada en la solicitud de devolución.

Cuando en el acto administrativo que autorice la devolución se determinen correctamente la actualización y los intereses que en su caso procedan, calculados a la fecha en la que se emita dicho acto sobre la cantidad que legalmente proceda, se entenderá que dicha devolución está debidamente efectuada siempre que entre la fecha de emisión de la autorización y la fecha en la que la devolución esté a disposición del contribuyente no haya transcurrido más de un mes.

Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución de cantidades a favor de los interesados, la orden de devolución no implicará resolución favorable, quedando a salvo las facultades de comprobación de la autoridad. Si la devolución se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 11 de este Código, sobre las cantidades actualizadas, tanto por las devueltas indebidamente como por los intereses pagados por las autoridades fiscales, a partir de la fecha de la devolución.

La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el crédito fiscal. Para estos efectos, la solicitud de devolución que presente el particular, se considera como gestión de cobro que interrumpe la prescripción.

La devolución deberá hacerse a petición del interesado.

Art. 83. Cuando los contribuyentes presenten solicitud de devolución de un saldo a favor o de un pago de lo indebido, y la devolución se efectúe fuera del plazo establecido en el artículo 81 de este Código, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente al vencimiento de dicho plazo conforme a la tasa prevista en los términos del artículo 11 de este Código que se aplicará sobre la devolución actualizada.

Cuando el contribuyente presente una solicitud de devolución que sea negada y posteriormente sea concedida por las autoridades fiscales en cumplimiento de una resolución dictada en un recurso administrativo o de una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses en términos del párrafo anterior se efectuará a partir de:

I. Tratándose de saldos a favor o cuando el pago de lo indebido se hubiese determinado por el propio contribuyente, a partir de la fecha en que se hubiera presentado la solicitud de devolución y dejarán de generarse en el momento en que las autoridades fiscales lo acepten, lo cual deberá notificarse al contribuyente mediante resolución; y

II. Cuando el pago de lo indebido se hubiese realizado por haber sido determinado por las autoridades fiscales, a partir de que se pagó dicho crédito.

Cuando no se haya presentado una solicitud de devolución de pago de lo indebido y la devolución se efectúe en cumplimiento a una resolución emitida en un recurso administrativo o a una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional, el cálculo de los intereses se efectuará a partir de que se interpuso el recurso administrativo o, en su caso, la demanda del juicio respectivo, por los pagos efectuados con anterioridad a dichos supuestos.

Cuando el Estado o municipio deba pagar intereses a los contribuyentes sobre las cantidades actualizadas que les deba devolver, pagará dichos intereses conjuntamente con la cantidad principal objeto de la devolución actualizada, los cuales se computarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día siguiente a aquél en que venció el plazo para efectuar la devolución y hasta que la misma se efectúe. En el caso que las autoridades fiscales no paguen los intereses a que se refiere este artículo, o los paguen en cantidad menor, se considerará negado el derecho al pago de los mismos, en su totalidad o por la parte no pagada, según corresponda.

Para efectos de este artículo, cuando las autoridades fiscales deban pagar intereses, la tasa aplicable en un mismo período mensual o fracción de éste, será siempre la que esté en vigor al primer día del mes o fracción de que se trate, independientemente de que de dicho período la tasa de recargos o de interés varíe.

En ningún caso los intereses a cargo del Estado o municipio excederán de los que se causen en los últimos cinco años.

La cantidad entregada al contribuyente en concepto de devolución, se aplicará primero a intereses y, posteriormente, a las cantidades a que por disposición de ley tenga derecho el contribuyente, y a aquéllas que fueron pagadas indebidamente. En caso que existan remanentes a favor del particular, se deberán pagar intereses por éstos.

Art. 84. Las autoridades fiscales efectuarán la devolución mediante transferencia electrónica de fondos o depósito en la cuenta del contribuyente, para lo cual, éste deberá proporcionar en la solicitud de devolución o en la declaración correspondiente el número de su cuenta. Para estos efectos, los estados de cuenta que expidan las instituciones financieras serán considerados como comprobante del pago de la devolución respectiva.

En los casos que el día de vencimiento del plazo a que se refiere el precepto citado no sea posible efectuar el depósito por causas imputables al particular o la institución financiera designada por éste, dicho plazo se suspenderá hasta en tanto pueda efectuarse.

Art. 85. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención o recaudación de contribuciones a terceros.

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes efectuarán la compensación de las cantidades a su favor actualizadas conforme a lo previsto en los artículos 8º y 10 de este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido, hasta aquél en que la compensación se realice; debiendo además presentar aviso de compensación dentro de los cinco días siguientes a aquél en que la misma se haya efectuado, para lo cual deberán proporcionar la información y acompañar la documentación que se solicite en la forma oficial que para estos efectos se publique.

Los contribuyentes que hayan ejercido la opción a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, que tuvieran remanente una vez efectuada la compensación, podrán continuar aplicando el saldo a su favor en pagos futuros o solicitar la devolución de dicho remanente.

Si la compensación se hubiera efectuado y no procediera, la cantidad compensada deberá ser reintegrada al Estado o municipio debidamente actualizada, y se causarán además, los recargos en términos de lo establecido en este Ordenamiento sobre las cantidades compensadas indebidamente, por el período transcurrido desde el mes en que se efectuó la compensación indebida hasta aquél en que se haga el pago del monto de la compensación indebidamente efectuada.

No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o cuando haya prescrito la obligación para devolverlas, ni las cantidades que hubiesen sido trasladadas expresamente y por separado o incluidas en el precio de conformidad con las leyes fiscales, cuando quien pretenda hacer la compensación no tenga derecho a obtener su devolución en términos del artículo 81 de este Código.

Art. 86. Cuando los sujetos de la relación tributaria por actos u omisiones propios, o valiéndose del error reciban indebidamente subsidios o estímulos fiscales estatal o municipales, deberán reintegrar la cantidad indebidamente recibida, misma que deberá ser actualizada conforme lo dispuesto en los artículos 8º y 10 de este Código.

Además, deberán pagar recargos en los términos del artículo 11 de este Código, sobre las cantidades actualizadas, indebidamente recibidas, que se calcularán a partir de la fecha en la que hayan recibido el subsidio y hasta la fecha en la que se devuelva al Estado o municipio la cantidad indebidamente recibida.

Sección quinta
De la contabilidad

Art. 87. Quienes en términos de las disposiciones de este Código y las demás leyes fiscales aplicables efectúen actividades por las que deban pagar contribuciones, estarán obligados a llevar contabilidad por las operaciones o actividades que realicen, la que deberá reunir los requisitos que en el mismo se establecen. En caso de que las disposiciones fiscales federales establezcan la obligación de llevar contabilidad de conformidad al régimen fiscal federal que se encuentran inscritos en términos de las disposiciones fiscales federales, se considerará que con estos mismos se cumple con la obligación señalada por las disposiciones fiscales estatal y municipal.

En caso de que los sujetos pasivos no se encuentren inscritos bajo ningún régimen fiscal federal, deberán llevar la contabilidad mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor se acomoden a las características particulares de la actividad de los contribuyentes, cuyos asientos deberán efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que se realicen las actividades respectivas.

También se considerarán parte de la contabilidad los reportes, libros o cualquier tipo de registro e informes a las dependencias del Gobierno Federal de las que se encuentre obligado a cumplir por disposición de ley.

En relación con el párrafo anterior, deberán señalar domicilio en el Estado, en los términos del artículo 26 de este Código y conservar en él la documentación y demás elementos contables y comprobatorios, hasta por el término de cinco años o durante el plazo que corresponda para que opere la caducidad de las facultades de determinación de las autoridades fiscales, conforme lo establecido en el artículo 132 de este Código.

Tratándose de la contabilidad y de la documentación correspondiente a actos cuyos efectos fiscales se prolonguen en el tiempo, el plazo de conservación de la contabilidad comenzará a computarse a partir del día en el que se presente la declaración fiscal o informativa del último ejercicio en que se hayan producido dichos efectos. Cuando se trate de la documentación correspondiente a aquellos conceptos respecto de los cuales se hubiera promovido algún recurso o juicio, el plazo para conservarla se computará a partir de la fecha en la que quede firme la resolución que les ponga fin.

Tratándose de clausura, baja, suspensión de actividades, cancelación de registros o extinción de la obligación, el período de cinco años deberá computarse a partir de la fecha en que se lleven a cabo dichos actos, a menos que por disposición expresa de algún ordenamiento legal, deba conservarla por más tiempo.

Cuando los libros o demás registros de contabilidad del contribuyente se inutilicen parcialmente, los mismos deberán conservarse hasta en tanto no se extingan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales respecto de las operaciones, actos o actividades consignados en dichos libros o registros y deberán reponerse los asientos ilegibles del último ejercicio pudiendo realizarlos por concentración.

Tratándose de destrucción o inutilización total, pérdida o robo de los libros, registros o colecciones de hojas foliadas de la contabilidad del contribuyente, éste deberá asentar en los nuevos libros o en los registros de contabilidad de que se trate, los asientos relativos al ejercicio en el que sucedió la inutilización, destrucción, pérdida o robo, pudiéndose realizar por concentración.

El asiento de los nuevos registros a que se refiere el párrafo anterior, no exime de las responsabilidades administrativas o penales que deriven de los actos u omisiones relacionados con la destrucción de la contabilidad.

En las situaciones a que se refieren los párrafos anteriores el contribuyente deberá conservar, en su caso, el documento público en el que consten los hechos ocurridos hasta en tanto no se extingan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales.

Los contribuyentes que se encuentren en suspensión de actividades en los términos de lo que disponen los artículos 73, fracción VI y 77, fracción III del presente Código, deberán conservar su contabilidad en el último domicilio que tengan manifestado ante el registro estatal o municipal, y si con posterioridad desocupan el domicilio consignado ante el referido registro, deberán presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal en los términos de los artículos 73, fracción I y 74 del presente Código, en el cual deberá conservar su contabilidad, de conformidad con los plazos que establece el cuarto párrafo de este artículo.

Art. 88. Cuando las autoridades fiscales ejerzan facultades de comprobación con contribuyentes que para efectos fiscales federales tengan su domicilio fiscal en otra entidad federativa, deberán proporcionar en el domicilio fiscal que debe considerarse conforme las disposiciones de este Código, la contabilidad, incluyendo la documentación comprobatoria correspondiente a las operaciones o actividades que se realizaron dentro del Estado, o que en los términos establecidos en este Código y las leyes fiscales estatales respectivas, debió surtir sus efectos en el mismo.

Las personas que no estén obligadas a llevar contabilidad, deberán conservar en su domicilio a disposición de las autoridades fiscales toda documentación relacionada con sus actos, actividades o pagos relacionados con contribuciones estatales o municipales.

Art. 89. Las personas obligadas a llevar contabilidad deberán conservarla en el domicilio fiscal a disposición de las autoridades fiscales. Cuando los contribuyentes con motivo de las disposiciones federales aplicables a la materia fiscal, deban conservar su contabilidad fuera del Estado, tendrá la obligación de conservar en el domicilio fiscal que corresponda en éste, la totalidad de la documentación que para efectos estatales se prevé en este Código.

Los contribuyentes con establecimientos, sucursales, locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública, deberán tener a disposición de las autoridades fiscales en dichos lugares y, en su caso, en el lugar donde almacenen mercancías, la solicitud de inscripción en el registro estatal o municipal de contribuyentes o copia certificada de la misma.

Art. 90. Los contribuyentes que lleven su contabilidad o parte de ella utilizando registros electrónicos, deberán proporcionar a las autoridades fiscales cuando así se les sea solicitado, en los medios procesables que utilicen, la información que les fuere requerida en términos de las disposiciones aplicables.

Cuando el contribuyente lleve su contabilidad mediante los sistemas manual o mecanizado o cuando su equipo de cómputo no pueda procesar dispositivos en los términos señalados por las autoridades fiscales, la información deberá proporcionarse en las formas que al efecto apruebe dicha dependencia.

Sección sexta
De la obligación de expedir comprobantes
fiscales y sus requisitos

Art. 91. Los contribuyentes que realicen operaciones o actividades dentro del Estado o las que deban surtir sus efectos dentro del mismo, están obligados a expedir los comprobantes fiscales conforme a lo dispuesto en este Código.

Art. 92. Para efectos de la obligación de expedición de comprobantes fiscales, se consideran autorizados en términos del artículo 91 de este Código, aquellos que se expidan para efectos fiscales federales.

Para el caso de los contribuyentes que no se encuentren inscritos bajo ningún régimen fiscal estatal, los comprobantes que expidan por los actos o actividades que realicen, deberán reunir los requisitos siguientes:

I. El nombre, denominación o razón social de quien lo expide;

II. El registro estatal o municipal de contribuyentes, según corresponda, que tengan asignado;

III. Lugar, fecha de expedición y número de folio;

IV. Cantidad y clase de mercancía enajenada, descripción del servicio prestado o identificación del bien otorgado para uso o goce temporal a un tercero;

V. El traslado de los impuestos estatales correspondientes en forma expresa y por separado;

VI. El importe total de la operación que ampara; y

VII. El domicilio fiscal que les corresponda dentro del Estado, o el que para tales efectos se haya designado. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, deberán señalar en los mismos el domicilio del local o establecimientos en el que se realizó la operación que ampara.

Art. 93. Los contribuyentes que expidan comprobantes fiscales digitales en los que se incluyan operaciones por las que se deban pagar contribuciones estatales o municipales, deberán hacerlo conforme a lo siguiente:

I. Expedir comprobantes fiscales digitales, los cuales deben reunir los requisitos que se encuentran inscritos en las disposiciones fiscales federales o recabar los comprobantes que las disposiciones tributarias señalen, los cuales deberán contener:

a) La clave de registro estatal o municipal de contribuyentes, según corresponda, de quien lo expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a las disposiciones federales; tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, deberán señalar en los mismos el domicilio del local o establecimiento en el que expidan los comprobantes;

b) Clave del registro estatal o municipal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expide;

c) Número de folio y sello digital que señalan las disposiciones fiscales federales;

d) Lugar y fecha de expedición;

e) Cantidad y clase de mercancía enajenada, descripción del servicio prestado o identificación del bien otorgado para uso o goce temporal a un tercero; y

f) El importe total de la operación que ampara;

II. Proporcionar de inmediato a sus clientes, la impresión del comprobante fiscal digital cuando así les sea solicitada.

Sección séptima
De la responsabilidad solidaria

Art. 94. La responsabilidad solidaria en materia fiscal tiene por objeto preservar el derecho del erario estatal o municipal a percibir las cantidades que se hubieren generado a su favor por concepto de contribuciones y aprovechamientos. Quienes en los términos de esta sección y conforme lo establecido en las leyes respectivas se consideren como responsables solidarios, adquieren en los términos que en ella se señalan, la responsabilidad de pago de las contribuciones o aprovechamientos que no sean pagados por los sujetos directamente obligados.

La responsabilidad solidaria comprenderá, además de los créditos fiscales omitidos, los accesorios, con excepción de las multas. Lo dispuesto en este párrafo no impide que los responsables solidarios puedan ser sancionados por los actos u omisiones propios.

Art. 95. Cuando las autoridades fiscales hubieren ejercido sus facultades de determinación y liquidación de contribuciones o aprovechamientos, podrán exigir indistintamente el pago correspondiente, al obligado directo o al responsable solidario.

Art. 96. Además de quienes las leyes fiscales establezcan esta responsabilidad, son responsables solidarios con los contribuyentes:

I. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto de las contribuciones que no hubieren sido retenidas o recaudadas conforme las disposiciones aplicables.

Cuando el retenedor o la persona que deba realizar la recaudación, hubiesen retenido o recaudado las contribuciones correspondientes y no las hubiesen enterado al erario, la responsabilidad será directa; quedando el obligado principal liberado de la obligación de realizar un nuevo pago, si comprueba que la retención o recaudación fue realizada por el obligado solidario;

II. Las personas que estén obligadas a efectuar pagos por cuenta del contribuyente, hasta por el monto de las cantidades que el erario hubiere dejado de percibir por responsabilidad de éstos;

III. Los liquidadores y Síndicos por las contribuciones que en el ejercicio de su gestión se debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquéllas que se causaron durante su gestión cuando se hubieren dejado de percibir por el erario por responsabilidad de éstos;

IV. La persona o personas cualquiera que sea el nombre con que se les designe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general, o la administración única de las personas morales, serán responsables solidarios por las contribuciones causadas, no retenidas o recaudadas por dichas personas morales durante su gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral;

V. Los adquirentes a cualquier título de negociaciones, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas en la negociación cuando pertenecía a otra persona, sin que la responsabilidad exceda del valor de la misma; cuando la negociación se adquiera por sucesión y los bienes ya hubieren sido adjudicados a título particular a los sucesores o legatarios, la responsabilidad solidaria se determinará en términos de la fracción VIII de este artículo.

Cuando se trate de una negociación la que se adquiera en su totalidad por donación, el adquiriente o adquirientes de la misma responden de ello en los términos previstos en esta fracción;

VI. Los representantes sea cual fuere el nombre con que se les designe, de personas no residentes en el Estado, cuando con su intervención, éstas efectúen en éste, actividades por las que deban pagarse contribuciones, hasta por el monto de las contribuciones omitidas y sus accesorios.

Para la determinación y liquidación de las contribuciones omitidas en el supuesto de esta fracción, las autoridades fiscales sólo deberán comprobar que el responsable directo realizó actividades en el Estado y, en su caso, determinar, incluso mediante determinación presuntiva, la base gravable sobre la que debieron liquidarse las contribuciones omitidas;

VII. Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las contribuciones a cargo de su representado;

VIII. Los legatarios y los donatarios a título particular respecto de las obligaciones fiscales que se hubieran causado en relación con los bienes legados o donados, hasta por el monto de éstos.

Cuando a título de sucesión, legado o donación se adquiera una negociación, y se hubiere realizado la adjudicación de los bienes que la integraban, los legatarios o donatarios a título particular, serán responsables solidarios respecto de las contribuciones que se hubieran dejado de pagar por ésta durante el tiempo que perteneció al legador o donante, sin que la responsabilidad exceda del valor de los bienes adquiridos.

La responsabilidad establecida en el párrafo anterior está referida a los bienes adquiridos por el de cujus en los casos de sucesión o legado, o los bienes adquiridos por el donador, en los últimos cinco años, anteriores a la sucesión, legado o donación; cuando hubieren sido adquiridos con anterioridad a cinco años, se estará a lo dispuesto en el primer párrafo de esta fracción.

Cuando sean varios los sucesores, legatarios o donatarios que adquirieron la negociación, su responsabilidad se limitará al valor de la parte alícuota que les corresponda en la negociación, o de los bienes adquiridos, según sea el caso cuando se hubiere realizado la adjudicación a título particular;

IX. Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria;

X. Los terceros que por voluntad propia así lo manifiesten, hasta por el valor de los bienes dados en garantía, cuando para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda o hipoteca o permitan el secuestro de bienes, sin que en ningún caso su responsabilidad exceda del valor de éstos;

XI. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital social de la sociedad durante el período o a la fecha de que se trate.

La responsabilidad solidaria a que se refiere el párrafo anterior se calculará multiplicando el porcentaje de participación que haya tenido el socio o accionista en el capital social suscrito al momento de la causación, por la contribución omitida, en la parte que no se logre cubrir con los bienes de la empresa.

La responsabilidad a que se refiere esta fracción únicamente será aplicable a los socios o accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad.

Se entenderá por control efectivo la capacidad de una persona o grupo de personas, de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes:

a) Imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, de una persona moral;

b) Mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral; y

c) Dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra forma;

XII. Las personas residentes en el Estado, a quienes residentes fuera del Estado les presten servicios personales subordinados o independientes, cuando éstos debieron ser pagados por residentes fuera del Estado, hasta por el monto del crédito fiscal omitido.

Para la determinación y liquidación de las contribuciones omitidas en el supuesto de esta fracción, las autoridades fiscales sólo deberán comprobar que el responsable solidario recibió los servicios señalados y, en su caso, determinar, incluso mediante determinación presuntiva, la base gravable sobre la que debieron liquidarse las contribuciones omitidas;

XIII. Los propietarios de inmuebles y la sociedad que los administre, cuando dichos inmuebles se encuentren afectos al servicio turístico de tiempo compartido, si en éstos reciben servicios que deban ser pagados por residentes fuera del Estado hasta por el monto de las contribuciones que se omitan por la prestación de tales servicios.

Para la determinación y liquidación de las contribuciones omitidas en el supuesto de esta fracción, las autoridades fiscales sólo deberán comprobar que en los inmuebles afectos al servicio de tiempo compartido se prestaron los servicios sujetos al pago de contribuciones y, en su caso, determinar, incluso mediante determinación presuntiva, la base gravable sobre la que debieron liquidarse las contribuciones omitidas;

XIV. Los asociantes y los asociados, respecto de las contribuciones cuyo pago se hubiere omitido en relación con las actividades realizadas mediante la asociación en participación, cuando tenían tal calidad, sin que la responsabilidad exceda de la aportación con que participaban durante el período o la fecha en que se omita el pago; y

XV. Los albaceas o representantes de la sucesión, por las contribuciones que se causaron o se debieron pagar durante el período de su encargo.

Art. 97. Para efectos de la responsabilidad solidaria, se consideran responsables solidarios por disposición de ley a los sujetos que sin tener el ejercicio de las acciones necesarias para realizar la determinación propia del crédito fiscal, sí participan de los frutos obtenidos por el responsable directo, o bien, que de forma directa o indirecta se encuentran ligados a las actividades que generaron los créditos fiscales omitidos.

Sin que sea limitativo de lo expresado en el párrafo anterior, se consideran igualmente responsables solidarios por determinación de ley, a los sujetos señalados en las fracciones IV a VII, y XI a XIII del artículo anterior, y de la fracción XIV, a los asociados.

Art. 98. Salvo los casos en que se determine una prelación en su cobro, la responsabilidad solidaria en el pago de los créditos fiscales a favor del erario estatal o municipal, según corresponda, éstos podrán exigirse conjunta o indistintamente al obligado directo y los responsables solidarios en los términos que en este Código se establece, en cuyo caso las autoridades fiscales para realizar el cobro al responsable solidario deberá fundar y motivar la resolución que se emita.

Cuando las disposiciones aplicables establezcan que la prelación en el cobro de los créditos fiscales se sujeta a determinadas reglas expresamente previstas, las autoridades fiscales deberán fundar y motivar las resoluciones que emitan, estableciendo la procedencia del cobro al responsable solidario por haberse actualizado los supuestos previstos respecto de su prelación de cobro.

Art. 99. Cuando al responsable solidario por determinación de ley se exija el pago de un crédito fiscal que haya causado estado o hubiere quedado firme después de haber sido impugnado por el responsable directo, el responsable solidario no tendrá acción para impugnar los procedimientos de determinación y liquidación que hubiere realizado la autoridad, pero sí podrá hacerlo respecto de los vicios propios de la resolución en que se determina la causa de responsabilidad solidaria.

Si el pago por responsabilidad solidaria se exige simultáneamente al obligado directo y al responsable solidario, o sólo al responsable solidario sin que existiere resolución firme derivada de la impugnación del crédito que se adeuda, el segundo de ellos tendrá acción para impugnar en los términos de las disposiciones aplicables tanto el procedimiento de determinación y liquidación del crédito exigido, como la resolución en que se exige el pago.

En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, si la resolución es impugnada respecto de los procedimientos de determinación y liquidación por el obligado directo y el responsable solidario, deberán acumularse los juicios en términos de las disposiciones aplicables, y si existen contradicciones entre los hechos y fundamentos de derecho expresados en la demanda, únicamente se tomarán en cuenta respecto a esas contradicciones, lo expuesto por el responsable directo.

Art. 100. Cuando el pago de contribuciones omitidas que se exija por responsabilidad solidaria, hubiere sido determinado y liquidado por el responsable directo, el responsable solidario, aun cuando lo sea por determinación de ley, no tendrá acción para impugnar el crédito así exigido, quedando a salvo los derechos establecidos en las disposiciones fiscales que estén relacionados con la naturaleza de autocorrección o determinación propia, o bien, cuando la cantidad a pagar sea inferior por errores aritméticos a la determinada en cantidad líquida por la autoridad fiscal.

Art. 101. Si la responsabilidad solidaria se exige después que el contribuyente incumplió con el plazo otorgado para el pago en parcialidades, y el responsable solidario se constituyó como tal en dicho procedimiento de pago en parcialidades, el responsable solidario no tendrá acción para impugnar la base sobre la cual fue determinado y liquidado el crédito fiscal exigido.

TÍTULO TERCERO
De las facultades de las autoridades fiscales

Capítulo I
Generalidades

Art. 102. Las autoridades fiscales a efecto de proteger y salvaguardar los derechos humanos de los contribuyentes, así como para preservar sus garantías, y para el mejor cumplimiento de sus facultades, estarán a lo siguiente:

Proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán:

I. Explicar las disposiciones fiscales utilizando en lo posible un lenguaje llano alejado de tecnicismos, y en los casos en que sean de naturaleza compleja, deberán elaborar y distribuir folletos a los contribuyentes;

II. Mantener en las oficinas que deberán tener en diversos lugares estratégicos del territorio del Estado, áreas o personal capacitado, quienes se ocuparán de orientar y auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, incluso las que se realicen a través de medios electrónicos, poniendo a su disposición el equipo para ello;

III. Cuando deban elaborarse formularios que utilizarán los contribuyentes, éstos deberán hacerse de forma que puedan ser llenados fácilmente por los contribuyentes; además, deberán ser difundidos y distribuidos con oportunidad, informando de las fechas y los lugares de presentación que se consideren de mayor importancia;

IV. Difundir entre los contribuyentes, los derechos y medios de defensa que se pueden hacer valer contra las resoluciones de las autoridades fiscales;

V. Efectuar en distintas partes del Estado reuniones de información con los contribuyentes, especialmente cuando se modifiquen las disposiciones fiscales y durante los principales periodos de presentación de declaraciones; y

VI. Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes; se deberán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año. Las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y época de pago, no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales.

Los servicios de asistencia al contribuyente a que se refiere este artículo, también deberán difundirse a través de la página electrónica que al efecto establezcan las autoridades fiscales.

Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de asistencia al contribuyente, podrán realizar recorridos, invitaciones y censos para informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Asimismo, las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes a través de los medios de difusión que se señalen, los criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo aquéllos que a juicio de la propia autoridad, tengan el carácter de confidenciales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Art. 103. Las autoridades fiscales, en términos de las leyes aplicables y cuando así se prevea en las legislaciones de los órdenes de gobierno participantes, por conducto del Ejecutivo del Estado, con la participación del Secretario de Finanzas, podrán celebrar convenios con las autoridades fiscales federales; con la Secretaría de Finanzas de otros gobiernos estatales, y de los municipios del Estado, para la asistencia en materia de administración y recaudación de contribuciones y aprovechamientos. En este caso, se considerarán secretarías de finanzas competentes a quienes asuman funciones en la materia fiscal que corresponda conforme y en los términos de los convenios que al efecto se suscriban.

Asimismo, con la finalidad de fortalecer la administración y recaudación de los ingresos por contribuciones y aprovechamientos, podrán celebrar convenios con instituciones públicas o privadas en materia de recaudación y administración de contribuciones. De igual forma, podrán celebrar convenios con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores e Instituciones de Información Crediticia.

Art. 104. El Poder Ejecutivo Estatal o municipal mediante resoluciones de carácter general podrá:

I. Eximir o condonar, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte algún lugar, región del Estado o grupos sociales en situación de vulnerabilidad, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias;

II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control, forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes; y

III. Otorgar subsidios o estímulos fiscales.

Las resoluciones que conforme a este artículo dicte el Ejecutivo Estatal o municipal, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como el monto o proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados.

Art. 105. Los impuestos y sus accesorios generados conforme las leyes fiscales de otras entidades de la República, y que sean exigibles al tenor de dichas leyes, cuya recaudación y cobro sea solicitado a las autoridades fiscales, podrán ser recaudados o exigidos por éstas, incluso a través del procedimiento administrativo de ejecución previsto en este Ordenamiento.

Para efectos de lo establecido en este artículo, las autoridades fiscales, por conducto del Ejecutivo del Estado con la intervención del Secretario de Finanzas, podrán celebrar con la Secretaría de Finanzas de otros Estados de la República que así lo soliciten, convenios de asistencia mutua en materia fiscal, los cuales deberán ser publicados en los órganos de difusión oficial de cada uno de los Estados que intervienen, los que surtirán sus efectos a partir del día siguiente de la última publicación efectuada, salvo que en la publicación se señale otra distinta.

Art. 106. Los convenios de asistencia mutua para el cobro de créditos fiscales que se celebren al tenor de lo establecido en el artículo anterior, deberán estipular, entre otros elementos que les sean propios, los siguientes:

I. La celebración de los convenios se condiciona a la existencia de previsiones legales en ambos Estados que posibiliten la realización del mismo;

II. Sólo se celebrarán para exigir créditos fiscales que hubiesen sido determinados y establecidos en cantidad líquida mediante resolución fundada y motivada por las autoridades fiscales del Estado asistido;

III. Los créditos cuyo cobro sea solicitado, deberán ser exigibles conforme las disposiciones fiscales aplicables de la legislación del Estado asistido;

IV. El Estado asistido deberá remitir al Estado asistente en dos tantos cuando menos, y con la firma autógrafa de la autoridad competente, o copia certificada de ésta, la resolución que establezca en cantidad líquida el crédito exigible, así como las constancias de su notificación en términos de las leyes correspondientes;

V. Las actualizaciones y cobro de recargos u otras cargas tributarias que se generen a partir de su notificación por el Estado asistido, no serán exigibles por la Secretaría de Finanzas del Estado que realice el cobro;

VI. No se podrá solicitar asistencia para exigir el pago de créditos fiscales o garantía de éstos, cuando se encuentren controvertidos en el Estado de origen de los mismos;

VII. El procedimiento para exigir el crédito por el Estado asistente, deberá suspenderse cuando el mismo sea impugnado en el Estado asistido si se cumplieron los requisitos para ello, o bien, cuando por disposición de las leyes del Estado asistido, no se deba continuar con el mismo, para lo cual dicho Estado deberá invariablemente comunicar esta circunstancia. En caso de no realizarse oportunamente la comunicación señalada, el Estado asistido deberá asumir las responsabilidades que de ello se deriven; y

VIII. Para la exigibilidad del crédito se seguirán los procedimientos establecidos para el procedimiento administrativo de ejecución vigente en el Estado que asiste.

El cobro de los créditos fiscales a que se refieran los convenios de asistencia mutua celebrados, será realizado por las autoridades fiscales competentes que realicen funciones relativas al cobro coactivo conforme las disposiciones vigentes en el Estado asistente.

Art. 107. En el ámbito estatal, y para efectos del adecuado ejercicio de sus funciones, las autoridades fiscales, en términos de las leyes aplicables, conforme las competencias que legalmente tengan asignadas, podrán solicitar la colaboración que requieran de las demás autoridades de la Administración Pública Estatal y municipal.

Art. 108. Los hechos que las autoridades fiscales conozcan con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación, o bien, que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que tengan en su poder o a las que tengan acceso, así como los proporcionados por otras autoridades, podrán utilizarse como sustento de la motivación de las resoluciones que emitan.

Cuando el afectado no tenga conocimiento de los expedientes o documentos que hubieren sido proporcionados por otras autoridades y éstos vayan a utilizarse para motivar las resoluciones de la autoridad fiscal, dichas autoridades deberán correr traslado al afectado, concediéndole un plazo de quince días para que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga y, en su caso, presente los documentos que desvirtúen los hechos que hubieren informados por las referidas autoridades, lo cual formará parte del expediente correspondiente.

Art. 109. Para determinar contribuciones omitidas, las autoridades fiscales tendrán como ciertos los hechos u omisiones que hubieran sido conocidos por otras autoridades y le hayan sido dados a conocer, en términos del artículo anterior, al contribuyente afectado.

Art. 110. Las autoridades fiscales, sin contravenir las normas establecidas en las leyes fiscales, podrán dictar reglas con el objeto de simplificar las obligaciones de los contribuyentes, así como facilitar la recaudación de los ingresos, y hacer más eficiente y facilitar los sistemas de control fiscal.

Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se paguen mediante declaración, las autoridades fiscales, con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones, así como para allegarse de la información necesaria en materia de estadística de ingresos, podrá establecer por medio de disposiciones de carácter general que la información se proporcione en declaración distinta de aquélla con la cual se efectúe el pago.

Art. 111. Las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular sólo podrán ser modificadas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas mediante juicio iniciado por las autoridades fiscales.

Las autoridades fiscales podrán, a petición de los interesados, revisar discrecionalmente las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular emitidas por sus subordinados jerárquicamente, y en el supuesto que se demuestre fehacientemente que las mismas se hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, o que existe afectación a los derechos humanos de los contribuyentes, podrán por una sola vez, modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente, y siempre que no se hubiera interpuesto el recurso de revocación previsto en este Código y hubieren quedado firmes, mediante resolución fundada y motivada.

En estos supuestos, por tratarse de la modificación de resoluciones en las que sin haber intentado la vía administrativa con anterioridad, se actualiza el supuesto de haber sido consentidas en términos de las disposiciones establecidas en los medios de impugnación procedentes, las resoluciones dictadas conforme lo establecido en el párrafo anterior no podrán ser impugnadas por los contribuyentes, incluso en las partes que consideren no les favorecen. Para estos efectos, al presentar su solicitud, el contribuyente deberá manifestar el consentimiento expreso con la resolución que pretende sea modificada, enunciando a manera de información, cuáles son las contravenciones legales o a sus derechos humanos que a su juicio se actualizan en la emisión de la misma.

Art. 112. Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados se opongan, impidan u obstaculicen el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades, las autoridades fiscales podrán aplicar como medidas de apremio las siguientes:

I. Solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Para los efectos de esta fracción, los cuerpos de seguridad o policiales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicite la autoridad fiscal.

El apoyo a que se refiere el párrafo anterior consistirá en efectuar las acciones necesarias para que las autoridades fiscales ingresen al domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, oficinas, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en donde ya almacenen mercancías y, en general, cualquier local o establecimiento que utilicen para el desempeño de sus actividades los contribuyentes, así como para brindar la seguridad necesaria del personal actuante, y se solicitará en términos de los ordenamientos que regulan la seguridad pública del Estado o de los municipios;

II. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código;

III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente o responsable solidario, respecto de los actos, solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a éstos, con excepción de los bienes a que se refiere el artículo 279 y conforme el procedimiento establecido en los artículos 272, 273, 274 y 275 de este Código; y

IV. Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobediencia o resistencia, por parte del contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos, a un mandato legítimo de autoridad competente.

Las autoridades fiscales aplicarán la medida de apremio prevista en la fracción I, cuando los contribuyentes responsables solidarios o terceros relacionados con ellos no atiendan las solicitudes de información con los requerimientos de documentación que les realicen las autoridades fiscales, o al atenderlos no proporcionen lo solicitado; cuando se nieguen a proporcionar la contabilidad con la cual acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que estén obligados o cuando destruyan o alteren la misma.

No se aplicarán medidas de apremio cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, manifiesten por escrito a la autoridad, que se encuentran impedidos de atender completa o parcialmente la solicitud realizada por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y lo acrediten exhibiendo las pruebas correspondientes.

Art. 113. Para los efectos del artículo anterior, respectivamente, se entenderá que existe oposición u obstaculización por parte del contribuyente para que las autoridades fiscales inicien o desarrollen sus facultades de comprobación; o bien, se oponga a la práctica de la notificación de la determinación de los créditos fiscales correspondientes, en los casos siguientes:

I. Cuando no se permita el acceso de los auditores, inspectores, notificadores, ejecutores e interventores al domicilio en el que deberán llevarse a cabo las facultades de comprobación o del procedimiento administrativo de ejecución;

II. Cuando el contribuyente destruya la contabilidad;

III. Cuando el contribuyente al inicio de la visita domiciliaria o de inspección no proporcione la documentación e información que le es requerida;

IV. Cuando el contribuyente se niegue a recibir la orden de visita o cualquier requerimiento de documentación;

V. Cuando el contribuyente manifieste un domicilio ficticio;

VI. Cuando el contribuyente presente aviso de cambio de domicilio a un lugar reconocido por las autoridades fiscales, pero que no encuadre alguna de las hipótesis previstas en términos del artículo 26 del Código para ser considerado en esos términos; o

VII. Cuando al inicio de facultades de comprobación, el contribuyente no hubiere presentado el aviso de cambio de domicilio correspondiente, en términos de lo dispuesto en los artículos 73 fracción I y 74 del presente Código.

Art. 114. Los actos administrativos emitidos por las autoridades fiscales en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se establezcan las bases para su liquidación o se fije en cantidad líquida un crédito fiscal, así como todos aquéllos que sean recurribles, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I. Deberán constar en orden escrita, impresa o digital;

II. Señalar la autoridad emisora;

III. Señalar el lugar y fecha de su emisión;

IV. Estar fundados y motivados, expresando cuál es la resolución que se contiene, y el objeto o propósito de que se trate;

V. Señalar el nombre o nombres de los destinatarios a quienes haya sido dirigido;

VI. Establecer la causa legal de responsabilidad, cuando ésta derive de una responsabilidad solidaria; y

VII. Ostentar la firma de la autoridad fiscal competente para emitirlo.

En el caso de resoluciones administrativas que consten en documentos digitales, deberán contener la firma electrónica del funcionario competente, la cual tendrá el mismo valor que la firma autógrafa.

Cuando se ignore el nombre de la persona a quién deba ser dirigido, deberán señalarse datos suficientes que permitan su identificación.

Art. 115. En los casos que las personas obligadas a presentar declaraciones por disposición de ley, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes, procediendo de forma simultánea o sucesiva a realizar cualquiera de los actos siguientes:

I. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código y requerir hasta en tres ocasiones la presentación del documento omitido otorgando al contribuyente un plazo de quince días para el cumplimiento de cada requerimiento. Si no se atienden los requerimientos se impondrán las multas que correspondan por no atender los requerimientos realizados, que tratándose de declaraciones, será una multa por cada obligación omitida; y

II. Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago de contribuciones, o la realización de cualquier pago que sea determinable, una vez realizadas las acciones previstas en la fracción anterior, podrán hacer efectiva al contribuyente o al responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate, o el monto resultante del pago omitido. Esta cantidad a pagar no libera a los obligados de presentar la declaración omitida, o de efectuar el pago que corresponda.

Cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, las autoridades fiscales podrán hacer efectiva al contribuyente, una cantidad igual a la contribución que a éste corresponda determinar, sin que el pago lo libere de presentar la declaración omitida.

Si la declaración se presenta después de haberse notificado al contribuyente la cantidad determinada por la autoridad conforme a esta fracción, sólo se pagará la cantidad determinada por el contribuyente, sin necesidad que se emita resolución que modifique la diversa en que se exigió el pago por parte de la autoridad. En caso que antes de presentar la declaración ya se hubiere efectuado el pago de la cantidad exigida por la autoridad, y en la declaración resulte una cantidad menor a la determinada por ésta, la diferencia pagada por el contribuyente únicamente podrá ser compensada en declaraciones subsecuentes.

La determinación del crédito fiscal que realicen las autoridades fiscales con motivo del incumplimiento en la presentación de declaraciones en los términos del presente artículo, tendrá carácter definitivo y podrá hacerse efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer día siguiente a aquél en el que sea notificado el adeudo respectivo; en este caso el recurso de revocación sólo procederá contra el referido procedimiento administrativo de ejecución.

En caso del incumplimiento a tres o más requerimientos respecto de la misma obligación, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente.

Art. 116. En ningún caso se otorgarán subsidios o estímulos fiscales estatales o municipales a los contribuyentes cuando:

I. Tengan a su cargo contribuciones o créditos fiscales municipales, estatales o federales pendientes de pago;

II. No se encuentren inscritos en el registro estatal o municipal de contribuyentes, salvo cuando no se encuentren obligados a hacerlo; y

III. Habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración definitiva, y con independencia que en la misma resulte o no cantidad a pagar, ésta no haya sido presentada. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable tratándose de omisión en la presentación de declaraciones que sean exclusivamente informativas.

Las entidades y dependencias estatales y municipales que tengan a su cargo la aplicación de subsidios o estímulos deberán abstenerse de aplicarlos a las personas que se ubiquen en los supuestos previstos en este artículo.

No será procedente la acumulación de estímulos fiscales establecidos en las disposiciones fiscales, para ser aplicados a un mismo concepto y ejercicio fiscal.

En caso de que los contribuyentes no hayan solicitado alguno de los estímulos comprendidos en las disposiciones fiscales, prescribirá su derecho para hacerlo valer con posterioridad.

Tratándose de las personas físicas o morales o unidades económicas que soliciten alguno de los beneficios contenidos en las disposiciones fiscales, y que hubieren interpuesto algún medio de defensa contra el cobro de las contribuciones o créditos fiscales, no procederán las mismas hasta en tanto se exhiba copia certificada del escrito de desistimiento debidamente presentado ante la autoridad que conozca de la controversia y del acuerdo recaído al mismo.

En caso de que la autoridad fiscal, en el ejercicio de sus facultades, detecte que los contribuyentes proporcionaron datos o documentación falsos para obtener indebidamente los estímulos previstos en las disposiciones fiscales, dará vista a la autoridad competente para la aplicación de las sanciones penales correspondientes.

Los estímulos fiscales se harán efectivos en las oficinas de las autoridades fiscales y a través de los medios electrónicos de pago que para tal efecto la autoridad determine, se aplicarán sobre las contribuciones, siempre que éstas aun no hayan sido pagadas por el contribuyente cuando esté dentro del plazo legal otorgado para tal fin, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables, por lo que no procederá la devolución o compensación respecto de las cantidades que se hayan pagado sin considerar dichos estímulos.

Art. 117. Para efectos de la adecuada administración y control, de las obligaciones de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, sin que se considere que se ejercen facultades de comprobación, en términos de este artículo, las autoridades fiscales podrán solicitar los datos, informes y documentos que se requieran para los fines siguientes:

I. Solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, datos, informes o documentos adicionales, que consideren necesarios para aclarar la información asentada en las declaraciones de pago definitivo, y complementarias, así como en los avisos de compensación correspondientes, siempre que se soliciten en un plazo no mayor de tres meses siguientes a la presentación de las citadas declaraciones y avisos. Las personas antes mencionadas deberán proporcionar la información solicitada dentro de los quince días siguientes a la fecha en la que surta efectos la notificación de la solicitud correspondiente;

II. Requerir información y llevar a cabo verificaciones para constatar los datos proporcionados al registro estatal o municipal de contribuyentes, relacionados con la identidad, domicilio y demás datos que se hayan manifestado para los efectos de dicho registro; y

III. Solicitar de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos, para planear y programar actos de fiscalización.

Art. 118. Sin que se considere que se ejercen facultades de comprobación, las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de las devoluciones de cantidades pagadas por el contribuyente como pago de lo indebido y que le sean solicitadas, podrán requerir a éstos, en un plazo no mayor de diez días posteriores a la presentación de la solicitud, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin que en un plazo de diez días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente, sin que por ello se considere que su derecho a solicitarlo se ha extinguido, salvo los casos en que hubiese operado la prescripción del mismo.

Las autoridades fiscales sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, informes o documentos que habiendo sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento, se considere necesaria una nueva aclaración para verificar la procedencia de la devolución. Para el cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de cinco días y le será aplicable el apercibimiento a que se refiere el párrafo anterior. Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos, antes señalados, el período transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la determinación de los plazos para la devolución de las cantidades solicitadas.

Asimismo, cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos en la misma, la autoridad únicamente podrá realizar un requerimiento al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de cinco días aclare dichos datos, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Dicho requerimiento suspenderá el plazo previsto para efectuar la devolución, durante el período que transcurra entre el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del requerimiento y la fecha en que se atienda éste.

Art. 119. Si con motivo de la solicitud de devolución la autoridad inicia cualquier procedimiento establecido para el ejercicio de facultades de comprobación, sólo con el objeto de comprobar la procedencia de la misma, los plazos para realizar la devolución se suspenderán hasta que se emita la resolución en la que se resuelva sobre la procedencia o no de la solicitud de devolución. El ejercicio de las facultades de comprobación en términos de este párrafo, deberá realizarse mediante orden fundada y motivada en el que de forma expresa se señale su objeto, y deberá además, concluirse en un plazo máximo de noventa días contados a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. Estos plazos se suspenderán en los mismos supuestos establecidos en el artículo 143 de este Código.

El ejercicio de las facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución, será independiente del ejercicio de otras facultades que ejerza la autoridad con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente. Las autoridades fiscales podrán ejercer las facultades de comprobación con objeto de verificar la procedencia de cada solicitud de devolución, presentada por el contribuyente, aun cuando ésta se encuentre referida a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos.

Concluido el ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el presente artículo, la autoridad deberá emitir y notificar dentro del plazo de un mes a partir de que se hubiesen concluido, la resolución que determine la procedencia o improcedencia de la devolución solicitada.

Si concluida la revisión efectuada en el ejercicio de facultades de comprobación para verificar la procedencia de la devolución, se autoriza ésta, la autoridad efectuará la devolución correspondiente dentro de los 10 días siguientes a aquél en el que se notifique la resolución respectiva. Cuando la devolución se efectúe fuera del plazo mencionado se pagarán intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 83 de este Código. En este supuesto, la devolución se considera procedente, y que con la sola devolución se emite resolución favorable al particular.

Si la revisión no se concluye en los plazos establecidos en este artículo, se considerará que la devolución solicitada es procedente y la autoridad deberá realizarla dentro de los diez días siguientes a la fecha en que debió concluirse. De no hacerse en este plazo, la autoridad deberá pagar intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 83 de este Código.

Art. 120. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y demás reglamentos estatales y municipales y, en su caso, determinar la base gravable y establecer en cantidad líquida las contribuciones omitidas y los demás créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de infracciones y delitos fiscales, y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, está facultada para:

I. Rectificar los errores aritméticos que se encuentren en las declaraciones de pago y que originen omisión en el pago de contribuciones, o bien, que siendo diversos se presenten en solicitudes o avisos, para lo cual, las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación de la documentación que proceda, para la rectificación del error u omisión de que se trate;

II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran;

III. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías;

IV. Practicar visitas de inspección a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de la expedición de comprobantes fiscales y de la presentación de solicitudes o avisos en materia del registro estatal o municipal de contribuyentes; verificar que la operación de los sistemas y registros electrónicos, que en materia estatal o municipal estén obligados a llevar los contribuyentes, se realice conforme lo establecen las disposiciones fiscales; para solicitar la exhibición de la documentación o los comprobantes que amparen la legal propiedad, o posesión, de las mercancías; así como para verificar que los permisos otorgados por las autoridades fiscales cumplan con el fin para el que fueron otorgados;

V. Realizar en términos de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal celebrados con el Gobierno Federal, o los Convenios de Colaboración Administrativa Celebrados con los Gobiernos de los municipios del Estado, el ejercicio de las facultades de comprobación que en este Código se prevén, así como las que correspondan respecto de actividades en materia federal, estatal o municipal;

VI. Recabar de los funcionarios públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de sus funciones; y

VII. Allegarse las pruebas necesarias para formular la denuncia o querella ante el Ministerio Público para que ejercite la acción penal por la posible comisión de delitos fiscales. Las actuaciones que practiquen las autoridades fiscales tendrán el mismo valor probatorio que la ley relativa concede a las actas levantadas ante el Ministerio Público; y los abogados de las autoridades fiscales que designen para tales efectos, serán asesores jurídicos de ésta, en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas y el Código Procesal Penal para el Estado;

VIII. Practicar revisiones electrónicas, en cumplimiento a las disposiciones fiscales aplicables;

IX. De conformidad con los convenios de colaboración que al efecto se celebren entre las autoridades fiscales y la Federación, llevar a cabo el procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación en aquellos casos en los que detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes;

X. Imponer la clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de tres a quince días, cuando incurra en reincidencia por o expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por internet de sus actividades cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin que cumplan los requisitos señalados en el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y en las reglas de carácter general que al efecto emita el servicio de administración tributaria;

XI. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos inscritos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado por contador público inscrito y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales, observando para tal efecto lo previsto en el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal que se celebre entre el Gobierno federal y el Gobierno del Estado de Zacatecas, en el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y demás disposiciones fiscales federales aplicables;

XII. Informar al Servicio de Administración Tributaria, de las irregularidades cometidas por contadores públicos inscritos al formular dictámenes sobre los estados financieros de los contribuyentes o respecto de operaciones de enajenación de acciones, o de cualquier otro tipo de dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales, de que tenga conocimiento con motivo de sus actuaciones y que ameriten amonestar al contador público inscrito, o bien, suspender o cancelar su registro por no cumplir las disposiciones fiscales y proponer a dicha autoridad la amonestación al contador público inscrito o la suspensión o cancelación del registro correspondiente.

El ejercicio de las facultades a que se refiere este artículo, podrán ser realizadas por las autoridades fiscales de forma simultánea, indistinta o sucesiva y, en cada caso, se considerarán iniciadas con el primer acto que se notifique al contribuyente.

Art. 121. Cuando en el ejercicio de sus facultades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales o las de verificación establecidas en este Código, las autoridades fiscales conozcan que los contribuyentes no se encuentran inscritos en el registro estatal o municipal de contribuyentes, podrán solicitar a éstos la información necesaria para su inscripción en el citado registro e inscribir a quienes de conformidad con las disposiciones fiscales deban estarlo y no cumplan con este requisito.

En caso que los obligados directos a realizar la inscripción no proporcionen la información necesaria para hacerlo, las autoridades procederán a recabarla incluso de terceros que cuenten con elementos que permitan discernir que es aplicable para los fines que se persiguen, sin perjuicio de las sanciones y demás consecuencias legales derivadas de dicha omisión.

Art. 122. Las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente la base gravable de las contribuciones a cargo de los contribuyentes para efectos de establecer en cantidad líquida las cantidades que teniendo derecho a percibir el Estado o municipio, se consideren omitidas, cuando:

I. Exista oposición o se obstaculice el inicio o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales;

II. En el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad, los contribuyentes o la persona con quien se entiendan las diligencias no presenten los libros o registros contables; no presenten la documentación comprobatoria de más del 3 por ciento de cualquiera de los conceptos que se hubieren declarado; o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de sus obligaciones fiscales;

III. Exista omisión o alteración del registro de operaciones, ingresos o erogaciones, por más del 3 por ciento sobre lo declarado en el ejercicio;

IV. No hayan solicitado su inscripción en el registro estatal o municipal de contribuyentes después de 6 meses de haber iniciado actividades;

V. No lleven contabilidad estando obligados a hacerlo, o cuando destruyan la que corresponda; y

VI. Cuando tratándose de responsables solidarios en términos de las fracciones VI, XI, XII y XIII del artículo 96 de este Código, no se cuente con los elementos que permitan realizar la determinación sobre base cierta.

La determinación presuntiva realizada por la autoridad en los términos de este artículo, será independiente de las sanciones a que se haga acreedor el contribuyente o los responsables solidarios.

Art. 123. Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán autorizar plazos o el pago diferido o en parcialidades, de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, incluso cuando sean determinadas en cantidad líquida por el propio deudor, sin que el plazo que se autorice exceda de treinta y seis meses, siempre y cuando los contribuyentes:

I. Presenten solicitud en el formato que se establezca para tales efectos, por las autoridades fiscales, acompañando un informe acerca del movimiento de efectivo y bancos, correspondiente al plazo que se solicita, además de señalar lo siguiente:

a) Modalidad del pago a plazos solicitado;

b) Número de parcialidades solicitadas, y en caso de que sea diferido, época de pago;

c) Garantía del interés fiscal que se ofrezca; y

d) Monto del pago inicial.

El plazo elegido por el contribuyente en el formato de la solicitud de autorización, podrá modificarse para el crédito de que se trate por una sola ocasión, en cuyo caso el plazo en su conjunto no deberá exceder del plazo máximo establecido en el presente artículo;

II. Paguen el 20 por ciento del monto total del crédito fiscal al momento de la solicitud de autorización del pago a plazos. El monto total del adeudo se integrará por la suma de los conceptos siguientes:

a) El monto de las contribuciones omitidas actualizado desde el mes en que se debieron pagar y hasta aquél en que se solicite la autorización;

b) Las multas que correspondan actualizadas desde el mes en que se debieron pagar y hasta aquél en que se solicite la autorización;

c) Los accesorios distintos de las multas que tenga a su cargo el contribuyente a la fecha en que solicite la autorización; y

d) Las multas que sin ser accesorios de contribuciones se hubieren determinado en la resolución emitida por la autoridad fiscal conjuntamente con el crédito cuya autorización de pago se solicita.

La actualización que corresponda al periodo mencionado se efectuará conforme a lo previsto en los artículos 8º y 10 de este Código.

Cuando la solicitud de pago en parcialidades se presente respecto de créditos fiscales que hubieren quedado firmes después de haberse impugnado, sólo se concederá si el deudor garantiza previamente el total del adeudo determinado en términos de este artículo.

Art. 124. En tanto se resuelve la solicitud a que se refiere el artículo anterior, el contribuyente deberá realizar los pagos mensuales subsecuentes, de acuerdo con el número de parcialidades solicitadas, a más tardar el mismo día de calendario que corresponda al día en el que fue efectuado el pago inicial o, en su caso, la fecha propuesta para el pago diferido, aplicando la tasa de recargos correspondiente, de conformidad con el artículo 11 del Código.

Se considerará que el contribuyente se ha desistido de su solicitud de pago a plazos en los casos siguientes:

I. Cuando el contribuyente no cumpla en tiempo o con el monto establecido para cualquiera de las parcialidades; o

II. No pague en la fecha propuesta el monto diferido u omita garantizar el interés fiscal estando obligado a ello.

Para los supuestos establecidos en el párrafo anterior, el contribuyente deberá cubrir el saldo insoluto de las contribuciones omitidas actualizadas, conforme a los artículos 8º y 10 de este Código con los recargos correspondientes que resulte de la aplicación del artículo 11 del referido Ordenamiento, a partir de la fecha en que debió realizarse el pago.

Art. 125. Para los efectos de la autorización a que se refiere el artículo anterior se estará a lo siguiente:

I. Tratándose de la autorización del pago en parcialidades, el saldo que se utilizará para el cálculo de las parcialidades será el resultado de disminuir al crédito correspondiente el pago realizado, que no deberá ser menor del 20 por ciento.

El monto de cada una de las parcialidades deberá ser igual, y pagadas en forma mensual y sucesiva, para lo cual se tomará como base el saldo del párrafo anterior, el plazo elegido por el contribuyente en su solicitud de autorización de pago a plazos, y la tasa mensual de recargos por prórroga que incluye actualización de acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado vigente en la fecha de solicitud de autorización de pago a plazos o en parcialidades.

Cuando se paguen oportunamente los montos de los pagos en parcialidades autorizados, el contribuyente estará obligado a pagar recargos por los pagos extemporáneos sobre el monto total de las parcialidades no cubiertas actualizadas, de conformidad con los artículos 8°, 10 y 11 de este Código, por el número de meses o fracción de mes, desde la fecha en que se debió realizar el pago y hasta que éste se efectúe;

II. Tratándose de la autorización del pago de forma diferida, el monto que en su caso se diferirá será el resultado de restar al pago correspondiente el pago realizado, que no deberá ser menor del 20%, al pago parcial del adeudo determinado en términos de la fracción II del artículo 123 de este Código.

El monto a liquidar por el contribuyente, se calculará adicionando al monto referido en el párrafo anterior, la cantidad que resulte de multiplicar la tasa de recargos por prórroga que incluye actualización de acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado vigente en la fecha de la solicitud de autorización de pago en forma diferida, por el número de meses, o fracción de mes transcurridos desde la fecha de la solicitud de pago en forma diferida y hasta la fecha señalada por el contribuyente para liquidar su adeudo y por el monto que se diferirá.

El monto para liquidar el adeudo a que se hace referencia en el párrafo anterior, deberá cubrirse en una sola exhibición a más tardar en la fecha de pago especificada por el contribuyente en su solicitud de autorización de pago diferido;

III. Una vez recibida la solicitud de autorización de pago en parcialidades de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, la autoridad exigirá la garantía del interés fiscal en relación al 80% del monto total del adeudo al que se hace referencia en la fracción II del artículo 123 de este Código, más la cantidad que resulte de aplicar la tasa de recargos por prórroga y por el plazo solicitado de acuerdo con lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo.

La autoridad podrá dispensar la garantía del interés fiscal, siempre y cuando el plazo elegido no exceda de seis meses y, el contribuyente no tenga bienes para garantizar el crédito fiscal; y se autorice el cargo a su cuenta bancaria de forma domiciliada.

IV. [Derogada].

Art. 126. Se revocará la autorización para pagar en parcialidades, por las causas siguientes:

I. Aun cuando se hubiere convenido el pago del crédito fiscal en parcialidades, dicho convenio quedará revocado, exigiéndose de inmediato el total del crédito fiscal pendiente de pago, en los supuestos siguientes:

a) No se otorgue, desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés fiscal, en los casos que no se hubiere dispensado, sin que el contribuyente dé nueva garantía o amplíe la que resulte insuficiente;

b) El deudor cambie de domicilio, sin dar aviso de dicho cambio a la autoridad fiscal que hubiere autorizado la prórroga;

c) El deudor realice hechos o incurra en infracciones, de las que se advierta su intención de defraudar fiscalmente al Estado o los municipios;

d) El deudor sea declarado en estado de quiebra, concurso, suspensión de pagos, solicite su liquidación judicial, o deje de presentar alguno de los avisos a que está obligado, en términos de las leyes fiscales, el presente Código o de los ordenamientos legales que regulen su actividad;

e) El deudor impugne el crédito fiscal por cualquiera de los medios de defensa permitidos por las disposiciones fiscales, lo cual además de la consecuencia establecida en el presente artículo, hará inmediatamente efectiva a favor de las autoridades fiscales la garantía ofrecida para tales efectos;

f) Tratándose del pago en parcialidades el contribuyente no cumpla en tiempo y monto con dos parcialidades sucesivas o en su caso, con cualquiera de las tres últimas; y

g) Por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo, en el convenio de pago en parcialidades.

En los supuestos señalados en los incisos anteriores, las autoridades fiscales mediante resolución fundada y motivada en la que se determine y liquide en términos de las disposiciones aplicables el saldo insoluto, requerirán y harán efectivo éste mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

El saldo no cubierto en el pago a plazos se actualizará y causará recargos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8º, 10 y 11 de este Código, desde la fecha en que se haya efectuado el último pago conforme a la autorización respectiva.

Cuando se haya vencido el plazo para realizar un pago diferido y no se haya efectuado éste, las autoridades fiscales emitirán resolución fundada y motivada en la que se exija el mismo con las actualizaciones y recargos que procedan desde la fecha en que debió hacerse y hasta la fecha en que se efectúe. La exigibilidad que en estos casos se realice con el responsable solidario que hubiese otorgado en su caso garantía del interés fiscal, sólo requerirá que en la orden correspondiente de la autoridad competente, se exprese la omisión en su pago por parte del responsable directo;

II. Los pagos efectuados a plazos durante la vigencia de la autorización se deberán aplicar al periodo más antiguo, en el siguiente orden:

a) Recargos generados por financiamientos del pago en parcialidades;

b) Recargos por falta de pago oportuno;

c) Accesorios en el orden siguiente:

1. Multas.

2. Gastos extraordinarios.

3. Gastos de ejecución;

d) Monto de las contribuciones omitidas, a las que hace referencia el inciso a) de la fracción II del artículo 123 de este Código; y

III. No procederá la autorización a que se refiere el artículo 123 de este Código tratándose de contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas, excepto cuando el contribuyente opte por autocorregirse respecto de las mismas y cumpla con las demás disposiciones aplicables para la procedencia de la autorización del pago a plazos.

Las autoridades fiscales podrán determinar y cobrar el saldo de las diferencias que resulten por la presentación de declaraciones, en las cuales, sin tener derecho al pago a plazos, los contribuyentes hagan uso en forma indebida de dicho pago a plazos, entendiéndose como uso indebido cuando se solicite cubrir las contribuciones y aprovechamientos que debieron pagarse en el año de calendario en curso o las que debieron pagarse en los seis meses anteriores, al mes en el que se solicite la autorización; o cuando se trate de contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas; o bien, cuando procediendo el pago a plazos, no se presente la solicitud de autorización correspondiente en los plazos establecidos, o cuando dicha solicitud no se presente con todos los requisitos a que se refiere el artículo 123 de este Código, o no se otorgue dentro de los plazos que correspondan la garantía del interés fiscal que sea procedente.

Durante el periodo en que el contribuyente se encuentre pagando a plazos, las cantidades determinadas no serán objeto de actualización.

Art. 127. Lo dispuesto en el artículo anterior no es aplicable cuando el contribuyente se ubique en alguna causal de revocación, o cuando deje de pagar en tiempo y monto alguna de las parcialidades, supuestos en los cuales se actualizará ésta de conformidad con lo previsto por los artículos 8º y 10 de este Código, desde la fecha en que debió efectuar el último pago y hasta que éste se realice.

Art. 128. Las copias, impresiones o reproducciones que deriven del microfilm, disco óptico, medios magnéticos, digitales, electrónicos o magneto ópticos de documentos que tengan en su poder las autoridades fiscales, tienen el mismo valor probatorio que tendrían los originales, siempre que dichas copias, impresiones o reproducciones sean certificadas por funcionario competente para ello, sin necesidad de cotejo con los originales.

Art. 129. Para la determinación administrativa de contribuciones y, en su caso, para su fijación en cantidad líquida, las autoridades fiscales presumirán como cierta la información contenida en los comprobantes fiscales y en las bases de datos que lleven, o tengan en su poder o a las que tengan acceso.

Art. 130. Las autoridades fiscales presumirán como ciertos los hechos asentados para efectos del cumplimiento de las obligaciones en materia estatal y municipal, en los dictámenes emitidos por los contadores públicos autorizados y registrados en términos de la legislación fiscal federal, así como la información contenida en los comprobantes fiscales y en las bases de datos que lleven o tengan en su poder o a las que tengan acceso.

Las liquidaciones de contribuciones que se realicen con base en lo establecido en los dictámenes a que se refiere el párrafo anterior, se presumirán legales para todos los efectos que correspondan, salvo que el contribuyente demuestre que no son ciertos los hechos asentados en el dictamen.

Art. 131. Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o los aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, caducan en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquél en que:

I. Se presentó o debió haberse presentado la declaración o las declaraciones cuando se tenga obligación de hacerlo. No obstante lo anterior, cuando se presenten declaraciones complementarias, el plazo se computará a partir del día siguiente a aquél en que éstas se presentan, por lo que hace a los conceptos modificados en relación con la última declaración de esa misma contribución; y

II. Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la infracción fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente al en que hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente.

Se considera que una infracción es continua cuando en virtud de una única conducta asumida por el infractor, se infringe una norma de carácter fiscal durante todo el periodo en que se considere existe la infracción, sin que dicha conducta se vea modificada; y es continuada, cuando con una pluralidad de actos u omisiones se infringe una misma disposición fiscal en perjuicio de la misma autoridad fiscal, y sólo se debe imponer una sanción.

Cuando por diversas conductas infractoras respecto de una misma disposición fiscal se deban imponer sanciones por cada una de ellas, no se considerará que la infracción sea continuada.

Art. 132. El plazo a que se refiere el artículo anterior será de diez años cuando:

I. El contribuyente no haya presentado su solicitud en el registro estatal o municipal de contribuyentes;

II. No lleve contabilidad estando obligado a hacerlo, o no la conserve durante el plazo que establece este Código;

III. Cuando no se presente alguna declaración periódica estando obligado a presentarlas; y

IV. Cuando no se presenten las declaraciones o se realicen los pagos sin estar obligado a presentar declaraciones periódicas, sí se está obligado al pago de contribuciones mediante la presentación de declaraciones; en estos casos el plazo se computará a partir del momento que se hubiere causado la contribución o aprovechamiento.

En los casos que el contribuyente presente una declaración extemporánea en forma espontánea, el plazo será de cinco años, sin que en ningún caso este plazo de cinco años, sumado al tiempo transcurrido entre la fecha en la que debió presentarse la declaración omitida y la fecha en la que se presentó espontáneamente, exceda de diez años.

En los casos de responsabilidad solidaria a que se refieren las fracciones III, XI, y XIV del artículo 96 de este Código, el plazo será de cinco años a partir de que la garantía del interés fiscal resulte insuficiente.

Art. 133. El plazo para que se configure la caducidad establecida en los artículos precedentes, se suspenderá cuando:

I. Se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades fiscales a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 120 de este Código, desde su inicio hasta su consecución y en su caso, hasta que quede firme la resolución que hubiere recaído al medio de impugnación que se hubiere hecho valer;

II. Se interponga algún recurso administrativo o juicio, desde su presentación hasta que quede firme la resolución que hubiere recaído;

III. Las autoridades fiscales no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación en virtud que el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su domicilio fiscal, desde que se actualice tal evento, y hasta que se localice al contribuyente;

IV. En los casos de huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga; y

V. Por fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión.

En ningún caso el plazo de suspensión para que se configure la caducidad, podrá exceder de diez años, incluso cuando así resultara de la suspensión que se tuviere adicionada con el plazo transcurrido.

Transcurridos los plazos establecidos en este artículo, los contribuyentes podrán solicitar la declaración de caducidad de las facultades de las autoridades fiscales u oponerla como excepción en los casos que sea procedente.

Art. 134. Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales, a menos que los contribuyentes los nieguen lisa y llanamente, en cuyo caso las autoridades deberán probar los hechos que los motivaron.

Sin perjuicio del derecho del contribuyente para desvirtuar los hechos en que se basan las resoluciones, si la negativa del contribuyente implica la afirmación de otro hecho, deberá acreditarlo o, en caso contrario, la presunción de legalidad de los actos de la autoridad referida a los hechos negados, deberá subsistir con plenos efectos.

Art. 135. Los servidores públicos que intervengan en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estarán obligados a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las manifestaciones, declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación.

Se exceptúa de dicha reserva cuando la información sea solicitada por los interesados o sus representantes legales, o en los casos que señalen los ordenamientos fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los funcionarios encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales del Estado, a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias, al Ministerio Público en sus funciones de investigación y persecución del delito o en el supuesto previsto en el artículo 108 de este Código.

Dicha reserva tampoco comprenderá la información relativa a los créditos fiscales firmes de los contribuyentes, que las autoridades fiscales proporcionen a las sociedades de información crediticia que obtengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

Mediante convenio de intercambio recíproco de información, suscrito por el Secretario de Finanzas, se podrá suministrar la información a otras autoridades fiscales de otras entidades federativas, siempre que se pacte que la misma sólo se utilizará para efectos fiscales y se guardará el secreto fiscal correspondiente por la entidad de que se trate.

Capítulo II
De los procedimientos para la comprobación del
cumplimiento de las obligaciones fiscales

Sección primera
De la visita domiciliaria

Art. 136. Durante el desarrollo de la visita domiciliaria, los contribuyentes, sus representantes, los terceros con ellos relacionados y las personas con quienes se efectúen dichas facultades de comprobación, tendrán, además de las obligaciones que expresamente se señalen en las disposiciones aplicables, las siguientes:

I. Permitir a los visitadores designados por la autoridad el acceso al lugar o lugares objeto de la misma;

II. Mantener a su disposición la contabilidad y demás documentos que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales;

III. Permitir la verificación de bienes, mercancías, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados;

IV. Cuando los visitados lleven su contabilidad o parte de ella con el sistema de registro electrónico, o microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio que autoricen las autoridades fiscales, deberán poner a disposición de los visitadores el equipo de cómputo y sus operadores, para que los auxilien en el desarrollo de la visita; asimismo, los visitados deberán proporcionar copia de los archivos electrónicos que se encuentren en dichos equipos de cómputo cuando así se lo soliciten los visitadores, a efecto de constituir probanza de las posibles irregularidades del contribuyente auditado;

V. Conservar y resguardar la contabilidad de la que les hubiese sido conferido su depósito; y

VI. Cuando se presenten documentos o libros para desvirtuar los hechos asentados en actas, el contribuyente o su representante legal deberá presentar escrito en el que señale específicamente cuáles de los registro que aparecen en libros, así como los documentos presentados, son los que tienen una vinculación directa con cada uno de los hechos particulares que se pretende desvirtuar. Cuando no se cumpla en este requisito, la autoridad requerirá al contribuyente para que en el plazo de cinco días subsane las omisiones cometidas, y de no hacerlo, se tendrán por no presentados los documentos o libros con que se pretende desvirtuar los hechos u omisiones que le hayan sido dados a conocer.

Art. 137. En la orden de visita domiciliaria, además de los requisitos a que se refiere el artículo 114 de este Código, deberá señalarse lo siguiente:

I. El lugar o lugares donde deberá realizarse la visita; y

II. El nombre o nombres de las personas que participarán en la realización de la visita.

Cuando en el curso de una visita domiciliaria se considere necesario ampliar sus efectos a otros lugares que se consideren establecimientos de los visitados, las autoridades fiscales emitirán un oficio en que se señalarán el nuevo o nuevos lugares en los que en adición a los antes notificados, se realizará la visita, el cual se notificará personalmente al interesado en cualquiera de los lugares designados para la práctica de la misma. En este caso, la revisión en los nuevos domicilios se iniciará conforme al supuesto previsto en la fracción I del artículo 138 de este Código.

Las personas designadas para la realización de la visita, podrán actuar de forma conjunta o separada en su desarrollo, sin que esto afecte la validez de la misma. El número de personas que podrán participar en la realización de la visita podrá ser aumentado o disminuido en cualquier tiempo, para efectos de lo cual las autoridades competentes emitirán orden que deberá notificarse personalmente para dar a conocer al interesado el aumento de visitadores. La notificación del aumento de personal que podrá realizar la visita surtirá sus efectos al ser efectuada, y el personal designado en el documento correspondiente podrá actuar de inmediato, pudiendo ser dicho personal quien realice su notificación.

Art. 138. Para el desarrollo de la diligencia de visita domiciliaria la autoridad fiscal, el contribuyente visitado, o la persona con quien se entienda la diligencia, deberán sujetarse a lo siguiente:

I. La visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita;

II. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, no estuviere el visitado o su representante legal, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el contribuyente o su representante legal los esperen a la hora determinada del día hábil siguiente para recibir la orden de visitas; si hicieren caso omiso al citatorio, la vista se iniciará con quien se encuentre en el lugar de visita señalada de la orden respectiva.

Si el contribuyente, el sujeto de la visita domiciliaria o su representante legal, presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido el citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio manifestado por el contribuyente y en el anterior, cuando el contribuyente visitado conserve el local de éste, sin que para ello se requiera nueva orden o aplicación de la orden de visita, haciendo constar tales hechos en el acta que levanten, salvo que en el domicilio anterior se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26 de este Código, caso en el cual la visita se continuará en el domicilio anterior.

Cuando después de notificada la orden con una persona distinta de aquélla a quien fue dirigida existiere peligro que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras para impedir el inicio o desarrollo de la visita, los visitadores podrán proceder al aseguramiento de contabilidad o de bienes del contribuyente; y

III. Al notificar la orden de visita domiciliaria en el lugar o lugares señalados en él, los visitadores deberán identificarse ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos de asistencia, y si ésta se niega a designarlos, los visitadores procederán a hacerlo sin que esta circunstancia afecte la legalidad de la diligencia en su integridad.

Los testigos podrán ser sustituidos en cualquier tiempo por no comparecer a la firma de actas en el lugar en que se esté llevando a cabo la visita, o por manifestar su voluntad de dejar de serlo; en estos casos, los visitadores requerirán a la persona con quien se entienda la diligencia para que designe otros que los sustituyan, y en caso de su negativa para hacerlo, los visitadores los designarán. La sustitución de testigos no invalida los resultados de la visita.

Art. 139. Los visitados, su representante legal o las personas con quien se entienda la visita, están obligados a permitir a los visitadores designados en la orden de visita el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como a poner y mantener a su disposición la contabilidad y demás documentos o informes que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales, de los que los visitadores podrán sacar copia para que, previo cotejo con sus originales, se certifiquen por éstos y sean anexados a las actas parciales o final que se levanten con motivo de la visita. También deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, discos, cintas o cualquier otro medio de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados y que tengan relación con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Cuando los visitados lleven su contabilidad o parte de ella con sistema de registro electrónico, o la microfilmen o graben en discos ópticos o en cualquier otro medio autorizado por las disposiciones aplicables a la contabilidad, deberán poner a disposición de los visitadores cuando ello sea requerido, a sus operadores para que los auxilien en el desarrollo de la visita, así como entregar a la autoridad fiscal, los archivos electrónicos en donde conste dicha contabilidad.

Art. 140. Para su desarrollo y eficacia, y respeto a los derechos de los contribuyentes, las visitas domiciliarias deberán sujetarse a lo siguiente:

I. El desarrollo del procedimiento y los hechos u omisiones conocidos por los visitadores en el desarrollo de la visita que produzcan el incumplimiento de disposiciones fiscales, deberán hacerse constar en actas parciales, los cuales harán prueba para efectos de las contribuciones a cargo del visitado, de la existencia de los mismos durante el periodo revisado;

II. Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos deberán levantarse las actas que correspondan, cumpliendo con los requisitos de procedimiento establecidos para el inicio de la visita, las cuales se agregarán al acta final de visita, que podrá ser levantada en cualquiera de los lugares visitados.

Para el supuesto que una visita haya sido ordenada para realizarse en dos o más lugares, la primera diligencia podrá efectuarse en cualquiera de ellos y se podrá iniciar en cualquiera de los lugares señalados en la orden, con cualesquier persona que se encuentre en ellos. En este supuesto, en el acta que se levante se señalarán el lugar o lugares en que se realizará la visita, y el inicio de los trabajos en cada uno de dichos lugares, podrá realizarse desde el momento de la notificación de la orden.

Para la realización de las visitas en dos o más lugares, en cada uno de ellos, las personas con quien se entienda la diligencia tendrán las obligaciones que se establecen en el artículo 136 y primer párrafo del artículo 139 de este Código;

III. Durante el desarrollo de la visita, los visitadores podrán asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en contabilidad.

El aseguramiento de la contabilidad se realizará, indistintamente, al sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles archiveros y oficinas donde se encuentren, para que previo inventario que se formule, se dejen en calidad de depósito al visitado o la persona con quien se entienda la diligencia; para efectos de la designación de depositario, no se requerirá la aceptación expresa del cargo por parte de la persona designada, y ésta tendrá las obligaciones que a los depositarios corresponden.

La facultad de sellar, sólo procederá una vez que se hayan iniciado las facultades de comprobación previstos en este artículo y exista oposición física del contribuyente, responsable solidario o terceros con ellos relacionados para que se practique dicho acto de comprobación; debiéndose sellar, únicamente, los bienes o contabilidad vinculada con el cumplimiento de las obligaciones fiscales del ejercicio sujeto a revisión.

El aseguramiento realizado en términos de lo previsto en esta fracción, no deberá impedir la realización de las actividades del visitado; se considera que no se afectan las actividades del visitado cuando se asegure contabilidad o correspondencia no relacionada con las actividades del mes en curso, y los dos anteriores. No obstante, cuando algunos de los elementos asegurados sea necesario al visitado para realizar sus actividades, previa solicitud escrita que realice, se le permitirá extraerlo ante la presencia de los visitadores, quienes tratándose de documentos podrán sacar copia de los mismos para su certificación en términos de lo previsto en el artículo 139 de este Código;

IV. Los hechos u omisiones relativos al visitado que se conozcan de terceros, deberán hacerse constar en actas parciales que se levantarán ante la persona con quien se entienda la diligencia, y en las cuales se correrá traslado de los hechos u omisiones que teniendo relación con el contribuyente visitado, se hubieren conocido de los terceros;

V. En la última acta parcial que al efecto se levante, deberá hacerse mención expresa de esta circunstancia, y entre ésta y el levantamiento del acta final de la visita deberán transcurrir cuando menos veinte días, durante los cuales el visitado podrá alegar lo que a su derecho convenga y presentar libros o documentos que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en actas.

Cuando se trate de dos o más ejercicios revisados, el plazo se ampliará por quince días más a solicitud del contribuyente que deberá presentar dentro del plazo original de veinte días. La documentación deberá ser aportada por el visitado mediante escrito en el que se relacionen cada una de las pruebas con los hechos que se pretenden desvirtuar con ellas.

El acta final de visita podrá ser firmada por cualquiera de los visitadores que en ella hubieren intervenido, debiéndose además recabar las firmas del contribuyente, su representante legal, o de la persona con quien se entienda la diligencia, y de los testigos propuestos por la persona con quien se entienda la diligencia, si cualquiera de éstos se negaren a firmar, así se hará constar en el acta sin que ello afecte la validez y valor probatorio de la misma.

Para efectos de la fase oficiosa del procedimiento administrativo, se tendrán por consentidos los hechos asentados en actas cuando el contribuyente dentro de los plazos de ley, no presente los libros o documentos que los desvirtúen;

VI. Cuando resulte imposible continuar la visita en el domicilio del visitado, o en la fecha y hora señalada para el levantamiento del acta final el domicilio en que se hubiere señalado se encuentra cerrado y no se pudiere levantar en él, y se cuente con elementos suficientes para ello, las actas en que se hagan constar los hechos u omisiones atribuibles al visitado podrán levantarse en las oficinas de la autoridad fiscal. En este caso, deberá notificarse al visitado previamente de esta circunstancia en cualquiera de las formas previstas en este Código, debiéndose notificar en cualquiera de dichas formas, la realización de las etapas subsecuentes del procedimiento de revisión correspondiente. Si la imposibilidad se genera para el levantamiento del acta final, la notificación se podrá realizar por instructivo en los términos de este Código; y

VII. Cuando el personal actuante hubiera recabado la información necesaria para determinar la situación fiscal del revisado, y después del levantamiento del acta última parcial, se levantará acta final; las actas parciales que se hubieren levantado, formarán parte del acta final, aun cuando en ésta no se haga mención expresa de dicha circunstancia.

Art. 141. Cuando de la revisión interna que realice la autoridad de las actas de visita y demás documentación relacionadas con ellas, se determine que el procedimiento realizado no se ha ajustado a las disposiciones aplicables y con ello pudieran verse afectados los derechos del contribuyente y la legalidad de la determinación del crédito fiscal resultante, la autoridad, de oficio, podrá por una sola vez, reponer el procedimiento a partir de la violación cometida, en cuyo caso el plazo original para la conclusión de la visita se ampliará por dos meses más.

En este supuesto, la autoridad deberá comunicar al contribuyente mediante resolución fundada y motivada, el inicio de la reposición del procedimiento. Si la autoridad no comunica al contribuyente dicho inicio dentro de los primeros diez meses después de iniciada la revisión, precluirá su derecho para hacerlo.

Sección segunda
De la revisión en las oficinas de la autoridad

Art. 142. Cuando las autoridades fiscales ejerzan las facultades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales en sus propias oficinas, previstas en la fracción II del artículo 120 de este Código, se estará a lo siguiente:

I. En la solicitud de documentación e información, además de contener los datos que se establecen en el artículo 114 de este Código, se deberán señalar el plazo y lugar en que deberán presentarse los documentos cuya presentación se requiere;

II. La solicitud de documentación e información se deberá notificar con las formalidades que para las notificaciones personales se establecen en el Título Quinto, capítulo III de este Código;

III. La documentación solicitada en la solicitud respectiva, deberá ser entregada en el plazo y lugar que en ella se señalen, por el contribuyente o representante legal debidamente acreditados; para estos efectos, deberá presentar promoción en la que cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 56 de este Código, señale de forma analítica, cuál es la documentación que se aporta;

IV. Como consecuencia de la revisión de la documentación proporcionada por el contribuyente y demás datos o informes obtenidos por la autoridad, se formulará oficio de observaciones, en el que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren conocido y que originen incumplimiento de las disposiciones fiscales;

V. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción anterior deberá ser notificado cumpliendo las formalidades que para las notificaciones personales se prevén en el Título Quinto, capítulo III de este Código; la persona que hubiere sido objeto del ejercicio de las facultades de comprobación, contará con un plazo de veinte días contados a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación del oficio de observaciones, para alegar lo que a su derecho convenga y presentar los libros, registros o documentos que desvirtúen los hechos asentándose el mismo; si se trata de la revisión de dos o más ejercicios, el plazo se podrá ampliar por quince días más si el interesado presenta solicitud dentro del plazo original de veinte días.

Cuando se presenten dentro del plazo documentos o libros para desvirtuar los hechos asentados en el oficio de observaciones, el contribuyente o su representante legal deberá presentar escrito en el que señale específicamente cuáles de los registros que aparecen en libros, así como los documentos presentados, son los que tienen una vinculación directa con cada uno de los hechos particulares que se pretende desvirtuar. Cuando no se cumpla con este requisito, la autoridad requerirá al contribuyente para que en el plazo de cinco días subsane las omisiones cometidas, y de no hacerlo, se tendrán por no presentados los documentos o libros con que se pretende desvirtuar los hechos u omisiones que le hayan sido dados a conocer.

Se tendrán por consentidos dentro de la fase oficiosa del procedimiento los hechos asentados en el oficio de observaciones, cuando el contribuyente no aporte la documentación comprobatoria que los desvirtúe; y

VI. Cuando con motivo de la revisión practicada en los términos de este artículo no hubiere observaciones, la autoridad fiscalizadora lo comunicará al contribuyente mediante oficio de conclusión en que se señalen los documentos que habiendo sido presentados por el particular, fueron objeto de revisión.

Art. 143. El ejercicio de las facultades de comprobación que las autoridades fiscales realicen a través de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes en las oficinas de la propia autoridad, o bien, a través de la realización de visitas domiciliarias, deberá ser concluido en el plazo improrrogable de un año, contado a partir de la fecha en que se notifique al contribuyente el inicio de las facultades de comprobación en visita domiciliaria, y de que venza el plazo para que el contribuyente presente la documentación solicitada en el caso de revisión en las oficinas de la autoridad. Se entiende que la visita domiciliaria concluye con el levantamiento del acta final, y la revisión de la contabilidad en las oficinas de la propia autoridad, concluye con la notificación del oficio de observaciones a que se refiere el artículo 142 de este Código.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior se suspende en los casos siguientes y de acuerdo a los momentos que para cada uno de ellos se señalan:

I. Huelga: a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que finalice la huelga;

II. Fallecimiento del contribuyente: a partir de que éste suceda y hasta que se dé aviso a la autoridad revisora, de la designación del representante legal de la sucesión;

III. Cuando después de iniciadas las facultades de comprobación, el contribuyente desocupe el lugar o cambie su domicilio fiscal sin presentar el aviso que para efectos fiscales corresponda, o cuando no se le localice en el que hubiera señalado, a partir de que ocurra cualquiera de ambos sucesos, y hasta que sea debidamente localizado;

IV. Cuando el contribuyente no atienda la solicitud de datos, informes o documentos formulada por la autoridad fiscal, para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el tiempo que transcurra desde la fecha en que vence el plazo otorgado para proporcionarlos, y hasta la fecha en que atienda la solicitud correspondiente. La suspensión en estos casos, no podrá ser mayor a seis meses, salvo cuando se realicen dos o más requerimientos que no sean atendidos debidamente, en cuyo caso sumados los periodos de suspensión, ésta no podrá ser mayor de un año;

V. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad se encuentre impedida para realizar el ejercicio de sus facultades, desde la fecha en que ocurra el evento que lo impide, y hasta que éste se resuelva y la autoridad estén en posibilidad de ejercer dichas facultades. En estos casos, la autoridad deberá publicar en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, cuál es la causa o evento que impide el ejercicio de sus facultades, así como la fecha en que éste fue suprimido; y

VI. Cuando durante el plazo para concluir el ejercicio de las facultades de comprobación, el contribuyente interponga cualquier medio de impugnación que impida continuarlas, desde la fecha en que lo interponga, y hasta la fecha en que la resolución que hubiese recaído a dicho medio de impugnación quede firme.

Cuando la autoridad no levante el acta final de visita domiciliaria o no emita el oficio de observaciones dentro del plazo establecido en este artículo, quedarán sin efectos tanto las órdenes, como las actuaciones que en ellos se hubieren realizado.

Art. 144. Cuando las autoridades fiscales para el ejercicio de las facultades de comprobación soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, documentación para su revisión, se estará a los siguientes plazos para proporcionarla:

I. Los libros y registros que formen parte de la contabilidad, así como los diagramas y contenido del sistema de registro electrónico, en su caso, que le sean solicitados durante una visita domiciliaria, deberán presentarse de inmediato;

II. Cuando los documentos de los que el visitado debe tener en su poder que habiendo sido requeridos en el curso de una visita domiciliaria, no sean presentados en los términos de la fracción anterior, independientemente de las sanciones a que se hubiere hecho acreedor el contribuyente omiso, deberá presentarlos en el plazo de seis días; y

III. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, el plazo de presentación será de quince días.

Los plazos a que se refieren las fracciones II y III de este artículo podrán ampliarse a solicitud del interesado, por diez días más cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o sean de difícil obtención. La solicitud deberá presentarse hasta antes de vencer el plazo original que corresponda.

Sección tercera
De las visitas domiciliarias de inspección

Art. 145. Para efectos de las visitas domiciliarias de inspección previstas en la fracción IV del artículo 120 de este Código, los procedimientos aplicables serán los siguientes:

I. La orden que deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 137 de este Código;

II. Se realizarán en el domicilio fiscal, o cualquier otro establecimiento, sucursal, local, o puesto fijo o semifijo en la vía pública, que tengan los contribuyentes dentro del Estado y en ellos se realicen actividades de enajenación, prestación de servicios, contratación u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes; o bien, se almacenen mercancías, o se realicen actividades relacionadas con permisos y concesiones, o que sean reguladas en su funcionamiento por la legislación estatal;

III. La diligencia se iniciará con el contribuyente o su representante legal, o en su ausencia, con el encargado o quien se encuentre al frente del lugar visitado;

IV. Al inicio de la visita, los visitadores deberán identificarse con la persona con quien se entienda la diligencia, y requerirle para que designe dos testigos, y si se niega a ello, los testigos serán designados por los propios visitadores, sin que esta circunstancia invalide el resultado de la visita de inspección;

V. Se levantará acta circunstanciada en la que se harán constar los hechos, omisiones o irregularidades que siendo conocidos por los visitadores durante su desarrollo, pudiesen constituirse en infracciones a las leyes fiscales aplicables;

VI. Realizada la visita de inspección, si al cierre del acta de visita domiciliaria, el visitado o la persona con quien se entiende la diligencia o los testigos designados por ésta se niegan a firmar el acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta, sin que se afecte la validez o valor probatorio de la misma, dándose por concluida la visita correspondiente;

VII. Cuando de las irregularidades conocidas por los visitadores se desprendan sanciones que consistan en la clausura del establecimiento visitado, los visitadores procederán en términos de las disposiciones aplicables a realizar dicha clausura, la cual se levantará en términos de dichas disposiciones cuando exista causa justificada para hacerlo y procederá sin previo apercibimiento al contribuyente, responsable solidario o terceros con ellos relacionados; y

VIII. Concluida la visita, las autoridades en la propia acta, harán saber al interesado que cuenta con un plazo de tres días para desvirtuar la comisión de las infracciones que se le imputen, para lo cual deberá presentar las pruebas que a sus intereses convengan.

Art. 146. Los visitados, su representante legal o las personas con quien se entienda la visita de inspección, están obligados a permitir a los visitadores designados en la orden de visita el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como a poner y mantener a su disposición documentos, informes, discos, cintas o cualquier otro medio de almacenamiento de datos que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Los visitadores, previo cotejo con los originales, podrán reproducir documentos, informes, discos, cintas o cualquier otro medio almacenamiento de datos para que se certifiquen por éstos y sean anexados al acta que se levante con motivo de la visita.

Cuando las autoridades fiscales, durante la visita de inspección, soliciten de los contribuyentes documentación para su revisión, estos tendrán la obligación de presentarla de inmediato; dicha información deberá estar estrechamente vinculada con las operaciones o actividades fiscales del contribuyente sobre el ejercicio revisado y sobre las contribuciones materia de revisión. Cuando el visitado no ponga a disposición de la autoridad la documentación solicitada, independientemente de las sanciones a que se hubiere hecho acreedor el contribuyente omiso, deberá presentarla en el plazo de tres días a que se refiere la fracción VIII del artículo anterior.

El plazo a que se refiere el párrafo anterior podrá ampliarse a solicitud del interesado, por diez días más cuando se trate de informes cuyo contenido sea difícil de proporcionar o sean de difícil obtención. La solicitud deberá presentarse dentro del plazo de tres días a que se refiere la fracción VIII del artículo anterior.

Se entiende que la visita de inspección concluye con el levantamiento del acta a que se refiere el artículo anterior.

Dentro de un plazo que no excederá de tres meses, las autoridades que hubieren practicado las visitas de inspección, procederán a emitir la resolución correspondiente, en la que se dictaminen las consecuencias que se hubieren generado por el incumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias.

En el caso que se hubiere clausurado el establecimiento por existir causa justificada, el levantamiento de dicha clausura estará sujeto a las disposiciones que para ello sean aplicables.

Art. 146 bis. Las autoridades fiscales deberán emitir las resoluciones que correspondan por las irregularidades y omisiones que hubieren conocido dentro del ejercicio de sus facultades de comprobación previstas en las fracciones I y III del artículo 120 de este Código; dentro de un plazo que no podrá exceder de seis meses, contados a partir de que se hubiere notificado el acta final en el caso de visita domiciliaria, o de que venza el plazo del contribuyente para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en oficio de observaciones respecto de las revisiones en las oficinas de la autoridad.

El plazo señalado en el párrafo anterior se suspenderá si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la contabilidad en las oficinas de las propias autoridades, si se actualiza alguna de las hipótesis establecidas en las fracciones I, II y III del artículo 143 de este Código y cuando el contribuyente durante el plazo para emitir la resolución interponga algún medio de defensa, desde la fecha de su interposición y hasta que quede firme la resolución que al mismo hubiere recaído.

Cuando las autoridades notifiquen la resolución correspondiente en cualquiera de las formas establecida en este Código dentro del plazo antes señalado, quedará sin efecto la orden y las actuaciones que deriven de la visita o de la revisión de que se trate.

La nulidad de las actuaciones del procedimiento de fiscalización no afectará o invalidará la información obtenida en el desarrollo del procedimiento anulado.

Sección cuarta
De los procedimientos para la determinación
presuntiva de la base gravable y
de los ingresos presuntos

Art. 147. La determinación presuntiva de la base gravable para el pago de contribuciones, se origina por el incumplimiento de las obligaciones formales de los contribuyentes, las cuales en todo caso, son suficientes para impedir a la autoridad fiscal el conocimiento pleno y cierto de las operaciones o actividades por ellos realizadas y que son objeto del pago de contribuciones. La determinación y legalidad de las presunciones fiscales se encuentran sujetas a la existencia de datos ciertos que, siendo relativos al contribuyente afectado, establezcan las presunciones necesarias para determinar los actos que siendo desconocidos en virtud de su conducta irregular, a él sean atribuibles. En todo caso, la autoridad fiscal podrá basarse en los elementos siguientes:

I. Los contenidos en la contabilidad del contribuyente, o los que en su caso debieran formar parte de ella;

II. Los contenidos en las declaraciones del ejercicio correspondiente a cualquier contribución, sea del mismo ejercicio o de cualquier otro, con las modificaciones que, en su caso, hubieran tenido con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación.

Las declaraciones del ejercicio que se podrán utilizar son las que el contribuyente hubiere presentado tanto en materia estatal, como en materia federal;

III. La información proporcionada por terceros a solicitud de las autoridades fiscales, que se encuentren referidas a operaciones o actividades relacionadas con el contribuyente sujeto a la determinación presuntiva; y

IV. Cualquier otra información obtenida por la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación, siempre y cuando se encuentre referida a operaciones o actividades realizadas por el contribuyente sujeto a determinación presuntiva.

Art. 148. Cuando en el desarrollo de sus facultades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, las autoridades fiscales adviertan cualquiera de las irregularidades que se prevén en el artículo 122 de este Código, deberán darlo a conocer al contribuyente dentro de la última acta parcial y oficio de observaciones.

El contribuyente deberá informar dentro del plazo de quince días por escrito a la autoridad, cuáles fueron las acciones realizadas para subsanar las irregularidades. Recibido el escrito del contribuyente en el que informa haber subsanado las irregularidades, la autoridad en el plazo de cinco días determinará y comunicará al revisado si se continuará con el ejercicio de las facultades de comprobación en forma ordinaria, o si se realizará la determinación presuntiva por considerarse que no se subsanaron las irregularidades que dieron origen a ello. Si el contribuyente dentro del plazo establecido no informa haber subsanado las irregularidades que generan la causa de determinación presuntiva, la autoridad procederá a realizarlo de esta forma.

Art. 149. En caso que los contribuyentes se coloquen en las causales de determinación presuntiva previstas en el artículo 122 de este Código, y cuando después de haberse realizado el procedimiento establecido en el artículo anterior, no hubiesen subsanado las irregularidades que son causa de determinación presunta y no puedan comprobar por el período sujeto a revisión, sobre base cierta la base gravable para la determinación de las contribuciones estatales o municipales que se generaron a su cargo, se presumirá que las operaciones o actividades objeto de la contribución, fueron realizadas y son iguales al resultado de alguna de las operaciones siguientes:

I. Si con base en la contabilidad, documentación del contribuyente, por información de terceros o de informes presentados a cualquier ente gubernamental, se puedan reconstruir las operaciones o actividades correspondientes; y

II. Si la contabilidad del contribuyente no permite reconstruir las operaciones o actividades a que se refiere la fracción anterior, la autoridad fiscal tomará como base la totalidad de las operaciones o actividades que se observen durante siete días incluyendo los inhábiles, cuando menos, y el promedio diario resultante se multiplicará por el número de días que comprende el periodo sujeto a revisión.

Cuando se trate de la revisión de dos o más ejercicios, la observación de operaciones o actividades a que se refiere esta fracción, servirá como base para la determinación de todos aquéllos que se encuentren sujetos al ejercicio de las facultades de comprobación.

En el supuesto de esta fracción, la observación de operaciones o actividades cuando sea mayor de siete días, deberá serlo por un número que sea múltiplo de siete, y deberá emitirse mandamiento fundado y motivado en el que se señalen los visitadores que llevarán a cabo dicha observación de operaciones o actividades, y el periodo por el cual se realizará.

A los ingresos o valor de las operaciones o actividades determinadas presuntivamente por cualquiera de los anteriores procedimientos, les será aplicable la tasa o tarifa establecidas en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, para el pago de las contribuciones a que se estuviere afectos.

Art. 150. Las autoridades fiscales podrán estimar las erogaciones de los sujetos del impuesto sobre nóminas en los casos siguientes:

I. Cuando no presenten sus declaraciones o no lleven los libros o registros a que legalmente están obligados;

II. Cuando por los informes que se obtengan se pongan de manifiesto que se han efectuado erogaciones gravadas que exceden del 3 por ciento de las declaradas por el causante; y

III. Cuando se adviertan o detecten irregularidades en sus registros que imposibiliten el conocimiento de sus erogaciones que sirven de base para el cálculo del impuesto sobre nóminas.

Para practicar las estimaciones a que se refiere este artículo, se tendrán en cuenta:

a) Las erogaciones realizadas, declaradas en los últimos doce meses;

b) Las manifestaciones presentadas por concepto de Impuesto Sobre la Renta, en los últimos doce meses;

c) La información contenida en los dictámenes que para efectos fiscales hubieren presentado los contribuyentes conforme a las disposiciones fiscales federales;

d) Los hechos que conozcan las autoridades fiscales con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación previstas en este Código, o bien que consten en los expedientes o documentos que lleven o tengan en su poder, así como aquellos proporcionados por otras autoridades del nivel federal, estatal o municipal; y

e) Las actividades realizadas por el causante y otros datos que puedan utilizarse, obtenidos a través de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales.

Art. 151. Para la determinación de la base gravable del pago de contribuciones estatales o municipales, cuando las autoridades fiscales descubran el incumplimiento de obligaciones formales de los contribuyentes que los coloquen en los supuestos que en este artículo se señalan, se considera como base gravable de operaciones o actividades presuntas a los que deberán aplicarse las tasas, tarifas o cuotas que en cada caso procedan y se encuentren previstas en las leyes fiscales, los siguientes:

I. Que la información contenida en la contabilidad, documentación comprobatoria y correspondencia que se encuentren en poder del contribuyente, corresponde a operaciones o actividades realizadas por él, aun cuando se encuentren sin su nombre o aparezcan a nombre de otra persona, siempre que se logre demostrar que al menos una de las operaciones o actividades contenidas en tales elementos fue realizada por el contribuyente revisado;

II. Que la información contenida en los sistemas de contabilidad, a nombre del contribuyente, que sean localizados en poder de otras personas a su servicio, o de accionistas, socios o propietarios de la empresa, o sus familiares, corresponden a operaciones o actividades realizadas por el contribuyente;

III. Que los depósitos en cuentas bancarias del contribuyente que no correspondan con sus registros contables que esté obligado a llevar, son ingresos o valor de operaciones o actividades por los que se encuentra sujeto al pago de contribuciones estatales o municipales.

Para los efectos de esta fracción, se considera que el contribuyente no registró los depósitos que hubiere realizado en su cuenta bancaria, cuando estando obligado a llevarla, no la proporcione a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales; y

IV. Que son depósitos o valor de operaciones o actividades del contribuyente por los que se deben pagar contribuciones, los depósitos realizados en cuenta de cheques personal de los gerentes, administradores o terceros, cuando se efectúen pagos de deudas de la empresa del contribuyente con cheques de dicha cuenta, o depositen en la misma, cantidades que correspondan a la empresa del contribuyente y ésta no los registre en su contabilidad.

Con relación a los impuestos de carácter ecológico, la Secretaría de Finanzas, con apoyo de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente y la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado, podrá realizar las estimaciones para determinar la base gravable utilizando tecnología y estudios técnicos que sustenten su determinación.

Art. 152. Cuando en el ejercicio de sus facultades de comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales las autoridades descubran que los contribuyentes dejaron de registrar adquisiciones en su contabilidad, o que se realizaron pagos a proveedores que no fueron registrados en la contabilidad, se presumirá que los bienes adquiridos y no registrados fueron enajenados y que el importe de la enajenación no fue declarado y es el que resulta de las siguientes operaciones:

I. El importe determinado de adquisición, incluyendo el precio pactado y las contribuciones, intereses, normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto que se hubiera pagado con motivo de la adquisición, se multiplica por el porcentaje de utilidad bruta con que opera el contribuyente; y

II. La cantidad resultante se sumará al importe determinado de adquisición y la suma será el valor de la enajenación. El por ciento de utilidad bruta se obtendrá de los datos contenidos en la contabilidad del contribuyente en el ejercicio de que se trate y se determinará dividiendo dicha utilidad bruta entre el costo que determine o se le determine al contribuyente. Para los efectos de lo previsto por esta fracción, el costo se determinará según las normas de información financiera. En el caso de que el costo no se pueda determinar se entenderá que la utilidad bruta es de 50 por ciento.

La presunción establecida en este artículo no se aplicará cuando el contribuyente demuestre que la falta de registro de las adquisiciones fue motivada por caso fortuito o fuerza mayor.

Igual procedimiento se seguirá para determinar el valor por enajenación de bienes faltantes en inventarios. En este caso, si no pudiera determinarse el monto de la adquisición se considerará el que corresponda a bienes de la misma especie adquiridos por el contribuyente en el ejercicio de que se trate y en su defecto, el de mercado o el de avalúo que se practique conforme a lo establecido en el artículo 258 de este Código.

Art. 153. Para comprobar los ingresos, así como el valor de las operaciones o actividades de los contribuyentes, las autoridades fiscales presumirán que la información o documentos de terceros relacionados con el contribuyente, corresponden a operaciones o actividades realizadas por éste, cuando:

I. Se refieran al contribuyente designado por su nombre, denominación o razón social;

II. Señalen como lugar para la entrega o recibo de bienes o prestación de servicios, relacionados con las actividades del contribuyente, cualquiera de sus establecimientos, aun cuando exprese el nombre, denominación o razón social de un tercero, real o ficticio;

III. Señalen el nombre o domicilio de un tercero, real o ficticio, si se comprueba que el contribuyente entrega o recibe bienes o servicios a ese nombre o en ese domicilio; y

IV. Se refieran a cobros o pagos efectuados por el contribuyente o por su cuenta, por persona interpósita o ficticia.

Sección quinta
De los demás procedimientos

Art. 154. Cuando de las declaraciones presentadas por los contribuyentes para el pago de contribuciones se adviertan errores aritméticos que originen la omisión en el pago de contribuciones, se estará a lo siguiente:

I. Las autoridades fiscales, mediante mandamiento en que se motive el error que se advierte en la declaración, requerirán al contribuyente para que en el plazo de seis días presente declaración complementaria en que se rectifique el error cometido, o realice las aclaraciones que a su derecho convengan. En estos casos, el contribuyente deberá presentar personalmente ante la autoridad que requirió la rectificación, y dentro del mismo plazo anterior, la declaración complementaria que para esos efectos hubiere presentado, o bien, realizar la aclaración correspondiente;

II. Si transcurrido el plazo señalado en la fracción anterior el contribuyente no ha presentado la declaración complementaria correspondiente, o realizado aclaración alguna, las autoridades fiscales procederán, mediante mandamiento fundado y motivado, a exigir mediante el procedimiento administrativo de ejecución la diferencia existente en el pago de contribuciones que se originó por el error aritmético, y a imponer las sanciones que correspondan; y

III. Cuando se trate de la segunda o posteriores ocasiones en que se hubiere omitido el pago de contribuciones por errores aritméticos, la autoridad lo hará saber al contribuyente en el mandamiento que se emita en términos de la fracción I de este artículo, para efectos que el contribuyente acredite debidamente que se trata solamente de un error en la aplicación de los factores numéricos. La información así recibida deberá utilizarse para la motivación de la infracción que se imponga. En caso que el contribuyente no realice aclaración alguna, será considerado reincidente y con efectos de agravante en la comisión de la infracción.

Art. 155. Cuando las autoridades fiscales, en el ejercicio de sus facultades de comprobación adviertan la existencia de contribuyentes que no se encuentran inscritos en el registro estatal o municipal de contribuyentes, según corresponda, y se cuente con los datos necesarios para hacerlo, procederán a realizar de oficio la inscripción correspondiente, a efecto de lo cual se estará a lo siguiente:

I. Requerirán por una sola ocasión, la presentación del documento omitido en los términos del artículo 115 de este Código;

II. Si después de efectuado el requerimiento establecido en la fracción anterior, el contribuyente persiste en conducta omisa, la autoridad fiscal, independientemente de la imposición de la sanción que corresponda, emitirá resolución fundada y motivada en la que de conformidad con los datos que tenga en su poder realice la inscripción oficiosa del contribuyente en el registro estatal o municipal de contribuyentes según corresponda, la cual deberá ser notificada personalmente; y

III. La inscripción realizada en términos de este artículo, genera a cargo del contribuyente todas las obligaciones fiscales que de ella se deriven.

Art. 156. Cuando el pago de contribuciones hubiere sido realizado con cheque en los términos de las disposiciones aplicables, y el cheque no hubiera sido pagado por la institución librada, el crédito fiscal resultante en términos de lo previsto en el artículo 43 de este Código por la falta de pago, se exigirá a través del procedimiento administrativo de ejecución, y para ello, se estará a lo siguiente:

I. La autoridad emitirá mandamiento fundado y motivado en el que comunique al contribuyente que hubiere efectuado el pago por este medio, el crédito fiscal a su cargo que es resultante por el rechazo del cheque por la institución librada, el cual incluirá en su caso, la cantidad correspondiente al monto señalado en el cheque cuyo pago fue rechazado, y la indemnización prevista en el artículo 43 de este Código, más los recargos y actualizaciones que desde la presentación del cheque para el pago de contribuciones se hubieren generado; requiriéndole para que realice el pago o, en su caso, se presente a las oficinas de la autoridad para comprobar lo previsto en la fracción II de este artículo. Los recargos y actualizaciones que se generen con posterioridad a la resolución a que se refiere esta fracción seguirán corriendo a cargo del deudor y serán determinados a la fecha en que se realice el pago;

II. El contribuyente contará con un plazo de seis días para realizar el pago correspondiente, o alegar lo que a su derecho convenga y demostrar con pruebas documentales suficientes que la falta de pago del cheque no fue por causas imputables a él; y

III. Si transcurrido el plazo a que se refiere la fracción anterior, no se ha realizado el pago y no se ha demostrado que la falta de pago del cheque no fue imputable al contribuyente, las autoridades fiscales procederán a hacer efectivo el adeudo correspondiente más las actualizaciones y recargos que procedan, a través del procedimiento administrativo de ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad que de acuerdo con otras disposiciones procedieren para el librador del cheque.

Art. 157. A fin de constatar los ingresos base de los impuestos sobre diversiones y espectáculos públicos y sobre rifas, sorteos, loterías y concursos, las autoridades fiscales designarán al o a los servidores públicos que con el carácter de interventores, vigilen y cobren los impuestos que por estos conceptos se recauden.

Para estos efectos:

I. La orden de intervención se notificará al sujeto, su representante legal o apoderado legal, en el domicilio o lugar en donde se realice el evento, de esta diligencia se levantará acta circunstanciada de la que se entregará copia con firma autógrafa a la persona con quien se entienda la misma. El acta deberá llenar los requisitos a que se refiere el artículo 114 de este Código;

II. El sujeto obligado, su representante legal o apoderado legal, estará presente durante la celebración del evento y, en caso de no hacerlo, el interventor o interventores practicarán la diligencia con quien se encuentre, levantando acta circunstanciada en la que se asentarán los hechos u omisiones conocidos por el interventor, en presencia de dos testigos designados por la persona con quien se entienda la diligencia o ante su negativa, serán nombrados por el interventor o interventores mencionados;

III. El interventor al cierre de la taquilla o después de realizada la rifa, sorteo o concurso, según sea el caso, determinará los ingresos que obtenga el sujeto obligado emitiendo la liquidación del impuesto correspondiente en el acta que se levante para tal efecto. En ambos casos el interventor expedirá el recibo oficial que ampare el pago;

IV. El interventor estará facultado para requerir el pago y procederá al embargo de bienes suficientes del sujeto obligado o responsable solidario para garantizar el crédito fiscal o, en su caso, hacer efectiva la garantía del interés fiscal otorgada, debiendo el interventor asentar dichas circunstancias en el acta que se levante en el desarrollo de la diligencia; y

V. Las personas físicas, morales o unidades económicas, que organicen, promuevan o representen los eventos, están obligadas a permitir y proporcionar cualquier documento o datos que el interventor o interventores, requieran para el desempeño de sus funciones.

Las autoridades fiscales podrán suspender cualquier evento cuando quienes lo organicen, promocionen o representen, se nieguen a permitir que el interventor o interventores vigilen la entrada, determinen o recauden los impuestos respectivos.

La Legislatura del Estado también podrá suspender el evento tratándose del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos, cuando los sujetos obligados al mismo, no cumplan con las obligaciones establecidas en el capítulo correspondiente en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas.

Art. 158. Para efecto del artículo anterior, se entiende por evento a toda actividad de esparcimiento que se realice en un espacio donde se congrega el público para presenciarla, sea en teatros, estadios, circos o recintos conforme a la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas llama como diversión y espectáculo público; así como, en rifas, loterías, sorteos y concursos.

Art. 158 bis. Los contribuyentes podrán solicitar y suscribir la adopción de un acuerdo anticipado de pago, por cuanto hace a una autodeterminación de las contribuciones a pagar por el contribuyente, siempre y cuando no se haya iniciado facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales.

El contribuyente que solicite el acuerdo anticipado del pago, deberá tramitarlo por escrito ante la autoridad fiscal competente para su promoción, cumpliendo las formalidades que para toda promoción se establecen en el artículo 56 de este Código, así como los requisitos establecidos en el artículo 57 de este ordenamiento, así mismo, deberá señalar con toda precisión la autodeterminación de las contribuciones a pagar, por el ejercicio o periodos que adeuden o se pretendan pagar. Para el caso de su aprobación por parte de las autoridades fiscales, el acuerdo se ratificará ante la comisión estatal de la defensa del contribuyente.

El acuerdo anticipado de pago, el tramitarse, puede surtir efectos en el ejercicio fiscal en el que se soliciten, en el ejercicio fiscal inmediato anterior y hasta por los tres ejercicios fiscales siguientes.

Las autoridades fiscales resolverán de plano la solicitud planeada y en contra del acuerdo suscrito por el contribuyente y la autoridad no procederá medio de defensa alguno. Los acuerdos de referencia sólo surtirán efectos entre las partes y en ningún caso generarán precedentes.

Art. 158 ter. Cuando los contribuyentes sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere este Código, y no estén de acuerdo con los hechos u omisiones asentados en la última acta parcial, en el acta final, y en el oficio de observaciones o en la resolución provisional, que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, podrán optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Dicho acuerdo podrá versar sobre uno o varios de los hechos u omisiones consignados y será definitivo en cuanto al hecho u omisión sobre el que verse.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán solicitar la adopción del acuerdo conclusivo a partir que dé inicio al ejercicio de facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de las contribuyentes omitidas, siempre que la autoridad revisora haya hecho una calificación de hechos u omisiones.

Art. 158 quater. El contribuyente que opte por el acuerdo conclusivo lo tramitará a través de la comisión estatal de defensa del contribuyente. En el escrito inicial deberá señalar los hechos u omisiones que se le atribuyen con los cuales no esté de acuerdo, expresando la calificación que, en su opinión, debe darse a los mismos, y podrá adjuntar la documentación que considere necesaria.

Recibida la solicitud, la comisión estatal de defensa del contribuyente, requerirá  la autoridad revisora para que, en un plazo de veinte días, contando a partir de que se le notifique el requerimiento, manifieste si acepta o no los términos en que se plantea el acuerdo conclusivo; los fundamentos y motivos por los cuales no se acepta, o bien, exprese los términos en que procedería la adopción de dicho acuerdo.

En caso de que la autoridad revisora no atienda el requerimiento a que se refiere el párrafo anterior, procederá la imposición de la multa prevista en el artículo 50, fracción I, inciso a), de la Ley de los Derechos y Defensa del Contribuyente del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

Art. 158 quinquies. La comisión estatal de la defensa del contribuyente, una vez que acuse recibo de la respuesta de la autoridad fiscal, contará con un plazo de veinte días para concluir el procedimiento a que se refiere esta sección, lo que se notificará a las partes. De concluirse el procedimiento con la suscripción del acuerdo, éste deberá firmarse por el contribuyente y la autoridad revisora, así como dicha comisión.

Para mejor proveer a la adopción del acuerdo conclusivo, la comisión estatal de la defensa del contribuyente podrá convocar a mesas de trabajo, promoviendo en todo momento la emisión consensuada del acuerdo entre autoridad y contribuyente.

Art. 158 sexies. El procedimiento de acuerdo conclusivo suspende los plazos a que se refieren los artículos 131 y 146 bis de este Código, a partir de que el contribuyente presente ante la comisión estatal de la defensa del contribuyente la solicitud de acuerdo conclusivo y hasta que se notifique a la autoridad revisora la conclusión del procedimiento previsto en esta sección.

Art. 158 septies. El contribuyente que haya suscrito un acuerdo conclusivo tendrá derecho, por única ocasión, a la condonación del 100% de las multas, en la segunda y posteriores suscripciones aplicará a la condonación de sanciones, en los términos y bajo los supuestos que establecen los artículos 164 y 166 de este Código. Las autoridades fiscales deberán tomar en cuenta los alcances del acuerdo conclusivo para, en su caso, emitir la resolución que corresponda. La condonación prevista en este artículo no dará derecho a devolución  o compensación alguna.

Art. 158 octies. En contra de los acuerdos conclusivos alcanzados y suscritos por el contribuyente y la autoridad no procederá medio de defensa alguno; cuando  los hechos u omisiones materia del acuerdo sirvan de fundamento a las resoluciones de la autoridad, los mismos serán incontrovertibles. Los acuerdos de referencia sólo surtirán efectos entre las partes y en ningún caso generarán precedentes.

Las autoridades fiscales no podrán desconocer los hechos u omisiones sobre los que versó el acuerdo conclusivo, ni procederá el juicio a que se refiere el artículo 63 de este Código, salvo que se compruebe y que se trate de hechos falsos.

TÍTULO CUARTO
De las infracciones y delitos fiscales

Capítulo I
De las infracciones

Art. 159. Las autoridades fiscales, por las infracciones cometidas por los contribuyentes y sujetos obligados, podrán imponer las multas administrativas que en este Código y demás disposiciones aplicables se establecen, y la aplicación de las multas por infracciones a las disposiciones fiscales, es independiente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal.

Art. 160. Cuando la multa aplicable a una misma conducta que se tipifica como infracción sea modificada posteriormente mediante reforma al precepto legal que la contenga, las autoridades fiscales aplicarán la multa que resulte menor entre la existente en el momento en que se cometió la infracción y la multa vigente en el momento de su imposición.

Art. 161. Son responsables de la comisión de las infracciones previstas en este Código los contribuyentes y sujetos obligados que realicen los supuestos que en este Título se consideran como tales, así como las que omitan el cumplimiento de obligaciones previstas por las disposiciones fiscales, incluyendo aquéllas que lo hagan fuera de los plazos establecidos.

Cuando sean varios los responsables, deberán emitirse resoluciones independientes y cada uno deberá pagar el total de la multa que se imponga.

Art. 162. Los servidores públicos de la Administración Pública Estatal y municipal que en ejercicio de sus funciones conozcan de hechos u omisiones que entrañen o puedan entrañar infracción a las disposiciones fiscales, para no incurrir en responsabilidad, lo comunicarán a la autoridad fiscal competente, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de tales hechos u omisiones.

Tratándose de servidores públicos, la comunicación a que se refiere el párrafo anterior la harán en los plazos y forma establecidos en los procedimientos a que estén sujetas sus actuaciones.

Se libera de la obligación establecida en este artículo a los siguientes servidores públicos:

I. Los que de conformidad con este Código y otras leyes, tengan obligación de guardar reserva acerca de los datos o información que conozcan con motivo de sus funciones; y

II. Los que participen en las tareas de asistencia al contribuyente previstas por las disposiciones fiscales.

Art. 163. No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales, o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso fortuito.

Se considerará que el cumplimiento de obligaciones fuera de los plazos establecidos en la ley no es espontáneo, en el caso que la omisión corresponda al pago de contribuciones o cualquier otro crédito fiscal, y sea corregida por el contribuyente después de que las autoridades fiscales hubieren notificado una orden de visita domiciliaria, o haya sido notificado requerimiento de solicitud de información o documentación, requerimiento o cualquier otra gestión notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo, se considera que existe notificación en los términos establecidos en el último párrafo del artículo 231 de este Código, aun cuando ésta no haya surtido sus efectos para el cómputo de plazos.

Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación corresponda a los servidores públicos o a los notarios o corredores titulados, los accesorios, incluyendo la multa que corresponda, serán a cargo exclusivamente de ellos, y los contribuyentes sólo quedarán obligados a pagar las contribuciones omitidas. Si la infracción se cometiere por inexactitud o falsedad de los datos proporcionados para efectos de su determinación a quien determinó las contribuciones, los accesorios serán a cargo de los contribuyentes.

Para efectos de este artículo, se considera que la notificación surte efectos en el momento en que se realiza.

Art. 164. Las autoridades fiscales podrán condonar las multas por infracciones a las disposiciones fiscales, para lo cual apreciará discrecionalmente las circunstancias del caso y, en su caso, los motivos que tuvo la autoridad que impuso la sanción.

La solicitud de condonación de multas, no procede respecto de multas que ya hubieran sido pagadas, y no constituirá instancia; por tanto, las resoluciones que dicten las autoridades fiscales al respecto, no podrán ser impugnadas por los medios de defensa que establece este Código.

Art. 165. Para garantizar el debido ejercicio de los derechos humanos de los particulares, dentro de los límites mínimos y máximos para la imposición de sanciones fijados por este Código o las demás leyes fiscales, las autoridades al imponer multas por la comisión de las infracciones en materia fiscal, deberán fundar y motivar su resolución y tener en cuenta lo siguiente:

I. La imposición de las sanciones deberá estar sustentada en circunstancias objetivas respecto del infractor, teniendo en consideración los agravantes que en la comisión de la infracción se encuentren; los medios de que se hubiere valido para cometerla; y las condiciones en que se hubiere cometido, pero en todo caso, siempre se tutelará, de manera objetiva, el bien que con motivo de la infracción hubiere sido afectado;

II. Se considerarán como agravantes en la comisión de infracciones fiscales, los siguientes:

a) Que el infractor sea reincidente. La reincidencia se da cuando tratándose de infracciones que generan la omisión en el pago de contribuciones, se sanciona al infractor por segunda o posteriores ocasiones por infracciones que tengan dicha consecuencia; tratándose de infracciones que no implican omisión en el pago de contribuciones, la segunda o posteriores ocasiones que se sancione al infractor con base a un mismo artículo y fracción de este Código. Para determinar la reincidencia sólo se considerarán las infracciones cometidas en los últimos cinco años, salvo las excepciones establecidas en el artículo 17 de este Ordenamiento, para efectos de la prescripción;

b) Cuando para su comisión se utilicen documentos falsos, o en los que se hagan constar operaciones o actividades inexistentes;

c) Cuando se utilicen, sin derecho a ello, documentos expedidos a nombre de un tercero para deducir su importe al calcular las contribuciones o para acreditar cantidades trasladadas por concepto de contribuciones;

d) Cuando se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido;

e) Cuando se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido;

f) Cuando se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de la contabilidad, o bien, que los documentos hayan sido alterados;

g) Cuando para efectos fiscales se hubiesen microfilmado o grabado, en discos ópticos o en cualquier otro medio sin cumplir con los requisitos que establecen las disposiciones relativas. El agravante procederá sin perjuicio de que los documentos microfilmados o grabados en discos ópticos o en cualquier otro medio de los autorizados, en contravención de las disposiciones fiscales, carezcan de valor probatorio;

h) Cuando se haya omitido el entero de contribuciones que se hayan retenido o recaudado de los contribuyentes; y

i) Cuando la comisión de la infracción sea en forma continua o continuada;

III. Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales de carácter formal a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción cuya multa sea mayor.

Asimismo, cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales que establezcan obligaciones formales y se omita total o parcialmente el pago de contribuciones, a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corresponda a la infracción que se hubiese generado por la omisión en el pago de contribuciones. Cuando no hubiere existido omisión en el pago de contribuciones, se impondrá la sanción que corresponda a la mayor por las infracciones formales cometidas.

Tratándose de la presentación de declaraciones o avisos cuando por diferentes contribuciones se deba presentar una misma forma oficial y se omita hacerlo por alguna de ellas, se aplicará una multa por cada contribución no declarada u obligación no cumplida; y

IV. Cuando la multa se pague dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación al infractor de la resolución por la cual se le imponga la sanción, la multa se reducirá en un 20 por ciento de su monto, sin necesidad que la autoridad que la impuso dicte nueva resolución.

Art. 166. Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omisión total o parcial en el pago de contribuciones incluyendo las retenidas o recaudadas, y sea descubierta por las autoridades fiscales mediante el ejercicio de sus facultades de comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales, se aplicará una multa del 55 por ciento al 75 por ciento de las contribuciones omitidas.

Cuando se den los supuestos que en los dos párrafos siguientes se señalan, la determinación de las sanciones aplicables estará a cargo del propio infractor considerando el ejercicio de su voluntad para determinar el momento de pago, y las reglas establecidas en este artículo de este Código para la determinación de las mismas no serán aplicables; por tanto, la existencia de la sanción en cantidad fija no será violatoria de sus derechos humanos y las garantías de éstos.

Cuando el infractor pague las contribuciones omitidas junto con sus accesorios después de iniciado el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, y hasta antes de que se le notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones si la revisión se realizó en las oficinas de la autoridad, según sea el caso, la multa será del 30 por ciento de las contribuciones omitidas.

Si el infractor paga las contribuciones omitidas junto con sus accesorios, después de que se notifique el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones, según sea el caso, pero antes de la notificación de la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas y la sanción que corresponda, la multa será del 40 por ciento de las contribuciones omitidas.

Si las autoridades fiscales determinan contribuciones omitidas mayores que las consideradas por el contribuyente para calcular la multa en los términos de los párrafos tercero y cuarto de este artículo, aplicarán el porcentaje que corresponda en los términos del primer párrafo de este artículo sobre el remanente no pagado de las contribuciones.

El pago de las multas en los términos de los párrafos tercero y cuarto de este artículo, se podrá efectuar por el infractor sin necesidad que las autoridades dicten resolución al respecto, utilizando para ello las formas especiales que aprueben las autoridades fiscales.

También se aplicarán las multas a que se refiere este precepto, cuando las infracciones consistan en devoluciones indebidas o en cantidad mayor de la que corresponda. En estos casos las multas se calcularán sobre el monto del beneficio indebido. En estos casos, si el infractor paga las contribuciones omitidas o devuelve el beneficio indebido con sus accesorios dentro de los quince días siguientes a la fecha en la que surta efectos la notificación de la resolución respectiva, la multa impuesta por la autoridad se reducirá en un 20 por ciento del monto de las contribuciones omitidas. Para aplicar la reducción contenida en este párrafo, no se requerirá modificar la resolución en que se impuso la multa.

Art. 167. Son infracciones relacionadas con el registro estatal o municipal de contribuyentes las siguientes:

I. No solicitar la inscripción cuando se está obligado a ello o hacerlo extemporáneamente; se impondrá una multa de $3,750.00 a $7,500.00;

II. No presentar los avisos al registro estatal o municipal de contribuyentes o hacerlo extemporáneamente; se impondrá una multa de $3,750.00 a $7,500.00;

III. No citar la clave del registro estatal o municipal de contribuyentes o utilizar alguna no asignada por la autoridad fiscal, en las declaraciones, avisos, solicitudes, promociones y demás documentos que se presenten ante las autoridades fiscales y jurisdiccionales, cuando se esté obligado conforme este Código; se impondrá una multa de $1,875.00 a $3,750.00; y

IV. Señalar como domicilio fiscal para efectos del registro estatal o municipal de contribuyentes, un lugar distinto del que corresponda conforme al artículo 26 de este Código; se impondrá una multa de $3,750.00 a $7,500.00.

Art. 168. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedir constancias:

I. No presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias que exijan las disposiciones fiscales, o no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Finanzas, o presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales; se impondrá una multa de $1,875.00 a $11,250.00.

II. No cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar las declaraciones, las solicitudes, documentación, avisos, información o constancias que exijan las disposiciones fiscales o no hacerlo a través de los medios electrónicos a que se refiere este Código, o cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos; se impondrán las siguientes multas:

a) De $1,875.00 a $3,750.00, para el primer requerimiento;

b) De $3,750.00 a $7,500.00, para el segundo requerimiento; y

c) De $7,500.00 a $11,250.00, para el tercer requerimiento;

III. Presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos, o expedir constancias, incompletos, con errores o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, o bien cuando se presenten con dichas irregularidades, las declaraciones o los avisos en medios electrónicos, se impondrán las siguientes multas:

a) De $920.00 a $3,080.00, por no poner el nombre o domicilio o ponerlos equivocadamente, por cada uno;

b) De $30.00 a $80.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente en la relación de clientes y proveedores contenidas en las formas oficiales; y

c) De $170.00 a $300.00, por cada dato no asentado o asentado incorrectamente.

Siempre que se omita la presentación de anexos, se calculará la multa en los términos de este inciso por cada dato que contenga el anexo no presentado;

d) De $620.00 a $1,540.00, por no señalar la clave que corresponda a su actividad preponderante conforme al catálogo de actividades que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, o señalarlo equivocadamente;

e) De $3,780.00 a $12,640.00, por presentar medios electrónicos que contengan declaraciones incompletas, con errores o en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales;

f) De $1,120.00 a $3,350.00, por no presentar firmadas las declaraciones por el contribuyente o por el representante legal debidamente acreditado; y

g) De $560.00 a $1,520.00, en los demás casos;

IV. No pagar las contribuciones dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales; se impondrá una multa de $3,750.00 a $7,500.00;

V. No pagará las contribuciones dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales; se impondrá una multa de $1,875.00 a $3,750.00; o

VI. No presentar aviso de cambio de domicilio fiscal o de establecimientos, o presentarlo fuera del plazo que señala el segundo párrafo del artículo 74 de este Código; se impondrá una multa de $7,500.00 a $11,250.00;

Art. 169. Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, las siguientes:

I. No llevar contabilidad, se impondrá una multa de $7,500.00 a $11,250.00;

II. Llevar la contabilidad en forma distinta a las disposiciones de este Código, o las demás leyes fiscales, o llevarla en lugares distintos a los señalados en dichas disposiciones; se impondrá una multa de $11,250.00 a $15,000.00;

III. No hacer los asientos correspondientes a las operaciones o actividades efectuadas, hacerlos incompletos, inexactos o fuera de los plazos respectivos; se impondrá una multa de $7,500.00 a $11,250.00;

IV. No conservar la contabilidad a disposición de las autoridades por el plazo que establezcan las disposiciones fiscales; se impondrá una multa de $11,250.00 a $15,000.00;

V. No expedir o no entregar comprobante de las operaciones o actividades que realice, cuando las disposiciones fiscales lo establezcan, o expedirlos sin los requisitos fiscales estatales; se impondrá una multa de $11,250.00 a $15,000.00; y

VI. Expedir comprobantes fiscales asentando nombre, denominación, razón social o domicilio de persona distinta a la que adquiere el bien, o contrate el uso o goce temporal de bienes o el uso de servicios, se impondrá una multa de $11,250.00 a $15,000.00.

Art. 170. Son infracciones relacionadas con el ejercicio de las facultades de comprobación las que a continuación se señalan, por las que se impondrá una sanción de $11,250.00 a $15,000.00:

I. Oponerse a que se practique la visita; no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales; no proporcionar la contabilidad o parte de ella y, en general, los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de obligaciones propias o de terceros;

II. No mantener a disposición del personal que realiza la visita la contabilidad y demás documentos que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales;

III. No permitir la verificación de bienes, mercancías, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados;

IV. No poner a disposición de los visitadores el equipo de cómputo y sus operadores, para que los auxilien en el desarrollo de la visita, cuando ello sea necesario;

V. Presentar fuera de los plazos establecidos en el artículo 144 de este Código la documentación que les sea solicitada dentro del ejercicio de las facultades de comprobación del cumplimiento de sus obligaciones fiscales; y

VI. No presentar en el lugar señalado en el mandamiento correspondiente, la documentación que le hubiere sido requerida para su revisión en las oficinas de la autoridad en los términos del artículo 142 fracción I de este Código.

Art. 171. Además de las que otras leyes señalen expresamente, son infracciones, en que pueden incurrir los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones:

I. Dar entrada o curso a documentos o libros que carezcan, en todo o en parte, de los requisitos establecidos en las disposiciones fiscales y, en general, no vigilar el cumplimiento de éstas, se impondrá una multa por el equivalente de $129,000.00 a $171,750.00;

II. Extender actas, legalizar firmas, expedir certificados o certificaciones, autorizar documentos o libros, inscribirlos o registrarlos, sin que exista constancia de pago de los gravámenes correspondientes, dará lugar a una multa por el equivalente de $129,000.00 a $171,750.00;

III. Recibir el pago de un crédito fiscal y no contabilizar o enterar su importe de inmediato o dentro de los plazos que al efecto prevengan las disposiciones fiscales, dará lugar a una multa por el equivalente de $129,000.00 a $171,750.00;

IV. No presentar ni proporcionar o hacerlo extemporáneamente, los informes, avisos, datos o documentos que exijan las disposiciones fiscales o presentarlos incompletos o inexactos; o no prestar el auxilio y colaboración que este Código establece a las autoridades fiscales, inspectores, valuadores y ejecutores que tengan encomendadas la determinación o cobro de las diversas prestaciones fiscales, o presentar cualesquiera de los elementos a que se contrae esta fracción, alterados o falsificados, dará lugar una multa por el equivalente de $3,750.00 a $6,000.00;

V. Asentar falsamente que se ha dado cumplimiento a las disposiciones fiscales o que se han practicado visitas de inspección, intervenciones o auditorías, o incluir en las actas relativas datos falsos, dará lugar a una multa por el equivalente de $129,000.00 a $171,750.00;

VI. Faltar a la obligación de guardar secreto respecto de los asuntos que conozcan; revelar los datos manifestados por los sujetos obligados o responsables, o aprovecharse de ellos, dará lugar a una multa por el equivalente de $129,000.00 a $171,750.00;

VII. Intervenir en la tramitación o resolución de algún asunto, cuando tengan impedimento de acuerdo con las disposiciones fiscales, dará lugar a una multa por el equivalente de $129,000.00 a $171,750.00;

VIII. Exigir bajo el título de cooperación, colaboración u otro semejante, cualquier prestación que no esté expresamente prevista en la ley, aun cuando se aplique a la realización de las funciones propias del cargo, dará lugar a una multa por el equivalente de $129,000.00 a $171,750.00;

IX. Adquirir los bienes objeto de un remate efectuado por el Estado o los municipios, por sí o por medio de interpósita persona, se impondrá una multa de $129,000.00 a $171,750.00;

X. Exigir el pago de las prestaciones fiscales, recaudar, permitir u ordenar que se recaude alguna prestación fiscal sin cumplir con las disposiciones aplicables y en perjuicio del control e interés de las autoridades fiscales, se impondrá una multa de $129,000.00 a $171,750.00;

XI. Omitir la comprobación de la exactitud en los cálculos de contribuciones, sometidas por los notarios o jueces que actúen por receptoría o incurrir en los mismos errores de aquéllos, si ello entraña omisión en el entero de una obligación, se impondrá una multa de $129,000.00 a $171,750.00;

XII. Alterar las bases o tasas vigentes, para el cobro de cualquier gravamen u otorgar beneficio o estímulos fiscales a los obligados, sin estar legalmente facultados para ello, se impondrá una multa de $129,000.00 a $171,750.00;

XIII. No dar debido cumplimiento a las funciones o actividades que en materia de asistencia o difusión fiscal establezcan los ordenamientos y disposiciones administrativas de la materia, se impondrá una multa de $129,000.00 a $171,750.00;

XIV. Infringir disposiciones fiscales en forma distinta de las previstas en las fracciones precedentes, se impondrá una multa de $129,000.00 a $171,750.00;

XV. Por la pérdida o extravío de formas valoradas de $750.00 a $1,500.00, por cada formato; y

XVI. Divulgar, o hacer uso personal o indebido de la información confidencial proporcionada conocida con motivo de su participación en los actos de fiscalización, se impondrá una multa de $129,000.00 a $171,750.00.

Art. 172. Son infracciones cuya responsabilidad recae sobre terceros, las que a continuación se señalan, por las que se impondrá una sanción de $54,750.00 a $85,875.00:

I. Asesorar, aconsejar o prestar servicios para omitir total o parcialmente el pago de alguna contribución en contravención a las disposiciones fiscales;

II. Colaborar en la alteración o la inscripción de cuentas, asientos o datos falsos en la contabilidad o en los documentos que se expidan; y

III. Ser coparticipe en cualquier forma no prevista, en la comisión de infracciones fiscales.

Capítulo II
De los delitos fiscales

Art. 173. Para proceder penalmente por los delitos fiscales previstos en este capítulo, será necesario que las autoridades fiscales formulen querella ante el Ministerio Público correspondiente, con excepción de lo previsto en los artículos 182 y 183 de este Código en que se perseguirán de oficio, pudiendo ser denunciado por cualquier persona o autoridad que tenga conocimiento del mismo.

Cuando los procesados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, y que no hubiesen sido cubiertas, así como las sanciones y los recargos respectivos, o cuando los referidos créditos fiscales hubieren sido garantizados a satisfacción de la autoridad fiscal, procederá el perdón del ofendido en términos de la legislación penal en los procesos por los delitos fiscales a que se refiere el párrafo primero de este artículo a petición de la autoridad fiscal, salvo los exceptuados.

En los delitos fiscales que sea necesaria querella y el daño o el perjuicio sea cuantificable, la autoridad fiscal realizará la cuantificación correspondiente en la propia querella que se presente. La cuantificación sólo surtirá efectos en el procedimiento penal.

Para todos los efectos a que haya lugar, en lo conducente a la parte adjetiva de este capítulo, se deberá atender a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Art. 174. Cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento de la probable comisión de un delito de los previstos en este Código que sea perseguible de oficio, de inmediato lo hará del conocimiento del Ministerio Público correspondiente para los efectos legales que procedan, aportando las actuaciones y pruebas que se hubiere allegado.

Art. 175. Son responsables de los delitos fiscales, quienes:

I. Concierten su realización;

II. Realicen la conducta o el hecho descritos en la ley;

III. Cometan conjuntamente el delito;

IV. Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo;

V. Induzcan dolosamente a otro a cometerlo;

VI. Ayuden dolosamente a otro para su comisión;

VII. Quienes auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa anterior;

VIII. Tengan la calidad de garante derivada de una disposición jurídica, de un contrato o de los estatutos sociales, en los delitos de omisión con resultado material por tener la obligación de evitar el resultado típico; y

IX. Derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad independiente, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí o por interpósita persona, actos, operaciones o prácticas, de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal.

Art. 176. Es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales quien, sin previo acuerdo y sin haber participado en el delito, después de su ejecución:

I. Con ánimo de lucro adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del delito a sabiendas que provenía de éste, o si de acuerdo con las circunstancias debía presumir su ilegítima procedencia, o ayude a otro a los mismos fines;

II. Ayude en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse de la acción de ésta, u oculte, altere, destruya o haga desaparecer las huellas, pruebas o instrumentos del delito o asegure para el inculpado el objeto o provecho del mismo; y

III. El encubrimiento a que se refiere este artículo se sancionará con prisión de tres meses a seis años.

Art. 177. La pena aplicable por la comisión de delitos fiscales, se aumentará de uno a tres años de prisión cuando los responsables sean servidores públicos en el ejercicio de sus funciones al momento de su comisión.

Art. 178. Para los efectos de este Código, el delito es continuado cuando se ejecuta con pluralidad de conductas o hechos, con unidad de intención delictuosa e identidad de disposición legal, incluso de diversa gravedad.

Art. 179. Precluirá el derecho de las autoridades fiscales si no se presenta querella dentro de los cinco años siguientes a la comisión de los delitos.

Los delitos en materia fiscal prescriben conforme el término medio de la pena imponible, el cual no será menor de cinco años.

Art. 180. Para que proceda la sustitución o conmutación de sanciones por los delitos previstos en este Código, además de los requisitos señalados en el Código de Procedimientos Penales del Estado de Zacatecas, será necesario comprobar que los créditos fiscales están cubiertos o garantizados a satisfacción de la autoridad fiscal.

Art. 181. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del Estado o municipio.

La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales.

El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes:

I. Con prisión de tres meses a un año, cuando el monto de lo defraudado no exceda de $75,000.00 pesos;

II. Con prisión de uno a tres años cuando el monto de lo defraudado exceda de $73,040.00 pero sea menor $150,000.00; y

III. Con prisión de tres a siete años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de $150,000.00.

Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de tres meses a seis años de prisión.

Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un 50 por ciento.

El delito de defraudación fiscal y los previstos en este artículo, serán calificados cuando se originen por:

a) Usar documentos falsos;

b) Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades sujetas al pago de contribuciones que realicen, siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que existe una conducta reiterada cuando durante un período de cinco años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces;

c) Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le correspondan;

d) No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros;

e) Omitir el entero a la autoridad fiscal, de las contribuciones que hubieren retenido o recaudado;

f) Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le correspondan;

g) Utilizar datos falsos para disminuir contribuciones; y

h) Declarar pérdidas fiscales inexistentes.

Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en una mitad.

No se formulará querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial de alguna contribución u obtenido el beneficio indebido, lo entera espontáneamente con sus recargos y actualización antes que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Para los fines de este artículo y del siguiente, se tomará en cuenta el monto de las contribuciones defraudadas en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando se trate de contribuciones diferentes y de diversas acciones u omisiones.

Art. 182. Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien:

I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes;

II. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado;

III. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal;

IV. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del Estado o municipio;

V. El propietario de la negociación o representante legal de personas morales o unidades económicas, y la persona o personas que firmen el cheque, cuando para el pago de contribuciones o cualquier otro crédito fiscal, se giren cheques cuyos fondos en la institución girada sean insuficientes para su pago. En estos casos, los responsables señalados deberán responder individualmente del delito cometido; y

VI. Sea responsable por omitir presentar, por más de doce meses, declaraciones periódicas que exijan las leyes fiscales, omitiendo con ello el pago de la contribución correspondiente.

No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores, entera espontáneamente, con sus recargos, el monto de la contribución omitida o del beneficio indebido antes que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, o para obtener el pago de lo omitido.

Art. 183. Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien:

I. Omita solicitar su inscripción en el registro estatal o municipal de contribuyentes, según corresponda, por más de un año contado a partir de la fecha en que debió hacerlo, excepto cuando se trate de personas cuya solicitud de inscripción deba ser presentada por otro, aun en el caso que éste no lo haga;

II. Rinda con falsedad al citado registro, los datos, informes o avisos a que se encuentra obligado;

III. Use intencionalmente más de una clave del registro estatal o municipal de contribuyentes; y

IV. Desocupe o desaparezca del lugar donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio al registro estatal o municipal de contribuyentes, después de la notificación de la orden de visita domiciliaria o del requerimiento de la contabilidad, documentación o información, de conformidad con la fracción II del artículo 120 de este Código, o bien, después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya garantizado, pagado o quedado sin efectos, o que hubieran realizado actividades por las que deban pagar contribuciones, haya transcurrido más de un año contado a partir de la fecha en que legalmente tenga la obligación de presentar dicho aviso, o cuando las autoridades fiscales tengan conocimiento de que fue desocupado el domicilio derivado del ejercicio de sus facultades de comprobación.

Para los efectos de esta fracción, se entiende que el contribuyente desaparece del local en donde tiene su domicilio fiscal cuando la autoridad acuda en tres ocasiones consecutivas a dicho domicilio dentro de un periodo de doce meses y no pueda practicar la diligencia en términos de este Código.

No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores, subsana la omisión o informa del hecho a la autoridad fiscal antes que ésta lo descubra o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales, o si el contribuyente conserva otros establecimientos en los lugares que tenga manifestados al registro estatal o municipal de contribuyentes.

Art. 184. Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien:

I. Registre sus operaciones contables en dos o más libros o en dos o más sistemas de contabilidad con diferentes contenidos; y

II. Oculte, altere o destruya, total o parcialmente los sistemas y registros contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar.

No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores subsana la omisión o el ilícito antes de que la autoridad fiscal lo descubra o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Art. 185. Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, al depositario o interventor designado por las autoridades fiscales, o depositarios por disposición de ley, que, con perjuicio del Estado o municipio, dispongan para sí o para otro del bien depositado, de sus productos o de las garantías que de cualquier crédito fiscal se hubieren constituido, si el valor de lo dispuesto sea mayor a $75,000.00 y menor a $150,000.00; en el caso de que el valor de lo dispuesto exceda de $150,000.00, la sanción será de tres a siete años de prisión.

Igual sanción, de acuerdo con el valor de dichos bienes, se aplicará al depositario que los oculte o no los ponga en los términos de ley, a disposición de la autoridad competente, o a quienes en los casos de intervención de la negociación, no entreguen u oculten las cantidades que en numerario debe retirar el depositario designado por la autoridad.

Art. 186. Se impondrá sanción de tres meses a seis años de prisión a:

I. Los depositarios designados respecto de la documentación asegurada en el desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, cuando debiendo mantenerla a disposición de la autoridad, no lo hagan, la oculten o la destruyan; y

II. A quien altere o destruya los sellos o marcas oficiales con los que se identifiquen los bienes embargados.

Art. 187. Se impondrá sanción de uno a seis años de prisión, a los servidores públicos que ordenen o practiquen visitas domiciliarias, solicitud de información y documentación; o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal competente.

TÍTULO QUINTO
De los procedimientos administrativos

Capítulo I
Generalidades

Art. 188. En los casos en que derivado de la realización de un procedimiento de los previstos en este Código en que los contribuyentes sean parte, con excepción del procedimiento administrativo de ejecución, las autoridades fiscales deban emitir resolución en la que se determine la existencia de una obligación, se fijen las bases para su liquidación, o se establezca un crédito fiscal en cantidad líquida a cargo de los contribuyentes, deberá concederse plazo para que el contribuyente presente documentos que desvirtúen los hechos que la autoridad le hubiera dado a conocer, así como para alegar lo que a su derecho corresponda, lo cual deberá ser considerado al momento de emitir la resolución correspondiente.

Art. 189. Para efectos de preservar el derecho del Estado y municipio para percibir los créditos fiscales a que tenga derecho en términos de las disposiciones aplicables, el interés fiscal deberá ser garantizado cuando:

I. Se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, inclusive si dicha suspensión se solicita ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas;

II. Se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para que los mismos sean cubiertos en parcialidades; y

III. En los demás casos que señalen este Ordenamiento y las leyes fiscales.

No se otorgará garantía respecto de gastos de ejecución, salvo que el interés fiscal esté constituido únicamente por éstos.

La garantía deberá constituirse dentro de los cinco días siguientes a aquél en que se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, o se solicite la prórroga para el pago en parcialidades o diferido de créditos fiscales, salvo en los casos en que se indique un plazo diferente en otros preceptos de este Código.

Art. 190. Cuando se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, o prórroga para el pago de créditos fiscales o condonación de multas, el interés fiscal podrá ser garantizado en cualquiera de las formas siguientes:

I. Depósito en dinero, carta de crédito u otras formas de garantía financiera equivalentes. El depósito en dinero podrá otorgarse mediante cheque certificado o de caja, expedido por institución de crédito autorizada, el cual quedará en poder de la autoridad fiscal, o en efectivo mediante recibo oficial expedido por la misma cuyo original se entregará al interesado, una vez que el crédito fiscal quede firme se ordenará su aplicación por las propias autoridades fiscales;

II. Prenda o hipoteca;

III. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y excusión;

IV. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia;

V. Embargo en la vía administrativa; y

VI. Títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente, en caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales se aceptarán al valor que discrecionalmente fijen las autoridades fiscales.

La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este período y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes.

Las autoridades fiscales vigilarán que la garantía del interés fiscal sea suficiente tanto en el momento de su aceptación como con posterioridad y, si no lo fuere, exigirá su ampliación. En los casos en que los contribuyentes, a requerimiento de la autoridad fiscal, no lleven a cabo la ampliación o sustitución de garantía suficiente, ésta procederá al secuestro o embargo de otros bienes para garantizar el interés fiscal.

La garantía del interés fiscal podrá disminuirse o sustituirse por una menor en la misma proporción en que se reduzca el crédito fiscal por pago parcial del mismo, o por cumplimiento a una resolución definitiva dictada por autoridad competente en la que se haya declarado la nulidad lisa y llana o revocado la resolución que determina el crédito fiscal, dejando subsistente una parte del mismo.

La autoridad fiscal podrá dispensar la garantía del interés fiscal en los supuestos establecidos en el último párrafo del artículo 125 de este Código.

La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación efectuada por la autoridad fiscal correspondiente de la resolución sobre la cual se deba garantizar el interés fiscal, salvo en los casos en que se indique un plazo diferente en otros preceptos de este Código.

Las garantías subsistirán hasta que proceda su cancelación en los términos de este Código. Los gastos que se originen con motivo de la garantía serán por cuenta del interesado.

Art. 191. Para los efectos de la fracción II, del artículo 190 de este Código, la prenda o hipoteca se constituirá sobre los siguientes bienes:

I. Bienes muebles por el 75 por ciento de su valor, siempre que estén libres de gravámenes. Deberá inscribirse la prenda en el registro que corresponda, cuando los bienes en que recaiga estén sujetos a esta formalidad.

No serán admisibles como garantía los bienes que se encuentren en dominio fiscal o en el de acreedores. Los bienes de procedencia extranjera, sólo se admitirán como garantía cuando se compruebe su legal estancia en el país, con la excepción de bienes importados temporalmente o aquellos que se encuentren en tránsito en el país, de conformidad con las disposiciones aduaneras; y

II. Bienes inmuebles por el 75 por ciento del valor de avalúo o catastral. Para estos efectos se deberá acompañar a la solicitud respectiva el certificado del registro público en el que no aparezca anotado algún gravamen ni afectación urbanística o agraria, que hubiera sido expedido dentro de los tres meses anteriores a la fecha en que se pretendan afectar como garantía del interés fiscal. En el supuesto de que el inmueble de que se trate reporte gravámenes, la suma del monto total de éstos y el interés fiscal a garantizar, no podrá exceder del 75 por ciento del valor.

En la hipoteca, el otorgamiento de la garantía se hará mediante escritura pública que deberá inscribirse en el registro público y contener los datos relacionados con el crédito fiscal. El otorgante podrá garantizar con la misma hipoteca los recargos futuros o ampliar la garantía cada año en los términos del presente Código.

Art. 192. Para los efectos de la fracción III del artículo 190 de este Código, la póliza en que se haga constar la fianza, deberá ser expedida por institución autorizada domiciliada en el Estado y quedar en poder y guarda de las autoridades fiscales. En caso de hacerse exigible dicha póliza se estará a lo dispuesto en el siguiente procedimiento:

I. La autoridad ejecutora requerirá de pago a la afianzadora en el domicilio señalado dentro del Estado, acompañando copia de los documentos que justifiquen el crédito garantizado y su exigibilidad;

II. Si no se realiza el pago dentro de los quince días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación del requerimiento, la autoridad ejecutora solicitará a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se rematen en la bolsa de valores propiedad de la institución afianzadora, suficientes para cubrir el importe de lo reclamado con sus accesorios respectivos, los que entregará en pago a dicha autoridad;

III. La autoridad ejecutora, informará a la institución afianzadora sobre la solicitud de remate de valores, quien podrá oponerse, únicamente exhibiendo el comprobante de pago del importe establecido en la póliza.

Para los efectos del párrafo anterior, si la afianzadora exhibe el pago del importe establecido en la póliza más sus accesorios, la autoridad fiscal solicitará a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, suspender el procedimiento de remate de valores.

Las cantidades garantizadas deberán pagarse actualizadas por el periodo comprendido entre la fecha en que se debió efectuar el pago y la fecha en que se paguen dichas cantidades. Asimismo, causarán recargos por conceptos de indemnización al Estado o municipio por falta de pago oportuno; este concepto deberá insertarse dentro del texto de la póliza de fianza.

Art. 193. Para los efectos de la fracción IX del artículo 96 y la fracción IV del artículo 190 de este Código, para que un tercero asuma la obligación de garantizar el interés fiscal, deberá sujetarse a lo siguiente:

I. Manifestar su voluntad de garantizar con bienes de su propiedad el interés fiscal a cargo del contribuyente, mediante escrito firmado ante notario público o ante la autoridad fiscal que tenga encomendado el cobro del crédito fiscal, requiriéndose en este caso la presencia de dos testigos;

II. Acreditar la propiedad de los bienes que se ofrecen en garantía, así como la ausencia de gravámenes sobre los mismos.

Las personas físicas y morales que asuman la obligación como terceros solidarios, deberán acreditar con escritura pública la existencia de propiedades a su favor, con las cuales tiendan a garantizar el importe del crédito fiscal. Para formalizar el otorgamiento de la garantía, la autoridad fiscal que corresponda, deberá levantar un acta de la que entregará copia a los interesados y solicitará se hagan las anotaciones en el registro público al distrito que corresponda; y

III. A fin de hacer constar la garantía del interés fiscal, la autoridad fiscal levantará un acta de embargo en la vía administrativa en la que se asiente la comparecencia y firma del tercero que ofrece los bienes en garantía y en su caso, la del contribuyente.

Art. 194. Para que un tercero asuma la obligación de garantizar por cuenta de otro en alguna de las formas a que se refieren las fracciones II y V del artículo 190 del Código, deberá cumplir con los requisitos que para cada una se establecen en este Código.

Art. 195. Para efectos de lo que dispone la fracción IV del artículo 190 de este Código, el tercero que asuma la obligación de garantizar por cuenta de otro deberá demostrar ante la autoridad fiscal su solvencia presentando sus flujos de efectivo, balance general o registro de ingresos.

Art. 196. Para los efectos de la fracción V del artículo 190 de este Código, el embargo en la vía administrativa se sujetará a lo siguiente:

I. Se practicará a solicitud del contribuyente, quien deberá acompañar los documentos que acrediten la propiedad de lo ofrecido;

II. El contribuyente señalará los bienes en que deba trabarse embargo, debiendo ser suficientes para garantizar el interés fiscal, siempre que en su caso se cumplan los requisitos y por cientos que establece el artículo 191 de este Código. No serán susceptibles de embargo los bienes que se encuentren contemplados en los supuestos de la fracción III del artículo 276 de este Código;

III. Tratándose de personas físicas, el depositario de los bienes será el propietario y en el caso de personas morales el representante legal. Cuando a juicio de la autoridad fiscal exista peligro de que el depositario se ausente, enajene u oculte sus bienes o realice maniobras tendientes a evadir el cumplimiento de sus obligaciones, podrá removerlo del cargo; en este supuesto los bienes se depositarán en el almacén general de gobierno y si no hubiera almacén en la localidad, con la persona que designe la autoridad;

IV. Deberá inscribirse en el registro público que corresponda, el embargo de los bienes que estén sujetos a esta formalidad; y

V. Deberá cubrirse, con anticipación a la práctica de la diligencia de embargo en la vía administrativa, los gastos de ejecución señalados en el artículo 239 de este Código. El pago así efectuado tendrá el carácter de definitivo y en ningún caso procederá su devolución una vez practicada la diligencia, siempre y cuando no sea declarada su invalidez.

Art. 197. Las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal a que se refieren las fracciones II, IV y V del artículo 190 de este Código, se harán efectivas a través del procedimiento administrativo de ejecución.

Art. 198. La garantía del interés fiscal se ofrecerá por el interesado ante la autoridad fiscal correspondiente, para que la califique, acepte si procede y le dé el trámite respectivo.

La autoridad fiscal, para calificar la garantía ofrecida, deberá verificar que se cumplan los requisitos que establece este Código, en cuanto a la clase de garantía ofrecida, el motivo por el cual se otorgó y que su importe cubra los conceptos que señala el artículo 190 de este Código, cuando no se cumplan, la autoridad requerirá al promovente, a fin de que en un plazo de cinco días, contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que se le notifique dicho requerimiento, cumpla con el requisito omitido, en caso contrario, no se aceptará la garantía.

A juicio de la autoridad, ésta podrá aceptar de manera discrecional la garantía ofrecida por el contribuyente aún y cuando ésta no sea suficiente para garantizar el interés fiscal, instaurando el procedimiento administrativo de ejecución por el monto no garantizado.

Art. 199. Para garantizar el interés fiscal sobre un mismo crédito, podrán combinarse las diferentes formas que al efecto establece el artículo 190 de este Código, así como sustituirse entre sí, caso en el cual, antes de cancelarse la garantía original, deberá constituirse la sustituta, cuando no sea exigible la que se pretende sustituir.

La garantía constituida podrá garantizar uno o varios créditos fiscales, siempre que la misma comprenda los conceptos previstos en el segundo párrafo del artículo 190 de este Código. El monto de la garantía deberá ampliarse dentro del mes siguiente a aquél en que concluya el período a que se refiere el segundo párrafo del artículo 190 de este Código, por el importe de los recargos correspondientes a los doce meses siguientes. Lo dispuesto a este párrafo será aplicable a aquellos casos en que por cualquier circunstancia resulte insuficiente la garantía.

Art. 200. La cancelación de la garantía procederá en los siguientes casos:

I. Por sustitución de garantía;

II. Por el pago del crédito fiscal;

III. Cuando en definitiva quede sin efectos la resolución que dio origen al otorgamiento de la garantía; o

IV. En cualquier otro caso en que deba cancelarse de conformidad con las disposiciones fiscales.

La garantía podrá disminuirse o substituirse por una menor en la misma proporción en que se reduzca el crédito fiscal por pago de una parte del mismo.

Art. 201. Para los efectos del artículo anterior, el contribuyente o el tercero que tenga interés jurídico, deberá presentar solicitud de cancelación de garantía ante la autoridad fiscal que la haya exigido o recibido, acompañando los documentos que en la misma se señalen.

La cancelación de las garantías en las que con motivo de su otorgamiento se hubiera efectuado inscripción en el registro público, se hará mediante oficio de la autoridad fiscal al registro público que corresponda.

Art. 202. Para efectos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 190 de este Código, la autoridad fiscal podrá dispensar el otorgamiento de la garantía del interés fiscal cuando se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, a petición del contribuyente, para lo cual las autoridades fiscales apreciarán discrecionalmente las circunstancias del caso y los motivos de la solicitud. La solicitud de dispensa no constituirá instancia y la resolución que se dicte por dichas autoridades no podrá ser impugnada por los medios de defensa que establece este Código.

La solicitud a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse ante la autoridad fiscal que corresponda utilizando la forma correspondiente y acompañando los documentos que la misma previene, con quince días de anticipación a la fecha en que se deba pagar el crédito o garantizarse.

Se podrá dispensar el otorgamiento de la garantía del interés fiscal en los siguientes casos:

I. Cuando el contribuyente no tenga bienes para garantizar; o

II. Cuando el monto del crédito no exceda de $6,750.00.

La dispensa de la garantía que proceda en los términos de este artículo, se mantendrá mientras subsistan las condiciones bajo las cuales fue otorgada, considerando el monto total de los créditos fiscales; cuando el contribuyente ya no se encuentre en esta situación, deberá garantizar el total de los créditos fiscales, sin que sea necesario revocar las resolución que concedió la dispensa.

Art. 203. En los casos en que las autoridades fiscales procedan al ejercicio de sus facultades de comprobación con un contribuyente que previamente hubiera sido revisado y se refieran a las mismas contribuciones y periodos, sólo se podrá realizar la nueva revisión cuando se comprueben hechos diferentes a los ya revisados.

Los hechos diferentes a que se refiere el párrafo anterior deberán sustentarse en información, datos, o documentos de terceros que no hubieran sido materia de revisiones anteriores al mismo contribuyente; en la revisión de conceptos específicos que no se hubieren revisado con anterioridad; en los datos aportados por el propio contribuyente en sus declaraciones complementarias hubiere presentado después de la última revisión; o en la documentación o información que presenten los contribuyentes en los medios de defensa que hicieren valer, y que no hubiera sido exhibida o dada a conocer a las autoridades durante el ejercicio de sus facultades de comprobación previstas en las disposiciones fiscales.

La orden que se emita en los casos previstos en este artículo deberá ser debidamente motivada respecto el objeto de la revisión.

Art. 204. [Derogado].

Capítulo II
Del recurso administrativo

Sección primera
Del recurso de revocación

Art. 205. Contra los actos o resoluciones de las autoridades fiscales que causen agravios, procederá recurso administrativo de revocación, que tiene por objeto se confirmen, revoquen o modifiquen los actos o resoluciones impugnados.

Art. 206. El recurso de revocación procederá contra:

I. Las resoluciones definitivas dictadas por las autoridades fiscales del Estado o municipales en las que:

a) Se fije una obligación en materia fiscal;

b) Se fijen en cantidad líquida contribuciones, accesorios o aprovechamientos;

c) Se niegue la devolución de cantidades que procedan conforme a este Código; y

d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal;

II. Los actos de autoridades fiscales estatales y municipales en que:

a) Se exija el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, o gastos de ejecución;

b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado al presente Código, o determinen el valor de los bienes embargados; o

c) Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 214 de este Código.

Art. 207. La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir ante los tribunales competentes en materia administrativa.

Deberá intentar la misma vía elegida si pretende impugnar un acto administrativo que sea antecedente o consecuente de otro; en el caso de resoluciones dictadas en el cumplimiento de las emitidas en los recursos administrativos, el contribuyente podrá impugnar dicho acto, por una sola vez a través de la misma vía.

Cuando un recurso administrativo se interponga ante autoridad fiscal de la que no corresponde su competencia, ésta lo deberá turnar a la que sea competente.

Art. 208. El escrito de interposición del recurso deberá presentarse ante la autoridad competente para resolverlo, o ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado, dentro de los quince días siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación excepto lo dispuesto en los artículos 213 y 214 de este Código, en que el escrito del recurso deberá presentarse dentro del plazo que en los mismos se señala.

El escrito de interposición del recurso podrá enviarse a la autoridad competente o a la que emitió o ejecutó el acto, por correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe desde el lugar en que resida el recurrente. En estos casos, se tendrá como fecha de presentación del escrito respectivo, la del día en que se entregue o se deposite en la oficina de correos.

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderá como oficina de correos a las oficinas postales del Servicio Postal Mexicano.

Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece durante el plazo a que se refiere este artículo, dicho plazo se suspenderá desde la fecha del fallecimiento, y hasta la fecha en que sea nombrado el representante de la sucesión, sin que el plazo que transcurra entre los eventos señalados pueda ser mayor de un año.

En los casos de incapacidad o declaración de ausencia, decretadas por autoridad judicial, cuando el particular se encuentre afectado por un acto o resolución administrativa, se suspenderá el plazo para interponer el recurso de revocación hasta por un año. La suspensión cesará cuando se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz o representante legal del ausente, siendo en perjuicio del particular si durante el plazo antes mencionado no se provee sobre su representación.

Art. 209. El escrito de interposición del recurso deberá satisfacer los requisitos del artículo 56 de este Código y señalar además:

I. La resolución o el acto que se impugna;

II. Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado; y

III. Las pruebas que se ofrezcan en el asunto de que se trate.

Cuando no se expresen los agravios, no se señale la resolución o el acto que se impugna, los hechos controvertidos o no se ofrezcan las pruebas a que se refieren las fracciones de este artículo, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que dentro del plazo de cinco días cumpla con dichos requisitos. Si dentro de dicho plazo no se expresan los agravios que le causen la resolución o acto impugnado, la autoridad fiscal desechará el recurso; si no se señala el acto que se impugna se tendrá por no presentado el recurso; si el requerimiento que se incumple se refiere al ofrecimiento de pruebas, se tendrán por no ofrecidas las pruebas correspondientes.

Cuando no se gestione en nombre propio, la representación de las personas físicas y morales, deberá acreditarse en términos del artículo 54 de este Código.

Art. 210. El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso:

I. Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de otro o de personas morales, o en los que conste que dicha personalidad ya hubiera sido reconocida por la autoridad fiscal que emitió el acto o resolución impugnada;

II. El documento en que conste el acto impugnado;

III. Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el promovente declare bajo protesta de decir verdad que no recibió constancia o cuando la notificación se haya practicado por correo certificado con acuse de recibo o se trate de negativa ficta. Si la notificación fue por edictos, deberá señalar la fecha de la última publicación y el órgano en que ésta se hizo; y

IV. Las pruebas documentales que ofrezca y el dictamen pericial, en su caso.

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, podrán presentarse en fotocopia simple, siempre que obren en poder del recurrente los originales. En caso que habiendo sido presentados en esta forma, la autoridad podrá requerir al contribuyente la presentación del original o copia certificada.

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si éste no hubiere podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentren para que la autoridad fiscal requiera su remisión cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y, bastará con que acompañe la copia sellada de la solicitud de los mismos. Se entiende que el recurrente tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias de éstos.

Siempre podrá ofrecerse como prueba el expediente administrativo del que emane la resolución impugnada.

Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que los presente dentro del término de cinco días. Si el promovente no los presentare dentro de dicho término y se trata de los documentos a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo, se tendrá por no interpuesto el recurso; si se trata de las pruebas a que se refiere la fracción IV de este artículo, las mismas se tendrán por no ofrecidas, excepto cuando se haya ofrecido como prueba el expediente del que emana la resolución impugnada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en el escrito en que se interponga el recurso o dentro de los quince días posteriores, el recurrente podrá anunciar que exhibirá pruebas adicionales, en términos de lo previsto en el tercer párrafo del artículo 215 de este Código.

Art. 211. Es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos administrativos:

I. Que no afecten el interés jurídico del recurrente;

II. Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o en cumplimiento de sentencias;

III. Que hayan sido impugnados ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas;

IV. Que se hayan consentido, entendiéndose por consentimiento el de aquéllos contra los que no se promovió el recurso en el plazo señalado al efecto;

V. Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de algún recurso o medio de defensa diferente; y

VI. Que hayan sido materia de resolución en recurso de revocación, siempre que se trate del mismo acto recurrido, aunque las violaciones sean distintas.

Art. 212. Procede el sobreseimiento en los casos siguientes:

I. Cuando el promovente se desista expresamente de su recurso;

II. Cuando durante el procedimiento en que se substancie el recurso administrativo sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior de este Código;

III. Cuando de las constancias que obran en el expediente administrativo quede demostrado que no existe el acto o resolución impugnada; y

IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto o resolución impugnada.

Art. 213. Cuando el recurso de revocación se interponga porque el procedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a lo establecido en este Código, las violaciones cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta los diez días siguientes a la fecha de publicación de la convocatoria a remate.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando la interposición del recurso se realice por tratarse de actos de ejecución sobre bienes legalmente inembargables, o de actos de imposible reparación material, casos en que el plazo de quince días para interponer el recurso, se computará a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la diligencia de embargo.

Art. 214. El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negociaciones, o titular de los derechos embargados, podrá hacer valer el recurso de revocación en cualquier tiempo antes de que se finque el remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor Estado o municipio, según corresponda. El tercero que afirme tener derecho a que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales, lo hará valer en cualquier tiempo antes que se haya aplicado el importe del remate a cubrir el crédito fiscal.

Sección segunda
Del trámite y resolución del recurso

Art. 215. En el recurso de revocación se admitirá toda clase de pruebas, excepto la testimonial, y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades fiscales, respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado la resolución del recurso.

Cuando el recurrente anuncie que exhibirá las pruebas en términos de lo previsto por el último párrafo del artículo 210 de este Código, tendrá un plazo de 15 días contados a partir de la fecha en que haya efectuado el anuncio correspondiente, para presentarlas.

La autoridad que conozca del recurso, para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, así como ordenar la práctica de cualquier diligencia.

Harán prueba plena la confesión expresa del recurrente, las presunciones legales que no admitan prueba en contrario, así como los hechos legalmente afirmados por autoridad en documentos públicos, incluyendo los digitales; pero, si en los documentos públicos citados se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

Cuando se trate de documentos digitales con firma electrónica distinta a una firma electrónica avanzada o sello digital, para su valoración, se estará a lo dispuesto por el artículo 210 A del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Las demás pruebas quedarán a la prudente apreciación de la autoridad.

Si por el enlace de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas, las autoridades adquieren convicción distinta acerca de los hechos materia del recurso, podrán valorar las pruebas sin sujetarse a lo dispuesto en este artículo, debiendo en ese caso fundar razonadamente esta parte de su resolución.

Para el trámite, desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas, serán aplicables las disposiciones legales que rijan para el juicio contencioso administrativo estatal, a través del cual se puedan impugnar las resoluciones que pongan fin al recurso de revocación, en tanto no se opongan a lo dispuesto en este capítulo.

Art. 216. La resolución al recurso de revocación, deberá dictarse en un término que no excederá de cuarenta y cinco días contados a partir de la fecha de su interposición. El silencio de la autoridad significará que se ha confirmado el acto impugnado.

El recurrente podrá decidir esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo la presunta confirmación del acto impugnado.

Cuando se requiera al promovente que cumpla con los requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver, el término comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido.

Art. 217. La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la facultad de invocar hechos notorios; pero cuando se trate de agravios que se refieran al fondo de la cuestión controvertida, a menos que uno de ellos resulte fundado y suficiente para dejar sin efectos el acto impugnado, deberá examinarlos todos antes de entrar al análisis de los que se planteen sobre violación de requisitos formales o vicios del procedimiento.

La autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. Igualmente podrá dejar sin efectos los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los motivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance de su resolución.

No se podrán dejar sin efectos los actos administrativos en la parte no impugnada por el recurrente.

La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y, si la modificación es parcial, se indicará el monto del crédito fiscal correspondiente. Asimismo, en dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el juicio contencioso administrativo.

Art. 218. La resolución que ponga fin al recurso podrá:

I. Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, en su caso;

II. Confirmar el acto impugnado;

III. Mandar reponer el procedimiento administrativo u ordenar que se emita una nueva resolución;

IV. Dejar sin efectos el acto impugnado; y

V. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.

Cuando se deje sin efectos el acto impugnado por la incompetencia de la autoridad que emitió el acto, la resolución correspondiente declarará la nulidad lisa y llana.

Art. 219. Las autoridades fiscales que hayan emitido los actos o resoluciones recurridas, y cualquier otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las resoluciones dictadas en el recurso de revocación, conforme a lo siguiente:

I. Cuando se deje sin efectos el acto o la resolución recurrida por un vicio de forma, éstos se pueden reponer subsanando el vicio que produjo su revocación. Si se revoca por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo.

Si tiene su causa en vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo su revocación; en el caso de revocación por vicios de procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo.

En ambos casos, la autoridad que deba cumplir la resolución firme cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 131 y 204 de este Código.

Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar un nuevo acto o resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la revocación del acto o resolución impugnada.

Los efectos que establece esta fracción se producirán sin que sea necesario que la resolución del recurso lo establezca, aun cuando la misma revoque el acto o resolución impugnada sin señalar efectos; y

II. Cuando se deje sin efectos el acto o la resolución recurrida por vicios de fondo, la autoridad no podrá dictar un nuevo acto o resolución sobre los mismos hechos, salvo que la resolución le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto o una nueva resolución. En ningún caso, el nuevo acto o resolución administrativa puede perjudicar más al actor que el acto o la resolución recurrida.

Para los efectos de esta fracción, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate de recursos en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos.

Cuando se interponga un medio de impugnación, se suspenderá el efecto de la resolución recaída al recurso hasta que se dicte la sentencia que ponga fin a la controversia. Asimismo, se suspenderá el plazo para dar cumplimiento a la resolución cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que haya señalado, hasta que se le localice.

Los plazos para cumplimiento de la resolución que establece este artículo, empezarán a correr a partir del día hábil siguiente a aquél en el que haya quedado firme la resolución para el obligado a cumplirla.

Capítulo III
De las notificaciones

Art. 220. Para efectos del cómputo de plazos, las notificaciones practicadas por la autoridad fiscal surten sus efectos al día hábil siguiente a aquél en que fueren hechas, o conforme se establezca en las disposiciones que las regulan expresamente.

Las notificaciones personales o por correo certificado se consideran efectuadas, el día en que el documento a notificar es entregado al interesado o a la persona con quien en los términos de las disposiciones aplicables se entendió la diligencia.

El cómputo de los plazos establecidos en días se inicia el día hábil siguiente a aquél en que las notificaciones surtan sus efectos.

Art. 221. Cuando no se señale plazo para el cumplimiento de obligaciones, o en la realización de los procedimientos administrativos que en este capítulo se establecen, se considerará que es el de tres días.

Art. 222. Las notificaciones de los actos administrativos de afectación individual se clasifican en:

I. Ordinarias; y

II. Extraordinarias.

Art. 223. Son notificaciones ordinarias las que se realicen personalmente, o por mensajería, correo certificado con acuse de recibo, o correo electrónico o buzón electrónico de datos con acuse de recibo; y son extraordinarias, aquéllas que por virtud de causa imputable a la persona que deba ser notificada no puedan realizarse en cualquiera de las formas antes señaladas.

Las notificaciones por mensajería, correo certificado o correo electrónico de datos con acuse de recibo se considerarán notificaciones personales.

Las notificaciones se realizarán en forma extraordinaria, por las causas y en formas siguientes:

I. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del registro estatal o municipal de contribuyentes según corresponda; se ignore su domicilio o el de su representante legal, desaparezca o se oponga a la diligencia de notificación; y en los demás casos que se señalen en las leyes fiscales y este Código;

II. Por edictos, en el caso que la persona a quien deba notificarse hubiera fallecido y no se conozca al representante de la sucesión, y en los demás casos que se señalen en este Código o en las leyes fiscales; y

III. Por instructivo, en los casos de procedimiento administrativo de ejecución, cuando persona diversa que se encuentra en el domicilio de quien debe ser notificada o un vecino, se nieguen a recibir el citatorio o la notificación.

Art. 224. Las notificaciones de los actos administrativos se realizarán personalmente o por correo certificado cuando se trate de:

I. Citatorios;

II. Requerimientos;

III. Solicitudes de informes o documentos; y

IV. Actos administrativos que puedan ser recurridos.

Art. 225. Salvo disposición expresa en contrario, los actos administrativos distintos a los señalados en el artículo anterior podrán ser notificados por correo ordinario o telegrama.

Art. 226. En el caso de notificaciones electrónicas por documento digital, podrán realizarse en el portal electrónico de la Secretaría de Finanzas o mediante correo electrónico institucional, o en el portal electrónico de la autoridad municipal, en caso de que cuenten con él.

El acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que transmita el destinatario al abrir la notificación electrónica que le hubiera sido enviada, para lo cual cuenta con un plazo de tres días hábiles, ya que en caso de no generar el acuse de recibo previsto en éste párrafo, se entenderá que surte efectos la notificación a partir del cuarto día hábil siguiente a aquel al que le haya sido enviada la notificación electrónica al contribuyente. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como firma electrónica avanzada del particular notificado, la que se genere al utilizar la clave de seguridad que la Secretaría de Finanzas le proporcione en términos de la ley aplicable.

La clave de seguridad que hubiere sido asignada en términos del párrafo anterior será personal, intransferible y de uso confidencial, por lo que el contribuyente será responsable del uso que dé a la misma para abrir el documento digital que le hubiera sido enviado.

El acuse de recibo también podrá consistir en el documento digital con firma electrónica avanzada que genere el destinatario del documento, al autenticarse en el medio por el cual le haya sido enviado el citado documento.

Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el portal de electrónico establecido para tal efecto por las autoridades fiscales y podrán imprimirse para el interesado, dicha impresión contendrá un sello digital que lo autentifique.

Las notificaciones electrónicas serán emitidas anexando el sello digital correspondiente.

Art. 227. Las autoridades fiscales podrán habilitar a terceros para que realicen las notificaciones personales previstas en este Código, las que deberán realizarse cumpliendo con las formalidades establecidas en el mismo.

Dicha habilitación de terceros se dará a conocer a través del portal electrónico o de la página de Internet de las autoridades fiscales.

Para los efectos del artículo 135, primer párrafo de este Código, los terceros habilitados para realizar las notificaciones, están obligados a guardar absoluta reserva de los datos de los contribuyentes que las autoridades fiscales les suministren para ese fin, observando en todo momento los convenios de confidencialidad suscritos con las mismas.

El tercero habilitado podrá designar a los notificadores que en su representación realizarán las notificaciones correspondientes.

Para los efectos de artículo, el notificador de los terceros habilitados para realizar las notificaciones personales, deberá identificarse ante la persona con quien se entienda la diligencia, mediante el oficio de designación que para tales actos emita el tercero contratado por la autoridad fiscal.

Art. 228. Las notificaciones personales deberán realizarse en el domicilio del contribuyente; también podrán efectuarse en las oficinas de la propia autoridad si la persona que debe ser notificada se presenta en ellas, o en el domicilio fiscal que conforme al artículo 26 de este Código se considere como tal.

Al realizarse una notificación personal, deberá dejarse constancia escrita que se realizó en el domicilio del afectado por el acto administrativo que se notifica, a efecto de lo cual, se levantará acta circunstanciada o constancia escrita de ello en la que conste dicha condición.

Toda notificación personal que se realice con el afectado por el acto que se notifica o con su representante legal, será legalmente válida.

Art. 229. Cuando los interesados en el ejercicio de sus derechos hubiesen señalado domicilio para recibir notificaciones al iniciar o en el curso de alguna promoción o instancia, tratándose de las actuaciones relacionadas con el trámite o la resolución de los mismos, las notificaciones correspondientes deberán realizarse en el domicilio señalado para ello, hasta en tanto no designen expresamente otro domicilio para tales efectos.

Art. 230. Cuando la notificación se efectúe personalmente y el notificador no encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, sea para que espere a una hora fija del día hábil siguiente que se señale en el mismo o para que acuda a notificarse a las oficinas de las autoridades fiscales dentro del plazo de seis días contado a partir de aquél en que fue dejado el citatorio, o bien, la autoridad comunicará el citatorio de referencia a través del buzón tributario.

El citatorio a que se refiere este artículo será siempre para la espera antes señalada y, si la persona citada o su representante legal no esperaren, se practicará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se hará por medio de instructivo y del buzón tributario.

En caso de que el requerimiento de pago a que hace referencia el artículo 270 de este Código, no pueda realizarse personalmente, porque la persona a quien deba notificarse no sea localizada en el domicilio fiscal, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación la notificación del requerimiento de pago y la diligencia de embargo se realizarán por estrados y a través del buzón tributario.

Si las notificaciones se refieren a requerimientos para el cumplimiento de obligaciones no satisfechas dentro de los plazos legales, se causarán a cargo de quien incurrió en el incumplimiento los honorarios en cantidad de $150.00 y se pagarán al cumplir con el requerimiento.

Art. 231. Cuando se realicen personalmente las notificaciones, al practicarlas deberá proporcionarse al interesado o a la persona con quien se entienda la diligencia, el original del acto administrativo que se notifique.

Al practicarse las notificaciones personales deberá levantarse acta o constancia circunstanciada de la diligencia, en la que se harán constar los elementos de convicción que determinen que se realiza en domicilio del interesado, así como demás hechos con trascendencia jurídica que tengan relación con la misma, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda; si esta se niega a dar su nombre, a identificarse, o a firmar el acta para la debida constancia, esto se hará constar en el acta o documento que se formule, sin que con ello se afecte la validez de la diligencia.

La manifestación tácita o expresa que haga el interesado o su representante legal de conocer el acto administrativo que lo afecta, surtirá los efectos legales de notificación desde la fecha en que se manifieste haber tenido tal conocimiento, si ésta es anterior a aquélla en que debiera surtir efectos para el cómputo de plazos de la notificación. En los casos que la notificación surta sus efectos al momento de ser realizada, la manifestación del interesado de conocer dicho acto, surtirá sus efectos a partir de la fecha en que conste en actas que fue realizada, sin perjuicio del derecho que asiste al interesado para impugnar las notificaciones.

Las notificaciones realizadas en términos de este artículo se consideran efectuadas el día en que el documento a notificar fue entregado al contribuyente, su representante legal o la persona con quien se entendió la diligencia.

Art. 232. Las notificaciones por estrados se llevarán a cabo con previo acuerdo de la autoridad fiscal y, se harán fijando durante quince días el documento a notificar en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad fiscal que efectúe la notificación y en el portal electrónico de la Secretaría de Finanzas o en el portal electrónico de la autoridad municipal en caso de que cuente con ello, dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél en que el documento fue fijado y publicado; la autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día contado a partir del día siguiente a aquél en el que se hubiera fijado y publicado el documento.

Art. 233. Las notificaciones por edictos, previo acuerdo de la autoridad fiscal, se harán mediante publicaciones que contengan un extracto de los actos que se notifican, durante los plazos que a continuación se señalan, y optativamente en cualquiera de los medios de difusión siguientes:

I. Durante tres días en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado; o

II. Por un día en un diario de los de mayor circulación en el Estado.

En ambos casos, deberá siempre realizarse la misma publicación, durante quince días en el portal electrónico de la Secretaría de Finanzas o de la autoridad que efectúe la notificación y si la autoridad municipal cuenta con portal electrónico se realizará de la misma forma.

Se tendrá como fecha de notificación el día hábil siguiente a aquél en que hubiere transcurrido el plazo que corresponda a la publicación realizada en el portal electrónico señalado en el párrafo anterior, o el que corresponda a la última de las publicaciones realizadas sin que sea menor de los quince días que correspondan para la publicación en el portal electrónico de la Secretaría de Finanzas o en el portal electrónico de la autoridad municipal en caso de contar con dicho portal.

En los plazos establecidos en este artículo se computarán todos los días, y las publicaciones correspondientes serán válidas aun cuando se realicen en día inhábil.

Art. 234. Las notificaciones por instructivo se realizarán cuando se actualicen las causales establecidas en la fracción III del artículo 223 y fracción VI del artículo 140 de este Código. En este caso, se acudirá con un vecino del lugar para efectos de su realización y si éste se niega a entender la diligencia, el documento que se pretende notificar se fijará en un lugar visible del domicilio del afectado, debiéndose dejar constancia de tales hechos en el acta o documento circunstanciados que al efecto se levanten.

Las notificaciones realizadas en términos de este artículo se consideran efectuadas el día en que el documento a notificar fue fijado en los términos aquí previstos.

Capítulo IV
Del procedimiento administrativo de ejecución

Sección primera
Disposiciones generales

Art. 235. El pago de los créditos fiscales exigibles, que no sean cubiertos o garantizados dentro de los plazos establecidos por este Código podrá ser exigido por las autoridades fiscales mediante el procedimiento administrativo de ejecución.

Cuando en términos de las previsiones respectivas no se compruebe haber efectuado el pago cuya comprobación es requerida, se sustanciarán las demás etapas del mismo.

Art. 236. Los contribuyentes, sus representantes y las personas con las que se entiendan las diligencias dentro del procedimiento administrativo de ejecución, tendrán los siguientes derechos y obligaciones:

I. Proporcionar el documento que siendo el requerido, compruebe que se realizó el pago, o manifestar que éste no fue realizado, o la imposibilidad de comprobar que se hizo;

II. Permitir al personal designado para la ejecución de la diligencia el acceso al domicilio en que ésta se realice;

III. Designar en términos de las disposiciones aplicables los bienes sobre los que se deberá trabar el embargo de acuerdo al orden designado, así como señalar depositarios;

IV. Entregar al depositario designado los bienes sobre los que se haya trabado el embargo; y

V. El depositario de los bienes embargados deberá manifestar en el acta respectiva la aceptación del cargo y designar el domicilio en que realizará la guarda y custodia de los mismos.

Art. 237. Las controversias que surjan entre el Estado y la Federación, los de otros Estados y los municipios, relativas al derecho de preferencia para recibir el pago de los créditos fiscales, se resolverán por los tribunales judiciales del Estado, tomando en cuenta las garantías constituidas y conforme a lo siguiente:

I. Tratándose de los frutos de los bienes inmuebles o del producto de la venta de éstos, la preferencia corresponderá al fisco que tenga a su favor créditos por impuesto predial; y

II. En los demás casos, la preferencia corresponderá al fisco que tenga el carácter de primer embargante.

Art. 238. La autoridad fiscal estatal tendrá preferencia para recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que el Estado deba percibir, con excepción de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, de alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último año o de indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

Para que sea aplicable la excepción a que se refiere el párrafo anterior, será requisito indispensable que con anterioridad a la fecha en que surta efectos la notificación del crédito fiscal, las garantías se hayan inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio que corresponda y, respecto de los adeudos por alimentos, que se haya presentado la demanda ante las autoridades competentes.

Para que surtan plenos efectos, la vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia se invoque deberá comprobarse en forma fehaciente a través del recurso administrativo de revocación previsto en este Código. Cuando no se haga valer el medio previsto en este párrafo, la preferencia corresponderá a la autoridad fiscal estatal.

En ningún caso el Estado o municipio intervendrá en juicios universales para hacer efectivos los créditos fiscales a su favor. Cuando se inicie juicio de concurso mercantil, o se realice la denuncia de sucesión testamentaria, el juez que conozca del asunto deberá dar aviso a las autoridades fiscales para que, en su caso, hagan exigibles los créditos fiscales a su favor a través del procedimiento administrativo de ejecución.

Art. 239. El procedimiento administrativo de ejecución constará de las etapas correspondientes al requerimiento de pago, el embargo y el remate, y cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas, morales y las unidades económicas estarán obligadas a pagar por concepto de gastos de ejecución el 2 por ciento del crédito fiscal que se exija, por cada una de las diligencias que a continuación se indican:

I. Por el requerimiento de pago señalado en el primer párrafo del artículo 270 de este Código;

II. Por la de embargo, incluyendo el señalado en la fracción V del artículo 190 de este Código; y

III. Por la de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación al Estado o municipio.

Cuando en los casos de las fracciones anteriores, el 2 por ciento del crédito sea inferior a $375.00, se cobrará esta cantidad.

Asimismo, se pagarán por concepto de gastos de ejecución, los extraordinarios en que se incurra con motivo del procedimiento administrativo de ejecución, incluyendo los que en su caso deriven del embargo señalado en la fracción V del artículo 190 de este Código, que comprenderán los de transporte de los bienes embargados, de avalúos, de impresión y publicación de convocatorias y edictos, de investigaciones, de inscripciones, de cancelaciones o de solicitudes de información, en el registro público de la propiedad y del comercio que corresponda, los erogados por la obtención del certificado de liberación de gravámenes, los honorarios de los depositarios y de los peritos, así como los honorarios de las personas que contraten los interventores, salvo cuando dichos depositarios renuncien expresamente al cobro de tales honorarios, los devengados por concepto de escrituración y las contribuciones que origine la transmisión de dominio de los bienes inmuebles que sean adjudicados a favor del Estado o municipio según corresponda, en los términos de lo previsto por el artículo 315 de este Código, y las contribuciones que se paguen por el Estado para liberar de cualquier gravamen a los bienes que sean objeto de remate, o cualquier otro que no siendo de los previstos dentro del procedimiento aplicable, se eroguen con carácter extraordinario.

Para efectos del párrafo anterior, la autoridad ejecutora determinará el monto de los gastos extraordinarios que deba pagar el contribuyente, acompañando copia de los documentos que acrediten dicho monto.

Los honorarios de los depositarios incluirán los reembolsos por gastos de guarda, mantenimiento y conservación del bien; cuando los bienes se depositen en los locales de las autoridades fiscales, los honorarios serán iguales a los mencionados reembolsos.

En ningún caso los gastos de ejecución por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo, excluyendo las erogaciones extraordinarias y las contribuciones que se paguen por el Estado para liberar de cualquier gravamen bienes que sean objeto de remate, podrán exceder de $54,750.00.

Los gastos de ejecución tienen la finalidad de resarcir a la administración pública de los gastos que se originan al mantener y poner en movimiento el aparato administrativo necesario para rescatar a través del procedimiento administrativo de ejecución los créditos que siendo firmes en favor del Estado, no sean pagados espontáneamente dentro de los plazos establecidos en este Código por el deudor, y se establecerán en cantidad líquida por la autoridad ejecutora, debiendo ser pagados junto con los demás créditos fiscales.

Art. 240. Las autoridades fiscales vigilarán que los gastos extraordinarios que se efectúen sean los estrictamente indispensables y que no excedan a las contraprestaciones normales del mercado debiendo contratar a las personas que designe el deudor, salvo que a juicio del jefe de la oficina ejecutora, la persona propuesta no tenga los medios para prestar el servicio o exista peligro de que el depositario se ausente, enajene u oculte los bienes o realice maniobras tendientes a evadir el cumplimiento de sus obligaciones.

Art. 241. No se cobrarán los gastos de ejecución a que se refiere el artículo 239 de este Código, cuando los créditos fiscales respecto de los cuales se ejercitó el procedimiento administrativo de ejecución que dio origen a dichos gastos, hayan quedado insubsistentes en su totalidad mediante resolución o sentencia definitiva dictada por autoridad competente.

Art. 242. No procederá el cobro de gastos de ejecución a los particulares cuando por resoluciones jurisdiccionales que en definitiva dicten las autoridades administrativas o judiciales, se declaren fundados los agravios que haga valer el deudor en los juicios que interponga.

Art. 243. Cuando el requerimiento y el embargo a que se refiere el artículo 239 de este Código, se lleven a cabo en una misma diligencia, se efectuará un solo cobro por concepto de gastos de ejecución.

Art. 244. Las autoridades fiscales, para la determinación del monto de los gastos de ejecución a que se refiere el artículo 239 de este Código, considerarán como un solo crédito la totalidad de los adeudos que se determinen en una resolución, así como la totalidad de los adeudos por los que se solicite, en un mismo acto, el pago en parcialidades, aun cuando provengan de diferentes contribuciones o correspondan a años distintos.

Art. 245. Quienes intervengan en un procedimiento administrativo de ejecución, cualesquiera que sean las funciones que desempeñen, en ningún caso podrán cobrar directamente de los contribuyentes los honorarios a que tengan derecho conforme a los establecidos en este Código.

Art. 246. Los gastos que se originen con motivo del procedimiento administrativo de ejecución, no podrán ser objeto de condonación, excepto en los casos previstos conforme a la fracción I del artículo 104 de este Código.

Art. 247. Los gastos de ejecución serán por cuenta de las autoridades fiscales con cargo a la partida correspondiente de su propio presupuesto de egresos:

I. En los casos previstos por el artículo 104, fracción I de este Código; y

II. Los que se hayan quedado insubsistentes en virtud de la resolución o sentencia definitiva dictada por autoridad competente respecto del crédito fiscal que les dio origen en la que declare su nulidad.

Art. 248. Los gastos que se originen en un procedimiento administrativo de ejecución viciado de nulidad por causas imputables al ejecutor serán por cuenta de éste, quien en su caso deberá restituir los honorarios que hubiere cobrado, o bien, se le compensarán con cargo a sus siguientes pagos.

Asimismo, las erogaciones que se hagan por concepto de gastos de ejecución que no se justifiquen debidamente, serán a cargo del jefe de la oficina ejecutora que la hubiera autorizado.

En el último caso, las autoridades fiscales determinarán la forma y plazo para el reintegro de las cantidades correspondientes.

Art. 249. Las personas autorizadas para fungir como ejecutores estarán obligadas a caucionar su manejo.

Art. 250. No se causarán los honorarios de los depositarios, cuando para desempeñar el cargo, se designe al propietario poseedor de los bienes embargados. Cuando los bienes embargados se depositen o custodien en las oficinas de la autoridad fiscal, no se causarán honorarios de depositaria.

Art. 251. Los honorarios del depositario o interventor se cobrarán a razón del 5 por ciento mensual del total del adeudo, no debiendo exceder en ningún caso de la cantidad equivalente a $150.00, por cada día que funja como depositario o interventor.

Art. 252. Cuando por la naturaleza de los bienes embargados, el depositario asuma el carácter de administrador o interventor, sus honorarios serán fijados por las autoridades fiscales a propuesta de la oficina ejecutora, teniendo en cuenta las costumbres del lugar, el monto del crédito y la importancia técnica de los trabajos de administración o de intervención, y les serán cubiertos mensualmente.

Art. 253. Si para el ejercicio de las acciones de gestión a que hace referencia la fracción II del artículo 290 de este Código, el depositario administrador o interventor, tuviere que valerse de un abogado, los servicios profesionales de éste se fijarán con arreglo al arancel en vigor, cubriéndose con cargo al concepto de gastos extraordinarios señalados en el artículo 239 del propio Código.

Art. 254. Los honorarios de los peritos se regularán de conformidad con los aranceles respectivos y, en su defecto, la de los bienes objeto del peritaje y de las demás circunstancias del caso.

Art. 255. La Secretaría de Finanzas constituirá un fondo destinado a mejorar, modernizar y fortalecer la administración tributaria, el cual se conformará con el cien por ciento de lo recaudado por concepto de multas, gastos extraordinarios, honorarios y gastos de ejecución, establecidos en el presente Código; así como el cincuenta por ciento por los citados conceptos e incentivos derivados de la aplicación del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus respectivos anexos, los cuales se destinarán a equipamiento, sistemas informáticos de desarrollo, incentivos y capacitación al personal y difusión, cuyo ejercicio de los recursos será de manera autónoma y con independencia del presupuesto que para los fines correspondientes tenga asignado la Secretaría de Finanzas.

Los municipios a través de las tesorerías o su equivalente, podrán crear el fondo en los términos establecidos en el párrafo anterior, pudiendo incluir los derivados de convenios de colaboración que lleven a cabo con la Secretaría de Finanzas.

Art. 256. No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal cumpliendo con los requisitos establecidos en este Código; tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo establecido en ley para su cumplimiento. Si después de iniciado el procedimiento administrativo de ejecución y cuando ya se hubiera trabado embargo sobre bienes del deudor, se garantizan por el contribuyente en los términos de este Código, los créditos fiscales adeudados, a petición de éste, se podrá levantar el embargo correspondiente.

Cuando el contribuyente hubiere interpuesto en tiempo y forma el recurso de revocación previsto en este Código, no estará obligado a exhibir la garantía correspondiente, sino en su caso, hasta que sea resuelto.

Para efectos del párrafo anterior, el contribuyente contará con un plazo de diez días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la resolución que recaiga al recurso de revocación, para pagar o garantizar los créditos fiscales en términos de lo dispuesto en este Código.

Cuando en el medio de defensa se impugnen únicamente algunos de los créditos determinados por el acto administrativo, cuya ejecución fue suspendida, se pagarán los créditos fiscales no impugnados con los recargos correspondientes.

Cuando se garantice el interés fiscal el contribuyente tendrá obligación de comunicar por escrito la garantía, a la autoridad que le haya notificado el crédito fiscal.

Si se controvierten sólo determinados conceptos de la resolución administrativa que determinó el crédito fiscal, el particular pagará la parte consentida del crédito y los recargos correspondientes y garantizará la parte controvertida y sus recargos.

Si se confirma en forma definitiva la validez de la resolución impugnada, la autoridad procederá a exigir la diferencia no cubierta, con los recargos causados.

No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal o cuando el contribuyente declare bajo protesta de decir verdad que son los únicos que posee.

En el caso de que la autoridad compruebe por cualquier medio que esta declaración es falsa, podrá exigir garantía adicional, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. En todo caso, se observará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 190 de este Código.

También se suspenderá la ejecución del acto que determine un crédito fiscal cuando los tribunales competentes notifiquen a las autoridades fiscales sentencia de concurso mercantil dictada en términos de la ley de la materia y siempre que se hubiese notificado previamente a dichas autoridades la presentación de la demanda correspondiente.

Las autoridades fiscales continuarán con el procedimiento administrativo de ejecución a fin de obtener el pago del crédito fiscal, cuando en el procedimiento judicial de concurso mercantil se hubiere celebrado convenio estableciendo el pago de los créditos fiscales y éstos no sean pagados dentro de los cinco días siguientes a la celebración de dicho convenio o cuando no se dé cumplimiento al pago con la prelación establecida en este Código. Asimismo, las autoridades fiscales podrán continuar con dicho procedimiento cuando se inicie la etapa de quiebra en el procedimiento de concurso mercantil en los términos de la ley correspondiente.

Art. 257. Cuando en los medios de defensa se impugnen únicamente algunos de los créditos determinados por el acto administrativo, sólo se garantizará la parte no consentida, y deberán pagarse los créditos fiscales no impugnados conjuntamente con los accesorios correspondientes.

Sobre la parte consentida, la autoridad exigirá a través del procedimiento administrativo de ejecución la cantidad que corresponda sin necesidad de emitir otra resolución que determine un crédito fiscal diferente. Si se confirma en forma definitiva la validez de la resolución impugnada, la autoridad procederá a exigir la diferencia no cubierta, con los recargos y actualizaciones que se hubieren generado.

En todos los casos, cuando se garantice el interés fiscal y se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, el contribuyente tendrá obligación de comunicar por escrito la garantía a la autoridad que le haya notificado el crédito fiscal, a efecto que ésta ordene la suspensión que corresponda.

Art. 258. Los avalúos que se practiquen para efectos fiscales tendrán vigencia de un año, a partir de la fecha en que se emitan, salvo disposición expresa, mismos que podrán practicarse por las autoridades fiscales y por los peritos valuadores siguientes:

I. De instituciones de crédito;

II. Los que integren el padrón de peritos valuadores del Estado;

III. Corredores públicos que cuenten con registro vigente ante la Secretaría de Economía;

IV. Empresas dedicadas a la compraventa o subasta de bienes, que cuenten con el registro correspondiente; o

V. Tratándose de poblaciones en donde no se cuente con los servicios de los valuadores antes mencionados, los avalúos se podrán realizar por personas o instituciones versadas en la materia que obtengan autorización de parte de la Secretaría de Finanzas.

Las autoridades fiscales en los casos en que proceda y mediante el procedimiento que al efecto se establezca mediante reglas, podrán solicitar la práctica de un segundo avalúo practicado.

En aquéllos casos en que después de realizado el avalúo se lleven a cabo construcciones, instalaciones o mejoras permanentes al bien de que se trate, o en el supuesto de que dicho bien sufriere un daño, deterioro o demérito evidente por cualquier otra causa, los valores consignados en tal avalúo quedarán sin efecto, aun cuando no haya transcurrido el plazo señalado en el primer párrafo de este artículo.

Cuando los avalúos sean referidos a una fecha anterior a aquélla en que se practiquen, se procederá conforme a lo siguiente:

a) Se determinará el valor del bien a la fecha en que se practique el avalúo;

b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior se dividirá entre el factor que se obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior a aquél en que se practique el avalúo, entre el índice del mes al cual es referido el mismo.

El resultado que se obtenga conforme a este último inciso será el valor del bien a la fecha a la que el avalúo sea referido. El valuador podrá efectuar ajustes a este valor cuando existan razones que así lo justifiquen, las cuales deberán señalarse expresamente en el avalúo. Una vez presentado dicho avalúo no podrán efectuarse estos ajustes.

Art. 259. También se suspenderá la ejecución del acto que determine un crédito fiscal cuando los tribunales competentes notifiquen a las autoridades fiscales sentencia de concurso mercantil dictada en términos de la ley de la materia, y siempre que se hubiese notificado previamente a dichas autoridades la presentación de la demanda correspondiente.

Las autoridades fiscales continuarán con el procedimiento administrativo de ejecución a fin de obtener el pago del crédito fiscal, cuando en el procedimiento judicial de concurso mercantil se hubiere celebrado convenio estableciendo el pago de los créditos fiscales y éstos no sean pagados dentro de los treinta días siguientes a la celebración de dicho convenio, o cuando no se dé cumplimiento al pago con la prelación establecida en este Código. Asimismo, las autoridades fiscales podrán continuar con dicho procedimiento cuando se inicie la etapa de quiebra en el procedimiento de concurso mercantil en los términos de la ley correspondiente.

En todos los casos, cuando hubiere negativa o violación a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, los interesados podrán promover el incidente de suspensión de la ejecución ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Zacatecas que conozca del juicio respectivo.

Sección segunda
Del embargo precautorio

Art. 260. Cuando del ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales se evidencie que se hubieren generado créditos fiscales a favor del erario estatal o municipal que no han sido pagados por el contribuyente dentro de los plazos señalados por la ley, y éstos puedan ser establecidos en cantidad determinada o determinable, o cuando habiendo sido determinados por las propias autoridades fiscales o los contribuyentes no sean exigibles, y exista riesgo inminente de que el obligado realice maniobras tendientes a evadir su cumplimiento, las autoridades fiscales, podrán practicar embargo precautorio de bienes o de la negociación del deudor.

Procederá el embargo precautorio cuando el contribuyente:

I. Haya desocupado el domicilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio de domicilio, después de haberse emitido la determinación respectiva;

II. Se oponga a la práctica de la notificación de la determinación de los créditos fiscales correspondientes, entendiéndose como oposición lo que dispone el artículo 113; y

III. Tenga créditos fiscales que debieran estar garantizados y no lo estén o la garantía resulte insuficiente, excepto cuando haya declarado, bajo protesta de decir verdad, que son los únicos bienes que posee.

Las autoridades fiscales trabarán el embargo precautorio hasta por un monto equivalente a las dos terceras partes de la contribución o contribuciones determinadas incluyendo sus accesorios. Si el pago se hiciere dentro de los plazos legales, el contribuyente no estará obligado a cubrir los gastos que origine la diligencia de pago y embargo y se levantará dicho embargo.

La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada en la que precise las razones por las cuales realiza el embargo, misma que se notificará de forma personal al contribuyente en ese acto.

Art. 261. El embargo precautorio se sujetará al orden siguiente:

I. Bienes inmuebles. En este caso, el contribuyente o la persona con quien se entienda la diligencia, deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna;

II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en general, créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, Estados y municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia;

III. Derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas; patentes de invención y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales;

IV. Obras artísticas, colecciones científicas, joyas, medallas, armas, antigüedades, así como instrumentos de arte y oficios, indistintamente;

V. Dinero y metales preciosos;

VI. Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta o contrato que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la ley de la materia y las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de veinte Unidades de Medida y Actualización emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, elevados al año, en concordancia con lo que establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro;

VII. Los bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores; y

VIII. La negociación del contribuyente.

Los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, deberán acreditar el valor del bien o los bienes sobre los que se practique el embargo precautorio.

En caso de que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros no cuenten con alguno de los bienes a asegurar o, bajo protesta de decir verdad, manifiesten no contar con ellos conforme al orden establecido en esta fracción o, en su caso, no acrediten el valor de los mismos, ello se asentará en el acta circunstanciada referida en el último párrafo del artículo 260 de este Código.

Art. 262. La autoridad fiscal solicitará mediante oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la que corresponda la cuenta, que procedan a inmovilizar y conservar los bienes señalados en la fracción VI del artículo 267 de este Código, a más tardar al tercer día siguiente a la recepción de la solicitud de embargo precautorio correspondiente formulada por la autoridad fiscal. Para efectos de lo anterior, la inmovilización deberá realizarse dentro de los tres días siguientes a aquél en que les fue notificado el oficio de la autoridad fiscal.

Las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores que hayan ejecutado la inmovilización en una o más cuentas del contribuyente, deberán informar del cumplimiento de dicha medida a la autoridad fiscal que la ordenó a más tardar al tercer día siguiente a la fecha en que se haya ejecutado, señalando los números de las cuentas, así como el importe total que fue inmovilizado.

En los casos en que el contribuyente, la entidad financiera, sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores, hagan del conocimiento de la autoridad fiscal que la inmovilización se realizó en una o más cuentas del contribuyente por un importe mayor al señalado en el segundo párrafo de este artículo, ésta deberá ordenar dentro de los tres días siguientes a aquél en que hubiere tenido conocimiento de la inmovilización en exceso, que se libere la cantidad correspondiente. Dichas entidades o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o de inversiones y valores, deberán liberar los recursos inmovilizados en exceso, a más tardar a los tres días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del oficio de la autoridad fiscal.

En ningún caso procederá embargar precautoriamente los depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente, por un monto mayor al del crédito fiscal actualizado, junto con sus accesorios legales, ya sea que el embargo se trabe sobre una sola cuenta o en más de una. Lo anterior, siempre y cuando previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas.

Al acreditarse que ha cesado la conducta que dio origen al embargo precautorio, o bien, cuando exista orden de suspensión que el contribuyente haya obtenido emitida por autoridad competente, la autoridad deberá ordenar que se levante la medida dentro del plazo de tres días.

La autoridad fiscal deberá ordenar a las entidades financieras, sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores, la desinmovilización de los bienes señalados en la fracción VI del artículo 267 de este Código, dentro de los tres días siguientes a aquél en que se acredite que cesó la conducta que dio origen al embargo precautorio o bien, que existe orden de suspensión emitida por autoridad competente.

Las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo contarán con un plazo de tres días a partir de la recepción de la instrucción respectiva, ya sea a través de la comisión de que se trate, o bien, de la autoridad fiscal, según sea el caso, para la liberación de los bienes embargados.

Art. 263. Con excepción de los bienes a que se refiere la fracción VI del artículo 267 de este Código, los bienes embargados precautoriamente podrán, desde el momento en que se notifique el mismo y hasta que se levante, dejarse en posesión del contribuyente, siempre que para estos efectos actúe como depositario en los términos establecidos en el artículo 265 del presente Código.

El contribuyente que actúe como depositario, deberá rendir cuentas mensuales a la autoridad fiscal competente respecto de los bienes que se encuentren bajo su custodia.

Salvo tratándose de los bienes a que se refiere la fracción VI del artículo 267 de este Código, la autoridad fiscal deberá ordenar el levantamiento del embargo precautorio a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que se acredite que cesó la conducta que dio origen al embargo precautorio, o bien, que existe orden de suspensión emitida por autoridad competente.

La autoridad requerirá al obligado para que dentro del término de diez días desvirtúe el monto por el que se realizó el embargo. El embargo quedará sin efecto cuando el contribuyente cumpla con el requerimiento.

Art. 264. Una vez practicado el embargo precautorio, el contribuyente afectado podrá ofrecer a la autoridad que lo practicó alguna de las garantías que establece el artículo 190 de este Código, a fin de que el crédito fiscal y sus accesorios queden garantizados y se ordene el levantamiento del embargo trabado sobre los depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente.

El embargo precautorio se convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito fiscal y se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución, sujetándose a las disposiciones que este Código establece.

Para la práctica del aseguramiento precautorio se observarán las disposiciones contenidas en la sección segunda del capítulo IV del Título Quinto de este Código, en aquello que no se oponga a lo previsto en este artículo.

Art. 265. Cuando se realice el embargo precautorio, el contribuyente, su representante legal, o la persona con quien se entienda la diligencia, en su caso, podrán ser designados como depositarios en los casos que acepten expresamente dicho cargo.

Cuando no acepten fungir como depositarios, la autoridad fiscal designará a la persona que será depositario y en su caso, procederá al retiro de los bienes que hubieren sido señalados para el embargo precautorio o aseguramiento de bienes.

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, si el contribuyente o su representante legal no se encontraban presentes en la realización de la diligencia respectiva, podrán acudir personalmente ante la autoridad que ordenó la diligencia a efecto de manifestar por escrito la aceptación del cargo y la responsabilidad del mismo, en cuyo caso, los bienes le serán regresados, debiendo pagar en el acto el crédito correspondiente, los gastos que se hubieren generado por la transportación de los mismos y los gastos de ejecución correspondientes.

Los depositarios designados conforme este artículo, deberán informar y, en su caso, rendir cuenta mensualmente a la autoridad que lo practicó, sobre el estado de los bienes dejados bajo su custodia. En caso de no hacerlo por más de una ocasión, la autoridad que ordenó el embargo podrá decretar la remoción del depositario y nombrar al nuevo, debiendo el anterior depositario hacer la entrega inmediata de los bienes embargados.

Art. 266. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes o los responsables solidarios, a que se refiere la fracción III del artículo 112 de este Código se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las fracciones I y II del artículo 112 de este Código, salvo en los casos siguientes:

I. Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de las autoridades fiscales derivado de que los contribuyentes, los responsables solidarios, no sean localizables en su domicilio fiscal; desocupen o abandonen el mismo sin presentar el aviso correspondiente, hayan desaparecido, o se ignore su domicilio;

II. Cuando una vez iniciadas las facultades de comprobación, exista riesgo inminente de que los contribuyentes o los responsables solidarios oculten, enajenen o dilapiden sus bienes;

III. Cuando durante el desarrollo de las facultades de comprobación del cumplimiento de obligaciones fiscales, el contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a las que esté obligado. Se considerará que existe negativa en los términos de esta fracción, cuando después de haber sido requerido para ello, la contabilidad no sea proporcionada por más de cinco días posteriores al plazo en que debió hacerlo en los términos de las disposiciones de este Código; y

IV. Se realicen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública y dichos contribuyentes no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro estatal o municipal de contribuyentes.

La autoridad practicará el aseguramiento precautorio hasta por el monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos que ella misma realice, únicamente para estos efectos. Para lo anterior, se podrá utilizar cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos contenidos en la sección segunda del capítulo IV del Título Quinto, de este Código.

La autoridad fiscal que practique el aseguramiento precautorio levantará acta circunstanciada, que deberá cumplir los requisitos señalados en el artículo 114 de este Código, en la que precise las razones por las cuales realiza dicho aseguramiento, misma que se notificará al contribuyente en ese acto, asimismo, notificará personalmente al contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos, a más tardar el tercer día siguiente a aquél en que se haya practicado el aseguramiento, señalando la conducta que lo originó y, en su caso, el monto sobre el cual procedió el mismo.

Art. 267. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente:

I. Bienes inmuebles, en este caso, el contribuyente o su representante legal deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, aseguramiento o embargo anterior; se encuentran en copropiedad, o pertenecen a sociedad conyugal alguna.

Cuando la diligencia se entienda con un tercero, se deberá requerir a éste para que, bajo protesta de decir verdad, manifieste si tiene conocimiento de que el bien que pretende asegurarse es propiedad del contribuyente y, en su caso, proporcione la documentación con la que cuente para acreditar su dicho;

II. Cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y, en general, créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, Estados y municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia;

III. Derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas; patentes de invención y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales;

IV. Obras artísticas, colecciones científicas, joyas, medallas, armas, antigüedades, así como instrumentos de artes y oficios, indistintamente;

V. Dinero y metales preciosos;

VI. Depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito, componente, producto o instrumento de ahorro o inversión en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta o contrato que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la ley de la materia y las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de veinte Unidades de Medida y Actualización emitidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, elevados al año, en concordancia con lo que establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro;

VII. Los bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores; y

VIII. La negociación del contribuyente.

Los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, deberán acreditar la propiedad de los bienes sobre los que se practique el aseguramiento precautorio.

Cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos no cuenten o, bajo protesta de decir verdad, manifiesten no contar con alguno de los bienes a asegurar conforme al orden establecido, se asentará en el acta circunstanciada referida en la fracción III del artículo 272 de este Código.

En el supuesto de que el valor del bien a asegurar conforme al orden establecido exceda del monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos efectuada por la autoridad, se podrá practicar el aseguramiento sobre el siguiente bien en el orden de prelación.

Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de las autoridades fiscales derivado de que los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos no sean localizables en su domicilio fiscal, desocupen o abandonen el mismo sin presentar el aviso correspondiente, hayan desaparecido o se ignore su domicilio, el aseguramiento se practicará sobre los bienes a que se refiere la fracción VI de este artículo.

Art. 268. El aseguramiento de los bienes a que se refiere la fracción VI del artículo 267 de este Código, se realizará conforme a lo siguiente:

La solicitud de aseguramiento precautorio se formulará mediante oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien, a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda.

Cuando la solicitud de aseguramiento se realice a través de las comisiones señaladas en el párrafo anterior, éstas contarán con un plazo de tres días para ordenar a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, que practique el aseguramiento precautorio.

La entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, contará con un plazo de tres días contado a partir de la recepción de la solicitud respectiva, ya sea a través de la comisión de que se trate, o bien, de la autoridad fiscal, según sea el caso, para practicar el aseguramiento precautorio.

Una vez practicado el aseguramiento precautorio, la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, deberá informar a la autoridad fiscal que ordenó la medida a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que lo haya realizado, las cantidades aseguradas en una o más cuentas o contratos del contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos.

En ningún caso procederá el aseguramiento precautorio de los depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente por un monto mayor al de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos que la autoridad fiscal realice para efectos del aseguramiento, ya sea que se practique sobre una sola cuenta o contrato o más de uno. Lo anterior, siempre y cuando previo al aseguramiento, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas o contratos y los saldos que existan en los mismos.

Los bienes asegurados precautoriamente podrán, desde el momento en que se notifique el aseguramiento precautorio y hasta que el mismo se levante, dejarse en posesión del contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos, siempre que para estos efectos actúe como depositario en los términos establecidos en el artículo 265 de este Código.

El contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado con ellos que actúe como depositario, deberá rendir cuentas mensuales a la autoridad fiscal que corresponda respecto de los bienes que se encuentren bajo su custodia.

Lo establecido en los dos párrafos anteriores no será aplicable tratándose del aseguramiento que se practique sobre los bienes a que se refieren las fracciones V y VI del artículo 267 de este Código.

Art. 269. Cuando el ejercicio de facultades de comprobación no se concluya dentro de los plazos que establece este Código; se acredite fehacientemente que ha cesado la conducta que dio origen al aseguramiento precautorio, o bien, exista orden de suspensión emitida por autoridad competente que el contribuyente haya obtenido, la autoridad deberá ordenar que se levante la medida a más tardar el tercer día siguiente a que ello suceda.

En el caso de que se hayan asegurado los bienes a que se refiere la fracción VI del artículo 267 de este Código, el levantamiento del aseguramiento se realizará conforme a lo siguiente:

La solicitud para el levantamiento del aseguramiento precautorio se formulará mediante oficio dirigido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien, a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, dentro del plazo de tres días siguientes a aquél en que se actualice alguno de los supuestos a que se refiere el primer párrafo de este artículo.

Cuando la solicitud de levantamiento del aseguramiento se realice a través de las comisiones señaladas en el párrafo anterior, estas contarán con un plazo de tres días a partir de que surta efectos la notificación a las mismas, para ordenar a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo que corresponda, que levante el aseguramiento precautorio.

La entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate, contará con un plazo de tres días a partir de la recepción de la solicitud respectiva, ya sea a través de la comisión que corresponda, o bien, de la autoridad fiscal, según sea el caso, para levantar el aseguramiento precautorio.

Una vez levantado el aseguramiento precautorio, la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate deberá informar del cumplimiento de dicha medida a la autoridad fiscal que ordenó el levantamiento, a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que lo haya realizado.

Cuando la autoridad constate que el aseguramiento precautorio se practicó por una cantidad mayor a la debida, únicamente ordenará su levantamiento hasta por el monto excedente, observando para ello lo dispuesto en los párrafos que anteceden.

Tratándose de los supuestos establecidos en la fracción II del artículo 266 de este Código, el aseguramiento precautorio quedará sin efectos cuando se acredite la inscripción al registro estatal o municipal de contribuyentes o se acredite la legal posesión o propiedad de la mercancía, según sea el caso.

Para la práctica del aseguramiento precautorio se observarán las disposiciones contenidas en la sección segunda del capítulo IV del Título Quinto de este Código, en aquello que no se oponga a lo previsto en este artículo.

Sección tercera
Requerimiento de pago y embargo

Art. 270. Las autoridades fiscales, para hacer efectivo un crédito fiscal exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y, en caso de que este no pruebe en el acto haberlo efectuado, procederán de inmediato como sigue:

I. A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del Estado, o a embargar los depósitos o seguros a que se refiere el artículo 275, fracción I del presente Código, a fin de que se realicen las transferencias de fondos para satisfacer el crédito fiscal y sus accesorios legales.

En ningún caso procederá el embargo de los depósitos o seguros, por un monto mayor al del crédito fiscal actualizado, junto con sus accesorios legales, ya sea que el embargo se trabe sobre una sola cuenta o en más de una. Lo anterior, siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas.

Las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores que hayan ejecutado el embargo de los depósitos o seguros a que se refiere el artículo 275, fracción I, de este Código en una o más cuentas del contribuyente, deberán informarlo a la autoridad fiscal que ordenó la medida a más tardar al tercer día siguiente a la fecha en la que se haya ejecutado, señalando el número de las cuentas así como el importe total que fue embargado. La autoridad fiscal a su vez deberá notificar al contribuyente de dicho embargo a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que le hubieren comunicado éste.

En los casos en que la autoridad fiscal tenga conocimiento de que el embargo se realizó por un importe mayor al señalado en el segundo párrafo de este artículo, ordenará a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que hubiere tenido conocimiento del embargo en exceso, a las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores que correspondan, liberar la cantidad correspondiente. Las entidades o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones y valores, deberán liberar los recursos embargados en exceso, a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del oficio de la autoridad fiscal;

II. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales; y

III. El mandamiento de ejecución, incluyendo el que corresponde al requerimiento para que se compruebe el pago, además de los requisitos que se establecen en el artículo 114 de este Código, deberá reunir los siguientes, según corresponda:

a) El nombre o nombres de las personas que realizarán la diligencia; y

b) En su caso el nombre del depositario designado por el jefe de la oficina ejecutora.

Cuando el jefe de la oficina ejecutora no designe depositario, y éste vaya a ser designado en la diligencia por el ejecutor, deberá hacerse mención expresa de esta circunstancia.

El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones de cualquier género se inscribirá en el registro público de la propiedad y del comercio que corresponda en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de que se trate.

Cuando los bienes raíces, derechos reales o negociaciones queden comprendidos en la jurisdicción de dos o más oficinas del registro público de la propiedad y del comercio, que corresponda en todas ellas se inscribirá el embargo.

Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga o de la autorización para pagar en parcialidades o por error aritmético en las declaraciones, el deudor podrá efectuar el pago dentro de los seis días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento.

No se practicará embargo respecto de aquellos créditos fiscales que hayan sido impugnados en sede administrativa o jurisdiccional y se encuentren garantizados en términos de lo establecido en las disposiciones legales aplicables.

Art. 271. Cuando los bienes embargados fueren bienes muebles, deberán ser puestos a disposición del depositario designado en términos de este Código, y éste podrá señalar un domicilio diferente al del deudor para su guarda y custodia.

El embargo de bienes raíces, de derechos reales o de negociaciones de cualquier género, a cualquier otro bien que requiriera de esta formalidad, se inscribirá en el registro público de la propiedad y del comercio que corresponda en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de que se trate. Cuando los bienes raíces, derechos reales o negociaciones queden comprendidos en la jurisdicción de dos o más oficinas del registro público de la propiedad y del comercio que corresponda, en todas ellas se inscribirá el embargo.

El ejecutor podrá colocar sellos o marcas oficiales con los que se identifiquen los bienes embargados, lo cual se hará constar en el acta a que se refiere el artículo 272 fracción III de este Código.

Art. 272. La diligencia de requerimiento y, en su caso, la de embargo, deberán sujetarse a lo siguiente:

I. Se realizarán cumpliendo las formalidades que se establecen para las notificaciones personales en el capítulo III del Título Quinto del presente Código;

II. El ejecutor designado por el jefe de la oficina ejecutora deberá constituirse en el domicilio del deudor y deberá identificarse con la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos instrumentales de asistencia, y en caso que se realice el embargo de bienes o negociación, si no lo hiciere los designará el propio ejecutor. Si al concluir la diligencia los testigos designados se negaren a firmar, así lo hará constar en el acta, sin que tales circunstancias afecten la legalidad de las diligencias; y

III. De las diligencias se levantará acta circunstanciada misma que deberá reunir los requisitos que se establecen en el artículo 114 de este Código, dejando al finalizar la diligencia, un tanto de la misma con firma autógrafa a la persona con quien se entiende ésta.

Art. 273. Los depositarios designados en términos de este artículo, deberán mantener a disposición de la autoridad ejecutora los bienes que se encuentren bajo su custodia, siendo responsables de su adecuada conservación y manejo. Cuando hubieren sido designados por el contribuyente o la persona con quien se entendió la diligencia, la autoridad ejecutora queda relevada de cualquier responsabilidad que pudiere derivarse por daños a los bienes, que fueren resultantes de una inadecuada conservación o manejo.

Los depositarios previo requerimiento que se realice, tendrán la obligación de poner dentro de los cinco días siguientes a disposición de la autoridad ejecutora los bienes motivo del embargo, y podrán ser removidos libremente por el jefe de la oficina ejecutora cuando no garanticen a satisfacción el ejercicio de su encargo, o cuando ello se haga necesario para la continuación del procedimiento administrativo de ejecución.

Cuando se efectúe la remoción del depositario, éste deberá poner de inmediato a disposición de la autoridad ejecutora los bienes que fueron objeto de la depositaría, pudiendo ésta ordenar y realizar la sustracción de los bienes para depositarlos en almacenes bajo su resguardo o entregarlos al nuevo depositario.

En el embargo de bienes inmuebles, la depositaría deberá recaer siempre en el deudor propietario de los mismos, sin que para ello sea necesaria la aceptación y protesta del cargo, pero sí adquirirá la totalidad de las obligaciones que a los depositarios corresponden, salvo la de garantizar su encargo.

En los embargos de negociaciones, los depositarios designados por la persona con quien se entiende la diligencia, tendrán el carácter de administradores o de interventores con cargo a la caja, según el caso, con las facultades y obligaciones señaladas en los artículos 286 al 295 de este Código.

La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes embargados a satisfacción de las autoridades fiscales, cuando deba continuarse el procedimiento administrativo de ejecución, y a satisfacción de los propietarios, cuando éstos hubieren realizado el pago del adeudo correspondiente.

El depositario será designado por el ejecutor cuando no lo hubiere hecho el jefe de la oficina ejecutora, pudiendo recaer el nombramiento en el ejecutado o cualquier persona que éste designe y cumpla con los requisitos establecidos para el ejercicio del encargo.

Art. 274. El embargo podrá ampliarse en cualquier momento del procedimiento administrativo de ejecución, cuando el jefe de la oficina ejecutora estime que los bienes embargados son insuficientes para cubrir los créditos fiscales, a efecto de lo cual la oficina ejecutora emitirá mandamiento fundado y motivado en el que así se ordene.

Art. 275. Con las excepciones que en este Código se señalan, la persona con quien se entienda la diligencia de embargo tendrá derecho a señalar los bienes en que éste se deba trabar, siempre que los mismos sean de fácil realización o venta, sujetándose al orden siguiente:

I. Dinero, metales preciosos, depósitos bancarios, componentes de ahorro o inversión asociados a seguros de vida que no formen parte de la prima que haya de erogarse para el pago de dicho seguro, o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro hasta por el monto de las aportaciones que se hayan realizado de manera obligatoria conforme a la ley de la materia y las aportaciones voluntarias y complementarias hasta por un monto de veinte Unidades de Medida y Actualización, emitida por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, elevados al año, en concordancia con lo establecido en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

En el caso de que se embarguen depósitos bancarios, otros depósitos o seguros del contribuyente a que se refiere el párrafo anterior, el monto del embargo sólo podrá ser hasta por el importe del crédito fiscal actualizado y sus accesorios legales que correspondan hasta la fecha en que se practique, ya sea en una o más cuentas. Lo anterior, siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas;

II. Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, Estados y municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia;

III. Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores; y

IV. Bienes inmuebles. En este caso, el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia deberán manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad, o pertenecen a sociedad conyugal alguna.

Art. 276. El ejecutor podrá señalar bienes sin sujetarse al orden establecido en el artículo anterior, en cualquiera de los casos señalados en este Código, o cuando el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia:

I. Se nieguen a señalar los bienes sobre los que se trabará el embargo;

II. No señale bienes suficientes a juicio del ejecutor o no haya seguido el orden establecido en el artículo anterior al hacer el señalamiento;

III. Cuando teniendo el deudor otros bienes susceptibles de embargo, señale:

a) Bienes ubicados fuera de la circunscripción de la oficina ejecutora;

b) Bienes que ya reporten cualquier gravamen real o algún embargo anterior; y

c) Bienes de fácil descomposición o deterioro o materias inflamables.

El ejecutor deberá señalar preferentemente, bienes que representen una fácil enajenación. En el caso de bienes inmuebles, el ejecutor solicitará al deudor o a la persona con quien se entienda la diligencia que manifieste bajo protesta de decir verdad si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna.

Art. 277. La inmovilización que proceda como consecuencia del embargo de depósitos o seguros a que se refiere el artículo 275 fracción I del presente Código, así como la inmovilización de depósitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, salvo los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias que se hayan efectuado hasta por el monto de las aportaciones que se hayan hecho conforme a la ley de la materia, sólo se podrá realizar hasta por el importe del crédito y sus accesorios o, en su caso, hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir los mismos.

La autoridad fiscal que haya ordenado la inmovilización, girará oficio a la unidad administrativa competente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o a la entidad financiera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la que corresponda la cuenta, a efecto que de inmediato se efectúe la inmovilización y se conserven los fondos depositados.

Al recibir la notificación del oficio mencionado en el párrafo anterior por parte de la autoridad fiscal o la instrucción que se dé por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, según corresponda, la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo de que se trate deberá proceder a inmovilizar y conservar los fondos depositados, notificando dicha situación a la autoridad fiscal, para que ésta, por los medios conducentes, notifique dicha inmovilización al contribuyente.

La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberán informar a la autoridad fiscal a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el incremento de los depósitos por los intereses que se generen, en el mismo período y frecuencia con que lo haga al cuentahabiente.

Los fondos de la cuenta del contribuyente únicamente podrán transferirse al Estado o municipio una vez que el crédito fiscal relacionado quede firme, y hasta por el importe necesario para cubrirlo.

En tanto el crédito fiscal no quede firme, el contribuyente titular de las cuentas embargadas en sustitución del embargo de las mismas, mediante escrito que presente a la autoridad con copia a la entidad que corresponda, podrá ofrecer otra forma de garantía de acuerdo con el artículo 190 de este Código. La autoridad deberá resolver y notificar al contribuyente sobre la admisión o rechazo de la garantía ofrecida, o el requerimiento de requisitos adicionales, dentro de un plazo de diez días. La autoridad tendrá la obligación de comunicar a la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo el sentido de la resolución, enviándole copia de la misma, dentro del plazo de quince días siguientes a aquél en que haya notificado dicha resolución al contribuyente, si no lo hace durante el plazo señalado, la entidad o sociedad de que se trate levantará el embargo de la cuenta.

Art. 278. Una vez que el crédito fiscal quede firme, si la autoridad fiscal tiene inmovilizadas cuentas en entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de inversiones y valores, y el contribuyente no ofreció otra forma de garantía del interés fiscal suficiente antes que el crédito fiscal quedara firme, la autoridad fiscal mediante resolución fundada y motivada con copia al contribuyente, ordenará a la entidad financiera o sociedad cooperativa la transferencia de los recursos hasta por el monto del crédito fiscal, o hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir el mismo. La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo deberán informar a la autoridad fiscal, dentro de los tres días posteriores a la orden de transferencia, el monto transferido y acompañar el comprobante que acredite el traspaso de fondos a la cuenta de la propia autoridad fiscal.

La autoridad fiscal deberá notificar al contribuyente la transferencia de los recursos, conforme a las disposiciones aplicables, a mas tardar al tercer día siguiente a aquel en que se hizo de su conocimiento la referida transferencia.

La entidad financiera deberá realizar el depósito de las cantidades señaladas por la autoridad fiscal en el plazo de seis días, durante los cuales el contribuyente afectado podrá acudir ante las autoridades fiscales a recurrir en inconformidad por el monto o la cantidad que se hubiere señalado como sujeta a transferencia, en los términos y plazos a que se refiere el párrafo siguiente. En caso que se realice tal impugnación, la autoridad contará con un plazo de tres días para resolver lo que proceda, debiendo notificar de inmediato tanto a la entidad financiera como al contribuyente.

Si al transferirse el importe el contribuyente considera que éste es superior al crédito fiscal, el particular deberá demostrar tal hecho ante la autoridad fiscal competente, mediante prueba documental que acredite tal supuesto, para que dicha autoridad proceda al reintegro de la cantidad transferida en exceso, en un plazo no mayor a veinte días, a partir de que se notifique la transparencia de los recursos. Si las pruebas aprobadas por el contribuyente no son idóneas para demostrar el supuesto, que se le notificará dentro del plazo antes señalado, haciéndole saber que pueden interponer el recurso de revocación correspondiente, o bien, presentar juicio contencioso administrativo ante el órgano jurisdiccional competente.

Art. 279. Quedan exceptuados de embargo:

I. El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares;

II. Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares;

III. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesión, arte y oficio a que se dedique el deudor;

IV. La maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones, en cuanto fueren necesarios para su actividad ordinaria a juicio del ejecutor, pero podrán ser objeto de embargo con la negociación en su totalidad si a ella están destinados;

V. Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los derechos sobre las siembras;

VI. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste;

VII. Los derechos de uso o de habitación;

VIII. El patrimonio de familia, en los términos que establezcan las leyes, desde su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;

IX. Los sueldos y salarios;

X. Las pensiones de cualquier tipo;

XI. Los contribuyentes, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior, no hayan superado un monto equivalente a veinte veces la unidad de medida y actualización elevado al año y garanticen el interés fiscal mediante embargo en la vía administrativa, deberán ser designados como depositarios de los bienes y el embargo no podrá comprender las mercancías que integren el inventario circulante del negocio.

Art. 280. Si durante el desarrollo de la diligencia de embargo, al designarse los bienes que quedarán sujetos a éste, se opusiere un tercero fundándose en el dominio de ellos, no se practicará el embargo si se demuestra en el mismo acto la propiedad con prueba documental suficiente a juicio del ejecutor, lo cual deberá hacerse constar en el acta que al efecto se levante, la cual deberá ser sometida a ratificación de la oficina ejecutora, en todos los casos, a la que deberán hacerse llegar en el plazo de dos días, los documentos exhibidos en el momento de la oposición.

Si no hubieren existido otros bienes sobre los que se haya trabado embargo, y no se presentan ante la oficina ejecutora los documentos a que se refiere el párrafo anterior, o a juicio de la ejecutora las pruebas no son suficientes para acreditar la propiedad a favor del tercero opositor, se ordenará la realización de una nueva diligencia de embargo, en la que éste podrá ser trabado sobre los bienes materia de oposición, lo cual se notificará al interesado para que pueda hacer valer el recurso de revocación en los términos de este Código.

Art. 281. Cuando los bienes señalados para la traba estuvieren ya embargados por otras autoridades no fiscales o sujetos a cédula hipotecaria, se practicará no obstante la diligencia y se dará aviso a la autoridad correspondiente para que él o los interesados, puedan demostrar su derecho de prelación en el cobro.

Art. 282. Cuando el embargo hubiere recaído sobre créditos en favor del deudor, será notificado directamente por la oficina ejecutora a los deudores del embargado, para que no hagan el pago de las cantidades respectivas a éste sino en la caja de la citada oficina, apercibidos de doble pago en caso de desobediencia.

Si en cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, se paga un crédito cuya cancelación deba anotarse en el registro público de la propiedad y del comercio que corresponda, el jefe de la oficina ejecutora requerirá al titular de los créditos embargados para que, dentro de los cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación, firme la escritura correspondiente el documento en que deba constar el finiquito.

En caso de abstención del titular de los créditos embargados transcurrido el plazo indicado, el jefe de la oficina ejecutora firmará la escritura o documentos relativos en rebeldía de aquél y lo hará del conocimiento del registro público de la propiedad y del comercio que corresponda, para los efectos procedentes.

Art. 283. El dinero, metales preciosos, alhajas y valores mobiliarios embargados, se entregarán por el depositario a la oficina ejecutora, previo inventario, dentro de un plazo que no excederá de veinticuatro horas. Tratándose de los demás bienes, éstos quedarán bajo la guarda y custodia del o los depositarios que se hubieren designado, pero cuando sean requeridos para ello por la autoridad, la entrega deberá realizarse de inmediato.

Las sumas de dinero objeto del embargo, así como la cantidad que señale el propio ejecutado, la cual nunca podrá ser menor del 25 por ciento del importe de los frutos y productos de los bienes embargados, se aplicarán a cubrir el crédito fiscal al recibirse en la caja de la oficina ejecutora.

Art. 284. Si el deudor o cualquiera otra persona pretendieren impedir materialmente al ejecutor el acceso al domicilio de aquél o al lugar en que se encuentren los bienes, o la entrega de los bienes embargados al depositario designado legalmente, siempre que el caso lo requiera el ejecutor solicitará el auxilio de la fuerza pública para llevar adelante la diligencia que corresponda.

Art. 285. Si durante el embargo, la persona con quien se entienda la diligencia no abriere las puertas de las construcciones, edificios o casas en los que se presuma que existen bienes muebles embargables, el ejecutor, previo acuerdo fundado del jefe de la oficina ejecutora, hará que ante dos testigos sean rotas las cerraduras que fuere necesario, para que el depositario tome posesión de los bienes o para que siga adelante la diligencia.

En igual forma procederá el ejecutor cuando la persona con quien se entienda la diligencia no abriere los muebles en los que aquél suponga se guardan dinero, alhajas, objetos de arte u otros bienes embargables. Si no fuere factible romper o forzar las cerraduras el mismo ejecutor trabará embargo en los muebles cerrados y en su contenido, los sellará y enviará en depósito a la oficina ejecutora, donde serán abiertos en el término de tres días por el deudor o por su representante legal y, en caso contrario por un experto designado por la propia oficina; el ejecutor levantará acta circunstanciada haciendo constar el inventario completo del contenido de los bienes muebles que se encuentran en su interior, la cual deberá ser firmada por él, por los testigos y por el depositario designado si fuere el caso, una copia de la misma se le notificará al deudor.

Si no fuere factible romper o forzar las cerraduras de cajas u otros objetos unidos a un inmueble o de difícil transportación, el ejecutor trabará embargo sobre ellos y su contenido y los sellará, en cuyo caso el deudor se considerará como depositario de los mismos con las obligaciones que para ello se prevén en las disposiciones aplicables; para su apertura se seguirá el procedimiento establecido en el párrafo anterior.

Sección cuarta
De la intervención de negociaciones

Art. 286. Cuando las autoridades fiscales embarguen negociaciones, además de ser depositarios por disposición de ley y adquirir las responsabilidades que corresponden al propietario de la negociación y/o al representante legal de la misma, se nombrará un depositario por parte de la autoridad ejecutora, que sólo tendrá las facultades y obligaciones que en el segundo párrafo de este artículo se señalen, quien tendrá el carácter de interventor con cargo a la caja, y en su caso conforme las disposiciones de esta sección, de interventor administrador. En las actas que al efecto se levanten se hará constar que el propietario y/o representante legal de la negociación embargada son depositarios por ministerio de ley.

El interventor con cargo a la caja tendrá las siguientes facultades:

I. Tener acceso a toda la información contable, fiscal y financiera de la negociación intervenida, a fin de tener conocimiento del manejo de las operaciones que ella realice, pudiendo requerir todo tipo de información que esté relacionada con la negociación intervenida, actualizada a la fecha del inicio de la intervención, señalando para ello un plazo de hasta cinco días;

II. Tener acceso a toda la información relativa a los estados de las cuentas bancarias y de las inversiones que la negociación tenga abiertas, inclusive la relativa a las cuentas bancarias que se encuentren canceladas, a fin de verificar los movimientos que impliquen retiros, traspasos o reembolsos; y

III. Exigir, cuando proceda, la presencia de la persona que sea titular de la negociación o que tenga acreditada la representación legal de la misma, en términos del artículo 54 de este Código.

Los contribuyentes intervenidos estarán obligados a brindar al interventor todas las facilidades necesarias para el ejercicio de sus facultades, incluyendo el acceso a su domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales o cualquier lugar de negocios en donde se desarrollen total o parcialmente las actividades, así como a entregar la información que les sea requerida.

El interventor con cargo a caja designado tendrá las siguientes obligaciones:

I. Estar presente en el local en donde se encuentre la administración principal del negocio o en el lugar que conforme al artículo 26 del Código se considere el domicilio fiscal del contribuyente intervenido, o en los establecimientos, locales, sucursales o cualquier lugar de negocio donde el contribuyente intervenido desarrolle sus actividades;

II. Al inicio de la intervención:

a) Verificar la existencia y estado físico del activo fijo embargado, levantando constancia de hechos en los casos en que falten bienes. De existir bienes que no se encuentren señalados en el acta de embargo o en la relación de activo fijo y el crédito fiscal no se encuentre totalmente garantizado, deberá informar a la autoridad fiscal para que proceda a la ampliación del embargo;

b) Obtener el estado de resultados del ejercicio inmediato anterior al del inicio de la intervención de la negociación y el estado de posición financiera o balance general correspondiente al último día del mes inmediato anterior al del inicio de la intervención de la negociación;

c) Obtener un informe detallado del número, nombre y monto de los salarios que perciban los trabajadores, con base a la nómina de la propia negociación;

d) Obtener una copia de los estados de cuenta bancarios de los doce meses anteriores al del inicio de la intervención de la negociación, en los que se visualice el detalle de los movimientos, así como copia de los talones o pólizas respecto de los cheques expedidos, a fin de verificar los ingresos y egresos de la negociación;

e) Obtener, en su caso, una copia del acta constitutiva y de sus modificaciones; e

f) Integrar una relación de los acreedores cuyos créditos tengan preferencia sobre los del Estado o municipio, misma que deberá contener concepto, importe y plazo del crédito, así como nombre, razón o denominación social del acreedor;

III. Enterar la cantidad recaudada diariamente salvo los días en que no se recaude ninguna cantidad, mediante la forma oficial autorizada por las autoridades fiscales mediante reglas o formato electrónico correspondiente, debiendo entregar a más tardar el día siguiente a la fecha en que se le proporcionó, el original del formulario de pago en el que conste la impresión de los sellos de pago y la impresión del comprobante respectivo, expedido por la institución bancaria ante la cual se efectuó el pago;

IV. Guardar absoluta reserva respecto de la información que obtenga de la negociación y de las decisiones que tome la autoridad fiscal;

V. Elaborar un acta pormenorizada que refleje la situación financiera de la negociación a la fecha del levantamiento de la intervención;

VI. Elaborar un informe inicial que contenga la situación general de la negociación al inicio de la intervención e informes mensuales respecto de los movimientos realizados en el mes, los cuales deberá entregar a la autoridad fiscal dentro de los tres días siguientes al inicio de la intervención en el caso de la inicial y, en el segundo caso, dentro de los tres días siguientes al mes que corresponda el informe;

VII. Realizar el pago de sueldos, de créditos preferentes, de contribuciones y, en general, todas las acciones necesarias para la conservación y buena marcha del negocio;

VIII. Elaborar un informe inicial que contenga la situación general de la negociación al momento del inicio de la intervención, el cual deberá entregar a la autoridad fiscal dentro de los tres días siguientes a dicho inicio; y

IX. Elaborar un informe mensual con los movimientos realizados en el mes, el cual deberá entregar a la autoridad fiscal dentro de los tres días siguientes al mes al que corresponda el informe.

En la intervención de negociaciones serán aplicables, en lo conducente, las secciones de este capítulo.

Art. 287. El depositario, sea administrador o interventor, desempeñará su cargo dentro de las normas jurídicas en vigor, con todas las facultades o responsabilidades inherentes, y tendrá en particular las siguientes obligaciones:

I. Garantizar su manejo a satisfacción de la autoridad fiscal;

II. Manifestar a la autoridad fiscal su domicilio y casa habitación, así como sus cambios;

III. Remitir a la autoridad fiscal inventarios de los bienes o negociaciones objeto del embargo, con excepción de los valores determinados en el momento del embargo, incluso los de arrendamiento si se hicieron constar en la diligencia o, en caso contrario, luego que sean rescatados.

En todo caso, en el inventario se hará constar la ubicación de los bienes o el lugar donde se guarden, a cuyo respecto, todo depositario dará cuenta a la misma oficina de los cambios de localización que se efectuaren;

IV. Recaudar los frutos y productos de los bienes embargados, o los resultados netos de las negociaciones embargadas y, entregar su importe en la caja de la autoridad fiscal diariamente, o a medida que se efectúe la recaudación;

V. Ejercitar ante las autoridades competentes, las acciones y actos de gestión necesarios para hacer efectivos los créditos materia del depósito o incluidos en él, así como las rentas, regalías y cualesquier otro crédito en numerario o en especie;

VI. Erogar los gastos de administración, mediante aprobación de las autoridades fiscales, cuando sean depositarios administradores, o ministrar el importe de tales gastos, previa la comprobación procedente, si sólo fueren depositarios interventores; y

VII. Rendir cuentas mensuales comprobadas a las autoridades fiscales.

Art. 288. El interventor con cargo a caja designado por la autoridad ejecutora, diariamente, después de haberse determinado las cantidades que corresponda separar por concepto de salarios y demás créditos preferentes a que se refiere este Código, así como los costos y gastos indispensables para la operación de la negociación, deberá retirar de la negociación intervenida hasta el 10 por ciento de los ingresos percibidos en efectivo, cheque, transferencia electrónica o depósitos a través de instituciones del sistema financiero, y enterarlos en la caja de la oficina ejecutora diariamente o a medida que se efectúe la recaudación.

Para efectos del retiro a que se refiere el párrafo anterior, el contribuyente embargado, su representante legal, o la persona que se encuentre al frente de la negociación, tendrán la obligación de entregar diariamente al depositario designado por la autoridad fiscal, la cantidad que corresponda, aun cuando las cantidades recibidas por la negociación no hubieren sido en efectivo; en caso de incumplimiento por más de tres días serán considerados como depositarios infieles en los términos del artículo 185 de este Código.

Los movimientos de las cuentas bancarias y de inversiones de la negociación intervenida, por conceptos distintos a los señalados en el párrafo anterior, que impliquen retiros, traspasos, transferencias, pagos o reembolsos, deberán ser aprobados previamente por el interventor designado por la oficina ejecutora, quien además llevará un control de dichos movimientos.

Cuando el interventor designado por la autoridad fiscal tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de la negociación o de operaciones o actividades que pongan en peligro los intereses del Estado o municipio, dictará las medidas provisionales urgentes que estime necesarias para proteger dichos intereses y dará cuenta a la oficina ejecutora, la que podrá ratificarlas o modificarlas.

Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no fueren acatadas, la oficina ejecutora ordenará que cese la intervención con cargo a la caja y se convierta en administración, o bien, se procederá a enajenar la negociación, conforme a este Código y las demás disposiciones legales aplicables o, en su caso, procederá a solicitar ante la autoridad competente el inicio del concurso mercantil.

Art. 289. El interventor administrador designado por la autoridad fiscal tendrá todas las facultades que normalmente correspondan a la administración de la sociedad, y plenos poderes con las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, para ejercer actos de dominio y de administración; para pleitos y cobranzas; otorgar o suscribir títulos de crédito; presentar denuncias y querellas y desistir de estas últimas, previo acuerdo de la oficina ejecutora, así como para otorgar los poderes generales o especiales que juzgue conveniente, revocar los otorgados por la sociedad intervenida y los que él mismo hubiere conferido.

El interventor administrador designado por la autoridad fiscal no quedará supeditado a su actuación al consejo de administración, asamblea de accionistas, socios o partícipes.

Tratándose de negociaciones que no constituyan una sociedad, el interventor administrador designado por la autoridad fiscal tendrá todas las facultades de dueño para la conservación y buena marcha del negocio.

Art. 290. El interventor administrador designado por la autoridad fiscal tendrá las obligaciones establecidas en el presente Código, así como las siguientes:

I. Rendir cuentas mensuales comprobadas a la oficina ejecutora; y

II. Recaudar el 10 por ciento de las ventas o ingresos diarios en la negociación intervenida, después de separar las cantidades que correspondan por concepto de salarios y demás créditos preferentes a que se refiere este Código, y enterar su importe al Estado o municipio en la medida que se efectúe la recaudación.

El interventor administrador designado por la autoridad fiscal no podrá enajenar los bienes del activo fijo. Cuando se den los supuestos de enajenación de la negociación intervenida a que se refiere el artículo 295 de este Código, se procederá al remate de conformidad con las disposiciones contenidas en la siguiente sección de este capítulo.

Art. 291. El nombramiento de interventor administrador designado por la autoridad fiscal deberá anotarse en el registro público de la propiedad y del comercio que corresponda al domicilio de la negociación intervenida. Para tales efectos, la autoridad registradora, a solicitud de la oficina ejecutora, realizará las anotaciones que sean procedentes.

Art. 292. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 289 de este Código, la asamblea y administración de la sociedad podrán continuar reuniéndose regularmente para conocer de los asuntos que les competen y de los informes que formule el interventor administrador sobre el funcionamiento y las operaciones o actividades de la negociación, así como para opinar sobre los asuntos que les someta a su consideración. El interventor administrador designado por la autoridad fiscal, podrá convocar a asamblea de accionistas, socios o partícipes y citar a la administración de la sociedad con los propósitos que considere necesarios o convenientes.

Art. 293. En caso que la negociación que se pretenda intervenir, ya se encuentre intervenida por mandato de otra autoridad no fiscal, se nombrará no obstante el nuevo interventor, que también lo será para las otras intervenciones mientras subsista la efectuada por las autoridades fiscales. La designación o cambio de interventor se pondrá en conocimiento de las autoridades que ordenaron las anteriores o posteriores intervenciones.

Art. 294. La intervención se levantará cuando el crédito fiscal se hubiera satisfecho o cuando de conformidad con este Código se haya enajenado la negociación. En estos casos la oficina ejecutora comunicará el hecho al registro público de la propiedad y del comercio que corresponda para que se cancele la inscripción respectiva.

Art. 295. Las autoridades fiscales podrán proceder a la enajenación de la negociación intervenida o a la enajenación de los bienes o derechos que componen la misma de forma separada, cuando lo recaudado en tres meses no alcance a cubrir, por lo menos, el 24 por ciento del crédito fiscal, salvo que se trate de negociaciones que obtengan sus ingresos en un determinado período del año, en cuyo caso el porciento será el que corresponda al número de meses transcurridos a razón del 8 por ciento mensual y siempre que lo recaudado no alcance para cubrir el porciento del crédito que resulte.

Sección quinta
Del remate

Art. 296. La enajenación de bienes embargados, procederá:

I. A partir del día siguiente al en que quede firme el avalúo; o

II. Al quedar firme la resolución confirmatoria del acto impugnado, recaído en los medios de defensa que se hubieren hecho valer.

Art. 297. Salvo los casos que este Código autoriza, toda enajenación se hará en subasta pública que se llevará a cabo a través de medios electrónicos, en la página de Internet de la Secretaría de Finanzas, o en la página de Internet del municipio en caso de contar con dicha página, efectuando el pago del depósito, el saldo de la cantidad ofrecida de contado en su postura legal o el que resulte de las mejoras que se hubieren efectuado.

Para los efectos de este artículo, en el portal electrónico o en la página de Internet de las autoridades fiscales se podrán consultar los bienes objeto de remate, el valor que servirá de base para su enajenación y los requisitos que deben cumplir los interesados para participar en la subasta pública.

Los bienes sujetos a remate se encontrarán a la vista del público interesado en los lugares y horarios que se indiquen en la página de Internet de la propia Secretaría.

Cuando la naturaleza de los bienes embargados así lo permita, la autoridad podrá ordenar que los bienes embargados se vendan en lotes o piezas sueltas.

Art. 298. La base para la enajenación de los bienes inmuebles y negociaciones embargados, será la de avalúo pericial que se practique conforme a lo establecido en el artículo 258 de este Código.

Cuando se trate de bienes muebles, el embargado y el jefe de la oficina ejecutora, de común acuerdo, podrán señalar la base que servirá para la enajenación de los mismos. Para estos efectos, en el acta de embargo o en documento por separado, se citará al deudor para que en el plazo de seis días después de haberse practicado el embargo se presente ante el jefe de la oficina ejecutora. A falta de acuerdo dentro del plazo señalado, se deberá practicar avalúo pericial conforme a lo que establece el artículo 258 de este Código, incluso cuando el deudor no se presente ante el jefe de la oficina ejecutora; el costo del avalúo será siempre a cargo del deudor.

Los avalúos realizados en términos de este artículo deberán ser notificados personalmente al deudor, y los terceros acreedores preferentes que aparezcan en los registros públicos que correspondan.

El embargado o terceros acreedores que no estén conformes con la valuación hecha, podrán hacer valer el recurso de revocación a que se refiere la fracción II, inciso b) del artículo 206, en relación con el 213 de este Código, debiendo designar en el mismo como perito de su parte a cualquiera de los valuadores que cumplan con los requisitos señalados en este Código alguna empresa o institución dedicada a la compraventa y subasta de bienes.

Cuando el embargado o terceros acreedores no interpongan el recurso dentro del plazo establecido en el artículo 213 de este Código, o haciéndolo no designen valuador, o habiéndose nombrado perito por dichas personas, no se presente el dictamen dentro de los plazos a que se refiere el párrafo quinto de este artículo, se tendrá por aceptado el avalúo hecho por la autoridad.

Cuando del dictamen rendido por el perito del embargado o terceros acreedores resulte un valor superior a un 10 por ciento al determinado conforme al primer párrafo de este artículo, la autoridad exactora designará dentro del término de seis días, un perito tercero valuador que será cualquiera de los señalados en este Código o alguna empresa o institución dedicada a la compraventa y subasta de bienes. El avalúo que se fije será la base para la enajenación de los bienes.

En todos los casos a que se refieren los párrafos que anteceden, los peritos deberán rendir su dictamen en un plazo de cinco días si se trata de bienes muebles, diez días si son inmuebles y quince días cuando sean negociaciones, a partir de la fecha de su aceptación.

Art. 299. El remate deberá ser convocado al día siguiente de haberse efectuado la notificación del avalúo, para que tenga verificativo dentro de los veinte días siguientes. La convocatoria se hará cuando menos diez días antes del inicio del período señalado para el remate y la misma se mantendrá en los lugares o medios en que se haya fijado o dado a conocer hasta la conclusión del remate.

La convocatoria se realizará por tres días en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, y se fijará además, en los medios electrónicos correspondientes en el portal electrónico de la autoridad, y en sitio visible y abierto al público de la oficina ejecutora o en los lugares públicos que se juzgue conveniente. En la convocatoria se darán a conocer los bienes objeto del remate, el valor que servirá de base para su enajenación, así como los requisitos que deberán cumplir los postores para concurrir al mismo.

Para efectos de los párrafos anteriores, los interesados en participar en la enajenación de bienes en subasta pública a través de medios electrónicos en los términos del presente Ordenamiento deberán cumplir con lo siguiente:

I. Obtener su clave de identificación de usuario, para lo cual deberán proporcionar los datos que al efecto determinen las autoridades fiscales mediante reglas;

II. Efectuar una transferencia electrónica de fondos a través de las instituciones de crédito autorizadas para ello, cumpliendo con los requisitos que para el efecto establezcan las autoridades fiscales mediante reglas; y

III. Enviar su postura señalando la cantidad que ofrezca de contado, dentro del plazo señalado en la convocatoria de remate.

Cuando las posturas no cumplan con los requisitos a que se refiere el presente artículo y los señalados en la convocatoria, éstas no calificarán como posturas legales y no podrán participar en la subasta pública a través de medios electrónicos.

Art. 300. La autoridad ejecutora, cuando ello sea aplicable, deberá obtener un certificado de gravámenes de los últimos diez años, debiendo notificar a más tardar en la fecha de publicación de la convocatoria a remate su realización, personalmente o en los términos previstos en este Código cuando no fuere posible la notificación personal, a los acreedores del deudor que en él aparecieren, a efecto que en términos de este Código concurran a hacer valer la preferencia que les corresponda.

Cuando hubiesen concurrido en términos de este Código a hacer valer su derecho de preferencia, los acreedores a que alude el párrafo anterior podrán hacer las observaciones que estimen dentro de los tres días siguientes, pudiendo enviarlas en documento digital que contenga firma electrónica avanzada a la dirección de correo electrónico institucional que expresamente se señale en la convocatoria, debiendo señalar su dirección de correo electrónico. Dichas observaciones serán resueltas por la autoridad ejecutora en un plazo de tres días y la resolución se hará del conocimiento del acreedor.

Art. 301. Es postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor señalado como base para el remate.

En toda postura deberá ofrecerse de contado, cuando menos la parte suficiente para cubrir el interés fiscal.

Si el importe de la postura legal y las que resulten de las pujas realizadas es menor al interés fiscal, sólo se rematarán de contado los bienes embargados.

La autoridad exactora podrá enajenar a plazos los bienes embargados en los casos y condiciones que se establecen en el artículo 319 de este Código. En este supuesto, el embargado quedará liberado de la obligación de pago hasta por la cantidad en que hubieren sido enajenados los bienes correspondientes.

Si del producto del remate se obtiene una cantidad mayor al adeudo existente, el remanente aun en caso de enajenación a plazos, deberá ser entregado al deudor a partir de la fecha en que se haya realizado en los términos del artículo 319 de este Código.

Art. 302. Las posturas deberán enviarse en documento digital con firma electrónica avanzada, a la dirección de correo electrónico institucional que se señale en la convocatoria para el remate. Las autoridades fiscales mandarán el acuse de recibo electrónico con sello digital que confirme la recepción de las posturas. Las características para dichos acuses se emitirán en reglas.

Para intervenir en una subasta será necesario que el postor, a más tardar en la fecha de envío de su postura, realice una transferencia electrónica de fondos equivalente cuando menos al 10 por ciento del valor fijado a los bienes en la convocatoria. Esta transferencia deberá hacerse de conformidad con las reglas que para tal efecto expidan las autoridades fiscales, y su importe se considerará como depósito para los efectos del siguiente párrafo y de los artículos 307, 308 y 309 de este Código.

El importe de los depósitos que se constituyen de acuerdo con lo que establece el presente artículo, servirá de garantía para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan los postores por las adjudicaciones que se les hagan de los bienes rematados.

Después de fincado el remate se devolverán a los postores que no hubieren resultado adjudicados, los fondos transferidos electrónicamente, dentro de los dos días siguientes a la fecha en que se hubiera fincado el remate el importe del depósito que como garantía haya constituido.

Los fondos que correspondan al admitido, continuarán como garantía del cumplimiento de su obligación y, en su caso, como parte del precio de venta.

Las autoridades fiscales, a través de reglas, podrán establecer facilidades administrativas para que en sustitución de la firma electrónica avanzada, se empleen otros medios de identificación electrónica.

Art. 303. El documento digital en que se haga la postura, deberá contener los siguientes datos:

I. Cuando se trate de personas físicas, el nombre, la nacionalidad y el domicilio del postor y, en su caso, la clave del registro estatal o municipal de contribuyentes según corresponda; tratándose de personas morales o unidades económicas, la nacionalidad, el nombre, denominación o razón social, la fecha de constitución, la clave del registro estatal o municipal de contribuyentes según corresponda y en su caso el domicilio social;

II. La cantidad que se ofrezca;

III. El número de cuenta bancaria y nombre de la institución de crédito en la que se reintegrarán, en su caso, las cantidades que se hubieran dado en depósito;

IV. La dirección de correo electrónico y el domicilio para oír y recibir notificaciones; y

V. El monto y número de la transferencia electrónica de fondos que se haya realizado.

Si las posturas no cumplen los requisitos a que se refieren las fracciones anteriores y los que se señalen en la convocatoria, la autoridad fiscal no las calificará como posturas legales, situación que a través de los medios electrónicos se hará del conocimiento del interesado, antes de la fecha señalada para el remate.

Art. 304. En el portal electrónico de subastas de la Secretaría de Finanzas, se especificará el período correspondiente a cada remate, el registro de los postores y las posturas que se reciban, así como la fecha y hora de su recepción.

Cada subasta tendrá una duración de cinco días que empezará a partir de las 12:00 horas del primer día y concluirá a las 12:00 horas del quinto día. En dicho periodo los postores presentarán sus posturas y podrán mejorar las propuestas. Para los efectos de este párrafo se entenderá que las 12:00 horas corresponden a la zona horaria correspondiente al Estado de Zacatecas. Los postores podrán verificar en la página de Internet de la Secretaría de Finanzas las posturas que los demás postores vayan efectuando dentro del periodo señalado.

Con cada nueva postura que mejore las anteriores, la Secretaría de Finanzas enviará un mensaje que confirme al postor la recepción de ésta, en el que señalará el importe ofrecido, la fecha y hora de dicho ofrecimiento, así como el bien de que se trate y la clave de la postura.

Si dentro de los veinte minutos previos al vencimiento del plazo de remate se recibe una postura que mejore las anteriores, el remate no se cerrará conforme al término mencionado en el párrafo precedente, en este caso y a partir de las 12:00 horas del día de que se trate, se concederán plazos sucesivos de 5 minutos cada uno, hasta que la última postura no sea mejorada. Una vez transcurrido el último plazo sin que se reciba una mejor postura se tendrá por concluido el remate.

La Secretaría de Finanzas fincará el remate a favor de quien haya hecho la mejor postura. Cuando existan varios postores que hayan ofrecido una suma igual y dicha suma sea la postura más alta, se fincará el remate a favor de quien haya hecho la primera postura recibida.

Una vez fincado el remate se comunicará a través de la dirección de correo electrónico que se hubiese señalado para participar en la realización de la subasta, el resultado del mismo a los postores que hubieren participado en él, remitiendo el acta que al efecto se hubiere levantado.

Art. 305. Cuando el postor en cuyo favor se hubiera fincado un remate no cumpla con las obligaciones contraídas y las que este Código señala, perderá el importe del depósito que hubiere constituido y la autoridad ejecutora lo aplicará de inmediato en favor del Estado o municipio.

La autoridad podrá adjudicar el bien al postor que haya presentado la segunda postura de compra más alta y así sucesivamente, siempre que dicha postura sea mayor o igual al precio base de enajenación fijado. Al segundo o siguientes postores les serán aplicables los mismos plazos para el cumplimiento de las obligaciones del postor ganador.

En caso de incumplimiento de los postores, se iniciará nuevamente la almoneda en la forma y plazos que señalan los artículos respectivos.

Art. 306. Efectuado el pago total del importe ofrecido por un bien rematado, se comunicará al postor ganador, que deberá solicitar a la autoridad fiscal le indique la fecha y hora en que se realizará la entrega del bien rematado, una vez que hayan sido cumplidas las formalidades a que se refieren los artículos 307 y 308 del Código. El postor ganador podrá solicitar una nueva fecha dentro de los 30 días hábiles siguientes, de entrega en caso de que no le hubiese sido posible acudir a la que hubiere señalado la autoridad.

Art. 307. Fincado el remate de bienes muebles se aplicará el depósito del postor adjudicado. Dentro de los tres días siguientes a la fecha del remate, dicho postor deberá enterar mediante transferencia electrónica de fondos que realice conforme a lo que se establezca en reglas, el saldo de la cantidad ofrecida de contado en su postura o la que resulte de la mejora que hubiere realizado.

Tan pronto como el postor cumpla con el requisito a que se refiere el párrafo anterior, se citará al contribuyente para que, dentro de un plazo de tres días hábiles, entregue las facturas o documentación comprobatoria de la enajenación de los mismos.

A más tardar el sexto día después que el postor adjudicado hubiere realizado el pago, la autoridad deberá entregar al adquirente, conjuntamente con los documentos que acrediten su propiedad, los bienes que le hubiere adjudicado.

Una vez adjudicados los bienes al adquirente, éste deberá retirarlos en el momento en que la autoridad los ponga a su disposición, en caso de no hacerlo se causarán derechos por el almacenaje a partir del día siguiente.

Art. 308. Fincado el remate de bienes inmuebles o negociaciones se aplicará el depósito constituido por el postor adjudicado. Dentro de los diez días siguientes a la fecha del remate, el postor enterará mediante transferencia electrónica de fondos conforme a las reglas que al efecto expida la Secretaría de Finanzas, el saldo de la cantidad ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las mejoras que hubiere realizado.

Hecho el pago a que se refiere el párrafo anterior y designado en su caso el notario por el postor, se citará al ejecutado para que, dentro del plazo de diez días, otorgue y firme la escritura de venta correspondiente, apercibido que si no lo hace, la escritura se emitirá mediante la relatoría de la forma de enajenación respecto del inmueble o negociación adjudicados.

Art. 309. Cuando el remate de bienes sea cancelado o suspendido por la autoridad fiscal, dicha situación se hará del conocimiento de los postores participantes a través de su correo electrónico y el importe depositado como garantía se reintegrará dentro de los dos días siguientes a la notificación de la cancelación o suspensión.

Art. 310. Los bienes adquiridos en remate, en virtud del pago realizado por la autoridad respecto de los gravámenes existentes, o debido a la no comparecencia del deudor preferente a deducir su preferencia, pasarán a ser propiedad del adquirente.

El ejecutado, aún en el caso de rebeldía, responde por la evicción y los vicios ocultos.

Art. 311. Una vez que se hubiera otorgado y firmado la escritura en que conste la adjudicación de un inmueble, la autoridad ejecutora dispondrá que se entregue al adquirente girando las órdenes necesarias en un plazo no mayor a treinta días, si estuviere habitado por el ejecutado o por terceros que no pudieren acreditar legalmente el uso.

Art. 312. En el caso en que los bienes rematados no puedan ser entregados al postor a cuyo favor se hubiera fincado el remate en la fecha en que éste lo solicite, por existir impedimento jurídico debidamente fundado que no sea de su exclusiva responsabilidad, podrá, dentro del plazo mínimo de quince días y máximo de seis meses contado a partir de la fecha en que hubiere solicitado la entrega de los bienes, requerir a la autoridad fiscal por la cancelación de la operación realizada, y por la entrega del monto pagado por la adquisición de dichos bienes.

La autoridad entregará la cantidad depositada por el postor, actualizada en términos de lo establecido en los artículos 8º y 10 este Código desde la fecha en que se hubiere realizado el depósito de la postura o el pago definitivo, hasta la fecha en que dicha devolución se realice. Si dentro del plazo de dos meses a partir de la solicitud de devolución del depósito, cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada para efectuar la entrega de los bienes rematados, previo acuerdo con el adquirente de los mismos en que así lo acepte, se procederá a la entrega de los mismos en lugar de entregar al postor las cantidades pagadas por esos bienes.

En el caso que la autoridad fiscal entregue las cantidades pagadas por la adquisición de los bienes rematados, se dejará sin efectos el remate efectuado. Si con posterioridad a la entrega de las cantidades señaladas anteriormente cesa la causa por la cual la autoridad fiscal se vio imposibilitada jurídicamente para efectuar la entrega de los bienes rematados, ésta deberá iniciar nuevamente el procedimiento establecido en esta sección para enajenar los mismos, dentro de los quince días siguientes a aquél en que haya cesado el impedimento o se cuente con resolución firme que permita hacerlo.

Art. 313. Queda estrictamente prohibido adquirir los bienes objeto de un remate, por sí o por medio de interpósita persona, a los jefes y demás personas de las oficinas ejecutoras, así como a todos aquéllos que hubieren intervenido por parte de las autoridades fiscales en el procedimiento administrativo de ejecución. El remate efectuado con infracción a este precepto será nulo y los infractores serán sancionados conforme a este Código y a la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Art. 314. El Estado o municipio, tendrá preferencia para adjudicarse los bienes ofrecidos en remate, en los siguientes casos:

I. A falta de postores; y

II. A falta de pujas, o en caso de posturas o pujas iguales, cuando la cantidad ofrecida no sea mayor a la base fijada para el remate, y ésta no sea mayor al crédito fiscal.

Art. 315. Cuando no hubiera postores o no se hubieran presentado posturas legales, la autoridad se adjudicará el bien. En este caso el valor de la adjudicación será el 60 por ciento del valor de avalúo.

Los bienes que se adjudiquen a favor Estado o municipio, según corresponda, podrán ser donados para obras o servicios públicos, o a instituciones asistenciales o de beneficencia.

La adjudicación se tendrá por formalizada una vez que la autoridad ejecutora firme el acta de adjudicación correspondiente.

Los bienes adjudicados por las autoridades fiscales de conformidad con lo dispuesto en este artículo, serán considerados, para todos los efectos legales, como bienes no sujetos al régimen del dominio público, hasta en tanto sean destinados o donados para obras o servicios públicos.

Art. 316. Cuando la traslación de bienes se deba inscribir en el registro público de la propiedad y del comercio, excepto de aquéllos que la ley señale de protocolización necesaria, el acta de adjudicación debidamente firmada por la autoridad ejecutora tendrá el carácter de escritura pública y será el documento público que se considerará como testimonio de escritura para los efectos de inscripción en dicho registro. Cuando los bienes trasmitidos fueren muebles, el acta de adjudicación tendrá el carácter de título de propiedad, y en caso de ser varios muebles, la autoridad a petición del adjudicado, expedirá sin costo para el adquirente de los bienes, copias certificadas por cada uno de dichos bienes.

Una vez aplicado el producto obtenido por la adjudicación, en los términos del artículo 319 de este Código, el saldo que, en su caso quede pendiente a cargo del contribuyente, en caso que no existan otros bienes sobre los que pueda trabarse embargo, se registrará en una subcuenta especial de créditos incobrables.

Art. 317. Los bienes embargados podrán enajenarse fuera de remate, cuando:

I. Se adjudiquen los bienes a favor del Estado o municipio, en términos del artículo 315 de este Código; y

II. Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, o de materiales inflamables, siempre que en la localidad no se pueden guardar o depositar en lugares apropiados para su conservación.

Art. 318. Para los efectos del artículo 319 de este Código, la autoridad fiscal podrá enajenar a plazos los bienes embargados cuando no haya postura para adquirirse de contado y siempre que el comprador garantice el saldo del adeudo más los intereses que correspondan en alguna de las formas señaladas en el artículo 190 de este Código. En este caso, los intereses serán iguales a los recargos exigibles tratándose del pago a plazo de los créditos fiscales.

Para efectos de lo que dispone el artículo 319 de este Código, si del producto del remate se obtiene una cantidad mayor al adeudo existente, el remanente aun en caso de enajenación a plazos, será entregado al deudor a partir de la fecha en que se haya realizado en los términos del presente Código.

Art. 319. El producto obtenido del remate, enajenación o adjudicación de los bienes al Estado o municipio, se aplicará a cubrir el crédito fiscal en el orden que establece el artículo 33 de este Código.

Art. 320. En tanto no se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes, el embargado podrá pagar el crédito total o parcialmente. En todos los casos en que el deudor realice pago parcial o total de los créditos fiscales adeudados, la autoridad deberá poner los bienes a disposición del embargado, a más tardar el día siguiente al en que se realice el entero del crédito y sus accesorios.

Una vez realizado el pago por el embargado o cuando obtenga resolución o sentencia favorable derivada de la interposición de algún medio de defensa antes de que se hubieran rematado, enajenado o adjudicado los bienes que obliguen a las autoridades a entregar los mismos, éste deberá retirar los bienes motivo del embargo en el momento en que la autoridad los ponga a su disposición y en caso de no hacerlo se causarán derechos por el almacenaje a partir del día siguiente.

Art. 321. Cuando después de haberse cubierto el crédito fiscal adeudado, o después de su adjudicación a favor del Estado o municipio, según corresponda, y los respectivos accesorios por gastos de ejecución ordinarios y extraordinarios, existan excedentes del producto obtenido del remate o sobre el valor de adjudicación, éstos se entregarán al deudor conforme al presente Código, salvo que medie orden de autoridad competente.

Art. 322. Causarán abandono en favor de la Hacienda Pública, los vehículos que se encuentren en los corralones del Estado o municipio o en los lugares autorizados por éstos, así como las mercancías que obran en los almacenes depósitos, bodegas o recintos, que sean utilizados para resguardo y custodia de bienes como consecuencia de, decomiso, aseguramiento, embargos, procedimientos de remate y de adjudicación o retiro de mercancías de la vía pública, en los siguientes casos:

I. Expresamente, cuando los interesados así lo manifiesten por escrito;

II. Tácitamente, cuando no sean retiradas dentro de los plazos que a continuación se indican:

a) Cuando habiéndose sido enajenados o adjudicados los bienes al adquirente por remate dentro del procedimiento administrativo de ejecución y obtienen la autorización de la autoridad fiscal para su retiro del lugar en que se encuentren, sin que el mismo los retire dentro de los quince días contados a partir de la fecha en que se pongan a su disposición;

b) Cuando el embargado efectúe el pago del crédito fiscal u obtenga resolución o sentencia favorable derivada de la interposición de algún medio de defensa, que ordene su devolución, y no lo retire del lugar en que se encuentre dentro de los quince días contados a partir de la fecha en que se pongan a su disposición;

c) Se trate de bienes muebles que no hubieren sido rematados después de transcurridos 18 meses practicado el embargo y no se haya interpuesto ningún medio de defensa;

d) Tratándose de vehículos infraccionados por la autoridad que corresponda, que se encuentren en los corralones del Estado o del municipio o en los lugares autorizados por éstos, a partir del momento en que ingresan el interesado se encuentra obligado a cubrir los conceptos de ingreso a su cargo, salvo que su retiro no sea posible por existir mandamiento de autoridad  competente.

En el caso referido en el párrafo anterior, el plazo para actualizar la figura jurídica de abandono será de treinta días, el que se contará a partir del momento en que la autoridad competente determine que el vehículo se encuentra a disposición de su propietario o de quien tenga derecho a poseerlo.

Si la orden de la autoridad competente es a favor de un depositario, no procederá el abandono, pero quien retire el vehículo pagará los conceptos de ingreso al mismo que prevea la Ley de Ingresos y la Ley de Hacienda que corresponda;

e) Dos meses, en los demás casos en los que no exista impedimento legal para el retiro del vehículo, salvo el pago de las infracciones y los derechos por maniobras, arrastre y guarda del mismo;

f) Dos meses, respecto de vehículos que se encuentren a disposición de otras autoridades no fiscales ni de tránsito o vialidad, contados a partir del momento en que puedan ser retirados por sus propietarios o bien quien tenga derechos para poseerlos, previa autorización de autoridad competente;

g) Se trate de bienes que por cualquier circunstancia se encuentren en el depósito o en poder de la autoridad y los propietarios de los mismos no lo retiren  dentro de los quince días contados a partir de la fecha en que se pongan a su disposición;

h) Cinco días, tratándose de mercancías que se encuentran en los almacenes, depósitos, bodegas o recintos, que sean utilizados para resguardo y custodia de bienes, como consecuencia de su retiro de la vía pública salvo que se trate de perecederos o de fácil descomposición, de animales vivos, de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes o corrosivas en cuyo caso el plazo es de 24 horas contadas a partir de su retiro.

Se entenderá que los bienes se encuentran a disposición del interesado, a partir del día siguiente a aquel en que se le notifique formalmente la resolución correspondiente.

Los bienes que pasen a propiedad Estado o municipio, según corresponda conforme a este artículo, podrán ser enajenados, destruidos o donados para obras o servicios públicos, o instituciones asistenciales o de beneficencia social debidamente reconocidas.

Cuando los bienes a que se refiere el artículo hubieren sido enajenados el producto de la venta se destinará a pagar los cargos originados por el manejo, almacenaje, custodia y gastos de venta de los citados bienes.

Tratándose de los vehículos, en el caso de que el afectado, por resolución judicial tenga derecho a la devolución del bien, pero éste ya haya sido enajenado a través del procedimiento de remate que regula este Código, el reclamante sólo podrá obtener el reembolso del valor que obtuvo el Estado o el municipio por tal acto. En los demás casos las autoridades fiscales retribuirán el valor de mercado de los bienes en el estado en que se encontraban u otros de similares características.

No procederá el abandono respecto de bienes o mercancías que conforme a los ordenamientos aplicables deban ser puestas a disposición de autoridades diversas de las fiscales.

Art. 322 bis. Cuando los bienes hubieren causado abandono y hubieran transcurrido los plazos a que se refiere el artículo 322 de esta Código, la autoridad fiscal competente notificará personalmente o por correo certificado si conoce el domicilio del particular o, en caso contrario, por estrados en los términos del artículo 232 de este Código, para que previa la comprobación del cumplimiento del pago de las contribuciones productos o aprovechamientos que adeuden, se le haga del conocimiento que los bienes o mercancías han pasado a ser propiedad de la Hacienda Pública del Estado o del municipio según corresponda.

Una vez que los bienes pasen a propiedad de la Hacienda Pública las autoridades fiscales, o el órgano competente determinará la disposición o el destino de los bienes.

Art. 323. Los plazos de abandono a que se refiere el artículo 322 de este Código, se interrumpirán:

I. Por la interposición del recurso administrativo que prevé el presente Código o la presentación de la demanda en el juicio que proceda y obtenga la suspensión respectiva; y

II. Por consulta entre autoridades, si de dicha consulta depende la entrega de los bienes a los interesados.

Artículos transitorios

Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor el 1º de enero de 2017, previa publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

Art. 2º Se abroga el Código Fiscal del Estado de Zacatecas, contenido en el Decreto número 154, publicado en el Tomo XCIV del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, del sábado 29 de diciembre de 1984.

Art. 3º Se abroga el Código Fiscal Municipal del Estado de Zacatecas, contenido en el Decreto número 155, publicado en el Tomo XCIV del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, del sábado 29 de diciembre de 1984.

Art. 4º Los procedimientos de determinación, liquidación y apremio ya iniciados continuarán ventilándose conforme a las disposiciones vigentes en su tiempo; los recursos administrativos que antes de entrar en vigor el presente Ordenamiento, se hubieren interpuesto contra el procedimiento o las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales, se tramitarán y resolverán conforme a las leyes fiscales vigentes al iniciarse el recurso.

Art. 5º Las infracciones y delitos cometidos durante la vigencia del Código que se abroga, se sancionarán en los términos establecidos por el mismo, a menos que el interesado manifieste su voluntad de acogerse al presente Código por estimarlo más favorable.

Art. 6º Las disposiciones relativas a buzón tributario, medios electrónicos, notificaciones electrónicas y la firma electrónica, así como la establecida en el segundo párrafo del artículo 67 de este Código, entrarán en vigor a partir del 1º de enero de 2018.

Lo anterior no será aplicable a los contribuyentes que tengan la obligación de presentar declaraciones cuando no exista cantidad a pagar.

Art. 7º La obligación establecida en el artículo 44 de este Código, con relación al pago de impuestos por medio o a través de transferencia electrónica de fondos, los contribuyentes podrán optar realizarlo durante el ejercicio 2017.

Art. 8º La formulación de requerimientos a que se refiere el último párrafo del artículo 81 del presente Código, entrará en vigor a partir del 1º de enero de 2018.

Art. 9º Para efectos del Título Quinto, capítulo IV, sección quinta, del presente Código, los municipios que realicen el embargo de bienes muebles o inmuebles, para efectuar el remate de los mismos, lo podrán hacer a través del portal de Internet de la Secretaría de Finanzas.

Art. 10. La Secretaría de Finanzas está obligada a emitir las reglas de carácter general que se establecen en diversos artículos de este Código, dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de este Ordenamiento Jurídico.

Comuníquese al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación.

Dado en la sala de sesiones de la Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Zacatecas, a los 15 días del mes de diciembre del año 2016. Diputada Presidenta. Dip. Norma Angélica Castorena Berrelleza. Diputadas Secretarias. Dip. Ma. Guadalupe González Martínez y Dip. María Elena Ortega Cortés. Rúbricas.

Y para que llegue al conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, mando se imprima, publique y circule.

Dado en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los 29 días del mes de diciembre del año 2016.

Atentamente,
«Sufragio Efectivo. No Reelección»

El Gobernador del Estado de Zacatecas
Alejandro Tello Cristerna

La Secretaria General de Gobierno
Fabiola Gilda Torres Rodríguez

El Secretario de Finanzas
Jorge Miranda Castro

FICHA TÉCNICA

GENERAL

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
108 105 31-diciembre-2016 01-enero-2017 LXII

REFORMAS

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
273 101 20-diciembre-2017 01-enero-2018 LXII

Se adiciona un último párrafo al artículo 3°; se reforma la fracción VI y se adiciona la fracción XIII, recorriéndose la siguiente en su orden al artículo 4°; se reforma el proemio del artículo 5°; se adiciona un párrafo cuarto al artículo 10, se adiciona un párrafo octavo al artículo 27; se reforma el párrafo cuarto del artículo 28; se reforma el párrafo segundo del artículo 42; se reforma el proemio del artículo 49; y se adiciona un tercer párrafo al artículo 55; se reforma el párrafo segundo del artículo 62; y se reforma el artículo 63; se adiciona un párrafo cuarto, recorriéndose las siguientes en su orden del artículo 65; se reforma el párrafo primero del artículo 67; se reforma el párrafo primero del artículo 111; se reforma el artículo 113; y se reforma la fracción VII y se adicionan las fracciones VIII, IX, X, XI y XII al artículo 120; se adicionan los párrafos segundo y tercero a la fracción I y se reforman las fracciones II y III y se deroga la fracción IV del artículo 125 y se reforman el primero y segundo párrafo de la fracción II del artículo 138; se adicionan los artículos 146 bis, 158 bis, 158 ter, 158 quater, 158 quinquies, 158 sexies, 158 septies y 158 octies; se reforman las fracciones I, II y V del artículo 168; se reforma la fracción I del artículo 189; se deroga el articulo 204 y se reforma la fracción III del artículo 211; se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 227; se reforma el tercer párrafo del artículo 248; se reforma el primer párrafo de la fracción V del artículo 258; se reforma el párrafo tercero del artículo 259; se reforman los párrafos segundo y tercero y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 278; se adiciona la fracción XI al artículo 279; se reforma el párrafo segundo del artículo 297; se reforma y se adiciona el artículo 322; se adiciona el artículo 322 bis; se reforma el proemio y la fracción I del artículo 323.

Último cotejo de vigencia: mayo de 2018.