LEY DE OBLIGACIONES, EMPRÉSTITOS Y DEUDA PÚBLICA
DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS

Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas, a sus habitantes hago saber:

Que los Diputados Secretarios de la Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, se han servido dirigirme el siguiente:

Decreto n° 122

La Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en nombre del pueblo, decreta

Resultando primero. En sesión ordinaria del Pleno del 6 de diciembre de 2016, el Licenciado en Contabilidad, Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 60 fracción II y 72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 46 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 95 fracción II, 96 y 98 de su Reglamento General, sometió a la consideración de esta Asamblea Legislativa para su análisis y, en su caso, aprobación, la Iniciativa con proyecto de decreto para expedir la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

Resultando segundo. Por acuerdo de la presidencia de la Mesa Directiva, mediante memorándum número 0240, de la misma fecha, la Iniciativa fue turnada a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia, para su análisis y la emisión del dictamen correspondiente.

Resultando tercero. El proponente justificó su Iniciativa, bajo la siguiente:

Exposición de motivos

El 27 de abril del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación la «Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios», con el objetivo de procurar que las entidades federativas y los municipios mantengan finanzas públicas sostenibles, a través de reglas encaminadas a la responsabilidad hacendaria, para un manejo adecuado del gasto y el uso de la deuda pública.

La citada Ley proviene de las reformas realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas el 26 de mayo de 2015, en la que se establece la necesidad de regular la gestión de la hacienda pública de las entidades federativas y de los municipios.

En este contexto, lo sustantivo de la reforma constitucional quedó establecida en el artículo 117 segundo párrafo de la fracción VIII y se adicionaron un tercero y cuarto párrafos como se indica enseguida:

«Art. 117. …

I. …

[…]

VII. …

Los Estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las Legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Los Ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

Las Legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el H. Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses…»

Asimismo, estableció la reforma constitucional en el numeral tercero de la fracción VIII del artículo 73, la facultad al H. Congreso de la Unión para establecer, en las leyes, las bases generales para que las entidades federativas y los municipios puedan incurrir en endeudamiento, así como lo dispuesto en la fracción XXIX-W de dicho precepto, que confiere facultades a dicho órgano legislativo «para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas en la Federación, los Estados, municipios y el Distrito Federal, con base en el principio establecido en el párrafo segundo del artículo 25».

Lo anterior dio nacimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.

Como se observa, el cumplimiento a la ley de referencia es lo que en el presente asunto de Iniciativa es lo que nos incumbe, de lo cual podemos deducir cinco objetivos importantes que pretende la ley, siendo los siguientes:

a) Reglas de disciplina hacendaria y financiera: estas reglas incentivan finanzas públicas sanas en gobiernos mediante principios de responsabilidad hacendaria;

b) Sistema de alertas: este sistema alerta cualquier riesgo ante los endeudamientos de las entidades federativas y los municipios y obliga a cumplir con convenios de responsabilidad hacendaria;

c) Contratación de deuda y obligaciones: se garantiza que se contrate deuda al menor costo financiero y de manera transparente con fines que tengan beneficios;

d) Deuda estatal garantizada: el Gobierno de la República dará su aval crediticio con el propósito de que los Estados y municipios accedan a un financiamiento más barato;

e) Registro público único: el registro sirve para inscribir y transparentar los financiamientos y obligaciones.

Bajo este contexto, la referida Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en el artículo transitorio 3º del Decreto que la crea establece que: «Las entidades federativas y, en su caso, los municipios realizarán las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo».

En este sentido, es del conocimiento de esta H. Soberanía que el Estado de Zacatecas ha presentado adversidades financieras, en parte por la contratación de la deuda pública bajo condiciones que han significado una carga financiera por encima del promedio nacional.

Por todo lo anterior se propone una nueva ley en la cual se observen, tanto los requisitos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como los de la ley reglamentaria en esta materia, pues la disciplina financiera adquiere gran relevancia en el campo de la contratación de obligaciones, empréstitos y deuda pública, al constituirse como un principio fundamental.

Es objeto de esta nueva Ley, el establecimiento de las bases y requisitos para la programación, autorización, contratación, registro, vigilancia y control de las obligaciones, empréstitos y deuda pública a cargo de los entes públicos sujetos de la misma, así como el generar los requisitos para la afectación, como fuente o garantía de las obligaciones a cargo de los entes públicos, de los bienes, derechos e ingresos que integran su hacienda pública o su patrimonio.

La Ley que aquí se propone consta de seis Títulos que regulan, principalmente, las facultades y obligaciones de las autoridades en materia de deuda pública; la programación y contratación de obligaciones y deuda pública; los mecanismos de pago o garantía de las obligaciones; el control y registro de la deuda pública; de la transparencia; y de las responsabilidades y sanciones.

A mayor ilustración y con el objeto de que esta H. Legislatura cuente con mayores elementos para proveer, a continuación se destacan varios aspectos relevantes del contenido de la Ley que se propone:

-Principios que rigen la administración de recursos públicos.

Además de la responsabilidad y de la disciplina financiera en la administración de los recursos públicos del Estado y de los municipios, cabe destacar que los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas son ejes fundamentales en el actuar de los entes públicos estatales y municipales.

-Aspectos conceptuales.

Se introducen en esta nueva Ley conceptos orientadores para la comprensión de la Ley que se propone, armonizados a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y directamente relacionados con los conceptos fundamentales establecidos por la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, tal es el caso de lo que se entiende por disciplina financiera, obligaciones, empréstito y deuda pública o inversión pública productiva.

-De la autorización para la contratación de obligaciones, empréstitos y deuda pública.

Se considera un capítulo de programación de la deuda como un conjunto de formalidades que se deben cumplir previo al acto formal de permisión por parte de la Legislatura del Estado como la responsable de autorizar los montos máximos por los que los entes públicos estatales y municipales podrán contratar obligaciones, empréstitos y deuda pública, montos que quedarán definidos en las correspondientes leyes de ingresos estatal y municipales o a través de decretos específicos; para lo cual, además, se establece una fórmula de votación para la toma de decisiones y los criterios que deberán tener en consideración para definir el monto máximo de endeudamiento de los entes públicos.

La autorización que otorgue la Legislatura del Estado para la contratación de obligaciones, financiamientos y deuda pública deberá prescribir los montos autorizados que se contraerá; el plazo máximo autorizado para el pago; el destino de los recursos del financiamiento u obligación.

Para el caso en que resulte aplicable, deberá también señalarse la fuente de pago o la contratación de una garantía de pago de la deuda pública u obligación. Los mismos requisitos deberán cumplirse, en lo conducente, para la autorización de la Legislatura del Estado en el otorgamiento de avales o garantías que pretendan otorgar al Estado o sus municipios.

-Confirmación de mejores condiciones de mercado.

Asimismo, se propone en el numeral 15 que el Secretario de Finanzas, tesorero municipal o su equivalente, según corresponda a su ámbito de competencia, sea el responsable de confirmar que el financiamiento fue celebrado con mejores condiciones del mercado, a fin de dotar de certeza jurídica respecto a que se encuentran apegadas a la normatividad de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria, y se permite garantizar que las finanzas públicas tengan afectaciones mínimas.

-Programas financieros estatal y municipales.

A través de esta Ley se obliga al Estado y a los municipios a elaborar su respectivo programa financiero que deberán estar divididos por dos apartados, los cuales sientan las disposiciones mínimas que deberá contener el programa financiero respecto a la deuda pública del Estado y respecto a la deuda pública de las entidades paraestatales o paramunicipales, según se trate de la territorialidad en la aplicación del programa financiero.

-Requisitos para la solicitud de financiamientos de monto superiores a los 40 ó 10 millones de UDI’s

Se propone que sea el artículo 31 el que regule esta situación, exigiendo que se implemente un proceso competitivo con, por lo menos, cinco diferentes instituciones financieras, de las cuales se seleccionarán dos ofertas irrevocables de financiamiento, quienes deberán precisar todos los términos y condiciones financieras aplicables al financiamiento, así como fuente o garantía de pago que se solicite. De entre estas propuestas se elegirá la que represente mejores condiciones del mercado para el ente público.

-Licitación pública.

La regla para la licitación pública de financiamiento se propone sean contempladas dentro del artículo 32, para lo que, en tal caso, con excepción de los financiamientos que se contraten mediante el mercado bursátil, cuando la autorización del financiamiento exceda de cien millones de unidades de inversión, el proceso de contratación se realizará mediante licitación pública, en los términos siguientes:

I. El proceso competitivo descrito en el artículo 31 de esta Ley deberá realizarse públicamente y de manera simultánea. Para ello, las propuestas presentadas deberán entregarse en una fecha, hora y lugar previamente especificados y serán dadas a conocer en el momento en que se presenten, pudiendo emplear mecanismo electrónicos que aseguren el cumplimiento de lo anterior; y

II. La institución financiera participante que resulte ganadora del proceso competitivo se dará a conocer en un plazo no mayor a 2 días hábiles posteriores al tiempo establecido de conformidad con la fracción anterior, a través de medios públicos, incluyendo la página oficial de Internet del Estado, publicando el documento en que conste la comparación de las propuestas presentadas.

-Destino de los recursos derivados de las obligaciones, empréstitos y deuda pública a corto plazo.

Se determina la obligatoriedad de que los recursos obtenidos por la contratación de obligaciones, empréstitos y deuda pública a corto plazo sean aplicados, exclusivamente, para cubrir necesidades relacionadas con la insuficiencia de liquidez de carácter temporal, lo que además el Estado y los municipios tendrán la obligación de informar detalladamente de forma periódica.

-De los mecanismos de garantía

El Estado y los municipios, para poder acceder a la garantía del Gobierno Federal a la obligación o empréstito que constituyan deuda pública, deberán adherirse al mecanismo de contratación de deuda estatal garantizada, de tal forma que deberán celebrar un convenio en la materia con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; afectar participaciones federales que les corresponda y obtener la autorización de la Legislatura del Estado para celebrar el convenio mencionado.

-Nivel elevado de endeudamiento.

En el artículo 49 se propone que cuando el Estado se ubique en un nivel de endeudamiento elevado, según el sistema de alertas previsto en el Título Segundo capítulo V, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los Municipios, se esté a lo que disponga dicho cuerpo normativo.

-Evaluación de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria.

Se propone que sea el artículo 52 el que regule la evaluación del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria y que establezca lo siguiente: El Estado estará sujeto a la evaluación del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria que efectúe periódicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; a su vez, el Estado realizarán dicha evaluación de las obligaciones a cargo de los municipios, en términos de lo establecido en los propios convenios. Para ello, el Estado y municipios enviarán trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Estado, respectivamente, la información que se especifique en el convenio correspondiente para efectos de la evaluación periódica de cumplimiento. En todo caso, el Estado de Zacatecas, a través de la Secretaría de Finanzas, deberá remitir la evaluación correspondiente de cada municipio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tanto el Estado como sus municipios serán plenamente responsables de la validez y exactitud de la documentación e información que respectivamente entreguen para realizar la evaluación del cumplimiento, referida en el párrafo anterior.

El Estado deberá publicar, a través de su página de Internet, el resultado de las evaluaciones que realicen en términos de este artículo. Adicionalmente, deberá incluir en un apartado de su respectiva cuenta pública y en los informes que periódicamente entregue a la Legislatura del Estado, la información relativa al cumplimiento de los convenios.

A su vez se propone en el artículo 53 que en el caso de que el Estado o sus municipios incumplan el convenio respectivo o se dé por terminado el mismo se estará a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

-Obligación de inscribir las operaciones de deuda pública.

Se propone que en la fracción II del artículo 54 se prevea la obligación de los entes públicos de solicitar la inscripción de sus operaciones de deuda pública en el registro de obligaciones, empréstitos y deuda pública, así como de los mecanismos de pago y garantía. En el párrafo segundo de esta fracción se propone que la Secretaría de Finanzas abra una sección especial en el registro en la cual inscribirá los mecanismos de pago y garantía relacionados a operaciones de deuda pública que, en su caso, celebren los entes públicos y a los cuales se afecten cualesquiera ingresos de dichos entes públicos o participaciones o aportaciones federales. Las inscripciones a que se refiere este párrafo serán sin perjuicio de las menciones que sobre dichos mecanismos deban inscribirse en el registro de las operaciones. La inscripción en el registro tendrá efectos declarativos.

En la fracción III de este precepto se propone la obligación de los entes públicos de comunicar trimestralmente a la unidad administrativa de la multicitada Secretaría encargada de llevar el registro de los datos de todas las obligaciones, empréstitos y deuda pública contratada, así como de los movimientos realizados respecto de la misma.

-Inscripción en el registro público único.

La obligación de inscripción de la totalidad de los financiamientos y obligaciones a cargo de los entes públicos en el citado registro se propone que se prevea en el artículo 55, para armonizar esta legislación a las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Considerandos

Primero: Competencia. De conformidad con los artículos 124 fracciones III y VI, 125, 130 y 132 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia, como dictaminadoras, acreditaron competencia para conocer, analizar, discutir y aprobar el dictamen respecto de la Iniciativa de Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado y Municipios, presentada ante esta Soberanía Popular por el titular del Ejecutivo del Estado.

Abundando a lo anterior, en fecha 26 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios.

En el texto constitucional se plasmaron dos preceptos en los cuales se les otorgan facultades al Honorable Congreso de la Unión y a las Legislaturas locales para legislar en la materia que nos ocupa, tal como se demuestra a continuación:

Art. 73. ...

VIII. ...

3. Establecer en las leyes las bases generales, para que los Estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan sus disposiciones. Dichas leyes deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por la fracción H del artículo 72 de esta Constitución.

Art. 117. ...

VIII. ...

Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con Gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Los Estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las Legislaturas en la ley correspondiente, en el marco de lo previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. Los Ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente.

Las Legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses.

Queda de manifiesto que con la inclusión de los referidos preceptos, corresponderá al Congreso de la Unión y a las Legislaturas locales, en el ámbito de sus respectivas potestades, emitir las leyes y establecer las bases generales para que los Estados y municipios puedan incurrir en endeudamiento.

Cabe resaltar que el artículo 2º transitorio del Decreto en comento establece que «La Ley reglamentaria en materia de responsabilidad hacendaria aplicable a las entidades federativas y los municipios que deberá expedirse en términos de la fracción XXIX-W del artículo 73 del presente Decreto, así como las reformas que sean necesarias para cumplir lo previsto en este Decreto, deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto».

Igualmente es importante considerar lo dispuesto en el artículo 3º transitorio del Decreto de referencia, el cual mandata que: «Dentro del plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la ley reglamentaria a que se refiere el artículo anterior, las Legislaturas de las entidades federativas realizaran las reformas necesarias para armonizar su legislación con este Decreto y la ley citada».

Derivado de lo anterior, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del día 27 de abril de 2016, se publicó el «Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental».

El artículo transitorio 3º del Decreto señalado anteriormente establece que:

«Las entidades federativas y, en su caso, los municipios realizarán las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas que sean necesarias para dar cumplimiento a este Decreto, a más tardar a los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del mismo».

Por consiguiente, se hace necesaria la armonización del marco jurídico local en materia de deuda con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la Ley antes señalada.

En consecuencia, las entidades federativas, entre ellas el Estado de Zacatecas, deben ajustarse a las nuevas reglas jurídicas para la autorización, contratación, registro y fiscalización de la deuda pública con la finalidad de lograr finanzas públicas sanas.

También cabe destacar que en el Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios se contienen reglas relacionadas a la deuda pública y las obligaciones; en particular, en su capítulo I denominado «De la contratación de deuda pública y obligaciones» y en su capítulo II denominado «De la contratación de obligaciones a corto plazo», se señalan regulaciones específicas tratándose de obligaciones, financiamientos y deuda pública, mismas que deberán ser consideradas en la legislación del Estado de Zacatecas en los términos que en la Ley en mención se preceptúan.

Por todo lo anterior, se considera que la nueva Ley que propone el titular del Ejecutivo del Estado, se observen tanto los requisitos establecidos en la Constitución General como los de la ley reglamentaria en esta materia, pues la disciplina financiera adquiere gran relevancia en el campo de la contratación de obligaciones, financiamientos y deuda pública, al constituirse como un principio fundamental.

En este contexto, es objeto de esta nueva Ley el establecimiento de las bases y requisitos para la programación, autorización, contratación, registro, vigilancia y control de las obligaciones, financiamientos y deuda pública a cargo de los entes públicos sujetos de la misma, así como el generar los requisitos para la afectación, como fuente o garantía de las obligaciones a cargo de los entes públicos, de los bienes, derechos o ingresos que integran su hacienda pública o su patrimonio.

Segundo: Antecedentes sobre la deuda pública. Las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Vigilancia, como dictaminadoras, dimensionan la importancia y responsabilidad jurídica y legislativa que implica dictaminar la Iniciativa de Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Lo anterior en virtud de que la normatividad tiene un objeto jurídico-económico que impacta los mecanismos de financiamiento de los órdenes de Gobierno Estatal y municipal.

Pues bien, desde hace varias décadas se abrió un debate institucional sobre la transformación del Estado, sus instituciones, su democracia, su legislación, sus finanzas públicas, la fiscalización, la rendición de cuentas, la transparencia y la deuda pública.

La crisis internacional de Estado en los años setenta marcó la necesaria reflexión del binomio Estado-Hacienda en las sociedades capitalistas. Lo anterior por la falta de capacidad del Estado para atender las necesidades de la sociedad y por la falta de control de su hacienda pública en sus variables recaudación, programación y gasto.

Durante el periodo que comprende 2010-2015, el saldo total de la deuda bruta del sector público federal pasó de 4 billones 445 mil 455 millones de pesos a 8 billones 430 mil 562 millones de pesos, en términos del PIB la deuda del sector público federal registró un crecimiento del 44.6% del PIB.

Esto contrasta con los ingresos del sector público que solo llegaron al 23.5% del PIB, esto significa que la deuda del sector público pasó a representar el 150% de los ingresos públicos en 2010[1]. Esta tendencia demostró la política de privilegiar el endeudamiento de largo plazo.

Desde el año 2006, las entidades federativas y los municipios presentaron un crecimiento significativo en su deuda.

Entre el 2006 y el primer trimestre de 2015, la deuda de los Estados y municipios pasó de 194.4 a 438.7 miles de millones de pesos con un crecimiento real del 123%.

Las razones fueron:

Nuevas responsabilidades de las entidades federativas, derivadas de una descentralización en la provisión de los recursos públicos y una creciente demanda de infraestructura en las ciudades; disponibilidad de nuevos instrumentos financieros, producto del desarrollo de los mercados financieros y la descentralización de recursos fiscales; el recorte en los recursos transferidos por la Federación a los Estados en el 2009, los cuales fueron compensados [en algunos casos sobre compensados] con los recursos del fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas [FEIEF] y la contratación de la deuda.[2]

La naturaleza de la deuda en las entidades federativas, provoca una dinámica que puede generar los problemas siguientes:

1. Conflictos entre el Gobierno Estatal y la Federación, a raíz de que el segundo se vea presionado a responder por las obligaciones adquiridas.

2. Existe riesgo moral que tanto acreedores como deudores acuerden un monto de deuda más alto al esperar que el Gobierno Federal se responsabilizará en caso de impago.

3. La deuda no se traduce en un aumento en los ingresos propios debido a la baja recaudación impositiva de los Estados.

4. Si la deuda de una entidad es insostenible sería necesario reestructurarla con costos para los acreedores y ciudadanos.

5. Si la insostenibilidad de la deuda se da en la mayoría de las entidades, puede representar un riesgo sistemático que impacte en el desempeño del sistema financiero en su conjunto.

6. Podrían darse problemas de transparencia en el marco regulatorio, la rendición de cuentas y capacidades administrativas.[3]

La deuda pública [toda obligación financiera] de las entidades federativas y los municipios, proyectó la falta de control jurídico sobre el tema de las finanzas y deuda pública del sector.

Para dimensionar, en 2015, el costo financiero de la deuda representó el 64% del total de las participaciones federales de los Estados que ascendieron en este año a 629.130 mil millones de pesos.

Con esas cifras se proyecta un aumento permanente de la deuda en todas sus vertientes y en sus diferentes niveles de gobierno.

En este contexto, era impostergable una respuesta institucional que diera conducción, organización y control de la hacienda y deuda pública en el País.

Para finales de 2012, y hasta febrero de 2013, fueron presentadas en el Senado de la República y la denominada Cámara Baja, diversas Iniciativas con proyecto de Decreto por las que se proponían reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta materia.

Estas propuestas fueron unificadas para dar forma a una sola iniciativa en materia de deuda pública y disciplina financiera que propone lo siguiente:

1. Establecer una política prudencial para evitar riesgos sistémicos: asumir como una responsabilidad del Estado Mexicano garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y velar por la estabilidad del sistema financiero, para lo cual se dota de facultades al Congreso para expedir leyes que doten de facultades a las autoridades financieras con el objeto de evitar interrupciones sustanciales o alteraciones sistémicas que pongan en riesgo su correcto funcionamiento y, en su caso, intervenir y minimizar el impacto económico cuando éstas tengan lugar.

2. Crear el sistema nacional de deuda: de manera paralela al fortalecimiento del sistema nacional de fiscalización, se debe facultar al Congreso de la Unión para reglamentar un registro de toda la información relativa a la contratación y sostenibilidad de la deuda pública en los tres niveles de gobierno, como son las definiciones, normas, límites globales, regulación prudencial y mecanismos de corrección de la deuda pública, bajo los principios rectores de responsabilidad fiscal, equilibrio y sostenibilidad de las finanzas públicas.

3. Equilibrar las finanzas públicas: el Presupuesto de Egresos de la Federación deberá estar consecuentemente equilibrado y contar con una partida diferenciada para identificar los recursos destinados al servicio de la deuda pública.

4. Control legislativo: el Senado de la República deberá autorizar y supervisar el comportamiento de la deuda pública del Gobierno Federal, Estados, municipios, empresas y fideicomisos con participación pública, incluyendo los organismos autónomos, en función de su capacidad de pago.

5. Sistema nacional de fiscalización: se faculta a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar la deuda pública en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización.

6. Reglas fiscales: la reforma constitucional sienta las bases para implementar una regla fiscal.

Estos temas dieron origen al dictamen de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como las reformas a la Ley Federal de Deuda Pública, y establecieron las bases para una de las reformas más importantes de los últimos años, el Sistema Nacional Anticorrupción y su subsistema de fiscalización.

El dictamen emitido por las Comisiones en el Senado planteó las siguientes consideraciones:

Reconociendo la posibilidad de que los Gobiernos municipales o los de las entidades federativas puedan negociar mejores condiciones para el pago de sus obligaciones derivadas de la deuda pública con sus acreedores, a través de la reestructuración o refinanciamiento, y toda vez que dichas condiciones generan un beneficio para la sociedad.

La Iniciativa considera que el tema de la transparencia y la rendición de cuentas es esencial para la salud de las haciendas públicas locales, por lo que propone que en los informes de la cuenta pública de los tres órdenes de gobierno, se incluyan los datos relacionados con la deuda pública, otorgando la facultad a la Cámara de Diputados para que a través de la Auditoría Superior de la Federación, efectúe la revisión de la misma y, en caso de encontrar un manejo indebido de los fondos, se proceda en contra de los servidores públicos por las responsabilidades correspondientes, en consonancia con la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Las reformas al artículo 117 constitucional del año 2015, son la base de la creación de la Ley de Disciplina Financiera y la facultad que se les otorga a las Legislaturas locales para legislar en materia de deuda pública de las entidades federativas, municipios organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos. Lo anterior impulsa un proceso de armonización legislativa en materia de control de la deuda pública en las entidades federativas y sus municipios.

Tercero: Estructura de la Iniciativa de Ley presentada por el Ejecutivo del Estado. Esta Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios, es parte del proceso de reformas jurídicas que tienen por objeto la racionalización del ejercicio público en materia de hacienda, finanzas y deuda pública.

Esta Ley constituye, en esencia, el esquema que se ha venido construyendo en su contraparte normativa federal plasmado en la Ley Federal de Deuda Pública y la citada Ley de Disciplina Financiera.

Rescata supuestos jurídicos básicos plasmados en la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Zacatecas vigente y cuya pertinencia jurídica-metodológica empata con la norma que se está proponiendo y las leyes federales.

Podemos decir que atendiendo las recomendaciones, las resoluciones y estudios tanto nacionales e internacionales de organismos y centros académicos, es manifiesto en la Iniciativa que se analizó, la innovación jurídica al introducir figuras como fideicomiso para la colocación de certificados bursátiles, sistema de alertas, creación del registro estatal de deuda pública, instrumentos derivados, pasivos directos e indirectos, entre otros importantes temas.

Esta Ley constituye un aporte significativo al marco jurídico estatal y es, sin duda, el instrumento jurídico-legislativo de control financiero, que establece las bases, requisitos, responsabilidades en la programación, autorización, contratación, registro, vigilancia, control y transparencia de la deuda pública para el Estado de Zacatecas, sus municipios, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal y municipal, así como fideicomisos públicos estatales y municipales.

Por otro lado, se plantea un modelo adecuado, armónico, de control y flexibilidad que debe dar viabilidad a la hacienda pública estatal y municipal, el esquema que estructura para el endeudamiento es garantía de seguridad para las finanzas públicas.

El proceso de transparencia que introduce la Ley, desaparece la discrecionalidad tanto en el sector público como en las instituciones financieras, todo ello acorde a la normatividad federal en la materia.

Para esta Asamblea Popular, significa la modernización normativa en materia de deuda pública, sus parámetros acorde con recomendaciones internacionales y ponen el acento en el Estado de Derecho, el fortalecimiento de las instituciones, la transparencia y la rendición de cuentas.

Lo anterior habrá de constituirse en un mecanismo que contribuirá no solo a modernizar y reestructurar la hacienda pública y las finanzas del Gobierno, sino también, habrá de ser un elemento esencial para un manejo eficiente de la deuda pública.

En razón de lo antes argumentado, esta Asamblea Popular aprueba en sentido positivo el presente Instrumento legislativo.

Cuarto. En sesión ordinaria del Pleno de fecha 21 de diciembre del presente año, los Diputados Arturo López de Lara Díaz, Carlos Alberto Sandoval Cardona y la Diputada Lorena Esperanza Oropeza Muñoz, en la etapa de discusión en lo particular, presentaron reservas a diversas disposiciones respecto del Dictamen presentado por las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Vigilancia, relativo a la Iniciativa de Decreto presentada, las cuales fueron aprobadas en los términos propuestos.

1. Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados LXIII Legislatura. Análisis y evolución de la deuda pública, op cit, pag. 9.

2. Galindo Mariana, Ríos Viridiana. Deuda Pública, ¿Cómo Vamos?, Serie de Estudios Económicos, Vol. I. México, 2015, pág. 8.

3. Ídem, pág. 8.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 140 y 141 del Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del pueblo es de decretarse y se decreta

LEY DE OBLIGACIONES, EMPRÉSTITOS Y DEUDA PÚBLICA
DEL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales y facultades
de las autoridades

Capítulo I
Disposiciones generales

Del objeto de la Ley

Artículo primero. Esta Ley es de orden público, de carácter general y aplicación obligatoria. Tiene por objeto establecer las bases, requisitos y responsabilidades en la programación, autorización, contratación, registro, vigilancia, control y transparencia de la deuda pública y obligaciones a cargo de los entes públicos sujetos a esta Ley.

Lo anterior, sin perjuicio de lo señalado por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como los requisitos para la afectación, como fuente de pago o garantía de las obligaciones a cargo de los entes públicos, de los bienes, derechos e ingresos que integran su hacienda pública o su patrimonio.

Definiciones

Art. 2º Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Aportaciones federales: recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas del Estado y sus municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos para cada tipo de aportación a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal;

II. Asociaciones público-privadas: las previstas en la Ley de Asociaciones Público Privadas;

III. Balance presupuestario: diferencia entre los ingresos totales incluidos en la Ley de Ingresos, y los gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;

IV. Balance presupuestario de recursos disponibles: diferencia entre los ingresos provenientes de participaciones e ingresos propios, incluidos en la Ley de Ingresos, más el financiamiento neto y los gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;

V. Deuda contingente: cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por el Poder Ejecutivo del Estado con sus municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales y, por los propios municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria;

VI. Deuda estatal garantizada: financiamiento del Poder Ejecutivo del Estado y sus municipios con garantía del Gobierno Federal, de acuerdo con lo establecido en el capítulo II del Título Tercero de la presente Ley;

VII. Deuda pública: cualquier financiamiento contratado por los entes públicos;

VIII. Disciplina financiera: la observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria y financiera; la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de obligaciones por los entes públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico, el empleo y la estabilidad del sistema financiero;

IX. Entes públicos: Poder Ejecutivo del Estado, los municipios, los organismos públicos descentralizados estatales o municipales, las empresas de participación estatal o municipal mayoritarias, y los fideicomisos públicos estatales o municipales que formen parte de la administración pública paraestatal o paramunicipal, en los que el fideicomitente sea alguna de las entidades señaladas en las fracciones anteriores;

X. Fideicomiso de administración, garantía y fuente de pago: instrumento jurídico de carácter fiduciario que tiene como finalidad la administración de sumas de dinero u otros bienes para ser destinados al cumplimiento oportuno y adecuado de las obligaciones que indique el fideicomitente;

XI. Fideicomiso para la colocación de certificados bursátiles: instrumento jurídico de carácter fiduciario que tiene como finalidad la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo a cargo de personas morales o de un patrimonio afecto en fideicomiso. Dichos certificados podrán ser preferentes o subordinados o incluso tener distinta prelación;

XII. Financiamiento: toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los entes públicos, derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se instrumente;

XIII. Financiamiento neto: diferencia entre las disposiciones realizadas de un financiamiento y las amortizaciones efectuadas de la deuda pública;

XIV. Fuente de pago: recursos utilizados por los entes públicos para el pago de cualquier financiamiento u obligación;

XV. Gasto corriente: erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo, incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales y suministros los servicios generales; así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos;

XVI. Garantía de pago: mecanismo que respalda el pago de un financiamiento u obligación contratada;

XVII. Ingresos locales: aquéllos percibidos por el Poder Ejecutivo del Estado y los municipios por impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, incluidos los recibidos por venta de bienes y prestación de servicios y los demás previstos en términos de las disposiciones aplicables;

XVIII. Ingresos totales: totalidad de los ingresos de libre disposición, las transferencias federales etiquetadas y el financiamiento neto;

XIX. Instituciones financieras: instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto múltiple, casas de bolsa, almacenes generales de depósito, uniones de crédito, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares y sociedades financieras comunitarias y cualquiera otra sociedad autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por cualesquiera de las Comisiones Nacionales para organizarse y operar como tales, siempre y cuando la normatividad que les resulte aplicable no les prohíba el otorgamiento de créditos;

XX. Instrumentos derivados: valores, contratos o cualquier otro acto jurídico cuya valuación esté referida a uno o más activos, valores, tasas o índices subyacentes;

XXI. Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: [i] la construcción, mejoramiento, rehabilitación o reposición de bienes de dominio público; [ii] la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o [iii] la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable;

XXII. Legislatura del Estado: Poder Legislativo del Estado de Zacatecas;

XXIII. Ley de Ingresos: Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas o ley de ingresos de los municipios, aprobada por la Legislatura del Estado, según corresponda;

XXIV. Mejores condiciones de mercado: costo financiero más bajo del mercado, incluyendo todas las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio que estipule la propuesta de financiamiento, según comparativos y metodología a que se refiere el artículo 31, fracción IV de esta Ley;

XXV. Obligaciones: compromisos de pago a cargo de los entes públicos derivados de los financiamientos y de las asociaciones público-privadas;

XXVI. Obligaciones a corto plazo: cualquier obligación contratada con instituciones financieras a un plazo menor o igual a un año;

XXVII. Participaciones: ingresos que corresponden al Estado o a los municipios derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, cuyos conceptos se señalan en la Ley de Coordinación Fiscal y los convenios que de ésta emanen;

XXVIII. Pasivos directos: aquellos contratados por el Poder Ejecutivo y por los municipios;

XXIX. Pasivos indirectos: aquellos que contraigan las entidades de la administración pública paraestatal o municipal;

XXX. Presupuesto de Egresos: Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas aprobado por la Legislatura del Estado y presupuesto de egresos del municipio aprobado por el ayuntamiento, según corresponda;

XXXI. Programa de financiamiento: cantidad total estimada, que al efecto se establezca en la Ley de Ingresos aplicable para la contratación de financiamientos del ejercicio fiscal en curso de que se trate, deduciendo las cantidades que se requieran para pagos a capital de financiamientos. El pago de intereses no formará parte del financiamiento pero deberá incluirse en el Presupuesto de Egresos correspondiente e informarse en la cuenta pública;

XXXII. Reestructuración: celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas en un financiamiento;

XXXIII. Refinanciamiento: contratación de uno o varios financiamientos cuyos recursos se destinen a liquidar, total o parcialmente, uno o más financiamientos previamente contratados;

XXXIV. Registro público único: registro público federal para la inscripción de deuda pública y obligaciones que contraten los entes públicos;

XXXV. Registro estatal de deuda pública: registro público a cargo del Estado para la inscripción de deuda pública y obligaciones que contraten los entes públicos;

XXXVI. Secretaría: Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas;

XXXVII. Sistema de alertas: publicación hecha por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre los indicadores de endeudamiento de los entes públicos; y

XXXVIII. Techo de financiamiento neto: límite de financiamiento neto anual que podrá contratar un ente público, con fuente de pago de ingresos de libre disposición. Dicha fuente de pago podrá estar afectada a un vehículo específico de pago, o provenir directamente del Presupuesto de Egresos.

De la interpretación y supletoriedad
de la Ley

Art. 3º La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente en el ámbito del Estado de Zacatecas y sus municipios, le corresponde a la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, asimismo es la encargada de la expedición de las disposiciones legales necesarias en el ámbito de su competencia para su debido cumplimiento.

A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán, supletoriamente, la Ley de Disciplina y Responsabilidad Financiera del Estado y Municipios de Zacatecas, la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios.

De los entes públicos a cargo de la
deuda pública y obligaciones

Art. 4º La contratación de deuda pública en el Estado de Zacatecas, sólo podrá estar a cargo de los entes públicos:

I. El Poder Ejecutivo del Estado;

II. Los municipios;

III. Los organismos públicos descentralizados estatales o municipales;

IV. Las empresas de participación estatal o municipal mayoritarias; y

V. Los fideicomisos públicos estatales o municipales que formen parte de la administración pública paraestatal o paramunicipal, en los que el fideicomitente sea alguna de las entidades señaladas en las fracciones anteriores.

De las operaciones de los entes públicos

Art. 5º Quedan sujetas a esta Ley, las siguientes operaciones que realicen los entes públicos, directamente o a través de fideicomisos:

I. La suscripción, emisión o colocación de títulos de crédito, bonos, valores o cualquier otro documento pagadero a plazo;

II. La adquisición de bienes, así como la contratación de obras o servicios, cuyo pago se pacte a plazo, salvo que se encuentren excluidos del régimen de deuda pública por disposición expresa en el ordenamiento que regule su contratación;

III. La celebración de operaciones con instrumentos derivados que impliquen una deuda directa o contingente para los entes públicos;

IV. El otorgamiento de garantías, avales o la asunción de obligaciones solidarias o subsidiarias respecto de las obligaciones de otros entes públicos;

V. Las deudas contingentes relacionadas con los actos anteriormente mencionados; y

VI. La constitución de fideicomisos como fuente de pago o garantía y fideicomisos para la colocación de certificados bursátiles.

De la constitución de la deuda pública

Art. 6º Para los fines de esta Ley, las obligaciones y la deuda pública están constituidas por pasivos directos, indirectos o deuda contingente, derivadas de créditos o financiamientos a cargo de los entes públicos.

La deuda pública contratada por fideicomisos será atribuible, para efectos contables, al ente público fideicomitente y, en caso que hubiere dos o más, la deuda pública será en proporción a sus obligaciones de pago, conforme a lo dispuesto en el fideicomiso correspondiente.

Del destino de la deuda pública
y obligaciones

Art. 7º Los entes públicos solo podrán contraer obligaciones, empréstitos y deuda pública cuando se destinen a inversiones públicas productivas, refinanciamiento o reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas obligaciones y financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en relación con las mismas.

Cuando las obligaciones se deriven de esquemas de asociaciones público-privadas, el destino podrá ser la contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya la inversión pública productiva a realizar.

Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a la contratación de obligaciones, empréstitos y deuda pública, en términos de programas federales o de los convenios con la Federación, los que se regirán por lo acordado entre las partes en el convenio correspondiente, así como por la Ley de Coordinación Fiscal y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

De las prohibiciones en la contratación
de deuda pública y obligaciones

Art. 8º Queda prohibido a los entes públicos:

I. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones;

II. Contratar con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional;

III. Excedan los conceptos y montos que autorice la Legislatura del Estado;

IV. Destinar los recursos derivados de deuda pública y obligaciones para financiar gasto corriente; y

V. Celebrar operaciones de coinversión con particulares o asociaciones público-privadas, utilizando recursos provenientes de deuda pública, salvo que en este último caso dicho supuesto se encuentre previsto o autorizado en esta u otra ley estatal.

Capítulo II
Atribuciones de las autoridades

Autoridades estatales y municipales en materia
de deuda pública y obligaciones

Art. 9º Son autoridades en materia de deuda pública, en el ámbito de sus respectivas competencias:

I. La Legislatura del Estado de Zacatecas;

II. El Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, a través de su titular y el Secretario de Finanzas; y

III. Los ayuntamientos.

Atribuciones de la Legislatura del Estado

Art. 10. Corresponde a la Legislatura del Estado en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios:

I. Aprobar los montos máximos para la contratación de obligaciones y deuda pública de los entes públicos;

II. Aprobar, en su caso, los conceptos, montos y partidas correspondientes a los ingresos derivados de endeudamiento que deberán quedar contemplados en las leyes de ingresos y presupuestos de egresos de los entes públicos, de acuerdo con el programa de financiamiento;

III. Previo a la aprobación de financiamientos o de los montos autorizados de deuda de los entes públicos, realizar el análisis de su capacidad de pago, así como del destino de las obligaciones, empréstitos y deuda pública y, en su caso, del otorgamiento de recursos como fuente o garantía de pago;

IV. Autorizar a los entes públicos la celebración o contratación de operaciones u obligaciones que constituyan deuda contingente;

V. Autorizar las solicitudes de contratación de deuda pública, financiamientos y obligaciones, de los entes públicos en autorizaciones específicas o de montos de endeudamiento adicional no contemplados en las leyes de ingresos, incluyendo el plazo máximo para pago y el destino del mismo, en los términos de la presente Ley, siempre que sean necesarios para su financiamiento, mediante reforma a la propia Ley de Ingresos o a través de decretos específicos, cuando se presenten circunstancias económicas extraordinarias que así lo requieran y los entes públicos cuenten con la capacidad de pago para cumplir con las obligaciones derivadas de la deuda que contraerán, siempre que no excedan del monto de tope máximo para su endeudamiento; autorizaciones a las cuales se podrán adherir los municipios que así lo estimen conveniente derivado de la magnitud de los proyectos que constituyan inversión pública productiva en los términos que señala la presente Ley, la Legislatura del Estado podrá autorizar la contratación de financiamientos a dos o más municipios, bajo el amparo de una línea de crédito global o, en su caso, la emisión de valores conjunta entre dos o más municipios, las cuales serán negociadas y gestionadas con la asesoría de la Secretaría.

El plazo en el cual podrá ejercerse la autorización, no podrá rebasar el ejercicio fiscal inmediato siguiente a aquél en el que se otorga la autorización correspondiente. En caso de que no se especifique un plazo para ejercer la autorización otorgada por la Legislatura del Estado, ésta estará vigente hasta el término del ejercicio fiscal en el que fue otorgada;

VI. Autorizar a los entes públicos la afectación de los ingresos locales, así como el derecho o los ingresos a las aportaciones federales susceptibles de afectación, a las participaciones o cualquier otro ingreso que le corresponda, como fuente de pago o garantía de las obligaciones a su cargo, conforme a lo establecido en la presente Ley;

VII. Autorizar a los municipios respecto del derecho de cobro e ingresos derivados de contribuciones, cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, o cualesquier otros ingresos federales o locales de los que puedan disponer, de conformidad con la legislación aplicable, que puedan ser afectados como garantía de pago;

VIII. Conceder la autorización a las entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal la afectación de los bienes, derechos o ingresos que formen parte de su patrimonio, que sean susceptibles de constituirse como fuente de pago o garantía de las obligaciones a su cargo, de acuerdo con la normatividad aplicable;

IX. Aprobar, cuando así lo considere conveniente, la Iniciativa del Ejecutivo del Estado o de dos o más municipios, respecto de la contratación de créditos y la constitución de mecanismos de fuente de pago o garantía, que afecten el derecho o los ingresos a las participaciones o aportaciones federales que les corresponden, para el pago de sus obligaciones, sujeto a que los recursos o ingresos de un municipio no puedan destinarse al pago de las obligaciones de otro u otros municipios; a la autorización correspondiente, podrán adherirse los municipios que así lo decidan, previa autorización de sus ayuntamientos;

X. Autorizar la afectación como fuente o garantía de pago, o ambas, de las obligaciones contraídas por el Estado, directamente o como avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto, sus bienes del dominio privado, los derechos e ingresos que obtengan de las participaciones que en ingresos federales le correspondan; así como sus derechos al cobro e ingresos derivados de contribuciones, cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones federales, o cualesquier otros ingresos federales o locales de los que puedan disponer, de conformidad con la legislación aplicable;

XI. Autorizar al Poder Ejecutivo del Estado o a los municipios la constitución de fideicomisos que tengan entre sus fines la contratación de obligaciones, empréstitos y deuda pública, ya sea con instituciones financieras o mediante el mercado bursátil, así como la afectación de los ingresos locales o cualquier otro ingreso que le corresponda, distinto de las participaciones y aportaciones federales, a efecto de que sirvan como garantía y fuente de pago de las obligaciones, empréstitos y deuda pública que se contraten, o bien, para la colocación de certificados bursátiles, en términos de lo previsto en la presente Ley;

XII. Autorizar a celebrar los instrumentos necesarios para la formalización de los mecanismos mediante los cuales se realicen las afectaciones señaladas en las fracciones precedentes, para ser utilizados, además, como medio de captación y distribución de las aportaciones federales que les correspondan, en el entendido que cuando los mecanismos se formalicen a través de fideicomisos, éstos no serán considerados, en ningún caso, parte de la administración pública paraestatal o paramunicipal. A las autorizaciones señaladas en la presente fracción, se podrán adherir los municipios que así lo consideren conveniente;

XIII. Autorizar la celebración de operaciones de refinanciamiento y reestructuración de deuda pública, a excepción de aquellas que se ubiquen en los supuestos establecido en esta Ley;

XIV. Solicitar a los entes públicos la documentación e información complementaria que requiera para el análisis de las solicitudes de contratación de deuda pública y obligaciones. Tratándose de las solicitudes que realicen los municipios o entes paramunicipales, la Legislatura del Estado podrá solicitar, previo a su aprobación, la opinión técnica de la Secretaría;

XV. Ejercer las facultades de vigilancia que tiene conferidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a través de la Auditoría Superior del Estado; y

XVI. Las demás que en materia de deuda pública, le confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, esta Ley y otras disposiciones legales.

Del contenido de las autorizaciones

Art. 11. La aprobación y autorización que se emita por parte de la Legislatura del Estado respecto de los financiamientos que constituyan deuda pública, cumpliendo lo conducente en cuanto al otorgamiento de avales o garantías que pretendan otorgar el Estado o sus municipios, deberá especificar lo siguiente:

I. Monto autorizado de la obligación o deuda pública a contratar;

II. Plazo máximo autorizado para el pago;

III. Destino de los recursos;

IV. En su caso, la fuente de pago o la contratación de una garantía de pago de la deuda pública u obligación; y

V. En caso de autorizaciones específicas, deberá establecerse su vigencia, en cuyo caso no podrá exceder el ejercicio fiscal siguiente. De no señalarse, la autorización se entenderá que sólo se podrá ejercer en el ejercicio fiscal en que fue aprobada.

Competencia del Poder Ejecutivo en
materia de deuda pública

Art. 12. Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado:

I. Enviar, para su aprobación, a la Legislatura del Estado, en los ejercicios en que se pretenda contratar endeudamiento, el programa de financiamiento estatal junto con la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado o la modificación a la misma, proponiendo en dichos instrumentos jurídicos, los montos necesarios de deuda pública y obligaciones netos;

II. Presentar y gestionar, ante la Legislatura del Estado, las solicitudes de autorización de endeudamiento adicional propio, así como de las entidades de la administración pública paraestatal en términos de esta Ley;

III. Atender lo establecido en esta Ley, para que la contratación de obligaciones, empréstitos y deuda pública se lleven a cabo bajo las mejores condiciones de mercado;

IV. Informar a la Legislatura del Estado de la situación de la deuda al rendir la cuenta pública anual y al remitir las Iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos;

V. Informar, de manera trimestral, a la Legislatura del Estado, así como en los informes de cuenta pública e informe general ejecutivo, y bajo los parámetros de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sobre la situación que guarda la deuda pública del Estado y de los entes públicos a cargo de la deuda; debiendo publicarla, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado; y

VI. Las demás facultades y obligaciones que deriven de la presente Ley.

Atribuciones de la Secretaría de Finanzas

Art. 13. Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría:

I. En los ejercicios en que se pretenda contratar endeudamiento, previa aprobación del titular del Poder Ejecutivo, formular el programa financiero estatal a fin de someterlo a consideración de la Legislatura del Estado, junto con la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado o modificación de la misma;

II. Celebrar, en apego a esta Ley, la contratación de obligaciones, empréstitos y deuda pública a cargo del Estado, directa y a corto plazo, y suscribir los títulos de crédito y demás instrumentos legales requeridos para tales efectos;

III. Concertar, con apego a esta Ley, la contratación de obligaciones, empréstitos y deuda pública a cargo del Estado directamente o a través de fideicomisos;

IV. Emitir valores, certificados, obligaciones, bonos en una o varias emisiones y otros títulos de crédito, a cargo del Estado, ya sea directamente o a través de fideicomisos, de conformidad con la legislación bursátil, financiera y mercantil aplicable, así como otorgar garantías que se requieran o sean convenientes para estos efectos.

Los bonos que se pondrán en circulación cuando el Ejecutivo del Estado lo autorice, a través de la Secretaría, constituirán obligaciones generales directas e incondicionales, de acuerdo con los términos fijados en las actas de emisión o en los documentos contractuales respectivos;

V. Concertar los términos y condiciones, celebrar y, en su caso, llevar a cabo cualquier acto relacionado con la contratación de instrumentos derivados y los demás instrumentos, contratos o actos que se relacionen o sean necesarios para la celebración de operaciones de deuda pública;

VI. Administrar los recursos públicos que se obtengan de las obligaciones, empréstitos o deuda pública del Estado;

VII. Efectuar oportunamente, ya sea en forma directa o mediante los mecanismos que para tales efectos se establezcan, los pagos de amortizaciones, intereses y los demás conceptos derivados de las obligaciones, empréstitos y deuda pública a cargo del Estado;

VIII. Celebrar las operaciones de reestructuración o refinanciamiento de las obligaciones, deuda pública, directa o contingente contraída por el Estado, la cual podrá no ser incluida en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado cuando estas operaciones se realicen con posterioridad a la aprobación de tales ordenamientos;

IX. Cuando la Legislatura del Estado lo autorice, constituirse como deudor solidario o subsidiario, garante o avalista de obligaciones, empréstitos y deuda pública contraída por las entidades de la administración pública paraestatal;

X. Afectar como fuente de pago o garantía de las obligaciones a cargo del Estado, los ingresos locales, así como el derecho a percibir los ingresos y los propios ingresos de las participaciones, aportaciones federales susceptibles de afectación, así como cualquier otro ingreso que tenga derecho a recibir, a través de los mecanismos que para tales efectos determine;

XI. Concertar los términos y condiciones, celebrar y llevar a cabo cualquier acto relacionado con la constitución de los mecanismos de fuente de pago o garantía;

XII. Constituir fideicomisos de administración, garantía y fuente de pago o fideicomisos para la colocación de certificados bursátiles, que tengan entre sus fines la contratación de obligaciones, empréstitos y deuda pública, ya sea con personas físicas o morales, instituciones financieras, o mercado bursátil, así como la afectación de los ingresos provenientes de impuestos, derechos, productos o aprovechamientos o cualquier otro ingreso que le corresponda, distinto de las participaciones y aportaciones federales, a efecto de que sirva como fuente exclusiva de pago de los obligaciones, empréstitos y deuda pública que se contraten a través de dichos fideicomisos;

XIII. Constituir fideicomisos de captación y distribución de contribuciones locales, participaciones y aportaciones federales, en términos de la Ley de Coordinación y Colaboración Hacendaria del Estado de Zacatecas, a fin de cumplir con sus obligaciones de entrega de dichos recursos federales en términos de la Ley de Coordinación Fiscal;

XIV. Autorizar a las entidades de la administración pública paraestatal para gestionar y contratar obligaciones, empréstitos y deuda pública, siempre y cuando éstos tengan la solvencia suficiente para afrontar los compromisos y obligaciones que pretenden adquirir;

XV. Vigilar que se incluyan en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, los montos necesarios para cumplir puntualmente las obligaciones derivadas de las operaciones de deuda pública del Estado, así como incluir un apartado especial e independiente, para efectos informativos, respecto del servicio de la deuda de los entes públicos;

XVI. Asesorar técnicamente a los municipios y a las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal que así lo soliciten, en todo lo relativo a la programación, concertación, autorización, contratación y control de deuda pública;

XVII. Alertar a los entes públicos que amorticen su deuda, liquiden intereses y realicen los pagos que se deriven de la deuda pública y obligaciones contratadas por las mismas; dar aviso a la Legislatura del Estado respecto de cualquier inobservancia al cumplimiento de sus obligaciones;

XVIII. Alertar que la capacidad de pago de los entes públicos, que contraen obligaciones, empréstitos y deuda pública, sea suficiente para cubrir puntualmente los compromisos que contraigan; de lo contrario, dar aviso a la Legislatura del Estado, para los efectos legales correspondientes;

XIX. Presentar a la Legislatura del Estado cualquier otra información en relación con la deuda pública que conforme a la presente Ley deba exhibir;

XX. Inscribir las operaciones crediticias que celebre el Estado y los municipios, en el registro estatal de deuda pública, con fines declarativos;

XXI. Contratar a instituciones calificadoras de valores debidamente autorizadas en México, a efecto de que emitan dictamen sobre la calificación de la calidad crediticia del Estado y las calificaciones sobre la calidad crediticia de los valores que, en su caso, se proponga emitir el Estado y para que realicen la revisión periódica de las calificaciones respectivas;

XXII. Remitir a la Legislatura del Estado los contratos de deuda pública, obligaciones, refinanciamiento o reestructuración en un término de 15 días naturales siguientes a la celebración de los mismos;

XXIII. Llevar a cabo, por sí o a través de personas físicas o morales especialistas en la materia, la evaluación de la deuda pública del Estado de Zacatecas;

XXIV. Transparentar e informar en los términos de la Ley aplicable, la deuda pública del Estado de Zacatecas; y

XXV. Las demás que en materia de deuda pública le correspondan de conformidad con esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.

Atribuciones de los municipios

Art. 14. Corresponde a los ayuntamientos:

I. Enviar para su aprobación a la Legislatura del Estado, en los ejercicios en que se pretenda contratar endeudamiento, el programa financiero municipal junto con la iniciativa de ley de ingresos del municipio o la modificación a la misma, proponiendo en dichos instrumentos jurídicos, los montos necesarios de deuda pública y obligaciones netos;

II. Presentar y gestionar, ante la Legislatura del Estado, las solicitudes de autorización de contratación de obligaciones, empréstitos y deuda pública adicional del municipio y de las entidades de la administración pública paramunicipal, en términos de esta Ley, proponiendo en su caso, la reforma o adición de las leyes de ingresos municipales y presupuesto de egresos;

III. Efectuar la solicitud para la obtención de autorizaciones particulares o globales por dos o más municipios, incluso, con el apoyo del Ejecutivo del Estado, a fin de que se expida el decreto correspondiente, en el cual se podrá autorizar el o los montos adicionales de contratación de deuda pública y obligaciones para cada municipio, la garantía o fuente de pago, y el mecanismo para su instrumentación, a la que se podrán adherir los municipios que así lo estimen conveniente;

IV. Atender lo establecido en esta Ley, para que la contratación de obligaciones, empréstitos y deuda pública se lleven a cabo bajo las mejores condiciones de mercado;

V. Concertar, celebrar y suscribir los contratos y documentos para la contratación de obligaciones, empréstitos y deuda pública a cargo de los municipios, y suscribir los títulos de crédito y demás instrumentos legales requeridos para tales efectos;

VI. Emitir valores, certificados, obligaciones, bonos y otros títulos de crédito, a cargo del municipio, ya sea directamente o a través de fideicomisos, de conformidad con la legislación bursátil, financiera y mercantil aplicable, así como otorgar las garantías que se requieran;

VII. Contratar obligaciones, empréstitos y deuda pública a cargo del municipio, ya sea directamente o a través de fideicomisos, de conformidad con las disposiciones de esta Ley, así como otorgar o constituir las garantías que correspondan;

VIII. Afectar como fuente de pago o garantía de las obligaciones o deuda pública a cargo del municipio, los ingresos locales, así como el derecho a percibir los ingresos y los propios ingresos de las participaciones, las aportaciones federales, así como cualquier otro ingreso que tenga derecho a percibir que sean susceptibles de afectación;

IX. Concertar los términos y condiciones, celebrar y, en su caso, llevar a cabo cualquier acto relacionado con la constitución de los mecanismos de fuente de pago o garantía de las obligaciones a cargo del municipio;

X. Obtener del Cabildo la autorización correspondiente para proceder a la afectación de sus participaciones, aportaciones federales como fuente o garantía de pago de las obligaciones que contraiga, siempre que sean susceptibles de afectar conforme a la legislación aplicable; lo anterior, sin perjuicio de la autorización que, en su caso, le otorgue la Legislatura del Estado;

XI. Concertar los términos y condiciones, celebrar y, en su caso, llevar a cabo cualquier acto relacionado con la constitución de los mecanismos de fuente de pago o garantía;

XII. Constituir fideicomisos de administración, garantía y fuente de pago o fideicomisos para la colocación de certificados bursátiles, que tengan entre sus fines la contratación de obligaciones, empréstitos y deuda pública, ya sea con personas físicas o morales, instituciones financieras, o mercado bursátil, así como la afectación de los ingresos provenientes de impuestos, derechos, productos o aprovechamientos o cualquier otro ingreso que le corresponda, distinto de las participaciones y aportaciones federales, a efecto de que sirva como fuente exclusiva de pago de las obligaciones, empréstitos y deuda pública que se contraten a través de dichos fideicomisos;

XIII. Concertar los términos y condiciones, celebrar y, en su caso, llevar a cabo cualquier acto relacionado con la contratación de instrumentos derivados, y los demás instrumentos, contratos o actos que se relacionen o sean necesarios para la celebración de operaciones de obligaciones o deuda pública;

XIV. Autorizar a las entidades de la administración pública paramunicipal para gestionar y contratar obligaciones, empréstitos y deuda pública siempre y cuando éstas acrediten ante el ayuntamiento la solvencia suficiente para afrontar los compromisos y obligaciones que pretenden adquirir;

XV. Autorizar a las entidades de la administración pública paramunicipal la afectación de los bienes, derechos que tiene derecho a percibir, los ingresos que integran su patrimonio y sean susceptibles de afectación, como fuente de pago o garantía de las obligaciones a su cargo;

XVI. Incluir en el presupuesto de egresos de cada año las partidas necesarias para el pago de obligaciones, empréstitos y deuda pública a su cargo, así como la inclusión de un apartado especial e independiente, para efectos informativos, respecto al servicio de la deuda pública tanto propia como de las entidades de la administración pública paramunicipal;

XVII. Efectuar oportunamente, directamente o a través de los mecanismos establecidos para ello, los pagos de amortizaciones, intereses y demás conceptos derivados de la contratación de obligaciones, empréstitos y deuda pública a su cargo;

XVIII. Celebrar las operaciones jurídicas de reestructuración o refinanciamiento de obligaciones de deuda pública directa o contingente del municipio;

XIX. Crear el registro de deuda pública municipal para inscribir sus operaciones crediticias, así como inscribirlas en el registro público único y en el registro estatal de deuda pública;

XX. Informar trimestralmente a la Legislatura del Estado de la situación que guardan las obligaciones y deuda pública municipal, incluyendo la información correspondiente al endeudamiento de las entidades de la administración pública paramunicipal, así como en los informes de la cuenta pública y informe general Ejecutivo y bajo los parámetros de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

XXI. Remitir a la Legislatura del Estado los contratos de obligaciones, empréstitos y deuda pública, así como los de refinanciamiento y restructuración en un término de 15 días naturales después de celebrado el mismo;

XXII. Llevar a cabo por sí o a través de personas físicas o morales especialistas en la materia o a través de un despacho externo, la evaluación de la deuda pública del municipio;

XXIII. Transparentar e informar en los términos de la ley aplicable, la deuda pública del municipio; y

XXIV. Las demás facultades y obligaciones que deriven de la presente Ley.

En el caso de que las obligaciones o la deuda pública a cargo del municipio o de las entidades de la administración pública municipal excedan el período constitucional para el cual fue electo el ayuntamiento, se requerirá del acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Cabildo para su contratación.

Responsabilidad de gestión

Art. 15. El titular de la Secretaría de Finanzas, el tesorero municipal o su equivalente en cada ente público, según corresponda a su ámbito de competencia, serán los responsables de gestionar que las obligaciones, empréstitos y deuda pública se celebren en las mejores condiciones del mercado.

Corresponde a los entes públicos en materia
de deuda pública y obligaciones

Art. 16. A los entes públicos señalados en las fracciones III, IV y V del artículo 4º de esta Ley les corresponde:

I. Formular y someter a la consideración de sus órganos de gobierno sus programas de deuda pública y obligaciones, de acuerdo con esta Ley;

II. Enviar los programas a la Secretaría o al ayuntamiento, según corresponda, para su aprobación e incorporación en el programa de financiamiento estatal o municipal;

III. Proporcionar a la Secretaría sus programas financieros anuales y de mediano plazo, así como la información que les solicite, a fin de determinar sus necesidades de crédito;

IV. Solicitar a la Secretaría o al ayuntamiento, que negocie en su nombre y representación los financiamientos a contratar. En el caso de los ayuntamientos, éstos podrán solicitar la asesoría de la Secretaría;

V. Inscribir en el registro estatal o municipal de deuda pública, según corresponda, sus obligaciones crediticias, amortización y rescate de títulos de deuda; y

VI. Las demás que en materia de deuda pública y obligaciones les correspondan.

TÍTULO SEGUNDO
Programación y contratación de
obligaciones y deuda pública

Capítulo I
Programación

Del programa de financiamiento estatal

Art. 17. Corresponde al Poder Ejecutivo del Estado presentar, en su caso, a la Legislatura del Estado el programa de financiamiento estatal junto con la Iniciativa de Ley de Ingresos o sus modificaciones, dentro de los plazos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

Para tales efectos, la Secretaría deberá formular y someter a consideración del titular del Poder Ejecutivo del Estado, a más tardar 15 días antes de la fecha en que se deba presentar la Iniciativa de Ley de Ingresos o sus modificaciones, el programa de financiamiento estatal.

El programa de financiamiento estatal deberá contener la siguiente información:

A. Respecto de obligaciones o deuda pública del Estado:

I. El monto que se propone contratar, especificando en su caso el total de financiamiento neto que generará la contratación de dicho financiamiento en el ejercicio siguiente o con el financiamiento adicional;

II. El destino que se dará a los recursos obtenidos por la celebración de las operaciones de las obligaciones o deuda pública, indicando su vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas con los que se encuentren relacionados;

III. El plazo al que se pretenda contratar el financiamiento;

IV. En su caso, si se establecerá una fuente de pago primaria o exclusiva para el pago de las obligaciones o garantías que se deriven de la contratación de obligaciones, empréstitos y deuda pública;

V. La proyección del monto que se destinará al pago de las obligaciones de deuda pública;

VI. En su caso, si se propone la contratación de instrumentos derivados u otras obligaciones vinculadas con el financiamiento que generen deuda contingente del Estado;

VII. Detalle de la deuda directa o contingente que se encuentre vigente del Estado; y

VIII. Cualquier otra información que, a juicio de la Secretaría, considere conveniente detallar.

B. Respecto de las obligaciones o deuda pública de las entidades de la administración pública paraestatal:

I. El monto de la deuda que las entidades de la administración pública paraestatal proponen contratar durante el siguiente ejercicio fiscal, especificando el monto de financiamiento neto que generará la contratación de dicho financiamiento en el ejercicio en curso. Esta información deberá ser especificada por entidad;

II. El destino que se dará a los recursos obtenidos por la celebración de las operaciones de deuda pública, indicando su vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas;

III. El plazo al que se pretenda contratar el financiamiento;

IV. Si se establecerá una fuente de pago primaria o exclusiva para el pago de las obligaciones o garantías que se deriven de la contratación de la deuda pública;

V. La proyección del monto que se destinará al pago de las obligaciones de deuda pública;

VI. Si se propone la contratación de instrumentos derivados u otras obligaciones vinculadas que generen deuda contingente;

VII. Según corresponda, si se prevé el otorgamiento de garantías, avales o la contratación de obligaciones solidarias o subsidiarias por parte del Estado;

VIII. Detalle de las obligaciones, empréstitos y deuda pública o contingente vigente de las entidades de la administración pública paraestatal; y

IX. En su caso, cualquier otra información que, a juicio de la Secretaría considere conveniente detallar.

Del programa de financiamiento
paraestatal

Art. 18. Las entidades de la administración pública paraestatal que pretendan contratar obligaciones, empréstitos y deuda pública, en el siguiente ejercicio fiscal, deberán presentar la solicitud a la Secretaría, a más tardar 30 días naturales previos a la fecha límite en la que el Poder Ejecutivo del Estado deba presentar la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado a la Legislatura del Estado, adjuntando la información a que se refiere el artículo 17, apartado B de esta Ley, a fin de que la Secretaría evalúe la solicitud y, en caso de considerarla procedente, la incluya en el programa de financiamiento estatal.

Del programa de financiamiento
municipal

Art. 19. Corresponde a los ayuntamientos presentar a la Legislatura del Estado el programa de financiamiento municipal, junto con la iniciativa de ley de ingresos para el municipio, dentro de los plazos previstos para tal efecto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

Para tales efectos, la tesorería municipal o su órgano equivalente, deberá formular, a más tardar 45 días naturales antes de la fecha límite en que el ayuntamiento deba presentar su iniciativa de la ley de ingresos a la Legislatura del Estado, el programa de financiamiento municipal, a efecto de someterlo a la aprobación del Cabildo.

El programa de financiamiento municipal deberá especificar la siguiente información:

A. Respecto de las obligaciones o deuda pública del municipio:

I. El monto que se propone contratar durante el siguiente ejercicio fiscal, especificando en su caso el monto de financiamiento neto que generará la contratación de dicho financiamiento en el ejercicio en curso;

II. El destino que se dará a los recursos obtenidos por la celebración de las operaciones de deuda pública, indicando su vinculación con el plan municipal de desarrollo y los programas;

III. El plazo al que se pretenda contratar el financiamiento;

IV. Si se establecerá una fuente de pago primaria o exclusiva para el pago de las obligaciones o garantías que se deriven de la contratación de la deuda pública;

V. La proyección del monto de las partidas que se destinarían durante el ejercicio fiscal para el pago y servicio de las obligaciones de deuda pública;

VI. Si se propone la contratación de instrumentos derivados u otras obligaciones vinculadas a la deuda pública que generen deuda contingente del municipio;

VII. Si se prevé el otorgamiento de garantías, avales o la contratación de obligaciones solidarias o subsidiarias por parte del Estado;

VIII. Detalle de la deuda pública y contingente a cargo del municipio; y

IX. Cualquier otra información que, a juicio de la tesorería municipal, considere conveniente detallar.

B. Respecto de las obligaciones y deuda pública de las entidades de la administración pública paramunicipal:

I. El monto que pretendan contratar durante el siguiente ejercicio fiscal, especificando el monto financiamiento neto que generará la contratación de dicho financiamiento en el ejercicio en curso. Esta información deberá ser especificada por ente;

II. El destino que se dará a los recursos obtenidos por la celebración de estas operaciones, indicando su vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo y los programas a los que se encuentren relacionados;

III. El plazo al que se pretenda contratar el financiamiento;

IV. Si se establecerá una fuente de pago primaria o exclusiva para el pago de las mismas;

V. La proyección del monto que se destinaría para el pago;

VI. Si se propone la contratación instrumentos derivados u otras obligaciones vinculadas que generen deuda contingente;

VII. Si se prevé el otorgamiento de garantías, avales o la asunción de obligaciones solidarias o subsidiarias por parte del municipio;

VIII. Detalle de las obligaciones, empréstitos y deuda pública o contingente vigente de las entidades de la administración pública paramunicipal, desagregada por ente; y

IX. Cualquier otra información que, a juicio de la tesorería municipal o su órgano equivalente, sea conveniente detallar.

Del programa de financiamiento
paramunicipal

Art. 20. Las entidades de la administración pública paramunicipal que pretendan contratar obligaciones y deuda pública en el siguiente ejercicio fiscal, deberán formular sus solicitudes correspondientes a la tesorería municipal, a más tardar 5 días hábiles previos a la entrega del proyecto de ley de ingresos, adjuntando la información a que se refiere el artículo 19, apartado B de esta Ley, a fin de que ésta lo integre al programa de financiamiento municipal y lo someta a la consideración del ayuntamiento.

Capítulo II
Contratación de obligaciones y deuda pública

Contenido de las solicitudes de deuda pública

Art. 21. Las solicitudes de contratación de deuda pública y obligaciones que sean remitidas por los entes públicos a la Legislatura del Estado, deberán contener, al menos:

I. Exposición de motivos;

II. Monto de la operación y destino de la deuda pública;

III. La corrida financiera de la operación de endeudamiento que se pretende contratar;

IV. Los recursos que se van a otorgar como fuente de garantía de pago;

V. El estado de la situación financiera y sus auxiliares;

VI. El ejercicio de ingresos y egresos por partida;

VII. Descripción de la situación de la deuda pública; y

VIII. Relación detallada de las inversiones públicas productivas a realizar o reestructura o refinanciamientos de la deuda pública.

La antigüedad de los documentos que refieren las fracciones IV, V y VI, no deberán ser mayores a seis meses a la fecha en que se presente la solicitud de autorización de endeudamiento ante la Legislatura del Estado.

La Legislatura del Estado, previa solicitud debidamente justificada del Poder Ejecutivo del Estado y de los municipios, podrá autorizar el ejercicio de montos de endeudamiento, adicionales a los previstos en las leyes de ingresos correspondientes y presupuesto de egresos, cuando a juicio de la propia Legislatura se presenten circunstancias extraordinarias que así lo exijan.

Solicitud de deuda pública adicional

Art. 22. Para la contratación de obligaciones, empréstitos y deuda pública, adicional o no contempladas en las leyes de ingresos, para su aprobación, los entes públicos deberán presentar ante la Legislatura del Estado una solicitud en la que incluya:

I. Monto de la obligación o deuda pública a contratar;

II. Plazo al que se pretende contratar el financiamiento;

III. Destino de los recursos, indicando su vinculación con el plan de desarrollo que corresponda, en consideración de la naturaleza del ente público y los programas a los que se encuentren relacionados;

IV. La fuente de pago primaria o exclusiva, o la adquisición de una garantía, para cubrir los financiamientos que se deriven de la contratación de las obligaciones, empréstitos y deuda pública;

V. La proyección del monto de las partidas que se destinarán durante el ejercicio fiscal para el pago y servicio de las obligaciones, empréstitos y deuda pública;

VI. Si se propone la contratación de instrumentos derivados u otras vinculadas a la deuda pública que generen deuda contingente del ente público;

VII. Según corresponda, si se prevé el otorgamiento de garantías, avales o la contratación de obligaciones o deuda pública solidarias o subsidiarias por parte del Estado; y

VIII. Cualquier otra información que, a juicio del ente público, considere conveniente detallar.

Deuda pública sin autorización de
la Legislatura del Estado

Art. 23. El Poder Ejecutivo del Estado y los municipios podrán contratar obligaciones, empréstitos o deuda pública en adición a los montos de endeudamiento aprobados en las leyes de ingresos o decretos correspondientes, sin la previa autorización de la Legislatura del Estado, siempre y cuando se cumplan los requisitos señalados en el artículo 40 de la presente Ley.

Cuando la deuda adicional genere como resultado un balance presupuestario de recursos disponibles negativo, se estará a lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios y Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

Del refinanciamiento o reestructura
de la deuda pública

Art. 24. Las operaciones de refinanciamiento o reestructura no requerirán autorización específica de la Legislatura del Estado, siempre y cuando cumplan con las siguientes condiciones:

I. Exista una mejora en la tasa de interés, incluyendo los costos asociados, lo cual deberá estar fundamentado en el cálculo de la tasa efectiva, bajo los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; es decir, el costo financiero más bajo, incluyendo todas las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio que estipule la propuesta. Para establecer un comparativo que incluya la tasa de interés y todos los costos relacionados al financiamiento, se deberá aplicar la metodología establecida para el cálculo de la tasa efectiva, o tratándose de reestructuraciones exista una mejora en las condiciones contractuales;

II. No se incremente el saldo insoluto; y

III. No se amplíe el plazo de vencimiento original de los financiamientos respectivos, el plazo de duración del pago del principal e intereses del financiamiento durante el periodo de la administración en curso, ni durante la totalidad del periodo del financiamiento.

Del plazo para informar a la Legislatura

Art. 25. Dentro de los 15 días naturales siguientes a la celebración del refinanciamiento o reestructuración, el ente público a cargo de la deuda deberá informar a la Legislatura del Estado sobre la celebración de este tipo de operaciones, así como inscribir dicho refinanciamiento o reestructuración ante el registro público único y registro estatal de deuda pública.

De las mejores condiciones del
mercado para la contratación

Art. 26. Los entes públicos estarán obligados a contratar los financiamientos y obligaciones, bajo las mejores condiciones de mercado.

Financiamiento bajo las mejores
condiciones del mercado

Art. 27. El Secretario de Finanzas, tesorero municipal o su equivalente en cada ente público, según corresponda a su ámbito de competencia, será el responsable de confirmar que el financiamiento fue celebrado bajo las mejores condiciones del mercado.

Del tope porcentual para la contratación
de deuda pública

Art. 28. De acuerdo a la clasificación del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Estado y los municipios tendrán los siguientes techos de financiamiento neto:

I. Bajo un endeudamiento sostenible, corresponderá un techo de financiamiento neto de hasta el equivalente al 15 por ciento de sus ingresos de libre disposición;

II. Un endeudamiento en observación, tendrá como techo de financiamiento neto el equivalente al 5 por ciento de sus ingresos de libre disposición; y

III. Un nivel de endeudamiento elevado tendrá un techo de financiamiento neto igual a cero.

Se autorizará financiamiento neto adicional al techo de financiamiento neto contemplado en este artículo, hasta por el monto de financiamiento neto necesario para solventar las causas que generaron el balance presupuestario de recursos disponible negativo.

Para efectos de la determinación del techo de financiamiento neto de aquellos entes públicos que no tengan contratados financiamientos y obligaciones inscritos en el registro público único, que den lugar a la evaluación que deberá realizar la Secretaría sobre los indicadores del sistema de alertas, tendrán que entregar la información requerida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de acuerdo al reglamento del registro público único para la evaluación correspondiente.

De la autorización previa paraestatal

Art. 29. Para la contratación de obligaciones, empréstitos y deuda pública, las entidades de la administración pública paraestatal requerirán, además de la autorización de la Legislatura del Estado, de la previa autorización de sus órganos de gobierno y de la Secretaría.

De la autorización previa paramunicipal

Art. 30. Para la contratación de obligaciones, empréstitos y deuda pública, las entidades de la administración pública paramunicipal requerirán, además de la autorización de la Legislatura del Estado, la previa autorización de sus órganos de gobierno y del ayuntamiento.

Del procedimiento competitivo
y transparencia

Art. 31. En el caso de que el Estado o cualquiera de sus entes públicos soliciten autorización de deuda pública por un monto mayor o igual a cuarenta millones de unidades de inversión o su equivalente; o el municipio o cualquiera de sus entes públicos soliciten financiamientos por un monto mayor a diez millones de unidades de inversión o su equivalente y, en ambos casos, a un plazo de pago superior a un año, deberán cumplir con lo siguiente:

I. Implementar un proceso competitivo con por lo menos cinco diferentes instituciones financieras, del cual obtenga mínimo dos ofertas irrevocables de financiamiento. La temporalidad de dichas propuestas no deberá diferir en más de 30 días naturales y deberá tener una vigencia mínima de sesenta días naturales;

II. La solicitud del financiamiento que se realice a cada institución financiera deberá precisar y ser igual en cuanto a monto, plazo, perfil de amortizaciones, condiciones de disposición, oportunidad de entrega de los recursos y, en su caso, la especificación del recurso a otorgar como fuente de pago del financiamiento o garantía a contratar, de acuerdo con la aprobación de la Legislatura del Estado. En ningún caso la solicitud podrá exceder de los términos y condiciones autorizados por la Legislatura del Estado;

III. Las ofertas irrevocables que presenten las instituciones financieras deberán precisar todos los términos y condiciones financieras aplicables al financiamiento, así como la fuente o garantía de pago que se solicite. El ente público estará obligado a presentar la respuesta de las instituciones financieras que decidieron no presentar oferta;

IV. Contratar la oferta que represente las mejores condiciones de mercado para el ente público, consistente en el costo financiero más bajo, incluyendo todas las comisiones, gastos y cualquier otro accesorio que estipule la propuesta. Para establecer un comparativo que incluya la tasa de interés y todos los costos relacionados al financiamiento, se deberá aplicar la metodología establecida para el cálculo de la tasa efectiva, bajo los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y

V. Si una sola oferta no cubre el monto a contratar, se considerarán en orden preferente las propuestas que representen las mejores condiciones de mercado para el ente público, según los criterios establecidos en la fracción anterior, hasta cubrir el monto requerido.

En caso de fraccionar la contratación del monto de financiamiento autorizado por parte de la Legislatura del Estado, deberá considerarse el monto total de la misma, para los supuestos señalados en el párrafo primero de este artículo.

Para acreditar la contratación bajo las mejores condiciones de mercado de los financiamientos, obligaciones, empréstitos y deuda pública distintos a los señalados en el primer párrafo, el ente público deberá implementar un proceso competitivo por lo menos con dos instituciones financieras y obtener únicamente una oferta irrevocable, de acuerdo a lo establecido en la fracción I de este artículo.

El ente público, en cualquier caso, deberá elaborar un documento que incluya el análisis comparativo de las propuestas, conforme a lo establecido en la fracción IV de este artículo. Dicho documento deberá publicarse en la página oficial de Internet del propio ente público.

Para el caso de contratación de coberturas de la deuda pública, se deberá llevar a cabo el proceso competitivo para la contratación de financiamientos, establecido en esta Ley.

Del procedimiento en operaciones bursátiles

Art. 32. Con excepción de las obligaciones, empréstitos y deuda pública que se contraten mediante el mercado bursátil, cuando la autorización del financiamiento a que hace referencia el artículo 11 de esta Ley, exceda de cien millones de unidades de inversión, dicho proceso de contratación se realizará mediante licitación pública, con base en lo establecido en el artículo 31 de esta Ley conforme a lo siguiente:

I. El proceso competitivo deberá realizarse públicamente y de manera simultánea. Para ello, las propuestas presentadas deberán entregarse en una fecha, hora y lugar previamente especificados y serán dadas a conocer en el momento en que se presenten, pudiendo emplear mecanismos electrónicos que aseguren el cumplimiento de lo anterior; y

II. La institución financiera que resulte ganadora del proceso competitivo se dará a conocer en un plazo no mayor a 2 días hábiles posteriores al tiempo establecido de conformidad con la fracción anterior, a través de medios públicos y electrónicos, incluyendo la página oficial de Internet del ente público, publicando el documento en que conste la comparación de las propuestas presentadas.

De las operaciones bursátiles

Art. 33. Los entes públicos podrán emitir valores, certificados, obligaciones, bonos y cualesquiera otros títulos, directamente o a través de fideicomisos, de conformidad con la legislación bursátil, financiera y mercantil aplicable, así como otorgar las garantías que se requieran para tales efectos. En el caso de emisiones a través de fideicomisos, éstos no serán considerados como entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal, según corresponda, puesto que su supervisión y control estará sujeto a lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables.

Del cumplimiento de las obligaciones

Art. 34. Las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal deberán incluir en sus presupuestos las partidas necesarias para cumplir con obligaciones, empréstitos y deuda pública a su cargo.

De los instrumentos derivados

Art. 35. Los entes públicos podrán celebrar operaciones con instrumentos derivados que generen deuda contingente, y únicamente podrán celebrarlas cuando su contratación sea para evitar o mitigar riesgos económicos o financieros relacionados con las obligaciones, empréstitos y deuda pública contratados por ellos mismos y coadyuven a mantener o mejorar la calidad crediticia de su deuda.

Queda prohibida la contratación de instrumentos derivados que generen deuda contingente con fines meramente especulativos.

No impacto de financiamiento neto

Art. 36. La contratación de instrumentos derivados no impactará en el cálculo de financiamiento neto.

Del pago de las comisiones y gastos
de las obligaciones

Art. 37. Los entes públicos podrán pagar, con cargo a los recursos que obtengan por la contratación obligaciones, empréstitos y deuda pública, las comisiones y gastos que se generen por la obtención, instrumentación, estructuración, reestructuración, formalización, colocación, calificación, asesoría de la operación, así como constituir, en su caso, los fondos de reserva de las operaciones correspondientes.

En el caso de operaciones de refinanciamiento, también podrán pagar con cargo a los recursos que obtengan del nuevo financiamiento y, en su caso, las comisiones, penas y costos por rompimiento que genere el prepago de la operación a refinanciar.

De la contratación de las obligaciones derivadas
de arrendamientos financieros

Art. 38. En la contratación de obligaciones que deriven de arrendamientos financieros o de esquemas de asociaciones público-privadas, en lo conducente, los entes públicos se sujetarán a lo previsto en el artículo 31 de esta Ley. Asimismo, las propuestas presentadas deberán ajustarse a la naturaleza y particularidades de la obligación a contratar, siendo obligatorio hacer público todos los conceptos que representen un costo para el ente público. En todo caso, la contratación se deberá realizar con quien presente mejores condiciones de mercado, de acuerdo con el tipo de obligación a contratar y conforme a la legislación aplicable.

De la contratación de las obligaciones
a través de mercado bursátil

Art. 39. Tratándose de la contratación de las obligaciones, empréstitos y deuda pública, a través del mercado bursátil, se deberá fundamentar en el propio documento de colocación, las razones por las cuales el mercado bursátil es una opción más adecuada que el bancario. Bajo la opción bursátil se exceptúa del cumplimiento a que hace referencia el artículo 31 de esta Ley, no obstante, deberá precisar todos los costos derivados de la emisión y colocación de valores a cargo del ente público.

Los entes públicos deberán entregar a la Legislatura del Estado una copia de los documentos de divulgación de la oferta el día hábil siguiente de su presentación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, preliminar como definitiva. Los entes públicos deberán cumplir con las disposiciones de carácter general que emita dicha Comisión.

Capítulo III
Contratación de obligaciones a corto plazo

De la contratación

Art. 40. El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, y los municipios, podrán contratar obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura del Estado, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

I. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estos financiamientos a corto plazo no exceda del seis por ciento de los ingresos totales aprobados en la ley de ingresos respectiva, sin incluir financiamiento neto, del Estado o del municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente;

II. Las obligaciones o deuda a corto plazo deberán quedar totalmente pagadas a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, sin poder contratar nuevos financiamientos a corto plazo durante dicho lapso;

III. Las obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias; y

IV. Ser inscritas en los respectivos registros públicos de deuda, según se trate.

Para dar cumplimiento a la contratación de las obligaciones a corto plazo, se deberá cumplir con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 31 de esta Ley, relativo a las mejores condiciones de mercado.

Las obligaciones a corto plazo que se contraten, quedarán sujetas a los requisitos de información previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Del destino de las obligaciones
a corto plazo

Art. 41. Los recursos derivados de las obligaciones a corto plazo deberán ser destinados exclusivamente a cubrir necesidades de esa naturaleza, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

De las restricciones de las obligaciones
a corto plazo

Art. 42. Las obligaciones a corto plazo a que se refiere el presente capítulo no podrán ser objeto de refinanciamiento o reestructura a plazos mayores de 1 año, salvo en el caso de las obligaciones destinadas a inversión pública productiva y cumpliendo con los requisitos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Capítulo IV
Constitución de fideicomisos

De la contratación de fideicomisos

Art. 43. El Poder Ejecutivo del Estado o los municipios podrán constituir fideicomisos de administración garantía y fuente de pago, cuyo fin principal sea la contratación de financiamientos y cuya fuente única y exclusiva de pago sean los derechos o ingresos que integren el patrimonio del fideicomiso.

En estos casos, el riesgo de que el patrimonio del fideicomiso no sea suficiente para el pago de los financiamientos, correrá exclusivamente a cargo de los entes públicos que adquirieron la deuda pública, por lo que éstos no contarán con derecho o acción alguna en contra de la hacienda pública del Estado o municipio fideicomitente, salvo en los casos que estipula el artículo 45 de esta Ley.

Estos fideicomisos no serán parte de la administración pública paraestatal o paramunicipal, no obstante, estarán sujetos a los controles y supervisión previstos en la ley aplicable.

El fiduciario únicamente podrá contratar financiamientos hasta por los montos autorizados por la Legislatura del Estado. Los recursos deberán aplicarse a inversiones públicas productivas, ya sea a través del fideicomiso o mediante su entrega al Estado o municipio, directamente o a los terceros que éstos designen.

De los fideicomisos para la colocación
de certificados bursátiles

Art. 44. Los entes públicos podrán llevar a cabo operaciones de monetización, a través de financiamientos bancarios o de bursatilización, a través de la emisión de valores, de los recursos derivados de concesiones otorgadas por el Gobierno Federal y, para ello, constituir fideicomisos para la colocación de certificados bursátiles que tendrán como fuente exclusiva de pago los recursos afectados a su patrimonio, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

I. El ente público fideicomitente únicamente afecte al patrimonio del fideicomiso derechos e ingresos derivados o relacionados con la concesión. Lo anterior sin perjuicio de que el patrimonio del fideicomiso pueda estar integrado con otros derechos e ingresos aportados por terceros o derivados de servicios o productos que contrate el propio fideicomiso;

II. No se contraigan obligaciones de pago frente a los acreedores, a cargo de los entes públicos; y

III. Se establezca en los documentos de la operación que el único medio de pago de los contratos, títulos o valores que documenten el financiamiento serán los recursos que constituyan el patrimonio del fideicomiso sin que los acreedores tengan acción o derecho frente al ente público de que se trate.

Cuando el patrimonio del fideicomiso no sea suficiente para el pago de los financiamientos, correrá exclusivamente a cargo de los acreedores, por lo que, éstos no contarán con derecho o acción alguna en contra de la hacienda pública o patrimonio del ente público fideicomitente. Salvo que la Legislatura del Estado autorice al Ejecutivo afectar un porcentaje complementario de participaciones, como garantía o fuente subsidiaria de pago. El derecho de los acreedores será hasta por el límite expresamente autorizado por la Legislatura del Estado.

TÍTULO TERCERO
Mecanismos de pago o garantía

Capítulo I
Mecanismos de pago

De los ingresos como garantía
y mecanismos de pago

Art. 45. El Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría podrá afectar sus ingresos locales, así como el derecho a percibir los ingresos y los propios ingresos de las aportaciones federales susceptibles de afectación, a las participaciones o cualquier otro ingreso que le corresponda, como fuente de pago o garantía de las obligaciones a su cargo, a través fideicomisos, mandatos o cualquier otro acto jurídico análogo.

Para los efectos de esta Ley, en caso que dichos mecanismos se instrumenten mediante fideicomisos, éstos no serán considerados parte de la administración pública paraestatal.

El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, sólo podrá afectar las aportaciones federales que en términos de la legislación federal sean susceptibles de afectación, hasta los límites previstos en la misma, y siempre que se destinen los recursos del financiamiento a los fines previstos en ella.

En el caso de afectación de participaciones o aportaciones federales, la Secretaría deberá notificar dicha afectación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, notificándola a efecto de que, en cada ministración o entrega de las mismas, los ingresos correspondientes a las participaciones o aportaciones federales afectadas sean entregados al mecanismo de fuente de pago o garantía correspondiente con carácter irrevocable.

La notificación e instrucción irrevocable a que se refiere el párrafo anterior, no requerirá autorización previa de la Legislatura del Estado, cuando la misma tenga por objeto desafectar o disminuir las participaciones o aportaciones federales afectadas al mecanismo de fuente de pago o garantía, siempre y cuando no se genere un perjuicio a los derechos adquiridos de los acreedores, mientras existan obligaciones pendientes de pago a cargo del Estado respecto de las obligaciones, empréstitos y deuda pública para las cuales las mismas fueron afectadas.

De la afectación de ingresos municipales

Art. 46. El municipio podrá afectar sus ingresos locales, así como los derechos que tiene derecho a percibir, los ingresos a las aportaciones federales susceptibles de afectación, a las participaciones federales y estatales o cualquier otro ingreso que le corresponda, como fuente de pago o garantía de las obligaciones a su cargo, a través fideicomisos, mandatos o cualquier otro acto jurídico análogo.

En los casos en que dichos mecanismos se instrumenten mediante fideicomisos, éstos no serán considerados parte de la administración pública paramunicipal.

Para los efectos de esta Ley, en caso que dichos mecanismos se instrumenten mediante fideicomisos, éstos no serán considerados parte de la administración pública paraestatal.

Los municipios sólo podrán afectar las aportaciones federales que en términos de la legislación federal sean susceptibles de afectación, hasta los límites previstos en la misma, y siempre que se destinen los recursos del financiamiento a los fines previstos en ella.

Los municipios podrán constituir fideicomisos de administración fuente de pago o garantía de sus obligaciones, afectando para tales efectos sus participaciones o aportaciones federales susceptibles de afectación, siempre y cuando el destino de los recursos sea el pago de las obligaciones del propio municipio. A estos fideicomisos los municipios podrán adherirse, siempre y cuando cuenten con la autorización de sus ayuntamientos.

En el caso de afectación de aportaciones federales o participaciones federales o estatales, el municipio deberá notificar dicha afectación a la Secretaría, instruyéndola a efecto de que en cada ministración o entrega de las mismas, los ingresos correspondientes a las participaciones o aportaciones federales afectadas, sean entregados al mecanismo de fuente de pago o garantía correspondiente con carácter irrevocable.

La notificación e instrucción irrevocable a que se refiere el párrafo anterior, no requerirá autorización previa de la Legislatura del Estado, cuando la misma tenga por objeto desafectar o disminuir las participaciones o aportaciones federales afectadas al mecanismo de fuente de pago o garantía, siempre y cuando no se genere un perjuicio a los derechos adquiridos de los acreedores, mientras existan obligaciones pendientes de pago a cargo del municipio respecto de las obligaciones, empréstitos y deuda pública para las cuales las mismas fueron afectadas.

Constitución de fideicomisos

Art. 47. Las entidades de la administración pública paraestatal o paramunicipal podrán afectar sus bienes con excepción de los de dominio público, derechos o ingresos, como fuente de pago o garantía de las obligaciones a su cargo, a través de fideicomisos, mandatos o cualquier otro acto jurídico análogo.

Capítulo II
Mecanismos de garantía

Del acceso a la deuda estatal garantizada

Art. 48. El Poder Ejecutivo del Estado y los municipios podrán acceder a la garantía del Gobierno Federal de los compromisos constitutivos de obligaciones, empréstitos o deuda pública, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El Poder Ejecutivo del Estado y los municipios, podrán adherirse al mecanismo de contratación de deuda estatal garantizada, cumpliendo los siguientes requisitos:

I. Que hayan celebrado convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos señalados en este capítulo; y

II. Afecten participaciones federales suficientes que les correspondan, conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, bajo un vehículo específico de pago y en los términos que se convengan con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La autorización para celebrar los mencionados convenios se realizará a través de la aprobación de la Legislatura del Estado y, en su caso, por los ayuntamientos. Los convenios deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

En caso de que dicho convenio incluya a sus municipios en el mecanismo de coordinación previsto en este capítulo; deberá contar con el aval del propio Poder Ejecutivo del Estado y suscribir un convenio adicional y único con la Federación respecto a sus municipios.

Los convenios a los que se refiere este artículo, contendrán como mínimo lo siguiente:

a) Límites de endeudamiento; y

b) Otros objetivos de finanzas públicas, tales como disminución gradual del balance presupuestario de recursos disponibles negativo y en su caso reducción del gasto corriente y aumento de los ingresos locales.

Del sistema de alertas

Art. 49. Cuando el Poder Ejecutivo del Estado se ubique en un nivel de endeudamiento elevado, según el sistema de alertas previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se estará a lo que disponga dicho cuerpo normativo.

Del procedimiento e información
en endeudamiento elevado

Art. 50. La totalidad de los convenios que se suscriban por parte de la Federación con el Poder Ejecutivo del Estado, así como los que incluyan a sus municipios, que se encuentren en un nivel de endeudamiento elevado según el sistema de alertas, deberán ser entregados a la Comisión Legislativa Bicameral del Congreso de la Unión, de manera inmediata, sin exceder de 10 días hábiles posteriores a su formalización. Lo anterior, para informar sobre las estrategias de ajustes que se prevean en los convenios respectivos.

De los límites y gradualidad de la
deuda estatal garantizada

Art. 51. Para los efectos de los límites de la deuda estatal garantizada, así como su gradualidad, se estará a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

De las evaluaciones en el cumplimiento
de las obligaciones

Art. 52. El Poder Ejecutivo del Estado estará sujeto a la evaluación del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria que efectúe periódicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. A su vez, el Poder Ejecutivo del Estado realizará dicha evaluación de las obligaciones a cargo de los municipios, en términos de lo establecido en los propios convenios.

Para ello, el Poder Ejecutivo del Estado y municipios enviarán trimestralmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Legislatura del Estado, respectivamente, la información que se especifique en el convenio correspondiente para efectos de la evaluación periódica de cumplimiento. En todo caso, el Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Finanzas, deberá remitir la evaluación correspondiente de cada municipio a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tanto el Estado como sus municipios, serán plenamente responsables de la validez y exactitud de la documentación e información que respectivamente entreguen para realizar la evaluación del cumplimiento referida en el párrafo anterior.

Del incumplimiento de los convenios

Art. 53. En el caso de que el Poder Ejecutivo del Estado o sus municipios incumplan el convenio respectivo o se dé por terminado el mismo, se estará a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

TÍTULO CUARTO
Control y registro de obligaciones,
empréstitos y deuda pública

Capítulo I
Control de obligaciones, empréstitos
y deuda pública

De las obligaciones de los entes públicos
con el registro y control de
las operaciones

Art. 54. Los entes públicos tendrán las obligaciones siguientes:

I. Llevar un registro de las obligaciones, empréstitos y deuda pública que contraten;

II. Solicitar la inscripción de sus operaciones de deuda pública en el registro público único y el registro estatal de deuda pública, así como de los mecanismos de pago y garantía.

La Secretaría abrirá una sección especial en el registro en la cual inscribirá los mecanismos de pago y garantía relacionados con operaciones de deuda pública que, en su caso, celebren los entes públicos y a los cuales se afecten cualesquier ingreso o participaciones o aportaciones federales. Las inscripciones a que se refiere este párrafo, serán sin perjuicio de las menciones que sobre dichos mecanismos deban inscribirse en el registro de las operaciones.

La inscripción de las operaciones de deuda pública en el registro estatal de deuda pública, tendrán efectos declarativos;

III. Comunicar trimestralmente al registro estatal de deuda pública de la Secretaría de Finanzas, los datos de toda la deuda pública contratada, así como de los movimientos realizados respecto de la misma; y

IV. Las demás que se deriven de la presente Ley.

Capítulo II
Del registro público único

De la obligación de inscribir deuda
pública y obligaciones

Art. 55. Los entes públicos deberán inscribir en el registro público único a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la totalidad de la deuda pública y obligaciones a su cargo, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Art. 56. Para la inscripción, modificación y cancelación de los asientos registrales del registro público único se atenderá a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

TÍTULO QUINTO
Transparencia

Capítulo único
De la transparencia

Plazo para publicar en
medios electrónicos

Art. 57. Una vez celebrada la contratación de las obligaciones, empréstitos y deuda pública, a más tardar 10 días posteriores a la inscripción en el registro público único, el ente público deberá publicar en su página oficial de Internet dichos instrumentos. Asimismo, el ente público presentará en los informes trimestrales a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de cada financiamiento u obligación, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

De la publicación del resultado
del proceso competitivo

Art. 58. La institución financiera participante que resulte ganadora del proceso competitivo, establecido en el artículo 31 de esta Ley, se dará a conocer en un plazo no mayor a 2 días hábiles posteriores al proceso descrito en dicho artículo, a través de medios públicos, incluyendo la página oficial de Internet del Estado, publicando el documento en que conste la comparación de las propuestas presentadas.

De la publicación

Art. 59. El documento establecido en el último párrafo del artículo 31 de esta Ley, deberá publicarse en la página oficial de Internet del propio ente público, o en su caso, del Poder Ejecutivo del Estado o el municipio, según se trate.

De los informes periódicos

Art. 60. El Poder Ejecutivo del Estado y sus municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública, la información detallada de las obligaciones, empréstitos o deuda pública a corto plazo contraídas en los términos del artículo 40 de esta Ley, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva a corto plazo a que hace referencia el artículo 31 fracción IV de esta Ley, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De la transparencia

Art. 61. El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas deberá publicar, a través de Internet, el resultado de las evaluaciones que realicen en términos del artículo 52 de esta Ley. Adicionalmente, deberá incluir en un apartado de su respectiva cuenta pública y en los informes que periódicamente entregue a la Legislatura del Estado, la información relativa al cumplimiento de los convenios.

Igual obligación en materia de transparencia deberá ser observada en los términos del párrafo anterior, por los municipios.

De la entidad de fiscalización
y sus competencias

Art. 62. La fiscalización sobre el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley corresponderá a la entidad de Fiscalización Superior del Estado, así como a la Auditoría Superior de la Federación conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Auditoría Superior de la Federación, en los términos de la legislación federal aplicable, fiscalizará la garantía que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a financiamientos de los Estados y municipios, así como el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado dichos gobiernos locales.

TÍTULO SEXTO
Responsabilidades y sanciones

Capítulo único
De las responsabilidades y sanciones

De la responsabilidad en el cumplimiento
de las disposiciones de la Ley

Art. 63. En los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos, los titulares de los entes públicos serán responsables del estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, en la contratación de la deuda pública y obligaciones. Las infracciones en que incurran, serán sancionadas de conformidad con las disposiciones de la ley de la materia.

De la responsabilidad de los
servidores públicos

Art. 64. Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen daño o perjuicio estimable en dinero a la hacienda pública estatal o municipal incluyendo, en su caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les sean imputables, o por incumplimiento de obligaciones derivadas de esta Ley, serán responsables del pago de la indemnización correspondiente, en los términos de las disposiciones generales aplicables.

Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos.

Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas físicas o morales privadas en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad.

De las sanciones e indemnizaciones

Art. 65. Las sanciones e indemnizaciones que se determinen por el incumplimiento a las disposiciones de esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento de ejecución que establece la legislación aplicable.

De la obligación de informar
sobre infracciones

Art. 66. Los funcionarios del Poder Ejecutivo del Estado y los municipios informarán a la autoridad competente cuando las infracciones a esta Ley impliquen la comisión de una conducta sancionada en los términos de la legislación penal.

De la autonomía de la responsabilidad
administrativa

Art. 67. Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta Ley se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de carácter político, penal, administrativo o civil que, en su caso, lleguen a determinarse por las autoridades competentes.

Artículos transitorios

Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Art. 2º Se abroga la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de Zacatecas, expedida mediante Decreto no. 431 publicada en suplemento al número 1 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, correspondiente al día 3 de enero de 2007.

Art. 3º En el caso de los entes públicos que se ubiquen en un endeudamiento elevado conforme a la evaluación inicial del sistema de alertas, los convenios a que hace referencia el artículo 50 de esta Ley, podrá establecer un techo de financiamiento neto, en los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Art. 4º Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Comuníquese al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación.

Dado en la sala de sesiones de la Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Zacatecas, a los 21 días del mes de diciembre del año 2016. Diputada Presidenta. Dip. Norma Angélica Castorena Berrelleza. Diputadas Secretarias. Dip. Ma. Guadalupe González Martínez y Dip. María Elena Ortega Cortés. Rúbricas.

Y para que llegue al conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, mando se imprima, publique y circule.

Dado en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los 29 días del mes de diciembre del año 2016.

Atentamente,
«Sufragio Efectivo. No Reelección»

El Gobernador del Estado de Zacatecas
Alejandro Tello Cristerna

La Secretaria General de Gobierno
Fabiola Gilda Torres Rodríguez

El Secretario de Finanzas
Jorge Miranda Castro

FICHA TÉCNICA

GENERAL

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
122 105 31-diciembre-2016 01-enero-2017 LXII

REFORMAS

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
273 101 20-diciembre-2017 01-enero-2018 LXII

Se reforma el párrafo quinto de la fracción V del artículo 31.

Último cotejo de vigencia: mayo de 2018.