LEY DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN FINANCIERA PARA
EL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS

Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas, a sus habitantes hago saber:

Que los Diputados Secretarios de la Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, se han servido dirigirme el siguiente:

Decreto n° 107

La Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en nombre del pueblo, decreta

Resultando primero. En sesión del Pleno del 6 de diciembre de 2016, el L. C. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 60 fracción II y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 46 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 95 fracción II, 96, 97 fracción II y 98 de su Reglamento, envió a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la Iniciativa de Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios.

Resultando segundo. Por acuerdo de la presidencia de la Mesa Directiva, mediante memorándum número 0241, de la misma fecha, la Iniciativa fue turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y la emisión del dictamen correspondiente.

Resultando tercero. El proponente justificó su Iniciativa, bajo la siguiente:

Exposición de motivos

Para garantizar que cada ámbito de Gobierno y de poder público Federal, Estatal y municipal, cuente con la suficiencia de recursos, que además de mantener una distribución equitativa de atribuciones y potestades, establecer el mecanismo para redistribuir competencias y recursos, para mejorar y optimizar la aplicación del gasto público, así como brindar apoyo en la asesoría responsable para el acceso a mejores esquemas de financiamiento público.

La coordinación financiera, es decidir en materia de ingreso, gasto; atendiendo a contar con un marco jurídico estatal actualizado que además permita una adecuada coordinación entre el Estado y los municipios, de los ingresos y del gasto, todo esto en el marco de la soberanía estatal y respetando en pleno la autonomía municipal.

Se hace imperante contar con un nuevo ordenamiento legal en materia de coordinación financiera, que en el Estado de Zacatecas responda a los tiempos actuales de la administración pública tanto Estatal como municipal.

Revisando los antecedentes de la relación fiscal de la Federación y los Estados, se pudo conocer que ésta tiene su primer ordenamiento jurídico con la promulgación de la Ley de Coordinación Fiscal, en la que se establecen las bases para administrar los ingresos federales que debía compartir con los Estados coordinados en materia del impuesto sobre los ingreso mercantiles; ordenamiento que data desde 1953, y que revisando de manera cronológica los sucesos que se presentaron en relación con la coordinación, nos encontramos con que fue en el año de 1973 que renunciaron a sus potestades en cuanto a la recaudación local, otorgando por lo tanto sus facultades a la Federación, y ésta a su vez redistribuiría los recursos que obtuviera, en teoría de manera «justa y eficaz».

Para 1978 y 1980 con la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal se considera la distribución de la participación a los Estados y municipios, destacando el fondo general de participaciones, el cual representaba un 13% de los ingreso federales.

Respecto a la regulación de la coordinación fiscal entre el Estado y los municipios, se realiza por primera vez a través de la Ley General de Coordinación del Estado de Zacatecas y sus Municipios, la cual nace el 9 de enero de 1984 publicada mediante el Decreto 58 en el suplemento 1, teniendo dos reformas el 27 de diciembre de 1989 publicada mediante Decreto 77, posteriormente el 28 de diciembre de 1996 mediante el Decreto 106 se hace una segunda reforma, ahora bien esta Ley fue abrogada mediante el artículo 2º transitorio que fue publicado en el Periódico Oficial el 1º de enero de 2005 mediante el Decreto 78.

Ya con esta nueva denominación de Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, se tuvieron de igual forma diversas reformas, siendo la primera el 14 de marzo del 2009 mediante Decreto 254, posteriormente el 30 de diciembre de 2009 mediante Decreto 422 tuvo su segunda reforma en dicho Decreto se establece incrementar el porcentaje para la distribución del fondo general de participaciones de un 22 % al 23%. Así mismo, creció la participación del 20% al 23% del monto a distribuir por la recaudación federal del impuesto especial sobre producción y servicios y, la recaudación del impuesto sobre automóviles nuevos.

El 31 de diciembre del 2011 mediante el Decreto 288 se efectuó su tercera reforma; en tanto, el 28 de diciembre del 2013 mediante Decreto 41 se publicó su cuarta reforma. Posteriormente se realiza una quinta modificación el 13 de diciembre del 2014 mediante el Decreto 202, y finalmente se lleva a cabo la sexta reforma el 31 de diciembre de 2014 mediante Decreto 255.

En este contexto, la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, que se propone su abrogación, fue publicada en el Decreto 78 en el suplemento del Estado de Zacatecas el 1º de enero de 2005, considera las formas y procedimientos para llevar a cabo la distribución de participaciones y aportaciones federales, así como los organismos de coordinación en materia de ingreso, gasto, deuda, patrimonio y contabilidad.

Ante los cambios y creación de nuevas leyes de carácter federal relativas a la deuda pública, contabilidad y responsabilidad financiera, se hace imperante actualizar nuestro marco jurídico en materia de coordinación con los municipios, motivo por el cual se presenta la propuesta de una nueva Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, contemplando esta denominación derivado de que materia de deuda se considera en la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública, en tanto, lo relativo a patrimonio y contabilidad se contemplan en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, por lo que los conceptos objeto de este nuevo Instrumento jurídico son los relativos al ingreso y gasto públicos.

En este sentido, se propone una nueva estructura de Ley, acorde a nuestros tiempos y exigencias jurídicas anteriormente expuestas, la cual se presenta con la comparación de su similar que se propone abrogar:

TÍTULO PRIMERO Disposiciones generales Capítulo único TÍTULO TERCERO Del sistema de coordinación hacendaria del Estado Capítulo I Disposiciones generales Capítulo II Coordinación en Ingresos Capítulo III Coordinación en gasto público Capítulo IV Coordinación en patrimonio Capítulo V Coordinación en deuda pública TÍTULO TERCERO De la colaboración administrativa entre los municipios y el Estado*TÍTULO PRIMERO Disposiciones generales Capítulo único TÍTULO SEGUNDO Del sistema estatal de coordinación financiera Capítulo I Disposiciones generales Capítulo II De los órganos del sistema estatal de coordinación y colaboración financiera y sus atribuciones TÍTULO TERCERO De la coordinación y colaboración administrativa en ingresos y gasto público

Capítulo I Disposiciones generales Capítulo II Colaboración administrativa en ingresos Capítulo III Colaboración administrativa en gasto público Capítulo IV Colaboración administrativa en patrimonio Capítulo V De la colaboración administrativa en deuda pública*Capítulo I Disposiciones generales Capítulo II De la coordinación administrativa en ingresos Capítulo III De la colaboración administrativa en ingresos Capítulo IV De la coordinación administrativa en gasto público Capítulo V De la colaboración administrativa en gasto público

TÍTULO CUARTO De las participaciones Capítulo único*TÍTULO CUARTO De las transferencias a municipios Capítulo I De las participaciones Capítulo II De las aportaciones federales

TÍTULO QUINTO De las aportaciones federales Capítulo único TÍTULO SEXTO De los órganos de coordinación Capítulo único TÍTULO SÉPTIMO De las inconformidades Capítulo único Transitorios*TÍTULO QUINTO De las inconformidades Capítulo único Transitorios

Como resultado de esta nueva conformación de las reglas de coordinación y colaboración financiera entre el Estado y los municipios, es sustantivo resaltar las principales modificaciones que se pone a consideración de esa H. Legislatura, que se describen a continuación:

Sistema estatal de coordinación financiera.

Se otorgan mayores facultades y se optimiza la operatividad de los órganos del sistema estatal de coordinación financiera, con el fin de establecer mecanismos eficientes y ágiles para el fortalecimiento financiero de los municipios.

En razón de lo anterior, el propuesto sistema estatal de coordinación financiera se constituirá por las dependencias del Estado y de los municipios que tengan atribuciones en materia financiera, los cuales serán integrantes de los organismos que la misma Ley crea; por la legislación relativa a la hacienda local; por la vinculación de los intereses de ambos órdenes de Gobierno en la óptima utilización en materia de ingresos y egresos, los cuales se llevarán a cabo a través de los objetivos siguientes:

-Coadyuvar en el fortalecimiento de la administración fiscal municipal.

-Propiciar procesos administrativos orientados a la racionalización y disciplina presupuestal.

-Impulsar mecanismos que permitan el control del patrimonio en cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

-Analizar y buscar las mejores alternativas para acceder a la deuda pública, considerando lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

-Regular las relaciones y fijar reglas en materia de coordinación financiera entre el Estado de Zacatecas y sus municipios.

-Proponer los criterios, mecanismos, montos, bases y plazos para el cálculo y la distribución de las participaciones e incentivos que correspondan a las haciendas públicas municipales, derivadas de la coordinación fiscal, lo establecido en esta Ley y, los convenios que de éstos ordenamientos emanen.

-Dar transparencia y seguridad al proceso de determinación y pago de los montos de las participaciones e incentivos que correspondan a los municipios.

-Constituir los órganos de coordinación financiera y establecer la regulación básica para su organización y funcionamiento.

-Fomentar el estudio permanente para la elaboración y revisión de propuestas en torno a la coordinación financiera. E

-Impulsar el cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Adicionalmente, se propone modificar la estructura del actual consejo hacendario por una asamblea financiera del Estado, ampliando las potestades e incorporando nuevas representantes dentro de su integración, como es el Auditor Superior del Estado.

Con relación al propuesto comité de operación financiera, actualmente denominado comisión permanente, se plantea la modificación de la elección de los representantes de región, en orden alfabético con el fin de transparentar su representatividad.

En lo referente a la citada asamblea financiera del Estado, estará integrada por el Secretario, los presidentes municipales y el Auditor Superior del Estado. La reunión se llevará a cabo con base en lo siguiente:

-El Secretario de Finanzas, quien fungirá como presidente y podrá ser suplido por el subsecretario de ingresos.

-El director de coordinación hacendaria de la Secretaría, quien será el secretario de actas y acuerdos.

-Por parte de los municipios, presidentes municipales quienes podrán ser suplidos por los tesoreros o su equivalente. Y

-El Auditor Superior del Estado, quien podrá ser suplido por el director de auditoría financiera a municipios.

Esta asamblea, tendrá por lo menos una sesión ordinaria en cada ejercicio fiscal, previa convocatoria por escrito del Secretario, quien de igual forma podrá convocar a sesiones extraordinarias, ya sea a solicitud del comité o de la propia Secretaría. Para la validez de las sesiones, ordinarias o extraordinarias, se requerirá de la asistencia de cuando menos la mitad más uno de los integrantes de la asamblea, entre los cuales deberá estar su presidente. Las decisiones que se tomen en la asamblea, sólo podrán ser válidas cuando cuenten con el voto mayoritario de los asistentes a la sesión, teniendo voto de calidad el presidente. De cada sesión se levantará acta que firmarán, una vez aprobada, todos los asistentes a la misma. El sitio de reunión será dentro del territorio del Estado que designe el comité de operación financiera. La convocatoria deberá notificarse con dos semanas de anticipación.

En este orden de ideas, la asamblea tendrá las facultades siguientes:

-Realizar en forma permanente el análisis y estudio de la normatividad estatal y municipal relativa a sus respectivas haciendas.

-Aprobar el reglamento interior de los órganos del sistema estatal de coordinación financiera.

-Vigilar, que los convenios de coordinación y de colaboración administrativa que celebren el Estado y los municipios, se sujeten a las disposiciones que esta Ley y, otras que le sean aplicables.

-Acrecentar el fortalecimiento financiero mediante acciones de coordinación tendientes a incentivar y apoyar la eficiencia recaudatoria.

-Emitir las bases para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley de Coordinación y en la presente Ley.

-Nombrar comisiones que considere necesarios para el logro de los objetivos del sistema estatal de coordinación.

-Proponer al titular del Ejecutivo del Estado proyectos de reformas, adiciones, erogaciones o abrogaciones a la legislación financiera local.

-Aprobar el informe anual del comité de operación financiera.

-Promover el desarrollo y fortalecimiento técnico en materia financiera.

-Promover la capacitación y certificación de funcionarios estatales y municipales en materia financiera, a través de la dirección de coordinación hacendaria de la Secretaría de Finanzas, instancias técnicas o educativas competentes. Y

-Realizar todas aquéllas funciones que se desprendan de esta Ley, de los convenios de coordinación y de colaboración administrativa, así como de los acuerdos que se tomen en la asamblea.

Para efectos de los convenios de colaboración y coordinación en materia de ingresos y gasto, se fortalecieron para ser más claros, precisos con transparencia, así como son incluidas las sanciones por incumplimiento a los mismos.

Lo anterior plantea la necesidad de distribuir los recursos entre el Estado y los municipios con una mejor coordinación y a su vez colaboración para un excelente desarrollo de éstos.

En lo que respecta en materia de gasto público, se precisa la competencia y las atribuciones en esa materia, tomando en consideración la importancia de la inversión productiva para generar a los municipios beneficio social y cuantificación de los resultados, y que esta esté regulada para su aplicación.

Asimismo, se precisa el proceso administrativo del gasto público, el cual comprende las funciones de planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejecución, control, evaluación y transparencia, de los recursos que se destinan al ejercicio del gasto coordinado entre el Estado y los municipios, aplicando los momentos contables con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

En materia de participaciones, se considera la creación de un título, redefiniendo la forma en que se determinará, distribuirá y liquidará a los municipios del citado concepto, motivo por el cual se pretende modificar la fórmula de cálculo, considerando la base sea a través del fondo único de participaciones, con los mismos componentes y porcentajes de distribución que a la fecha prevalece, con la adición de la participación de un 20% del impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico.

En este contexto, la distribución del fondo único de participaciones a los municipios, se propone determinar conforme a lo siguiente:

FuPi,t=FuPi,16+ΔFuP16,t[0.5IPi,t+0.5DAi,t]

IP= RPi,t

Σi RPi,t

DA= RAi,t

Σi RA,t

Donde:

FuPi,t. Es la participación del fondo al que se refiere este artículo del municipio i en el año t.

FuPi,16. Es la participación del fondo al que se refiere este artículo que el municipio i recibió en el año 2016.

ΔFuP16,t. Es el crecimiento en el fondo al que se refiere este artículo entre el año 2016 y el periodo t.

IP. Es el coeficiente impuesto predial para distribución del 50% del excedente del fondo único de participaciones con respecto a 2016 del municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo.

DA. Es el coeficiente derechos de agua para distribución del 50% del excedente del fondo único de participaciones con respecto a 2016 del municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo.

RP. Es la recaudación del impuesto predial, que registren un flujo de efectivo, del municipio i en el año t, que corresponde al inmediato anterior al que se efectúa el cálculo del fondo al que se refiere este artículo, reportada en los formatos que emita la Secretaría.

RA. Es la recaudación de los derechos de agua, que registren un flujo de efectivo, del municipio i en el año t, que corresponde al inmediato anterior al que se efectúa el cálculo del fondo al que se refiere este artículo, reportada en los formatos que emita la Secretaría.

Σi. Es la suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue.

Para una mejor comprensión de la importancia de esta propuesta de modificación, se presenta su comparativo de la fórmula vigente:

Fórmula vigente 80% del importe fondo de garantía El resto del fondo único de participaciones presupuestado, se distribuirá de acuerdo a los criterios y bases siguientes: 40% en proporción directa al número de habitantes que tenga cada municipio. El número de habitantes se tomará de la última información oficial que hubiera dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al primer día del penúltimo mes anterior al ejercicio para el que aplica el cálculo El 25% en base al índice de dispersión, mismo que se obtendrá del siguiente cálculo: Se obtendrá el cociente de la superficie total territorial en kilómetros cuadrados que corresponda a cada municipio con relación al total de la superficie territorial del Estado*Fórmula propuesta fondo único del 2016 Más el incremento del FUP del 2016 La participación del fondo será en base crecimiento del cobro del impuesto predial y derechos de agua del ejercicio 2016 así como: El coeficiente impuesto predial para distribución del 50% del excedente del fondo único de participaciones El coeficiente derechos de agua para distribución del 50% del excedente del fondo único de participaciones La recaudación del impuesto predial, que registren un flujo de efectivo del municipio, reportada en los formatos que emita la Secretaría

Se obtendrá el cociente del número total de localidades con las que cuenta cada municipio*La recaudación de los derechos de

con 50 habitantes o más, entre el número total*agua, que registren un flujo de efectivo

de localidades del Estado con 50 habitantes o más*del municipio reportada en los formatos que emita la Secretaría.

De los resultados obtenidos en los numerales 1 y 2 para cada uno de los 58 municipios del Estado, se hará una ponderación asignándosele al cociente del numeral 1 de este inciso el 50% y al cociente del numeral 2 del propio inciso el 50% restante*La suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue.

El 5% en base a la recaudación municipal considerando para su medición, la recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de cada municipio, sin considerar la recaudación a que se refieren los incisos d) y e) de la presente fracción, obtenida en el periodo comprendido desde el séptimo mes del segundo año anterior hasta el sexto mes del primer año anterior del ejercicio para el que aplicará el cálculo, dicha información será tomada de los reportes mensuales que entregan las instancias municipales al órgano de fiscalización de la Legislatura*0

El 10% en proporción directa a la recaudación del impuesto predial de cada municipio captada en el periodo comprendido desde el segundo semestre del segundo año anterior hasta el primer semestre del año anterior del ejercicio para el que se aplica el cálculo, con respecto del total captado por la totalidad de los municipios de la Entidad, durante el mismo periodo*0

El 10% en proporción directa a la recaudación de los derechos de agua potable de cada municipio captada en el periodo comprendido desde el segundo semestre del segundo año anterior hasta el primer semestre del año anterior ejercicio para el que se aplica el cálculo, con respecto del total captado por la totalidad de los municipios de la Entidad, durante el mismo periodo*0

El 10% se distribuirá en proporción inversa a las participaciones que por habitante haya obtenido cada municipio por los conceptos de las fracciones I y II incisos a), b), c), d) y e), de este artículo*0

La información que se considerará para la determinación del impuesto predial y derechos de agua, será la presentada en las cuentas públicas municipales, cuya información se desglosará en los formatos que para ello emita la Secretaría.

De no contar con la información de la cuenta pública municipal de alguno de los municipios, se tomará como referencia la información de la última presentada ante la Auditoría Superior del Estado.

Cuando en el ejercicio que corresponda la distribución del fondo descrito anteriormente, sea menor a lo participado en el ejercicio 2016, los municipios recibirán las participaciones en proporción a lo transferido en el ejercicio 2016, se calcularán para cada ejercicio fiscal por la Secretaría y se entregarán mensualmente en términos de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.

Lo anterior obedece como un mecanismo que incentive el crecimiento de la recaudación de estas contribuciones, que podrán derivar en un incremento de la participación al Estado del fondo general y del fondo de fomento municipal, los cuales consideran en su fórmula de distribución el crecimiento de los ingresos del impuesto predial y derechos de agua.

Considerandos

Primero: Competencia. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública acreditó competencia para conocer, analizar, discutir y aprobar, el dictamen respecto de la Iniciativa de Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, presentada ante esta Soberanía Popular por el titular del Ejecutivo del Estado, así como para emitir el dictamen correspondiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 124 fracción VI, 125 y 132 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.

Segundo: Coordinación y colaboración financiera. El sistema de Gobierno tiene su base constitucional en el artículo 40 de nuestra Carta Magna y, de manera literal, señala lo siguiente:

Art. 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental.

Dado este esquema de gobierno, podemos adoptar ciertas definiciones de federalismo, ya que resulta insuficiente referir una sola concepción:

Etimológicamente el origen del vocablo federalismo proviene del latín foedus-oris que significa unión, alianza, pacto, acuerdo. En este sentido, el término federalismo hace referencia al «arreglo político institucional basado en una distribución funcional y territorial del poder entre un ámbito central y ámbitos locales [Estados, provincias o territorios] independientes o federados, los cuales participan de un pacto que se sustenta en la Constitución».[1]

Por su parte, Alexis de Tocqueville afirma que «el federalismo implica la unión de Estados soberanos que, en conjunto, integraban la Federación –«el gran cuerpo de la unión».[2]

Hans Kelsen señala que «el federalismo se debe explicar como un fenómeno de descentralización administrativa, jurídica y política».[3]

Un aspecto fundamental del federalismo es el relativo a las facultades tributarias y la responsabilidad de provisión de servicios. Para que el sistema federalista funcione bajo la idoneidad adecuada, es imperativo que existan leyes que establezcan, con precisión, las obligaciones hacendarias, en particular, para cada uno de los órdenes de gobierno.

Para entender lo anterior, resulta importante definir dos acepciones fundamentales: federalismo hacendario y federalismo fiscal.

El federalismo hacendario puede entenderse como:

Proceso mediante el cual se logran acuerdos para distribuir los recursos y potestades tributarias entre los tres órdenes de gobierno.

Al federalismo fiscal, lo podemos definir de la siguiente manera:

El federalismo fiscal pretende que cada orden de gobierno cuente con los recursos o responsabilidades económicas en proporción a sus responsabilidades, funciones o facultades en la provisión de los servicios o bienes públicos. Dicho de otra manera, el federalismo fiscal es el instrumento mediante el cual la función del municipio se traduce en recursos económicos. Para ello, es indispensable primero establecer cuál puede ser la función del municipio en relación a los bienes públicos y las finanzas públicas.[4]

Es muy común que la Federación recaude impuestos de los Estados y municipios, en permuta de un porcentaje llamado participaciones, las que son distribuidas en los Estados y estos a su vez, lo reparten a sus municipios.

Como consecuencia de lo anterior, surge la necesidad de crear un esquema de coordinación hacendaria. En el año de 1980, nace la coordinación hacendaria con la firma del Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En palabras del Dr. José María Serna de la Garza, investigador jurídico de la Universidad Autónoma de México [UNAM], el sistema, en esencia, consiste en lo siguiente:

La Federación y los Estados firman convenios de coordinación fiscal, por medio de los cuales los Estados se comprometen a limitar sus potestades tributarias a favor de la Federación, a cambio de obtener una participación en los ingresos fiscales federales.[5]

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal [SNCF] nace con el propósito de regular el panorama tributario nacional conforme a reglas claras y objetivos tendientes a la armonización del sistema tributario, además de fortalecer las haciendas públicas de los distintos ámbitos de gobierno. Desde entonces, se ha convertido en el principal instrumento para regular las relaciones fiscales intergubernamentales.[6]

Cuando hablamos de coordinación hacendaria, podemos adoptar la definición que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público nos da al respecto:

El esquema que tiene por objeto el fortalecimiento económico de la Federación, los Estados y los municipios, así como la eficiente provisión de servicios y el logro de un desarrollo regional justo y equilibrado, mediante la redistribución de competencias entre los tres niveles de gobierno y la descentralización y federalización de funciones para una adecuada distribución de ingresos, facultades de recaudación y responsabilidades de gasto. La asignación de atribuciones y responsabilidades conlleva también el mejoramiento de la colaboración administrativa entre las tres instancias de gobierno.

En la actualidad, todos los Estados se han sujetado a este esquema de coordinación fiscal, lo que ha propiciado que dos impuestos vitales para la hacienda, tales como el Impuesto Sobre la Renta [ISR] y el Impuesto al Valor Agregado [IVA], sean establecidos y administrados por la Federación.

La colaboración administrativa en materia fiscal, es el acto por medio del cual el Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios, comparten responsabilidades en materia de contribuciones federales. A través de convenios administrativos, la Federación delega atribuciones en materia de recaudación, comprobación, determinación y cobro de gravámenes y derechos. Derivado de lo anterior, los gobiernos locales perciben incentivos económicos de acuerdo al tipo de impuesto del que se trate.[7]

La Federación tiene el control de alrededor del 80% de los ingresos fiscales que se obtienen en el País, lo anterior, representa en grado de dependencia financiera, muy elevado, de los Estados y sus municipios, hacia las aportaciones federales.

Los Estados Mexicanos, se encuentran muy por debajo respecto a los ingresos propios que perciben en comparación con regiones de otros países. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], a través de diversos estudios realizados, expone que menos del 10% de los ingresos municipales son propios, en el caso particular de nuestro País, mientras que en el resto de las naciones valoradas, el promedio está arriba del 50% de ingresos propios. Para entender lo anterior es necesario establecer una definición del concepto de participaciones.

Las participaciones federales, son recursos federales que se entregan a las entidades federativas y sus municipios con el fin de compensarles su aportación a la economía del País.

En realidad, las participaciones federales están compuestas por diversos fondos y cada uno de ellos tiene una fórmula de repartición.

Estas fórmulas toman en cuenta variables distintas como el tamaño de la población en la Entidad o municipio, el crecimiento del PIB estatal, el crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales con respecto a los años anteriores, así como el crecimiento de los impuestos locales con respecto a lo que recaudan de la misma forma los demás Estados.[8]

El actual esquema de distribución de participaciones tiene algunas inconsistencias, dado que su aplicación favorece solo a los municipios con mayor grado de desarrollo y población. Con ello, se ven afectados lo municipios con menor grado poblacional, al recibir menores participaciones, por lo que resulta necesario impulsar aquellos con mayor grado de marginalidad para lograr una distribución más justa de los recursos.

Virtud a lo anterior, coincidimos con lo mencionado por el iniciante, sobre la evidente necesidad de contar con un ordenamiento que posibilite una mejor distribución de los recursos públicos en el Estado, en razón de que en las últimas décadas nuestra Entidad ha experimentado una serie de transformaciones políticas y económicas que hacen necesario consolidar y fortalecer el financiamiento público y, con ello, invertir en la infraestructura productiva y social necesaria para impulsar el desarrollo de nuestra Entidad, y sobre todo, efectuar un reparto más justo y equitativo de las participaciones, con el objeto de atender las peculiaridades y necesidades de cada región en el Estado.

Es importante hacer alusión al documento denominado «Declaratoria a la Nación y Acuerdos de los Trabajos de la Primera Convención Nacional Hacendaria», ya que en el apartado relativo las «Declaraciones» se reconoce la irrestricta necesidad de los Estados y sus municipios para mejorar sus haciendas, bajo un principio de equidad distributiva. En el documento aludido, en particular en la primera, tercera y cuarta declaración, que a la letra señalan lo siguiente:

Primera. La hacienda pública constituye uno de los principales instrumentos con que cuentan los gobiernos para resolver los problemas y requerimientos de sus sociedades. En México, a pesar de los avances en la coordinación hacendaria y la estabilidad financiera de los tres órdenes de gobierno, sus haciendas públicas aun presentan algunas deficiencias, limitaciones, rezagos, e inconsistencias, lo que ha limitado la capacidad de los gobiernos para responder con la debida prontitud y efectividad a la aspiración y demandas de su población.

Tercera. Es necesario impulsar el papel estratégico de las entidades federativas y municipios para aprovechar las oportunidades y afrontar positivamente los desafíos que nos imponen las nuevas condiciones de competitividad internacional, promoviendo el desarrollo económico y el desarrollo social de las regiones, con un enfoque desde lo local.

Cuarta. Es indispensable fortalecer a los municipios reconociendo su heterogeneidad, ampliando sus potestades y fortaleciendo sus haciendas, garantizando nuevos canales de comunicación y coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y fomentando su mayor participación en la instrumentación, aplicación y evaluación de políticas, programas y acciones públicas.[9]

A últimas fechas se ha hecho patente la necesidad de los gobiernos locales de fortalecer sus finanzas públicas para atender los crecientes requerimientos de gasto, derivado del incremento en la demanda de servicios que plantea la población, situación que en algunos casos ha producido la necesidad de recurrir a la contratación de endeudamientos como vía complementaria de los ingresos públicos.

En este contexto, resulta imperativa la emisión de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, pues en la Iniciativa se establecen alternativas orientadas a fortalecer la hacienda pública, tanto estatal como las municipales, por tanto, optar por esta legislación financiera, significa potencializar las bases para la correcta y equitativa distribución de las aportaciones federales y estatales, hacia los municipios.

Tercero: Estructura de la Iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado. Esta Ley abroga el Decreto número 78, publicado el 1º de enero del 2005, que contiene la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, esta modificación obedece a que la regulación de la deuda pública estará prevista en la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública y, de la misma forma, lo relacionado con el patrimonio y la contabilidad en las entidades públicas se contempla en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, cuyas Iniciativas también fueron remitidas a esta Legislatura por el Ejecutivo del Estado.

La presente Ley se compone de 55 artículos normativos y 3 transitorios, los cuales están distribuidos en cinco Títulos:

El Título Primero, con un capítulo denominado disposiciones preliminares, el Título Segundo recoge todo lo relacionado al sistema estatal de coordinación y colaboración financiera, este Título se compone de dos capítulos; el Título Tercero y más amplio por la naturaleza de la materia que regula se denomina coordinación y colaboración administrativa e ingreso y gasto público, consta de cinco capítulos; el Título Cuarto se nombra, transferencias a municipios, el cual se integra solo por dos capítulos, y el Título Quinto y último se compone sólo de un capítulo denominado de inconformidades.

Los artículos transitorios fueron modificados por la Comisión de Dictamen, ya que la Iniciativa contempla solo dos, y la dictaminadora, con el fin de clarificar qué ordenamiento es el que se abroga, estableció el nombre completo de la Ley, para hacer más fácil su comprensión se adicionó un tercero transitorio.

Al momento de analizar la Iniciativa, se hicieron algunas modificaciones de forma, en primer momento se complementó el nombre al Título Primero y el Quinto, los cuales se encontraban sin denominación, el numeral de los Títulos se armonizó, todos se registraron con letra, ejemplo: Título Primero, ya que la propuesta lo contemplaba como Título I, dejamos el número romano sólo para los capítulos; a los nombres tanto de los Títulos y los capítulos se les quitaron las preposiciones, [de, las] dejando solo el nombre relativo a lo que legisla.

Se corrige la redacción de algunos artículos, por considerarse ambiguos, sobre todo en los términos, por ejemplo en algunos artículos se contemplaban las fechas como «dos semanas», y en otros como 10 días hábiles, por técnica legislativa se consideró unificarlos a diez días hábiles.

La Ley propuesta establece clara y sencillamente los lineamientos, reglas e instrumentos jurídicos, como convenios entre el Estado con los municipios, incluye en su contenido la fórmula de distribución de los recursos, por lo tanto, podemos señalar que con esta Ley se fortalece y consolida la tendencia a simplificar y hacer más equitativo el sistema de ingreso y gasto público.

Los objetivos de este Ordenamiento son muy claros y precisos, ya que regula las relaciones hacendarias y de colaboración del Estado con los municipios y, además, cumple con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115, sobre los criterios de distribución de las participaciones e incentivos a los municipios, apegados a la Ley de Coordinación Fiscal; asimismo, distribuye el ejercicio y destino de las aportaciones federales que correspondan al Estado y sus municipios, y norma las acciones de control, supervisión y fiscalización de los recursos públicos susceptibles de fiscalizar o supervisar; establece los procedimientos para la evaluación, rendición de informes del ejercicio y destino de los recursos, lo anterior mediante la celebración de convenios establecidos en la propia Ley.

Lo que busca esta Ley es realizar una distribución equitativa de los recursos a los municipios, motivo por el cual se constituye el fondo único de participaciones, el cual se integra por las cantidades que percibe el Estado dentro del ejercicio fiscal de que se trate, por concepto de aportaciones federales, con el fin de dar fortalecimiento financiero a los municipios se propone la modificación a la fórmula de la integración de dicho fondo, con base en un diagnóstico de los ingresos propios de cada municipio, la participación del fondo será con base al crecimiento del cobro del 50% impuesto predial y 50% derechos de agua del ejercicio 2016, la suma sobre todos los municipios es la variable que se sigue, la información anterior se tomará de la presentada en las cuentas públicas municipales.

Otra de las novedades que se incluyen en este Ordenamiento es lo relacionado con los anticipos, si bien es cierto, que aunque no estuviera legislado, es una práctica muy común para los ayuntamientos, ya que estos podían recibir recursos a cuenta de sus participaciones; con la nueva Ley, también lo podrán hacer, con previa aprobación de la Secretaría de Finanzas, y los cuales deberán ser liquidados a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración solicitante, y no podrán solicitar anticipos durante los últimos tres meses de la administración.

Apegados a las reglas de transparencia, es obligatorio publicar en el Periódico Oficial, así como en la página oficial de Internet del Gobierno del Estado, el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados, del fondo único de participaciones que todos y cada uno de municipios reciban.

Dentro del análisis que se realizó al Título Segundo, denominado sistema estatal de coordinación y colaboración financiera, se da cuenta que también sufrió un cambio, pues en la Ley que se pretende abrogar se denominaba, sistema de coordinación hacendaria del Estado, sus órganos internos se denominaban consejo hacendario del Estado, y la comisión permanente de funcionarios hacendarios del Estado, ahora la propuesta los denomina, asamblea financiera del Estado, y comité de operación financiera; la asamblea la integrarán el titular del Poder Ejecutivo del Estado, el Secretario de Finanzas, el Auditor Superior del Estado, como órgano de fiscalización del Poder Legislativo, y los presidentes municipales, cabe mencionar que el órgano de la ley que se pretende abrogar, no contemplaba al auditor, su inclusión a esta nueva estructura le dará más relevancia y operatividad.

Lo que se busca con la conformación de dicha asamblea es, entre otras cosas, tener un contacto cercano con las comunidades por medio de los presidentes municipales, para conocer las demandas de todas las regiones del Estado, así como realizar en forma permanente el análisis y estudio de la normatividad estatal y municipal relativa a sus respectivas haciendas, vigilar que los convenios de coordinación y de colaboración administrativa que celebren el Estado y los municipios se sujeten a las disposiciones establecidas, acrecentar las acciones de coordinación y colaboración tendientes a incentivar y apoyar la eficiencia recaudatoria, el comité es el órgano operativo de la asamblea.

Finalmente, debemos expresar que la Iniciativa, contribuye al fortalecimiento del Federalismo en nuestro Estado y, con ello, a la consolidación de la autonomía hacendaria de nuestros municipios.

1. Laura Baca Olamendi [comps.], Léxico de la política, FCE, México, 2000, 238.

2. Jorge Carpizo, La Constitución Mexicana de 1917, UNAM, México, 1994, 276.

3. Enrique Quiroz, Lecciones de Derecho Constitucional, Porrúa, México, 2002, 197.

4. http://www.cefp.gob.mx/portal_archivos/convocatoria/pfp2011/pfp2011-2.pdf.

5. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1325/5.pdf.

6. https://www.conago.org.mx/reuniones/documentos/DeclaratoriaNacion/declaratoria.pdf.

7. http://www.anmco.org/CINTHYA%20ROCHA%20SANTOS.pdf.

8. http://www.impactosocialconsultores.com/blog/ramo28.

9. Ídem.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 140 y 141 del Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del pueblo se decreta

LEY DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN FINANCIERA
PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y SUS MUNICIPIOS

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

Capítulo único
Disposiciones preliminares

Artículo primero. La presente Ley es de orden público y observancia general en el territorio del Estado de Zacatecas y tiene por objeto:

I. Regular las relaciones hacendarias y de colaboración financiera del Estado con los municipios y de éstos entre sí;

II. Impulsar el sistema estatal de coordinación y colaboración financiera del Estado de Zacatecas y sus municipios;

III. Establecer los criterios de distribución de las participaciones e incentivos a los municipios, en atención a lo que establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Normar, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, la distribución, ejercicio y destino de las aportaciones federales que correspondan al Estado y sus municipios;

V. Regular las acciones de control, supervisión y fiscalización de los recursos materia de esta Ley, que de acuerdo con el marco legal aplicable sean susceptibles de fiscalizar o supervisar;

VI. Celebrar los convenios que de la misma emanen; y

VII. Establecer los procedimientos para la evaluación, rendición de informes del ejercicio y destino de los recursos materia de esta Ley.

Art. 2º Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Año base. Corresponde al año 2016, como ejercicio de punto de partida y comparación, para el crecimiento de los municipios en esfuerzo recaudatorio por el cobro de las contribuciones relativas al impuesto predial y derechos de agua;

II. Asamblea. Asamblea financiera del Estado;

III. Comité. El comité de operación financiera;

IV. Deuda pública. Cualquier financiamiento contratado por el Estado o los municipios, en términos de la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios;

V. El Secretario. El Secretario de Finanzas;

VI. Estado. Al Estado de Zacatecas;

VII. Hacendaria. Lo relativo a ingreso, gasto, patrimonio y deuda pública del Estado y municipios de Zacatecas;

VIII. Legislatura. La Legislatura del Estado de Zacatecas;

IX. Ley. Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios;

X. Ley de Coordinación. Ley de Coordinación Fiscal;

XI. Municipio o municipios. Los que integran el Estado de Zacatecas;

XII. Participaciones. A los recursos federales a que se refiere el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, transferidos a las entidades federativas y en su caso, por conducto de éstas a los municipios, a través del Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación;

XIII. Patrimonio. Los bienes muebles e inmuebles considerados de dominio público o privado, según la Ley del Patrimonio del Estado y sus Municipios;

XIV. Periódico Oficial. El Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas;

XV. SEDESOL. A la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Zacatecas;

XVI. Secretaría. La Secretaría de Finanzas, del Gobierno del Estado de Zacatecas; y

XVII. Sistema de coordinación. El sistema estatal de coordinación y colaboración financiera.

Art. 3º El Estado percibirá las participaciones correspondientes a los ingresos federales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación; y los municipios las percibirán atendiendo a lo dispuesto en el inciso b), fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los criterios, bases y montos para la distribución de las participaciones que les corresponderán a los municipios se establecerán en esta Ley, con apego a lo dispuesto en ambos ordenamientos.

Art. 4º Esta Ley será aplicable en tanto no contravenga las obligaciones locales que deriven de la legislación federal vigente en materia hacendaria, así como de los convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, Colaboración Administrativa y otros que el Estado celebre con la Federación.

Art. 5º La Secretaría podrá celebrar convenios de colaboración administrativa en materia de coordinación y colaboración hacendaria y administrativa con los municipios, sobre las funciones siguientes:

I. Actualización y modernización de los sistemas del padrón de catastro municipales;

II. Notificación y cobranza de créditos fiscales y aplicación del procedimiento administrativo de ejecución;

III. Asistencia a los funcionarios municipales;

IV. Asesoría y apoyo técnico en informática;

V. Elaboración de programas financieros, de planeación, programación, evaluación, control, gestión, concertación y contratación de operaciones de deuda pública, de inversión, de administración del patrimonio en materia de gasto público; y

VI. Las demás no comprendidas en las fracciones anteriores.

TÍTULO SEGUNDO
Sistema estatal de coordinación y
colaboración financiera

Capítulo I
Disposiciones generales

Art. 6º El sistema estatal de coordinación y colaboración financiera estará constituido por las dependencias del Estado y de los municipios que tengan atribuciones en materia hacendaria, los cuales serán integrantes de los órganos que esta propia Ley prevé.

Son objetivos del sistema estatal de coordinación y colaboración financiera los siguientes:

I. Coadyuvar en el fortalecimiento de la administración fiscal municipal;

II. Propiciar procesos administrativos orientados a la racionalización y disciplina presupuestal;

III. Impulsar mecanismos que permitan el control del patrimonio en cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

IV. Analizar y buscar las mejores alternativas para acceder a la deuda pública, considerando lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;

V. Regular las relaciones y fijar reglas en materia de coordinación y colaboración financiera entre el Estado de Zacatecas y sus municipios;

VI. Proponer los criterios, mecanismos, montos, bases y plazos para el cálculo y la distribución de las participaciones e incentivos que correspondan a las haciendas públicas municipales, que deriven de la coordinación fiscal, de lo establecido en esta Ley, y de los convenios que de estos ordenamientos emanen;

VII. Dar transparencia y seguridad al proceso de determinación y pago de los montos de las participaciones e incentivos que correspondan a los municipios;

VIII. Constituir los órganos de coordinación y colaboración financiera y establecer la regulación básica para su organización y funcionamiento;

IX. Fomentar el estudio permanente para la elaboración y revisión de propuestas en torno a la coordinación y colaboración financiera;

X. Impulsar el cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y

XI. Promover el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado y demás disposiciones del Estado relacionadas con la materia hacendaria.

Capítulo II
Órganos del sistema estatal de coordinación y
colaboración financiera y sus atribuciones

Art. 7º El Gobierno del Estado y los municipios participarán en el desarrollo del sistema estatal de coordinación y colaboración financiera, por medio de los siguientes órganos:

I. Asamblea financiera del Estado; y

II. El comité de operación financiera.

Art. 8º La asamblea estará integrada por:

I. El titular del Poder Ejecutivo del Estado, será miembro honorífico de la asamblea;

II. El Secretario de Finanzas, fungirá como presidente y podrá ser suplido por el funcionario que él designe;

III. El director de coordinación y colaboración financiera de la Secretaría, será el secretario de actas y acuerdos;

IV. El Auditor Superior del Estado, quien podrá ser suplido por el director de auditoría financiera a municipios; y

V. Por parte de los municipios serán los tesoreros o su equivalente;

VI. El subsecretario de ingresos de la Secretaría, quien fungirá como coordinador técnico.

Art. 9º La asamblea tendrá por lo menos una sesión ordinaria en cada ejercicio fiscal, previa convocatoria por escrito de su presidente, quien de igual forma podrá convocar a sesiones extraordinarias, ya sea a solicitud del comité o de la propia Secretaría.

La convocatoria emitida debe ser entregada por lo menos 5 días hábiles antes de la celebración de la sesión, en la cual se determinará expresamente el lugar y la hora de la sesión.

Art. 10. Para la validez de las sesiones, ordinarias o extraordinarias, se requerirá de la asistencia de cuando menos del cincuenta por ciento más uno, de los integrantes de la asamblea, entre los cuales deberá estar su presidente.

Las decisiones que se tomen en la asamblea solo podrán ser válidas cuando cuenten con el voto mayoritario de los asistentes a la sesión, teniendo voto de calidad el presidente.

De cada sesión se levantará acta, que una vez aprobada en sus acuerdos, suscribirán todos los asistentes a la misma.

Art. 11. La asamblea tendrá las siguientes facultades:

I. Realizar, en forma permanente, el análisis y estudio de la normatividad estatal y municipal relativa a sus respectivas haciendas;

II. Aprobar el reglamento interior de los órganos del sistema estatal de coordinación y colaboración financiera, propuesto por el comité de operación financiera;

III. Vigilar, que los convenios de coordinación y de colaboración administrativa que celebren el Estado y los municipios se sujeten a las disposiciones que esta Ley u otras que le sean aplicables;

IV. Acrecentar el fortalecimiento financiero de los municipios, mediante acciones de coordinación y colaboración tendientes a incentivar y apoyar la eficiencia recaudatoria;

V. Aprobar las bases que se propongan por el comité para el cumplimiento de las obligaciones contenidas tanto en la presente Ley como en la Ley de Coordinación;

VI. Nombrar las comisiones que considere necesarias para el logro de los objetivos del sistema estatal de coordinación;

VII. Proponer al titular del Ejecutivo del Estado proyectos de reformas, adiciones, derogaciones o abrogaciones a la legislación hacendaria local;

VIII. Aprobar el informe anual del comité;

IX. Promover el desarrollo y fortalecimiento técnico en materia financiera y hacendaria;

X. Aprobar los programas de capacitación y certificación de funcionarios estatales y municipales en materia hacendaria, a través de la dirección de coordinación hacendaria de la Secretaría de Finanzas, o por medio de las instancias técnicas o educativas competentes;

XI. Realizar todas aquéllas funciones que se desprendan de esta Ley, de los convenios de coordinación y de colaboración administrativa, así como de los acuerdos que se tomen en la asamblea;

XII. Aprobar la creación de la comisión certificadora del Estado de Zacatecas para los procesos de certificación de funcionarios estatales y municipales.

Art. 12. El comité se integra conforme a las siguientes reglas:

I. Diez municipios, uno por cada región del Estado, los cuales serán representados por el tesorero o su equivalente, según corresponda;

II. El secretario de finanzas, quien fungirá como presidente y podrá ser suplido por el funcionario que él designe; y

III. El subsecretario de ingresos de la Secretaría, quien fungirá como coordinador técnico;

IV. El director de coordinación y colaboración financiera de la Secretaría, será el secretario de actas y acuerdos.

Los municipios a que hace referencia la fracción I de este artículo, se elegirán y ejercerán funciones por orden alfabético, con duración de un año y con base en la distribución siguiente:

Región 1: Calera, Fresnillo, Gral. Enrique Estrada, Valparaíso y Villa de Cos.

Región 2: Cañitas de Felipe Pescador, Gral. Francisco R. Murguía, Juan Aldama, Miguel Auza y Río Grande.

Región 3: Chalchihuites, Jiménez del Téul, Sain Alto y Sombrerete.

Región 4: Noria de Ángeles, Pinos, Villa García, Villa González Ortega y Villa Hidalgo.

Región 5: Atolinga, Benito Juárez, Trinidad García de la Cadena, Momax, Tepechitlán, Teul de González Ortega, Tlaltenango de Sánchez Román y Santa María de la Paz.

Región 6: Gral. Joaquín Amaro, Jerez, Monte Escobedo, Susticacán, Tepetongo y Villanueva.

Región 7: Concepción del Oro, Mazapil, Melchor Ocampo y El Salvador.

Región 8: Guadalupe, Morelos, Trancoso, Pánuco, Vetagrande y Zacatecas.

Región 9: Apozol, Apulco, Huanusco, Jalpa, Juchipila, Mezquital del Oro, Moyahua de Estrada, Nochistlán de Mejía y Tabasco.

Región 10: Cuauhtémoc, Genaro Codina, Gral. Pánfilo Natera, Loreto, Luis Moya y Ojocaliente.

Art. 13. El comité se reunirá bimestralmente para el cumplimiento de sus funciones, a convocatoria realizada por la Secretaría, con base en las reglas siguientes:

I. Lugar de reunión, establecido dentro del territorio del Estado;

II. Notificarse con anticipación de 5 días hábiles;

III. Incluir una propuesta de orden del día, la que deberá contener la revisión de la distribución y determinación de las participaciones establecidas en el capítulo I, del Título Cuarto de esta Ley;

IV. En caso de que no pueda asistir el representante de región, se turnará convocatoria al tesorero del municipio que siga en orden alfabético, quien será el suplente a la reunión para la cual se le convoque.

Art. 14. Son facultades del comité:

I. Preparar, formalizar y coordinar las reuniones de la asamblea;

II. Proponer a la asamblea, las políticas del sistema estatal de coordinación y colaboración financiera, así como las bases para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley de Coordinación y en la presente Ley;

III. Vigilar el funcionamiento de las comisiones que hayan sido designadas por la asamblea;

IV. Realizar, anualmente, un taller con los síndicos, tesoreros municipales y funcionarios de la Secretaría, para la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos;

V. Proponer criterios normativos que faciliten la mejor aplicación de las leyes hacendarias;

VI. Promover el desarrollo técnico de las haciendas públicas municipales;

VII. Formular las propuestas de modificación a los criterios de distribución de participaciones;

VIII. Vigilar que los convenios de coordinación y colaboración administrativa que efectúen el Estado y los municipios se sujeten a las disposiciones de esta Ley y otras que les sean aplicables;

IX. Sustanciar y resolver las inconformidades que se formulen de acuerdo con el Título Quinto de esta Ley;

X. Proponer el reglamento interior de los órganos del sistema estatal de coordinación y colaboración financiera para su aprobación por asamblea.

TÍTULO TERCERO
Coordinación y colaboración administrativa
en ingresos y gasto público

Capítulo I
Disposiciones generales

Art. 15. El Estado y los municipios podrán celebrar convenios de coordinación y colaboración administrativa en las materias de ingresos y gasto público.

Por parte del Estado, los convenios serán suscritos por el Secretario y por parte de los municipios, su presidente y síndico municipal, con la previa autorización del cabildo.

Art. 16. Los convenios de coordinación y colaboración administrativa a que se refiere el artículo anterior, podrán contener una o varias de las materias de la hacienda pública del Estado y de sus municipios.

Art. 17. La coordinación de acciones, destino de los ingresos, atención y ejecución de programas, aplicación de recursos, realización de obras y proyectos, así como su control físico y financiero, el intercambio de información financiera, y, en general, los aspectos administrativos sustantivos y financieros de la coordinación o de la colaboración administrativa se regirán por las prevenciones convenidas en los términos de esta Ley y por los demás instrumentos que de dicha coordinación se deriven.

Art. 18. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento de los convenios de coordinación y colaboración establecidos en el presente Título, serán sancionados de conformidad con lo previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas y demás disposiciones aplicables, en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de las responsabilidades del orden civil o penal en que se pueda incurrir por dichas actuaciones.

Capítulo II
Coordinación administrativa en ingresos

Art. 19. El Estado y los municipios deberán, en materia de coordinación de ingresos, cumplir tanto con las normas contenidas en la Ley de Coordinación como con las disposiciones que se contienen en el Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, en el convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal con sus anexos, y en la Declaratoria de Coordinación en Materia Federal de Derechos entre la Federación y el Estado de Zacatecas.

Art. 20. Los ingresos que se establecen en los ordenamientos jurídicos que se señalan en el artículo anterior, podrán ser regulados en la legislación local, en caso de que por su naturaleza estos lo permitan.

Art. 21. El Estado podrá celebrar convenios de colaboración administrativa con la Federación, y acordar con ella el transferir a los municipios las funciones que en los propios convenios se establezcan, ya sea en forma conjunta o individual, mediante convenio que se celebren entre el Estado y los municipios que se coordinen en materia de ingresos.

Art. 22. Los convenios de coordinación en materia de ingresos a que se refiere el artículo 15 de esta Ley deberán contener como mínimo:

I. El lapso de vigencia del convenio;

II. Las partes que celebran el convenio de coordinación y su personalidad jurídica;

III. El objeto, conforme a las disposiciones legales aplicables, vigentes en el momento de su causación, así como las normas de procedimientos que se expidan con posterioridad;

IV. La coordinación administrativa, con base a los ordenamientos jurídicos vigentes, así como cualquier disposición legal, criterio, normatividad o lineamiento inherente al objeto del convenio;

V. Las obligaciones de las partes;

VI. Los beneficios o incentivos que obtendrán las partes, por la celebración de dichos convenios;

VII. Reportes de información;

VIII. La responsabilidad administrativa de las partes, conforme a la ley en materia de responsabilidades de los servidores públicos;

IX. La confidencialidad de la información;

X. Las causas anticipadas de la terminación;

XI. La obligación de publicar el convenio en el Periódico Oficial; y

XII. Las firmas de los funcionarios competentes.

Capítulo III
Colaboración administrativa en ingresos

Art. 23. Los convenios de colaboración administrativa en materia de ingresos, podrán referirse a la coordinación en materia de recaudación, fiscalización, vigilancia y administración de contribuciones municipales, así como en las actividades o funciones que deriven del Convenio de Colaboración en Materia Fiscal Federal.

Art. 24. Los convenios de colaboración administrativa en materia de ingresos deberán contener cuando menos:

I. Las partes que intervienen en la celebración del convenio;

II. El concepto y funciones a coordinar;

III. Establecer claramente cuál de las partes será la que realizará las actividades de recaudación, fiscalización, vigilancia y administración de la contribución sujeta al convenio, así como la que lo dejará en suspenso total o parcialmente;

IV. Los beneficios o incentivos que obtendrán las partes, por la celebración de dichos convenios;

V. Reportes de información;

VI. Duración del convenio y causales de conclusión anticipada;

VII. Las sanciones aplicables en caso de incumplimiento al mismo; y

VIII. Todas aquellas disposiciones relacionadas a la coordinación de las partes y que no estén señaladas en forma expresa en esta Ley.

Art. 25. Los convenios de colaboración administrativa en materia de ingresos que celebren el Estado y los municipios, podrán comprender, además de las funciones generales señaladas en el artículo 17 de esta Ley, entre otras, las siguientes:

I. Registro y actualización de los padrones de contribuyentes;

II. Recaudación, notificación y procedimientos de cobro;

III. Desarrollo y modernización de los sistemas de recaudación;

IV. Asistencia al contribuyente;

V. Consultas y sus resoluciones;

VI. Comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales;

VII. Determinación de contribuciones y sus accesorios;

VIII. Imposición y condonación de multas; y

IX. Intervención y resolución de recursos administrativos, juicios y otras materias.

Capítulo IV
Coordinación administrativa en gasto público

Art. 26. El Estado y los municipios, en ejercicio de las competencias y atribuciones que les otorguen las leyes, podrán coordinarse para la ejecución de acciones conjuntas, así como para la aplicación de recursos en la realización de obras y proyectos, a fin de impulsar el desarrollo del Estado y de sus municipios; para estos efectos, podrán celebrar convenios en materia de gasto público en términos del artículo 15 de esta Ley y, de igual manera, podrán convenir con la Federación, comprendiendo lo siguiente:

I. Para la inversión pública productiva, en los términos de lo preceptuado en la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus Municipios;

II. Para modernizar los sistemas que generen un incremento neto en la recaudación;

III. Para los sistemas de protección civil en los municipios;

IV. A fondos constituidos para apoyar proyectos de infraestructura concesionada o aquéllos donde se combinen recursos públicos y privados; al pago de obras públicas de infraestructura que sean susceptibles de complementarse con inversión privada, en forma inmediata o futura, así como a estudios, proyectos, supervisión, liberación del derecho de vía, y otros bienes y servicios relacionados con las mismas; y

V. Toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social, derivado de convenios de gasto firmados entre la Federación, Estado y municipios.

Art. 27. Para los efectos de esta Ley, el proceso administrativo del gasto público comprende las funciones de planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejecución, control, evaluación y transparencia, de los recursos que se destinan al ejercicio del gasto coordinado entre el Estado y los municipios, aplicando los momentos contables, con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Art. 28. Los convenios de coordinación descritos en el presente Título, deberán establecer, por lo menos, lo siguiente:

I. El objeto, que comprende las funciones de la coordinación del gasto entre el Estado y el municipio, que se identifique con alguno de los fines establecidos en el artículo 26 de la presente Ley, que se regirán por la normatividad jurídica aplicable;

II. Las partes que intervienen en la celebración del convenio;

III. El concepto y funciones a coordinar;

IV. Las atribuciones, recursos, tareas y responsabilidades que se transfieren, así como las facultades que se ejercen y las limitaciones de las mismas, de acuerdo con lo siguiente:

a) El monto y ministración de los recursos financieros;

b) Compromisos y obligaciones de pago;

c) Vinculación del gasto con el origen;

d) Descripción del proyecto, origen, aplicación de la erogación, documentación comprobatoria, destino y rendición de cuentas;

e) Límite y lineamientos de gastos indirectos;

f) Dependencia ejecutora, los términos y las condiciones de los proyectos;

g) Destino de los rendimientos y remanentes;

h) Cuando implique la transferencia de recursos materiales se pormenorizarán éstos y sus características, especificándose el régimen al cual quedarán sujetos, así como las normas y criterios que en su caso resulten aplicables;

i) Cuando la transferencia sea de recursos humanos se precisarán los mecanismos, formas, plazos y condiciones en que se transfieren, así como las fuentes de recursos financieros que cubrirán las responsabilidades jurídicas, laborales y de seguridad social; y

j) Deberá convenirse, también en forma expresa, la manera en que serán solventadas y de donde provendrán los recursos que originen las diferencias generadas por los distintos niveles de salarios que se encuentren vigentes entre el gobierno que recibe los recursos y el que los transfiere;

V. Los convenios deberán tener correspondencia con el presupuesto basado en resultados, matriz de indicadores de resultados, que permitan realizar la evaluación al desempeño;

VI. Reportes de información, guarda y custodia de la documentación comprobatoria;

VII. Duración del convenio y causales de conclusión anticipada;

VIII. Las sanciones aplicables en caso de incumplimiento;

IX. La publicación de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado;

X. Tratándose de transferencias federales, indicar el señalamiento de la obligación de informar el ejercicio, destino y resultados en el sistema de formato único; y

XI. Todas aquellas disposiciones relacionadas con la coordinación de las partes y que no estén señaladas en forma expresa en esta Ley.

Art. 29. Los convenios de coordinación en materia de gasto, tendrán como objetivos principales:

I. Ejercer recursos que el Gobierno Federal transfiera, por cualquier medio, para un fin;

II. Ejecutar las funciones y recursos que el Gobierno Federal conceda hacia el Gobierno Estatal y municipal;

III. Que una de las partes reciba recursos y ejecute funciones que la otra parte conceda a su favor;

IV. La transferencia de recursos del Gobierno del Estado hacia los municipios, o de los municipios hacia el Gobierno del Estado, para ser ejercidos en un fin específico, o colaborar administrativamente, en algunas de sus respectivas atribuciones o responsabilidades;

V. Conjuntar recursos entre los municipios colindantes de una misma región, para la realización de programas de beneficio mutuo o de desarrollo regional; y

VI. Convenir cuál de las partes, Estado o municipios, otorgará la prestación total o parcial de algunos servicios públicos que sean competencia de otro.

Capítulo V
Colaboración administrativa en gasto público

Art. 30. El Estado y los municipios podrán celebrar convenios de colaboración en materia de administración del gasto público que comprenda las funciones de planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejecución, control y adecuación presupuestal, evaluación y transparencia.

Art. 31. Los convenios de colaboración administrativa en materia de gasto público, deberán contener lo establecido en el artículo 28 de esta Ley, además de las especificaciones de los programas o acciones de que se trate.

Art. 32. La parte que transfiera sus facultades en materia de gasto público, tendrá la atribución de conservar la facultad de fijar los criterios de interpretación y aplicación de las reglas de colaboración administrativa que señalen los convenios respectivos.

TÍTULO CUARTO
Transferencias a municipios

Capítulo I
Participaciones

Art. 33. De las cantidades que perciba el Estado dentro del ejercicio de que se trate, por concepto de participaciones federales, se distribuirá a los municipios con base en lo siguiente:

I. El fondo único de participaciones, el cual se integra de la forma siguiente:

a) El 22% de las cantidades que el Estado reciba por concepto de participaciones del fondo general;

b) El 100% de los recursos provenientes del fondo de fomento municipal;

c) El 22% del monto percibido por el Estado, de la recaudación federal del impuesto especial sobre producción y servicios;

d) El 22% de la recaudación del Estado del impuesto sobre automóviles nuevos;

e) El 22% del fondo de fiscalización y recaudación;

f) El 22% del fondo de compensación del impuesto sobre automóviles nuevos; y

g) El 100% del impuesto sobre la renta, en los términos establecidos en el artículo 3° B de la Ley de Coordinación.

II. El 20% del fondo del impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a la venta final de gasolina y diésel:

a) 2/11 del impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a la venta final de gasolinas y diésel, que se distribuye entre las  diez entidades federativas que, de acuerdo a la última información oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tenga los menores niveles de producción interno bruto per cápita no minero y no petrolero; y

b) 9/11 del impuesto especial sobre producción y servicios aplicado a la venta final de gasolinas y diésel, que se distribuye entre las todas las entidades federativas;

III. El fondo de estabilización financiera, el cual se integra de la forma siguiente:

a) El 1% de las cantidades que el Estado reciba por concepto de participaciones del fondo general;

b) El 1% del monto percibido por el Estado, de la recaudación federal del impuesto especial sobre producción y servicios;

c) El 1% de la recaudación del Estado del impuesto sobre automóviles nuevos;

d) El 1% del fondo de fiscalización y recaudación;

e) El 1% del fondo de compensación del impuesto sobre automóviles nuevos;

IV. [Derogada];

V. [Derogada];

VI. [Derogada];

VII. [Derogada];

VIII. [Derogada]; y

IX. [Derogada].

Art. 34. La distribución del fondo único de participaciones a los municipios que establece el artículo 33 fracción I de esta Ley, se determinará conforme a lo siguiente:

FuPi,t=FuPi,16+ΔFuP16,t(0.5IPi,t+0.5DAi,t)

IP= RPi,t

Σi RPi,t

DA= RAi,t

Σi RA,t

Donde:

FuPi,t. Es la participación del fondo al que se refiere este artículo del municipio i en el año t.

FuPi,16. Es la participación del fondo al que se refiere este artículo que el municipio i recibió en el año base, considerando para ello lo establecido en el artículo 33 fracción I incisos a), b), c), d), e) y f).

ΔFuP16,t. Es el crecimiento en el fondo al que se refiere este artículo entre el año base y el periodo t, considerando para ello lo establecido en el artículo 33 fracción I, incisos a), b), c), d), e) y f).

IP. Es el coeficiente impuesto predial para distribución del 50% del excedente del fondo único de participaciones con respecto al año base del municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo.

DA. Es el coeficiente derechos de agua para distribución del 50% del excedente del fondo único de participaciones con respecto al año base del municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo.

RP. Es la recaudación del impuesto predial, que registren un flujo de efectivo, del municipio i en el año t, que corresponde al inmediato anterior al que se efectúa el cálculo del fondo al que se refiere este artículo, reportada en los formatos que emita la Secretaría.

RA. Es la recaudación de los derechos de agua, que registren un flujo de efectivo, del municipio i en el año t, que corresponde al inmediato anterior al que se efectúa el cálculo del fondo al que se refiere este artículo, reportada en los formatos que emita la Secretaría.

Σi. Es la suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue.

Cuando en el ejercicio que corresponda la distribución del fondo establecido en el artículo 33 de la presente Ley, sea menor a lo participado en el ejercicio del año inmediato anterior, los municipios recibirán las participaciones en proporción a lo transferido en ese mismo ejercicio.

Art. 34 bis. Para la distribución del fondo establecido en el artículo 33 fracción II de esta Ley, se aplicará el 70% con base en el número de habitantes publicado en la última información oficial por municipio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El 30% restante se distribuirá aplicando el coeficiente efectivo al monto a distribuir, en los términos establecidos en el artículo 34 ter del presente ordenamiento.

Art. 34 ter. La distribución del fondo de estabilización financiera a los municipios que establece el artículo 33 fracción III de esta Ley, se determinará el resultado de multiplicar el monto total a distribuir de este fondo por el coeficiente efectivo que corresponda por municipio del fondo establecido en el artículo 34 de este ordenamiento.

Se entenderá como coeficiente efectivo al resultante de dividir las participaciones percibidas a cada uno de los municipios que les corresponda del fondo único de participaciones, establecido en el artículo 34 de esta Ley, entre el total del citado fondo único de participaciones.

Art. 35. Las participaciones que correspondan a los municipios del fondo que establece el artículo 33 fracción I de la presente Ley, se calcularán para cada ejercicio fiscal por la Secretaría y se entregarán en términos de lo establecido en lo dispuesto por el artículo 6º de la Ley de Coordinación.

Durante los primeros tres meses de cada ejercicio, las participaciones del fondo establecidas en el párrafo que antecede, se calculará provisionalmente con los coeficientes del ejercicio inmediato anterior, para lo cual los municipios previamente reportarán a la Secretaría a más tardar el veinte de marzo del ejercicio que corresponda el cálculo, la información relativa al impuesto predial y derecho por suministro de agua, de no cumplir con el citado plazo se considerarán las cifras reportadas en el ejercicio inmediato anterior con una disminución del 10% para efectos de la determinación establecida en el artículo 34 de esta Ley.

En el cumplimiento a lo establecido al párrafo anterior, la Secretaría realizará los ajustes de las participaciones que correspondan a los municipios del fondo establecido en el artículo 34, en el mes de abril, en el que se incluirán los anticipos entregados en el primer trimestre del ejercicio.

Art. 35 bis. Las participaciones que correspondan a los municipios del fondo que establece el artículo 33 fracción III de la presente Ley, se calcularán mensualmente por la Secretaría, y ésta deberá mantenerlos y depositarlos en una cuenta productiva, cuyos intereses que se generen formarán parte de este fondo, y se entregará a los municipios en una sola exhibición en los primeros diez días del mes de diciembre.

La participación correspondiente al mes de diciembre, la Secretaría realizará una estimación que se incluirá en el monto entregado a los municipios en los términos del párrafo anterior, en caso de haber diferencia se ajustará en el mes de enero del ejercicio siguiente.

Art. 36. La entrega de las participaciones a los municipios, la realizará la Secretaría a través de transferencia electrónica o mediante la expedición del cheque, quedando estrictamente prohibido al Gobierno del Estado hacer el pago a los municipios mediante obras realizadas en la circunscripción de éstos, así como condicionar la entrega a la realización de una obra en particular y no podrán ser objeto de deducciones, lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley de Coordinación.

La Secretaría, a más tardar el 15 de febrero del ejercicio de que se trate, deberá publicar en el Periódico Oficial, así como en la página oficial de Internet del Gobierno del Estado, el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como los montos estimados, del fondo único de participaciones que los municipios recibirán. También se deberá publicar en el Periódico Oficial, el día 15 del mes posterior a la conclusión de cada trimestre, así como en la página oficial de Internet del Gobierno del Estado, el importe de las participaciones entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal.

El Secretario expedirá los acuerdos que contengan la información a que se refiere el párrafo anterior, dando cumplimiento a los tiempos establecidos para estos efectos.

Art. 37. Cuando las entregas del fondo establecido en el artículo 33 de esta Ley, no fueren oportunas, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Coordinación, los municipios podrán reclamar esta situación ante la Legislatura o ante las instancias establecidas en la propia Ley de Coordinación, quienes dentro de los siguientes cinco días hábiles, conminarán a la Secretaría para que efectúe las entregas en los términos de la presente Ley.

Art. 38. Las participaciones que correspondan a los municipios son inembargables, y no pueden ser sujetas a retención. La Secretaría podrá retener las participaciones del fondo establecido en el artículo 33 fracciones I y II de esta Ley, con el consentimiento por escrito de los ayuntamientos, previa solicitud con copia certificada del acta de la sesión de Cabildo en que conste que se aprobó por mayoría, para el solo efecto del cumplimiento de las obligaciones contraídas a su cargo, los que deriven de convenios con la Secretaría y cuando exista ordenamiento expreso de autoridad competente en el caso de incumplimiento de obligaciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9º de la Ley de Coordinación.

Art. 39. Los municipios podrán recibir anticipos a cuenta de sus participaciones, previa aprobación de la Secretaría, los cuales deberán ser liquidados a más tardar tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, para estos efectos, los municipios cubrirán a la Secretaría una tasa de interés equivalente a la que se establezca anualmente en la Ley de Ingresos del Estado para los casos de autorizaciones de pago a plazos de contribuciones.

Art. 40. Cuando la Legislatura o el Poder Ejecutivo del Estado, en ejercicio de las facultades de control y vigilancia que les confieren los respectivos ordenamientos legales, adviertan que hay un manejo inadecuado de los recursos municipales, de manera que se incurra en desequilibrios financieros graves, o sea evidente una administración financiera deficiente o irregular, la Legislatura por sí o a solicitud del Ejecutivo, aprobará la retención temporal de las participaciones hasta en tanto se corrijan las deficiencias señaladas.

Capítulo II
Aportaciones federales

Art. 41. Con independencia de lo establecido en este Título, respecto al fondo único de participaciones, los municipios recibirán aportaciones federales, como recursos que la Federación les transfiere, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece la Ley de Coordinación, siendo los siguientes:

I. Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal; y

II. Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios.

Dichos fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Coordinación.

Art. 42. Los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.

Los recursos del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, se destinarán a agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural en colonias de bajos recursos, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los lineamientos del fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.

Este fondo se entregará a los municipios en los términos que establece el artículo 32 de la Ley de Coordinación.

Los municipios podrán disponer de hasta un 2% del total de recursos del fondo para la infraestructura social municipal que les correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional municipal. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el Gobierno del Estado y el municipio de que se trate. Los recursos de este programa podrán utilizarse para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del municipio, de acuerdo con lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los lineamientos del fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.

Adicionalmente, los municipios podrán destinar hasta el 3% de los recursos que les correspondan de este fondo para ser aplicados como gastos indirectos para la verificación y seguimiento de las obras y acciones que se realicen, así como para la realización de estudios y la evaluación de proyectos que cumplan con los fines específicos a que se refiere este artículo.

Los municipios tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, de la Ley de Coordinación.

Art. 43. El fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal será distribuido entre los municipios, considerando criterios, fórmula y procedimientos que se establecen en el artículo 35 de la Ley de Coordinación, la Secretaría puede tomar referencia de los montos que anualmente determina la Secretaría de Desarrollo Social.

Art. 44. El fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, se destinará a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al fondo a que se refiere este artículo, los municipios tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el artículo 33, apartado B, fracción II, incisos a) y c), de la Ley de Coordinación.

Este fondo se entregará a los municipios en los términos que establece el artículo 38 de la Ley de Coordinación.

Art. 45. El fondo establecido en el artículo 44 de esta Ley, podrá ser afectado en términos de lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Coordinación.

Art. 46. Los lineamientos generales de operación para la aplicación de las aportaciones establecidas en este capítulo, serán convenidos al inicio de cada ejercicio fiscal entre el Estado y los municipios para la mejor operación, aplicación y control de las aportaciones federales, el documento se deberá publicar en el Periódico Oficial del Estado dentro de los primeros diez días del mes de febrero de cada año.

Art. 47. El Estado, por conducto de la Secretaría, enviará al Ejecutivo Federal, los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos de los fondos de aportaciones federales a que se refiere este capítulo.

Para los efectos del párrafo anterior, los municipios reportarán tanto la información de los fondos, así como los resultados obtenidos, por lo que remitirán a la Secretaría la información consolidada a más tardar a los 20 días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal.

Art. 48. Los municipios, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas.

Sin perjuicio de lo anterior, las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes.

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.

Para los efectos de este artículo, se entenderá que los municipios han devengado o comprometido las transferencias federales etiquetadas, en los términos previstos en el artículo 4º, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

TÍTULO QUINTO
Observancia de la Ley

Capítulo único
Inconformidades

Art. 49. En caso de que cualquiera de las partes que intervenga en los convenios de coordinación o colaboración administrativa, o bien, un particular con interés jurídico debidamente acreditado, consideren que se está incurriendo en violación al contenido de la Ley o a los compromisos derivados de los convenios celebrados de conformidad con la misma, podrán presentar un escrito de inconformidad ante el comité, en un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de la violación.

El escrito de inconformidad deberá contener y acompañar, en su caso:

I. Nombre y domicilio del demandante;

II. Acto que se impugna;

III. Parte o autoridad que se demanda;

IV. Fecha de conocimiento de la violación;

V. Agravios que estime causados;

VI. El derecho subjetivo que reclame y que solicita le sea restituido;

VII. Las pruebas que se consideren oportunas; y

VII. La firma del promovente.

Art. 50. El comité podrá ordenar que se aclare el escrito en caso de que el mismo sea oscuro o irregular, otorgando un plazo de tres días hábiles para tal efecto; concluido el plazo sin que se haya subsanado, se desechará el escrito de inconformidad.

Se considera que un escrito de inconformidad es obscuro o irregular, cuando no cumple con los requisitos señalados en las fracciones II, IV, V y VI del artículo anterior.

Art. 51. El comité procederá a citar a los representantes de las partes, remitiéndoles copia del escrito de inconformidad para que en el plazo de quince días hábiles, manifiesten lo que a su interés convenga y aporten las pruebas que estimen pertinentes.

Art. 52. El comité hará el análisis del escrito de inconformidad que se haya interpuesto, así como de las pruebas aportadas por las partes involucradas, atendiendo a las reglas de valoración de pruebas, del trámite y resolución establecidas en el Código Fiscal del Estado y sus Municipios para el caso del recurso administrativo de revocación, aplicando en su defecto, supletoriamente, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas.

Art. 53. Transcurrido el plazo señalado, el comité en un término que no exceda de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha en que quede debidamente instruido el expediente, emitirá su resolución, declarando la procedencia o improcedencia de la inconformidad, y si se considera fundada o infundada la misma, estableciendo en su caso los alcances y los efectos que se deban producir en caso de resultar fundada la inconformidad.

Para los efectos de esta Ley se considera que está debidamente instruido el expediente, cuando se haya fijado debidamente la litis a dilucidar y no exista prueba alguna por desahogar de acuerdo con su naturaleza y el ofrecimiento hecho por las partes.

Art. 54. En caso de que el comité declare fundada la inconformidad, deberá notificar a la parte infractora para que en un término de diez días hábiles corrija las violaciones en que haya incurrido y subsane los derechos subjetivos vulnerados a la parte que ocurrió en inconformidad.

Art. 55. Cuando la parte infractora haga caso omiso de la resolución del comité, la parte afectada podrá acudir ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, según lo dispuesto por el artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en un término de 15 días hábiles para que dicho órgano determine las medidas correctivas a que haya lugar, atendiendo a la naturaleza jurídica del acto impugnado.

Artículos transitorios

Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor el 1º de enero del 2017, previa publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Art. 2º Se abroga la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, contenida en el Decreto No. 78 publicado en suplemento al número 1 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, correspondiente al día 1º de enero del 2005.

Art. 3º Se derogan los Decretos en los que hayan aprobado reformas, adiciones y derogaciones que contravengan esta Ley.

Comuníquese al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación.

Dado en la sala de sesiones de la Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Zacatecas, a los 15 días del mes de diciembre del año 2016. Diputada Presidenta. Dip. Norma Angélica Castorena Berrelleza. Diputadas Secretarias. Dip. Ma. Guadalupe González Martínez y Dip. María Elena Ortega Cortés. Rúbricas.

Y para que llegue al conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, mando se imprima, publique y circule.

Dado en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los 29 días del mes de diciembre del año 2016.

Atentamente,
«Sufragio Efectivo. No Reelección»

El Gobernador del Estado de Zacatecas
Alejandro Tello Cristerna

La Secretaria General de Gobierno
Fabiola Gilda Torres Rodríguez

El Secretario de Finanzas
Jorge Miranda Castro

FICHA TÉCNICA

GENERAL

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
107 105 31-diciembre-2016 01-enero-2017 LXII

REFORMAS

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
273 101 20-diciembre-2017 01-enero-2018 LXII

Se reforman las fracciones II y XVII del artículo 2°, se deroga el párrafo segundo, se reforman las fracciones II, III y V y se adiciona la fracción VI al artículo 8°; se reforma el párrafo segundo del artículo 9°; se reforman las fracciones II y III y se adiciona la fracción XII al artículo 11; se reforman las fracciones I, II y III y se adiciona la fracción IV al artículo 12; se reforma el proemio, y se reforma la fracción II y se adiciona la fracción IV al artículo 13; se adiciona la fracción X al artículo 14; se reforman los artículo 19 y 27; se reforma y adiciona el artículo 33; ser reforma el proemio y dos párrafos del artículo 34; se adicionan los artículo 34 bis y 34 ter; se reforman los párrafos primero y segundo y se adiciona el tercer párrafo del artículo 35; se adiciona el artículo 35 bis y se reforma el artículo 38 y se reforma el artículo 39.

Último cotejo de vigencia: mayo de 2018.