LEY DE LA Comisión DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

Licenciado Arturo Romo Gutiérrez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a sus habitantes hago saber:

Que los CC. Diputados secretarios de la H. Quincuagésimo cuarta Legislatura del Estado han tenido a bien dirigirme el siguiente

Decreto nº 15

La H. Quincuagésimo cuarta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas

Considerando

Primero. Que tanto durante la última campaña político-electoral, como en los diversos foros a que ha convocado la Legislatura del Estado, los zacatecanos reafirmaron su propósito de construir una sociedad plenamente democrática.

Segundo. La democracia es el derecho de todos los hombres a oportunidades y seguridades iguales. Que nadie sea víctima de tratamiento discriminatorio por razones de origen, sexo, religión, idioma, credo político o condición social, y que todos tengan acceso a medios de vida que garanticen el desenvolvimiento armónico de sus facultades físicas e intelectuales.

Tercero. Para asegurar el recto y prudente ejercicio del poder público y prevenir y sancionar conductas indebidas de las autoridades, no bastan leyes idóneas. Es indiscutible la formación y desarrollo de una nueva cultura política que propicie una relación más cercana entre la sociedad y las instituciones del Estado, un diálogo constante y franco entre el hombre del pueblo y su gobierno y un combate decidido contra toda forma de corrupción.

Cuarto. Que el respeto a la dignidad y a los derechos de la persona humana es la sustancia misma de todo sistema democrático, por lo que es conveniente y necesario al interés del pueblo de Zacatecas la constitución de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, que asegure el respeto a las libertades del hombre y tienda a liquidar todo vestigio de autoritarismo, prepotencia, impunidad o abusos de quienes estando obligados a servir, oprimen.

Quinto. Que la iniciativa presentada por el C. Gobernador Constitucional del Estado se funda en los principios que dieron origen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en los más lejanos, pero aún vigentes que inspiraron al constituyente don Ponciano Arriaga para proponer la creación de la Procuraduría de Pobres.

Sexto. Considerando que no somos una Entidad aislada, sino que formamos parte de un cuerpo universal y postulamos la filosofía plasmada por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sentido de que consideramos que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.

Séptimo. Que entre las características de este organismo se derivan las siguientes:

a) La Ley le otorga a la Comisión carácter de órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo tanto tendrá plena autonomía técnica, operativa y financiera.

b) Tendrá por objetivo esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que se inscribieron en el contexto jurídico de nuestra Entidad y de la Nación.

c) Preservación de los ecosistemas como garantía de salud pública para preservar la vida humana en las mejores condiciones de calidad y bienestar común.

d) La fe en los derechos humanos, las libertades fundamentales, los principios de paz, igualdad, valor de la persona humana de aquellos que hasta ahora han sido los más desprotegidos: los niños, mujeres, ancianos y discapacitados nos obligan a propiciar las condiciones para crear un entorno en el que prive el espíritu de paz, igualdad, tolerancia y solidaridad.

e) Conocer de quejas y denuncias contra actos u omisiones de autoridades y servidores públicos, que pudieran configurar violación de los derechos del hombre, así como a formular recomendaciones públicas, no obligatorias para las instancias respectivas.

f) La Comisión no contará con facultades en materia electoral, laboral o jurisdiccional, ni sustituirá órganos y tribunales correspondientes, pero tendrá carácter de organismo popular cuyo peso político y moral deberá ser suficiente para inducir la prevención y corrección de actos de autoridad que excedan la legalidad.

g) A diferencia de leyes similares de otras entidades federativas, la nuestra establece claramente, por lo que hace el Poder Judicial, que la Comisión solo admitirá quejas o denuncias relacionadas con actos u omisiones administrativas de carácter procedimental que no diriman algún litigio, ni podrá pronunciarse sobre la culpabilidad o no del procesado o sentenciado. Sí podrá la Comisión, conocer de dilaciones procesales que violen garantías constitucionales, así como de actos u omisiones administrativos de autoridades laborales o electorales.

h) El título segundo, con seis capítulos, se refiere a los órganos de gobierno de la Comisión: Consejo Consultivo, formado por personas de reconocida solvencia moral, el presidente de la Comisión que lo será también del Consejo, un secretario ejecutivo y, cuando menos, tres visitadores con facultades investigatorias de las quejas o denuncias que les sean presentadas, quienes gozarán de protección legal, por las opiniones y recomendaciones que formulen o por los actos que realicen en ejercicio de sus atribuciones.

i) Que la Comisión podrá también conocer e investigar a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos por actos u omisiones de servidores públicos, de organismos descentralizados, desconcentrados, o empresas donde tenga participación el Gobierno del Estado, por ejemplo JIAPAZ, ISSSTEZAC, etc.

j) En el título tercero, con tres capítulos, se hace mención a que cualquier persona física o moral, podrá presentar por sí misma o a través de un tercero, queja o denuncia por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Los hechos se podrán denunciar por los parientes o los vecinos de los afectados, incluso por menores a partir de los diez años de edad, cuando los interesados estén privados de su libertad o se ignore su paradero, siendo el procedimiento ante la Comisión, breve y sencillo.

k) El título cuarto, cuenta con dos capítulos: el primero, referido a las obligaciones y la colaboración que deben prestar a la Comisión, las autoridades y los servidores públicos; el segundo capítulo hace mención a las responsabilidades penal y administrativa, en el que pueden incurrir las autoridades y demás servidores públicos, por sus actos u omisiones durante y con motivo de la tramitación de quejas.

Octavo. Que mención especial merecen el que entre las facultades de la Comisión se le asignen la de promover iniciativas de leyes que tiendan a la preservación, defensa y promoción de los derechos humanos, que en los casos de violaciones consideradas de lesa humanidad no prescriba el derecho del afectado para presentar su queja, que en caso de extrema urgencia se instituye la posibilidad de suspender el acto que reclama; que se establecen diversos términos para que la autoridad responsable dé contestación a la queja interpuesta en su contra, de acuerdo con la gravedad del caso formulado, lo que garantiza una solución pronta del problema y que los visitadores gozarán de fe pública en los actos de investigaciones en que intervengan con motivo de sus funciones.

Noveno. Que excepcionalmente la Comisión podrá conocer sobre los actos cometidos por los medios de comunicación cuando la noticia injusta cause daño moral a las personas.

Por lo anteriormente expuesto, en nombre del pueblo es de decretarse y se

Decreta

LEY DE LA Comisión DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE ZACATECAS

TÍTULO PRIMERO

 
Capítulo único
Disposiciones generales

Artículo primero. Esta Ley es de orden público, y de aplicación en todo el territorio del Estado de Zacatecas en materia de derechos humanos, respecto de los mexicanos y extranjeros que se encuentre en la Entidad, en los términos establecidos por la Constitución Política del Estado.

Art. 2º En el Estado de Zacatecas todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado, las leyes que de ellas emanen y los Tratados Internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección cuya vigencia no podrá suspenderse ni restringirse sino en los casos y mediante los procedimientos que los respectivos ordenamientos determinen.

Las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar en los términos que establezca esta ley.

Las normas y procedimientos relativos a los derechos humanos se interpretarán y resolverán de conformidad con el principio pro persona favoreciendo en todo momento la protección más amplia.

En el Estado de Zacatecas queda prohibida toda forma de discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional, el género, la raza, el color de piel, las características físicas, el idioma, el estado civil, la edad, la profesión, el trabajo desempeñado, la condición social o económica, las discapacidades, las condiciones de salud, el estado de embarazo, las costumbres, las preferencias sexuales, las ideologías o creencias religiosas, la calidad migratoria o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Art. 3º Se crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas como un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene por objeto la protección, respeto, defensa, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano.

La sede general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, es la ciudad capital del Estado, sin perjuicio del establecimiento de visitadurías en distritos judiciales o en cabeceras municipales.

Art. 4º La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas es competente para conocer de quejas y denuncias relacionadas con la presunta violación de los derechos humanos, cuando éstas fueren imputables a autoridades y servidores públicos de carácter estatal y municipal; y por lo que hace a los del Poder Judicial, autoridades electorales, sólo se admitirán o conocerán cuando se trate de actos u omisiones en que incurran en el desempeño de su cargo o de carácter procesal que no diriman controversia alguna.

La Comisión de Derechos Humanos podrá conocer excepcionalmente sobre actos cometidos por los medios de comunicación cuando, por información no acorde a la verdad legal e histórica cause daño moral a las personas.

La Comisión por ningún motivo podrá examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo, ni podrá pronunciarse sobre la culpabilidad o no del procesado o sentenciado.

Art. 5º Cuando en un mismo hecho, estuvieren involucrados tanto autoridades o servidores públicos de la Federación como del Estado o sus municipios, la competencia corresponderá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 60 de la Ley que rige a este organismo.

Art. 6º Para los efectos de esta Ley se reputan servidores públicos los señalados en la Constitución Política del Estado y las leyes que de ella emanan.

Por superior jerárquico se entiende al titular de la dependencia correspondiente; y, por superior inmediato, al servidor público del cual depende, reporta o recibe órdenes el presunto infractor, de acuerdo a la estructura orgánica de la dependencia de que se trate.

TÍTULO SEGUNDO
Integración de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas

Capítulo I
De la integración y facultades

Art. 7º La Comisión se integra por:

I. La presidencia;

II. La Secretaría Ejecutiva;

III. La Coordinación de Visitadores;

IV. Seis visitadurías, por lo menos, integradas de manera paritaria, de las cuales una será para la atención a migrantes, otra para quejas de actos administrativos de carácter laboral y una para la atención de asuntos de las mujeres y de políticas de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

V. Las unidades técnicas y administrativas contempladas en el reglamento y que autorice su presupuesto; y

VI. Un órgano de control interno; y

VII. El personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.

La Comisión para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará con un Consejo Consultivo.

Art. 8º La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:

I. Realizar e implementar programas preventivos en materia de derechos humanos;

II. Proponer a los poderes del Estado, ayuntamientos y organismos públicos descentralizados y autónomos del Estado y de los municipios, lineamientos de política sobre derechos humanos, así como llamarlos a que promuevan modificaciones legales, reglamentarias y de práctica administrativa, que a juicio de la Comisión redunden en mejorar la protección de los derechos humanos; elaborando, además, programas específicos de protección a los derechos humanos de las mujeres, a fin de asumir el papel de garante de que los gobiernos cumplan con la observancia y la construcción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

III. Elaborar y ejecutar los programas de atención y seguimiento a los reclamos sociales sobre derechos humanos;

IV. Presentar iniciativas de leyes y reformas que tiendan a prevenir, mejorar y garantizar la protección de los derechos humanos;

V. Representar, en el ámbito de su competencia material, al Estado, ante autoridades y organismos, sobre aspectos relacionados con los derechos humanos;

VI. Recibir quejas de presuntas violaciones a tales derechos;

VII. Conocer e investigar a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos en los siguientes casos:

a) Por actos u omisiones de servidores públicos, así como de las autoridades administrativas de carácter estatal o municipal;

b) Por actos u omisiones de servidores públicos de organismos descentralizados, desconcentrados o empresas donde tengan participación el Gobierno del Estado o los municipios;

c) Cuando los particulares o alguna persona moral cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con dichos ilícitos;

d) Cuando a petición del Gobernador del Estado o la Legislatura del Estado aquellos hechos que por sus características puedan constituir violaciones graves a los derechos humanos. En el desarrollo de este procedimiento la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas ejercerá facultades de autoridad investigadora en los términos de ley, sin que autoridad alguna pueda negarle la información que requiera. La Comisión mantendrá la reserva de la información que se le proporcione con ese carácter. Cuando así proceda, presentará las denuncias ante la autoridad competente;

VIII. Formular recomendaciones públicas autónomas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, solicitar a la Legislatura del Estado o en sus recesos a la Comisión Permanente, citen a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables para explicar el motivo de la negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

IX. Turnar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que conozca y decida en última instancia, las inconformidades que se presenten respecto de las recomendaciones y acuerdos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Asimismo, las inconformidades por omisiones en que incurra la propia Comisión y por insuficiencia en el cumplimiento de sus recomendaciones por parte de las autoridades locales, en términos señalados por la Ley;

X. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata solución del conflicto planteado, cuando la naturaleza del caso lo permita;

XI. Elaborar y ejecutar programas para difundir la enseñanza y la promoción de los derechos humanos en las diversas dependencias de los poderes del Estado y de los municipios, así como en los organismos públicos descentralizados, autónomos y las instituciones educativas públicas y privadas de todos los niveles, incluyendo de manera específica los derechos de las mujeres;

XII. Supervisar el respeto a los derechos humanos en los centros de reinserción social del Estado, Centros de Internamiento y Atención Integral Juvenil, separos preventivos, casas institucionalizadas, centros de rehabilitación, asilos de ancianos, instancias de albergue temporal o definitivos y de apoyo a migrantes en tránsito, las dependencias e instituciones dedicadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres o las destinadas a grupos en situación de vulnerabilidad;

XIII. Formular programas y proponer acciones en coordinación con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento, dentro del territorio estatal, de los tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos;

XIV. Proponer a los poderes del Estado, ayuntamientos y organismos públicos descentralizados y autónomos, los instrumentos jurídicos, administrativos, sociales, educativos, culturales o de naturaleza análoga que tengan por propósito promover, prevenir y salvaguardar en el Estado los derechos humanos;

XV. Expedir su reglamento y manuales de organización y de procedimientos;

XVI. La Comisión pondrá especial interés en la asistencia y protección de los sectores sociales más desprotegidos. En particular de los menores, mujeres, ancianos y discapacitados. La defensa del sistema ecológico así como los derechos de los campesinos, etnias y grupos de identidad serán igualmente prioritarios;

XVII. Procurar las instancias necesarias de vinculación y convenir mecanismos jurídicos y de apoyo recíproco con la Comisión legislativa de atención a migrantes de la Legislatura del Estado, las comisiones locales fronterizas, La Secretaría de Migración, las direcciones u oficinas de atención migrantes en los ayuntamientos del Estado, las comisiones de asuntos migratorios y la Comisión de población y desarrollo de las cámaras de diputados y senadores, respectivamente, la delegación federal del Instituto Nacional de Migración y otras dependencias y entidades públicas y privadas con tareas relacionadas, para la adecuada defensa de los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros;

XVIII. Supervisar que a las personas que se encuentren privadas de su libertad en los diversos establecimientos de detención o reclusión como separos preventivos, de las policías ministerial, municipal o tránsito y vialidad, centros de reinserción social, centros de internamiento y atención integral juvenil, les sean respetados sus derechos humanos. De igual forma, podrá solicitar el reconocimiento médico, físico y psicológico de los detenidos, a petición de parte agraviada, cuando se presuma que han sufrido malos tratos o tortura, comunicando a las autoridades competentes los resultados de las revisiones practicadas para que tomen las medidas conducentes;

XIX. Vigilar que el sistema penitenciario se organice sobre las bases del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la saludo y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley;

XX. La observancia del seguimiento, evaluación y  monitoreo, en materia de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; y

XXI. Las demás que le otorgue la presente Ley y otros ordenamientos legales.

Art. 9º La Comisión no podrá conocer de los asuntos relativos a:

I. Resoluciones de organismos y autoridades electorales;

II. Resoluciones de fondo de carácter jurisdiccional;

III.  [Derogada]; y

IV. Consultas formuladas por autoridades, particulares y otras entidades, sobre interpretación de las disposiciones constitucionales y legales;

V. Resoluciones de carácter legislativo emitidas por la Legislatura del Estado.

Capítulo II
Del nombramiento y facultades del presidente de la Comisión

Art. 10. Quien presida la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas no estará sujeto a mandato imperativo de autoridad alguna y desempeñará sus atribuciones con autonomía, sin más restricciones que las que señalan las Constituciones federal y local, las leyes que de ellas emanen, y, en especial, el artículo 50 de esta Ley.

Art. 11. Quien presida la Comisión deberá de reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano, mayor de 35 años, con una residencia efectiva en la Entidad de por lo menos cinco años;

II. Tener grado de licenciatura, preferentemente título de licenciado en Derecho, al menos dos años de experiencia en la defensa y promoción de los derechos humanos  reconocidos en las leyes federales, estatales e instrumentos jurídicos internacionales;

III. Ser de reconocida honorabilidad y no haber sido condenado por delito doloso;

IV. No tener parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado, con el Gobernador, magistrados del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, ni con el Procurador General de Justicia;

V. No haber sido dirigente de partido político, ni ministro de culto religioso alguno, en los últimos cinco años anteriores a la elección; y

VI. No haber rechazado o incumplido, de manera infundada, una recomendación en materia de derechos humanos, con el carácter de superior jerárquico del funcionamiento sancionado.

 

Art. 12. Quien presida la Comisión, será designado por la Legislatura conforme un procedimiento de consulta pública, para lo cual observará las siguientes bases:

I. Emitir una convocatoria dentro del plazo de sesenta días previos a la conclusión del período para el cual fue electo el titular en funciones;

II. Dirigir la convocatoria a todas persona interesada, en especial a los colegios de profesionistas, las organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos;

III. Especificar en la convocatoria;

a) Requisitos para acceder al cargo conforme el artículo 11 de esta ley;

b) Las bases generales del procedimiento de consulta pública y elección;

c) Fecha para dar a conocer la lista oficial de los aspirantes al cargo;

d) Fecha día y hora para efectuar la comparecencia pública;

e) Fecha para conocer los resultados;

IV. Turnar a la Comisión legislativa de Derechos Humanos para efectos de calificar y determinar las personas idóneas a ocupar el cargo. El día de la comparecencia pública, se dará el uso de la voz a cada aspirante a efecto de conocer los motivos, perfiles, méritos y la propuesta de un programa mínimo de trabajo; y

V. Fundar y motivar en un dictamen de la Comisión legislativa de Derechos Humanos, los criterios que determinaron la conformación de la terna que se presentará ante el Pleno de la Legislatura para elegir al presidente.

Art. 13. Quien presida la Comisión durará en sus funciones tres años, pudiendo ser designado para otro periodo únicamente.

Art. 14. Las funciones de los titulares de la presidencia, secretaría ejecutiva, coordinación de visitadores y de los visitadores son incompatibles con el desempeño de cualquier otro cargo, empleo o Comisión de la Federación, del Estado, los municipios o de organismos privados, o con el desempeño de su profesión, exceptuando las actividades académicas.

Art. 15. Los titulares de la presidencia, secretaría ejecutiva, coordinación de visitadores, los visitadores generales, regionales, itinerantes y adjuntos no podrán ser privados de su libertad, ni sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y recomendaciones que formulen, o por los actos que realicen en ejercicio de las atribuciones que les asigna esta Ley.

Art. 16. Quien presida la Comisión podrá ser destituido y, en su caso, sujeto a responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado. En ese supuesto, será sustituido interinamente por el titular de la secretaría ejecutiva hasta que se designe nuevo presidente o presidenta de la Comisión.

En las faltas temporales del titular de la presidencia de la Comisión, será sustituido por quien ocupe la secretaría ejecutiva. Si se tratare de falta absoluta, deberá ser sustituido interinamente por éste hasta  que se designe nuevo presidente, conforme a lo establecido en el artículo 12 de esta misma Ley.

Art. 17. Quien presida la Comisión tendrá las siguientes facultades:

I. Ejercer la representación legal de la Comisión;

II. Presidir y coordinar los trabajos del consejo consultivo;

III. Vigilar el cumplimiento de la política estatal en materia de derechos humanos;

IV. Solicitar a los servidores públicos del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados, desconcentrados o empresas de participación del Gobierno del Estado, la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones;

V. Aprobar en su caso, y emitir las recomendaciones pertinentes a los servidores públicos de las dependencias y entidades señaladas en la fracción anterior por violaciones a los derechos humanos;

VI. Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán las actividades administrativas de la Comisión, así como dirigir y coordinar a los funcionarios y al personal bajo su autoridad;

VII. Designar al secretario ejecutivo;

VIII. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes para el mejor desempeño de las funciones de la Comisión;

IX. Distribuir y delegar funciones a los visitadores en los términos del reglamento interno;

X. Rendir anualmente un informe escrito a los tres Poderes del Estado; sin perjuicio de informar cada cuatro meses a la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, sobre el desarrollo y funcionamiento de la Comisión, estos informes serán públicos y abiertos;

XI. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación y convenio de colaboración con autoridades y organismos de defensa de los derechos humanos, así como con instituciones académicas y asociaciones culturales, para el mejor cumplimiento de sus fines;

XII. Formular las propuestas generales conducentes a una mejor protección de los derechos humanos, incluyendo de manera específica las propuestas para garantizar los derechos humanos de las mujeres;

XIII. Elaborar el presupuesto anual de egresos de la Comisión y el respectivo informe sobre su ejercicio para su aprobación por el consejo consultivo; y

XIV. Elaborar con conocimiento del consejo consultivo y proponer conjuntamente con el titular de la Secretaría Ejecutiva, las iniciativas de ley a la Legislatura del Estado. Asimismo elaborar y proponer al consejo consultivo el Reglamento para su aprobación;

XV. [Derogada];

XVI. Solicitar a la Legislatura del Estado o en sus recesos a la Comisión permanente, citen a comparecer a las autoridades o servidores públicos responsables para explicar el motivo de la negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas;

XVII. Promover las acciones de inconstitucionalidad, en contra de leyes de carácter estatal que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; y

XVIII. Las demás que le señalen la presente Ley y otros ordenamientos.

Art. 18. Los titulares de la presidencia, secretaría ejecutiva, coordinación de visitadores, los visitadores generales, regionales, itinerantes y adjuntos de la Comisión, en sus actuaciones tendrán fe pública en materia de derechos humanos, para certificar la veracidad de los hechos relacionados con las quejas presentadas ante la Comisión.

Capítulo III
De la integración, nombramiento y facultades del consejo consultivo

Art. 19. El consejo consultivo estará integrado, además de quien presida la Comisión, por siete personas mexicanas, cuatro de un género y tres del otro, buscando la integración más cercana a la paridad; deberán ser de reconocida solvencia moral, en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos, y que no desempeñen cargo o comisión como servidores públicos, salvo la docencia. Cuando provengan de la representación popular o del servicio público, no haber rechazado o incumplido, de manera infundada, una recomendación en materia de derechos humanos, con el carácter de superior jerárquico del funcionario público sancionado.

A excepción de quien presida la Comisión, los cargos de miembros del consejo consultivo serán honorarios, y durarán en su encargo tres años, pudiendo ser ratificados para otro periodo igual. Recibirán única y exclusivamente una dieta mensual, que en ningún caso excederá de 200 cuotas de salario mínimo general vigente, incluidos bonos y prestaciones en especie de cualquier naturaleza, de acuerdo a los lineamientos que se establezcan en el Reglamento de la Comisión y con cargo al presupuesto que anualmente le destine la Legislatura del Estado.

Art. 20. La designación de los miembros del Consejo Consultivo será hecha por la Legislatura del Estado conforme al procedimiento de consulta pública establecido en el artículo 12 de esta Ley, y en el cual se establezcan los requisitos legales, los méritos y perfiles académicos y profesionales que deban cumplir los aspirantes para acceder al cargo, cuidando, en todo momento, la integración que señala el artículo precedente.

Art. 21. El consejo consultivo es un órgano permanente de consulta de la Comisión.

Tendrá las siguientes facultades:

I. El estudio y opinión de los problemas que se presenten, relativos al respeto y defensa de los derechos humanos, incluyendo de manera específica los derechos humanos de las mujeres y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

II. Proponer a la Legislatura del Estado, a través de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, la política estatal sobre la difusión, reconocimiento y defensa de los derechos humanos, incluyendo de manera específica los derechos humanos de las mujeres y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres;

III. Establecer los lineamientos generales para la actuación de la Comisión;

IV. Aprobar el reglamento interno de la Comisión y sus manuales operativos, que sometan a su consideración la presidencia y la secretaría ejecutiva;

V.  [Derogada];

VI. Opinar sobre el proyecto de informe anual que presente quien presida la Comisión a la Legislatura, al Ejecutivo del Estado y al Poder Judicial;

VII. Solicitar al titular de la presidencia información adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o haya resuelto la Comisión;

VIII. Aprobar el presupuesto de egresos de la Comisión para su remisión a la Legislatura;

IX. Conocer el informe del presidente de la Comisión respecto al ejercicio presupuestal;

X. [Derogada]; y

XI. Las demás que señale esta Ley y otros ordenamientos.

Art. 22. El consejo consultivo funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias y tomará sus decisiones por mayoría de votos de sus miembros presentes. En caso de empate, el titular de la presidencia tendrá voto de calidad. Las sesiones ordinarias se verificarán cuando menos cada quince días.

Las sesiones extraordinarias podrán convocarse por quien presida la Comisión o mediante solicitud que a aquél formulen por lo menos tres miembros del consejo, cuando se estime que haya razones de importancia para ello.

Las sesiones del consejo consultivo serán presididas por el titular de la presidencia, sólo en casos especiales y por causas de fuerza mayor, habiendo asuntos urgentes, comunicará al consejo consultivo las razones de su ausencia, para que las conduzca quien ocupe la secretaría ejecutiva.

Capítulo IV
Nombramiento y facultades de los titulares de la secretaría ejecutiva y del coordinador de visitadores

Art. 23. El titular de la secretaría ejecutiva será designado en los términos de la fracción VII del artículo 17 de esta Ley y deberá de reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso;

III. Ser mayor de 25 años de edad el día de su nombramiento;

IV. Tener título de licenciado en Derecho y práctica profesional de un mínimo de tres años.

Art. 24. La secretaría ejecutiva tendrá las siguientes facultades:

I. Elaborar, con el titular de la presidencia, la propuesta al consejo consultivo sobre las políticas generales que en materia de derechos humanos habrá de seguir la propia Comisión ante los organismos gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales;

II. Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión con organismos públicos, sociales o privados, nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos;

III. Realizar estudios sobre convenios, contratos y acuerdos en materia de derechos humanos y firmar conjuntamente los que suscriba el presidente;

IV. Preparar, con el titular de la presidencia, los anteproyectos de iniciativas de leyes y reglamentos que la Comisión acuerde, así como los estudios que los sustenten;

V. Colaborar con el titular de la presidencia, en la elaboración de los informes anuales así como de los especiales;

VI. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental de la Comisión;

VII. Dar seguimiento de oficio a las quejas recibidas, hasta su ejecución;

VIII. Coordinar, con acuerdo del titular de la presidencia, las acciones de transparencia como titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la Información Pública; y

IX. Las demás que le sean conferidas por el presidente, el consejo consultivo o la Ley.

Art. 24 bis. El titular de la coordinación de visitadores será designado en los términos de esta Ley y deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

II. Ser mayor de 25 años de edad al día de su nombramiento; y

III. Tener título de licenciado en derecho y práctica profesional de un mínimo de tres años.

Art. 24 ter. El titular de la coordinación de visitadores tendrá las siguientes facultades:

I. Coordinar el trabajo de las visitadurías de la Comisión, previo acuerdo con quien presida la Comisión;

II. Proponer al titular de la presidencia la metodología de trabajo de las visitadurías;

III. Supervisar que los términos legales del procedimiento de las quejas y denuncias se lleven conforme a la normatividad aplicable;

IV. Revisar los proyectos de resolución de los expedientes en trámite de las diferentes visitadurías;

V. Analizar con el titular de la presidencia los expedientes que deberán exponerse ante el consejo consultivo;

VI. Presentar conjuntamente con el visitador responsable para su aprobación al consejo consultivo, los proyectos de resolución de expedientes administrativos; y

VII. Las demás que le sean conferidas por la presente Ley y ordenadas por el consejo consultivo.

Capítulo V
Nombramiento y facultades de los visitadores generales, regionales, itinerantes y adjuntos

Art. 25. Los visitadores generales, regionales e itinerantes serán nombrados por el consejo consultivo de la Comisión y deberán reunir los mismos requisitos que establece el artículo 23 en sus fracciones I, II y III de esta ley, asimismo, deberán contar con cédula profesional y título de licenciado en Derecho. Los visitadores adjuntos deberán tener el grado de licenciatura, de preferencia en Derecho.

Corresponde a la coordinación de visitadurías, organizar y coordinar el trabajo que se desarrolle en las visitadurías generales, regionales o itinerantes. Las resoluciones y recomendaciones que éstas emitan, serán puestas a su consideración, tanto para exponerlas ante el consejo consultivo como para la firma de quien presida la Comisión.

La Comisión establecerá con acuerdo del consejo consultivo el número de visitadurías regionales que se requieran, incorporando a éstas los municipios para su atención, teniendo como referencia las condiciones geográficas y de comunicación que los relacionen entre sí.

Por cada visitaduría general, regional e itinerante, quien presida la Comisión designará el número de visitadores adjuntos que se requieran. Contarán además con el número de visitadores auxiliares que sean necesarios para el mejor desempeño de sus funciones, mismas que serán apoyar en todo lo concerniente al trámite de quejas, y aquello que les encomienden sus superiores jerárquicos.

La creación de cada visitaduría, precederá del estudio y dictamen que se le presente al consejo consultivo para la consideración presupuestal.

Cuando por su naturaleza geográfica o por circunstancias especiales o temporales, algunos municipios de la entidad requieran de una atención especial por parte de la Comisión, el titular de la misma, apoyado en la coordinación de visitadurías, establecerá la presencia de una visitaduría itinerante, para que acuda directamente, reciba, tramite y en su momento resuelva en derecho las quejas o asuntos que se presenten en aquellos lugares.

Art. 26. Las visitadurías tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

I. Iniciar a petición de parte la investigación de las quejas que le sean presentadas, o de oficio y discrecionalmente aquellas sobre denuncias o violación a los derechos humanos de las mujeres y con relación a la construcción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres que aparezcan en los medios de comunicación;

II. Realizar las actividades necesarias para lograr por medio de la conciliación, la solución inmediata a las violaciones de derechos humanos que por su propia naturaleza así lo permitan;

III. Realizar las investigaciones y estudios necesarios para formular los proyectos de recomendación o acuerdo, que se someterán al titular de la presidencia y de la Comisión para su consideración;

IV. Visitar, a propuesta de la coordinación de visitadores, los municipios de la Entidad, para atender las denuncias de posibles violaciones a los derechos humanos y dar cuenta a quien presida la Comisión;

V. Visitar los Centros de Reinserción Social y Centros de Internamiento y atención integral juvenil para dialogar con los internos y atender las demandas que puedan constituir violaciones a los derechos humanos, y orientarlos en aquellas que no lo sean o no competan a la Comisión;

VI. Verificar la eficiencia, diligencia y honestidad en los servicios de defensoría de oficio que presta el Estado en materia penal y familiar, y hacer del conocimiento de los titulares de dicha defensoría y de los bufetes sociales, los resultados de la labor realizada;

VII. Las demás que le señale la presente Ley, el reglamento respectivo y quien presida la Comisión y la coordinación de visitadores.

Art. 26 bis. Las visitadurías para la atención a migrantes, y para la atención de asuntos de las mujeres y de políticas de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, tendrán las facultades y obligaciones que se establezcan en el Reglamento Interno de la Comisión.

Art. 26 ter. El órgano interno de control es un órgano dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas de servidores públicos de la Comisión y de particulares vinculados con faltas graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía del Estado.

El órgano interno de control tendrá un titular que lo representará y contará con la estructura orgánica, personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto.

En el desempeño de su cargo, el titular del órgano interno de control se sujetará a los principios previstos en la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Art. 26 quáter. El órgano interno de control tendrá las siguientes atribuciones:

I. Las que contemple la legislación en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos;

II. Verificar que el ejercicio del gasto de la Comisión se realice conforme a la normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados;

III. Presentar a la Comisión los informes de las revisiones y auditorías que se realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes de la misma;

IV. Revisar que las operaciones presupuestales que realice la Comisión, se hagan con apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables y, en su caso, determinar las desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen;

V. Promover ante las instancias correspondientes, las acciones administrativas y legales que se deriven de los resultados de las auditorías;

VI. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos de la Comisión;

VII. Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos concluidos, empleando la metodología que determine el órgano interno de control;

VIII. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos de la Comisión, empleando la metodología que determine;

IX. Recibir quejas y denuncias de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas sin importar cual sea su función al interior del organismo;

X. Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas de la Comisión para verificar el cumplimento de sus funciones;

XI. Recibir, tramitar y resolver las inconformidades, procedimientos y recursos administrativos que se promuevan en términos de la ley correspondiente y sus reglamentos;

XII. Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos de la Comisión de mandos medios y superiores, en los términos de la normativa aplicable;

XIII. Participar, conforme a las disposiciones vigentes, en los comités y subcomités de los que el órgano interno de control forme parte, e intervenir en los actos que se deriven de los mismos;

XIV. Proponer a la Comisión para su aprobación los proyectos de modificación o actualización de su estructura orgánica, personal o recursos;

XV. Formular el anteproyecto de presupuesto del órgano interno de control para su aprobación;

XVI. Presentar a la Comisión los informes previo y anual de resultados de su gestión, y comparecer en los términos que le sean requeridos por la misma;

XVII. Presentar para su conocimiento los informes respecto de los expedientes relativos a las faltas administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en materia de responsabilidades administrativas; y

XVIII. Las demás que le confieran otros ordenamientos.

Art. 26 quintus. El titular del órgano interno de control será designado por la Legislatura del Estado, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, conforme al procedimiento establecido en la legislación correspondiente.

Art. 26 sexies. El titular del órgano interno de control deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; y tener treinta y cinco años cumplidos al día de la designación;

II. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena de prisión por mas de un año;

III. Contar, al momento de su designación, con experiencia en los temas de control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, contabilidad gubernamental, adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público;

IV. Contar, al día de su designación, con antigüedad mínima de cinco años, con título profesional relacionado con las actividades a que se refiere la fracción anterior, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello;

V. Contar con reconocida solvencia moral;

VI. No estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o Comisión en el servicio público; y

VII. No haber sido secretario de Estado, procurador de justicia, gobernador, dirigente, o miembro de órgano responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular en los dos años anteriores a la propia designación.

Capítulo VI
Patrimonio y presupuesto

Art. 27. El patrimonio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se integra por:

I. Los bienes muebles e inmuebles que el Gobierno del Estado disponga para este fin;

II. El presupuesto que le asigne la Legislatura del Estado; y

III. Las donaciones, subsidios y aportaciones que le hagan organismos internacionales, dependencias federales, estatales o municipales, así como otras personas físicas o morales haciendo del conocimiento a la Legislatura local.

En caso de extinción de la Comisión de Derechos Humanos, su patrimonio se restituirá al erario público y éste decidirá sobre su destino.

Art. 28. Al rendir el informe a que se refiere la fracción X del artículo 17 de esta Ley, quien presida la Comisión dará cuenta en forma circunstanciada, del ejercicio presupuestal realizado.

La Auditoría Superior del Estado podrá intervenir, con las facultades que le competen, respecto del ejercicio presupuestal de la Comisión.

TÍTULO TERCERO
Del procedimiento ante la Comisión de Derechos Humanos

Capítulo I
Disposiciones generales

Art. 29. El procedimiento que se siga ante la Comisión deberá ser breve y sencillo y estará sujeto sólo a las formalidades esenciales que requiera la documentación de los expedientes respectivos. Se seguirá además, de acuerdo con los principios de inmediatez, concentración y rapidez, y se procurará, en la medida de lo posible, el contacto directo con los quejosos, denunciantes y autoridades, para evitar la dilación de las comunicaciones escritas.

Ningún procedimiento podrá exceder del término de cuatro meses, contados a partir de que se reciba la queja, el cual podrá ampliarse a solicitud del denunciante o a consideración del titular de la presidencia de la Comisión, debiéndose justificar tal circunstancia. En caso de que se determine la ampliación del término, se hará del conocimiento del quejoso y de la autoridad involucrada.

Capítulo II
De las quejas o denuncias

Art. 30. Toda persona física o moral podrá presentar por sí o por conducto de terceros de manera presencial ante las oficinas de la Comisión, por teléfono o internet, las quejas o denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, sin distinción alguna por razón de raza, sexo, idioma, religión, situación migratoria, opinión política, posición económica, o cualquiera otra condición.

Cuando los interesados estén privados de su libertad o por sus condiciones físicas, mentales, económicas y culturales, no tengan capacidad efectiva o se desconozca su paradero, los hechos se podrán denunciar por los parientes o vecinos de los afectados, inclusive por menores a partir de los diez años de edad.

La Comisión puede iniciar de oficio las quejas por indicios de violaciones a derechos humanos, violación a los derechos humanos de las mujeres y con relación a la construcción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres publicados en notas periodísticas.

Las quejas podrán formularse por lenguaje de señas y a través de mecanismos accesibles para personas con discapacidad, para lo cual la Comisión deberá disponer lo necesario.

Art. 30 bis. Si la queja o denuncia fue presentada por escrito, por teléfono o por internet, se citará al quejoso para que comparezca de manera personal en un plazo no mayor de tres días posteriores a la presentación de la queja.

La notificación de la cita mencionada en el párrafo anterior se realizará por la misma vía en la que fue interpuesta la queja. En caso de realizarse la queja o denuncia vía telefónica, el quejoso deberá otorgar un domicilio o una dirección electrónica donde se le notificará de todos los actos inherentes a la queja.

Si la queja o denuncia se realiza de manera electrónica, el quejoso deberá proporcionar una dirección de correo electrónico donde se le notificará de todos los actos concernientes a su queja.

Art. 31. La queja sólo podrá presentarse dentro del plazo de un año a partir de que se hubiera iniciado la ejecución de los hechos que se estimen violatorios o de que el quejoso hubiese tenido conocimiento de los mismos. En casos excepcionales, y tratándose de infracciones graves a los derechos humanos la Comisión podrá ampliar dicho plazo mediante una resolución razonada. No correrá plazo alguno cuando se trate de hechos que por su gravedad puedan ser considerados violaciones de lesa humanidad.

Art. 32. La denuncia o queja respectiva, deberá presentarse por escrito y en casos urgentes podrá formularse por cualquier medio de comunicación electrónica. No se admitirán comunicaciones anónimas, por lo que toda queja deberá ratificarse dentro de los tres días siguientes a su presentación, si el quejoso no se identifica ni la suscribe en un primer momento.

Cuando los quejosos o denunciantes se encuentren internos en un centro preventivo o de readaptación social, sus escritos deberán ser trasmitidos a la Comisión sin demora alguna por los encargados de dichos centros o podrán entregarse directamente a los visitadores.

Art. 33. La Comisión designará personal de guardia para recibir y atender las reclamaciones o quejas urgentes a cualquier hora del día y de la noche.

Art. 34. La Comisión deberá poner a disposición de los quejosos o denunciantes, formularios que faciliten el trámite, y en todo caso,  ejercerá la suplencia en la deficiencia de la queja, para lo cual orientará y apoyará a los comparecientes sobre el contenido de su queja, la cual también podrán presentarse oralmente cuando los comparecientes no puedan escribir o sean menores de edad.

Las denuncias podrán presentarse por comparecencia y tratándose de personas que no hablen o entiendan correctamente el idioma español, o se trate de personas con discapacidad auditiva o del habla, se les proporcionará gratuitamente un traductor o intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura.

Art. 35. En todos los casos que se requiera, la Comisión levantará acta circunstanciada de sus actuaciones.

Art. 36. En el supuesto de que los quejosos o denunciantes no puedan identificar a las autoridades o servidores públicos cuyos actos u omisiones consideren haber afectado sus derechos fundamentales, la instancia será admitida, si procede, bajo la condición de que se logre dicha identificación en la investigación posterior de los hechos.

Art. 37. La formulación de quejas y denuncias, así como las resoluciones y recomendaciones que emita la Comisión, no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las leyes, no suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos, de prescripción o caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia.

Art. 38. Cuando la queja sea inadmisible por ser manifiestamente improcedente o infundada, será rechazada de inmediato. Cuando no corresponda de manera ostensible a la competencia de la Comisión, se deberá proporcionar orientación al reclamante, a fin de que acuda a la autoridad o servidor público a quien corresponda conocer o resolver el asunto.

Art. 39. Admitida la queja o denuncia los hechos se pondrán en conocimiento del servidor público señalado como infractor, así como a su superior inmediato u organismo de quien dependa, utilizando en caso de urgencia cualquier medio de comunicación electrónica. En el mismo escrito se solicitará a los servidores públicos responsables, que rindan un informe sobre los actos, omisiones o resoluciones que se les atribuyan, al cual deberá contestar por escrito dentro de un plazo máximo de ocho días naturales.

Si la queja o denuncia se interpone en contra del Gobernador del Estado, de un diputado local, o de algún miembro del Ayuntamiento, la radicación de la misma se hará del conocimiento de la Legislatura del Estado, y será a esta autoridad a quien se enviará la recomendación para su cumplimiento en el caso de que sea procedente.

Tratándose de corporaciones policiales, el informe se requerirá a su superior jerárquico, según sea el caso.

Art. 40. Si la queja es relativa a la privación de la libertad fuera de procedimiento judicial, el informe al que se refiere el artículo anterior, deberá rendirse inmediatamente o en un plazo que no podrá exceder de doce horas; en este caso, la autoridad correspondiente podrá rendir en forma verbal el informe solicitado sobre los hechos motivo de la queja, y obligada a formularlo por escrito en un plazo no mayor de veinticuatro horas.

Art. 40 bis. En caso de desaparición o detención ilegal de personas, cualquier ciudadano, incluso un menor de edad, podrá interponer ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado, la petición extraordinaria de exhibición de persona.

Las autoridades estatales y municipales que tengan el carácter de dependencias administrativas, de procuración de justicia, de seguridad pública, de vialidad o cualquier otro servidor público que hubiese ordenado una detención presumiblemente ilegal, estarán obligadas a otorgar las facilidades correspondientes de manera inmediata a efecto de que la Comisión pueda garantizar que no ocurran violaciones a los derechos humanos.

El procedimiento de exhibición de persona su sujetará a lo siguiente:

I. La petición, se podrá hacer valer ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado en cualquier momento, incluso de manera verbal, cuando esté en riesgo la vida, la integridad corporal y la salud física o mental de una persona;

II. La Comisión deberá resolver de inmediato la solicitud, de hacerlo favorablemente, el visitador autorizado se trasladará al sitio en donde se presuma se encuentra detenida ilegalmente la persona. El funcionario se hará acompañar del solicitante o de quien conozca al presunto detenido y de un médico, para que, en su caso, pueda darse testimonio de la identidad del presentado y del estado físico en que se encuentra, o bien, certificar que no se encontraba dicha persona en el lugar señalado por el peticionario;

III. El visitador podrá solicitar a las autoridades y servidores públicos, se le permita el acceso a las instalaciones u oficinas, incluyendo separos, centros de detención, de prisión, vehículos o cualquier otro lugar en donde se presuma se encuentra ilegalmente detenido el afectado;

IV. Si la autoridad responsable exhibiera a la persona agraviada, el visitador solicitará que se ponga a disposición de la autoridad competente y vigilará que le sean respetadas las garantías que establecen la Constitución, los tratados internacionales y las diversas disposiciones legales aplicables a los detenidos; y

V. En caso de que la Comisión lo estimara pertinente, podrá solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe por escrito con relación a la petición promovida, quien deberá rendirlo en el plazo establecido en esta Ley para los procedimientos de queja.

La petición extraordinaria de exhibición de persona, no implica que la Comisión emita opinión sobre la responsabilidad penal o administrativa de la persona detenida.

Si las autoridades señaladas como presuntas responsables o cualquier otra, rindiera a la Comisión informes falsos o incompletos, esta situación se hará pública en caso de que haya lugar a una recomendación.

Art. 41. Cuando la queja o denuncia se refiere a actos de autoridad administrativa que afecten a personas de escasos recursos económicos, con lo cual se impida el ejercicio de su actividad personal y lesione la fuente principal de subsistencia familiar, el plazo para rendir verbalmente el informe a que se refiere el artículo 40 de esta Ley será de 24 horas, y por escrito, de 48 horas.

Art. 42. Si la queja o denuncia se refiere a actos u omisiones de servidores públicos dependientes de la jurisdicción federal, se estará a lo dispuesto por el artículo 5º de esta Ley.

Art. 43. Desde el momento en que se admita la queja, los titulares de la presidencia y la coordinación de visitadores o los visitadores y en su caso el personal técnico y profesional, se pondrán en contacto inmediato con la autoridad señalada como responsable de la presunta violación de derechos humanos para procurar una conciliación entre las partes involucradas, siempre dentro del respeto de los derechos humanos que se consideren afectados, a fin de lograr una solución inmediata del conflicto.

De lograrse ésta, o el allanamiento del o de los responsables, la Comisión lo hará constar así y ordenará el archivo del expediente, el cual podrá reabrirse cuando los quejosos o denunciantes expresen a la Comisión que no se ha cumplido con el compromiso en un plazo de 30 días naturales. Para estos efectos, la Comisión, en el término de setenta y dos horas, dictará el acuerdo correspondiente, y en su caso, proveerá las acciones y determinaciones conducentes.

Art. 44. Si de la presentación de la queja no se deducen los elementos que permitan la intervención de la Comisión, ésta requerirá por escrito al quejoso para que la aclare. Si después de dos requerimientos el quejoso no contesta, se enviará la queja al archivo.

Art. 45. En el informe que deberán rendir las autoridades señaladas como responsables, se hará constar los antecedentes, los fundamentos y motivaciones de los actos u omisiones impugnados, si efectivamente éstos existieron, así como los elementos de información que consideren necesarios para la tramitación del asunto.

La falta de rendición del informe o de la documentación que lo apoye, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que en relación con el trámite de la queja, se tenga por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario.

Recibido el informe de autoridad y si a juicio del visitador es necesaria la colaboración de la parte quejosa para la aportación de pruebas, la citará debidamente para esos efectos; en caso de que no comparezca al segundo citatorio, se dará por terminada la causa por falta de interés del quejoso.

Art. 46. Cuando para la resolución de un asunto se requiera una investigación, el visitador tendrá las siguientes facultades:

I. Pedir a las autoridades o servidores públicos a los que se imputen violaciones de derechos humanos, la presentación de informes o documentación adicionales;

II. Solicitar de otras autoridades, servidores públicos o particulares documentos e informes que se relacionen con la queja o denuncia;

III. Practicar visitas e inspecciones, ya sea personalmente o por medio del personal técnico o profesional bajo su dirección;

IV. Citar a las personas que deban comparecer como peritos o testigos; y

V. Efectuar todas las demás acciones que conforme a Derecho juzgue convenientes para el mejor conocimiento del asunto.

Art. 47. El titular de la coordinación de visitadores, los visitadores generales y regionales tendrán la facultad de solicitar a las autoridades competentes que se tomen medidas precautorias necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas, o la producción de daños de difícil reparación, así como requerir que aquéllas se modifiquen cuando existan circunstancias que lo justifiquen.

Dichas medidas pueden ser de prevención, conservación, sanción o restitutorias, según lo indique la naturaleza del asunto.

Capítulo III
De las pruebas

Art. 48. Podrá ofrecerse como prueba todo lo que pueda constituirla, siempre y cuando guarde relación con los hechos en estudio, no sea contraria a Derecho y tienda a fundar o desvirtuar los hechos en que se basa la denuncia o la queja. Las notas periodísticas no constituyen por sí mismas valor probatorio pleno, para resolver o dirimir el fondo de una queja o denuncia.

Art. 49. Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados como por las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las violaciones, o bien que la Comisión requiera y recabe de oficio, serán valoradas en su conjunto por el visitador de acuerdo con los principios de la lógica, la experiencia y la legalidad, a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos materia de la queja.

En el caso de que sean insuficientes para acreditar los actos violatorios, se requerirá al quejoso para que aporte los medios de convicción necesarios o señale donde pueden ser encontrados; si no obstante lo anterior, no se logra obtener mayores datos y elementos de convicción, el visitador procederá a formular proyecto de acuerdo de no responsabilidad por insuficiencia de pruebas dando por terminada la investigación.

Art. 50. Una vez que se hayan valorado las pruebas, si a juicio de la presidencia de la Comisión no hiciere falta realizar otras diligencias para el esclarecimiento de los hechos, se procederá a dictar la resolución correspondiente en un plazo no mayor de quince días hábiles. La Legislatura del Estado o la Comisión Permanente en su caso, a solicitud del interesado, podrá dirigir una excitativa a quien presida la Comisión, cuando no se dicte la resolución en un plazo señalado.

Art. 51. Concluida la investigación, el visitador formulará un proyecto de recomendación, o de acuerdo de no responsabilidad o lo previsto en el Reglamento, en los cuales se incluirá el análisis de los hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas.

En el proyecto de recomendación se señalarán las medidas que procedan para la efectiva restitución en sus derechos a los afectados, y si procede, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.

Los proyectos antes referidos serán sometidos a la presidencia para su consideración final.

Art. 52. En caso de que no se comprueben las violaciones de derechos humanos imputadas, la Comisión expedirá acuerdo de no responsabilidad.

Art. 53. La recomendación será pública y autónoma, no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público y, en consecuencia, no podrá por sí misma, anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiere presentado la queja o denuncia.

Recibida la recomendación, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación. Entregará, en su caso, en otros quince días adicionales, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la recomendación lo amerite, mediante acuerdo motivado, fundado y autorizado por la presidencia de la Comisión.

La recomendación se notificará al superior jerárquico del o los servidores públicos responsables de violentar derechos humanos y a la Secretaría de la Función Pública o el órgano de control interno del municipio de que se trate, para los efectos legales de su competencia, con excepción de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 39 de esta Ley.

Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, se procederá conforme a lo siguiente:

I. La autoridad o servidor público deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa, y atender los llamados de la Legislatura del Estado o en sus recesos de la Comisión permanente, a comparecer para explicar el motivo de su negativa;

II. La Comisión determinará, previa consulta con los órganos legislativos referidos en la fracción anterior, si la fundamentación y motivación presentadas son suficientes, y notificará dicha circunstancia por el escrito a la propia autoridad o servidor público y, en su caso, a sus superiores jerárquicos, para los efectos de la siguiente fracción;

III. Las autoridades o servidores públicos, a quienes se les hubiese notificado la insuficiencia de la fundamentación y motivación de la negativa, informarán dentro del los quince días hábiles siguientes a la notificación del escrito referido en la fracción anterior, si persisten o no en la posición de no aceptar o no cumplir la recomendación; y

IV. Si persiste la negativa, la Comisión podrá denunciar ante el Ministerio Público o la autoridad administrativa que corresponda a los servidores públicos señalados en la recomendación como responsables.

Art. 54. En contra de las recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas de la Comisión, sólo procederán los recursos que señale esta Ley y la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Art. 55. La Comisión no estará obligada a entregar ninguna de sus pruebas a la autoridad a la cual dirigió una recomendación o a algún particular. Si dichas pruebas le son solicitadas, discrecionalmente determinará si son de entregarse o no.

Art. 56. Las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad se referirán a casos concretos; las autoridades no podrán aplicarlos a otros casos por analogía o mayoría de razón.

Capítulo IV
De las notificaciones y los informes

Art. 57. La Comisión notificará inmediatamente a los quejosos los resultados de la investigación y la recomendación que haya dirigido a las autoridades o servidores públicos responsables de las violaciones respectivas, la aceptación y la ejecución que se haya dado a la misma, así como, en su caso, el acuerdo de no responsabilidad.

Art. 58. Quien presida la Comisión hará del conocimiento público, en su totalidad o en forma resumida las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad de la Comisión; excepcionalmente podrá determinar si sólo deban comunicarse a los interesados considerando las circunstancias del caso.

Art. 59. El titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas presentará un informe anual sobre las actividades realizadas en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediato anterior. Al efecto, comparecerá en el mes de enero ante el Pleno de la Comisión Permanente de la Legislatura; posteriormente, presentará el informe ante el Ejecutivo del Estado y ante el Pleno del Poder Judicial del Estado. Dicho informe será difundido en la forma más amplia posible para conocimiento de la sociedad.

Los informes anuales, deberán comprender una descripción del número y características de las quejas y denuncias que se hayan presentado; los efectos de la labor de conciliación; las investigaciones realizadas; las recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad que se hubiesen formulado; los resultados obtenidos así como las estadísticas, los programas desarrollados, debiendo de manera precisa señalar los resultados obtenidos y las estadísticas generadas en las diversas visitadurías que integran la Comisión, así como los demás datos que se considere convenientes.

El informe podrá contener proposiciones dirigidas a las autoridades y servidores públicos, para promover la expedición o modificación de disposiciones legislativas y reglamentarias, o de prácticas administrativas, especificando las elaboradas con relación a la atención de asuntos de las mujeres y de políticas de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, con el fin de perfeccionar la política de los derechos humanos.

Art. 60. Ninguna autoridad o servidor público dará instrucciones a la Comisión de Derechos Humanos con motivo de los informes a que se refiere el artículo precedente.

Capítulo V
De las inconformidades

Art. 61. Las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se sustanciarán con base en lo dispuesto por el artículo 102 apartado «B», de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiéndose hacer valer dentro de los treinta días naturales contados a partir de que la parte quejosa tenga conocimiento del hecho.

Art. 62. El servidor público, presunto infractor, podrá solicitar, una sola vez, la reconsideración de la resolución, dentro de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que reciba la recomendación.

La Comisión determinará en el término de 48 horas, si confirma, modifica o revoca su resolución, con lo cual le dará definitividad, a ésta.

TÍTULO CUARTO
De las autoridades y los servidores públicos

Capítulo I
De las obligaciones y colaboración

Art. 63. De conformidad con lo establecido en la presente Ley, las autoridades y servidores públicos involucrados en asuntos de la competencia de la Comisión, o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información pertinente, deberán cumplir en sus términos con las peticiones de la Comisión en tal sentido.

En los casos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 3º de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o tratándose de las inconformidades previstas en el último párrafo del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades del Estado y municipales correspondientes deberán proporcionar a la Comisión Nacional, la información y datos que ésta les solicite, en los términos de la citada Ley.

Art. 64. Las autoridades o servidores públicos a los que se les solicite información o documentación que se estime de carácter reservado, lo comunicarán a la Comisión y expresarán las razones para considerarlo así. En ese supuesto, los visitadores de la Comisión tendrán la facultad de hacer la calificación definitiva sobre la reserva, y solicitar que se les proporcione la información o documentación que se manejará con la más estricta confidencialidad.

A su vez la Comisión, tratándose del trámite de expedientes relativos a problemas graves de seguridad, en los que el manejo de la información ponga en riesgo la integridad física del personal de la Comisión y servidores públicos involucrados en el trámite de quejas, tanto los documentos como la información contenida en el expediente, será clasificada como reservada o confidencial, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.

Art. 65. La Comisión podrá celebrar convenios o acuerdos con autoridades, servidores públicos, organizaciones sociales y particulares interesados en la defensa y lucha de los derechos humanos para que puedan actuar en forma honoraria como receptores de quejas y denuncias.

Capítulo II
De la responsabilidad de las autoridades y servidores públicos

Art. 66. Las autoridades y los servidores públicos serán responsables penal y administrativamente por los actos u omisiones en que incurran durante y con motivo de la tramitación de quejas ante la Comisión de Derechos Humanos, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.

Art. 67. La Comisión podrá rendir un informe especial cuando persistan actitudes u omisiones de las autoridades y servidores públicos que entorpezcan las investigaciones en que aquéllos deberán participar.

La Comisión denunciará ante los órganos competentes los delitos o faltas que hubiesen cometido las autoridades o servidores públicos de que se trate.

Respecto de los particulares que incurran en faltas o delitos durante los procedimientos de la Comisión, ésta lo hará del conocimiento de las autoridades competentes para que se proceda legalmente.

Art. 68. La Comisión deberá poner en conocimiento de las autoridades superiores competentes, los actos u omisiones en que incurran autoridades y servidores públicos, durante y con motivo de las investigaciones y solicitar la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes. La autoridad superior deberá informar a la Comisión sobre las medidas o sanciones disciplinarias impuestas.

Art. 69. Además de las denuncias sobre los delitos y faltas administrativas en que puedan incurrir las autoridades y servidores públicos en el curso de las investigaciones seguidas por la Comisión, ésta podrá solicitar una amonestación, pública o privada según el caso, al titular de la dependencia de que se trate, o a su superior inmediato.

TÍTULO QUINTO
Régimen laboral

Capítulo Único
Disposiciones laborales

Art. 70. Los integrantes de la Comisión se consideran trabajadores de confianza, debido a las funciones que desempeñan y por tanto, les es aplicable lo que establece para esta clase de trabajadores, la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas y las disposiciones relativas a la Ley Federal del Trabajo.

Art. 71. Los titulares de la presidencia, secretaría ejecutiva, la coordinación de visitadurías y los visitadores serán remunerados con los criterios que establezca la Legislatura local, en concordancia con la fracción II del artículo 27 de esta misma Ley.

TÍTULO SEXTO
Reconocimiento de los defensores de los Derechos Humanos

Capítulo Único
Premio estatal de Derechos Humanos

Art. 72. El premio estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, para enaltecer el trabajo de las personas físicas o morales, que mediante sus actividades académicas, altruistas y humanitarias, se destaquen en la promoción y defensa de los derechos fundamentales, así como en  el apoyo a las personas que por diferentes razones, se vean afectadas en su integridad personal y en su condición de seres humanos.

Art. 73. El premio estatal de Derechos Humanos consta de una presea de plata y un pergamino, podrá incorporarse en estímulo económico por la cantidad que se programe dentro del ejercicio presupuestal de la Comisión.

Art. 74. El Consejo Consultivo emitirá la convocatoria respectiva durante el mes de octubre de cada año. Recibirá las propuestas que formulen los ciudadanos, las organizaciones representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como los organismos públicos y privados promotores o defensores de los Derechos Humanos, en las que se aporten elementos para considerar a las personas propuestas como merecedoras del reconocimiento.

Art. 75. El Consejo Consultivo emitirá el dictamen correspondiente cuyo fallo será inapelable. El premio se entregará en la ceremonia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Artículos transitorios

Artículo primero. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado.

Art. 2º La Comisión de Derechos Humanos deberá quedar integrada a más tardar dentro de los treinta días siguientes al inicio de vigencia de esta Ley. Los integrantes rendirán protesta ante la Legislatura del Estado.

Art. 3º El reglamento interno de la Comisión deberá elaborarse por el consejo, a más tardar a los noventa días en que inicie funciones dicho órgano y será publicado en el Periódico Oficial.

Art. 4º En tanto se expida el reglamento interior, la Comisión revisará lo que proceda conforme a Derecho.

Art. 5º La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, deberá proveer los recursos suficientes y necesarios a la Comisión, sobre la base, por esta única vez, del presupuesto que elabore el Secretario de Planeación del Gobierno del Estado.

Art. 6º El Ejecutivo del Estado promoverá, una vez que quede integrada la Comisión, la reforma constitucional respectiva, a efecto de que la Comisión pueda disponer de la facultad a que se refiere la fracción IV del artículo 8º de esta Ley y las demás correspondientes a la normatividad estatal.

Art. 7º Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a esta Ley.

Comuníquese al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación.

Dado en la sala de sesiones de la H. Quincuagésimo cuarta Legislatura del Estado, a los quince días del mes de enero de mil novecientos noventa y tres. Diputado presidente. Lic. Ramón Cardona García. Diputados secretarios. Arturo González Salazar. Gilberto del Real Ruedas. [Rúbricas].

Y para que llegue a conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, mando se imprima, publique y circule.

Dado en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado a los dieciocho días del mes de enero de mil novecientos noventa y tres.

«Sufragio Efectivo. No Reelección»

El Gobernador Constitucional del Estado
Lic. Arturo Romo Gutiérrez

El Secretario General de Gobierno
Lic. Eustaquio de León Contreras

FICHA TÉCNICA

GENERAL

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
15 8 27-enero-93 28-enero-93 LIV

En el Periódico Oficial el artículo 17 registra la fracción que debería ser XI con el número IX.

REFORMAS

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
53 25 27-marzo-99 27-marzo-99 LVI
267 47 14-junio-06 15-junio-06 LVIII

Se adiciona un segundo párrafo al artículo 3º; se adiciona la fracción V al artículo 7º; se adiciona una fracción XVIII, recorriéndose en su orden la siguiente, al artículo 8º; se adiciona una fracción V al artículo 9º; se reforma el artículo 13; se reforma la fracción X del artículo 17; se reforma el segundo párrafo del artículo 19; se reforma la fracción II del artículo 21; se adiciona un último párrafo al artículo 27; se reforma el segundo párrafo del artículo 28; se reforma el segundo párrafo del artículo 29; se adicionan un segundo y tercer párrafo al artículo 39; se adiciona un artículo que por su orden será el 40 bis; se adiciona con un tercer párrafo el artículo 45; se adiciona con un segundo párrafo el artículo 49; se adiciona con un tercer párrafo al artículo 53; se reforma el artículo 61.

420 8 27-enero-2010 28-enero-2010 LIX

Se reforman las fracciones II, V, XII, XIV, XVII y XVIII del artículo 8º.

 

132 18 02-marzo-2011 03-marzo-2011 LIX

Se reforma el artículo 2°; se reforma el segundo párrafo del artículo 3°; se deroga el segundo párrafo del artículo 4°; se adiciona la fracción IV, recorriéndose las demás en su orden y se reforma la fracción V del artículo 7; se reforman las fracciones XVII y XVIII del artículo 8; se reforma el artículo 14; se reforma el artículo 15; se reforma la fracción IX y se adicionan las fracciones XIV y XV recorriéndose la siguiente en su orden del artículo 17; se reforma el artículo 18; se reforma el segundo párrafo del artículo 19; se reforman las fracciones III y IV y se adiciona la fracción X recorriéndose la siguiente en su orden del artículo 21; se modifica la denominación del Capítulo Quinto del Título Segundo y se adicionan los artículos 24 BIS y 24 TER al mismo; re reforman las fracciones IV y VII del artículo 26;se adiciona el artículo 26 BIS, se reforma el primer párrafo del artículo 43; se reforma el primer párrafo del artículo 47 y se reforma el artículo 71.

 

566 27 27-febrero-2013 28-febrero-2013 LX

Se reforma el párrafo primero y se adicionan un segundo, tercero y cuarto al artículo 2; se reforma el artículo 7; se adiciona un inciso d) a la fracción VII, se reforman las fracciones VIII, IX, XII, XIV, XV, XVI, XVIII y se adiciona la fracción XIX recorriéndose la última en su orden, del artículo 8; se reforma la fracción II y se deroga la III del artículo 9; se reforma el artículo 10; se reforma el artículo 11; se reforma y adiciona el artículo 12, se reforma el artículo 15; se reforman las fracciones X, XIV y XV, y se adicionan las fracciones XVI y XVII recorriéndose la última en su orden, al artículo 17; se reforma el artículo 18; se reforma la denominación del Capítulo Tercero del Título Segundo; se reforma el artículo 19; se reforma el artículo 20; se reforma la fracción IV, se deroga la V y se reforman la VI y X del artículo 21; se reforma el primer párrafo y se adiciona un tercero al artículo 22; se reforma la denominación del Capítulo Cuarto del Título Segundo; se reforma la fracción III, se adiciona una VIII, recorriéndose en su orden la última también reformada del artículo 24; se reforma la denominación del Capítulo Quinto del Título Segundo; se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 25; se reforma la fracción V del artículo 26; se reforma el proemio del artículo 27; se adiciona un último párrafo al artículo 30; se reforma el primer párrafo del artículo 47; se reforma el artículo 48; se reforma el primer párrafo del artículo 51; se reforma el párrafo segundo y se adiciona un cuarto con las fracciones I, II, III, y IV al artículo 53; se adiciona un párrafo primero, recorriéndose los siguientes en su orden, al artículo 59; se adiciona un segundo párrafo al artículo 64; se adiciona un Capítulo Único al Título Quinto, se adiciona un Título Sexto con los artículos 72, 73, 74 y 75.

150 56 15-julio-2017 16-julio-2017 LXII

Se reforma el primer párrafo del artículo 2°; se reforma el primer párrafo del artículo 4°; se reforman las fracciones I, II, III y se adiciona una fracción VI recorriéndose la última en su orden del artículo 7°; se reforman las fracciones I, IV, los incisos A) y D) de la fracción VII y las fracciones XI, XIII, XVII y XVIII del artículo 8°; se reforma el artículo 10; se reforma el proemio del artículo 11; se reforman el proemio, la fracción I, el inciso a) de la fracción III y las fracciones IV y V del artículo 12; se reforman los artículos 13, 14 y 15; se reforma el primer y segundo párrafos del artículo 16; se reforman el proemio, las fracciones III y XIV, se deroga la fracción XV y se reforma la fracción XVII del artículo 17; se reforma el artículo 18; se reforman el primer y segundo párrafos del artículo 19; se reforma el artículo 20; se reforman las fracciones I, II, IV, VI, VII y se deroga la fracción X del artículo 21; se reforman el primer, segundo y tercer párrafos del artículo 22; se reforman las fracciones I, IV, V y VIII del artículo 24; se reforma el proemio del artículo 24 bis; se reforma el proemio y las fracciones I, II y V del artículo 24 ter; se reforman los párrafos segundo, cuarto y sexto del artículo 25; se reforman las fracciones III, IV y VII del artículo 26; se adicionan los artículos 26 ter, 26 quáter, 26 quintus y 26 sexies; se reforma el primer párrafo del artículo 28; se reforma el segundo párrafo del artículo 29; se reforma el segundo párrafo del artículo 40 bis; se reforma el primer párrafo del artículo 43; se reforma el primer párrafo del artículo 47; se reforma el segundo párrafo del artículo 49; se reforma el artículo 50; se reforma el tercer párrafo del artículo 51; se reforman el segundo y tercer párrafos del artículo 53 y se reforma el artículo 71.

 

172 74 16-septiembre-2017 17-septiembre-2017 LXII

Se reforma el proemio y la fracción IV del artículo 7°, se reforman las fracciones II, XI, XII y se adiciona una fracción XX, recorriéndose la última en su orden al artículo 8°; se reforma la fracción XII del artículo 17; se reforma el primer párrafo del artículo 19; se reforma el artículo 20; se reforman las fracciones I y II del artículo 21; se reforman el proemio y la fracción I del artículo 26; se reforma el artículo 26 bis; se reforman el párrafo primero y tercero y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 30; se adiciona un artículo 30 bis, se reforma el artículo 34; se reforma el párrafo segundo del artículo 47 y se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 59.

 

Último cotejo de vigencia: mayo 2018.