REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL ESTADO DE ZACATECAS

Dr. Ricardo Monreal Avila, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracciones II, VI, XXI y 84 de la Constitución Política del Estado; y con fundamento en lo establecido por los artículos 6º y 7º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 2º, 3º, 4º, 7º, 15 y 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Zacatecas; y

Considerando

Que en el proceso de modernización que el Ejecutivo del Estado, ha puesto en marcha para actualizar el marco jurídico en que se sustenta la actividad cotidiana de la administración pública estatal, la tarea de elaborar, coordinar y ejecutar planes, programas y acciones encaminadas a procurar una justicia honesta y expedita es fundamental y que en ese marco es indispensable precisar con toda claridad las atribuciones de cada unidad administrativa u órgano de administración de justicia para evitar ambigüedades y excesos.

Que la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público tiene como objetivo primordial, en consecuencia con las exigencias y necesidades de una sociedad activa y vigorosa, transformar la Procuraduría General de Justicia del Estado en una institución fuerte, honesta, profesional, socialmente comprometida y digna de confianza.

Que siendo la procuración de justicia un valor social que cuenta en nuestro Estado con una Ley Orgánica moderna, vigente desde el 12 de agosto de 2000; que instituye al Ministerio Público como un auténtico representante social, capaz de conducir las indagatorias y cumplir su función tutelar de los intereses de la sociedad.

Que de igual forma fortalece técnica y científicamente la preparación de los servicios periciales de la Institución, con apoyo de una policía ministerial que debe ceñirse invariablemente a la norma constitucional, que observe los principios de prontitud, eficacia y gratuidad de la justicia, convirtiéndola en humanitaria y equilibrada para todos.

Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente

REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PUBLICO DEL ESTADO DE ZACATECAS

Capítulo I
De la organización de la Procuraduría General de
 Justicia del Estado de Zacatecas

Artículo primero. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, que tiene a su cargo el despacho de los asuntos y el ejercicio de las atribuciones conferidas al Ministerio Público del fuero común para investigar y perseguir los delitos conforme lo establecido por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 88 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, y 2º de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Zacatecas, las demás disposiciones legales aplicables y órdenes del Gobernador del Estado.

Art. 2º Para la correcta aplicación e interpretación de este Reglamento, en lo sucesivo se entenderá por:

I. La Constitución federal: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. La Constitución local: la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas;

III. La Ley: la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Zacatecas;

IV. El Gobernador: el Gobernador del Estado de Zacatecas;

V. Procuraduría: la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas;

VI. El Procurador: el Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas; y

VII. Reglamento: el presente Ordenamiento.

Art. 3º Para el ejercicio de las atribuciones, funciones y despacho de los asuntos de su competencia, la Procuraduría estará organizada de la siguiente manera:

- Procurador;

- Subprocurador de investigaciones;

- Subprocurador de procedimientos jurisdiccionales;

- Subprocuradurías regionales;

- Dirección general de investigaciones;

- Dirección general de procedimientos jurisdiccionales;

- Dirección de la policía ministerial;

- Dirección de servicios periciales;

- Dirección de prevención del delito, atención a víctimas y servicios a la comunidad;

- Dirección de aprehensiones, colaboraciones y extradiciones internacionales;

- Dirección de administración;

- Departamento jurídico;

- Departamento de informática;

- Instituto de formación profesional;

- Agencias del ministerio público;

- Archivo general;

- Departamento del enlace informático;

- Unidad de consulta para el no ejercicio de la acción penal;

- Unidad de control interno.

Asimismo la Procuraduría contará con las unidades que requiera el despacho de sus atribuciones, conforme a los acuerdos y manuales que expide el Procurador, tomando en cuenta el presupuesto de la Institución.

Art. 4º En los manuales de organización y procedimientos se precisarán las facultades y funciones de los departamentos y demás unidades administrativas que conforman la estructura orgánica-funcional de la Procuraduría.

Art. 5º La Procuraduría planeará, conducirá y desarrollará sus actividades en forma programada y de conformidad con las políticas, estrategias, prioridades y restricciones que para el logro de objetivos y metas determine el Gobernador del Estado, conforme a la Ley, de la Ley Estatal de Seguridad Pública, este Reglamento y las demás disposiciones jurídicas que fueren aplicables.

Art. 6º Tendrán el carácter de agentes de Ministerio Público, para todos los efectos legales, el Procurador, los subprocuradores, los directores generales de investigaciones y de procedimientos jurisdiccionales.

Art. 7º El trámite y resolución de los asuntos de la competencia del Ministerio Público del fuero común corresponde originalmente al Procurador, quien para la mejor distribución y desarrollo del trabajo y del despacho de los mismos, se auxiliará de las unidades administrativas de la Procuraduría en los términos previstos en la Ley y este Reglamento y además, podrá delegar las facultades previstas en la Ley, en los servidores públicos de las unidades administrativas de la dependencia, sin perjuicio de la posibilidad de su ejercicio directo; esta delegación se hará mediante los acuerdos correspondientes.

Art. 8º El Procurador, considerando las necesidades del servicio y presupuesto autorizado, determinará mediante acuerdo la estructura administrativa de las agencias del Ministerio Público, precisando el número de agentes, secretarios y escribientes, así como el personal técnico y administrativo y, en su caso, de la policía ministerial que laborará en cada una de ellas.

Art. 9º Las agencias del Ministerio Público se ubicarán en cada una de las cabeceras de los distritos judiciales y, cuando las necesidades del servicio lo requieran, también se establecerán en las cabeceras municipales.

Art. 10. Los acuerdos y circulares expedidos por el Procurador y el subprocurador de procedimientos jurisdiccionales, serán de observancia obligatoria para todo el personal de la Procuraduría.

Art. 11. En el ejercicio de sus funciones, el personal cumplirá con las obligaciones inherentes a su cargo y actuará con la diligencia necesaria para la pronta, completa y debida procuración de justicia.

Capítulo II
De las atribuciones del Procurador

Art. 12. La representación legal, trámite y resolución de los asuntos del Procurador, se encuentra establecida en el artículo 89 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, el 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y además de las que establece la ley, ejercerá las atribuciones no delegables siguientes:

I. Someter al acuerdo del Gobernador los asuntos encomendados a la Procuraduría e informarle sobre el desarrollo de las mismas;

II. Desempeñar las comisiones y funciones específicas que el Gobernador le confiera e informarle sobre el desarrollo de las mismas;

III. Establecer los lineamientos de participación de la Procuraduría en las instancias de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con la ley de la materia y demás normas que regulen la integración, organización y funcionamiento de dicho sistema;

IV. Aprobar la organización y funcionamiento de la Procuraduría y adscribir orgánicamente sus unidades administrativas;

V. Autorizar la celebración de convenios, bases y otros instrumentos de coordinación con la Procuraduría General de la República, las procuradurías generales de justicia de las demás entidades federativas y la del Distrito Federal, así como con personas físicas y jurídico colectivas de los sectores social y privado que estime conveniente;

VI. Supervisar la agencia del Ministerio Público de delitos cometidos por servidores públicos;

VII. Disponer la presentación de concursos de ingreso para agentes del Ministerio Público, agentes de la policía ministerial o peritos, a personas con amplia experiencia profesional o técnica, según la categoría, en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables;

VIII. Fijar las condiciones generales de trabajo de la Procuraduría;

IX. Determinar la delegación y desconcentración de las facultades de los servidores públicos de la Procuraduría;

X. Resolver los casos de duda que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este Reglamento y emitir las instrucciones para dirimir los conflictos de competencia que se presenten entre las unidades administrativas de la Procuraduría;

XI. Expedir los acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas que fueren de su competencia, conducentes al buen despacho de las funciones de la Procuraduría y a lograr la acción efectiva del Ministerio Público;

XII. Fungir, en su caso como secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y de los órganos que en materia de seguridad pública presida el Gobernador en los términos de las disposiciones legales aplicables;

XIII. Designar apoderados legales de la Procuraduría, con facultades amplias y bastantes de representación de la misma, a efecto de que formulen denuncias, querellas, demandas, contestaciones y reconvenciones, concilien, promuevan incidentes, den contestación a los interpuestos, ofrezcan, objeten y desahoguen pruebas y, realicen toda clase de actuaciones procesales o extraprocesales, incluyendo la promoción del juicio de amparo, en la que la Procuraduría sea actora, tercero perjudicado, ofendido o autoridad responsable;

XIV. Autorizar el inejercicio de la acción penal;

XV. Desistimiento del ejercicio de la acción penal;

XVI. Dispensas de autopsias;

XVII. Desistimiento de apelaciones;

XVIII. Conclusiones no acusatorias;

XIX. Informar cada semestre, al Gobernador y a la Legislatura del Estado, acerca de las actividades que realiza la Procuraduría; y

XX. Las demás que con ese carácter le confieran las disposiciones legales aplicables y las que le otorgue el Gobernador.

Art. 13. Serán atribuciones delegables del Procurador:

I. Encomendar a los agentes del Ministerio Público, independientemente de sus funciones, el estudio de los asuntos que estime convenientes;

II. Resolver sobre la reserva de la averiguación previa;

III. Autorizar a los servidores públicos competentes de la Procuraduría, para que actúen en materia de sobreseimiento en los procesos penales, en los casos en que proceda legalmente;

IV. Hacer del conocimiento de la autoridad judicial competente las contradicciones de criterios que surjan en juzgados y salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado;

V. Resolver sobre las consultas que los agentes del Ministerio Público formulen o las prevenciones que la autoridad judicial acuerde, en los términos que la ley establezca, a propósito de conclusiones presentadas en un proceso penal;

VI. Informar a la sociedad, cuando la naturaleza del caso lo requiera, la situación particular y el resultado de las investigaciones sobre situaciones de especial trascendencia, observando el sigilo en aquellos aspectos que así lo ameriten;

VII. Instituir y vigilar las medidas necesarias para el estricto cumplimiento y respeto a los derechos humanos de los involucrados cuando fueren aprehendidos, detenidos o se presenten voluntariamente;

VIII. Conceder audiencia al público; y

IX. Las demás que con ese carácter le confieran las disposiciones legales aplicables.

Capítulo III
De las atribuciones de los subprocuradores y directores

Art. 14. Al frente de las subprocuradurías habrá un subprocurador, de cada dirección un director, quienes se auxiliarán de los servidores públicos que se autoricen en el presupuesto y se señalen en el manual de organización y en las disposiciones jurídicas aplicables, así como por aquellos que las necesidades del servicio requieran.

Art. 15. Los subprocuradores, además de las que establece la Ley, tendrán las atribuciones siguientes:

I. Acordar con el Procurador el despacho de los asuntos de su competencia y de las unidades administrativas a su cargo;

II. Desempeñar las funciones y comisiones que el Procurador les encomiende e informarle sobre el desarrollo de las mismas;

III. Planear, coordinar y evaluar las estrategias de las unidades administrativas de su adscripción, de conformidad con los lineamientos que determine el Procurador;

IV. Formular el anteproyecto de presupuesto anual de las unidades administrativas a su cargo, con sujeción a los lineamientos que al efecto expida la Secretaría de Finanzas del Estado;

V. Someter a la consideración del Procurador la organización interna de las unidades administrativas de su adscripción, así como, en su caso, los procedimientos administrativos y las normas de coordinación y de operación;

VI. Proponer al Procurador la delegación de las atribuciones que estimen necesarias, para el óptimo desarrollo de las mismas, en servidores públicos subalternos;

VII. Proporcionar la información, los datos y la cooperación técnica que les sean requeridos por otras dependencias o entidades, de acuerdo con las disposiciones legales y las políticas establecidas;

VIII. Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus facultades, así como aquellos que les sean señalados por delegación o les corresponda por suplencia;

IX. Ejecutar en las esferas de sus facultades, los convenios, bases y otros instrumentos de coordinación celebrados por la Procuraduría, en la materia que en cada caso corresponda;

X. Intervenir en los procesos penales ante los órganos jurisdiccionales cuya atención y tramitación les corresponda en los términos que determinen los acuerdos del Procurador, así como aportar las pruebas pertinentes y promover las diligencias orientadas al debido esclarecimiento de los hechos, así como acreditar los elementos que integran el tipo penal, la responsabilidad de los inculpados y la reparación de los daños;

XI. Atraer, cuando se estime necesaria y de conformidad con las normas aplicables para su atención directa o de las unidades de su adscripción, los asuntos de que conozcan los agentes del Ministerio Público;

XII. Participar en la elaboración de los proyectos de normas generales que regulan la actuación de los agentes del Ministerio Público y de la policía ministerial, tanto de aquellos que estuvieren adscritos directamente a su área de competencia, como de aquellos que estuvieren adscritos a otras unidades administrativas;

XIII. Presentar al Procurador los informes de actividades realizadas por la subprocuraduría a su cargo;

XIV. Planear, organizar y evaluar el ejercicio de las atribuciones de las unidades y agencias de su adscripción, se conduzcan de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y eficacia;

XV. Proponer al Instituto de Formación Profesional los programas de capacitación y actuación permanente en las materias de su competencia; y

XVI. Las demás que les confieran otras disposiciones y el Procurador.

Art. 16. Corresponde a los directores las atribuciones siguientes:

I. Planear, programar, organizar, dirigir, asesorar, supervisar y evaluar las acciones y el desarrollo de las funciones de la unidad administrativa a su cargo;

II. Acordar con el Procurador o subprocuradores los asuntos de su competencia y despachar los mismos;

III. Conceder audiencia al público;

IV. Establecer y supervisar los procedimientos adecuados para que se turnen los asuntos que deben ser del conocimiento de los servidores públicos que les estén adscritos;

V. Integrar para aprobación superior, los programas de trabajo y los anteproyectos del presupuesto anual de la unidad administrativa a su cargo;

VI. Supervisar el ejercicio y la adecuada aplicación del presupuesto autorizado para la unidad administrativa a su cargo, de acuerdo con las normas y principios establecidos por la dirección de administración;

VII. Firmar y notificar las resoluciones o acuerdos de las autoridades superiores y aquellos que se emitan con fundamento en las facultades que les correspondan;

VIII. Expedir, cuando legalmente sea procedente, copias certificadas de los documentos que obren en los archivos sobre asuntos de su competencia;

IX. Coordinarse con el departamento jurídico en a formulación de los informes previos y justificados en los juicios de amparo promovidos contra actos de los servidores públicos adscritos a la dirección a su cargo, así como en la presentación de las promociones y los recursos que deban interponer; y

X. Despachar todos aquellos asuntos y ejercer las demás facultades que les señalen las disposiciones legales y las que les confiera el Procurador o sus superiores jerárquicos.

Capítulo IV
De las subprocuradurías

Art. 17. La subprocuraduría de investigaciones tendrá adscritas a su cargo las unidades administrativas siguientes:

I. Dirección general de investigación; y

II. Dirección de servicios periciales.

Art. 18. Corresponderá al subprocurador de investigaciones, además de las que señala la Ley, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Supervisar las unidades y agencias del Ministerio Público de su adscripción, con excepción de la agencia del Ministerio Público de delitos cometidos por servidores públicos, para el cumplimiento de las funciones encomendadas;

II. Atraer, cuando lo estime necesario, de conformidad con la normatividad aplicable, para su atención directa los asuntos de los que conozcan las agencias del Ministerio Público;

III. Estructurar y coordinar los programas y medidas necesarias para prevenir que las agencias del Ministerio Público que le estén adscritas no incurran en rezago;

IV. Definir e instrumentar las políticas y los mecanismos que orienten el adecuado desarrollo de las funciones de investigación de los delitos que sean competencia de las agencias del Ministerio Público de su adscripción;

V. Establecer mecanismos permanentes de vinculación con la subprocuraduría de procedimientos jurisdiccionales para aportar y desahogar pruebas ulteriores en el proceso;

VI. Practicar visitas a los reclusorios preventivos, escuchando las quejas que le formulen los internos e iniciar la averiguación previa correspondiente cuando de los hechos expuestos pueda derivarse la comisión de un delito; y

VII. Las demás que les confieran otras disposiciones y el Procurador.

Art. 19. La subprocuraduría de procedimientos jurisdiccionales tendrá adscritas a su cargo las unidades administrativas siguientes:

I. La dirección general de procedimientos jurisdiccionales;

II. La dirección de aprehensiones, colaboraciones y extradiciones internacionales; y

III. La visitaduría general.

Art. 20. Corresponderá al subprocurador de procedimientos jurisdiccionales, ser el visitador general de la Procuraduría y además de las que señala la Ley, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Coordinar a las agencias para que estas intervengan conforme a derecho en los procesos, ante los juzgados de su respectiva adscripción, promoviendo las diligencias tendientes a comprobar el cuerpo del delito, la responsabilidad penal de los inculpados y exigir la reparación del daño, cuidando que las diligencias se realicen conforme a las leyes y normatividad aplicable;

II. Vigilar que las agencias, en el ejercicio de la acción penal, soliciten, en su caso, la orden de aprehensión o comparecencia respectiva;

III. Girar las instrucciones pertinentes para que se supervise debidamente que los servidores públicos adscritos a las agencias concurran a las diligencias, audiencias y vistas que se practiquen en el juzgado de su adscripción;

IV. Coordinar a las agencias con el fin de que se presenten oportunamente las conclusiones correspondientes;

V. Expedir las bases para que los agentes del Ministerio Público, actúen en materia de conclusiones no acusatorias o de actos cuya consecuencia sea el sobreseimiento del proceso o la libertad absoluta del inculpado, antes de que se pronuncie sentencia;

VI. Girar las instrucciones pertinentes para que los procesos se sigan con toda regularidad y se interpongan los recursos legales que procedan;

VII. Supervisar que las agencias de procesos en lo civil y en lo familiar presten los servicios correspondientes al ejercicio de la representación social del Ministerio Público en los juicios relativos a la familia, al estado civil de las personas y sucesiones para la protección de los intereses individuales y sociales en los que el Ministerio Público sea parte, conforme a las leyes y normatividad aplicable;

VIII. Vigilar que se practiquen las visitas que determine el Procurador a las agencias del Ministerio Público investigadoras, adscritas, conciliadoras y delegaciones, a fin de observar e inspeccionar los asuntos que en ellas se ventilan y rindiéndole el informe correspondiente. Sugerir las medias adecuadas para el mejor funcionamiento de las agencias del Ministerio Público;

IX. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales, instrucciones y circulares giradas por el Procurador y por los subprocuradores;

X. Recibir y tramitar las quejas y denuncias que se presenten en contra de servidores públicos de la Procuraduría y remitirlas a la unidad de control interno para su seguimiento, en los términos del presente Reglamento, debiéndose observar en lo conducente, el procedimiento de responsabilidad administrativa que determina la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas;

XI. Integrar la documentación y expedir las copias certificadas que deban ser enviadas al director general de investigaciones, en aquellos casos en que con motivo de sus funciones, apareciere la probable comisión de un delito por parte de servidores públicos de la Procuraduría;

XII. Verificar, conjuntamente con la dirección de administración, si el personal que pretende ingresar a la Procuraduría ha sido sancionado con anterioridad por violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Zacatecas u otras disposiciones aplicables;

XIII. Someter a consideración del Procurador el proyecto del programa anual de supervisión y control de auditorías a las unidades administrativas de la institución, conforme a los lineamientos establecidos por las autoridades competentes;

XIV. Practicar visitas de evaluación técnico-jurídica al Ministerio Público, a sus auxiliares directos y demás unidades administrativas de la Procuraduría y en su caso, remitir al Procurador las actas administrativas que se levanten con motivo de irregularidades detectadas;

XV. Conocer quejas por demoras, excesos y faltas del Ministerio Público y de sus auxiliares directos, y en su caso, comunicarlas al Procurador; y

XVI. Las demás que el Procurador y la normatividad aplicable determinen.

Capítulo V
De las direcciones

Art. 21. La dirección general de investigaciones se integrará por:

I. Los agentes del Ministerio Público que realizan funciones de investigadores; y

II. Personal técnico y administrativo que se autorice en el presupuesto.

Art. 22. La dirección general de investigaciones, además de las que establece la Ley, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Recibir denuncias o querellas, por hechos posiblemente constitutivos de delitos que sean materia de su competencia, que le encomiende directamente el Procurador;

II. Investigar los delitos del orden común en las materias que le correspondan, con el auxilio de la policía ministerial, la dirección de servicios periciales y las demás autoridades competentes, en los términos de las disposiciones legales aplicables, así como practicar las diligencias necesarias para la integración de la averiguación previa y allegarse las pruebas que considere pertinentes para la acreditación de los elementos que integran el tipo penal del delito, la probable responsabilidad de quienes en él hubieran intervenido y monto de los daños y perjuicios causados, girando las cédulas citatorios y órdenes de comparecencia y presentación que fueren necesarias, en aquellos casos que le encomiende directamente el Procurador;

III. Dirigir y coordinar a los elementos de la policía ministerial que le estén adscritos, así como todas las actividades que estos realicen;

IV. Supervisar que los agentes del Ministerio Público restituyan provisionalmente y de inmediato al ofendido en el goce de sus derechos en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

V. Vigilar que los agentes del Ministerio Público ordenen la detención y decreten la retención de los probables responsables de la comisión de los delitos en las materias de su competencia en los términos previstos por el artículo 16 de la Constitución federal;

VI. Supervisar que los agentes del Ministerio Público pongan a disposición de la autoridad competente a las personas detenidas en caso de delito flagrante o de urgencia, de acuerdo con el artículo citado en la fracción anterior;

VII. Poner en conocimiento del subprocurador de investigaciones, sin demora, las detenciones o retenciones de personas realizadas en los términos del artículo 16 de la Constitución federal;

VIII. Cuidar que los agentes del Ministerio Público concedan la libertad provisional a los indiciados, en los términos previstos por la fracción I y el penúltimo párrafo del artículo 20 de la Constitución federal;

IX. Solicitar al órgano jurisdiccional, las medidas precautorias de arraigo y las órdenes de cateo que sean necesarias;

X. Supervisar que los agentes del Ministerio Público aseguren los bienes, instrumentos, huellas, objetos, vestigios o productos relacionados con los hechos delictivos en los casos que corresponda, para ponerlos a disposición del órgano jurisdiccional e informar de ello para su debido seguimiento al director general de procedimientos jurisdiccionales;

XI. Auxiliar al Ministerio Público federal, de las entidades federativas y al del Distrito Federal, en los términos que determinen las disposiciones jurídicas aplicables.

XII. Solicitar al Ministerio Público federal, al del Distrito Federal o de las entidades federativas, el auxilio o colaboración para la práctica de diligencias en averiguación previa, de conformidad con el artículo 119 de la Constitución federal, las demás disposiciones aplicables y los convenios de colaboración que suscriban las respectivas procuradurías;

XIII. Remitir a las autoridades correspondientes las averiguaciones previas formadas con motivo de las investigaciones de delitos, en los casos que se llegue a determinar que no son competencia del Ministerio Público del fuero común en el Estado de Zacatecas;

XIV. Devolver a los agentes del Ministerio Público las averiguaciones previas que estime incompletas y señalar las diligencias que deban practicarse o las pruebas que deban recabarse para su debida integración y perfeccionamiento, cuando la averiguación previa le fue remitida para asesoría u orientación;

XV. Someter a la aprobación del subprocurador de investigaciones los criterios que deban observarse en los pliegos de consignación, de conformidad con los lineamientos que acuerde el Procurador;

XVI. Vigilar que los agentes del Ministerio Público ejerzan la acción penal ante los jueces competentes por los delitos del orden común y pongan a disposición de éstos a los detenidos que hubiere, así como los objetos e instrumentos o productos relacionados con los hechos delictuosos en los casos que correspondan;

XVII. Informar periódicamente al subprocurador de investigaciones sobre el desarrollo de las actividades que le correspondan;

XVIII. Realizar las funciones de conciliación en los casos que lo ordenen la legislación aplicable;

XIX. Verificar que las constancias que integren las averiguaciones previas relacionadas con conductas de menores se encuentren en orden, antes de ser remitidas al Consejo Tutelar para Menores;

XX. Establecer y mantener actualizado un banco de datos que contenga información sobre áreas geográficas, delincuentes, grupos delictivos y su dinámica en los distintos delitos que conforme al manual general de organización le estén adscritos para su investigación, así como integrar y rendir los informes y estadísticas que establezca la normatividad interna de la Procuraduría;

XXI. Llevar el registro de existencia, distribución, control y trámite del delito y de los que en general se reúna por la policía ministerial en el transcurso de la investigación, bajo su más estricta responsabilidad;

XXII. Elaborar, conjuntamente con el director de la policía ministerial, programas para mayor eficacia de las actividades de la policía ministerial en la investigación de delitos y persecución de los delincuentes; y

XXIII. Las demás que le otorguen las leyes o que por acuerdo expreso se determinen por el Procurador.

Art. 23. La dirección de la policía ministerial y la dirección de servicios periciales, son auxiliares directos del Ministerio Público.

Art. 24. La dirección de servicios periciales se integra por:

I. Departamento de criminalística;

II. Departamento de medicina legal;

III. Departamento de identificación;

IV. Departamento de química;

V. Departamento de investigación y supervisión;

VI. Los peritos adscritos a los departamentos; y

VII. Los técnicos y personal administrativo que autorice el presupuesto.

Art. 25. La dirección de servicios periciales, a través de sus departamentos, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Atender las solicitudes de dictamen e información técnica y científica que realicen los titulares de las diversas áreas de la Procuraduría;

II. Considerar las solicitudes de otras autoridades o instituciones, previo acuerdo del Procurador y sin perjuicio de la atención preferente que deba darse a las solicitudes formuladas por el Ministerio Público;

III. Diseñar y establecer los criterios y lineamientos a que deban apegarse la presentación y formulación de los dictámenes e informes de las diversas especialidades periciales;

IV. Delinear los mecanismos, procedimientos y programas de supervisión y seguimiento de las actividades que realicen los peritos adscritos a la Procuraduría;

V. Establecer los mecanismos y procedimientos de registro y control de atención de los servicios periciales formulados por los agentes del Ministerio Público y los titulares de las distintas áreas de la Procuraduría, así como elaborar los informes y estadísticas correspondientes;

VI. Proponer al Procurador programas de intercambio de experiencias, conocimientos y avances tecnológicos con las unidades de servicios periciales de la Procuraduría General de la República, la del Distrito Federal y de las procuradurías generales de justicia de los estados, así como con instituciones similares del extranjero, para lograr el mejoramiento y la modernización de sus funciones;

VII. Planear, atendiendo a los avances científicos y tecnológicos de los servicios periciales, en coordinación con el director administrativo, las propuestas sobre adquisición de equipos periciales;

VIII. Proponer la capacitación y actualización científica o técnica del personal especializado en materia de criminalística y médica;

IX. Apoyar y coordinar a los peritos foráneos adscritos a su áreas; y

X. Las que les conceda las leyes o le otorgue el Procurador o los subprocuradores.

Art. 26. Se considera que el peritaje en los asuntos que se presenten ante cualquier unidad de la Procuraduría y ante las autoridades judiciales del orden común, es una función pública y, por ello el personal que preste sus servicios en la dirección de servicios periciales está obligado a brindar su cooperación a las autoridades de ese orden, dictaminando los asuntos relacionados con su ciencia, arte u oficio que se les encomiende.

Los dictámenes periciales deberán de estar debidamente fundamentados, señalando los puntos a resolver, su método, procedimiento, estudio y conclusiones.

Art. 27. El manual de procedimientos interno de la dirección establecerá las funciones de cada una de las especialidades de los peritos.

Art. 28. La dirección de la policía ministerial estará adscrita y dependerá directamente del Procurador y se integra por:

I. Un subdirector operativo;

II. Un coordinador operativo;

III. Un subdirector administrativo;

IV. Comandantes;

V. Jefes de departamento;

VI. Agentes de la policía ministerial; y

VII. Personal técnico y administrativo que se autorice en el presupuesto.

Art. 29. Son atribuciones del director, además de las que le Ley confiere, las siguientes:

I. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de la dirección;

II. Realizar las investigaciones de delitos que de manera especial le soliciten el subprocurador y el director de investigaciones;

III. Ejecutar los mandamientos judiciales que de manera especial le solicite la subprocuraduría de procedimientos jurisdiccionales, la dirección de procedimientos jurisdiccionales y el director de aprehensiones, colaboraciones y extradiciones internacionales;

IV. Elaborar y mantener permanentemente actualizado el padrón de vehículos automotrices reportados como robados, con los datos sobre las denuncias presentadas le proporcionen los agentes investigadores del Ministerio Público, así como por los datos que le proporcionen las procuradurías generales de otras entidades federativas o las procuradurías General de la República o del Distrito Federal;

V. Informar, a solicitud de las agencias investigadoras del Ministerio Público o de las procuradurías señaladas en la fracción anterior, si determinado vehículo se encuentra o no reportado como robado, conforme a su base de datos;

VI. Llevar, en coordinación con la dirección administrativa, el control del mobiliario, vehículos, pertrechos y armamento y en general del equipo que se le asigne a la dirección;

VII. Las demás que le señalen otras disposiciones legales o reglamentarias o les confieran sus superiores jerárquicos.

Art. 30. El director por sí o por sus agentes de policía ministerial tendrá las siguientes atribuciones:

I. Rendir los informes necesarios para su intervención en los juicios de amparo y acreditar los delegados a que se refiere el artículo 19 de la Ley de Amparo;

II. Investigar por orden del Ministerio Público la comisión de hechos que puedan constituir delitos;

III. Recibir, en casos de urgencia, denuncias sobre hechos que pudieran constituir delito del fuero común y practicar exclusivamente las diligencias urgentes que se requieran, debiendo dar cuenta de inmediato al agente del Ministerio Público que corresponda;

IV. Recabar las pruebas que ordene el Ministerio Público, tendientes a comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de quienes en ellos participaron;

V. Poner inmediatamente a disposición de la autoridad competente a las personas detenidas en flagrancia y a las que fueron aprehendidas o reaprehendidas, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución federal;

VI. Auxiliar al Ministerio Público, tomando las medidas precautorias para proporcionar seguridad y auxilio de las víctimas, impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios del hecho delictuoso y los instrumentos o cosas, objeto o efecto del mismo; evitar que el delito se siga cometiendo; saber qué personas fueron testigos y en general, impedir que se dificulte la averiguación, procediendo a la detención de los que intervinieron en su comisión en los casos flagrancia o cuasi flagrancia;

VII. Proponer al Ministerio Público las determinaciones que correspondan de acuerdo a las constancias procedimentales existentes en las averiguaciones previas de que conozcan;

VIII. Requerir, con la autorización del Ministerio Público, informes y documentos de los particulares para el ejercicio de sus atribuciones;

IX. Los agentes de la policía ministerial notificarán en forma diaria a su superior jerárquico y a la dirección, sobre el avance de las investigaciones, debiendo quedar constancia por escrito en la bitácora correspondiente;

X. Hacer entrega a la dirección cada vez que se le cambie de grupo, de un informe por cada asunto que le fue asignado y registrado en la bitácora;

XI. Aplicar los sistemas y mecanismos de operación establecidos, que se establezcan en los manuales de operación, que coadyuven en la investigación de los eventos delictivos, en cumplimiento de mandamientos judiciales y, en la seguridad personal, de grupo y en la conservación y mantenimiento del armamento y equipo;

XII. Portar sólo las armas que reglamentariamente le fueron asignadas;

XIII. Dar parte a su superior jerárquico y a la agencia del Ministerio Público, en un término no mayor a veinticuatro horas, del extravío, robo, destrucción, daño o decomiso del arma, cartuchos y del demás equipo bajo su resguardo, debiendo remitir copia certificada del acta levantada con este motivo a la dirección de su adscripción, para los trámites ante la Secretaría de la Defensa Nacional. La entrega de la copia certificada no exime de responsabilidad; y

XIV. Las demás que les señalen otras disposiciones legales o reglamentarias o les confieran sus superiores jerárquicos.

Art. 31. Las atribuciones que se especifican en el artículo anterior deberán ser ejercidas por los miembros de la policía ministerial del Estado, la cual estará al mando del Ministerio Público, en términos del párrafo segundo del artículo 88 de la Constitución local.

La investigación y la persecución policial se ejercerá en todo momento con estricto apego a la legalidad y al principio de respeto a los derechos humanos. El Ministerio Público en cada caso concreto instruirá a la policía ministerial sobre los elementos e indicios que deban ser investigados o recabados para la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad.

Corresponderá a la unidad de control interno la investigación de quejas en contra de los elementos de la policía ministerial. Esta unidad estará adscrita al Procurador, sujetándose su actividad al manual de procedimientos que autorice éste.

Art. 32. La policía ministerial del Estado, en el desempeño de sus funciones y conforme a los lineamientos que al efecto expida el Procurador, se podrá coordinar y auxiliar con otros cuerpos de seguridad en los términos que para tal efecto señala la Constitución local, la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Zacatecas y este Reglamento.

Art. 33. Los comandantes y agentes adscritos a la dirección de la policía ministerial se organizarán mínimamente en los siguientes grupos especializados, para atención de asuntos relevantes o que causen conmoción social y que serán los que atienda por mandato del Procurador, subprocuradores y directores:

I. Investigación de homicidios;

II. Investigación de robo con violencia y asalto;

III. Investigaciones de robos domiciliarios;

IV. Investigación y localización de automotores robados;

V. Investigación de secuestro y asociación delictuosa;

VI. Investigación de delitos sexuales;

VII. Investigación de abigeato;

VIII. De inteligencia;

IX. Cumplimiento de mandamientos judiciales; y

X. Protección a funcionarios.

Art. 34. La dirección general de procedimientos jurisdiccionales se integrará por:

I. Los agentes del Ministerio Público que se encuentran adscritos a la dirección; y

II. Personal técnico y administrativo que se autorice en el presupuesto.

Art. 35. La dirección general de procedimientos jurisdiccionales, además de las que establece la Ley, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Dirigir, vigilar y coordinar a los agentes del Ministerio Público a su cargo, adscritos a los órganos jurisdiccionales;

II. Intervenir en los procesos penales cuya atención y tramitación le correspondan, así como aportar las pruebas pertinentes y promover las diligencias orientadas al debido esclarecimiento de los hechos, así como acreditar los elementos que integran el cuerpo del delito, la responsabilidad penal de los inculpados y la reparación de los daños y perjuicios;

III. Solicitar por conducto de los agentes del Ministerio Público adscritos a los órganos jurisdiccionales, las órdenes de aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de pago de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la comisión del delito;

IV. Concurrir e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen ante los órganos jurisdiccionales en los procedimientos penales, así como desahogar las vistas que se le ordene y formular los pedimentos que procedan dentro de los términos de ley;

V. Solicitar en los términos de la Constitución federal, las medidas precautorias de arraigo y las órdenes de cateo que sean necesarias;

VI. Formular conclusiones en los términos señalados por el Código de Procedimientos Penales del Estado y solicitar la imposición de las penas y medidas de seguridad que correspondan y el pago de la reparación del daño;

VII. Interponer los recursos procedentes en los procesos penales a su cargo;

VIII. Turnar a la dirección general de investigaciones los informes y documentos necesarios, cuando se estime que debe iniciarse una averiguación previa, por la comisión de un delito;

IX. Coordinarse, con el departamento jurídico, para presentar los informes previos y justificados en los juicios de amparo en los que la dirección haya sido parte responsable y las agencias del Ministerio Público de su adscripción;

X. Concurrir a las vistas de reclusorios que practiquen los jueces ante los que actúan los agentes del Ministerio Público adscritos, informando al Procurador sobre la visita y los resultados de la misma;

XI. Informar periódicamente a sus superiores jerárquicos, sobre el desarrollo de las actividades que le corresponda;

XII. Vigilar el exacto cumplimiento del principio de legalidad y de la pronta y expedita impartición de justicia, informando al subprocurador de procedimientos jurisdiccionales de cualquier irregularidad que se detecte;

XIII. Supervisar la actuación procesal del Ministerio Público en la primera instancia de los procedimientos penales;

XIV. Intervenir en la tramitación procesal penal de los asuntos que entrañen una situación de conflicto, daño o peligro o en que puedan resultar afectados menores o incapaces, o se trate de robo de infante o tráfico de menores;

XV. Por conducto de su titular, ejecutar las bases, convenios y otros instrumentos de coordinación celebrados por la institución en materia de procesos penales, incluyendo lo relativo al cumplimiento de mandamientos judiciales;

XVI. Remitir al director general de investigaciones las constancias necesarias para integrar averiguaciones previas y ejercitar la acción penal por delitos diversos o en contra de personas distintas a los procesados, cuando en las causas penales en que intervengan surjan elementos suficientes para ello, tratándose de los mismos hechos o íntimamente vinculados;

XVII. Intervenir en su carácter de representante social ante los órganos jurisdiccionales, para la protección de los intereses individuales y sociales en general, en los procesos de lo civil, familiar y concursal, de acuerdo a los términos que establezcan las leyes respectivas;

XVIII. Expedir los lineamientos para la actuación del Ministerio Público en los procesos que son de la competencia de los jueces comunitarios;

XIX. Concurrir e intervenir en las diligencias y audiencias que se practiquen en los juzgados del ramo civil, familiar, mixtos y comunitarios; así como desahogar las vistas que se le den, formular y presentar los pedimentos procedentes dentro de los términos legales;

XX. Vigilar que los agentes del Ministerio Público de su adscripción promuevan, cuando proceda, la conciliación en los asuntos del orden civil y familiar, como instancia previa al órgano jurisdiccional;

XXI. Supervisar que los agentes del Ministerio Público de su adscripción soliciten la práctica de las diligencias necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades;

XXII. Vigilar que los agentes del Ministerio Público de su adscripción intervengan en los juicios relativos al estado civil de las personas, sucesiones y todos aquellos del orden familiar en los que por disposición legal sea parte o deba darse vista al Ministerio Público, y que interpongan las promociones o recursos legales que procedan;

XXIII. Tener informado, con la mayor brevedad posible, del director general de investigaciones, los delitos generados de hechos de violencia familiar o por conductas relacionadas con tales hechos y que se desprendan de expedientes en que se les dé vista a los agentes del Ministerio Público de su adscripción;

XXIV. Llevar el registro, distribución, control y trámite de las órdenes de presentación, comparecencia, aprehensión, reaprehensión, cateo, arresto y arraigo que giren los órganos jurisdiccionales, así como las de detención, presentación, que dicte el Ministerio Público en los términos de ley;

XXV. Operar y ejecutar bases, convenios y otros instrumentos de colaboración con instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, en materia de derecho familiar;

XXVI. Coordinarse con instituciones públicas y privadas que propicien asistencia social a menores o incapaces, cuando de los procesos en que intervenga se desprenda que es necesaria la atención de estos;

XXVII. Velar por los intereses de las personas con discapacidad, así como de los incapaces no sujetos a patria potestad o tutela, ejercitando las acciones correspondientes en los términos de la legislación vigente;

XXVIII. Intervenir en todos los casos que conozca dentro de los procesos en que le den vista, cuando se origine una situación de conflicto, daño o peligro para algún menor o incapacitado, o cuando estos sean parte o de alguna manera puedan resultar afectados, a fin de ejercitar las acciones que en derecho procedan;

XIX. Cuidar que los agentes del Ministerio Público de su adscripción ejerzan las acciones pertinentes, a fin de proporcionar a los menores o incapaces la más amplia protección que la legislación les otorga, ya sea entregándolos a quien corresponda en los términos de las disposiciones aplicables o canalizándolos a algún establecimiento asistencial, y en su caso, promover ante el juez competente la designación de custodios, tutores o curadores; y

XX. Las demás que le otorgue el Procurador o los subprocuradores.

Art. 36. La dirección de aprehensiones, colaboraciones y extradiciones internacionales, se integrará por:

I. Comandantes y agentes de la policía ministerial de su adscripción; y

II. Personal técnico y administrativo que se autorice en el presupuesto.

Art. 37. La dirección de aprehensiones, colaboraciones y extradiciones internacionales, además de las que establece la Ley, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Recibir para su ejecución las órdenes de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, arresto, presentación, cateo, arraigo y demás mandamientos que ordene la autoridad judicial, así como las de detención, presentación, comparecen y retención que dicte el Ministerio Público en los términos de ley;

II. Coordinar y vigilar la ejecución de las órdenes a que se refiere la fracción anterior, así como vigilar su cumplimiento;

III. Ordenar la ejecución de las órdenes de aprehensión, reaprehensión o cualquier otro tipo de diligencia que solicite la Procuraduría General de la República o la del Distrito Federal o cualquiera de las entidades federativas, con base a los convenios de colaboración que conforme a lo que establece el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

IV. Coordinarse con la subprocuraduría de procedimientos jurisdiccionales, para formular pedimentos de cumplimientos de mandamientos judiciales en el extranjero, con la intervención que corresponda a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores en los términos de las disposiciones aplicables;

V. Llevar el registro, distribución, control y trámite de las órdenes de presentación, comparecencia, aprehensión, reaprehensión, cateo y arraigo, que giren los órganos jurisdiccionales, y las de presentación, detención o investigación que despache el Ministerio Público, y en general de los demás servicios que en el ejercicio de sus atribuciones ejercen los miembros de la policía ministerial;

VI. Las demás que le concedan las leyes y las que les asigne el Procurador o el subprocurador de procedimientos jurisdiccionales.

Art. 38. Para el cumplimiento de las órdenes de aprehensión, reaprehensión, detención, presentación o comparecencia, se estará a lo dispuesto por las leyes, a los convenios de colaboración según lo establecido en el artículo 119 de la Constitución federal.

Art. 39. La dirección de prevención del delito, atención a víctimas y servicios a la comunidad se integrará por:

I. Departamento de trabajo social;

II. Departamento de investigación y difusión;

III. Coordinación de prevención del delito;

IV. Area para la localización de personas desaparecidas;

V. Area de atención a víctimas del delito, asesoría jurídica y psicológica; y

VI. Personal técnico y administrativo que se autorice en el presupuesto.

Art. 40. A la dirección de prevención del delito, atención a víctimas y servicios a la comunidad, además de las que la Ley le confiere, tendrá las atribuciones siguientes:

I. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de la dirección;

II. Elaborar y ejecutar, programas que ayuden a la prevención del delito; así como, para fomentar y promover los valores morales y la autoestima, principalmente en el seno de la familia;

III. Organizar eventos que coadyuven a difundir los programas de prevención de hechos delictuosos;

IV. Preparar la exposición de temas preventivos de delitos en escuelas, empresas y organismos de participación comunitaria, con el apoyo de profesionales en las áreas de psicología, trabajo social y demás que se requieran;

V. Proporcionar, establecer y coordinar sistemas, mecanismos y procedimientos que permitan captar información ciudadana, sobre la posible comisión de delitos relacionados con personas extraviadas y ausentes o que vivan en situaciones de violencia intrafamiliar o de delitos sexuales violentos, para brindar los auxilios correspondientes;

VI. Promover, apoyar y difundir acciones para el auxilio y tratamiento de personas con problemas de farmacodependencia y alcoholismo, en coordinación con otras autoridades competentes e instituciones privadas;

VII. Fomentar la cultura preventiva del delito en la población, con la participación de los demás integrantes del sector público y promover la participación de los sectores social y privado;

VIII. Elaborar, en coordinación con la dirección general de investigaciones, el material dedicado a la prevención del delito, con base, en las sugerencias e investigaciones que realicen las instituciones públicas y privadas, así como distribuir el mismo;

IX. Promover la comunicación e intercambio de experiencias con instituciones nacionales y extranjeras en materia de prevención del delito, con sujeción a los lineamientos que establezca el Procurador;

X. Proponer criterios de colaboración con las instituciones educativas para la implantación de programas de prevención del delito en los planes de estudio correspondientes;

XI. Proporcionar orientación jurídica a los miembros de la comunidad para el mejor ejercicio de sus derechos;

XII. Promover e impulsar acciones institucionales a efecto de facilitar a la comunidad el acceso a los servicios de la Procuraduría;

XIII. Establecer en el ámbito de su competencia lineamientos para auxiliar a las víctimas del delito, así como sus familiares, encausándolas a las instituciones especializadas para su atención;

XIV. Rendir informe mensualmente al Procurador de las actividades desarrolladas dentro de su área de responsabilidad, en el que se incluya los comportamientos delictivos que se generen en la Entidad, las medidas aplicadas, los resultados obtenidos y evaluaciones efectuadas, así como la estadística general; y

XV. Las demás que le confiera el Procurador.

Art. 41. Corresponde al departamento de trabajo social:

I. Ejecutar todas las órdenes que le dé el director para el ejercicio de sus facultades;

II. Redactar acta circunstanciada de todas las reuniones de trabajo;

III. Vigilar y supervisar que todos los eventos que se programen, se efectúen en la fecha señalada y con la calidad debida;

IV. Supervisar que los datos estadísticos del departamento, se encuentren siempre actualizados;

V. Realizar la función de conciliación;

VI. Las demás que le confiera el Procurador.

Art. 42. Corresponde al departamento de investigación y difusión;

I. Realizar investigaciones encaminadas a obtener información de la ciudadanía que permita crear alternativas de prevención del delito;

II. Brindar información general sobre las atribuciones de la dirección y los servicios que presta, así como recoger las opiniones de la población en torno a la procuración de la justicia; y

III. Las demás que le confiera el Procurador.

Art. 43. Corresponde a la coordinación de prevención del delito:

I. Ejecutar todas órdenes que le dé el director para el ejercicio de sus facultades;

II. Desarrollar programas propios, atendiendo las necesidades específicas de las cuales previamente se tenga conocimiento;

III. Darle continuidad y vigencia a los programas y tareas ya establecidos de la dirección; y

IV. Las demás que le confiera el Procurador.

Art. 44. Corresponde al área para la localización de personas desaparecidas:

I. Coadyuvar con el director de su adscripción en el desarrollo de las actividades de la unidad administrativa;

II. Ejecutar todas las órdenes que le dé el director para el ejercicio de sus facultades;

III. Realizar y difundir la ficha de identificación de personas desaparecidas;

IV. Coordinarse con la policía ministerial en la investigación de personas desaparecidas, así como con las procuradurías de otros estados y la General de la República, y las policías de otras entidades federativas o municipales;

V. Integrar a su familia a la persona localizada y en su caso, canalizarlos a los centros de apoyo para su custodia y protección temporal;

VI. Supervisar que los datos estadísticos del área, se encuentren siempre actualizados;

VII. Llevar un control y registro de personas desaparecidas y de las localizadas; y

VIII. Las demás que le confieran el Procurador.

Art. 45. La vigencia del expediente por persona desaparecida será de cinco años, contados a partir de la fecha de presentación de la denuncia. Pasado este término, el expediente se archivará en reserva.

Art. 46. Corresponde al área de atención de víctimas del delito, asesoría jurídica y psicológica:

I. Establecer en el ámbito de su competencia lineamientos para auxiliar a las víctimas de delito, así como a sus familiares, encauzándolas a las instituciones especializadas para su atención;

II. Establecer criterios para brindar apoyo jurídico, psicológico y social a las víctimas de delito, y sus familiares, así como proporcionar servicios en esta materia, en coordinación con las unidades administrativas de la Procuraduría y las agencias del Ministerio Público que sean competentes;

III. Coordinarse con las áreas competentes de la Procuraduría para promover que se garantice y se haga efectiva la reparación de los daños y perjuicios a las víctimas u ofendidos por el delito;

IV. Proporcionar al público en general, información sobre las facultades y servicios de la Procuraduría y darle el apoyo para resolverles sus problemas de carácter legal o para realizar algún trámite administrativo relacionado con la procuración de justicia;

V. Concertar acciones con instituciones de asistencia médica y social, públicas y privadas, para efectos del último párrafo del artículo 20 de la Constitución federal;

VI. Promover acciones que mejoren la atención a la comunidad por parte de los servidores públicos de la Procuraduría; y

VII. Las demás que le designe el Procurador.

Capítulo VI
De la dirección de administración

Art. 47. Corresponde a la dirección de administración las siguientes atribuciones:

I. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de la dirección y de las unidades que le son adscritas;

II. Establecer de acuerdo a su competencia: normas, criterios, sistemas y procedimientos de carácter técnico administrativo, que deban regir en las unidades administrativas de la Procuraduría;

III. Obtener y mantener actualizada en coordinación con la dirección de la policía ministerial, la licencia oficial colectiva para el uso y resguardo de armas de fuego autorizada a la Procuraduría por la Secretaría de la Defensa Nacional;

IV. Requerir al personal de la Procuraduría la entrega del arma de cargo, gafete o identificación, así como el demás equipamiento bajo su resguardo o, en su defecto el pago del costo de los bienes, en los casos que causan suspensión temporal, baja definitiva por cualquier motivo y, en todos los demás que sean imputables al servidor público;

V. Representar a la Procuraduría ante los comités de adquisiciones e infraestructura, cuando se celebren licitaciones en donde la Procuraduría sea un actor requirente;

VI. Participar conjuntamente con la dirección de servicios periciales en la aplicación de los exámenes toxicológicos para detectar el posible abuso o consumo de drogas;

VII. Coordinar la formulación del anteproyecto anual del presupuesto de egresos por programas de la Procuraduría, conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas, y verificar su correcta y oportuna ejecución por parte de las unidades administrativas;

VIII. Coadyuvar en la planeación y organización de la Procuraduría, a efecto de que el desarrollo de los programas y subprogramas sean coordinados eficientemente, para el logro de las metas establecidas;

IX. Diseñar y desarrollar proyectos integrales de creación, ampliación, fusión o cancelación de unidades orgánicas;

X. Observar los rubros que establezca el programa nacional de seguridad pública, con el objeto de proponer los distintos rubros de inversión, que favorezcan la mayor obtención de recursos financieros, para el suministro de bienes a la Procuraduría;

XI. Promover la obtención de recursos especiales mediante convenio con las entidades federativas, dependencias y organismos federales, estatales y municipales, en proporción a los bienes asegurados en operativos conjuntos por delitos de narcotráfico, robos, secuestros y otros, aplicando los mismos a satisfacer requerimientos propios de la Procuraduría;

XII. Elaborar el programa anual de infraestructura inmobiliaria conforme al presupuesto anual autorizado y a las prioridades de la Procuraduría;

XIII. Supervisar que los programas académicos cumplan con las necesidades específicas de capacitación de cada área de la Procuraduría;

XIV. Someter a la aprobación del Procurador los estudios y proyectos de trascendencia que se elaboren en el área de su responsabilidad;

XV. Informar al Procurador el desarrollo, avance y resultados en forma inmediata de los asuntos de su competencia y establecer las bases para los nombramientos, movimientos del personal y terminación de los efectos de los nombramientos de los servidores públicos;

XVI. Ejecutar las sanciones, en lo que corresponda, a los servidores públicos de la Procuraduría por la responsabilidad administrativa en la que hubieren incurrido; y

XVII. Las demás que señalen las leyes, reglamentos y las que le encomiende el Procurador.

Capítulo VII
De los agentes del Ministerio Público

Art. 48. Los agentes del Ministerio Público podrán ser investigadores, investigadores de delitos en particular, adscritos a los órganos jurisdiccionales, visitadores y mixtos, su nombramiento se hará en los términos del artículo 20 de la Ley.

Art. 49. Las atribuciones que para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público establece la Constitución federal, en su artículo 21, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas y la Ley, se ejercerá cuando toda persona que acuda a una agencia investigadora a presentar denuncia o querella, asimismo, las víctimas o los ofendidos por algún delito, tendrán derecho a que el Ministerio Público se ajuste a los extremos a que aluden las disposiciones legales antes citadas.

Art. 50. En los casos en que las personas asistentes a las agencias deseen formular denuncias o querellas por hechos posiblemente constitutivos de delitos, el agente del Ministerio Público en turno, los oficiales secretarios y los agentes de la policía ministerial y, en su caso, los peritos están obligados en el ámbitos de sus competencias a ajustarse a lo previsto en el artículo 107 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas.

Art. 51. Las determinaciones sobre la averiguación previa del Ministerio Público que resulten del ejercicio de las atribuciones a que hace referencia el artículo 5º de la Ley, serán de ejercicio de la acción penal, de no ejercicio de la acción penal, de reserva o de incompetencia.

Art. 52. La determinación de ejercicio de la acción penal, en los términos del artículo 16 de a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones aplicables del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, será formulada como pliego de consignación por el agente del Ministerio Público que integró la averiguación previa.

Art. 53. Cuando la averiguación que motive la propuesta de no ejercicio de la acción penal verse sobre delitos no graves o sancionados con pena alternativa o exclusivamente multa, el agente del Ministerio Público formulará la propuesta al Procurador o a quien éste le haya delegado la atribución, para su acuerdo, quien después de resolver sobre su procedencia, en su caso, hará saber de inmediato su determinación al denunciante, querellante u ofendido, mediante notificación personal de acuerdo con lo previsto en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas.

Art. 54. Cuando se trate de delitos graves, el responsable de la agencia del Ministerio Público remitirá el expediente y la propuesta de no ejercicio de la acción penal al Procurador para su dictamen y conservará copia certificada del acuerdo de propuesta.

Cuando el Procurador determine el no ejercicio de la acción penal, remitirá de inmediato la averiguación correspondiente al archivo, lo que hará conocer al querellante, denunciante u ofendido mediante la notificación debida en los términos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, asimismo se le informará al denunciante u ofendido de los recursos que puede promover en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal.

Art. 55. Cuando la resolución de no ejercicio de la acción penal esté fundada en el perdón del querellante, no será necesaria la notificación a la que se refieren los dos artículos anteriores.

Art. 56. Cuando el Procurador resuelva improcedente la determinación de no ejercicio de la acción penal, devolverá la averiguación respectiva a la agencia del conocimiento para su integración debida, señalando las causas de la improcedencia y las diligencias necesarias para su determinación. Si del examen se desprenden probables responsabilidades, el Procurador dará vista de inmediato a la unidad de control interno.

Art. 57. Una vez que se haya autorizado en definitiva la determinación de no ejercicio de la acción penal, se archivará el expediente, con la autorización del Procurador. En este caso, la averiguación no podrá reabrirse, sino por acuerdo fundado y motivado del propio Procurador en cumplimiento a una resolución judicial ejecutoria.

Art. 58. Cuando desaparezca el obstáculo o los obstáculos que impiden la determinación de la averiguación previa, los agentes del Ministerio Público solicitarán al subprocurador de investigación, la extracción de la averiguación previa determinada para su perfeccionamiento. Quien ordenará la extracción de la averiguación previa del archivo.

Art. 59. Los requerimientos de copias certificadas de averiguaciones previas en las que se haya autorizado de manera definitiva el no ejercicio de la acción penal y los relativos a la devolución de objetos o documentos, por parte de los denunciantes, víctimas u ofendidos, querellantes o el probable responsable, serán desahogados por el agente del Ministerio Público.

Capítulo VIII
Del departamento de informática

Art. 60. El departamento de informática estará adscrito al Procurador; contará con un jefe de departamento y el personal técnico y administrativo que autorice el presupuesto y tendrá las atribuciones siguientes:

I. Planear, programar, organizar, dirigir y evaluar el funcionamiento de la dirección;

II. Llevar el registro del índice delictivo estatal, en los formatos establecidos;

III. Llevar el registro mensual del inicio de las averiguaciones previas y de los procesos, así como su seguimiento;

IV. Elaborar manuales de usuarios y técnicos, para apoyo en la utilización de los sistemas;

V. Verificar que se mantengan en óptimas condiciones las instalaciones físicas, para la correcta adaptación y buen funcionamiento del equipo de cómputo y comunicaciones en las diversas áreas de la Procuraduría;

VI. Proponer las características del equipo de cómputo y sus periféricos que sean solicitados por las diversas áreas de la Procuraduría;

VII. Las demás que le encomiende el Procurador.

Capítulo IX
Del instituto de formación profesional

Art. 61. El instituto de formación profesional es una unidad administrativa de la Procuraduría; su organización y funcionamiento se regirá por el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables, siendo su objeto la formación, capacitación y profesionalización altamente especializada de servidores públicos en las áreas de seguridad pública procuración de justicia; la formación de investigadores, profesores, especialistas y técnicos en las diversas áreas que se relacionen con la procuración de justicia, la realización además de investigaciones sobre problemas del Estado en estas áreas, y la información de los conocimientos sobre ellas.

Para el cumplimiento de los objetivos que se han señalado, corresponde al instituto de formación profesional:

I. Diseñar los programas de capacitación, actualización, especialización, formación inicial y el sistema de evaluación permanente de los agentes del Ministerio Público, peritos, policía ministerial y demás servidores públicos que integren la Procuraduría, así como los demás cuerpos relacionados con la seguridad pública del Estado;

II. Diseñar, operar y controlar los métodos y sistemas de reclutamiento, selección y evaluación para el ingreso a los demás cuerpos relacionados con la seguridad pública estatal;

III. La formación de investigadores, profesores, especialistas y técnicos en las diversas áreas que se relacionen con la procuración de justicia y seguridad pública;

IV. La realización de investigaciones sobre los problemas del Estado en las áreas mencionadas y la información y difusión de los conocimientos de ellas;

V. Celebrar, con el acuerdo del Procurador, convenios de colaboración, intercambio y asesoría, con instituciones académicas o técnicas, nacionales y extranjeras, del sector público, privado o social o de los sistemas multilaterales, regional, interamericano y de la Organización de las Naciones Unidas, cuyas actividades resulten afines con el objeto del instituto;

VI. Impartir cursos de capacitación, especialización y formación inicial para la profesionalización de los agentes del Ministerio Público y sus secretarios, peritos, policías ministeriales, así como todo servidor público de cualquier área relacionada con la procuración de justicia y la seguridad pública del Estado y los municipios que así lo convengan;

VII. Realizar actividades de extensión académica en las que se podrán incluir toda clase de recursos relacionados con la procuración de justicia y la seguridad pública;

VIII. Contratar profesores e investigadores para la realización del objeto para que fue creado el instituto, previo acuerdo del Procurador;

IX. Brindar el asesoramiento que requieran personas e instituciones públicas o privadas y participar, en su caso, como órgano consultivo y propositivo en el estudio, formulación y aplicación de medidas públicas dentro del ámbito de su competencia;

X. Conforme se autorice en el presupuesto, otorgar becas para realizar estudios en sus propios planteles e instalaciones, así como en instituciones similares del país o del extranjero, y recibir a becarios nacionales o de otros países como investigadores, profesores y alumnos;

XI. Operar y controlar el sistema de evaluación permanente de los agentes del Ministerio Público, peritos, policías ministeriales y oficiales secretarios, en los que se apoyen obligatoriamente los procedimientos de ascensos y promociones de conformidad con la normatividad existente para este fin; y

XII. Realizar las demás actividades inherentes a su naturaleza y conducentes al cumplimiento de sus funciones, las que le encomiende el Gobernador y Procurador respectivamente, así como aquellas que le confieran otras disposiciones legales.

Art. 62. Para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, el instituto contará con las siguientes unidades administrativas:

I. Un director, cuyo titular será nombrado por el Gobernador, a propuesta del Procurador;

II. Un departamento administrativo;

III. Un departamento académico y de evaluación;

IV. Un departamento de reclutamiento y selección de personal.

Art. 63. La dirección es el órgano ejecutivo del instituto, a quien corresponde llevar a cabo las funciones que tengan como finalidad cumplir con el objeto del mismo.

Art. 64. Serán órganos del instituto:

I. El consejo académico; y

II. El director del mismo.

Art. 65. El consejo académico se integrará por el Procurador, quien lo presidirá; los titulares de las subprocuradurías de procedimientos jurisdiccionales y de investigaciones; los titulares de las direcciones de servicios periciales, general de la policía ministerial y del propio instituto. El presidente del consejo invitará a participar como miembros al director de la Unidad de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, a profesionistas y académicos que se hayan distinguido por su dedicación, conocimiento y esfuerzo en las áreas de procuración y administración de justicia y de seguridad pública.

Art. 66. El consejo académico tendrá las facultades y atribuciones siguientes:

I. Elaborar y aprobar los planes y programas de estudio del instituto;

II. Emitir opinión respecto de los profesores e investigadores que se contraten;

III. evaluar el desempeño académico de profesores e investigadores;

IV. Promover la organización de seminarios, conferencias u otros eventos equivalentes;

V. Integrar la comisión de honor y justicia para conocer y resolver respecto de las violaciones graves a las disposiciones académicas del instituto y, en su caso, resolver acerca de las expulsiones de los alumnos, de conformidad con el reglamento interno del instituto;

VI. Aprobar las bases de las convocatorias para los cursos y seminarios que organiza el instituto;

VII. Aprobar los programas de capacitación, actualización, especialización y regularización, cuando no sean fijados por la academia nacional de seguridad pública;

VIII. Aprobar los métodos y sistemas de reclutamiento, selección y evaluación;

IX. Sancionar los resultados de los procesos de selección de aspirantes a los cursos y seminarios que organiza el instituto;

X. Establecer las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el instituto; y

XI. Las demás que sean acordes con el objeto del instituto, y que se refieran al ámbito académico, así como aquellas que le confieran otras disposiciones, el Gobernador o el Procurador.

Art. 67. El consejo académico sesionará cada vez que sean citados sus miembros por el Procurador, quien podrá delegar esta facultad en el director del instituto; sin embargo, deberá reunirse cuando menos dos veces al año.

Capítulo X
Del archivo general de la Procuraduría

Art. 68. El manual de operaciones respectivo fijará las atribuciones de los empleados del archivo general de la Procuraduría y determinará la forma de los asientos, índices y libros que en la misma oficina deben llevarse y el Procurador podrá acordar en todo caso las disposiciones que crea convenientes.

Art. 69. El subprocurador de investigaciones, considerando lo que disponga la ley penal respecto a la prescripción de la acción punitiva, determinará qué expedientes y documentos que obren en el archivo general de la Procuraduría, deben ser trasladados al archivo general de Gobierno, donados a una escuela de Derecho para su consulta o ser destruidos.

Art. 70. Se procurará mantener la disponibilidad de personal para el mejor funcionamiento del archivo de la Procuraduría.

Capítulo XI
Del departamento del enlace informático

Art. 71. El departamento del enlace informático dependerá directamente del Procurador, al frente habrá un jefe de departamento, quien ejercerá por sí o a través de los servidores públicos que le estén adscritos, las obligaciones y atribuciones siguientes:

I. Desarrollar conjuntamente con el Procurador los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la mejor organización y funcionamiento del departamento;

II. Recabar la información del personal adscrito a la Procuraduría a través de la cédula de registro nacional del personal de seguridad pública;

III. Mantener actualizada la base de datos a través de los sistemas de información instalados por el sistema nacional de seguridad pública;

IV. Intercambiar información entre las diferentes áreas de la Procuraduría y otras dependencias involucradas en la seguridad pública, con la finalidad de apoyarse en el ejercicio de sus funciones;

V. Intercambiar información del enlace informativo con las diferentes entidades federativas, de conformidad con los convenios de colaboración celebrados entre las mismas, con la finalidad de apoyarse efectivamente en acciones de seguridad social;

VI. Informar periódicamente al Procurador de sus actividades; y

VII. las demás que le encomiende el Procurador.

Art. 72. Es responsabilidad del jefe del departamento y del personal adscrito al mismo, ingresar de manera correcta y completa la información al registro nacional de personal de seguridad pública. El manual respectivo establecerá los requisitos para efectuar el ingreso de la información al registro.

Es responsabilidad del usuario del sistema nacional de seguridad pública cerrar la aplicación cada vez que se ausente o deje de utilizar la misma. Deberá de contar con claves de acceso, previo llenado de la cédula de registro nacional de usuarios, con firma de autorización para consultar el sistema nacional de información del Procurador y del enlace informático.

Capítulo XII
De las responsabilidades

Art. 73. Los servidores públicos al servicio de la Procuraduría serán responsables de las faltas y omisiones administrativas en que incurran durante o con motivo del desempeño de su cargo y se harán acreedores a las sanciones previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Capítulo XIII
Del servicio civil de carrera

Art. 74. De acuerdo con el título cuarto de la Constitución federal, el servicio civil de carrera al que hace referencia el artículo 48 de la Ley, el servicio civil de carrera en la Procuraduría se entenderá como el régimen que establece las condiciones del personal que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la Institución para cumplir con su atribución constitucional de investigar y perseguir los delitos y que está fundado en los principios de legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y eficacia en el desempeño de dichos cargos, empleos o comisiones y que contempla el reclutamiento, la admisión, formación, capacitación, regularización, promoción, retiro, remuneración y evaluación del personal.

Art. 75. Con base en lo dispuesto por los artículos 113 de la Constitución federal, por el artículo 22 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por el artículo 59 de la Ley, todo servidor público que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la Procuraduría, deberá salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia y eficacia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

El incumplimiento del código de conducta, dará lugar a las sanciones que establecen las leyes aplicables en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Art. 76. Habrá un catálogo general de puestos para el servicio civil de carrera en el Ministerio Público, la policía ministerial y los servicios periciales.

Art. 77. Los servidores públicos de carrera deberán satisfacer los requisitos que para el desempeño de su empleo, cargo o comisión exijan los preceptos legales aplicables, así como participar en los concursos que se convoquen y cursar y aprobar los programas que la Procuraduría determine.

Art. 78. Se considerará servicio equivalente, para los efectos de este Reglamento, el que se haya prestado, desarrollando funciones técnicas o profesionales en instituciones federales o estatales de seguridad pública, procuración o administración de justicia. Un año y medio de antigüedad en un servicio equivalente se computará como un año en la Institución.

Art. 79. Para participar en los concursos de promoción en el servicio civil de carrera para el Ministerio Público se deberá contar con la antigüedad en la Institución que a continuación se precisa o un año y medio más en un servicio equivalente.

Art. 80. Con excepción de lo que establece la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución federal, la separación de los servidores públicos del servicio civil de carrera procederá por las causas siguientes:

I. Renuncia;

II. Terminación de los efectos del nombramiento;

III. Destitución o inhabilitación administrativa por resolución firme;

IV. Incumplimiento de alguno de los requisitos de Ley para el ingreso y permanencia en el puesto correspondiente; y

V. Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Capítulo XIV
Suplencias de los titulares

Art. 81. El Procurador será suplido en sus ausencias por el subprocurador de investigaciones, en ausencia de éste, por el subprocurador de procedimientos jurisdiccionales;

Los subprocuradores, uno por el otro y, en su caso, por los directores que designe el Procurador;

Los directores por el personal que determine el Procurador, salvo el director general de la policía ministerial, a quien suplirá el subdirector operativo;

Los agentes del Ministerio Público investigadores, adscritos a los órganos jurisdiccionales o mixtos, por los agentes sustitutos que designen los subprocuradores, en su caso, por el servidor público que determine el Gobernador del Estado.

Art. 82. El Gobernador, calificará las excusas del Procurador y éste las de los subprocuradores y directores. Los subprocuradores calificarán las excusas de los agentes del Ministerio Público de su adscripción.

Transitorios

Artículo primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Organo del Gobierno del Estado, con excepción de lo previsto en el capítulo XIII del presente Reglamento, el cual tendrá vigencia al día siguiente en que entre en vigor la Ley del Servicio Profesional de Carrera del Estado y Municipios de Zacatecas.

Art. 2º Se abroga el Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Zacatecas, publicado en el Periódico Oficial, Organo del Gobierno del Estado el cuatro de febrero de mil novecientos ochenta y siete.

Art. 3º Seguirán vigentes las disposiciones emitidas con anterioridad a la expedición del presente Reglamento en lo que no se opongan al mismo.

Art. 4º Los asuntos que se encuentren en trámite en la fecha en que entre en vigor este Reglamento serán turnados a la unidad administrativa a la que corresponda conocer de los mismos, según la nueva determinación de competencia, de conformidad con el presente Reglamento y las demás disposiciones aplicables. Para tal efecto, los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos serán distribuidos de acuerdo al ámbito de facultades que a cada unidad administrativa le corresponda.

El Procurador podrá ordenar que uno o varios asuntos en trámite al momento de entrar en vigor el presente Reglamento, sigan en conocimiento de las unidades administrativas que los tenían a su cargo.

Art. 5º El Procurador expedirá los lineamientos para adscribir al personal de las unidades administrativas de la dependencia que se vean modificadas respecto a las disposiciones anteriormente vigentes, conforme a la nueva estructura prevista en el presente Reglamento.

Art. 6º Los manuales, general de organización, de procedimientos y de servicios al público, deberán publicarse en el Periódico Oficial, Organo del Gobierno del Estado, dentro del término de ciento ochenta días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Reglamento.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para su debida publicación y observancia, se expide el presente Reglamento Interior, en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, a los doce días del mes de enero de dos mil cuatro.

El Gobernador del Estado
Dr. Ricardo Monreal Avila

El Secretario General de Gobierno
Ing. Pedro de León Mojarro

El Procurador General de Justicia del Estado
Lic. Aquiles González Navarro

FICHA TÉCNICA

GENERAL

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
10 4-Feb-04 5-Feb-04

Por tratarse de una disposición administrativa no contiene número de Decreto ni Legislatura

REFORMAS

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
 

Ultimo cotejo de vigencia: Enero de 2007