LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS

Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas, a sus habitantes hago saber:

Que los Diputados Secretarios de la Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado, se han servido dirigirme el siguiente:

Decreto n° 109

La Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en nombre del pueblo, decreta

Resultando primero. En sesión del Pleno del día 6 de diciembre de 2016, el C.P. Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 60 fracción II y 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 46 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 95 fracción II, 96, 97 fracción II y 98 de su Reglamento General, envía a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular para ser sometido a su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas.

Resultando segundo. Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante memorándum número 0239 de la misma fecha, la Iniciativa fue turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su análisis y la emisión del dictamen correspondiente.

Resultando tercero. El proponente justificó su Iniciativa, bajo la siguiente:

Exposición de motivos

La política fiscal del Estado de Zacatecas, requiere de la implementación de mecanismos que permitan incrementar la recaudación, ante las adversidades financieras que prevalecen en el Estado, adicionalmente a que representamos una de las entidades federativas que menor aprovechamiento realizan de las potestades tributarias, situándonos en el último lugar nacional tal como lo publica en su investigación el periódico «Excelsior» que data al 29 de agosto del presente año.

En este contexto, es tomarse en consideración que la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas vigente, fue publicada en el Decreto 228, en el suplemento 3 al número 105, el 30 de diciembre del año 2000, por lo que, de su análisis y de la visión de nuestra realidad social y económica, se prevé la necesidad de actualizar nuestro marco jurídico fiscal, proponiendo para ello nuevas alternativas de recaudación que se detallan en la presente Iniciativa.

Es conocido que nuestro Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, vigente desde 1980, surgió de la necesidad de establecer un arreglo espacial, jurídico y económico en la asignación de fuentes tributarias sobre los distintos niveles de gobierno, con los objetivos fundamentales de: armonizar el sistema tributario, mediante la coordinación del sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas y sus municipios, así como establecer los mecanismos de distribución de las participaciones que correspondan a sus haciendas públicas en los ingresos federales.

Sin embargo, como esta H. Representación Soberana debe conocer, a pesar de los esfuerzos presentes, de lograr un verdadero federalismo, que otorgue equidad a todas las entidades federativas de la riqueza nacional, la historia nos dice que los cambios en el sistema fiscal del País propiciaron la centralización de las facultades tributarias en la Federación, llegando a su culminación en los primeros años del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal [SNCF], cuando a las entidades únicamente les quedaron el impuesto sobre nóminas y algunos derechos, mientras que a los municipios recuperaron el impuesto predial y el de traslación de dominio a partir de 1983.

El objetivo del SNCF, fue eliminar la concurrencia tributaria y simplificarlo, lo que se cumplió en el año de 1980 con la instrumentación de las Leyes del Impuesto al Valor Agregado y de Coordinación Fiscal, redundando en la abrogación o derogación de un total de 32 leyes o decretos que regulaban la mayor cantidad de impuestos.

Al obligar a las entidades federativas a incorporarse al sistema, las mismas renunciaron al ejercicio de sus potestades tributarias por lo que la Federación compensaría o resarciría la recaudación que estaban dejando de cobrar. De esta manera fue una especie de contrato fiscal en el que la Federación y los Estados serían socios en la recaudación federal, en función de su contribución a la misma.

Todos los Estados se adhirieron a esta coordinación, por lo que la Federación se vio obligada a garantizar que no serían afectados en sus ingresos y que inclusive estos se incrementarían tanto en monto como en tendencia, otorgándole la característica de resarcitorio en su primera etapa, entre 1980 y 1983, y que a través del Fondo General de Participaciones se compensó a las entidades federativas por el sacrificio de ingresos producto de su adhesión al mencionado sistema.

Desde ese entonces, nunca se planteó con un verdadero sentido federalista, resolver el problema de fondo que implica la escasez de recursos en las entidades federativas y en los municipios, sino se ha generado con mayor fuerza el mejorar el sistema fiscal en su conjunto, siempre desde la perspectiva de la Federación.

También es importante que esta H. Legislatura tenga presente para efectos de un mejor proveer, que con el nacimiento del SNCF, se dio inicio al tradicional debate hasta nuestros días de la famosa «suma cero», ya que al definirse tanto el Fondo General de Participaciones como el Fondo Financiero Complementario de Participaciones con un porcentaje de la Recaudación Federal Participable [RFP], derivó en un importe fijo a repartir, por lo que si una entidad recibe mayores recursos de cualquiera de estos fondos, otra u otras perderían ese mismo monto, situación que ha limitado los cambios y ha sido un elemento siempre presente en las discusiones acerca de la distribución de participaciones.

A partir de 1990 se introduce un nuevo mecanismo de distribución de participaciones que, después de un periodo de transición entre 1991 y 1994, se acuerda la distribución del Fondo General de Participaciones en tres partes: el 45.17% de acuerdo a la población; otro 45.17 % de acuerdo a una fórmula determinada por la recaudación de un cierto número de impuestos asignables y el 9.66% en proporción inversa a la distribución realizada con las dos partes anteriores.

Con la primera parte, al distribuir el 45.17% del Fondo General de Participaciones, en términos per cápita se buscó introducir elementos de equidad al sistema, ya que era de suponerse que una entidad federativa con más habitantes requiere proporcionar una cantidad mayor de servicios.

Esto supone dos elementos: que todas las entidades requieren la misma cantidad de satisfactores por habitante, es decir que no existen rezagos relativos en los servicios que los gobiernos estatales proporcionan a sus ciudadanos y por otra parte que a todas las entidades les cuesta lo mismo proporcionar dichos servicios. Por otra parte este criterio inhibe el esfuerzo fiscal de entidades federativas y municipios.

Esta Honorable Soberanía, no debe soslayar que con la fórmula de distribución, por lo que hace a la segunda parte del citado fondo, se le otorga su grado de «perversidad» [debido a que se incluye contribuciones por la enajenación de productos nocivos para la salud], puesto que, se pretende estimular la recaudación de los impuestos asignables en los que se basa: tenencia, impuesto sobre automóviles nuevos, impuesto especial sobre producción y servicios en: gasolina, cerveza, bebidas alcohólicas y tabaco, es decir, incrementar en razón de estos conceptos en las entidades federativas, lo que redunda en un mayor coeficiente y participación federal. Queda claro que estos asignables no son indicadores del grado de desarrollo de un Estado, ni representan la recaudación de la aportación real de impuestos que realiza la entidad federativa.

Por otra parte, al ser un juego de suma cero, en el cambio de fórmula operada a partir de 1991 hubo perdedores y ganadores, un hecho importante es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público redistribuyó las participaciones entre las entidades federativas, sin añadir un solo peso de sus recursos, sino que lo hizo a costa de las entidades que, dadas las características iniciales del sistema de participaciones venían recibiendo mayor cantidad de recursos.

Asimismo, el 21 de diciembre del 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan, derogan y abrogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. En el artículo 2º de dicha Ley, sin cambiar la tradicional suma cero, se modifica la forma de distribuir el Fondo General de Participaciones, siendo ahora con base a lo distribuido en el 2007 y únicamente la recaudación adicional, conocido como «copete», se determina con base a nuevas variables, como son el Producto Interno Bruto [PIB] por entidad federativa y la recaudación local, considerando como tal los impuestos y derechos.

Adicionalmente, algunos impuestos y derechos locales relacionados con la propiedad inmobiliaria y suministro de agua, que tienen el carácter municipal prácticamente en la totalidad de las entidades federativas, con excepción del Distrito Federal –ahora Ciudad de México–, derivado de una previsión expresa de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Esta reforma amplía el mecanismo resarcitorio, como reclamo de las entidades federativas que más recaudan y tienen un mayor desarrollo económico, señalando éstas la opacidad de las que no realizan un esfuerzo recaudatorio. Situación debatible, ya que como ejemplo, Zacatecas es uno de los Estados donde la industria minera obtiene la mayor cantidad de metales preciosos entre los que se encuentra la plata, cuya contribución fiscal se concentra en la Federación, sin que exista una retribución directa al Estado, como sucede en otros países.

En este sentido, para el Estado de Zacatecas el Producto Interno Bruto [PIB], representa el 38% del total de la cuantificación económica del Estado, que en concordancia debiese compensarse vía contribuciones, sin embargo esta situación no es posible en virtud de la vigente coordinación fiscal que prevalece en nuestro País.

Sin pretender redundar, pero con el énfasis que es necesario, debe precisarse que la segunda parte de la composición de la fórmula para determinar el Fondo General de Participaciones, considera el incremento de los ingresos locales, motivo por el cual es necesario redefinir la política fiscal del Estado para orientarla a un mayor aprovechamiento de las potestades tributarias sin que se transgredan las facultades establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos [CPEUM] a la Federación y municipios, así como al Convenio de Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal.

Es por ello necesario modernizar el marco normativo especial que rige la potestad tributaria del Estado, por virtud de que La Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas es el cuerpo normativo jurídico en donde tienen su asiento las fuentes de financiamiento del Estado de Zacatecas, es ahí donde se establecen los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otras formas que contribuyen a financiar el gasto público en nuestra Entidad.

En la presente Iniciativa, previo a un análisis jurídico y financiero que les de viabilidad, se presenta un nuevo marco normativo para su valoración, en el que se incluye la creación de nuevos impuestos:

-«Impuestos ecológicos», con cuatro modalidades: «del impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales», «de la emisión de gases a la atmósfera», «de la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua» y «del impuesto al depósito o almacenamiento de residuos».

-«Impuesto adicional para infraestructura».

-«Impuesto estatal a la venta final de bebidas con contenido alcohólico».

De esta propuesta que respetuosamente se pone a consideración de esa Honorable Legislatura, tiene factibilidad jurídica en virtud de que en todo momento se respetan los principios de: generalidad, legalidad, equidad, proporcionalidad y gasto público, establecidos en el artículo 31, fracción IV de la CPEUM, como a continuación se sustenta.

Impuestos ecológicos:

La creación de los impuestos ecológicos que se proponen, se basa en la concurrencia impositiva entre la Federación y las entidades federativas. Esa concurrencia es la regla general tratándose de la generalidad de la materia tributaria, en la medida que las potestades que no están expresamente conferidas a la Federación, se entienden reservadas a los Estados. Ello implica que al no existir exclusividad de la Federación ni en la CPEUM, ni en la Ley de Coordinación Fiscal para crear contribuciones ambientales, las entidades federativas cuentan con la respectiva potestad tributaria para hacerlo, lo que es propio de la concurrencia tributaria de que se trata, lo que se traduce en la viabilidad jurídica de su implementación.

Existe concurrencia impositiva para el caso del impuesto ambiental que se propone toda vez que, aunado a las concurrencias que existen entre la Federación y el Estado de Zacatecas en las materias de salud, protección al ambiente y educación, se suma la concurrencia impositiva que prevalece en tanto, a nivel constitucional, no existe reserva expresa para la Federación en esta materia, ni restricción específica que impida el ejercicio de la potestad tributaria del Estado de Zacatecas, como se muestra en las siguientes consideraciones jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, cuya voz indica:

Competencia concurrente. La colaboración fiscal no implica delegación de facultades, sino concurrencia de las mismas. Acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al departamento del Distrito Federal para la colaboración administrativa de este último en materia fiscal federal. Diario Oficial de la Federación del día 21 de diciembre de 1983.

Facultades concurrentes en el sistema jurídico mexicano. Sus características generales.

Con la presente Iniciativa en ningún momento se pretende invadir el ámbito de la competencia federal en materia ambiental, pues el que nos ocupa prevé la imposición de impuestos a la contaminación es de carácter concurrente, como se estableció anteriormente, el cual se fortalece con lo establecido en los artículos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, siguientes:

«Art. 21. La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, …»

«Art. 22. Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente».

Asimismo, el artículo 30 fracción III de la Ley General de Cambio Climático establece lo siguiente:

«Art. 30. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, implementarán acciones para la adaptación conforme a las disposiciones siguientes:

III. Proponer e impulsar mecanismos de recaudación y obtención de recursos, para destinarlos a la protección y reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables ante los efectos del cambio climático;»

Como se puede observar, queda totalmente fundado y motivado lo relativo a las facultades para que el Estado de Zacatecas pueda implementar los impuestos ecológicos que se describen en la presente Iniciativa.

Lo expuesto al momento, nos permite establecer que el objetivo de estos impuestos ecológicos es que el Estado cuente con recursos que le permitan atender su obligación a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para la población, de conformidad con lo establecido por el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, que incentiven cambios en la conducta de las personas que favorezcan a la salud pública.

En las generalidades de los citados impuestos se establece que le serán aplicables de manera supletoria el Código de Biodiversidad del Estado de Zacatecas y demás disposiciones vigentes en el Estado en materia de derecho al medio ambiente, que no sean contrarias a la naturaleza del derecho fiscal.

Del impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales

Se propone el impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales, el cual tiene como objeto gravar la extracción de dichos materiales, incluyendo los productos derivados de su descomposición, que no sean del dominio exclusivo de la Federación.

Es importante hacer el señalamiento de que el Estado de Zacatecas se encuentra facultado para establecer contribuciones por la extracción de minerales no reservados a la Federación y que constituyan depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como materiales del suelo y subsuelo, incluyendo los productos derivados de su descomposición, cuando la extracción de dichos materiales no necesite trabajos subterráneos, lo que encuentra fundamento en los artículos 27, cuarto párrafo, 73, fracción XXIX G y 124 de la CPEUM, así como en los artículos 2º y 5º, fracción IV de la Ley Minera.

En efecto, del artículo 27, cuarto párrafo y 73, fracciones XXIX y XXIX G de la CPEUM, así como de los artículos 2º, 4º, fracción II y 5º, fracción IV, de la Ley Minera se desprende que la Nación ejerce un dominio directo sobre todos los minerales o sustancias que, en vetas, mantos, masas y yacimientos, constituyen depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, así como de los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos y además, que el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva para establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y la explotación de estos recursos, lo que no se pretende con la aplicación de este impuesto local.

Por su parte, el texto de la «cláusula residual» del Pacto Federal establecida en artículo 124 de la CPEUM establece que las facultades que no se encuentren cedidas de manera exclusiva a la Federación, se entienden reservadas a los Estados, por lo que válidamente se puede desprender que las Legislaturas de los Estados se encuentran facultadas para establecer contribuciones por la extracción de los minerales no reservados a la Federación y que constituyen depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como materiales del suelo y subsuelo así como de los productos derivados de su descomposición siempre que su extracción no necesite trabajos subterráneos.

Asimismo, el artículo 7º, fracción X de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establece que corresponde a los Estados la prevención y el control de la contaminación generada por el aprovechamiento de las sustancias no reservadas a la Federación, por lo que resulta oportuno imponer una contribución en las áreas donde se ubican los yacimientos, evitando que los contribuyentes que se dedican a esta actividad lo hagan sin límites.

Por lo que se refiere específicamente al objeto del impuesto que se propone en la presente Iniciativa, se establece como el único acto gravado la extracción de materiales los cuales se retoman de la publicación del Anuario Estadístico de la Minería 2015, Edición 2016, del Servicio Geológico Mexicano, siendo los siguientes: agregados pétreos, andesita, arcillas, arena, caliza, cantera, caolín, grava, riolita, rocas, piedras y sustrato o capa fértil, cuyos materiales no se encuentran reservados a la Federación.

En este mismo sentido y atendiendo al hecho de que la actividad que se grava es la extracción de materiales del suelo y subsuelo cuyo dominio no se encuentre reservado a la Federación, se propone que la base sobre la cual se cause el tributo sea solamente el volumen de metros cúbicos del material extraído.

En cumplimiento a los principios de equidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 31 fracción IV de la CPEUM, se propone una cuota diferenciada de los materiales sujetos de gravamen, con base en los datos estadísticos obtenidos del Anuario Estadístico de la Minería 2015, Edición 2016, del Servicio Geológico Mexicano, respecto al costo por tonelada de producción de cada uno de ellos, considerando que el 20% del mismo sea la cuota establecida como se muestra a continuación:

Productos/Años

Toneladas Pesos Precio unitario por tonelada Cuota propuesta
  2015/p 2015/p
No metálicos 22,530,940.24 2,605,858,723.45 $115.66  
Agregados Pétreos 7,487,992.32 902,499,513.44 $120.53 $24.11
Andesita 1,362,130.00 243,294,660.63 $178.61 $35.72
Arcillas 302,576.00 21,935,247.12 $72.50 $14.50
Arena 2,510,000.00 220,697,068.23 $87.93 $17.59
Caliza 2,776,000.00 215,946,761.08 $77.79 $15.56
Cantera 123,196.42 11,267,114.50 $91.46 $18.29
Caolín 64,643.00 147,388,674.69 $2,280.04 $456.01
Grava 2,523,500.00 141,931,053.43 $56.24 $11.25
Riolita 5,360,602.50 660,332,192.24 $123.18 $24.64
Rocas 20,300.00 40,566,438.10 $1,998.35 $399.67

Se propone que los sujetos pasivos de este impuesto, sean las personas físicas, morales o unidades económicas en el Estado que realicen la extracción de los materiales objeto de la contribución, así la generalidad en el tributo queda de manifiesto, sin que tenga una carga o connotación de especificidad a sector alguno de nuestra economía.

De igual manera en respeto a los principios de tributación establecidos en la CPEUM en su artículo 31, fracción IV, se establecen con precisión, certidumbre y legalidad los elementos de esta contribución, procurando en todo momento respetar de igual manera los principios de proporcionalidad y equidad en el establecimiento de la contribución.

De la emisión de gases a la atmósfera.

El medio ambiente es un derecho humano que está garantizado en normas convencionales de las que México es parte, como el Protocolo de Kioto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 12 párrafo 2, inciso b); el Convenio de Viena para la Capa de Ozono [Entrada en vigor para México el 22 de septiembre de 1988]; y el Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias Agotadores de la Capa de Ozono [Entrada en vigor para México el 1º de enero de 1989].

De esta forma, el Protocolo de Kyoto –que enmienda a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, formulada durante la Tercera Conferencia de las Partes en 1997– en vigor desde 2005, firmado por 180 países, entre ellos México, prevé la necesidad de reducir los gases que producen el efecto invernadero a niveles cercanos a los existentes en el año 1990.

Con la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto, México requiere de reformas económicas basadas en el desarrollo económico sustentable, respetuoso del ambiente y socialmente más justo. En su actual fase, y de acuerdo con el principio de derecho ambiental internacional relativo a las responsabilidades comunes pero diferenciadas de los países que forman parte de la Convención, México tiene la responsabilidad de generar un nuevo modelo económico de desarrollo, que implica la promoción de una economía verde baja en carbón, un modelo de crecimiento desvinculado lo más posible de la generación y emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y que tienda a disminuir los daños a los habitantes de nuestro País y al planeta en su conjunto.

En estos términos, México ha asumido los compromisos previstos en el Protocolo de Kyoto, por lo que ha cumplido con la creación de un sistema nacional de estimación de emisiones, conocido como Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero que, incluso, sigue las metodologías determinadas por el propio Protocolo. México, desde el año 2007, cuenta también con el programa denominado «Estrategia Nacional de Cambio Climático» y tiene compromisos internacionales para reducir las emisiones de bióxido de carbono en 30% para el año 2020 y en 50% para el año 2050.

Esta H. Soberanía Popular, deberá coincidir con esta propuesta, bajo el criterio de que Zacatecas debe contribuir y participar en los compromisos que la República ha contraído para lograr una mejor calidad en nuestro medio ambiente que redunde en mejor calidad de vida de los zacatecanos.

Respecto de dicho Inventario Nacional de Emisiones, cabe destacar que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal presenta informes anuales del Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes [RETC] en el que se integra la información de los gases contaminantes emitidos a la atmósfera.

De acuerdo con la más cualificada doctrina económica, en política ambiental son necesarios los instrumentos administrativos y fiscales [command and control and incentives bases], por lo que se hace inexcusable la implementación de normas administrativas o registros administrativos que establezcan los parámetros de contaminación permitidos por la autoridad administrativa, en el caso mexicano, es relevante el papel que juegan las Normas Oficiales Mexicanas o los registros que tienen las Secretarías del sector tanto a nivel federal como estatal.

Los instrumentos administrativos permiten instrumentar mecanismos de control de emisiones contaminantes sin que el agente contaminador cometa alguna infracción o delito ecológico. Por eso es necesario que los instrumentos administrativos como las Norma Oficiales Mexicanas, [NOMS] o, en el caso particular, el RETC en los niveles federal, estatal y municipal, se combinen con los instrumentos tributarios, pues, de esta manera, los instrumentos fiscales serán eficientes en la persuasión de la contaminación atmosférica y, además, permiten registrar o medir el nivel de contaminación que realiza el contribuyente.

Es así que, para el establecimiento de este impuesto, se requiere la intervención de un órgano técnico que mida las emisiones de bióxido de carbono y metano, y la autoridad competente es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, por lo que se creó el RETC con fundamento en el artículo 111 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

En este mismo sentido, se requiere la autorización de la autoridad administrativa federal para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción federal que emitan gases o partículas sólidas o líquidas a la atmósfera, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 111 bis de la Ley General mencionada.

Por otro lado, en atención a lo establecido en el artículo 109 bis de la Ley General en comento, la Secretaría, los Estados, el Distrito Federal –hoy Ciudad de México– y los municipios deberán integrar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, materiales y residuos de su competencia, así como de aquellas sustancias que determine la autoridad correspondiente.

De lo anterior deriva, que la Secretaría de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Estado de Zacatecas, tenga facultades para integrar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire en los bienes y zonas de jurisdicción local, así como fuentes fijas que funcionen como establecimientos industriales, comerciales o de servicios siempre que no estén comprendidos en el artículo 111 bis de la citada Ley General.

La información que se vierta en los registros será pública y declarativa, además se integrará con datos y documentos contenidos en las autorizaciones, cédulas, informes, reportes, licencias, permisos y concesiones que en materia ambiental se tramiten ante la Secretaría o autoridad competente del Gobierno del Distrito Federal –hoy Ciudad de México–, de los Estados y, en su caso, de los municipios. En dicho sentido, por mandato legislativo [artículo 109 bis, segundo párrafo de la Ley General], las personas físicas y morales responsables de fuentes contaminantes están obligadas a proporcionar la información, datos y documentos necesarios para la integración del registro. Dicha información se integrará con datos desagregados por sustancia y por fuente, anexando nombre y dirección de los establecimientos sujetos a registro.

De acuerdo con esta argumentación, cabe aclarar que la utilización del RETC a niveles federal, estatal y municipal, no transgrede el principio de reserva de ley tributaria.

Respecto a los registros estatales y municipales, el artículo 109 bis de la Ley General que hemos citado, establece en la distribución de competencias la concurrencia a las entidades federativas para prevenir y controlar la contaminación provocada por las emisiones de humos, gases, partículas sólidas, ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, olores, generados por establecimientos industriales, así como por fuentes móviles que circulen en la Entidad.

Con los argumentos jurídicos señalados en los párrafos que anteceden, se acredita que el Estado de Zacatecas es competente para sentar las bases en prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo de conformidad con la Ley General multicitada. En este mismo sentido, el Estado de Zacatecas está facultado para establecer las bases de la prevención y control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que funcionen como establecimiento industriales y por fuentes móviles, que conforme a lo establecido en la Ley General, no sean de competencia federal.

Lo anterior revela la necesidad imperiosa y urgente de que el Estado de Zacatecas implemente acciones que contrarresten el efecto nocivo que tienen las actividades contaminantes en las que se emiten gases a la atmósfera y que afectan a los habitantes y el ambiente de la Entidad.

A nivel nacional, las políticas ambientales se han orientado al establecimiento de estímulos y subsidios para reducir la contaminación ocasionada por las actividades humanas, o bien, a la imposición de sanciones y multas cuando tales límites se exceden. Asimismo, dichas sanciones y multas se establecen cuando el desastre, el daño o la afectación ambiental, en ocasiones irreparable, se produce.

Es importante señalar a esta H. Legislatura, que con fecha 6 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Cambio Climático, constituyendo una Ley innovadora que da a México un marco para coordinar las capacidades de los tres órdenes de Gobierno, del sector privado y de la sociedad civil, para hacer frente a los efectos del calentamiento global, a los cuales nuestro País es, particularmente, vulnerable.

En consecuencia, en este proyecto se toman en cuenta las disposiciones contenidas en los artículos siguientes, en los que se establecen y fijan las siguientes potestades:

Potestad para establecer fondos y para elaborar atlas estatal de riesgo

«Art. 8º Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones:

(…)

VI. Gestionar y administrar fondos locales para apoyar e implementar acciones en la materia;

XIII. Elaborar, publicar y actualizar el atlas estatal de riesgo, en coordinación con sus municipios o delegaciones, conforme a los criterios emitidos por la Federación;

XVII. Gestionar y administrar fondos estatales para apoyar e implementar las acciones en la materia».

Potestad para suscribir convenios

«Art. 10. La Federación y las entidades federativas, con la participación, en su caso, de sus municipios, podrán suscribir convenios de coordinación o concertación con la sociedad en materia de cambio climático que, entre otros elementos, incluirán las acciones, lugar, metas y aportaciones financieras que corresponda realizar a cada parte».

Potestad tributaria y recaudatoria de las entidades federativas

«Art. 11. Las entidades federativas y los municipios expedirán las disposiciones legales necesarias para regular las materias de su competencia previstas en esta Ley».

«Art. 30. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal Centralizada y Paraestatal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias, implementarán acciones para la adaptación conforme a las disposiciones siguientes:

(…)

III. Proponer e impulsar mecanismos de recaudación y obtención de recursos, para destinarlos a la protección y reubicación de los asentamientos humanos más vulnerables ante los efectos del cambio climático…»

«Art. 10. [transitorio]. El Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios, a efecto de cumplir con lo dispuesto en esta Ley, deberán promover las reformas legales y administrativas necesarias a fin de fortalecer sus respectivas haciendas públicas, a través del impulso a su recaudación. Lo anterior, a fin de que dichos órdenes de gobierno cuenten con los recursos que respectivamente les permitan financiar las acciones derivadas de la entrada en vigor de la presente Ley».

Potestad para establecer registros

La Ley General de Cambio Climático, en comento, establece en el artículo 75 que:

«Art. 75. Las autoridades competentes de las entidades federativas y los municipios proporcionarán al INECC [Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático] los datos, documentos y registros relativos a información relacionada con las categorías de fuentes emisoras previstas por la fracción XIII del artículo 7º de la presente Ley, que se originen en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, conforme a los formatos, las metodologías y los procedimientos que se determinen en las disposiciones jurídicas que al efecto se expidan».

En este mismo sentido, el artículo 77 de la Ley General de Cambio Climático establece que «EI Sistema de Información sobre el Cambio Climático deberá generar, con el apoyo de las dependencias gubernamentales, un conjunto de indicadores clave que atenderán como mínimo diversos temas siguientes entre los cuales se encuentran: «… las emisiones del inventario nacional, de los inventarios estatales y del registro…»

Y el artículo 87 de la mencionada Ley, señala que:

«Art. 87. La Secretaría, deberá integrar el registro de emisiones generadas por las fuentes fijas y móviles de emisiones que se identifiquen como sujetas a reporte.

Las disposiciones reglamentarias de la presente Ley identificarán las fuentes que deberán reportar en el registro por sector, subsector y actividad, asimismo establecerán los siguientes elementos para la integración del registro:

I. ….

(…)

V. La vinculación, en su caso, con otros registros federales o estatales de emisiones.».…

De la lectura de los citados dispositivos de Ley, podemos observar que se define un nuevo marco institucional, muy importante en nuestro País, que establece la concurrencia competencial de la Federación, entidades federativas y municipios en la aplicación de políticas y de medidas en materia de cambio climático, que otorga plena potestad a las entidades federativas para promover reformas legales y administrativas con el objeto de lograr una mayor recaudación para apoyar la implementación de acciones para enfrentar las circunstancias que surjan motivo del cambio climático. No obstante, la facultad impositiva del Estado, como potestad constitucional concurrente, la tiene el Estado como ha quedado motivado en líneas anteriores.

Por otra parte, cabe señalar que este impuesto pretende gravar las emisiones de gases a la atmósfera siguientes: bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluoro-carbonos, perfluoro-carbonos y hexafluoruro de azufre, los dos primeros tienen una mayor incidencia en cuanto al volumen de emisiones y, por tanto, por lo que, hace al efecto contaminante de los mismos.

En términos de todo lo antes expuesto con anterioridad, es que se propone la creación de la contribución de «emisiones de gases a la atmósfera», consistente en fortalecer la concienciación y la responsabilidad ambiental de las personas físicas, morales y unidades económicas que realizan actividades empresariales, que repercuta en favor del desarrollo sustentable.

Para precisar el alcance y naturaleza de esta contribución, es importante destacar a esta H. Soberanía, que es precisamente la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente la que establece que se debe elaborar y actualizar un Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes [RETC], al que ya se ha hecho referencia en párrafos precedentes. Éste, se debe integrar con los reportes de las emisiones y transferencias de contaminantes realizados por las industrias sujetas a regulación federal y por las sujetas a regulación estatal y/o municipal [Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, por sus siglas LGEEPA, artículo 109 bis], para que se integre la base de datos nacional, la Federación y los Estados y/o municipios podrán firmar acuerdos de colaboración para la transferencia de la información.

La LGEEPA establece qué industrias están bajo jurisdicción federal, y el resto lo está bajo jurisdicción estatal o municipal [artículo 111 bis], el mismo artículo declara la existencia de un reglamento que establecerá los subsectores industriales pertenecientes a las ramas industriales mencionadas en el artículo y que estarán sujetos a la legislación federal en materia de emisiones.

En el artículo 113 de la LGEEPA se establece que en las emisiones a la atmósfera se deben acatar los límites definidos por los reglamentos o las Normas Oficiales Mexicanas y el artículo 111 faculta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por sus siglas: «SEMARNAT», para expedir Normas Oficiales Mexicanas para establecer los límites máximos permisibles de emisiones y los umbrales emisiones y/o concentración para que una empresa esté obligada a reportar sus emisiones al RETC federal o estatal/municipal. También el artículo 18 del Reglamento de la LGEEPA establece que las substancias sujetas a reporte y sus umbrales serán definidas en Normas Oficiales Mexicanas.

De esta manera, la actualización de las listas de sustancias químicas a ser reportadas al RETC y los umbrales de reporte se establecerán en Normas Oficiales Mexicanas, lo que permite incorporar de manera más ágil a la normatividad, los avances del conocimiento científico sobre los potenciales daños a la salud y los ecosistemas.

Por su parte, las Normas Oficiales Mexicanas que definen que substancias deben reportarse y sus umbrales de reporte, lo deben hacer con base a los criterios de: persistencia ambiental, bioacumulación, toxicidad, teratogenicidad, mutagenicidad o carcinogenicidad y, en general, por sus efectos adversos al ambiente. Estos umbrales consisten en un compromiso sustentado en criterios técnicos entre el impacto potencial en la salud o el ambiente de una sustancia química y las cargas que se le imponen a la industria y a las agencias reguladoras para generar y mantener el RETC. Las sustancias químicas a reportar y sus umbrales están establecidas en la NMX-AA-118-SCFI-2001.

Cada sustancia tiene su umbral específico, por lo que una empresa deberá incluir en su informe anual, llamado Cédula de Operación Anual [COA] cada una las sustancias que emita o transfiera y que se encuentren enlistadas en la NMX-AA-118-SCFI-2001 y que excedan los umbrales correspondientes. En la actualidad son 104 compuestos químicos y la norma están en proceso de revisión durante el cual se pueden agregar más compuestos.

Elementos del impuesto sobre emisiones de gases a la atmósfera.

De acuerdo con todo lo anterior, con la adición a la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas que se propone, se establece como objeto de este impuesto las emisiones de gases a la atmósfera generadas en las actividades comerciales o industriales que la propia Ley define.

La propuesta de Decreto establece cuáles son los gases que se considerarán como sustancias contaminantes de la atmósfera, esto es, bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluoro-carbonos, perfluoro-carbonos y hexafluoruro de azufre, lo cual atiende a su peligrosidad en la salud de las personas, a las altas cantidades de emisión y a su elevada contribución a que se genere el efecto invernadero.

El impuesto se pagará aplicando la cuota de 250 pesos a cada tonelada de emisiones registradas.

Esta cuota es congruente con la establecida a nivel internacional para gravámenes de esta índole y refleja el daño generado, en términos monetarios, de cada tonelada de gases emitida a la atmósfera [o, igualmente, el beneficio en términos monetarios que la sociedad deja de percibir por cada tonelada de gases emitida a la atmósfera]. Para determinar el monto del impuesto, se empleó un análisis del beneficio neto derivado de una serie de estrategias para reducir las emisiones de gases.

Cabe señalar que la contribución no es onerosa si consideramos que estudios de derecho comparado, indican que en otros países se prevé el cobro de un impuesto semejante conforme a lo siguiente:

Canadá

La Columbia Británica estableció en julio de 2009 un impuesto sobre el carbono de 15 $CAN [alrededor de 9,65 €] por tonelada de CO2 que fue aumentando gradualmente 5 $CAN cada año hasta los 30 $CAN, [sobre 19.30 €] en el año 2012.

Dinamarca

La tasa ascienda a 12 euros [en promedio] por tonelada de CO2, con tasas reducidas para algunas industrias.

Suiza

La cuota es una cantidad de 12 francos por tonelada de CO2, [7.91 €] en 2008, 24 francos, [15.82 €] en 2009, 36 francos [23.72 €] en enero del año 2010.

Australia

La cuota del impuesto es de 23 dólares locales [alrededor de 25 dólares] por emisión de una tonelada de dióxido de carbono a partir del 1º de julio del año 2012.

Es base de este impuesto la cuantía de carga contaminante de las emisiones gravadas que se realicen desde la o las instalaciones o fuentes fijas expresadas en toneladas.

Para la determinación de la base imponible el contribuyente la determinará mediante medición o estimación directa de las emisiones que genere o, en su caso, se tomará como referencia el último Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes [RETC] de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, así como de los reportes de emisiones del registro estatal de emisiones a cargo de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

Para la determinación de las toneladas emitidas, el contribuyente realizará la conversión de los gases objeto de este impuesto en bióxido de carbono [CO2], multiplicando la tonelada del tipo de gas emitido por el factor relacionado conforme a la tabla siguiente:

Gases efecto invernadero Composición molecular

Equivalencia CO2

Bióxido de carbono CO2 1
Metano CH4 23
Óxido nitroso N2O 296
  HFC-23 12,000
  HFC-125 3,400
  HFC-134a 1,300
Hidrofluoro-carbonos HFC-152a 120
  HFC-227ea 3,500
  HFC-236fa 9,400
  HFC-4310mee 1,500
  CF4 5,700
  C2F6 11,900
Perfluoro-carbonos C4F10 8,600
  C6F14 9,000
Hexafluoro de azufre SF6 22,200

A cuenta de este impuesto se harán pagos provisionales mensuales, que se presentarán a más tardar el día 17 del mes siguiente que corresponda al mismo, mediante los formularios que para esos efectos apruebe y publique la Secretaría.

Asimismo, se deberá presentar una declaración anual por este impuesto a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año del ejercicio de que se trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de este impuesto del ejercicio que corresponda.

Lo anterior, sin perjuicio de las multas, responsabilidades o sanciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, u otras responsabilidades penales, civiles o administrativas y demás disposiciones que resulten aplicables por el riesgo de pérdida de vida humana, así mismo por deterioro que causa a la salud pública y el daño al ambiente.

Se propone que los sujetos pasivos de este impuesto, sean las personas físicas, morales o unidades económicas en el Estado que realicen los hechos generados de la contribución, para dar muestra de la generalidad en el tributo al emitir gases a la atmosfera, sin que tenga una carga o connotación de especificidad a sector alguno de nuestra economía.

De igual manera en respeto a los principios de tributación establecidos en la CPEUM en su artículo 31, fracción IV, se establecen con precisión, certidumbre y legalidad los elementos de esta contribución, procurando en todo momento respetar de igual manera los principios de proporcionalidad y equidad en el establecimiento de la contribución.

De la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua

Para comprender la importancia de este impuesto en primer término debemos considerar que la contaminación del suelo es una degradación de la calidad del suelo relacionada con la presencia de sustancias químicas. Se define en términos generales como el aumento en la concentración de compuestos químicos, de origen n humano o derivado de la actividad del hombre, que provoca cambios perjudiciales y reduce su empleo potencial, tanto por parte de la actividad humana, como por la naturaleza.

Se habla de contaminación del suelo cuando se introducen sustancias o elementos de tipo sólido, líquido o gaseoso que provocan un daño en las plantas, la vida animal y la salud humana.

El suelo puede contaminarse de diversas formas: cuando se rompen tanques de almacenamiento subterráneo, cuando se utilizan pesticidas, por filtraciones del alcantarillado y pozos ciegos, o por acumulación de productos industriales o radioactivos.

Los productos químicos que suelen relacionarse con la contaminación y que son de los que comúnmente se encuentran en suelo y subsuelo incluyen derivados del petróleo, solventes, pesticidas y otros metales pesados. Este fenómeno está vinculado muy de cerca con el grado de industrialización e intensidad del uso de productos químicos.

Las consecuencias por la presencia de químicos en el suelo y subsuelo afecta en un primer momento a las plantas, pues éstas se encuentran en contacto directo con el suelo. Así pues, las plantas a través de sus raíces pueden absorber las sustancias nocivas lo que les ocasiona la muerte. Si un animal consume hierba contaminada por efecto del suelo corre el riesgo de enfermar y dependiendo del tipo y cantidad de contaminantes puede morir. Cabe señalar que los animales, en el caso de Zacatecas típicos de la región como los tuzos y perritos de la pradera, pueden entrar en contacto directo con el suelo contaminado al excavar sus madrigueras, por lo que es posible que los contaminantes se inhalen a través del polvo.

Ahora bien, es posible que el metabolismo de los microorganismos que habitan en el suelo se altere y esto provoque consecuencias en las cadenas alimentarias, con efectos graves en las especies depredadoras.

Al ser Zacatecas un productor agrícola corre un riesgo más, pues si un suelo agrícola está contaminado, ocasiona que los cultivos se pudran y de esta manera disminuye el rendimiento de los cultivos y el suelo pierde su protección natural contra la potencial erosión.

De acuerdo con el tipo de contaminante al que una persona se expone, puede contraer alguna enfermedad. Por ejemplo, el plomo, el cromo, los pesticidas y los herbicidas son potentes cancerígenos, y el benceno tiene incidencia en algunos casos de leucemia.

Otros efectos dañinos consisten en fatigas, dolores de cabeza, náuseas, irritación en los ojos y erupciones en la piel, pero es importante considerar que la exposición directa al suelo contaminado con sustancias muy tóxicas puede ocasionar la muerte.

Al emitirse al suelo y subsuelo sustancias contaminantes nocivas se afecta la salud de los seres humanos por medio del contacto directo con el suelo o bien, por inhalación de los contaminantes vaporizados o elevados por ventiscas suspendiéndolas en el aire. Asimismo, hay probabilidades de contraer enfermedades cuando las sustancias se infiltran desde el suelo hacia las fuentes de agua subterránea usadas para el consumo.

Ahora bien, para atender los problemas de salud, al campo, a la infraestructura, la educación entre otros, es necesario que el Estado cuente con recursos que le permita atender estas obligaciones como consecuencia de la contaminación citada, motivo por el cual se propone la creación del impuesto a la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, lo que redundará de igual forma a la responsabilidad sobre el manejo de diversas sustancias que ocasionan un daño a la salud y al medio ambiente el cual será aplicable a las personas físicas, las personas morales, así como las unidades económicas que en el territorio del Estado de Zacatecas, independientemente del domicilio fiscal del contribuyente, bajo cualquier título, por sí mismas o a través de intermediarios, realicen esa emisión de contaminantes.

En cuanto a este impuesto se determinó la base considerando las Normas Oficiales Mexicanas siguientes:

NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012: «Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación»;

NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004: «Que establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y vanadio»,

NOM-001-SEMARNAT-1996: «Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales».

Concluyendo señalar como base la cantidad en metros cuadrados de terreno o metros cúbicos de agua afectados según corresponda, con sustancias contaminantes que se emitan o se viertan desde la o las instalaciones o fuentes fijas expresadas según sea el caso en:

-Para suelo y subsuelo en miligramos por kilogramo, base seca, obtenidos de muestras que se realicen conforme a las Normas Oficiales Mexicanas en cada cien metros cuadrados de terreno, de acuerdo a lo siguiente:

a) Suelos contaminados por hidrocarburos:

Previendo esta Iniciativa de ley, que las muestras para determinar la cantidad de miligramos por kilogramo, base seca por cada cien metros cuadrados de terreno, se obtendrán conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012: «Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación»;

b) Suelos contaminados por: arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y vanadio.

De igual manera se prevé en esta Iniciativa de ley, que las muestras para determinar la cantidad de miligramos por kilogramo, base seca por cada cien metros cuadrados de terreno, se obtendrán conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004: «Que establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y vanadio».

-Para agua en miligramos en litros, que se presenten por cada metro cúbico, con base en lo siguiente:

Previendo esta Iniciativa de ley que las muestras para determinar la cantidad de miligramos por litro por cada metro cúbico de agua, se obtendrán conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996: «Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales».

Para efectos de este impuesto, se entenderá que los valores presentados representan una unidad de contaminantes en metros cuadrados de terreno o metros cúbicos de agua afectados según corresponda.

El impuesto se causará aplicando los equivalentes y cuotas siguientes:

-Suelo y subsuelo: una cuota impositiva por el equivalente a 25 pesos por cada cien metros cuadrados afectados con las sustancias contaminantes.

-Agua: Contaminantes en aguas residuales básicos y en aguas residuales, ocasionado por metales pesados y cianuros, una cuota impositiva por el equivalente a 100 pesos por cada metro cúbico afectado con las sustancias contaminantes.

Dado que existen contaminantes complejos por su composición se prevé que si el suelo, subsuelo o agua fueron contaminados con dos o más sustancias de las mencionadas la cuota se pagará por cada contaminante.

Asimismo para el caso de suelo y subsuelo, por los excedentes en contaminantes en miligramos por kilogramo, base seca, que se presente por cada cien metros, se deberá aplicar una cuota de 25 pesos por cada unidad de medida entera o fracción adicional de contaminantes.

En cuanto a los excedentes en contaminantes en miligramos en litro que se presenten por metro cúbico, se deberá aplicar una cuota de 100 pesos por cada unidad de medida entera o fracción adicional de contaminantes.

Se propone que los sujetos pasivos de este impuesto, sean las personas físicas, morales o unidades económicas en el Estado que realicen emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua objeto de la contribución, para provocar así la generalidad en el tributo sin que tenga una carga o connotación de especificidad a sector alguno de nuestra economía.

De igual manera, en respeto a los principios de tributación establecidos en la CPEUM en su artículo 31, fracción IV, se establecen con precisión, certidumbre y legalidad los elementos de esta contribución, procurando en todo momento respetar de igual manera los principios de proporcionalidad y equidad en el establecimiento de la contribución.

Impuesto al depósito o almacenamiento de residuos

Dentro de los problemas sociales de nuestro País, en la actualidad uno de los principales es el manejo adecuado de residuos en cualquiera de sus formas y de sus clasificaciones, desde el año 2003 se emitió la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos que regula la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de su manejo especial, además señala distintas acciones de la prevención de la contaminación y remediación de sitios con dicha clase de residuos. En México, según datos reportados por el portal de «Centro Mexicano de Derecho Ambiental» A. C., se producen 10 millones de metros cúbicos de basura cada mes depositados en más de 50 mil tiraderos de basura legales y clandestinos.

El problema es cada vez más grave porque ha aumentado la actividad industrial y genera muchos productos que son tóxicos o muy difíciles de incorporar a los ciclos de los elementos naturales, por sus características y composición. En no pocas ocasiones los productos químicos acumulados en vertederos, que después han sido recubiertos de tierra y utilizados para construir viviendas sobre ellos, han causado serios problemas en las viviendas y en la salud de las personas.

Hasta hace poco tiempo los residuos sin importar su tipo o clasificación se depositaban, sin más, en vertederos, ríos, mares, lotes baldíos, terrenos abandonados o cualquier otro lugar que se encontrara cerca. En las sociedades agrícolas y ganaderas se producían muy pocos residuos no aprovechables. Con la industrialización y el desarrollo, han aumentado la cantidad y variedad de residuos que se generan.

Durante varios decenios los residuos se han seguido eliminando por el simple sistema del vertido. Se hacía esto incluso con la cada vez mayor cantidad de sustancias químicas tóxicas que se producen. Pero se han ido comprobando, con el transcurso del tiempo, las graves repercusiones para la higiene y la salud de las personas, las plantas, los animales, y los importantes impactos negativos sobre el ambiente que tiene este sistema de eliminación de residuos.

En este contexto para efectos ejemplificativos, la industria minera genera residuos que comúnmente se denominan relave [jale o cola] que son un conjunto de desechos tóxicos derivados de los procesos mineros de la concentración de minerales, usualmente constituido por una mezcla de rocas molidas, agua y minerales de ganga, [o sin valor comercial], aunque también se encuentran bajas concentraciones de metales pesados, tales como, cobre, plomo, mercurio y metaloides como el arsénico.

Los procesos de recuperación de minerales son solo parcialmente eficientes y por tanto, un porcentaje de los minerales que se desea extraer, permanece en los jales mineros. Estos procesos de recuperación o extracción de minerales también pueden concentrar minerales no deseados.

Los relaves contienen altas concentraciones de químicos y elementos que alteran el medio ambiente, por lo que deben ser transportados y almacenados en «tranques o depósitos de relaves» donde lentamente los contaminantes se van decantando en el fondo y el agua es recuperada mayoritariamente, y otra parte se evapora. El material queda dispuesto como un depósito estratificado de materiales sólidos finos. El manejo de relaves es una operación clave en la recuperación de agua y para evitar filtraciones hacia el suelo y napas subterráneas, ya que su almacenamiento es la única opción. Para obtener una tonelada de concentrado se generan casi 30 toneladas de relave o residuos.

Como resultado de los procesos de molienda, las grandes rocas que contienen los minerales se convierten en las partículas pequeñas de los jales mineros. Estas partículas de material fino a medio [limoso arenoso], de los jales mineros ahora pueden fácilmente ser suspendidas en la atmósfera mediante la acción del viento y ser dispersadas a través del medio ambiente en forma de partículas de polvo. Este polvo de los jales mineros puede contener altas concentraciones de materiales potencialmente peligrosos.

Debe considerarse que el polvo de los jales mineros puede afectar la salud humana por sus características físicas [p.ej., las partículas de tamaño pequeño se inhalan y depositan en los pulmones de forma más eficiente], y porque este polvo contiene una cantidad de substancias que son potencialmente peligrosas. Algunos contaminantes son más bioaccesibles [solubles en los fluidos humanos y disponibles para ser absorbidos por el cuerpo], que otros y tienen un mayor potencial para causar problemas de salud.

Las personas pueden ser expuestas a los contaminantes en los jales mineros a través de:

-El contacto con la piel.

-La ingestión [comer polvo].

-La inhalación [respirar polvo].

En materia de residuos sólidos urbanos en el Estado de Zacatecas no hay labores fundamentales para el tratamiento y disposición final de residuos sólidos, la infraestructura con la que contamos se llama «tiraderos» y en algunos casos «rellenos sanitarios municipales», lo que conforma no sólo la práctica insuficiente del cuidado ambiental, perjudicando de manera inmediata a la población, que en no pocos casos, se encuentra viviendo a poca distancia de estos depósitos de basura y a largo plazo daña el ecosistema, de ahí la necesidad de contar con recursos fiscales que permitan atender estas obligaciones de gasto en atención a la salud e infraestructura para un mejor ambiente.

Partiendo de la definición de residuo prevista en el artículo 3º fracción XXXII de la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente que señala como residuo cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó.

En este contexto, el impuesto que nos ocupa plantea como sujetos a las personas físicas y morales, así como las unidades económicas sean o no residentes en el Estado de Zacatecas, generadoras del residuo y que por sí mismas o a través de intermediarios depositen o almacenen residuos en vertederos públicos o privados.

Es base gravable para este impuesto la cantidad en tonelada de residuos depositados o almacenados en vertederos públicos o privados, situados en el Estado de Zacatecas generados durante un mes de calendario o fracción del mismo.

El impuesto al depósito o almacenamiento de residuos en vertederos públicos o privado se causará aplicando una cuota de 100 pesos por tonelada de residuos depositados o almacenados en vertederos públicos o privados.

Se propone que los sujetos pasivos de este impuesto, sean las personas físicas, morales o unidades económicas en el Estado que en razón de sus actividades realicen el depósito o almacenamiento de residuos objeto de la contribución, para provocar así la generalidad en el tributo sin que tenga una carga o connotación de especificidad a sector alguno de nuestra economía.

De igual manera como en otras fuentes de tributación propuestas en esta Iniciativa, en respeto a los principios de tributación establecidos en la CPEUM en su artículo 31, fracción IV, se establecen con precisión, certidumbre y legalidad los elementos de esta contribución, procurando en todo momento respetar de igual manera los principios de proporcionalidad y equidad en el establecimiento de la contribución.

Extra fiscalidad y destino de los impuestos ecológicos:

La implementación de contribuciones de carácter ecológico, deben ir acompañadas de un fin extrafiscal, motivo por el cual en la Iniciativa de Ley que se propone contempla lo siguiente:

-Para efectos de lo establecido en las secciones III, IV y V del capítulo I de la Iniciativa de ley cuando exista una disminución de los contaminantes objeto de los impuestos, sea de un 20% o más entre un año y otro, se efectuará una reducción en un 20% del impuesto que le corresponda pagar en el ejercicio inmediato siguiente en el que se observe la disminución.

Para la procedencia del estímulo los contribuyentes deberán acreditar ante la Secretaría, las reducciones efectivas, a través de la documentación que contable y jurídicamente sea procedente.

Destino de los impuestos:

Los ingresos que se obtengan de la recaudación de los impuestos ecológicos, se destinarán prioritariamente, a las áreas de mayor afectación ambiental y de rezago económico e incluirán las de coinversión con el Gobierno Federal o algún otro mecanismo financiero que permita potenciar estos recursos, en los rubros siguientes:

I. Obras, infraestructura y operación de los servicios de salud;

II. Obras, infraestructura, mejoramiento o restauración del equilibrio ecológico;

III. Acciones estatales de inspección y vigilancia de fuentes fijas de contaminantes y de cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables;

IV. Desastres naturales, contingencias ambientales por sequías, ciclones, sismos, entre otros; y

V. Vivienda, para reubicación de los habitantes de zonas de riesgo;

VI. Así como a las materias a que hace referencia la fracción II del artículo 8º de la Ley General de Cambio Climático.

Impuesto adicional para infraestructura:

El objeto de este impuesto lo constituyen los pagos que se deban efectuar por concepto del derecho de control vehicular establecidos en la Ley. Son sujetos de este impuesto los contribuyentes que deban realizar los pagos de derecho de control vehicular; la base de este impuesto lo constituirán el monto total del pago que deban realizar los contribuyentes por el concepto antes señalado y a la base gravable se le aplicará la tasa del 30%.

El pago de este impuesto se efectuará en el momento en que se realice el pago del derecho de control vehicular. Los sujetos de este impuesto están obligados a enterarlo a través de la oficina recaudadora correspondiente y en las instituciones bancarias o en los medios que la Secretaría de Finanzas tenga autorizados.

Los ingresos que se obtengan de la recaudación del impuesto se destinará a la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un tres por ciento [3%] del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura; como fuente de financiamiento para su aportación en convenios de coordinación, reasignación o pari passu con el Gobierno Federal, siempre y cuando su destino sea lo establecido anteriormente y al saneamiento financiero, a través de la amortización de la deuda pública, expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior, siempre y cuando su contratación provenga de los conceptos antes señalados.

Respecto a la procedencia legal de su implementación, existen diversas tesis y jurisprudencias, de impuestos similares que observan cumplimiento a los principios de legalidad, generalidad, equidad, proporcionalidad y gasto público, establecidos en el artículo 31 fracción IV de la CPEUM, como se muestra según la voz que en seguida de detalla para cada una de ellas:

Impuesto, no es inconstitucional la ley que fija el destino del. [Decreto numero 293, de 17 de junio de 1967, que crea un impuesto adicional destinado al sostenimiento de la universidad de chihuahua].

Turismo. El artículo 13 de la ley número 219, de ingresos del Estado de Guerrero, para el ejercicio de 1996, que establece el impuesto adicional para fomentarlo, no viola el principio de legalidad tributaria.

Gasolinas y diésel. El impuesto a la venta final al público en general en territorio nacional de esos productos, es de carácter adicional y no constituye una sobretasa.

Gasolinas y diésel. El artículo 2º A, fracción II, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que prevé el impuesto por la venta final al público en general en territorio nacional de esos productos, no transgrede el principio de legalidad tributaria.

Finalmente la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 114/2013 fijó su postura al interpretar que los impuestos adicionales solo son constitucionales cuando gravan en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza previamente sujeta a imposición a través de un impuesto primario, como operan las «sobretasas» u otras contribuciones adicionales cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica.

El impuesto en comento no viola la fracción IV del artículo 31 constitucional, ni la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la obligación a que dicho artículo se refiere tiene por objeto la satisfacción de los gastos públicos que el Estado debe cubrir en beneficio de la colectividad. Que con los impuestos deban cubrirse los gastos públicos no constituye una prohibición, para que el tributo, por la ley del Congreso, se destine desde su origen a cubrir un gasto en especial, si es en beneficio de la colectividad y a ello está obligado el Estado.

Si alguna prohibición contiene el precepto, no es otra que la de que el impuesto se destine a fines diferentes a los del gasto público pero en el caso se destina a los precitados conceptos que constituyen un gasto público. En consecuencia, mientras el impuesto se destine a un gasto público, se estará cumpliendo con el mandato constitucional de destinar el impuesto a gastos en beneficio de la colectividad, esta hipótesis se encuentra prevista en el artículo 7º Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

El principio de igualdad establecido en la Constitución no se propone sancionar en materia de impuestos un sistema determinado ni una regla férrea por la cual todos los habitantes o propietarios deban contribuir con una cuota igual al sostenimiento del Gobierno, sino que tiende a que en condiciones análogas se impongan gravámenes idénticos a los contribuyentes. Ese principio no priva al legislador de la facultad de crear categorías de contribuyentes con impuestos distintos, siempre que las distinciones, categorías o clasificaciones se apoyen en una base razonable y respondan a una finalidad económica o social.

Si bien a todo impuesto tiene que corresponder una capacidad contributiva, la determinación de las diversas categorías de contribuyentes puede hacerse por motivos distintos de la sola medida económica de esa capacidad.

El valor económico de los bienes que constituye el objeto material del impuesto no determina por sí solo y a veces no determina de ningún modo, las distintas categorías de contribuciones ni las que el régimen impositivo hace de los bienes gravados y de la situación de los contribuyentes a este respecto. En estas determinaciones pueden intervenir factores que no son económicos o que lo son sólo indirectamente.

Tanto el tesoro público como el régimen impositivo con que se le constituye, son instrumentos de Gobierno y para la obtención del bien común que es la finalidad de todo sistema tributario ha de considerarse, no exclusivamente en la mayor o menor cantidad contributiva de cada uno sino también en un mayor o menor deber de contribuir que tiene razón de ser distinta de solo la capacidad económica de quien contribuye.

En la vida social, la función de los bienes o riquezas, tenida en cuenta por el legislador al imponer contribuciones, no es exclusivamente económica; como se dijo, es desde el punto de vista de lo que requiere el bien de la comunidad, fundamento y requisito de todo bien particular de quienes la constituyen que ha de ser apreciado a la condición de cada uno de los contribuyentes y determinada la función de los distintos bienes o especies de riqueza cuando se trata de igualar la obligación de los primeros y posibilidad de los segundos respecto a los fines del Estado, en vista de los cuales se establecen los sistemas impositivos y para cuyo servicio se forma el erario público; y desde este punto de vista, pueden ser desiguales los valores económicos, equivalentes, o lo contrario, pues la igualdad jurídica con que se constituye el orden de la sociedad es una igualdad proporcional.

La garantía de la igualdad en realidad establece: que las leyes deben tratar igualmente a los iguales, en iguales circunstancias. Como esta igualdad debe tomar en consideración tanto las diferencias que caractericen a cada una de las personas, en la materia regulada por el régimen legal de que se trate, para determinar quiénes son iguales cuando la relación en que la particular obligación, impuesta por la ley esté con las necesidades o conveniencias generales en el lugar, tiempo y modo de su aplicación para determinar si son o no iguales las circunstancias las leyes pueden y aún deben, establecer categorías diversas a condición de que la decisión sea razonable, es decir, tenga razón de ser en la naturaleza de las cosas de que se trate.

En ambas determinaciones se trata de trascender las apariencias de la igualdad aritmética para discernir desigualdades esenciales y hallar el modo de compensarlas mediante obligaciones o exenciones legales que igualen ante la ley a todos los comprendidos en su regla.

En otro aspecto, derivado del análisis del impuesto que se pretende establecer, no se encuentra que él, falte a la igualdad establecida como garantía constitucional, ni a la generalidad. Este impuesto de ninguna manera es exorbitante o ruinoso. Tampoco es desproporcionado en relación con los recursos del causante final del impuesto.

Tampoco falto de equidad, ni en sí mismo, ni en relación con el sistema fiscal, ni siquiera en el concepto de equidad, considerada como la manifestación del sentido de lo justo innato en el hombre y en la colectividad o resultado de su evolución, que tienda a realizarse en el derecho positivo, en cuanto éste no siempre toma en cuenta las circunstancias de hecho, en cuyo caso, la equidad tiende a templar el rigor del derecho, por medio de una benigna interpretación, que permite tener en cuenta las diferencias individuales y llega a significar el ideal que el derecho positivo debe proponerse realizar, en el derecho fiscal: gravando a los individuos según la actividad que desarrollen, la fuente y cuantía de sus ingresos, el de sus necesidades, el interés de la colectividad en la actividad desarrollada y su cooperación al bienestar general.

Con ello se pretende que, en la medida de lo posible, el Estado puede proyectar y/o sentar las bases para generar infraestructura estratégica para el desarrollo económico y de vías de comunicación, desarrollar proyectos para la rehabilitación y expansión de la infraestructura requerida por los sectores productivos y de servicios, promover la creación de infraestructura que dé valor agregado a los procesos de producción y prestación de servicios, desarrollar infraestructura con servicios integrales, y, en general, fortalecer la infraestructura existente y promover la construcción de infraestructura que permita operar al Estado de Zacatecas como un centro de apoyo logístico, administrativo y de servicios.

Impuesto estatal a la venta final de bebidas alcohólicas

Por otro lado, los argumentos que sustentan la propuesta de un nuevo, impuesto estatal a la venta final de bebidas alcohólicas se cimientan en los siguientes motivos:

México ha estado en la vanguardia en la epidemiología de las adicciones, ya que desde 1980, se han realizado cinco encuestas nacionales, en 1988, 1993, 1998, 2002 y 2008, las tres primeras registraban datos urbanos y en las dos últimas se agregaron datos del medio rural. Si existe una sustancia adictiva que cuenta con altos niveles de aceptación social, y que en algunos casos es asumida incluso como sinónimo de prestigio, esa es el alcohol.

De manera preocupante, la edad de inicio en el consumo de esta sustancia sigue descendiendo tanto en hombres como en mujeres, siendo cada vez mayor el número de adolescentes que tienen acceso al consumo y abuso del alcohol.

Lo anterior se sostiene al considerar los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 elaborado por la Secretaría de Salud, a través de la subsecretaría de prevención y promoción de la salud, la Comisión Nacional Contra las Adicciones [CONADIC], el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones [CENADIC]; en este documento se muestra cómo, en el 2011, la droga tanto de impacto como de inicio mayormente reportada es precisamente el alcohol.

De acuerdo con la información oficial, el abuso o dependencia del alcohol incrementó del 4.1% en 2002 a 5.5% para el 2008. Por sexo, ambos tuvieron incrementos importantes [8.3% a 9.7% en hombres y de 0.4% a 1.7% en mujeres]. La información obtenida de los pacientes que acuden por primera vez a los Centros de Integración Juvenil muestra consistencias con lo reportado por los centros gubernamentales. En estos centros, 25,665 personas solicitaron atención en 2009, siendo la principal sustancias que motivo la demanda de tratamiento el alcohol.

Bajo este contexto global, a continuación se muestran los resultados arrojados por estudios llevados a cabo en el País, como preámbulo y referente de los resultados encontrados en la Encuesta Nacional de Adicciones 2011.

-De acuerdo al último informe publicado por SISVEA, durante el año 2009, 1,118 centros de tratamiento proporcionaron información de 70,467 personas que acudieron a solicitar tratamiento.

-Los tres Estados que reportaron más casos y centros de tratamiento, fueron Baja California, Chihuahua y Jalisco. El alcohol fue la droga de inicio más reportada [49.1%], seguida de tabaco [18.4%] y la mariguana [17.8%].

-La droga de impacto más frecuente a nivel nacional fue el alcohol, mencionada por 29,417 personas; 10,450 personas mencionaron la cocaína, 8,235 a la mariguana y 6,950 a las metanfetaminas.

-La mayoría de los entrevistados tenía 35 años de edad o más [39%] seguido del grupo de 15 a 19 años [16.8%]. El mayor porcentaje de adultos de 35 años o más reportaron como droga de impacto al alcohol [55.3%].

-A partir del 2012 se ha empezado a contar con información de personas atendidas en tratamiento y no de eventos. Se atendieron 5,437 casos; de los cuales el 44.8% fue por alcohol.

A continuación se presentan los resultados para los centros de tratamiento no gubernamentales, derivados del sistema de vigilancia epidemiológica solamente en lo que respecta a la región sur del País donde aparece la problemática en nuestro Estado.

a) Resultados en base a la droga con que iniciaron su consumo [droga de inicio]

Región sur: Esta región tiene como principales drogas al alcohol, seguida del tabaco y la mariguana. Adicionalmente, la mariguana ocupa el segundo lugar en Quintana Roo y Tabasco, mientras que en Zacatecas, Chiapas y Yucatán el tabaco es la segunda droga;

b) Resultados en base a la droga que los llevó a solicitar tratamiento [droga de impacto]

Región sur: En todos los Estados de esta región, el alcohol ocupa el primer lugar. En Zacatecas, Quintana Roo y Tabasco el crack sigue siendo la segunda droga a pesar de registrar decrementos importantes, en tercer lugar aparece la mariguana;

c) Resultados en base a las drogas que han consumido los usuarios [consumo alguna vez]

Región sur: En la región sur, el alcohol constituye la principal droga de consumo, con porcentajes altos.

En un comparativo entre los datos emitidos por la OCDE [en el 2009 era de 9.1 litros al año, por persona] y el estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales [que exhibe un consumo de 8.4 litros] se refleja que la ingesta bajó 700 mililitros. En México, 46% de la población ha consumido alcohol y según las personas consultadas se iniciaron después de cumplir la mayoría de edad; sin embargo, la percepción ciudadana es que el problema comienza a los 14 años de edad.

La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales [FLACSO] presentó el estudio «Patrones de Consumo de Alcohol en México 2012», liderado por Carlos Sojo, en el cual se indica que de manera individual los hombres mexicanos cuando beben consumen casi 8.4 litros anuales; mientras que las mujeres, 1.4 litros.

Los mayores índices de consumo alto de alcohol se ubican en Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Distrito Federal, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Querétaro; le siguen Zacatecas, Quintana Roo, Sonora, Baja California Sur, Nuevo León y Tamaulipas.

El panorama actual, según la «investigación social y cultural sobre el consumo del alcohol y el alcoholismo en México» del Doctor Luis Alfonso Berruecos Villalobos; en el País, se consume alcohol tanto de manera regular y responsable como en exceso, pero la mayoría de los individuos han caído desafortunadamente en la enfermedad llamada alcoholismo.

-Más del 13% de la población presenta síndrome de dependencia al alcohol.

-12.5 % son hombres y 0.6% son mujeres entre 18 y 65 años de edad.

-El alcoholismo el principal causante de accidentes con un 70 %, 60 % de los traumatismos.

-El 80 % de los divorcios están asociados del alcoholismo.

-El 60 % de los suicidios vinculados con el alcoholismo.

El alcoholismo sin duda alguna constituye un grave problema de salud pública, en casi todos los países del mundo, y en el caso de México según la investigación del Doctor Luis Alfonso Berruecos Villalobos, publicadas en la página de Internet http://www.animalpolitico.com/2012/03/las-cifras-del-alcoholismo-en-mexico/ bajo el título «Las cifras del alcoholismo en México»; sin considerar los daños provocados por el consumo excesivo se calcula que existen cerca de 9 millones de personas inválidas por el alcoholismo.

-El alcoholismo representa el 11.3% de la carga total de enfermedades.

-49 % de los suicidios.

-El 38 % de los homicidios en el País son cometidos por estar bajo los efectos del alcohol.

-El 38 % en casos sobre lesiones, particularmente entre jóvenes de 15 y 25 años de edad, los accidentes ocupan la primera causa de mortalidad.

Se calcula que aproximadamente 2 millones 600 mil personas entre los 12 y los 45 años de edad, no tienen acceso a tratamiento médico para esta enfermedad de dependencia al alcohol.

El alcohol es una droga tan dañina como la marihuana, la cocaína o el tabaco que matan a fuego lento. Según un estudio, los principales problemas de salud que causa la enfermedad del alcoholismo son la gastritis, esofagitis, daño renal y en casos extremos cirrosis hepática y pancreatitis.

En el aspecto social provoca accidentes viales, actos violentos y es responsable en alto grado del maltrato y deterioro del ambiente familiar, además de ausentismo laboral, entre otras repercusiones.

Las mujeres bebedoras:

Según estudios de la división de investigaciones epidemiológicas y sociales, del Instituto Nacional de Psiquiatría «Ramón de la Fuente Muñiz» de la Secretaría de Salud:

-El 9% de las mujeres entre los 18 y los 65 años de zonas urbanas beben 5 copas o más en cada consumo.

-El 1% de mujeres son dependientes del alcohol.

-El 10 % de las bebidas alcohólicas que se venden en México es consumido por mujeres.

Las mujeres mayores de 60 años de edad son el grupo más afectado, usualmente es población que empezó a beber en la juventud y continúa haciéndolo.

Actualmente beben a la par que los hombres lo que las pone en desventaja en cuanto a los riesgos a su salud, dado que cuentan con más grasa corporal impide que el alcohol se pueda diluir y por lo mismo son más vulnerables con la intoxicación con menores dosis de alcohol.

Según la encuesta:

-El 16.8 % consumió bebidas alcohólicas durante su embarazo.

-El 7.4 % la cerveza era la bebida de preferencia de mujeres que amamantaban a su hijo.

-El 8 % continúa tomando de acuerdo a su patrón de consumo habitual.

-El 5.7 % redujo su consumo.

La «Encuesta Nacional de Adicciones» a que nos hemos referido, de la Comisión Nacional Contra las Adiciones [CONADIC], refleja que en México hay 1 millón 200 mil personas con problemas de adicción, de los cuales alrededor de 465 mil se encuentra en situación crónica.

Además se registraron más de 30 millones de bebedores habituales, de los adolescentes se detectó que 3% tiene problemas de alcoholismo y que tienden a consumir metanfetaminas a pesar de las restricciones.

La Doctora María Elena Medina Mora, directora de la división de investigaciones epidemiológicas y sociales, señaló que la población en México tiende a beber grandes cantidades de alcohol ocasionalmente y existe poca conciencia de que con solo consumir copa y media inhabilita de manera considerable la capacidad de reaccionar con rapidez ante una emergencia, lo que ocasiona accidentes automovilísticos.

La especialista ha indicado que parte de los problemas del alcoholismo es la negación, inclusive por parte de la familia que es la primera en esconder ese contexto; dijo que la población mexicana con problemas de alcoholismo tiene además dificultades en su conducta, violencia, depresión, entre otras.

Las cifras de consumo por tipo de bebida varían según los grupos de edad, según la «Encuesta Nacional de Adicciones 2008» de la Comisión Nacional Contra las Adiciones [CONADIC]; la cerveza es la bebida favorita de la población mexicana, en tanto los destilados, el vino y bebidas preparadas son de preferencia entre las edades de 18 a 29 años, aunque estas disminuyen después de los 29 años, mientras que el consumo de aguardiente y el alcohol aumenta con la edad, el pulque es consumido por la población que reporta beber todos los días.

Estudios previos dicen que el patrón de consumo típico es de grandes cantidades por ocasión de consumo. En total, casi 27 millones de mexicanos entre 12 y 65 años presentan frecuencias de consumo que oscilan entre menos de una vez al mes y diario. Y aunque beban con poca frecuencia, cuando lo hacen ingieren grandes cantidades.

El consumo es más frecuente entre hombres que mujeres, sin embargo, esta manera de beber está aumentando, especialmente entre los adolescentes, población que está copiando patrones de consumo de la población adulta, se calcula que en la Ciudad de México, al menos 700 mil menores de edad son bebedores.

Los mayores índices de consumo alto de alcohol se ubican en el centro-occidente del País en los lugares de:

Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Distrito Federal, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Puebla y Querétaro. A éstos se suman Zacatecas y Quintana Roo, de la zona sur, y Sonora, Baja California Sur, Nuevo León y Tamaulipas, en el norte.

Cuando sólo se considera la población con abuso o dependencia del alcohol, la distribución se mueve más hacia el centro y sur del País:

De la región norte, permanecen Tamaulipas y Baja California Sur; del centro del País, Aguascalientes, Durango, Nayarit, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Morelos, Puebla, Querétaro, Hidalgo, y se suma Guerrero. De la zona sur, permanecen Quintana Roo y Zacatecas. Se suman Oaxaca, Veracruz, Tabasco y nuevamente el D.F.

Los datos sobre consumo de alcohol que se desprenden de dicha encuesta indican beber grandes cantidades de alcohol por ocasión de consumo continúa siendo común en la población, también resulta que los adolescentes están copiando los modelos de los adultos y que una proporción importante presenta problemas con su manera de beber, sobresale el aumento del consumo entre las mujeres adolescentes.

Una proporción significativa requiere tratamiento y una mayor necesita educación para aprender a moderar su consumo en programas de tratamiento que incluyen atención psicológica, medicina general y psiquiatría para atender la salud mental que requieren en esta enfermedad.

Los pacientes que beben alcohol y tienen síndromes de abstinencia que les impiden lograr la suspensión del consumo les ofrecen un programa de desintoxicación breve.

Para quienes logran la abstinencia se les otorgan diferentes programas enfocados a prevenir recaídas y mejorar su calidad de vida. Incluyen psicoterapia individual, grupal, de pareja y familia, con un enfoque cognitivo conductual y sistémico, para grupos específicos de pacientes: hombres, mujeres y adolescentes en riesgo.

Ante este panorama, el Estado no puede ser mero espectador sino que requiere de llevar a cabo políticas públicas que le permitan enfrentar este problema de salud.

La Organización Mundial de la Salud calcula que el consumo nocivo del alcohol causa cada año 2,5 millones de muertes, y una proporción considerable de ellas corresponde a personas jóvenes. El consumo de bebidas alcohólicas ocupa el tercer lugar entre los principales factores de riesgo de mala salud en el mundo. Una gran variedad de problemas relacionados con el alcohol pueden tener repercusiones devastadoras en las personas y sus familias; además, pueden afectar gravemente a la vida comunitaria.

El consumo nocivo del alcohol es uno de los cuatro factores de riesgo de enfermedades no transmisibles importantes que son susceptibles de modificación y prevención. También están surgiendo indicios de que dicho consumo contribuye a aumentar la carga de morbilidad relacionada con enfermedades transmisibles como, por ejemplo, la tuberculosis y la infección por el VIH/sida.

Reducir el consumo nocivo del alcohol mediante medidas normativas eficaces y la infraestructura necesaria para aplicarlas correctamente no es una cuestión que se circunscriba a la salud pública. En realidad, es un asunto de desarrollo, pues la magnitud del riesgo correspondiente es mucho mayor en los países en desarrollo que en los países de ingresos altos, donde las personas cada vez están más protegidas por leyes e intervenciones integrales, complementadas por mecanismos para hacerlas cumplir.

La estrategia mundial para reducir el consumo nocivo del alcohol, avalada por la 63ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2010, reconoce los vínculos estrechos que existen entre dicho consumo y el desarrollo socioeconómico. Representa el compromiso de los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud para actuar de manera continua a todos los niveles. Asimismo, aprovecha varias iniciativas estratégicas mundiales y regionales para la prevención y el control de enfermedades no transmisibles, en particular el plan de acción de la estrategia mundial para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en 2008.

En efecto, la OMS está atestiguando la manera en que, cada vez más, los formuladores de políticas sanitarias en los países en desarrollo se ven obligados a formular estrategias eficaces para resolver los problemas causados por el consumo nocivo del alcohol. Existen soluciones factibles y la estrategia mundial ofrece un conjunto de opciones de políticas e intervenciones que deben tenerse en cuenta para su ejecución en cada país como parte integral de las políticas nacionales, así como en el marco más amplio del desarrollo. La estrategia mundial también establece áreas prioritarias para la actuación mundial dirigida a promover, apoyar y complementar las medidas pertinentes en los niveles local, nacional y regional. Haciendo honor al espíritu de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda, la OMS exhorta a los asociados internacionales para el desarrollo a responder favorablemente a las solicitudes de apoyo técnico por los países en desarrollo para aplicar y adaptar esas opciones de política a las prioridades y el contexto de cada uno.

La estrategia del Estado va enfocada a reducir el consumo nocivo del alcohol, a colaborar para reducir las consecuencias sanitarias y sociales del consumo nocivo del alcohol y lograr que nuestras comunidades sean lugares más sanos, más seguros y más agradables para vivir, trabajar y disfrutar de nuestro tiempo libre, para ello se requiere de recursos financieros para materializarlo.

Las políticas públicas que se pretenden llevar a cabo mediante la captación de recursos por la vía de este nuevo impuesto irían enfocadas a:

-Políticas destinadas a reducir el consumo nocivo del alcohol que deben trascender a los sectores de la salud y hacer participar oportunamente a sectores como los del desarrollo, el transporte, la justicia, el bienestar social, la política fiscal, el comercio, la agricultura, la política sobre consumo, la educación y el empleo, así como a actores económicos y de la sociedad civil.

-Prestar la atención necesaria, dando prioridad a la prevención y la reducción del consumo nocivo del alcohol.

-Mejorar la información, mediante el desarrollo de sistemas para reunir, analizar y difundir datos sobre el consumo de alcohol, los daños relacionados con el alcohol y las respuestas de política correspondientes.

-Aumentar la concienciación estatal respecto de la magnitud y la naturaleza de los problemas sanitarios, sociales y económicos causados por el consumo nocivo del alcohol, y reforzar el compromiso del Gobierno para adoptar medidas que contrarresten tal consumo.

-Consolidar el acervo de conocimientos sobre la magnitud y los determinantes de los daños relacionados con el alcohol y sobre las intervenciones que reducen y previenen eficazmente esos daños.

Lo expuesto muestra la necesidad de la entidad federativa de crear un nuevo impuesto denominado «del impuesto estatal a la venta final de bebidas con contenido alcohólico» encaminado a combatir en lo posible el alcoholismo, tal como lo establece el artículo 117 fracción IX en su último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como se muestra a continuación:

«Art. 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:

I al VIII. …

IX. …

El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados dictarán, desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo».

De la trascripción anterior se puede observar que el Estado tienen la posibilidad de crear leyes encaminadas a combatir el alcoholismo y siendo que en nuestro Estado presenta en los últimos años un problema social y de salud que ha ido en aumento se sugiere la inclusión de este nuevo impuesto en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas con el objeto prevenir, controlar, inhibir y reducir dicha adicción.

Ahora bien, las entidades federativas se encuentran facultadas para establecer tributos similares al impuesto especial sobre producción y servicios, respecto de la venta o consumo final de bebidas con contenido alcohólico distintas a la cerveza, sin que con ello se violente la Constitución Federal ni el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal como a continuación se demuestra:

-El artículo 73 fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece los gravámenes exclusivos para la Federación, dentro de los cuales no se incluyen bebidas con contenido alcohólico, salvo la producción y el consumo de cerveza, la cual está reservada para ser legislada por el Congreso de la Unión y por tanto, es el único producto que no puede gravarse su enajenación o consumo por las entidades federativas.

-En tanto, el artículo 2º fracción I, de la Ley del Impuesto Especial de Producción y Servicios [LIEPS] establece el gravamen de la enajenación de bebidas con contenido alcohólico.

-Asimismo, el artículo 27, fracción I de la LIEPS, en el que se dispensa la prohibición para los Estados de imponer gravámenes locales a la enajenación de bienes que se encuentren sujetos al pago de este impuesto, cuando el gravamen que se establezca reúna los requisitos previstos en el artículo 10 C de la Ley de Coordinación Fiscal.

En este sentido, el artículo 10 C de la Ley de Coordinación Fiscal [LCF], establece que sin que se considere un incumplimiento del convenio a que se refiere el artículo 10 de la LCF, ni de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y en adición a los impuestos a que hace referencia el artículo 41 de este último ordenamiento, las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrán establecer impuestos locales a la venta o consumo final de los bienes cuya enajenación se encuentre gravada por la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, siempre que no se trate de bienes cuyo gravamen se encuentren reservados a la Federación, y que dicha venta o consumo final se realice dentro del territorio de la entidad de que se trate.

Lo anterior es posible cuando se cumpla con los elementos siguientes:

-No se establezcan tratamientos especiales de ningún tipo.

-La tasa única aplicable sea del 4.5% sobre el precio de enajenación del bien de que se trate.

-La base no incluya los impuestos al valor agregado ni especial sobre producción y servicios.

-El impuesto no sea acreditable contra otros impuestos locales o federales.

-No se traslade en forma expresa y por separado el impuesto a las personas que adquieran los bienes. El traslado del impuesto deberá incluirse en el precio correspondiente, sin que se considere que forma parte del precio de venta al público, ni se entienda violatorio de precios o tarifas, incluyendo los oficiales.

-El impuesto se cause en el momento en que efectivamente se perciban los ingresos y sobre el monto que de ellos se perciba.

-El impuesto no se aplique en dos o más etapas del proceso de comercialización.

Es decir en el caso particular el impuesto se aplicaría a la venta final de bebidas alcohólicas realizadas en el Estado, con excepción de la cerveza a una tasa del 4.5% sobre el precio de venta antes de aplicar el IEPS y el IVA, y sería incluido en el precio de venta trasladándolo al consumidor final.

En forma similar al IVA y al IEPS, el impuesto propuesto se causa sobre una base de flujo de efectivo, es decir, conforme el consumidor paga efectivamente el precio y se pagaría en forma mensual y enteraría dentro de los 17 días del mes siguiente al de su causación.

Del mismo modo, el artículo 10 C de la Ley de Coordinación Fiscal, en su último párrafo establece que los municipios recibirán como mínimo el 20% de la recaudación que corresponda a las entidades federativas.

El pago del impuesto se ejemplifica de la forma siguiente: Una bebida alcohólica cuyo precio antes de impuestos fuera de $100.00, el cálculo de la mecánica de aplicación del impuesto sería el siguiente:

Precio antes de impuestos $100.00
Impuesto Estatal al 4.5% 4.50
IEPS 53% 53.00
Subtotal 157.50
IVA 16% 25.20
Importe a pagar con el nuevo impuesto: $182.70

Como se observó en el ejemplo anterior, la contribución propuesta, además de incidir por sí mismo en el precio de venta, implica un incremento en el IVA, ya que su importe debe ser considerado en la base de este último gravamen, conforme a lo dispuesto por el artículo 12 de la ley respectiva que, literalmente, establece lo siguiente:

«Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones se considerará como valor el precio o la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren al adquirente por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto».

En materia de impuesto sobre nómina:

Con relación a este impuesto, se propone eliminar exenciones para determinar la base gravable, como la PTU, pensiones y jubilaciones, indemnizaciones, pagos por gastos funerarios, gastos de representación y viáticos, aportaciones SAR, el ahorro, premios por asistencia y puntualidad, pagos tiempo extraordinario, entre otros.

Asimismo, se propone eliminar sujetos que actualmente se consideran como exentos del impuesto, como la Federación, Estado, municipios, instituciones de asistencia o beneficencia, partidos políticos y asociaciones políticas, instituciones educativas públicas, ejidos, comunidades, empresas constituidas por avecindados, entre otros.

Respecto a la tasa del impuesto, se observó las experiencias de otras entidades federativas, cuya tendencia es el fortalecer la recaudación del mismo a través del incremento de la tasa impositiva, como se muestra a continuación:

Entidad federativa Impuesto sobre nóminas Tasa ISN
Baja California Sur 1 2.50%
Campeche 1 2% a 3%
Chihuahua 1 3.00%
Distrito Federal 1 3.00%
Estado de México 1 3.00%
Nuevo León 1 3.00%
Oaxaca 1 3.00%
Puebla 1 3.00%
Quintana Roo 1 3.00%
San Luis Potosí 1 2.50%
Tabasco 1 2.50%
Veracruz 1 3.00%
Yucatán 1 2.50%

Lo anterior, sustentan la propuesta de incrementar el impuesto en comento a una tasa impositiva del 2.5%.

Impuesto sobre adquisición de bienes muebles

Se abre el apartado de obligaciones para establecer la posibilidad de cobrar accesorios al impuesto por el pago extemporáneo [actualización y recargos], la obligación de conservar los documentos que acrediten la propiedad de los bienes.

Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas

Ante las adversidades financieras que enfrenta nuestra máxima casa de estudios, se convierte como un acto de responsabilidad y solidaridad con la misma, la propuesta de incrementar la tasa gravable del impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, del 5% al 10%.

Para crear la responsabilidad financiera de la UAZ, se propone facultar a la Secretaría de Finanzas para que traslade las cantidades que correspondan de este impuesto a la misma Universidad, siempre que la misma se encuentre al corriente en el pago de las contribuciones que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones estatales.

Asimismo, si la UAZ, adeuda contribuciones estatales o por afectación a las participaciones del Estado derivado de obligaciones convenidas por la propia Universidad, la Secretaría de Finanzas podrá compensar la totalidad de las mismas con las cantidades que por este impuesto le correspondan a la UAZ de manera oficiosa.

Otros aspectos normativos que se proponen

Se actualizaron las cantidades contenidas en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, en materia de derechos y productos para considerar un ajuste en función del crecimiento económico de un 2.6% respecto de los criterios generales de política económica para 2017, tomando como base el salario mínimo general aplicable al Estado de Zacatecas de 73.04 pesos.

Por otra parte, en simetría jurídica con la creación del Código Fiscal para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, se establece la obligación del pago de contribuciones por medios electrónicos.

Se incluyen como ingresos por el cobro de derechos los obtenidos por la actual Secretaría de Salud del Estado de Zacatecas, así como los cobrados por los organismos públicos descentralizados, dependencias estatales que deberán publicar los conceptos e importes que se cobraran por los servicios que presten.

Considerandos

Primero: Competencia. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública es competente para estudiar la Iniciativa de Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, presentada ante esta Soberanía Popular por el titular del Ejecutivo del Estado, así como para emitir el dictamen correspondiente, de conformidad con lo establecido en los artículos 124 fracción VI, 125 y 132 bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.

Segundo: El sistema tributario. Esta Asamblea Popular considera necesario expresar la alta responsabilidad que implica la presente Ley, no solo porque en ella se establecen los instrumentos de la política fiscal del Gobierno del Estado, sino también, y sobre todo, porque forma parte del conjunto de ordenamientos legales denominado paquete económico 2017, cuyo objetivo es la modernización del sistema tributario del Estado.

En principio, consideramos necesario partir de la definición de dos términos fundamentales: sistema tributario y política fiscal.

El sistema tributario es la organización legal, administrativa y técnica que crea el Estado con el fin de ejercer de forma eficaz y objetiva el poder tributario.

Los tributos son obligaciones dinerarias impuestas unilateralmente y exigidas por la administración pública a partir de una ley, cuyo importe se destina a solventar el gasto público. Por lo tanto, es una prestación patrimonial de carácter público que se exige a los particulares.[1]

En tanto que el término política fiscal ha sido definido en los términos siguientes:

La política fiscal se entiende como el conjunto de instrumentos y medidas que toma el Estado con objeto de recaudar los ingresos necesarios para realizar las funciones que le ayuden a cumplir los objetivos de la política económica, a través del gasto público.[2]

Conforme con lo expresado, estimamos conveniente señalar que la Ley de Hacienda vigente data del año 2000, en ese entonces, Zacatecas tenía una población de 1,354,000 habitantes; para 2015, de acuerdo con el INEGI, hay un total de 1,579,209, de los que 808,841 son mujeres y 707,368 son hombres.

Para otros Estados, el aumento de 200,000 habitantes no sería una cifra elevada, sin embargo, para Zacatecas es importante, pues ese número de personas requiere de servicios públicos y otros satisfactores a cargo del gobierno, ya sea estatal o municipal; además de ello, el crecimiento de las zonas urbanas ha generado una presión constante en esa materia.

En el mismo sentido, debemos reconocer que el desarrollo económico en nuestro Estado es notable, pues resulta evidente para los legisladores que suscribimos el presente dictamen el avance constante que se ha dado en estos últimos 15 años, principalmente en el sector minero.

Las transformaciones de nuestro Estado son palpables también en el aspecto cultural, en el ámbito ecológico; las tradiciones se modifican, los jóvenes, las mujeres exigen jugar el papel que les corresponde en la sociedad.

En este amplio contexto social, debemos reconocer, que el Gobierno se ha visto rebasado por circunstancias sociales como las señaladas; ante el crecimiento poblacional y la exigencia de satisfactores, no ha existido una política fiscal moderna, que le permita a la autoridad obtener mayores ingresos para su satisfacción.

Han pasado quince años, y las leyes fiscales del Estado han permanecido inalteradas y se ha legislado, prácticamente, respecto de los rubros «recomendados» por el Gobierno Federal, lo que sin duda ha significado una camisa de fuerza para el desarrollo de nuestro Estado y el establecimiento de un sistema tributario estatal moderno y eficaz.

Lo anterior es evidente, si observamos la estructura de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada el 30 de diciembre de 2000 en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, integrada por 75 artículos, distribuidos en los siguientes Títulos y capítulos:

TÍTULO PRIMERO

Generalidades

Capítulo único

TÍTULO SEGUNDO

De los impuestos

Capítulo I

Del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles

Capítulo II

Impuesto sobre servicios de hospedaje

Capítulo III

Del impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas

Capítulo IV

Del impuesto sobre nóminas

Capítulo V

Del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos

TÍTULO TERCERO

De los derechos

Capítulo I

Generalidades

Capítulo II

Servicios de la Secretaría General de Gobierno

Capítulo III

Servicios de la Secretaría de Finanzas

Capítulo IV

Servicios de catastro

Capítulo V

Autoridades del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Capítulo VI

Servicios de obras públicas

Capítulo VII

Autoridades de contraloría interna

Capítulo VIII

Servicios de educación y cultura

Capítulo IX

Servicios de Oficialía Mayor

Capítulo X

Servicios de seguridad pública y vialidad

Capítulo XI

Servicios del Instituto de Ecología y Medio Ambiente

Capítulo XII

Derechos

TÍTULO CUARTO

De los productos

Capítulo único

TÍTULO QUINTO

De los aprovechamientos

TÍTULO SEXTO

De los ingresos coordinados

De los 75 artículos que la conformaban, 36 de ellos regulaban los impuestos y el resto, 39, los derechos; es decir, sin pretender extraer conclusiones sin datos concretos, tan solo en el aspecto cuantitativo, la citada Ley parecía estar diseñada, únicamente, para el cobro de los derechos por los servicios otorgados por el Gobierno del Estado.

Los impuestos previstos en la citada Ley eran cinco:

Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, impuesto sobre servicios de hospedaje, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, impuesto sobre nóminas y el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

Los impuestos citados continúan vigentes y los elementos que los integran no han sido modificados, lo que significa que el sistema tributario del Estado ha permanecido estático durante 15 años.

En tal sentido, consideramos que un sistema tributario moderno debe estar sustentado, primero, en una autoridad fiscal eficaz y eficiente, con personal altamente especializado; segundo, por un conjunto impositivo equilibrado, integrado por los tributos indispensables para que el Estado cumpla con sus funciones; y, finalmente, una base de contribuyentes lo suficientemente amplia para la obtención de ingresos.

Por supuesto, todo ello conlleva la necesidad de una legislación moderna, en la cual se precisen las facultades y obligaciones de las autoridades fiscales, los elementos de los diversos tributos, así como los derechos y obligaciones de los contribuyentes.

De conformidad con lo anterior, como legisladores debemos reconocer el rezago en materia fiscal y, por lo tanto, la necesidad de adecuarla a las circunstancias actuales de nuestro Estado y, además, al marco constitucional vigente en el País.

Con base en ello, consideramos pertinente señalar que coincidimos con los objetivos formulados por el Ejecutivo del Estado en la Iniciativa que se estudia, en el sentido de ejercer las facultades residuales previstas en nuestra Carta Magna para las entidades federativas y que, por diversas circunstancias, no han sido utilizadas en ejercicios anteriores.

Virtud a lo expresado, resulta indispensable propiciar los cambios que se requieren en nuestra Entidad y elegir soluciones novedosas para resolver los problemas que, actualmente, se encuentran presentes en la sociedad zacatecana.

La Iniciativa propuesta por el Gobernador del Estado, prevé instrumentos modernos de recaudación de ingresos para permitirle y facilitarle el cumplimiento de sus funciones; además, debemos recordar que la Ley de Hacienda que se estudia forma parte de un conjunto de ordenamientos fiscales, mediante los cuales se crea un sistema tributario estatal moderno.

Conforme con ello, estudiada la Iniciativa como parte de un conjunto, resulta claro que en ella se precisan los instrumentos fundamentales de la política fiscal del Estado: los tributos –impuestos, derechos, productos y aprovechamientos– y sus formas y mecanismos de pago.

Además de ello, debemos expresar que la Iniciativa prevé el uso de herramientas actuales, con el fin de determinar las bases de los impuestos ecológicos, como el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes [RETC] de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, o las Normas Oficiales relacionadas con los contaminantes del suelo y subsuelo.

Esto constituye, también, una diferencia con el sistema tributario vigente, donde la autoridad fiscal sólo era un «cobrador de servicios»; las exigencias del nuevo sistema radican, además, en la obligación a cargo del Gobierno del Estado de destinar los ingresos obtenidos de los impuestos ecológicos a las áreas de mayor afectación ambiental y de rezago económico.

Sobre el particular, debemos expresar que una determinación similar no está prevista en la ley vigente, lo que constituye, sin duda, una novedad, pues se establece, con claridad, el destino específico de un grupo de impuestos pagados al Estado.

Tercero: Los impuestos verdes. La novedad principal en la propuesta del Ejecutivo es, sin duda, la creación de los llamados impuestos verdes, los que han sido definidos en la forma siguiente:

Los impuestos ambientales, o impuestos verdes, son aquellos que recaen sobre bienes o servicios contaminantes. De forma más general, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE [2005] señala que un impuesto ambiental es aquel cuya base imponible es una unidad física, o una aproximación, que tiene un impacto negativo específico comprobado en el medio ambiente.[3]

En la iniciativa se propone la creación de los siguientes impuestos:

-Impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales.

-De la emisión de gases a la atmósfera.

-De la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua.

-impuesto al depósito o almacenamiento de residuos.

Todos ellos tienen como objetivo fundamental incentivar el cuidado y protección del medio ambiente, finalidad que usualmente le era asignada, como exclusiva, a las autoridades estatales y que con estos nuevos tributos se distribuye, también, entre los particulares cuyas actividades afectan los ecosistemas de nuestro Estado.

La protección al ambiente tiene rango constitucional, pues en febrero de 2012, el artículo 4º de nuestra Carta Magna fue reformado para establecer lo siguiente:

Art. 4º ...

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

Esta obligación a cargo del Estado se encontraba prevista, ya, en el artículo 30 de nuestra Constitución local, publicada el 11 de julio de 1998, prácticamente en los mismos términos; con base en esta disposición estatal se emitió, el 31 de marzo de 2007, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas.

En tal ordenamiento se prevén obligaciones, exclusivamente, a cargo del Gobierno del Estado y los municipios; la participación de los particulares se reduce, casi, al pago de las multas por cometer acciones que afecten el medio ambiente.

Esta Asamblea Popular considera que, en tales condiciones, difícilmente puede establecerse una política de protección al medio ambiente eficaz y con resultados concretos; virtud a ello, estimamos adecuado el uso de otros instrumentos que incentiven la participación de los particulares en dicha tarea.

Sobre el particular, debemos expresar que el Diccionario Panhispánico de Dudas, define el término medioambiente en los términos siguientes:

Medioambiente. «Conjunto de circunstancias o condiciones exteriores a un ser vivo que influyen en su desarrollo y en sus actividades»: «Muchas de estas restricciones pretenden proteger más los intereses especiales que proteger el medioambiente» [Hora [Guat.] 8.4.97]. Aunque aún es mayoritaria la grafía medio ambiente, el primer elemento de este tipo de compuestos suele hacerse átono, dando lugar a que las dos palabras se pronuncien como una sola; por ello, se recomienda la grafía simple medioambiente, cuyo plural es medioambientes. Su adjetivo derivado es medioambiental: «Este tráfico origina problemas medioambientales» [LpzBonillo Medio [Esp. 1994]].[4]

Entendido de esta forma, resulta claro que la protección del medio ambiente no solo es responsabilidad del Gobierno, sino también de los particulares, pues todos, de una forma o de otra, modificamos con nuestra actividad el entorno natural en el que vivimos.

Virtud a ello, no solo en nuestro carácter de legisladores sino también como habitantes de un medio ambiente específico, consideramos adecuada la creación de los denominados impuestos verdes.

Cuarto. Facultades concurrentes en materia ambiental. Como ya se ha señalado, la protección al medio ambiente es responsabilidad de todos, virtud a ello, resulta evidente que las medidas que se dicten en esa materia son competencia de los distintos niveles de Gobierno: federal, estatal y municipal.

De conformidad con ello, en la propia Iniciativa formulada por el Ejecutivo del Estado, se cita el artículo 73 fracción XXIX G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el sustento fundamental de las facultades concurrentes en la materia:

Art. 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIX F. …

XXIX G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico;

Con base en tal disposición fundamental, el propio Congreso de la Unión emitió la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, disposición donde se precisan las facultades de cada uno de los órdenes de gobierno.

De conformidad con lo anterior, resulta claro para esta Asamblea Popular que nuestra Carta Magna prevé una concurrencia competencial en materia de protección del ambiente.

En ese contexto, además de la Ley General ya mencionada, el 6 de junio de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Cambio Climático innovadora Ley que dio a México un marco para coordinar las capacidades de los tres órdenes de Gobierno, del sector privado y de la sociedad civil, para hacer frente a los efectos del calentamiento global, a los cuales nuestro País es, particularmente, vulnerable.

En el mismo sentido, desde el 18 de mayo de 1994, México se convirtió en el miembro número 25 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]. Esto significó la obligación de nuestro País de adoptar diversas políticas económicas que del propio organismo emanen, siendo una de ellas la de impulsar los «impuestos verdes» en los tres órdenes de Gobierno para prevenir y contrarrestar la contaminación y sus efectos, para preservar la salud y garantizar un entorno natural que permita la supervivencia del hombre.

La protección y defensa del medio ambiente es considerada actualmente una condición necesaria para garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. Los derechos de toda persona a la salud, a la educación y a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, reconocidos constitucional e internacionalmente, son de primordial interés para la sociedad actual.

No obstante lo anterior, la amenaza del cambio climático representa uno de los principales retos tanto a nivel nacional como internacional, particularmente en lo que respecta al control y disminución de gases que, como consecuencia de su emisión a la atmósfera en los procesos productivos, ocasionan el llamado efecto invernadero.

Los compromisos mencionados requieren recursos monetarios considerables para proteger, conservar y restaurar el deterioro del ambiente ocasionado por las actividades contaminantes, así como para generar una cultura de protección al medio ambiente.

Finalmente, expresar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido la existencia de facultades concurrentes en esta materia, en la siguiente Jurisprudencia:

Época: Décima Época. Registro: 160028. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1. Materia[s]: Constitucional. Tesis: P./J. 15/2012 [9ª]. Página: 346.

Protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico. Los Gobiernos Federal, estatales y municipales tienen facultades concurrentes en esta materia, en términos de la ley general que expida el órgano legislativo federal. El artículo 73, fracción XXIX G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes que establezcan la concurrencia de los Gobiernos Federal, estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, régimen de concurrencia que será materia de la ley general que expida el órgano legislativo federal, en la que, entre otras cuestiones, habrán de distribuirse las competencias que a cada uno correspondan. De este modo, la Federación tiene un poder de dirección en la materia que se manifiesta, de forma primaria, en la capacidad de expedir leyes que distribuyan competencias entre los tres niveles de Gobierno y definan, en todo caso, el tipo de relaciones de coordinación o colaboración que habrán de entablarse.

Controversia constitucional 72/2008. Poder Ejecutivo Federal. 12 de mayo de 2011. Mayoría de diez votos; votó en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretaria: María Vianney Amezcua Salazar.

El Tribunal Pleno, el 7 de junio en curso, aprobó, con el número 15/2012 [9ª], la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a 7 de junio de 2012.

En relación con las contribuciones ecológicas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], a la cual México se adhirió en el año 1994, desde hace varios años ha recopilado información sobre impuestos ambientales, cuyo número ha aumentado a partir de la década de los noventa, y ha insistido en que se deben impulsar los «impuestos verdes» en los tres órdenes de Gobierno para prevenir y contrarrestar la contaminación y sus efectos para preservar la salud y garantizar un entorno natural que permita la supervivencia del ser humano.

En nuestro marco jurídico, la citada Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente establece, en su artículo 21, la atribución a cargo de los niveles de gobierno para diseñar, desarrollar y aplicar, en el ámbito de su competencia, «instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental».

De la misma forma, en el primer párrafo del artículo 22 se define el término instrumentos económicos de la forma siguiente:

Art. 22. Se consideran instrumentos económicos los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, mediante los cuales las personas asumen los beneficios y costos ambientales que generen sus actividades económicas, incentivándolas a realizar acciones que favorezcan el ambiente.

En similares términos, la Constitución local y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas, establecen la obligación de proteger y cuidar el medio ambiente y la posibilidad de que el Estado haga uso de los referidos instrumentos económicos para incentivar el cumplimiento de los objetivos en la materia [artículo 33 de la Ley].

Conforme a este contexto, debemos expresar que en nuestro País prevalece, en materia fiscal, una concurrencia entre los órdenes de Gobierno Federal y estatal, tal como se describe en la exposición de motivos de la Iniciativa, sin embargo, al existir la adhesión por parte del Estado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en este se establecieron los impuestos y derechos que las entidades federativas cedieron a la Federación, para recibir en resarcimiento participaciones federales, por lo que cualquier contribución que no esté contemplada en alguno de estos ordenamientos es susceptible de ser establecida por alguna entidad federativa, como es el caso de los impuestos de carácter ecológico que nos ocupan.

Congruente con lo anterior, la creación de los impuestos que se proponen se basa en la concurrencia impositiva entre la Federación y las entidades federativas, en este caso, el Estado de Zacatecas.

Esa concurrencia es la regla tratándose de la generalidad de la materia tributaria, en la medida que las potestades que no están reservadas expresamente a la Federación se entienden conferidas a los Estados.

Lo anterior implica que al no existir exclusividad de la Federación para crear contribuciones ambientales, las entidades federativas cuentan con la respectiva potestad tributaria para hacerlo, lo que es propio de la concurrencia tributaria de que se trata, en consecuencia, no existe invasión de facultades fiscales con la implementación de las citadas contribuciones.

Para ello, es de suma importancia aludir a la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [Registro 232505] en la que se indica que:

Una interpretación sistemática de los preceptos constitucionales que se refieren a materia impositiva, determina que no existe una delimitación radical entre la competencia federal y la estatal, sino que es un sistema complejo y las reglas principales son las siguientes: a) Concurrencia contributiva de la Federación y los Estados en la mayoría de las fuentes de ingresos [artículos 73, fracción VII, y 124]; b) Limitación a la facultad impositiva de los Estados mediante la reserva expresa y concreta de determinada materia a la Federación [artículo 73, fracción XXIX] y c) Restricciones expresas a la potestad tributaria de los Estados [artículos 117, fracciones IV, V, VI, y VII y 118]...

En este orden de ideas, existe concurrencia impositiva para el caso de los impuestos ambientales que se proponen, toda vez que, aunado a las concurrencias que se expusieron al inicio y que existen entre la Federación y el Estado de Zacatecas en las materias de salud, protección al ambiente y educación, se suma la concurrencia impositiva que prevalece en tanto, a nivel constitucional, no existe reserva expresa para la Federación en esta materia, ni restricción específica que impida el ejercicio de la potestad tributaria del Estado de Zacatecas.

Resulta claro que los impuestos verdes que se proponen en la Iniciativa que se estudia cuentan con sustento constitucional, virtud a ello, coincidimos con los argumentos que, en tal sentido, expuso el Ejecutivo del Estado en su propuesta.

Además de lo anterior, debemos expresar que el conjunto de impuestos verdes cuya creación se propone cumple con los requisitos previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para los instrumentos económicos que pueden utilizar los órdenes de gobierno para el cumplimiento de los objetivos en materia de política ambiental:

Art. 21. La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñarán, desarrollarán y aplicarán instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, y mediante los cuales se buscará:

I. Promover un cambio en la conducta de las personas que realicen actividades industriales, comerciales y de servicios, de tal manera que sus intereses sean compatibles con los intereses colectivos de protección ambiental y de desarrollo sustentable;

II. Fomentar la incorporación de información confiable y suficiente sobre las consecuencias, beneficios y costos ambientales al sistema de precios de la economía;

III. Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico. Asimismo, deberán procurar que quienes dañen el ambiente, hagan un uso indebido de recursos naturales o alteren los ecosistemas, asuman los costos respectivos;

IV. Promover una mayor equidad social en la distribución de costos y beneficios asociados a los objetivos de la política ambiental; y

V. Procurar su utilización conjunta con otros instrumentos de política ambiental, en especial cuando se trate de observar umbrales o límites en la utilización de ecosistemas, de tal manera que se garantice su integridad y equilibrio, la salud y el bienestar de la población.

Las anteriores disposiciones se reflejan claramente en la Iniciativa que se estudia, pues resulta claro que el principal objetivo de los impuestos verdes es, sin duda, incentivar el cambio de conducta en materia de protección al ambiente, pues en el articulado de la propuesta se prevé la posibilidad de reducir en un 20% el monto de los gravámenes cuando exista una disminución de los contaminantes objeto de los impuestos [artículo 36].

De la misma forma, en la propuesta del Ejecutivo del Estado se prevé, como ya hemos visto, el destino específico de los ingresos obtenidos con la recaudación de estos impuestos, artículo 36 de la Iniciativa, y todos los rubros se relacionan con la promoción de una mayor equidad social en la distribución de costos y beneficios asociados con la política ambiental.

Consideramos pertinente expresar, también, que los impuestos verdes forman parte, efectivamente, de una política ambiental integral del Gobierno del Estado, toda vez que en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, recientemente aprobado por esta Legislatura, uno de los enfoques transversales es el relacionado con los objetivos del desarrollo sostenible, donde se precisa textualmente lo siguiente:

Estamos conscientes que la implementación en nuestro Estado de los objetivos de desarrollo sostenibles son un desafío. Sin embargo, para que haya un mundo más próspero para todas y todos, es necesario enfrentar retos en materia de paz y justicia, así como de calidad en el acceso a los servicios; en la defensa y garantía de los derechos; en la transversalidad de las políticas públicas; y en temas presupuestales; pero también en cuestiones relativas al medio ambiente y al cambio climático.

De la misma forma, en el citado Plan se establece el eje estratégico 4, denominado medio ambiente y desarrollo territorial, donde se establece como objetivo general el siguiente:

Objetivo general.

Generar las condiciones de equilibrio entre las necesidades de desarrollo de una población en crecimiento y su impacto inherente al medio ambiente y el territorio, logrando la sostenibilidad de los recursos naturales y que los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Consideramos adecuados y racionales los referidos impuestos verdes, además, coincidimos con el Ejecutivo del Estado en el sentido de que todos ellos cumplen con los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad previstos en el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna.

En el mismo sentido, consideramos que el impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales no invade la esfera competencial de la Federación, toda vez que tiene como sustento las previsiones establecidas en el artículo 27 constitucional en su párrafo cuarto y los artículos 2º y 5º, fracción IV de la Ley Minera.

Sobre el particular, debemos insistir en nuestra coincidencia con los argumentos expresados por el Ejecutivo del Estado en la exposición de motivos, específicamente en la parte donde se aborda el impuesto citado.

De acuerdo con ello, consideramos pertinente citar la siguiente tesis aislada, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia, donde se aborda el citado tema [las negritas son de quien suscribe]:

Época: Novena Época. Registro: 161461. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Julio de 2011. Materia[s]: Constitucional. Tesis: XX.2º61 A. Página: 2257

Secretaría de Medio Ambiente, vivienda e historia natural del Estado de Chiapas. Es competente para emitir una orden para verificar la exploración, extracción y aprovechamiento de material pétreo distinto de algún mineral, así como para constatar el impacto ambiental que pudiera generar la construcción de los caminos para su traslado a un lugar de almacenamiento y procesamiento. De los artículos 27, cuarto párrafo y 73, fracción XXIX G, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2º, 4º, fracción II y 5º, fracción IV, de la Ley Minera; 4º, 5º, fracciones X y XIV y 7º, fracciones X y XVI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; y 7º, fracciones XVII y XVIII, de la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, se advierte que corresponde a la Nación el dominio directo de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; que lo relativo al aprovechamiento extractivo de los minerales no reservados a la Federación y que constituyen depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, tales como materiales pétreos [rocas] o productos de su fragmentación que sólo puedan utilizarse para la construcción u ornamento de obras, corresponde a las autoridades locales, y que existe facultad concurrente tanto de la Federación, como de los Estados y los municipios en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico. Consecuentemente, la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural del Estado de Chiapas es competente para emitir una orden para verificar la exploración, extracción y aprovechamiento del material pétreo distinto de algún mineral, así como para constatar el impacto ambiental que pudiera generar la construcción de los caminos para su traslado a un lugar de almacenamiento y procesamiento.

Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.

Amparo en revisión 221/2010. 14 de octubre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretaria: Marylin Ramírez Avendaño.

De acuerdo con lo expresado, resulta clara la constitucionalidad de los impuestos verdes cuya creación se propone en la Iniciativa que se estudia, por lo que consideramos apropiado emitir el presente dictamen en sentido positivo.

Quinto: Impuesto estatal a la venta final de bebidas alcohólicas. Se propone la creación de este impuesto; de acuerdo con ello, se consideró pertinente manifestar lo siguiente:

En principio, expresamos nuestra coincidencia con los argumentos vertidos por el Ejecutivo del Estado en el apartado relativo de su Iniciativa, además de compartir su preocupación por las estadísticas que colocan a nuestro Estado en los primeros lugares de consumo de alcohol.

Respecto de nuestro Estado, la Encuesta Nacional de Adicciones 2008 arroja los siguientes resultados:

Al considerar el consumo diario de alcohol, en los hombres [2.6%] y en las mujeres [0.7%] ambos están arriba del promedio nacional. En cuanto al consumo alto, en los hombres [48.4%] está arriba del promedio y en las mujeres [13.7%] se encuentra debajo del promedio nacional.

Para el consumo consuetudinario, en los hombres [11.5%] se observa un consumo arriba del promedio nacional, mientras en el caso de las mujeres [1.8%] está dentro del porcentaje nacional [figura 2]. Finalmente, en relación con el abuso/dependencia, tanto los hombres [15.7%] como las mujeres [2.1%] se encuentran arriba del promedio nacional.[5]

En tal contexto, consideramos adecuada la creación de este impuesto, toda vez que constituye un instrumento para reducir el consumo de alcohol, principalmente entre los jóvenes, grupo poblacional que está siendo afectado por esta enfermedad.

De acuerdo con lo anterior, consideramos, también, que el alcoholismo debe enfrentarse como un problema de salud pública, por lo que el impuesto que se crea debe constituir solo una herramienta en el marco de programas más amplios, donde participen diversas dependencias y organismos públicos, además de la sociedad civil organizada.

Por lo expresado, consideramos pertinente que en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 se establezcan objetivos específicos para combatir las adicciones, entre ellos, los previstos en el eje estratégico 2, denominado seguridad humana, donde se establece lo siguiente:

2.3.3 Convivencia social para el progreso de nuestras comunidades

-Fortalecer el marco normativo local de convivencia escolar para prevenir las adicciones en escuelas y comunidades.

-Impulsar protocolos para la prevención de adicciones, violencia y de prevención de embarazo en el ámbito escolar y comunitario.

2.4.4 Promover la cultura de la prevención y detección oportuna de enfermedades

-Impulsar acciones integrales para la prevención y control de adicciones, en particular las enfocadas a los jóvenes.

Debemos expresar, de la misma forma, que la justificación del Ejecutivo del Estado para sostener la constitucionalidad del impuesto es apropiada, pues como ya hemos señalado, nuestro Estado se encuentra obligado a hacer uso de las facultades residuales que le otorga nuestra Carta Magna, respetando, por supuesto, sus postulados y las reglas específicas contenidas en leyes secundarias, en este caso, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

En la Iniciativa se cita el artículo 10 C de la Ley de Coordinación Fiscal y se explica, en detalle, el cumplimiento de los requisitos establecidos en sus siete fracciones para la integración del impuesto de referencia.

Sexto: Impuesto adicional para infraestructura. En la Iniciativa del Ejecutivo del Estado se propone la creación de este impuesto, vinculado con el pago de derechos por control vehicular.

Sobre el particular expresamos nuestra coincidencia con la justificación del Ejecutivo del Estado y con los argumentos relacionados con su constitucionalidad.

Por supuesto, es necesario reconocer que la creación de nuevos impuestos genera dudas e inconformidades; sin embargo, es pertinente expresar que la finalidad de los que se proponen en la Iniciativa los justifica plenamente, toda vez que tienen como objetivo la equidad social y el desarrollo económico del Estado.

Sobre el particular, es conveniente mencionar que las contribuciones establecidas por el Estado pueden tener dos finalidades: fiscales, es decir, estrictamente recaudatorias, y extrafiscales, lo que implica su vinculación con el crecimiento de la economía y el empleo, además de una distribución equitativa de los ingresos.

Sobre el particular, el C.P.C. Héctor Manuel Miramontes Soto expresa lo siguiente:

Todas las contribuciones –por su propia naturaleza– persiguen esencialmente un fin recaudatorio y son destinadas, en principio, a sufragar el gasto público, aunque pueden –por excepción– «atender» adicionalmente a fines extrafiscales, con el propósito de regular algunos aspectos económicos, sociales o de salud pública inclusive, sin que por ello dejen de estar sujetas al cumplimiento de las garantías tributarias contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…[6]

En tal contexto, debemos señalar que de conformidad con el artículo 129 de nuestra Constitución local, corresponde al Estado el ejercicio de las siguientes funciones:

Art. 129. Con respeto a las garantías individuales y sociales que reconoce el orden constitucional, el Estado planeará, conducirá y coordinará la actividad económica estatal, y fomentará y regulará las actividades que demande el interés general.

La coordinación del desarrollo estatal por parte del Gobierno del Estado, procurará que sea integral, democrático, fomente el empleo y atenúe las desigualdades sociales.

Se establece el sistema de planeación democrática del desarrollo y se crean el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas, como órgano directamente dependiente del titular del Poder Ejecutivo, el consejo de fomento económico, los comités de planeación para el desarrollo municipal de cada uno de los municipios y los comités de participación social, como órganos consultivos constituidos por los representantes de los sectores organizados de la población. La ley establecerá los procedimientos y reglas a los que se sujetarán la consulta popular y el funcionamiento de los órganos responsables de la planeación democrática.

En este caso, el Gobierno del Estado es responsable de la rectoría económica en el ámbito local y, virtud a ello, se encuentra obligado a establecer las condiciones para el desarrollo de la Entidad, además de propiciar la participación de los particulares en los programas que se emitan para lograr ese objetivo.

En el caso específico, el Ejecutivo del Estado ha emitido el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, el cual fue aprobado por esta Legislatura en su sesión ordinaria del pasado 6 de diciembre.

El citado documento establece, con detalle, los enfoques, ejes estratégicos y objetivos conforme a los cuales habrá de desarrollar su actividad la presente administración; en este sentido, debemos destacar el carácter social y de búsqueda del bienestar humano de los zacatecanos que permea el contenido del referido Plan.

En el caso del impuesto que nos ocupa, en la exposición de motivos de su Iniciativa, el Ejecutivo del Estado expresa que los ingresos obtenidos de esta contribución serán destinados a los rubros siguientes:

Los ingresos que se obtengan de la recaudación del impuesto se destinará a la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un tres por ciento [3%] del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura; como fuente de financiamiento para su aportación en convenios de coordinación, reasignación o pari passu con el Gobierno Federal, siempre y cuando su destino sea lo establecido anteriormente y al saneamiento financiero, a través de la amortización de la deuda pública, expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior, siempre y cuando su contratación provenga de los conceptos antes señalados.

Esta justificación encuentra su expresión en el eje estratégico 3. Competitividad y prosperidad, del Plan Estatal de Desarrollo, cuyo objetivo general es el siguiente:

Objetivo general. Hacer de Zacatecas un Estado próspero, con mayor calidad de vida y un crecimiento económico equilibrado, sostenido e incluyente a través de una educación de calidad y la formación de habilidades laborales óptimas que permitan elevar los niveles de competitividad incentivando la innovación, el talento y la creatividad en los sectores económicos tradicionales y emergentes.

Conforme a lo anterior, resulta claro que el impuesto adicional para infraestructura forma parte del conjunto de actividades que habrá de desempeñar el Gobierno del Estado para incentivar el desarrollo económico de la Entidad y el crecimiento en términos de equidad de la sociedad zacatecana.

En el mismo sentido, en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 se establecen como objetivos específicos los siguientes:

3.5 Infraestructura y equipamiento

Objetivo específico. Contar con redes de equipamiento e infraestructura estratégica eficazmente articuladas para el crecimiento sustentable, armónico y competitivo de los sectores económicos y la integración regional y local de los municipios de la Entidad.

3.5.1 Incrementar la conectividad intra e inter estatal para la prestación de servicios y el intercambio comercial.

-Construir y rehabilitar infraestructura estratégica vial, carreteras interestatales, intermunicipales y suburbanas.

3.6 Productividad en el sector agropecuario.

Objetivo específico: Regresar al campo su importancia y dignidad como factor de desarrollo económico, y de sustento de las familias zacatecanas.

3.6.1 Fortalecer y diversificar la agricultura sostenible.

-Ampliar la tecnificación del riego y la agricultura protegida.

3.6.4 Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en el sector.

-Fomentar y difundir un uso responsable sobre el recurso hídrico.

-Buscar estrategias para aprovechar y hacer más eficiente el uso y manejo de cuencas hidrológicas.

Los objetivos específicos mencionados coinciden con la justificación de creación del impuesto multicitado y expresan los objetivos de carácter extrafiscal que se pretenden conseguir.

Como se ha señalado, el impuesto adicional para la infraestructura está vinculado con la contribución primaria del derecho de control vehicular y, en ese sentido, consideramos que cumple con los principios de proporcionalidad y equidad tributarios previstos en el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna.

Ambos principios han sido definidos por la Corte en los términos siguientes:

…la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo en cantidad sino en lo tocante al mayor o menor sacrificio, reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. […] La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula.

Con base en tales definiciones, el impuesto al que nos referimos cumple cabalmente con tales principios, pues tratándose de la proporcionalidad, el derecho que le sirve como sustento establece tarifas progresivas, dependiendo de la antigüedad del vehículo; de la misma forma, el principio de equidad es observado, toda vez que no hace diferenciación alguna entre los contribuyentes, en razón de que todos están sujetos a los mismos requisitos de causación, tanto del derecho como del impuesto adicional.

Efectivamente, como lo señala el Ejecutivo del Estado, consideramos que no se trata de un impuesto exorbitante o desproporcionado; por el contrario, estimamos que sus montos son razonables y adecuados, además, atiende a la capacidad económica del contribuyente.

Séptimo: Impuestos vigentes. En la Iniciativa continúan vigentes los siguientes impuestos: sobre nómina, sobre servicios de hospedaje, sobre tenencia o uso de vehículos, sobre adquisición de bienes muebles, sobre loterías, rifas, sorteos, apuestas, juegos permitidos y concursos y el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Tales impuestos permanecen, prácticamente, con la misma regulación que en la ley vigente; únicamente, se modifican los siguientes elementos del impuesto sobre nómina:

-Incremento tasa del impuesto del 2 al 2.5%;

-Se eliminan exenciones para determinar la base gravable, como la PTU, pensiones y jubilaciones, indemnizaciones, pagos por gastos funerarios, gastos de representación y viáticos, aportaciones SAR, el ahorro, premios por asistencia y puntualidad, pagos tiempo extraordinario, entre otros;

-Se eliminan sujetos exentos del impuesto, como la Federación, Estado, municipios, instituciones de asistencia o beneficencia, partidos políticos y asociaciones políticas, instituciones educativas públicas, ejidos, comunidades, empresas constituidas por avecindados, entre otros.

Con las determinaciones anteriores, consideramos que se garantiza una mayor recaudación y, en consecuencia, mayores recursos para que el Gobierno del Estado atienda de manera más eficiente las necesidades más apremiantes de la sociedad zacatecana.

Octavo: Estructura de la Iniciativa. La Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas propuesta por el Ejecutivo del Estado está integrada por 150 artículos y seis transitorios, distribuidos en cinco títulos:

TÍTULO PRIMERO

Generalidades

Capítulo único

TÍTULO SEGUNDO

De los impuestos

Capítulo I

Impuestos ecológicos

Sección primera

Generalidades

Sección segunda

Del impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales

Sección tercera

De la emisión de gases a la atmósfera

Sección cuarta

De la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua

Sección quinta

Del impuesto al depósito o almacenamiento de residuos

Sección sexta

Estímulos y destino de los impuestos

Capítulo I

Del impuesto sobre nómina

Capítulo III

Del impuesto sobre servicios de hospedaje

Capítulo IV

Del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos

Capítulo V

Impuesto sobre adquisición de bienes muebles

Capítulo VI

Del impuesto estatal a la venta final de bebidas con contenido alcohólico

Capítulo VII

Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, apuestas, juegos permitidos y concursos

Capítulo VIII

Otros impuestos

Sección primera

Del impuesto adicional para la infraestructura

Sección segunda

Del impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas

TÍTULO TERCERO

De los derechos

Capítulo I

Generalidades

TÍTULO TERCERO

De los derechos

Capítulo I

Generalidades

Capítulo II

Servicios de la Secretaría General de Gobierno del Estado y Coordinación General Jurídica

Capítulo III

Servicios de la Secretaría de Finanzas

Capítulo IV

Servicios de catastro

Capítulo V

Servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Capítulo VI

Servicios de la Secretaría de Infraestructura

Capítulo VII

Servicios de la Secretaría de la Función Pública

Capítulo VIII

Servicios de la Secretaría de Educación

Capítulo IX

Servicios de la Secretaría de Administración

Capítulo X

Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública

Capítulo XI

Servicios de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente

Capítulo XII

Servicios de la Secretaría de Salud de Zacatecas

Capítulo XIII

Otros derechos

Capítulo XIV

Servicios otorgados por organismos descentralizados

Integrantes de la administración pública

TÍTULO CUARTO

De los productos

Capítulo único

TÍTULO QUINTO

De los aprovechamientos

Capítulo único

Transitorios

En relación con los impuestos, tanto los de nueva creación como los que permanecen vigentes, se establecen con precisión sus elementos: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

Respecto de los derechos, también se observa un incremento razonable, que atiende a la situación económica actual del País, por lo que consideramos que los aumentos propuestos son adecuados y atienden a las condiciones vigentes en el Estado.

Finalmente, expresamos nuestra convicción de que la Iniciativa de Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, significa un nuevo comienzo para el sistema tributario del Estado y en conjunto con los restantes ordenamientos legales que integran el paquete económico para 2017 constituye, sin duda, un paso importante para el desarrollo económico de nuestra Entidad.

Noveno. En sesión ordinaria del Pleno de fecha 15 de diciembre del presente año, los Diputados Le Roy Barragán Ocampo y Arturo López de Lara Díaz, en la etapa de discusión en lo particular, presentaron reservas a diversas disposiciones respecto del Dictamen presentado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Iniciativa de Decreto presentada, las cuales fueron aprobadas en los términos propuestos.

1. http://sites.google.com/site/elsistematributario/home/el-sistema-tributario.

2.

http://www.asf.gob.mx/uploads/61_Publicaciones_tecnicas/2._Introduccion_al_Sistema_Fiscal_Mexicano.pdf.

3.

http://www.fesmex.org/common/Documentos/Ponencias/Policy_Paper_Impuestos_Verdes_Jun1011.pdf.

4. http://lema.rae.es/dpd/?key=medioambiente.

5. http://www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ena08/ENA08_ZAC.pdf.

6. https://www.miramontes.mx/cms_uploads/pp15.1211.-scjn.-fines-fiscales-y-extrafiscales-de-las-contribuciones_20150114_925.pdf.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 140 y 141 del Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del pueblo se decreta.

LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS

TÍTULO PRIMERO
Generalidades

Capítulo único

Artículo primero. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular los ingresos que la Hacienda Pública Estatal tiene derecho a percibir para atender los gastos y cumplir las obligaciones de gasto público en su administración, organización y prestación de servicios públicos.

En la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas se establecerán los ingresos que anualmente se proyectan percibir conforme a las contribuciones, productos y aprovechamientos que se establecen en la presente Ley.

Art. 2º Para efectos de esta Ley se entenderá como:

I. Aprovechamientos: los señalados y definidos como tal en el Código;

II. Base gravable: es el monto gravable sobre el cual se determina el pago del impuesto;

III. Base seca: al terreno sin agua o líquidos, que se hubieran añadido ya sea por medios naturales o artificiales;

IV. Código: al Código Fiscal del Estado de Zacatecas y sus Municipios;

V. Contribuciones: aquellas señaladas y definidas conforme a la clasificación a que hace referencia el Código;

VI. Cuota: cantidad de dinero que se pagará para cubrir una contribución;

VII. Estado: al Estado de Zacatecas y su delimitación territorial en términos del artículo 8º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas;

VIII. Estímulo: beneficio económico que se otorga a aquellos contribuyentes que se ubiquen en los supuestos previstos en esta Ley;

IX. Fuentes fijas: son las fuentes industriales estacionarias que generan emisiones desde puntos estacionarios [por ejemplo, chimeneas o respiraderos];

X. Ley de Hacienda: Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas;

XI. Objeto: es la actividad o cosa que la ley señala como el motivo del gravamen, de tal manera que se considera como el hecho generador del impuesto;

XII. Productos: los señalados y definidos como tal en el Código;

XIII. Secretaría: la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas;

XIV. Sujeto o sujetos: personas físicas, personas morales y cualquier entidad económica que conforme a la ley se encuentren ubicadas en las hipótesis de ley como obligadas al pago de contribuciones;

XV. Tasa o tarifa: es la cantidad de dinero que se deberá de pagar por concepto de un impuesto en específico a cargo del sujeto; y

XVI. Unidades económicas: las empresas, las sucesiones, los fideicomisos y las asociaciones en participación a que se refiere la Ley General de Sociedades Mercantiles o cualquiera otra forma de asociación, que realicen los actos y actividades previstos como supuestos causa de los impuestos establecidos en esta Ley, que no se encuentre reconocida como persona jurídica conforme a la legislación civil del Estado.

Art. 3º En lo no previsto en la Ley de Hacienda se aplicarán, de manera supletoria, las disposiciones contenidas en la legislación fiscal de la Entidad y las disposiciones del derecho común vigentes en el Estado, que no sean contrarias a la naturaleza del derecho fiscal.

Las infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en la presente Ley serán sancionadas de conformidad con el Código.

Art. 4º El pago de los impuestos previstos en la Ley de Hacienda se realizará en la forma y términos previstos en el artículo 32 del Código.

Para la determinación y pago de las contribuciones con sus accesorios, las cantidades correspondientes se ajustarán al múltiplo de pesos más próximo, inferior o superior, según corresponda.

Art. 5º Las obligaciones a que hace referencia esta Ley deberán cumplirse por los sujetos de las contribuciones con independencia de las demás obligaciones que establezcan otras disposiciones fiscales federales, estatales o municipales aplicables en materia fiscal o administrativa.

TÍTULO SEGUNDO
De los impuestos

Capítulo I
Impuestos ecológicos

Sección primera
Generalidades

Art. 6º El objetivo y finalidad de estos impuestos es que la Hacienda Pública del Estado cuente con recursos que le permitan atender su obligación a la protección de la salud y a un medio ambiente sano para la población, de conformidad con lo establecido por los artículos 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a través del establecimiento de figuras impositivas que al mismo tiempo incentiven cambios en la conducta de los sujetos obligados para que favorezcan a la salud pública.

Art. 7º Para efectos de este capítulo serán aplicables de manera supletoria el Código de Biodiversidad del Estado de Zacatecas y demás disposiciones vigentes en el Estado en materia de derecho al medio ambiente, que no sean contrarias a la naturaleza del derecho fiscal.

Sección segunda
Del impuesto por remediación ambiental
en la extracción de materiales

Del objeto

Art. 8º Es objeto de este impuesto la extracción del suelo y subsuelo de materiales que constituyan depósitos de igual naturaleza a los componentes de los terrenos, aun y cuando constituyan vetas, mantos o yacimientos tales como: agregados pétreos, andesita, arcillas, arena, caliza, cantera, caolín, grava, riolita, rocas, piedras y sustrato o capa fértil.

Para efectos de este artículo la extracción deberá realizarse por medio de trabajos a cielo abierto en el territorio del Estado.

En ningún momento se considerarán objeto de este impuesto los minerales o sustancias a que hace referencia el artículo 4º de la Ley Minera.

Para efectos de este artículo se entiende como:

I. Agregados pétreos: los materiales granulares sólidos inertes que se emplean en los firmes de las carreteras con o sin adición de elementos activos y con granulometrías adecuadas; se utilizan para la fabricación de productos artificiales resistentes, mediante su mezcla con materiales aglomerantes de activación hidráulica [cementos, cales, entre otros] o con ligantes asfálticos; y

II. Rocas: el granito, la roca volcánica, el mármol, el ónix, roca travertino, rocas sedimentarias y demás rocas para la construcción.

De los sujetos

Art. 9º Son sujetos del pago de este impuesto las personas físicas, las personas morales o unidades económicas que dentro del territorio del Estado extraigan del suelo y subsuelo materiales que constituyan depósitos de igual o semejante naturaleza a los componentes del terreno, tales como: agregados pétreos, andesita, arcillas, arena, caliza, cantera, caolín, grava, riolita, rocas, piedras y sustrato o capa fértil.

De la base

Art. 10. La base para el cálculo de este impuesto será el volumen de metros cúbicos de material extraído en términos del artículo anterior.

De las cuotas

Art. 11. El impuesto a que se refiere este capítulo se causará por cada metro cúbico que se extraiga de los materiales objeto de la contribución con base en el tipo de material extraído y las cuotas siguientes:

Material Cuota
Agregados pétreos $24.11
Andesita $35.72
Arcillas $14.50
Arena $17.59
Caliza $15.56
Cantera $18.29
Caolín $456.01
Grava $11.25
Riolita $24.64
Rocas $399.67
Piedras y sustrato o capa fértil $11.25
Del pago

Art. 12. Los contribuyentes sujetos de este impuesto, efectuarán sus pagos, a más tardar el día 17 del mes siguiente a que realicen u ocurran las actividades a que se refiere el artículo 8º de esta Ley, mediante declaración que presentarán en las formas y medios autorizados por la Secretaría, según lo dispuesto en el Código.

Los contribuyentes deberán proporcionar la información que se les solicite en las formas que al efecto apruebe la Secretaría.

De las obligaciones

Art. 13. Son obligaciones de los contribuyentes de este impuesto, además de las establecidas en el Código, las siguientes:

I. Las personas físicas y morales o unidades económicas que para efecto de impuestos federales tengan su domicilio fiscal en otras entidades, pero que realicen las actividades a que se refiere este capítulo, deberán registrar como domicilio fiscal estatal, el lugar en donde se originen sus actos;

II. Presentar las declaraciones del impuesto y enterar y pagar el impuesto correspondiente en la forma y los términos previstos en esta sección;

III. Registrarse o empadronarse en la oficina recaudadora que corresponda al lugar de la ubicación de los terrenos explotados;

IV. Llevar un libro de registros de extracción en el que se hará constar diariamente la cantidad en metros cúbicos de material que se extraiga del suelo y subsuelo;

V. Presentar los avisos, datos, documentos e informes que les soliciten las autoridades fiscales en relación con este impuesto, dentro de los plazos y en los lugares señalados al efecto;

VI. Poner a disposición de las autoridades competentes, para los efectos del ejercicio de sus facultades de comprobación, los informes, documentos, registros y comprobantes que le sean solicitados, en relación con la determinación y pago de este impuesto, así como del resto de las obligaciones a su cargo en términos del presente capítulo; y

VII. Las demás que señale la Ley y los ordenamientos fiscales aplicables.

Sección tercera
De la emisión de gases a la atmósfera

Del objeto

Art. 14. Son objeto de este impuesto las emisiones a la atmósfera de determinadas sustancias generadas en los procesos productivos que se desarrollen en el Estado y que afecten el territorio del mismo.

Para los efectos de este impuesto se considera emisión a la atmósfera, la expulsión directa o indirecta de bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluoro-carbonos, perfluoro-carbonos y hexafluoruro de azufre, ya sea unitariamente o de cualquier combinación de ellos que afecten la calidad del aire, los componentes de la atmósfera y que constituyen gases de efecto invernadero que impactan en deterioro ambiental por provocar calentamiento global.

De los sujetos

Art. 15. Son sujetos y están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas, las personas morales y las unidades económicas residentes en el Estado o los residentes fuera del Estado, que tengan instalaciones o fuentes fijas en las que se desarrollen las actividades que determinan las emisiones a la atmósfera gravadas por este impuesto en el territorio del Estado.

También quedan comprendidos como sujetos de este impuesto, la Federación, el Estado y los municipios, los organismos descentralizados federales, estatales y municipales, las empresas de participación estatal mayoritaria de carácter federal y estatal, las empresas de participación municipal mayoritaria, los fideicomisos constituidos por dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por el Estado y por los municipios, así como las personas de derecho público con autonomía derivada de la Constitución Federal o del Estado.

De la base

Art. 16. Es base de este impuesto la cuantía de carga contaminante de las emisiones gravadas que se realicen desde la o las instalaciones o fuentes fijas expresadas en toneladas.

Para la determinación de la base gravable, el contribuyente la realizará mediante medición o estimación directa de las emisiones que genere y, en su caso, se tomará como referencia el último registro de emisiones y transferencias de contaminantes [RETC] de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, así como de los reportes de emisiones del registro estatal de emisiones a cargo de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

Para la determinación de las toneladas emitidas, el contribuyente realizará la conversión de los gases establecidos en el artículo 14 de esta Ley en bióxido de carbono [CO2], multiplicando la tonelada del tipo de gas emitido por el factor relacionado conforme a la tabla siguiente:

Gases efecto invernadero Composición molecular Equivalencia CO2
Bióxido de carbono CO2 1
Metano CH4 23
Óxido nitroso N2O 296
  HFC-23 12,000
  HFC-125 3,400
  HFC-134a 1,300
Hidrofluoro-carbonos HFC-152a 120
  HFC-227ea 3,500
  HFC-236fa 9,400
  HFC-4310mee 1,500
  CF4 5,700
  C2F6 11,900
Perfluoro-carbonos C4F10 8,600
  C6F14 9,000
Hexafluoro de azufre SF6 22,200
De la cuota

Art. 17. El impuesto se causará en el momento que los contribuyentes realicen emisiones a la atmósfera, gravadas por este impuesto que afecten el territorio del Estado, aplicando una cuota impositiva por el equivalente a 250 pesos por tonelada emitida de bióxido de carbono o la conversión del mismo, establecida en el artículo anterior.

Del pago

Art. 18. A cuenta de este impuesto se harán pagos provisionales mensuales, que se presentarán a más tardar el día 17 del mes siguiente que corresponda al mismo, mediante los formularios que para esos efectos apruebe y publique la Secretaría.

Asimismo, se deberá presentar una declaración anual por este impuesto a más tardar el último día hábil del mes de marzo del siguiente año del ejercicio de que se trate, en la que se podrán acreditar los pagos provisionales mensuales efectivamente pagados de este impuesto del ejercicio que corresponda.

Lo anterior se establece, sin perjuicio de las multas, responsabilidades o sanciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, u otras responsabilidades penales, civiles o administrativas y demás disposiciones que resulten aplicables por el riesgo de pérdida de vida humana, así mismo por deterioro que causa a la salud pública y el daño al ambiente.

De las obligaciones

Art. 19. Los contribuyentes estarán obligados a presentar aviso de inscripción ante la Secretaría y llevar un libro registro de emisiones contaminantes, que estará a disposición de la Secretaría y de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Zacatecas, para efectos de la gestión del mismo y como medio de control, vigilancia y seguimiento del cumplimiento de la normativa medioambiental.

En el libro registro de emisiones contaminantes se consignarán los datos siguientes:

I. Volumen y tipología del combustible, así como materias primas consumidas y/o producidas;

II. Composición química básica del combustible consumido y/o producido;

III. Cálculo de las emisiones a la atmósfera realizado en cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley;

IV. En su caso, datos de concentración resultantes de los monitores o mecanismos de control o de medición instalados; y

V. Cualquier otro que se establezca mediante publicación reglamentaria por parte de la Secretaría o de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente.

Sección cuarta
De la emisión de contaminantes
al suelo, subsuelo y agua

Del objeto

Art. 20. Es objeto de este impuesto la emisión de sustancias contaminantes, que se depositen, desechen o descarguen al suelo, subsuelo o agua en el territorio del Estado.

Del sujeto

Art. 21. Son sujetos de este impuesto las personas físicas, las personas morales, así como las unidades económicas que en el territorio del Estado, independientemente del domicilio fiscal del contribuyente, bajo cualquier título, por sí mismas o a través de intermediarios, realicen los actos o actividades establecidas en el artículo anterior.

De la base gravable

Art. 22. Es base de este impuesto la cantidad en metros cuadrados de terreno o metros cúbicos de agua afectados, según corresponda, con sustancias contaminantes que se emitan o se viertan desde la o las instalaciones o fuentes fijas, expresadas en:

I. Para suelo y subsuelo, en la cantidad de miligramos por kilogramo, base seca, obtenidos de muestras que se realicen conforme a las Normas Oficiales Mexicanas en cada cien metros cuadrados de terreno, de acuerdo con lo siguiente:

a) Suelos contaminados por hidrocarburos:

Las muestras para determinar la cantidad de miligramos por kilogramo, base seca, por cada cien metros cuadrados de terreno, se obtendrán conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012: «Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación».

Contaminante Cantidad de miligramos por kilogramo, base seca, por cada cien metros cuadrados de terreno
Benceno 6
Tolueno 40
Etilbenceno 10
Xilenos [suma de isómeros] 40
Benzo[a]pireno 2
Dibenzo[a,h]antraceno 2
Benzo[a]antraceno 2
Benzo[b]fluoranteno 2
Benzo[k]fluoranteno 8
Indeno (1, 2, 3-cd)pireno 2

b) Suelos contaminados por: arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y vanadio.

Las muestras para determinar la cantidad de miligramos por kilogramo, base seca, por cada cien metros cuadrados de terreno, se obtendrán conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004: «Que establece criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por arsénico, bario, berilio, cadmio, cromo hexavalente, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y vanadio».

Contaminante Cantidad en miligramos por kilogramo, base seca, por cada cien metros cuadrados de terreno
Arsénico 22
Bario 5 400
Berilio 150
Cadmio 37
Cromo hexavalente 280
Mercurio 23
Níquel 1 600
Plata 390
Plomo 400
Selenio 390
Talio 5,2
Vanadio 78

II. Para agua en miligramos en litros, que se presenten por cada metro cúbico, con base en lo siguiente:

Las muestras para determinar la cantidad de miligramos por litro por cada metro cubico de agua, se obtendrán conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996: «Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales»:

a) Contaminantes en aguas residuales básicos:

Contaminante Cantidad de miligramos por litro, por metro cúbico
Grasas y aceites 25
Sólidos suspendidos totales 60
Demanda bioquímica de oxígeno 5 60
Nitrógeno total 25
Fósforo total 10

b) Contaminantes en aguas residuales, ocasionado por metales pesados y cianuros:

Contaminante Cantidad de miligramos por litro, por metro cúbico
Arsénico 0.1
Cadmio 0.1
Cianuro 1
Cobre 4
Cromo 0.5
Mercurio 0.005
Níquel 2
Plomo 0.2
Zinc 10

Para efectos de esta sección, se entenderá que los valores presentados en este artículo representan una unidad de contaminantes en metros cuadrados de terreno o metros cúbicos de agua afectados según corresponda.

De la cuota

Art. 23. El impuesto se causará aplicando los equivalentes y cuotas siguientes:

I. Suelo y subsuelo: una cuota impositiva por el equivalente a 25 pesos por cada cien metros cuadrados afectados con las sustancias contaminantes señaladas en el artículo 22 fracción I de esta Ley; y

II. Agua: contaminantes en aguas residuales básicos y en aguas residuales, ocasionado por metales pesados y cianuros, una cuota impositiva por el equivalente a 100 pesos por cada metro cúbico afectado con las sustancias contaminantes señaladas en el artículo 22 fracción II de esta Ley.

Art. 24. Si el suelo, subsuelo o agua fueron contaminados con dos o más sustancias de las mencionadas en este artículo la cuota se pagará por cada contaminante.

Asimismo por los excedentes en contaminantes en miligramos por kilogramo, base seca, que se presente por cada cien metros, se deberá aplicar una cuota de 25 pesos por cada unidad de medida entera o fracción adicional de contaminantes.

Asimismo por los excedentes en contaminantes en miligramos en litro que se presenten por metro cúbico, se deberá aplicar una cuota de 100 pesos por cada unidad de medida entera o fracción adicional de contaminantes.

Del pago

Art. 25. El pago de este impuesto deberá efectuarse mediante declaración mensual, dentro de los primeros diecisiete días naturales del mes siguiente al que corresponda dicha declaración, en cualquier oficina recaudadora de rentas de la Secretaría o en la forma y términos que se establezcan en el Código, utilizando las formas aprobadas para tal efecto.

De las obligaciones

Art. 26. Los contribuyentes sujetos al pago del impuesto por la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua a que se refiere esta sección, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

I. Presentar aviso de inscripción ante la Secretaría;

II. Llevar un registro específico de las sustancias contaminantes mencionadas en esta sección, que sean adquiridas y utilizadas en los procesos de producción, su uso y destino, así como las cantidades que en estado físico sólido, semisólido o líquido se emitieron al suelo, subsuelo o agua; y

III. Realizar las pruebas mensuales de muestreo previstas en las Normas Oficiales Mexicanas establecidas en el artículo 22 de esta Ley.

Art. 27. Para determinar la base gravable las autoridades fiscales podrán considerar:

I. Los libros y registros sea cual fuera su denominación, que los sujetos obligados al pago del impuesto deban llevar conforme a las disposiciones legales sean de carácter fiscal, mercantil o para dar cumplimiento a las Normas Oficiales Mexicanas en materia de ecología y medio ambiente; y

II. Cuando no sea posible determinar la base gravable en los términos de la fracción anterior, las autoridades fiscales podrán estimar el impuesto por la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, a partir de las manifestaciones de impacto ambiental, cédulas de operación anual y demás documentos de carácter ambiental que los contribuyentes se encuentren obligados a presentar ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como ante la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del Estado, correspondiente al último ejercicio fiscal que se hubieran presentado.

Sección quinta
Del impuesto al depósito
o almacenamiento de residuos

Del objeto

Art. 28. Es objeto de este impuesto el depósito o almacenamiento de residuos en vertederos públicos o privados, situados en el Estado.

Para efectos de esta sección se considera residuo cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó.

De los sujetos

Art. 29. Son sujetos de este impuesto las personas físicas y morales, así como las unidades económicas sean o no residentes en el Estado, generadoras del residuo y que por sí mismas o a través de intermediarios depositen o almacenen residuos en vertederos públicos o privados.

De la base

Art. 30. Es base gravable para este impuesto la cantidad en tonelada de residuos depositados o almacenados en vertederos públicos o privados, situados en el Estado que sea generados durante un mes de calendario o fracción del mismo.

De la cuota

Art. 31. El impuesto al depósito o almacenamiento de residuos en vertederos públicos o privado se causará aplicando una cuota de 100 pesos por tonelada de residuos depositados o almacenados en vertederos públicos o privados.

Del pago

Art. 32. El impuesto determinado deberá ser enterado mensualmente por las personas físicas y morales, así como las unidades económicas dentro de los primeros diecisiete días del mes siguiente a su vencimiento.

De las obligaciones

Art. 33. Los contribuyentes sujetos al pago del impuesto originado por el depósito o almacenamiento de residuos en vertederos públicos o privados a que se refiere esta sección, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

I. Presentar aviso de inscripción ante la Secretaría; y

II. Llevar un registro específico de los residuos en el que se identifique la cantidad en toneladas y el lugar de depósito o almacenamiento, así el señalamiento de si fue depositado o almacenado en un vertedero público o privado y su ubicación.

Art. 34. Para determinar la base gravable las autoridades fiscales podrán considerar:

I. Los libros y registro sea cual fuera su denominación, que los sujetos obligados al pago del impuesto deban llevar conforme a las disposiciones legales sean de carácter fiscal, mercantil o para dar cumplimiento a las normas en materia de ecología y medio ambiente; y

II. Cuando no sea posible determinar la base gravable en los términos de la fracción anterior las autoridades fiscales podrán estimar la cantidad de los residuos depositados o almacenados las cantidades de los mismos conforme a la información que se obtenga de otras autoridades, terceros, estudios científicos o tecnológicos, considerando el tipo de actividades realizadas por el contribuyente y la producción o venta del periodo en el que se causó la contribución.

Sección sexta
Estímulos y destino de los impuestos

Art. 35. Para efectos de lo establecido en las secciones tercera, cuarta y quinta de este capítulo, cuando exista una disminución de los contaminantes objeto de los impuestos y esta sea equivalente a un 20 por ciento o más entre un año fiscal y otro, se efectuará una reducción en un 20 por ciento del impuesto que le corresponda pagar en el ejercicio inmediato siguiente en el que se observe la disminución.

Para la procedencia del estímulo, los contribuyentes deberán acreditar ante la Secretaría, las reducciones efectivas a través de la documentación que contable y jurídicamente sea procedente.

Art. 36. Los ingresos que se obtengan de la recaudación de los Impuestos establecidos en este capítulo, se destinarán prioritariamente, a las áreas de mayor afectación ambiental y de rezago económico e incluirán las de coinversión con el Gobierno Federal o algún otro mecanismo financiero que permita potenciar estos recursos, en los rubros siguientes:

I. Obras, infraestructura y operación de los servicios de salud;

II. Obras, infraestructura, mejoramiento, restauración o remediación del equilibrio ecológico;

III. Acciones estatales de inspección y vigilancia de fuentes fijas de contaminantes y de cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables;

IV. Desastres naturales, contingencias ambientales, sequías, ciclones, sismos, entre otros;

V. Generación de proyectos para desarrollo sustentable y sostenible;

VI. Vivienda, para reubicación de los habitantes de zonas de riesgo; y

VII. Así como a las materias a que hace referencia la fracción II del artículo 8º de la Ley General de Cambio Climático.

Capítulo II
Del impuesto sobre nóminas

Del objeto

Art. 37. Son objeto de este impuesto, las erogaciones o pagos en efectivo o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, por los servicios prestados bajo esta calidad dentro del territorio del Estado, bajo la dirección o dependencia de un patrón o de un tercero que actúe en su nombre, aun cuando estos tengan su domicilio fuera de la Entidad.

Para los efectos de este impuesto, se consideran erogaciones, las prestaciones o contraprestaciones ordinarias o extraordinarias, destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado, los salarios, sueldos, sobresueldos, anticipos, viáticos, gastos de representación, aguinaldo, comisiones, premios, gratificaciones, rendimientos, ayudas para despensa, beneficio por supervivencia, participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, aportación patronal al fondo de ahorro, primas vacacionales, dominicales, por antigüedad y previsión social, ayudas habitacionales y demás prestaciones que se deriven de cualquier otra erogación realizada por conceptos de naturaleza análoga.

Quedan comprendidos en el objeto de este impuesto las erogaciones en efectivo o en especie que por concepto de remuneración se otorgue a los asimilados, considerando los establecidos en el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Del sujeto

Art. 38. Son sujetos y están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas, las personas morales, las unidades económicas, los municipios, el Estado, la Federación y sus organismos descentralizados o desconcentrados, así como toda aquella persona que se beneficie del trabajo personal subordinado de otro, que realicen las erogaciones o pagos a que se refiere el artículo anterior, conforme a lo siguiente:

I. Los residentes en el Estado respecto de todas las erogaciones que habitual o accidentalmente realicen en el Estado; y

II. Los residentes fuera del Estado, respecto de todas las erogaciones que habitual o accidentalmente realicen en el Estado.

Se consideran residentes en el Estado, las personas físicas, las personas morales, las unidades económicas y los demás sujetos a que se refiere el presente capítulo, que realicen las erogaciones o pagos a que se refiere el artículo 37 de esta Ley y que respectivamente se ubiquen en los siguientes supuestos:

a) Que tengan su domicilio principal, la administración principal de su negocio o su casa habitación en el Estado;

b) Que tenga una o más sucursales, agencias, oficinas, bodegas o instalaciones, establecimientos o locales en el Estado; y

c) Que realicen los actos o actividades gravados conforme al impuesto establecido en este capítulo.

Están obligados a retener y enterar este impuesto, las personas físicas, las personas morales y las unidades económicas, que contraten la prestación de servicios objeto de este impuesto con personas físicas, personas morales o unidades económicas residentes fuera del Estado.

Cuando se efectúen las retenciones a que se refiere el párrafo anterior, los retenedores deberán proporcionar a la persona o unidad económica prestadora del servicio, la constancia de retención correspondiente, de acuerdo con el formulario que apruebe y publique la Secretaría.

Cuando no se efectúen las retenciones a que se refiere el párrafo anterior, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario, que el impuesto omitido es el que resulte de aplicar la tasa a que se refiere el artículo 40 de esta Ley, al total de las contraprestaciones pactadas con el prestador del servicio, determinado en función del resultado que se obtenga respecto de los pagos realizados, en el ejercicio de las facultades de comprobación ejercidas con el sujeto retenedor u obligado a retener el impuesto.

En el caso a que se refiere el párrafo anterior, la persona física, la persona moral o la unidad económica que se beneficie con los trabajos o servicios prestados por los trabajadores de las empresas contratadas, será responsable solidario con éstas respecto del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley.

La obligación solidaria podrá ser determinada por la Secretaría ante el incumplimiento de los contribuyentes que funjan como patrón de los trabajadores que ejecuten los trabajos o presenten los servicios a la empresa que contrata; en este supuesto si el patrón omite enterar total o parcialmente el importe del impuesto causado en relación con los trabajadores que ejecutaron los trabajos o prestaron los servicios al responsable solidario, la Secretaría determinará y fijará el monto del crédito que por concepto del impuesto causado se haya originado, y le será notificado y cobrado al responsable solidario.

Los contribuyentes que contraten la prestación de servicios a través de un intermediario laboral, sea persona física o moral constituida bajo cualquier forma legal, serán responsables directos del pago de este impuesto y deberán cumplir las obligaciones contenidas en este capítulo que resulten por la prestación del servicio contratado, siempre que el intermediario laboral no cumpla con el pago y las obligaciones establecidas para este impuesto.

De la base gravable

Art. 39. La base de este impuesto es el monto total de las erogaciones a que se refiere el artículo 37 de esta Ley.

De la tasa

Art. 40. Este impuesto se causará en el momento en que se realicen los pagos o se efectúen las erogaciones que son objeto del mismo y se determinará aplicando a la base que resulte conforme al artículo anterior, la tasa del 2.5%.

Del pago

Art. 41. El pago de este impuesto deberá efectuarse mediante declaración mensual, dentro de los primeros 17 días naturales del mes siguiente al que corresponda dicha declaración, en cualquier oficina recaudadora de rentas de la Secretaría o en la forma y términos que se establezcan en el Código, utilizando las formas aprobadas para tal efecto.

De las obligaciones

Art. 42. Los contribuyentes de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones, además de las señaladas en este capítulo:

I. Presentar aviso de inscripción en la oficina recaudadora de rentas del Estado más cercana a su domicilio, dentro de los 20 días naturales siguientes a la fecha en que inicie las actividades por las cuales deba efectuar el pago de este impuesto, en las formas autorizadas para tal efecto;

II. Presentar ante las mismas autoridades y dentro de los 15 días naturales siguientes, los avisos de cambio de nombre o razón social, domicilio, actividad, suspensión de actividades o clausura, fusión, escisión, liquidación; así como suspensión, disminución de obligaciones, cancelación o reanudación de actividades u obligaciones, así como la apertura o cierre de un local, oficina, establecimiento, agencia, sucursal o instalaciones dentro de los cuales se realicen los actos o actividades objeto de este impuesto o cualquiera otra circunstancia que modifique los datos aportados por el contribuyente, contenidos en el documento de inscripción, en los plazos señalados por el citado Código;

III. Presentar las declaraciones correspondientes aun cuando no exista cantidad a pagar;

IV. Proporcionar los documentos e informes que les soliciten las autoridades fiscales en relación con este impuesto, dentro de los plazos y en los lugares señalados al respecto;

V. Los sujetos señalados en el artículo 38 de esta Ley, que para efectos de impuestos federales tengan su domicilio fiscal en otra entidad federativa, pero que efectúen pagos en el Estado por remuneraciones al trabajo personal subordinado, deberán registrar como domicilio fiscal estatal el lugar donde se origine dicha contraprestación, cumpliendo con las obligaciones señaladas en este capítulo. En el caso de que tenga más de una sucursal en el Estado, el domicilio fiscal de todas las sucursales ubicadas en el Estado será en donde se ubique la sucursal que tenga mayor erogación por concepto de contraprestación laboral;

VI. Registrar en contabilidad y conservar la documentación comprobatoria, nóminas, listas de raya o cualquier otro medio de captura de información relacionado con este impuesto por un período de cinco años, a partir de la fecha en que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas;

VII. Cuando los contribuyentes detecten diferencias en sus pagos, deberán presentar declaraciones complementarias para corregir las diferencias; y

VIII. Los sujetos de este impuesto que tengan una o más sucursales dentro del Estado, presentarán una sola declaración en la que concentrarán la totalidad de las erogaciones gravadas.

Art. 43. Los retenedores de este impuesto tendrán, además de las obligaciones señaladas en el artículo anterior las siguientes:

I. Presentar aviso de alta o aumento de obligaciones por el inicio de retención del impuesto, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la primera retención que efectúen, adjuntando copia del contrato celebrado con el prestador del servicio;

II. Presentar declaraciones mensuales definitivas del impuesto retenido y hacer el pago o el entero del mismo, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquél en que se efectúe la retención.

Las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior, se presentarán aun cuando no exista impuesto a pagar, mientras no se presente el aviso de disminución de obligaciones como retenedor; y

III. Llevar y conservar en los términos del Código, los registros contables que permitan identificar los importes de las retenciones que de conformidad con este capítulo estén obligados a efectuar.

Art. 44. Los contribuyentes que contraten la prestación de servicios subordinados a través de un intermediario laboral, deberán informar semestralmente dentro de los primeros 17 días de los meses de febrero y agosto ante las oficinas recaudadoras de la dirección de ingresos de la Secretaría que correspondan a su domicilio lo siguiente:

I. De las partes en el contrato:

Nombre, denominación o razón social; clase de persona moral de que se trate, en su caso; objeto social; domicilio social, fiscal y, en su caso, convencional para efectos del contrato; número del Registro Federal de Contribuyentes y de registro patronal ante el IMSS; datos de su acta constitutiva, tales como número de escritura pública, fecha, nombre del Notario Público que da fe de la misma, número de la notaría y ciudad a la que corresponde la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, sección, partida, volumen, foja o folio mercantil, en su caso, y fecha; nombre de los representantes legales de las partes que suscribieron el contrato.

II. Del contrato:

Objeto; periodo de vigencia; perfiles, puestos o categorías indicando en este caso si se trata de personal operativo, administrativo o profesional y el número estimado mensual de trabajadores u otros sujetos de aseguramiento que se pondrán a disposición del beneficiario de los servicios o trabajos contratados.

III. De los servicios prestados:

Nombre de los trabajadores, periodo en el que prestaron el servicio y monto de las percepciones pagadas.

La información prevista en este artículo deberá ser presentada en documento impreso, y en medios magnéticos.

El Gobierno del Estado, en ningún caso, será considerado como intermediario laboral.

Capítulo III
Del impuesto sobre servicios de hospedaje

Del objeto

Art. 45. Es objeto de este impuesto la prestación de servicios mediante el que se concede el uso, goce y demás derechos que se convengan sobre un bien o parte del mismo para el alojamiento o albergue temporal de personas a cambio de una contraprestación o pago, sin incluir alimentos ni otros servicios, otorgado en hoteles, moteles, hosterías, hostales, mesones, posadas, villas turísticas, casas de hospedaje y albergues con fines turísticos, campamentos, paraderos de casas rodantes móviles o autotransportables y otros establecimientos que presten servicios de esta naturaleza incluyendo los prestados por concepto de tiempo compartido.

Del sujeto

Art. 46. Son sujetos y están obligados al pago de este impuesto, las personas físicas y morales, así como las unidades económicas que presten los servicios a que se refiere el artículo anterior, dentro del Estado, aun cuando tengan su domicilio o la administración principal de su negocio o actividad fuera del Estado.

El contribuyente obligado trasladará este impuesto en forma expresa y por separado a los usuarios de este servicio. Se entenderá por traslado del impuesto, el cobro o cargo que el prestador del servicio debe hacer al usuario en los términos del artículo 45 de esta Ley.

El traslado del impuesto a que se refiere este artículo, no se considerará violatorio de precios o tarifas, incluyendo los oficiales.

Art. 46 bis. Los supuestos previstos en los artículo 45 y 46 de este Código, cuando intervenga una persona física o moral en su carácter de intermediario, promotor o facilitador en el cobro de las contraprestaciones por servicios de hospedaje y en caso de que se cubra a través de ella lo correspondiente al impuesto por presentación de servicios de hospedaje, ésta deberá ser quien entere el pago del impuesto correspondiente a la autoridad física y realizará el traslado de impuesto a las personas a quienes preste servicio de hospedaje.

Las personas físicas o morales que en su carácter de intermediarias, promotoras o facilitadoras intervengan en el cobro de las contraprestaciones por servicios de hospedaje y en caso de que se cubra a través de ella lo correspondiente al impuesto por la prestación de servicio y hospedaje, deberán inscribirse al padrón de impuestos correspondiente en su carácter de intermediario, promotor o facilitador a efecto de coadyuvar en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 45 de esta Ley.

El impuesto a que se refiere este capítulo se causará al momento en que se perciban los valores correspondientes a las contraprestaciones por los servicios de hospedaje, incluyendo depósitos, anticipos, gastos, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto que deriven de la prestación de dicho servicio.

Cuando los contribuyentes convengan la prestación de servicios de hospedaje e incluyan servicios accesorios, tales como transportación, comida, uso de instalaciones u otros similares y o desglosen y comprueben la prestación de estos últimos, se entenderá que el valor de la contraprestación respectiva corresponde a servicios de hospedaje.

Asimismo, aquellas personas físicas o morales que en su carácter de intermediarias, promotoras o facilitadoras intervengan el cobro de las contraprestaciones por servicios de hospedaje, en caso de que se cubra a través de ellas lo correspondiente al impuesto por la prestación de servicio de hospedaje deberán presentar a más tardar el día 15 de cada mes, una sola declaración por el total de las contraprestaciones percibidas en el mes inmediato anterior, en las formas y medios que para tal efecto se establecerán por la autoridad fiscal.

Art. 47. Se entiende que los servicios de hospedaje se prestan en el Estado siempre que el bien objeto de los mismos se encuentre dentro de su territorio.

De la base gravable

Art. 48. La base gravable para el cálculo de este impuesto será el valor de la contraprestación pactada por los servicios de hospedaje, así como los depósitos y anticipos que ésta incluya y las cantidades que además se carguen o cobren a quien recibe el servicio, intereses normales o moratorios, penas convencionales y cualquier otro concepto vinculado al servicio prestado.

No formarán parte de la base gravable de este impuesto, el importe de bienes y servicios correspondientes a alimentación, transporte y otros servicios distintos al hospedaje.

En aquellos casos en que se convengan además de la prestación de servicios de hospedaje otros servicios accesorios, tales como transportación, alimentos, bebidas, uso de instalaciones, u otros similares y no se desglosen los mismos o comprueben con la documentación correspondiente la prestación de estos últimos, se entenderá que el valor de la contraprestación respectiva corresponde a servicios de hospedaje.

Sin perjuicio de lo establecido en el primer párrafo de este artículo, cuando se trate de los servicios proporcionados mediante el sistema de tiempo compartido la base del impuesto será el valor de la contraprestación que el usuario pague por concepto de cuotas de mantenimiento, cada vez que haga uso de los derechos convenidos sobre un bien o parte del mismo.

El impuesto al valor agregado que se cause por los servicios de hospedaje, bajo ningún concepto formara parte de la base gravable de este impuesto.

Este impuesto no se causará por el servicio de hospedaje o alojamiento prestado por hospitales, clínicas o sanatorios, conventos, asilos, internados, orfanatos, casas de beneficencia o de asistencia social y casas de huéspedes sin fines turísticos.

De la tasa

Art. 49. La tasa que se aplicará a la base del cálculo del impuesto es el 3%.

Del pago

Art. 50. El impuesto sobre hospedaje se pagará en las recaudaciones correspondientes al lugar donde se preste el servicio, o en las instituciones de crédito autorizadas, mediante la presentación de declaraciones trimestrales, dentro de los 17 días naturales siguientes a cada trimestre.

Art. 51. Se tendrá obligación de pagar este impuesto en el momento en que sean exigibles las contraprestaciones a favor de su prestador, incluyendo los anticipos que se reciban.

De las obligaciones

Art. 52. Las personas físicas y morales, así como las unidades económicas que presten los servicios de hospedaje objeto de este impuesto tienen, además de las obligaciones que le señalen esta y otras leyes, las siguientes:

I. Solicitar su inscripción al padrón estatal de contribuyentes ante la autoridad fiscal del lugar donde se preste el servicio, dentro de los 15 días siguientes al inicio de sus operaciones, mediante la forma oficial autorizada para tal efecto, y proporcionar la información relacionada con su identidad, su domicilio y aquella que le sea solicitada;

II. Presentar ante la oficina recaudadora que corresponda a su domicilio fiscal en los términos del Código, los avisos respectivos de cambio de nombre, domicilio, denominación o razón social, domicilio fiscal, traspaso, clausura, fusión, escisión, liquidación; así como suspensión o reanudación de actividades u obligaciones, así como cuando se abra o cierre un local, establecimiento, sucursal u otras instalaciones dentro de los cuales se presten los servicios objeto de este impuesto o cualquiera otra circunstancia que modifique los datos aportados por el contribuyente, contenidos en el documento de inscripción, en los plazos señalados por el Código;

III. Llevar la contabilidad de sus operaciones en los mismos términos y características fijados por las disposiciones fiscales federales;

IV. Expedir los comprobantes fiscales que establecen las disposiciones fiscales en las que se deberá efectuar la separación de los actos y actividades de las operaciones por las que deba pagarse el impuesto;

V. Presentar los avisos, datos, documentos e informes que les soliciten las autoridades fiscales en relación con este impuesto, dentro de los plazos y en los lugares señalados al efecto; y

VI. Presentar las declaraciones del impuesto y enterar y pagar el impuesto en la forma y términos establecidos en este capítulo.

Capítulo IV
Del impuesto sobre tenencia
o uso de vehículos

Del objeto

Art. 53. Es objeto del impuesto a que se refiere este capítulo, la tenencia o uso de vehículos aéreos, terrestres y marítimos o fluviales que se efectúe en el territorio del Estado.

Para efectos de este impuesto se entiende por vehículos, los terrestres y marítimos o fluviales, entre otros, los automóviles, ómnibus, vehículos pick up, camiones, minibuses, microbuses, autobuses integrales, tractores no agrícolas tipo quinta rueda, motocicletas, bicimotos, cuatrimotos, motonetas y triciclos automotores, embarcaciones, veleros, esquís acuáticos motorizados, motocicletas acuáticas, tablas de oleaje con motor, vehículos con motor de combustión interna o con motor accionado por hidrógeno, eléctricos, mixtos o híbridos y automóviles blindados.

Así mismo, para efectos de este impuesto, se considera que la tenencia o uso de los vehículos señalados en el párrafo anterior se efectúan dentro de la circunscripción territorial del Estado, en los siguientes casos:

a) Cuando se inscriba en el registro vehicular del Estado;

b) Cuando el domicilio fiscal en materia federal del tenedor o usuario del vehículo se localice en el Estado; o

c) En su defecto, cuando el domicilio del contribuyente se encuentre en el Estado.

Para los efectos de esta Ley se presume que el propietario es el tenedor o usuario del vehículo.

Del sujeto

Art. 54. Están obligados al pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, las personas físicas y morales, así como las unidades económicas tenedoras o usuarias de los vehículos a que se refiere el artículo anterior.

Para los efectos de este impuesto, la Federación, la Ciudad de México, los Estados, los municipios, los organismos descentralizados o cualquier otra persona física, moral o unidades económicas, deberán pagar el Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos que se establece en este capítulo, con las excepciones que en el mismo se señalan, aun cuando de conformidad con otras leyes o decretos no estén obligados a pagar contribuciones federales o estatales, o estén exentos de ellos.

Art. 55. Para efectos de este capítulo, se considera por:

I. Vehículo nuevo:

a) El que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor o comerciante en el ramo de vehículos; y

b) El importado definitivamente al país que corresponda al año modelo posterior al de aplicación de este capítulo, al año modelo en que se efectúe la importación, o a los nueve años modelos inmediatos anteriores al año de la importación definitiva;

II. Valor total del vehículo: el precio de enajenación del fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado, importador, empresas comerciales con registro ante la autoridad competente como empresa para importar autos usados o comerciante en el ramo de vehículos, según sea el caso, al consumidor, incluyendo el equipo que provenga de fábrica o el que el enajenante le adicione a solicitud del consumidor, incluyendo las contribuciones que se deban pagar con motivo de la importación, a excepción del impuesto al valor agregado;

III. En el valor total del vehículo a que hace referencia el párrafo anterior, no se incluirán los intereses derivados de créditos otorgados para la adquisición del mismo;

IV. Marca: las denominaciones y distintivos que los fabricantes de automóviles y camiones dan a sus vehículos para diferenciarlos de los demás;

V. Año modelo: el año modelo de fabricación o ejercicio automotriz, comprendido por el período entre el primero de octubre del año anterior al 30 de septiembre del año que transcurre;

VI. Modelo: todas aquellas versiones de la carrocería básica con dos, tres, cuatro o cinco puertas que se deriven de una misma línea. Por carrocería básica se entenderá, el conjunto de piezas metálicas, o de plástico que configuran externamente a un vehículo y de las que derivan los diversos modelos;

VII. Versión: cada una de las distintas presentaciones comerciales que tiene un modelo;

VIII. Línea:

a) Automóviles con motor de gasolina o gas hasta de 4 cilindros;

b) Automóviles con motor de gasolina o gas de 6 u 8 cilindros;

c) Automóviles con motor de diésel;

d) Camiones con motor de gasolina, gas o diésel;

e) Tractores no agrícolas tipo quinta rueda;

f) Autobuses integrales;

g) Automóviles eléctricos e híbridos;

h) Automóviles con motor de uso de biocombustibles.

Para efectos de este capítulo se entenderá como automóvil híbrido, aquellos automóviles eléctricos, que además cuenten con motor de combustión interna;

IX. Comerciantes en el ramo de vehículos: a las personas físicas y morales, así como las unidades económicas cuya actividad sea la importación y venta de vehículos nuevos o usados;

X. Vehículo: a los automóviles como ómnibus, camiones y tractores no agrícolas tipo quinta rueda, las aeronaves, embarcaciones, veleros, esquís acuáticos motorizados, motocicletas acuáticas, tabla de oleaje con motor, automóviles eléctricos, automóviles híbridos y motocicletas;

XI. Índice nacional de precios al consumidor, que aplicará para efectos de este impuesto, el publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en los términos de los artículos 20 segundo párrafo y 20 bis del Código Fiscal de la Federación; y

XII. Factores de actualización, los que determine la Secretaría de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables.

Del cálculo, base, tasa, tabla o tarifa

Art. 56. En el caso de vehículos nuevos el impuesto se calculará conforme a lo siguiente:

I. Tratándose de aeronaves nuevas, el impuesto será la cantidad que resulte de multiplicar el peso máximo, incluyendo la carga de la aeronave expresada en toneladas, por la cantidad de $7,313.00, para aeronaves de pistón, turbohélice y helicópteros, y por la cantidad de $7,877.00, para aeronaves de reacción;

II. Para los vehículos destinados al transporte de hasta 15 pasajeros y automóviles blindados, así como los vehículos de carga de los denominados pick up, el impuesto se determinará aplicando al valor total del vehículo la siguiente:

Tarifa
Límite inferior $ Límite superior $ Cuota fija $ Por ciento sobre el excedente del límite inferior %
0.01 526,657.78 0.00 3
526,657.79 1,013,523.64 15,799.73 8.7
1,013,523.65 1,362,288.13 58,157.06 13.3
1,362,288.14 1,711,052.62 104,542.74 16.8
1,711,052.63 En adelante 163,135.16 19.1

III. Tratándose de vehículos nuevos destinados al transporte de más de quince pasajeros o de carga cuyo peso bruto vehicular sea de 1.5 toneladas o más, el impuesto se calculará multiplicando la cantidad que resulte de aplicar el 0.50% al valor total del automóvil.

Para los efectos de esta fracción, peso bruto vehicular es el peso del vehículo totalmente equipado incluyendo chasis, cabina, carrocería, unidad de arrastre con el equipo y carga útil transportable;

IV. Tratándose de vehículos marítimos o fluviales con motor nuevo, entre otras embarcaciones, veleros, esquís acuáticos motorizados, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor, el impuesto será la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehículo de que se trate el 1.5%;

V. En la enajenación o importación de vehículos nuevos de año modelo posterior al de aplicación de este capítulo, se pagará el impuesto correspondiente al año de calendario correspondiente en el que se enajene o importe, según corresponda. El impuesto para dichos vehículos se determinará en el siguiente año de calendario de acuerdo con el procedimiento que corresponda al tipo de vehículo de que se trate, bajo el criterio de vehículo nuevo;

VI. Tratándose de motocicletas nuevas, el impuesto se calculará aplicando al valor total de la motocicleta, la siguiente tarifa:

Tarifa
Límite inferior $ Límite superior $ Cuota fija $ Tasa para aplicarse sobre el excedente del límite inferior %
0.01 220,600.00 0.00 3
220,600.01 303,459.28 6,619.80 8.7
303,459.29 407,882.92 13,823.33 13.3
407,882.93 En adelante 27,711.67 16.8

Las cantidades establecidas en las tarifas contenidas en este artículo, se actualizarán en el mes de enero de cada año, aplicando el factor que se obtenga de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes de noviembre del año inmediato anterior a aquél en que se va aplicar la tarifa, entre el índice nacional de precios al consumidor del mes de noviembre de dos años inmediatos anteriores al año de aplicación.

El índice nacional de precios al consumidor que se aplicará para los efectos del párrafo anterior es el publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en los términos de los artículos 7º, 8º y 9º del Código.

Art. 57. Para la aplicación de este impuesto se entiende por vehículos destinados al transporte de más de 15 pasajeros o para el transporte de efectos, los camiones diferentes a los denominados pick up, sin importar el peso bruto vehicular, tractores no agrícolas tipo quinta rueda, así como minibuses, microbuses y autobuses integrales, cualquiera que sea su tipo y peso bruto vehicular.

De los vehículos usados

Art. 58. Tratándose de vehículos de fabricación nacional o importada de hasta nueve años de antigüedad, el impuesto se determinará conforme a lo siguiente:

I. Tratándose de vehículos usados de fabricación nacional o importados, a que se refieren las fracciones I, III, IV y V del artículo 56 de esta Ley, el impuesto será el que resulte de multiplicar el importe del impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior por el factor que corresponda conforme a los años de antigüedad del vehículo, de acuerdo con la siguiente:

Tabla
Años de antigüedad Factor
1 0.900
2 0.889
3 0.875
4 0.857
5 0.833
6 0.800
7 0.750
8 0.667
9 0.500

El resultado obtenido conforme al párrafo anterior, se actualizará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de esta Ley.

En el caso de que un vehículo provenga de otra entidad federativa en donde no se encuentre sujeto o esté exento del pago de este impuesto, se considerará el impuesto causado en el ejercicio fiscal inmediato anterior, de un vehículo con iguales o similares características y, en su defecto, el valor consignado en la guía autoprecio, S.A. de C.V. a la fecha de la operación;

II. Tratándose de vehículos de fabricación nacional o importados, de hasta nueve años modelo anteriores al de este capítulo, destinados al transporte de hasta quince pasajeros y automóviles blindados, así como los vehículos de carga de los denominados pick up, el impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente:

a) El valor total del vehículo se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo del vehículo, de conformidad con la siguiente:

Tabla
Años de antigüedad Factor de depreciación
1 0.850
2 0.725
3 0.600
4 0.500
5 0.400
6 0.300
7 0.225
8 0.150
9 0.075

b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se multiplicará por el factor de actualización a que se refiere el artículo 56 de esta Ley, y al resultado se le aplicará la tarifa a que hace referencia la fracción II, del artículo 56, de esta Ley.

Para efectos de la depreciación y actualización a que se refiere este artículo, los años de antigüedad se calcularán con base en el número de años transcurridos a partir del año modelo al que corresponda el vehículo;

III. Tratándose de embarcaciones, veleros, esquís acuáticos motorizados, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor, el impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente:

a) El valor total del vehículo de que se trate se multiplicará por el factor de depreciación de acuerdo al año modelo, de conformidad con la siguiente:

Tabla
Años de antigüedad Factor de depreciación
1 0.9250
2 0.8500
3 0.7875
4 0.7250
5 0.6625
6 0.6000
7 0.5500
8 0.5000
9 0.4500
10 0.4000
11 0.3500
12 0.3000
13 0.2625
14 0.2250
15 0.1875
16 0.1500
17 0.1125
18 0.0750
19 y siguientes 0.0375

b) La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se multiplicará por el factor de actualización a que se refiere el artículo 56 de esta Ley; al resultado se le aplicará la tasa a que hace referencia la fracción IV, del artículo 56 de esta Ley;

IV. Tratándose de aeronaves y helicópteros de más de diez años de fabricación anteriores al de aplicación de este capítulo, el impuesto se pagará conforme a la siguiente:

Tipo de vehículos Importe
Aeronaves: 0
Hélice $507.00
Turbohélice $2,804.00
Reacción $4,050.00
Helicópteros: $624.00

V. Tratándose de motocicletas usadas de fabricación nacional o importadas, el impuesto será el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente:

El valor total de la motocicleta se multiplicará por el factor de depreciación de acuerdo al año modelo de la motocicleta, de conformidad con la siguiente:

Años de antigüedad Factor
1 0.9
2 0.8
3 0.7
4 0.6
5 0.5
6 0.4
7 0.3
8 0.2
9 0.1

La cantidad obtenida conforme al inciso anterior, se multiplicará por el factor de actualización a que se refiere el artículo 56 de esta Ley; y al resultado se le aplicará la tarifa a que hace referencia la fracción II, del artículo 56 de esta Ley;

VI. El factor de actualización a que se refiere este artículo se determinará aplicando el factor que se obtenga de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes de noviembre del año inmediato anterior a aquél en que se va aplicar la tarifa entre el mes de noviembre inmediato anterior al año de adquisición del vehículo.

Art. 59. Son solidariamente responsables del pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos establecidos en este capítulo:

I. Quienes por cualquier título adquieran la propiedad, tenencia o uso del vehículo, por el adeudo del impuesto que en su caso existiera, aun cuando se trate de personas que no están obligadas al pago de este impuesto;

II. Quienes reciban en consignación o comisión para su enajenación vehículos, por el adeudo del impuesto que en su caso existiera;

III. Las autoridades estatales, que autoricen el registro de vehículos, permisos provisionales para circulación en traslado, matrículas, altas, cambios o bajas de placas o efectúen la renovación de los mismos, sin haberse cerciorado que no existan adeudos por este impuesto, correspondiente a los últimos cinco años, salvo en los casos en que el contribuyente acredite que se encuentra liberado de esta obligación.

Los contribuyentes comprobarán el pago del impuesto con la forma o recibo oficial original, por medio de la cual lo hayan efectuado; y

IV. Las autoridades competentes que expidan los certificados de aeronavegabilidad o de inspección de seguridad a embarcaciones y los certificados de matrícula para las aeronaves, cuando al expedirlos el tenedor o usuario del vehículo no compruebe el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a que se refiere este capítulo, a excepción de los casos en que se encuentre liberado de ese pago.

De no comprobarse que se ha cumplido con la obligación de pago, dichas oficinas lo harán del conocimiento de la Secretaría.

Art. 60. Tratándose de vehículos usados de más de diez años y hasta veinte años de antigüedad al del año modelo de aplicación de este capítulo; así como todo tipo de remolques, cualquiera que sea su año modelo, el impuesto se pagará de conformidad a los siguientes importes:

Tipo de vehículos Importe
Vehículos de motor $597.00
Remolques $149.00
Motocicletas y similares $149.00
Del pago

Art. 61. Los contribuyentes pagarán por año calendario durante los tres primeros meses de cada año, salvo en el caso de vehículos cuya inscripción al registro estatal vehicular se realice por primera vez, supuesto en el que el impuesto deberá calcularse y enterarse en el momento en el cual se realice la inscripción al referido registro, se solicite permiso provisional para circulación en traslado, o dentro de los quince días siguientes al de enajenación del vehículo; lo que ocurra primero.

El impuesto se pagará en los lugares y medios autorizados por la Secretaría y bajo las modalidades que se establecen en el Código.

En caso de que no pueda comprobarse los años de antigüedad del vehículo, el impuesto a que se refiere este capítulo, se pagará como si éste fuese nuevo.

Cuando la enajenación o importación de vehículos nuevos se efectúe después del primer mes del año calendario, el impuesto causado por dicho año se pagará en la proporción que resulte de aplicar el factor correspondiente al mes de adquisición de conformidad con la siguiente tabla:

Mes de adquisición Factor aplicable al impuesto causado
Febrero 0.92
Marzo 0.83
Abril 0.75
Mayo 0.67
Junio 0.58
Julio 0.50
Agosto 0.42
Septiembre 0.33
Octubre 0.25
Noviembre 0.17
Diciembre 0.08

Los contribuyentes tendrán derecho a solicitar la devolución de este impuesto, cuando ocurra la pérdida total del vehículo por siniestro. La devolución procederá siempre y cuando la solicitud se efectúe dentro de los 30 días hábiles siguientes de la determinación del siniestro por parte de la autoridad o instancia correspondiente, el impuesto a devolver será la parte proporcional del impuesto del ejercicio pagado correspondiente al período por el cual no se tuvo o usó el vehículo, iniciado a partir del mes en que ocurrió la pérdida total, hasta el último mes que se tenga cubierto el impuesto; pérdida que deberá de comprobarse a las autoridades fiscales.

Cuando se determine la pérdida total del vehículo y no se haya efectuado el pago del impuesto, este se cobrará de acuerdo a los porcentajes establecidos en la siguiente tabla:

Mes de adquisición Factor aplicable al impuesto causado
Enero-febrero 0.08
Marzo 0.17
Abril 0.25
Mayo 0.33
Junio 0.42
Julio 0.50
Agosto 0.58
Septiembre 0.67
Octubre 0.75
Noviembre 0.83
Diciembre 0.92

La cantidad que resulte a pagar se le agregará los accesorios legales por cubrir que en su caso corresponda. Cuando la solicitud se efectúe después de los 15 días hábiles siguientes de la terminación del siniestro por parte de la autoridad o instancia correspondiente, el monto del impuesto a pagar será igual al importe total que corresponda cubrir por el año fiscal.

De las obligaciones

Art. 62. Los sujetos al pago de este impuesto tendrán las siguientes obligaciones:

I. Solicitar ante las autoridades fiscales competentes el registro estatal vehicular que corresponda dentro de los plazos y los lugares señalados para tal efecto;

II. Conservar a disposición de las autoridades fiscales, acreditar y exhibir cuando lo soliciten la documentación comprobatoria del pago del impuesto que corresponda; y

III. Conservar la documentación comprobatoria relacionada con el objeto de este impuesto durante el plazo a que se refiere el Código.

Art. 62 bis. No se pagará este impuesto cuando un vehículo sea registrado en otra entidad y el propietario presente la documentación a que se acredite este hecho dentro de los quince días siguientes a la realización de ese supuesto, de lo contrario se hará acreedor a una sanción equivalente a $1,353.00.

Capítulo V
Impuesto sobre adquisición de bienes muebles

Del objeto

Art. 63. Es objeto de este impuesto la transmisión de la propiedad por cualquier título, de bienes muebles usados, que realicen las personas físicas, las personas morales, así como las unidades económicas, siempre que no se encuentren gravados por el Impuesto al Valor Agregado y que la transmisión de propiedad se realice en el Estado.

Cuando parte de la operación se encuentre gravada por el Impuesto al Valor Agregado, será objeto de éste impuesto la parte no gravada por el impuesto señalado.

Cuando no se consigne en la factura el valor de mercado de los bienes, para el cobro de este impuesto, la base se determinará con apego a lo dispuesto por el artículo 67 de esta Ley.

Art. 64. Para efectos de este capítulo se considera que la adquisición de los bienes muebles se realiza en el Estado cuando:

I. La operación de adquisición se realice en el Estado;

II. Así conste en el documento emitido por autoridad competente que acredite la transmisión de propiedad o en el endoso que aparece en el documento que ampare la adquisición del bien mueble de que se trate;

III. En el documento o endoso a que se refiere el inciso anterior, no contenga lugar de operación;

IV. Que, tratándose de vehículos se le asignen o hayan asignado placas del Estado, esto, aun y cuando el endoso haya sido fechado en otra entidad; y

V. Que la documentación comprobatoria de pago de otros impuestos o derechos a que esté afecto el propietario del bien mueble de que se trate, haya sido expedida por fedatarios o autoridades estatales.

Del sujeto

Art. 65. Son sujetos de este impuesto las personas físicas, las personas morales, así como las unidades económicas que realicen las adquisiciones a que se refiere el artículo anterior.

Art. 66. Son solidariamente responsables del pago de este impuesto:

I. Los adquirentes de vehículos de motor y de bienes muebles por los endosos anteriores, si no comprueba el pago de este impuesto; y

II. Los servidores públicos que autoricen cualquier trámite de registro y control de vehículos y de bienes muebles, sin haberse cerciorado del pago correspondiente.

De la base

Art. 67. La base de este impuesto será determinada conforme a las siguientes disposiciones:

I. Tratándose de vehículos automotrices cuyos modelos sean del año en curso, el valor total consignado en la factura original expedida por el distribuidor deduciéndose el 10% por demérito;

II. Tratándose de vehículos automotrices cuyo modelo sea anterior al año en curso, el valor que determine para unidades usadas, la Guía Autoprecios, S.A. de C.V., a la fecha de la operación;

III. Tratándose de vehículos automotrices cuyos modelos y valores no estén especificados por la Guía Autoprecios, S.A. de C.V., la Secretaría practicará un avalúo para determinar el valor que sirva de base para el pago del impuesto;

IV. Tratándose de motocicletas, motonetas y similares, el valor de la factura o documento respectivo, deduciéndose un 10% por depreciación anual. En caso de no consignarse cantidad alguna, se practicará un avalúo por la Secretaría para determinar el valor que sirva de base al pago del impuesto; y

V. Tratándose de otros bienes muebles distintos a los señalados en las fracciones anteriores, el valor de la operación.

De la tasa

Art. 68. Este impuesto se determinará aplicando a la base gravable, la tasa del 1.40 %. En ningún caso el impuesto determinado será menor a $75.00.

Del pago

Art. 69. El pago de este impuesto deberá hacerse dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se celebre la adquisición.

Art. 70. El pago del impuesto se hará presentando los documentos que acrediten la propiedad del bien en la oficina recaudadora correspondiente.

De las obligaciones

Art. 71. Las personas físicas y morales, así como las unidades económicas tendrán las obligaciones siguientes:

I. Efectuar el pago de este impuesto dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se celebre la adquisición, y en su caso enterar los accesorios a que se haga acreedor por el pago extemporáneo de este impuesto;

II. Solicitar al enajenante el documento original que acredite la adquisición de los bienes muebles; y

III. Conservar y presentar el documento original que acredite la adquisición de los bienes muebles cuando les sea requerido por las autoridades fiscales.

Capítulo VI
Del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos,
apuestas, juegos permitidos
y concursos

Del objeto

Art. 72. Son objeto de este impuesto:

I. Los ingresos que se obtengan sobre el total de billetes o boletos enajenados para participar en juegos con loterías, rifas, sorteos, apuestas, juegos permitidos con máquinas de sistemas, programas automatizados o computarizados y concursos de toda clase autorizados legalmente, sea cual fuere la denominación que pretenda dársele a la enajenación, inclusive cooperación o donativos, realizados en territorio estatal.

No se encuentran comprendidos en este capítulo, los ingresos por enajenación de billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos y concursos de toda clase, organizados por organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Federal, cuyo objeto social sea la obtención de recursos para ser destinados a la asistencia pública; y

II. Los ingresos percibidos por la obtención de premios en efectivo o en especie derivados de juegos con loterías, rifas, sorteos, apuestas, juegos permitidos con máquinas de sistemas, programas automatizados o computarizados y concursos de toda clase autorizados legalmente que se cobren en el Estado.

Del sujeto

Art. 73. Son sujetos de este impuesto:

I. Las personas físicas, morales o unidades económicas, cuando enajenen boletos, billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos, apuestas, juegos permitidos con máquinas de sistemas, programas automatizados o computarizados y concursos de toda clase autorizados legalmente;

II. Las personas físicas, morales o unidades económicas que reciban o registren apuestas dentro del Estado, independientemente de que el organizador del evento esté fuera del Estado y/o el desarrollo del evento sea fuera del mismo Estado;

III. Las personas físicas o morales, así como las unidades económicas que resulten beneficiadas con los premios de las loterías, rifas, sorteos, apuestas, juegos permitidos con máquinas de sistemas, programas automatizados o computarizados y concursos de toda clase autorizados legalmente.

No se considerará como premio el reintegro correspondiente al billete que permitió participar en loterías, rifas, sorteos, apuestas, juegos permitidos con máquinas de sistemas, programas automatizados o computarizados y concursos de toda clase autorizados legalmente.

De la base gravable

Art. 74. La base de este impuesto será:

I. El ingreso total obtenido por los sujetos de este impuesto, por la enajenación de boletos, billetes o cualquier comprobante que permita participar en loterías, rifas, sorteos, apuestas, juegos permitidos con máquinas de sistemas, programas automatizados o computarizados y concursos de toda clase autorizados legalmente.

En el caso de sorteos que se organicen y celebren fuera del territorio del Estado se considerará la cantidad de boletos, billetes o cualquier comprobante que permita participar en loterías, rifas, sorteos, apuestas, juegos permitidos con máquinas de sistemas, programas automatizados o computarizados y concursos de toda clase autorizados legalmente, efectivamente enajenados en el territorio del Estado; y

II. El ingreso total del premio en efectivo o el valor del bien en que consista el premio que obtengan los sujetos derivado de loterías, rifas, sorteos, apuestas, juegos permitidos con máquinas de sistemas, programas automatizados o computarizados y concursos de toda clase autorizados legalmente, cobrados en el territorio del Estado, sin deducción alguna.

Tratándose de premios en especie, la base del impuesto es el valor con el que se promocione cada uno de los premios; en su defecto, el valor de facturación y en ausencia de ambos, el valor de mercado vigente.

De la tasa

Art. 75. Los contribuyentes del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos, apuestas y juegos permitidos con máquinas de sistemas, programas automatizados o computarizados y concursos de toda clase autorizados legalmente pagarán conforme a la siguiente tasa:

a) El 6% sobre los ingresos que se obtengan por la enajenación de boletos, billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos, apuestas, juegos permitidos con máquinas de sistemas, programas automatizados o computarizados y concursos de toda clase autorizados legalmente;

b) El 1.5% sobre el valor de los premios que obtengan los beneficiarios derivados de loterías, rifas, sorteos, apuestas, juegos permitidos con máquinas de sistemas, programas automatizados o computarizados y concursos de toda clase autorizados legalmente, sin deducción alguna.

Quienes otorguen los premios a que se refiere este inciso, tendrán la obligación de efectuar la retención de este impuesto, así como de proporcionar, cuando así lo solicite el interesado, constancia de retención de dicho impuesto.

Del pago

Art. 76. El pago de este impuesto se realizará de la siguiente manera:

I. Quienes enajenen boletos para participar en juegos con loterías, rifas, sorteos, apuestas, juegos permitidos con máquinas de sistemas, programas automatizados o computarizados y concursos de toda clase autorizados legalmente que se celebren dentro o fuera del Estado, pagarán el impuesto a través del formato que para estos efectos autorice la Secretaría y se presentará ante la oficina de recaudación de rentas del Estado correspondiente, mediante la presentación de declaraciones mensuales definitivas, dentro de los 17 días naturales del mes inmediato posterior a aquel que corresponda el pago;

II. Quienes otorguen premios como resultados de las loterías, rifas, sorteos, apuestas, juegos permitidos con máquinas de sistemas, programas automatizados o computarizados y concursos de toda clase autorizados legalmente que se celebren dentro o fuera del Estado, estarán obligados a retener el pago del impuesto y se enterará a través del formato que para esos efectos autorice la Secretaría ante la oficina correspondiente de recaudación de rentas del Estado, dentro de los 17 días del mes siguiente a la entrega del premio; y

III. Son solidarios responsables del pago de este impuesto, los organizadores del evento de cuyo resultado dependa el pago del premio aún y cuando su domicilio fiscal se encuentre fuera del territorio del Estado.

De las obligaciones

Art. 77. Los sujetos de este impuesto tendrán las siguientes obligaciones:

I. Tratándose de personas que habitualmente organicen loterías, rifas, sorteos, apuestas, juegos permitidos con máquinas de sistemas, programas automatizados o computarizados y concursos de toda clase autorizados legalmente, deberán solicitar la inscripción en el registro de contribuyentes del Estado, utilizando para tales efectos las formas aprobadas por la Secretaría;

II. Presentar, ante las autoridades fiscales, los avisos y declaraciones que correspondan, dentro de los plazos y en los lugares señalados por esta Ley;

III. Proporcionar, a las personas a quienes les efectúen pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, comprobante fiscal en el que conste el monto de la operación, y el impuesto retenido que fue enterado;

IV. Conservar, de conformidad con lo previsto en el Código, la documentación relacionada con las constancias, comprobantes fiscales y las retenciones de este impuesto;

V. Retener y enterar, en su caso, el impuesto que se cause conforme a estas disposiciones;

VI. Conservar a disposición de las autoridades fiscales y exhibir, cuando se les solicite, la documentación comprobatoria de los eventos realizados y del pago del impuesto que corresponda;

VII. Cuando los sujetos realicen eventos en varios establecimientos, acumularán la información de todos ellos en la declaración que corresponda a su domicilio fiscal en el Estado; y

VIII. Tratándose de aquellos contribuyentes obligados a este impuesto, en el que su domicilio fiscal se ubique fuera de la Entidad, se considerará como domicilio de los sujetos afectos a este tributo el del lugar en que se hubiere realizado el hecho generador de la obligación fiscal.

Capítulo VII
Otros impuestos

Sección primera
Del impuesto adicional para la infraestructura

Del objeto

Art. 78. El objeto de este impuesto lo constituyen los pagos que se deban efectuar por concepto del derecho establecido en el artículo 99 de esta Ley.

Del sujeto

Art. 79. Son sujetos de este impuesto, los contribuyentes que deban realizar los pagos señalados en el artículo anterior.

De la base gravable

Art. 80. La base de este impuesto, la constituirá el monto total del pago que deban realizar los contribuyentes por el concepto a que se refiere el artículo 99 de esta Ley.

De la tasa

Art. 81. El impuesto se determinará aplicando a la base gravable que establece el artículo anterior, la tasa del 30%.

Del pago

Art. 82. El pago de este impuesto, se realizará conjuntamente y en el momento en que deban efectuarse los pagos relativos al derecho establecido en el artículo 99 de esta Ley.

Los sujetos de este impuesto efectuarán su pago en la oficina recaudadora correspondiente y en las instituciones bancarias o en los medios que la Secretaría tenga autorizados.

Sección segunda
Del impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas

Del objeto

Art. 83. Es objeto de este impuesto, las cantidades que cobre el Estado por las contribuciones previstas en esta Ley.

Del sujeto

Art. 84. Son sujetos del impuesto, los contribuyentes afectos al pago de impuestos o derechos del Estado.

De la base gravable

Art. 85. La base de este impuesto será el monto que se cubra por el concepto de impuestos y derechos estatales.

De la tasa

Art. 86. La tasa aplicable a la base de este impuesto será el 10%.

Del pago

Art. 87. El impuesto se calculará aplicando a la base determinada, la tasa establecida en el artículo anterior.

Art. 88. El pago deberá hacerse al momento de enterar los impuestos o derechos correspondientes.

Art. 89. Este impuesto será destinado a la Universidad Autónoma de Zacatecas.

De las obligaciones

Art. 90. La Secretaría trasladará las cantidades que correspondan a este impuesto a la Universidad Autónoma de Zacatecas, siempre que la misma se encuentre al corriente en el pago de las contribuciones que se establezcan en esta Ley y demás disposiciones estatales.

Si la Universidad Autónoma de Zacatecas, adeuda contribuciones estatales o por afectación a las participaciones del Estado, derivado de obligaciones convenidas por la propia Universidad Autónoma de Zacatecas, la Secretaría podrá compensar oficiosamente la totalidad de las mismas con las cantidades que por este impuesto le correspondan a la Universidad Autónoma de Zacatecas.

La diferencia que resulte a favor de la Universidad Autónoma de Zacatecas será entregada por la Secretaría.

TÍTULO TERCERO
De los derechos

Capítulo I
Generalidades

Art. 91. Los derechos por la prestación de servicios públicos se causarán en el momento en que el particular solicite la prestación del servicio, o en el momento en que se provoque por parte del Estado, el gasto que deba ser remunerado por aquél, salvo que la ley disponga cosa distinta.

Art. 92. Los derechos se determinarán de acuerdo con los importes que señale esta misma Ley, y serán pagados en la forma y términos que señala el artículo 32 del Código.

Art. 93. La dependencia o servidor público que preste el servicio por el cual se paguen los derechos, procederá a la realización del mismo al presentarle el interesado el recibo oficial que acredite su pago, la declaración del pago, la comprobación electrónica o las formas que establezcan las disposiciones respectivas.

Art. 94. El servidor público que preste algún servicio por el que se cause un derecho será solidariamente responsable de su pago, sin perjuicio de las sanciones que procedan.

Todo servidor público que preste servicios por los que se cause un derecho deberá requerir al interesado el recibo oficial, la declaración del pago, la comprobación electrónica o las formas que establezcan las disposiciones respectivas, que acredite su pago previa la prestación del servicio.

Capítulo II
Servicios de la Secretaría General de Gobierno
del Estado y Coordinación General Jurídica

Art. 95. Los servicios que presten la Secretaría General de Gobierno por concepto de:

I. Por la Dirección Estatal de Protección Civil por concepto de:

Concepto

Importe

a) Capacitación en brigadas de protección civil:  
De 1 a 10 participantes. $746.00
De 11 a 20 participantes. $1,493.00
De 21 a 30 participantes. $2,238.00
b) Revisión, autorización y registro del programa interno de protección civil. $2,096.00
c) Registro de grupos voluntarios. $149.00
d) Renovación del registro de grupos voluntarios. $149.00
e) Registro de instructores independientes, empresas asesoras, capacitadoras y consultoras de estudio de riesgo-vulnerabilidad, terceros acreditados. $3,000.00
f) Renovación del registro de instructores independientes, empresas asesoras, capacitadoras y consultoras de estudio en riesgo de vulnerabilidad, terceros acreditados. $745.00
g) Opinión técnica previa al otorgamiento de licencia de construcción, para conjuntos habitacionales, escuelas, estaciones de servicio, gaseras, estaciones de carburación, y en general empresas, industrias o establecimientos considerados de riesgo, se causarán al tenor de los siguiente:  
1. Para empresas del ramo de la minería $11,191.00
2. Para empresas del ramo de la construcción $7,461.00
3. Para mediana industria $3,731.00
4. Para microindustrias y pequeña industria $1,866.00
5. Para particulares $746.00
h) Emisión de registro de operación para prestadores de servicios para distribución y recarga de agentes extinguidores $3,000.00
i) Renovación del registro de operación para prestadores de servicios para distribución y recarga de agentes extinguidores $3,000.00
j) Servicios de ambulancia al sector privado para eventos masivos con fines de lucro $1,493.00
k) Servicio privado de traslado en la ambulancia por cada 10 km $149.00
l) Análisis de riesgos internos y externos de inmuebles $1,120.00
m) Cursos técnicos especializados por persona $746.00
n) Los derechos por el servicio de expedición, de opinión favorable por parte del Poder Ejecutivo del Estado, para el trámite de servicio, y licencia o renovación de las mismas, respecto de la compraventa, transporte, fabricación, uso, consumo y almacenamiento o de explosivos y sus componentes, se causarán al tenor de lo siguiente:  
1. Para empresas del ramo de la minería $11,191.00
2. Para empresas del ramo de la construcción $7,461.00
3. Para mediana industria $3,731.00
4. Para microindustrias y empresas ejidales $1,866.00
5. Para el uso de explosivos por una sola vez en obras pequeñas de carácter municipal $746.00

II. Por el Instituto de Formación Profesional:

Seguridad privada Importe
a) Evaluaciones CONCIPER

$1,400.00

b) Conducción de presuntos responsables y radiocomunicación

$3,000.00

c) Si tiene portación de armas: armamento y práctica de tiro, vigilancia y patrullaje, manejo de emociones, preservación del lugar de los hechos $5,000.00

III. Capacitación de personal de seguridad pública municipal:

 

Curso de capacitación Importe
Curso 40 horas $3,500.00
Curso 80 horas $6,000.00
Evaluación de habilidades y destrezas por elementos $1,500.00
Cursos de formación inicial equivalente, 972 horas $40,000.00
Curso de formación inicial equivalente, 486 horas $20,000.00

 

Art. 96. Los servicios que preste la Coordinación General Jurídica a través de:

I. [Derogada];

II. La Dirección del Registro Civil:

a) Expedición y entrega de acta impresa en papel seguridad $112.00
b) Expedición y entrega de constancia de inexistencia $112.00
c) Trámite administrativo de aclaración de acta de registro civil $224.00
d) Trámite para solicitud de actas de registro civil a oficialías del interior del Estado u otra entidad federativa $75.00
e) Autorización para registro de actas de registro civil provenientes del extranjero $448.00
f) Servicio de expedición de actas interestatales $224.00
g) Expedición y entrega de acta en línea impresa en papel bond $90.00

III. La Dirección de Notarías:

a) Expedición de segundo testimonio por hoja $112.00
b) Autorización de protocolo notarial ordinario o abierto $411.00
c) Expedición de copia certificada por hoja $75.00
d) Autorización definitiva de escrituras asentadas en protocolo notariales depositados en el Archivo General de Notarías, además del costo señalado en el inciso a) de esta fracción $299.00
e) Examen de suficiencia para aspirante a notario $3,059.00
f) Examen de oposición para el ejercicio notarial $4,327.00
g) Expedición de patente de aspirante a notario $6,714.00
h) Expedición de patente de notario $14,696.00
i) Registro de convenio de suplencia notarial o convenio de asociación notarial $1,567.00

IV. La unidad de legalización de firmas adscritas a la Coordinación General Jurídica:

a) Certificado de estudio $149.00
b) Título profesional $149.00
c) De cualquier materia $149.00
d) Notarios públicos $149.00
e) Apostilla de documentos $373.00

Art. 96 bis. Los servicios que preste la subsecretaría de transporte público a través de:

I. La Dirección de análisis y capacitación de transporte:

a) Curso para operadores de servicio público ..........................................................................................................................................................$200.00

b) Gafete para operadores del servicio público ........................................................................................................................................................$500.00

c) Reposición de gafetes para operadores del servicio público .................................................................................................................................$250.00

d) Certificación de documentos por foja..................................................................................................................................................................   $4.00;

II. La Dirección de concesiones, inspección y vigilancia de transporte:

a) Expedición de concesiones del servicio público de transporte por unidad:

1. Colectivo urbano y suburbano .......................................................................................................................................................................$90,000.00

2. Colectivo foráneo .........................................................................................................................................................................................$90,000.00

3. Taxi ..........................................................................................................................................................................................................$150,000.00

4. Turístico ....................................................................................................................................................................................................$117,000.00

5. Arrendamiento, hasta por 10 unidades ...........................................................................................................................................................$50,000.00

Por cada unidad excedente de las diez primeras.................................................................................................................................................. $5,000.00

6.  Agencia funeraria........................................................................................................................................................................................ $40,000.00

7. Carga de materiales y de carga liviana .......................................................................................................................................................... $30,000.00

8. Grúas.........................................................................................................................................................................................................$150,000.00

b) Refrendo anual de concesión ...........................................................................................................................................................................$1,500.00

c) Reposición de concesión .................................................................................................................................................................................$2,500.00

d) Transferencia de derechos de concesión por:

1. Compra venta ............................................................................................................................................................................................... $75,000.00

2. Incapacidad física o mental ............................................................................................................................................................................. $5,000.00

3. Fallecimiento del titular ....................................................................................................................................................................................$5,000.00

e) Substitución de beneficiario en la concesión ......................................................................................................................................................$1,000.00

f) Expedición de permiso experimental.................................................................................................................................................................. $5,000.00

g) Renovación mensual de permisos experimentales ..............................................................................................................................................$1,500.00

h) Revisión operativa de:

1. Cambio de vehículo ............................................................................................................................................................................................$300.00

2. Cambio de ruta ..................................................................................................................................................................................................$950.00

3. Ampliación de ruta ............................................................................................................................................................................................ $450.00

4. Anual ................................................................................................................................................................................................................$300.00

i) Expedición de permiso para circular sin placas:

1. Por cinco días ...................................................................................................................................................................................................$400.00

2. Por diez días .....................................................................................................................................................................................................$550.00

3. Por quince días .................................................................................................................................................................................................$700.00

4. Por treinta días ...............................................................................................................................................................................................$1,100.00

j) Permisos temporales para portar publicidad en vehículos de transporte público de pasajeros o de carga por unidad, por un año ................................$2,500.00

k) Permisos temporales para portar publicidad en vehículos de transporte público de tazo por unidad, por un año .......................................................$1,000.00

 

Capítulo III

Servicios de la Secretaría de Finanzas

Art. 97. Para el pago de los derechos que se originen con la aplicación de la Ley sobre Bebidas Alcohólicas para el Estado, los municipios de la Entidad quedarán integrados en tres regiones.

I. Grupo A: Calera, Río Grande, Jerez, Guadalupe, Fresnillo, Zacatecas, Juchipila, Tlaltenango de Sánchez Román, Jalpa, Ojocaliente, Nochistlán de Mejía, Loreto y Sombrerete.

Grupo B: Villanueva, Valparaíso, Miguel Auza, Juan Aldama, Villa de Cos, Tabasco, Apozol, Tepechitlán, Tepetongo, Saín Alto, Luis Moya y Morelos.

Grupo C: Pánuco, Mezquital del Oro, Vetagrande, Apulco, Jiménez del Téul, Momax, Atolinga, Huanusco, Benito Juárez, Moyahua de Estrada, General Enrique Estrada, Teúl de González Ortega, Monte Escobedo, Chalchihuites, General Francisco R. Murguía, Cuauhtémoc, Cañitas de Felipe Pescador, Concepción del Oro, Villa García, Villa González Ortega, General Pánfilo Natera, Pinos, Villa Hidalgo, Trinidad García de la Cadena, El Salvador, Noria de Ángeles, Susticacán, Mazapil, General Joaquín Amaro, Melchor Ocampo, Genaro Codina, Trancoso y Santa María de la Paz;

II. Las verificaciones a los establecimientos que lleve a cabo el Estado, se causarán de acuerdo al grupo al que pertenezca el municipio donde se ubique el domicilio del establecimiento, de acuerdo a los importes siguientes:

Grupo A B C
  $373.00 $299.00 $224.00

III. La anuencia que expida el Estado se tasará de acuerdo con los importes siguientes:

Grupo A B C
  $522.00 $448.00 $373.00

IV. Los derechos relativos a las licencias, originarán el pago de los importes siguientes:

Grupo A B C
Expedición de licencia $112,791.00 $84,369.00 $56,769.00
Renovación $6,341.00 $4,402.00 $2,910.00
Transferencia $15,516.00 $9,698.00 $3,879.00
Cambio de giro $15,516.00 $9,698.00 $3,879.00
Cambio de domicilio $15,516.00 $9,698.00 $3,879.00

Los derechos derivados por permisos eventuales en los tres grupos tendrán un costo de $1,353.00, más $473.00 por cada día.

A. Tratándose de centro nocturno o cabaret.

Grupo A B C
Expedición de licencia $149,194.00 $111,895.00 $74,970.00
Renovación $8,355.00 $5,819.00 $3,804.00
Transferencia $20,514.00 $12,832.00 $5,148.00
Cambio de giro $20,514.00 $12,832.00 $5,148.00
Cambio de domicilio $20,514.00 $12,832.00 $5,148.00

B. Del alcohol etílico

Grupo A B C
Expedición de licencia $56,769.00 $42,222.00 $27,676.00
Renovación $6,341.00 $4,402.00 $2,910.00
Transferencia $8,729.00 $5,819.00 $2,910.00
Cambio de giro $8,729.00 $5,819.00 $2,910.00
Cambio de domicilio $8,729.00 $5,819.00 $2,910.00

C. Tratándose de venta única de cerveza y/o bebidas refrescantes, cuya graduación no exceda de 10º G.L.:

Grupo A, B, C
Expedición de licencia $2,910.00
Renovación $1,941.00
Transferencia $2,910.00
Cambio de giro $2,910.00
Cambio de domicilio $970.00

Los permisos eventuales en los tres grupos tendrán un costo de $970.00, más $75.00 por cada día adicional;

V. Los derechos a que se refiere este artículo, cuando se aludan a establecimientos o locales en los que se expendan bebidas alcohólicas para su consumo dentro de los mismos, se incrementará un 10%;

VI. De los permisos eventuales en el marco de la celebración de la Feria Nacional de Zacatecas, a que se refiere el artículo 30 de la Ley sobre Bebidas

Alcohólicas para el Estado, tendrá el costo siguiente:

Cantina o bar $14,919.00
Centro nocturno $22,379.00
Cervecería $14,919.00
Centro botanero $22,379.00
Merendero $22,379.00
Discoteca $74,597.00
Restaurante $37,298.00
Salón o finca para baile $22,379.00
Cenaduría $7,461.00
Depósito $14,919.00
Licorería $14,919.00

Art. 98. Los servicios que presten por concepto de:

I. Expedición de placas:

a) En los casos de registro de vehículos nuevos, este deberá efectuarse a más tardar el mes siguiente de su adquisición;

b) Aquellos vehículos provenientes de otra entidad federativa que se den de alta por primera vez en la Entidad, podrán registrarse en cualquier momento;

c) Para los vehículos que se encuentren registrados en el padrón vehicular, cuando lleven a cabo el canje de placas, deberá efectuarse durante los primeros tres meses del año al que corresponda el pago.

Para los efectos de esta fracción, se cubrirán los derechos siguientes según se refiera:

a) Vehículo automotor de servicio particular, de servicio público, remolques, así como los de demostración de agencias distribuidoras de autos $1,250.00
b) [derogada]  
c) [derogada]  
d) [derogada]  
e) Motocicletas y similares $550.00
f) Bicicleta $150.00

II. Reposición de tarjeta de circulación: $150.00;

III. La verificación que se realice de documentación con otras entidades, respecto de vehículos que soliciten el registro en el padrón vehicular del Estado, expedición con vigencia de tres días hábiles $400.00;

IV. Baja de Placa: $150.00.

Para el trámite de baja, una vez iniciado el ejercicio fiscal, deberá estar cubierto el impuesto por tenencia o uso de vehículos y los derechos relativos al control vehicular, del ejercicio en que se solicite la baja respectiva, debiendo no tener adeudos de ejercicios anteriores;

V. El envío de tarjetas de circulación, placas y demás documentación comprobatoria, a su domicilio fiscal por medio de servicio de mensajería .......................$224.00.

Cuando no se cubra la contribución dentro del plazo señalado, deberán pagarse actualización y recargos por concepto de indemnización a la hacienda pública estatal por falta de pago oportuno, de conformidad con la Ley de Ingresos del Estado.

Art. 99. El derecho de control vehicular con vigencia al 31 de marzo del año siguiente, deberá efectuarse durante los primeros tres meses del año que corresponda $2,350.00.

a) [Derogada];

b) [Derogada];

c) [Derogada];

d) [Derogada];

e) [Derogada];

f) [Derogada];

I. [Derogada];

II. [Derogada];

III. [Derogada];

Cuando no se cubra la contribución dentro del plazo señalado, deberán pagarse recargos y actualización por concepto de indemnización a la hacienda pública estatal por falta de pago oportuno, de conformidad con la Ley de Ingresos del Estado.

Art. 100. El almacenamiento y guarda en recintos oficiales de bienes embargados conforme al procedimiento administrativo de ejecución por día $150.00.

Capítulo IV
Servicios de Catastro

Art. 101. Los servicios que presten por concepto de:

I. Para avalúos se aplicará la tarifa de 0.005 sobre el valor catastral del predio, el cual deberá ser equiparado al valor de mercado:

a) [Derogada];

b) [Derogada];

c) [Derogada];

d) [Derogada];

e) [Derogada];

f) [Derogada];

g)[Derogada];

h) Prórroga por un mes:
Para el caso de expedición de avalúos cuya vigencia haya caducado conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Catastro del Estado, a las tarifas anteriores se aplicará proporcionalmente atendiendo lo siguiente:
Durante el mes siguiente a la fecha de caducidad 20.00%
Para el segundo mes 45.00%
Para el tercer mes 70.00%
A partir del inicio del cuarto mes posterior a la caducidad se considerará como emisión de nuevo avalúo.

II. Para deslinde o levantamiento topográfico de predios urbanos por cada metro cuadrado (m2) se aplicará la cuota de $5.00 pesos:

a) [Derogada];

b) [Derogada];

c) [Derogada];

d) [Derogada];

Para la superficie mayor de mil metros, por cada metro cuadrado excedente se aplicará un importe de: $0.30;

III. Elaboración del plano que tenga por objeto el servicio a que se refiere la fracción anterior: $522.00;

IV. Para deslinde o levantamiento topográfico de predios rústicos por cada hectáreca se aplicara la cuota siguiente:

a) [Derogada];

b) [Derogada];

c) [Derogada];

d) [Derogada];

e) [Derogada];

f) [Derogada];

g) [Derogada];

h) [Derogada];

i) [Derogada];

j) [Derogada];

k) [Derogada];

A) Terreno plano ..............................................................................................................................................................................................$300.00

B) Terreno de lomerío .......................................................................................................................................................................................$500.00

C) Terreno accidentado ..................................................................................................................................................................-..................$900.00

V. Elaboración del plano que tenga por objeto el servicio a que se refiere la fracción anterior:

a) 1:100 a 1:5,000 $2,163.00
b) 1:5,001 a 1:10,000 $1,269.00
c) 1:10,001 en adelante $522.00

VI. Certificación de acta de:

a) Deslinde de predios $299.00
b) Ficha catastral $299.00

VII. Certificación de plano en:

a) Urbano $299.00
b) Rústico $299.00

VIII. Copia de plano:

a) Plano impreso de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, edición 1995 $373.00
b) Plano manzanero de zonas urbanas de las cabeceras municipales de: Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Jerez, Río Grande, Sombrerete, Ojocaliente, Calera, Jalpa, Loreto, Tlaltenango, Valparaíso y Villanueva $2,163.00
c) Plano manzanero de zonas urbanas de las cabeceras municipales de: Morelos, Villa de Cos, Pinos, Juchipila, Juan Aldama, Luis Moya, Miguel Auza, Monte Escobedo, Nochistlán de Mejía, Saín Alto, Tabasco, Tepetongo, Villa García, Cañitas de Felipe Pescador, Téul de González Ortega, Chalchihuites, Fco. R. Murguía, Concepción del Oro, Cuauhtémoc, Tepechitlán, Trancoso y Santa María de la Paz $1,791.00
d) Plano manzanero de zonas urbanas de las cabeceras municipales de: Apozol, Apulco, Atolinga, Benito Juárez, Jiménez del Téul, García de la Cadena, Genaro Codina, Gral. Enrique Estrada, Gral. Joaquín Amaro, Gral. Pánfilo Natera, Huanusco, Momax, Moyahua de Estrada, Mazapil, Melchor Ocampo, Mezquital del Oro, Noria de Angeles, Pánuco, El Salvador, Susticacán, Vetagrande, Villa Hidalgo y Villa González Ortega $1,045.00
e) Plano del Estado de Zacatecas con la división política de los municipios, vías de comunicación y localización de poblaciones $2,313.00

IX. Expedición de planos manzaneros con impresión digital, con predios, manzanero, curvas a nivel, cuotas de crucero y nombres de calles con alcance de 1 km2:

a) Escala 1:1000 $2,313.00
b) Escala 1:2000 $1,194.00
c) Escala 1:5000 $672.00

X. Expedición de planos manzaneros con impresión digital, con predios y nombres de calles de alcance de 1 km2:

a) Escala 1:1000 $1,120.00
b) Escala 1:2000 $821.00
c) Escala 1:5000 $672.00

XI. Expedición de copia de título de propiedad o de otro existente en los archivos de catastro:

a) Certificadas hasta cinco fojas: $299.00
Por cada foja excedente $17.00
b) Simples, hasta 5 fojas: $75.00
Por cada foja excedente $17.00

XII. Verificación física de inmueble $672.00;

XIII. Expedición de constancias de propiedad o no propiedad $299.00;

XIV. Por los servicios que se soliciten cuando los antecedentes a que se refiera se encuentren fuera del distrito judicial al que se dirija la petición, se cobrará una tarifa adicional por documento equivalente a: $373.00;

XV. Solicitud de particulares de elaboración de planos $149.00;

XVI. El concepto de solicitud de búsqueda de documentos $149.00;

Del ingreso percibido por concepto de servicios catastrales, un 5% será destinado a la modernización de Catastro y Registro Público, cuyo monto deberá ser considerado como ampliación presupuestal, con independencia de lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios.

Capítulo V
Servicios del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio

Art. 102. Los servicios que presten por concepto de:

I. Calificación registral, por testimonio o documento $38.00;

II. Inscripción de documentos relativos a bienes inmuebles:

a) Tratándose de inmuebles, se cubrirá la tarifa mínima general por inmueble equivalente a: $2,163.00
b) [Derogada];  

[Derogado];

[Derogado];

[Derogado];

Registro de instrumentos notariales celebrados ante fedatarios públicos de otras entidades federativas, con consecuencias jurídicas en el Estado, adicionalmente el monto de derechos que cause el acto $2,238.00.

Para los efectos de este capítulo se equiparan a la compraventa los siguientes actos o contratos:

1. Inscripción de diligencias para acreditar construcción, o manifestación de obra nueva.

2. Adjudicación de la propiedad por usucapión o información de dominio.

3. Aplicación de bienes de la sociedad conyugal a persona distinta de los cónyuges, o del titular registral.

4. Aportaciones de bienes inmuebles a asociaciones o sociedades mercantiles o civiles y la adjudicación o fusión de estas, sobre el capital adjudicado o fusionado.

5. Cesión de derechos hereditarios o legatarios, independientemente de que se adjudique a terceros.

6. Compra venta a plazos con reserva de dominio o cualquier otra condición resolutoria o suspensiva.

7. Dación en pago.

8. Donación.

9. Permuta, aplicándose la base gravable al valor que se determine para cada uno de los inmuebles.

10. Aplicación de bienes por la disolución de la sociedad conyugal respecto al cónyuge que no sea titular del derecho registral.

11. Información posesoria.

12. Adjudicación por herencia.

13. Inscripción de título de fraccionamiento expedido por el Ejecutivo del Estado.

14. Fideicomisos traslativos de dominio.

15. Inmatriculación judicial o administrativa.

16. Tratándose de títulos bajo el programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares o el programa que se instituya en su lugar.

17. Los títulos otorgados por la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y otras instituciones oficiales similares, o por los programas que se instituyan en su lugar;

III. Diligencias de apeo y deslinde: $224.00;

IV. Capitulaciones matrimoniales: $224.00;

V. En la inscripción del régimen de propiedad en condominio, por cada departamento, despacho, vivienda, local, cajón de estacionamiento o cualquier otro tipo de unidades privativas: $224.00;

VI. Fusión de predios, por cada uno de los predios fusionados: $75.00;

VII. Actos, contratos, convenios o autorizaciones por los que se fraccione, lotifique o subdivida un predio, por cada lote o fracción: $75.00;

VIII. Por la inscripción y anotación relativa a la limitación o gravamen de la propiedad y posesión de inmuebles, se tasará al 0.35% sobre el valor de limitación o gravamen, cuando no se determine o no se inserte éste, se tasarán, tratándose de actos o contratos de la forma siguiente:

a) Arrendamiento, subarrendamiento o cesión de arrendamiento $821.00
b) Constitución o sustitución de garantías reales $821.00
c) Subrogación de garantía, cesión de garantías u obligaciones reales $821.00
d) Comodato o convenios judiciales $821.00
e) Demandas o resoluciones que limiten el derecho de propiedad o posesión $821.00
f) Fideicomiso de afectación o administración en garantía y en el que el o los fideicomitentes, se reserven expresamente la propiedad $821.00
g) El cumplimiento de condiciones suspensivas a que se haya sujetado la transmisión de la propiedad $821.00
h) Fianzas $821.00
i) Prendas sobre crédito inscrito $821.00
j) Prenda de frutos pendientes $821.00
k) Uso, usufructo, servidumbre y contratos de crédito refaccionario, de habilitación y avío celebrado entre particulares $821.00
l) División de copropiedad, por cada uno de los predios resultantes $821.00

IX. Por el registro de cédula hipotecaria, embargo judicial o administrativo, se tasará en $672.00 sobre el monto total de lo reclamado, siempre y cuando este sea igual o menor al equivalente a $168,630.00; cuando el monto de lo reclamado rebase el rango establecido en párrafo anterior, se aplicará adicionalmente el 1% al monto excedente;

X. Contrato de promesa de venta, se tasará al 0.4 % sobre el valor que se manifieste en el documento;

XI. Contrato de apertura de crédito: $448.00;

XII. Créditos hipotecarios, refaccionarios, de habilitación y avío otorgados por las instituciones de crédito, 0.20 % sobre el importe de la operación que se consigne en el documento. Los créditos otorgados en los que intervenga el Fondo Instituido en Relación a la Agricultura [FIRA], el 0.16 % sobre el monto.

Tratándose de reestructuración de crédito o de convenios de reconocimiento de adeudo, se tasará sobre el diferencial entre el registrado y el que contenga la reestructura o el convenio de reconocimiento del adeudo.

Créditos hipotecarios, refaccionarios, de habilitación y avío, otorgados dentro del programa federal de Programa de Apoyos Directos al Campo [PROCAMPO], o el que se instituya en su caso 0.8 % sobre el importe de la operación que se consigne en el documento.

En materia de crédito para adquisición de vivienda el registro de contrato de hipoteca y crédito simple, se tasará al 0.115% sobre el importe de la operación que se consigne, sin cargo por concepto de contrato de apertura de crédito;

XIII. Inscripción de documentos que contengan los siguientes actos: $672.00

a) Testamento;

b) Auto de designación, aceptación, discernimiento o sustitución del cargo de albacea; declaración y reconocimiento de herederos, si consta en el mismo documento; y repudio de la herencia;

c) Autorización para vender o gravar bienes de menores;

d) Poder, su modificación o revocación;

e) Actuaciones judiciales;

f) Depósito de testamento ológrafo;

g) Modificación al contrato inicial por error material;

XIV. Inscripción de actos relativos a bienes muebles, 0.35% por los conceptos siguientes:

a) Operaciones traslativas de dominio sujetas a condición resolutoria;

b) Adjudicaciones de cualquier clase;

c) Compraventa;

d) Compraventa con reserva de dominio se tasará sobre el valor inserto en el documento; a falta de éste sobre el avalúo que practique la Secretaría de Finanzas;

XV. Registro de personas morales o aumento de su capital social, 0.28% sobre el monto de capital social o sus aumentos, en los casos que dicho capital no exceda de $185,000.00 se pagarán: $821.00;

XVI. Registro de documentos que contengan los siguientes actos: $672.00:

a) Disolución de personas morales;

b) Nombramiento de liquidadores o liquidación de personas morales;

c) Acta de asamblea de socios o junta de administradores;

d) Modificaciones al pacto social constitutivo;

e) Registro de emisiones de acciones, cédulas, obligaciones o certificados de participación, depósito o de copias autorizadas por balance, transformación de sociedades y en general otros actos inscribibles;

XVII. Cancelación de inscripción o anotación: $149.00; y

XVIII. Registro de instrumentos notariales celebrados ante fedatarios públicos de otras entidades federativas, con consecuencias jurídicas en el Estado, adicionalmente al monto de derechos que cause el acto: $2,238.00;

XIX. Por la inscripción de documentos, expedición de certificados o de copias certificadas, solicitadas para entrega urgente, y que se expedirán dentro de las 7 horas hábiles siguientes a su solicitud, adicionalmente al pago de los derechos que corresponden, se cobrará:

a) Inscripción de documentos a excepción de fraccionamientos urbanos $1,000.00
b) Expedición de copias y certificados $200.00

Art. 103. Contrato innominado: $1,941.00.

Art. 104. Expedición de certificado de:

I. No propiedad: $224.00
II. Inscripción o no inscripción: $224.00
III. Libertad de gravamen: $149.00
IV. Existencia de gravamen, a la fracción anterior se adicionará por cada gravamen: $38.00
V. Certificado de Historial registral: 0
a) Hasta 5 fojas $198.00
b) Por cada foja excedente $12.00

Art. 105. Expedición de copia de título de propiedad o de cualquier otro documento existente en libros o archivo del registro:

I. Certificadas hasta por cinco fojas: $224.00
Por cada foja excedente: $17.00
II. Simples, hasta por cinco fojas: $75.00
Por cada foja excedente: $12.00

Art. 106. Ratificación o certificación de firmas: $224.00.

Art. 107. Cuando de un mismo título se consignen dos o más actos jurídicos, por cada acto: $224.00.

Si el mismo origina dos o más inscripciones, se tasarán por separado.

Por los servicios que se soliciten cuando los antecedentes a que se refiera se encuentren fuera del distrito judicial en el que se dirija la petición, se cobrará una tarifa adicional por documento equivalente a: $373.00.

Por los servicios de certificados y copias que se soliciten cuando los antecedentes a que se refiera se encuentren fuera del distrito de la capital del Estado y solicitado en la dirección, se cobrará una tarifa adicional por documento equivalente a: $672.00.

Del ingreso percibido por concepto de registro público, 5% será destinado a la modernización de Catastro y Registro Público, conforme al contrato del fideicomiso que para tal efecto se suscriba.

Capítulo VI

Sección primera
Servicios de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial

Art. 108. Los servicios que presten por concepto de:

I. Otorgamiento de licencia con vigencia de un año para fraccionar, lotificar o subdividir terrenos, tipo:

a) De interés social:

1. De 1-00-00 a 5-00-00 has, por m2 vendible $0.46
2. De 5-00-01 has, en adelante por m2 vendible $0.69

b) Habitaciones de tipo medio:

1. De 1.00.01 has, en adelante por m2 vendible $0.69

c) Habitacional residencial, por m2 vendible $1.725;

d) Habitacional campestre, por m2 vendible $1.725;

e) Comercial y zonas destinadas al comercio en los fraccionamientos habitacionales, por m2 vendible $2.185;

f) Granja de explotación agropecuaria, por m2 vendible $2.185;

g) Funerario o cementerio, por m3 del volumen de las fosas o gavetas $6.90.

Cuando las obras autorizadas no se ejecuten dentro de la vigencia de la autorización, se deberá solicitar el refrendo de la misma debiendo cubrirse los derechos en términos de este artículo como si se trataren de una inicial;

II. Expedición de dictamen para diligencia de información Ad-Perpetuam;

a) Rústicos:

1. Hasta 1-00-00 Has $858.00
2. De 1-00-01 Has en adelante, se aumentará por hectárea o fracción $398.00

b) Urbano, por m2 $3.00;

III. Expedición de constancia estatal de compatibilidad urbanística: $1,194.00;

IV. Registro de director responsable de obra, con vigencia de un año: $1,194.00;

V. Revalidación anual de registro de director responsable de obra: $597.00;

VI. Por cada copia de expediente de documentos de programas y esquemas de desarrollo urbano o de fraccionamientos urbanos autorizados: $86.25;

VII. Por cada copia heliográfica de planos de programas y esquemas de desarrollo urbano o de fraccionamientos urbanos autorizados: $428.95;

VIII. Expedición de dictamen en materia de planeación y desarrollo urbano: $896.00;

IX. Evaluación y dictamen de manifiesto de impacto urbano $5,000.00;

X. Evaluación y resolución del impacto vial $4,990.00

XI. La dirección de fraccionamientos:

a) Expedición de título $597.00

b) Constancias para el programa de apoyos directos al campo $75.00

c) Otras constancias $75.00

d) Autorización para créditos con bancos $112.00

e) Adjudicaciones $3% avalúo catastral

f) Copia certificada del título $373.00

g) Copia simple de título $149.00

h) Trámite por cambio de uso de suelo (no incluye derechos por la adjudicación correspondiente al incremento en el valor de la superficie que modifique su uso $112.00

i) Copia certificada de documentos distintos a título (de una a cinco fojas) $149.00

j) Inspección física u ocular $746.00

k) Trámite relativo a la reproducción en copia heliográfica de plano general y/o fraccionamiento $1, 343.00

l) Diligencias de apeo y deslinde, levantamientos topográficos en general e inspección ocular:

No. Superficie Has. Terreno plano Terreno de lomerío Terreno accidentado
1 Hasta 5-00-00 $746.00 $1,120.00 $1,866.00
2 De 5-00-01 a 15-00-00 $1,120.00 $1,493.00 $2611.00
3 De 15-00-01 a 30-00-00 $1,493.00 $2,238.00 $3,358.00
4 De 30-00-01 a 50-00-00 $2,238.00 $2,611.00 $3,731.00
5 De 50-00-01 a 80-00-00 $2,611.00 $3,358.00 $4,103.00
6 De 80-00-01 a 110-00-00 $3,358.00 $5,223.00 $5,968.00
7 De 110-00-01 a 200-00-00 $5,223.00 $5,968.00 $6,714.00
8 De 200-00-01 Hectáreas en adelante, se aumentará por cada hectárea excedente $75.00 $75.00 $75.00

m) Por registro de disposición testamentaria $448.00

n) Trámite por cambio de régimen de propiedad $1,493.00

o) Escrito de desistimiento y/o adjudicación $224.00

p) Escrito de denuncia de juicio sucesorio $224.00

q) Escrito de adjudicación previa declaración de vacancia $224.00

r) Elaboración de planos $149.00

s) Solicitudes varias $224.00

Art. 109. Los servicios prestados por concepto de inscripción a concurso: $2,537.00:

I. Costo por cada disco magnético de 3.5 pulgadas que se proporcionen a los concursantes: $12.00
II. Costo por cada disco compacto «CD» que se proporcione a los concursantes: $75.00
III. Por cada foja de las bases y demás documentos que se proporcionen a los concursantes $5.00
IV. Por cada copia heliográfica que se proporcione: $127.00
V. Sobre tamaño legal por cada paquete de concurso: $6.00
VI. Costo por inscripción a cada licitación obra: $3,358.00
VII. Costo por inscripción a licitaciones de suministros, servicios y arrendamientos: $2,387.00

Art. 110. Las verificaciones posteriores a que se refiere el artículo anterior, deberán solicitarse anualmente, durante el mes de enero.

Art. 111. Los servicios prestados por concepto de:

I. Elaboración de oficio de cancelación de garantía hipotecaria, reserva de dominio o límites establecidos en los contratos privados emitidos en su momento por el Instituto Zacatecano de la Vivienda Social $672.00;

II. Elaboración de convenio de subsanación de escritura; con relación a los contratos privados emitidos por el entonces Instituto Zacatecano de la Vivienda Social $1,045.00;

III. Expedición de títulos y escrituras privadas, respecto a los programas de vivienda y programas de regularización que ejecuta la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial $3,432.00.

En lo que se refiere a dichos programas el Ejecutivo del Estado podrá establecer beneficios y estímulos mediante decreto gubernativo.

Sección segunda

Servicios de la Secretaría de Infraestructura

Art. 111 bis. Los servicios prestados por concepto de inscripción a concurso ..........................$2,537.00

I. Costo por cada disco magnético de 3.5 pulgadas que se proporcionen a los concursantes........$12.00

II. Costo por cada disco compacto "CD" que se proporcione a los concursantes .........................$75.00

III. Por cada foja de las bases y demás documentos que se proporcionen a los concursantes ........$5.00

IV. Por cada copia heliográfica que se proporcione ................................................................. $127.00

V. Sobre tamaño legal por cada paquete de concurso ................................................................ $6.00

VI. Costo por inscripción a cada licitación obra .....................................................................$3,358.00

VII. Costo por inscripción a licitaciones de suministros, servicios y arrendamientos ................ $2,387.00

Capítulo VII
Servicios de la Secretaría de la Función Pública

Art. 112. Los servicios que presten por concepto de:

I. Por registro con vigencia de un año en el padrón:

a) De proveedores $562.00
b) De contratistas $803.00

II. Por revalidación del registro con vigencia de un año:

a) De proveedores $401.00
b) De contratistas $562.00

Art. 113. Los contratistas con quienes se celebren contratos de obra pública y de servicios relacionados con la misma, financiadas con recursos provenientes de ingresos propios y recursos federales que su normativa así lo permita, pagarán un derecho equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones.

La Secretaría o en su caso los organismos descentralizados, al hacer el pago de las estimaciones de obra, retendrán el importe del derecho a que se refiere el presente artículo. Cuando sean los organismos públicos descentralizados los que retengan el derecho que refiere este artículo, lo enterarán a la Secretaría.

Capítulo VIII
Servicios de la Secretaría de Educación

Art. 114. Los servicios prestados por concepto de:

I. Expedición y/o validación de certificado, título profesional, diploma de especialidad o grado académico de egresados de instituciones educativas estatales o incorporadas:

a) Certificado $75.00
b) Título profesional $75.00
c) Diploma de especialidad $75.00
d) Grado académico $75.00

II. Expedición de diplomas a egresados de:

a) Academias y centros de capacitación para el trabajo

$75.00

III. Expedición de duplicados de certificados de estudios de:

a) Preescolar, primaria o secundaria $29.00
b) Academias $35.00
c) Nivel medio superior $39.00
d) [Derogado]  

IV. Práctica de examen extraordinario de regularización.

a) De educación secundaria $12.00
b) De nivel medio superior o academias $17.00
c)  [Derogado]  

V.  [Derogada]:

VI. Exámenes profesionales que sustenten los egresados de escuelas del Estado:

a) De centros de capacitación para el trabajo o academias $75.00
b) De idiomas $75.00
c)  [Derogado]  

VII. Revalidación de estudios de:

a) Primaria $17.00
b) Secundaria $35.00
c)  [Derogado]  
d) Tipo superior $1,045.00

VIII.  [Derogada];

IX.  [Derogada];

X. Corrección de certificado:

a) De primaria o secundaria $40.00
b)  [Derogado]  
c)  [Derogado]  

XI. Compulsa de documentos, por foja: $12.00;

XII. Por cualquier otra certificación o expedición de constancia distintas a las señaladas en las fracciones anteriores: $35.00;

XIII. Por solicitud, estudios y resolución del trámite de reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior $10,220.00;

XIV. Por solicitud, estudio y resolución del trámite de reconocimiento de validez oficial de estudio del nivel medio superior o equivalente y de formación para el trabajo, sea cual fuere la modalidad $1,120.00;

XV.  [Derogada];

XVI. [Derogada];

XVII.  [Derogada];

XVIII. Equivalencia de estudios:

a) Secundaria, por grado $35.00
b) Tipo medio superior $299.00
c) Tipo superior $1,045.00

XIX. Inspección y vigilancia de establecimientos educativos particulares, por alumno inscrito en cada ejercicio escolar:

a) De tipo inicial $12.00
b) De tipo básico $13.00
c) De tipo medio, academias comerciales, centros de formación para el trabajo, normales y demás para la formación de maestros de educación básica $15.00
d) De tipo superior $24.00

XX. Registro de colegio de profesionistas $3,866.00;

XXI. Registro de socios a un colegio de profesionistas $23.00

XXII. Registro de título profesional $23.00;

XXIII. Certificación o constancia de registro de título profesional, diploma de especialidad o grado académico $224.00;

XXIV. Autorización provisional para ejercer como pasante $373.00;

XXV. [Derogada];

XXVI.  [Derogada];

XXVII. Autenticación de certificados:

a) Secundaria $35.00
b) Medio superior $46.00

XXVIII. Por solicitud, estudio y resolución del trámite de autorización para impartir educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros, sea cual fuere la modalidad $1,717.00;

XXIX. Por solicitud, estudio y resolución del trámite de cambio a planes y programas de estudio de tipo superior con reconocimiento de validez oficial de estudios $4,700.00;

XXX. Registro de federación de colegios de profesionistas: $7,013.00;

XXXI. Solicitud de alta de nuevos colegios a una federación de colegios de profesionistas: $672.00;

XXXII. Solicitud de cambio de consejo directivo de un colegio de profesionistas o federación de colegios de profesionistas: $672.00;

XXXIII. Solicitud de cambio de denominación de un colegio de profesionistas o una federación de colegios de profesionistas: $597.00;

XXXIV. Solicitud de cambio de estatutos de un colegio de profesionistas o una federación de colegios de profesionistas: $597.00;

XXXV. Por solicitud, estudio y resolución de trámite por cambio de domicilio y/o de titular de nivel superior con reconocimiento de validez oficial de estudios: $5,223.00;

XXXVI. Por solicitud, estudio y resolución de trámite por cambio de domicilio y/o titular de educación primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros, sea cual fuera la modalidad: $1,493.00;

XXXVII. Por solicitud, estudio y resolución de trámite por cambio de domicilio y/o titular de los niveles de preescolar y medio superior o equivalente y actualización de planes y programas de estudio de formación para el trabajo, sea cual fuera la modalidad: $1,493.00;

XXXVIII. Por solicitud, estudio y resolución de trámite de registro para impartir educación inicial $1,717.00;

XXXIX. Por solicitud, estudio y resolución de trámite de cambio de titular y/o domicilio de educación inicial con registro $1,499.00;

XL.  [Derogada];

XLI.  [Derogada];

XLII. Registro de peritos profesionales $746.00;

XLIII. Refrendo anual de registro de peritos $373.00;

XLIV. Registro de institución educativa $3,208.00;

XLV.  [Derogada];

XLVI.  [Derogada];

XLVII.  [Derogada];

XLVIII. Consulta de archivo a la Dirección de Profesiones [cuando la solicitud de consulta se derive de un acto de carácter judicial no será sujeto de cobro] $109.00;

XLIX. Integración de expediente para el trámite de registro de título, grado o diploma y expedición de cédula profesional $109.00;

L. Duplicado de Revalidación de estudios de:

a) Primaria ..........................................$10.00

b) Secundaria .....................................$15.00

c) Tipo medio superior .........................$50.00

d) Tipo superior................................. $657.00

LI. Duplicado de equivalencia de estudios de:

a) Secundaria ....................................$15.00

b) Tipo medio superior........................ $50.00

c) Tipo superior ................................$657.00

Capítulo IX
Servicios de la Secretaría de Administración

Art. 115. Los servicios que presten por concepto de:

I. [Derogada];

II. Costo por concepto de pago de bases para participar en los procedimientos de licitación pública:

a) Adquisiciones y servicios $2,000.00
b) [Derogado]  

III. Costo por concepto de pago de bases para participar en los procedimientos de concurso por invitación:

a) adquisiciones y servicios $1,600.00;

IV. [Derogada].

Capítulo X
Servicios de la Secretaría de Seguridad Pública

Art. 116. Los servicios que presten por concepto de:

I. Expedición de autorización, para prestar servicios de seguridad privada en el Estado en la modalidad:

a) De vigilancia de inmuebles: $18,649.00
b) Protección y vigilancia de personas y bienes: $18,649.00
c) Instalación, mantenimiento y operación de sistemas y equipos de seguridad con monitoreo: $22,379.00
d) Instalación, mantenimiento y operación de sistemas y equipos de seguridad sin monitoreo: $11,191.00
e) Traslado y custodia de bienes, fondos y valores $37,298.00

II. Expedición de revalidación, para prestar servicios de seguridad privada en el Estado en la modalidad:

a) De vigilancia de inmuebles $17,157.00
b) Protección y vigilancia de personas y bienes $17,157.00
c) Instalación, mantenimiento y operación de sistemas y equipos de seguridad con monitoreo $20,887.00
d) Instalación, mantenimiento y operación de sistemas y equipos de seguridad sin monitoreo $9,698.00
e) Traslado y custodia de bienes, fondos y valores $35,807.00

III. Modificación de la autorización para prestar servicios de seguridad privada que realizan los particulares en el Estado $7,461.00; y

IV. Por cambio de representante legal de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada $3,731.00.

La autorización y revalidación que refieren las fracciones I y II del presente artículo, serán vigentes por el ejercicio fiscal en que se expidan.

Art. 117. Por los servicios que preste el Poder Judicial del Estado o la Secretaría de Seguridad Pública de Gobierno del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, derivadas del sistema penitenciario y de ejecución de sanciones, en los términos de lo dispuesto en la Ley del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones del Estado de Zacatecas, por concepto de:

I. Expedición de certificados de:

a) Remisión parcial de la pena $299.00
b) Libertad condicional $448.00
c) Indulto $896.00
d) Pre-liberación $224.00
e) Constancia de reinserción social y certificaciones $75.00
f) Prelibertad $149.00

Art. 118. Los servicios prestados en materia de transporte y tránsito, por concepto de:

I. Por expedición de licencia de manejo, incluido el examen médico para tal efecto:

Tipo

2 años 4 años 6 años
a) Operador de servicio público $411.00 $672.00 $821.00
b) Chofer $486.00 $821.00 $970.00
c) Automovilista $411.00 $746.00 $896.00
d) Motociclista $262.00 $448.00 $597.00

II. Reposición de la licencia de conducir $166.00.

Cuando se solicite la reposición de la licencia de conducir, se expedirá una nueva del mismo tipo, con la misma fecha de emisión y vencimiento que hubiere tenido la licencia original;

III. Examen médico a conductores de vehículo:

a) Examen médico a conductores de vehículos que participen en un hecho de tránsito aplicándose [etílico] $224.00
b) Toxicológico $448.00

IV. Expedición de permiso provisional de manejo para mayores de 16 años y menores de 18 años incluido certificado médico, hasta por 90 días: $149.00;

V. Vehículo depositado en los recintos de tránsito, por día: $38.00;

VI. Gafetes para operadores del servicio público: $448.00;

VII. Por servicio de grúa:

a) Arrastre $373.00
b) Alcoholímetro $624.00
c) Arrastre resto del Estado $400.00

VIII. Expedición de permiso para circular sin placas:

a) Por 5 días:

1. Servicio público: $373.00
2. [Derogado]  

b) Por 10 días:

1. Servicio público: $522.00
2.  [Derogado] $373.00

c) Por 15 días:

1. Servicio público: $672.00
2.  [Derogado]  

d) Por 30 días:

1. Servicio público: $1,045.00
2.  [Derogado]  

Los permisos expedidos no podrán otorgarse por más de 30 días naturales;

IX. Permiso para carga y descarga:

a) Por un día: $224.00
b) Por treinta días: $821.00

Art. 119. La revisión operativa de unidades de servicio público de pasajeros y carga:

I. Servicio público de transporte colectivo urbano y suburbano, por unidad:

a) Inicial $17,904.00
b) Año posterior $746.00

II. Servicio público de transporte colectivo foráneo, por unidad:

a) Inicial $17,157.00
b) Año posterior $746.00

III. Servicio público de taxi, por unidad:

a) Inicial $13,726.00
b) Año posterior $746.00

IV. Servicio público de transporte turístico, por unidad:

a) Inicial $9,102.00
b) Año posterior $746.00

V. Servicio público de arrendamiento, hasta por 10 unidades:

a) Inicial $15,516.00
b) Por cada unidad excedente de las 10 primeras $746.00
c) Año posterior $1,045.00

VI. Servicio público de transporte proporcionado por agencia funeraria, de carga de materiales, de carga liviana y de grúa, por unidad:

a) Inicial $9,027.00
b) Año posterior $597.00

VII. Certificación de servicio público: $203.00;

VIII. Revisión operativa de:

a) Cambio de vehículo $299.00
b) Cambio ruta $896.00
c) Ampliación de ruta $448.00

Capítulo XI
Servicios de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente

Art. 120. Por la evaluación y emisión del dictamen de impacto ambiental:

I. Informe preventivo $4,000.00;

II. Estudio de impacto ambiental tipo general:

a) Con nivel de impacto bajo $5,222.00
b) Con nivel de impacto medio $5,383.00
c) Con nivel de impacto alto $6,106.00

III. Estudio de impacto ambiental tipo intermedio:

a) Con nivel de impacto bajo $6,830.00
b) Con nivel de impacto medio $8,676.00
c) Con nivel de impacto alto $12,145.00

IV. Estudio de impacto ambiental específico:

a) Con nivel de impacto bajo $13,130.00
b) Con nivel de impacto medio $16,411.00
c) Con nivel de impacto alto $19,858.00

V. Exención de trámite de impacto ambiental: $3,152.00;

VI. Ratificación y ampliación de resolución de impacto ambiental: $1,943.00;

VII. Estudio de riesgo ambiental: $9,026.00;

VIII. Evaluación y resolución de la solicitud de modificación de proyectos autorizados en materia de impacto ambiental: $4,063.00.

Art. 121. Por la prestación de los siguientes servicios:

I. Reproducción de material didáctico, ecológico y ambiental $8.00 por foja;

II. Reproducción de material informático ecológico y ambiental en medio de almacenamiento [USB, disco compacto o cualquier otro] $140.00 c/u;

III. Reproducción de material con información ecológico–ambiental disponible en archivos digitalizados a disco compacto $300.00 c/u;

IV. Información de planos con información ecológico-ambiental $1,300.00 c/u;

V. Reproducción de planos con información ecológico-ambiental $800.00 c/u;

VI. Asesoría y capacitación y materiales sobre ecología y medio ambiente, por cada hora $1,096.00;

VII. Registro en el padrón de prestadores de servicio ecológico y ambiental $1,800.00;

VIII. Reproducción en plotter $850.00;

IX. Autorización por simulacro de incendio $800.00;

X. Registro de generadores de residuos de manejo especial $3,063;

XI. Trámite de certificación ambiental $2,500.00

Art. 122. Toda persona física o moral, así como unidad económica que realice cualquier tipo de construcción y no cuente con la validación emitida en relación a la certificación del manifiesto de impacto ambiental emitido por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente prevista en el artículo 58 de la Ley de Equilibrio y la Protección al Ambiente del Estado se hará acreedor a las sanciones correspondientes previstas en las normas ambientales vigentes en el Estado.

Art. 123. Los servicios que preste la Procuraduría General de Justicia del Estado, por concepto de pruebas periciales:

Área Prueba o estudio

Importe

I. Sistema automatizado de identificación de huellas dactilares [AFIS] a) Búsqueda de huellas en fichas decadactilares $3,059.00
  b) Análisis comparativo con otras huellas de fichas decadactilares $4,775.00
  c) Consultas a bases de datos [federal y estatal] capturando huellas dactilares $3,582.00 por consulta
  d) Estudios lofoscópicos comparativos $5,968.00
II. Balística forense a) Estudios de balística identificativa $4,178.00
  b) Estudios de funcionalidad en armas de fuego $2,611.00
  c) Estudios de balística comparativa $4,551.00
  d) Estudios de balística reconstructiva $3,804.00
  e) Clasificación de armas de fuego y elementos balísticos, basada en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos $2,984.00
III. Contabilidad forense a) Estudio pericial contable $9,474.00
  b) Estudio pericial contable de conversión de moneda extranjera [dólares y euros] $2,387.00
IV. Criminalística de campo a) Estudio pericial de campo $17,755.00
V. Documentos cuestionados a) Estudio pericial grafoscópico  De: $9,474.00 a $11,861.00
  b) Estudio pericial documentoscópico De: $9,474.00 a $11,861.00
VI. Genética forense a) Determinación perfil genético para persona $10,169.00
  b) Prueba de reconocimiento / desconocimiento de maternidad o paternidad [incluye 2-3 muestras para análisis]  $11,342.00
  c) Estudio comparativo de perfiles genéticos [sin análisis de muestra]  $7,061.00
  d) Determinación de perfil genético de cadáveres o restos óseos $12,731.00
VII. Hechos de tránsito terrestre a) Estudio casuístico $5,968.00
  b) Estudio de confronta cuando se niega la responsabilidad $4,775.00
VIII. Identificación de vehículos a) Valuación de vehículos en su totalidad $2,984.00
  b) Valuación e identificación de implementos agrícolas $2,387.00
  c) Estudio de identificación de vehículos $4,178.00
IX. Ingeniería civil y topográfica a) Estudio pericial topográfico [se incrementará el costo de $100.00 por hectárea o por superficie de la construcción]  $5,968.00
  b) Estudio pericial de obra civil $4,775.00
  c) Valuación a bienes inmuebles $4,178.00
  d) Estudio de daños a bienes inmuebles $4,775.00
X. Lofoscopía a) Estudio pericial de campo en lofoscopía $4,775.00
  b) Estudio pericial lofoscópico comparativo $5,968.00
XI. Medicina forense a) Certificado de integridad física $597.00
  b) Certificado de lesiones o de sanidad de lesiones $1,194.00
  c) Dictamen de mecánica de lesiones $5,125.00
  d) Certificado de reclasificación de lesiones $1,194.00
  e) Certificado de edad clínica probable $970.00
  f) Estudio pericial de necropsia, sin estudio histopatológico $3,844.00
  g) Dictamen de responsabilidad profesional $5,125.00
  h) Estudio de toxicomanía o adicción $5,125.00
  i) Estudio ginecológico, proctológico o andrológico $3,844.00
  j) Estudio de exhumación de cadáver $17,755.00
  k) Estudio de interdicción $9,474.00
  l) Síndrome del niño maltratado $3,582.00
  m) Protocolo de actuación en donación y/o trasplante de órganos [sin práctica de necropsia]  $2,563.00
  n) Dictamen de reconstrucción de hechos en conjunto con otras disciplinas forenses $12,731.00
XII. Psicología forense a) Estudio psicológico y atención psicológica $3,582.00
  b) Estudio psicocriminológico $3,582.00
  c) Estudio de personalidad $4,775.00
  d) Estudio de estado mental $4,178.00
  e) Estudio de afectación emocional por amenazas $3,582.00
XIII. Química forense [hematología] a) Determinación de alcohol etílico en sangre $3,134.00
  b) Tipificación del grupo sanguíneo en el sistema ABO [sangre fresca]  $597.00
  c) Determinación del grupo sanguíneo en manchas de sangre seca $4,178.00
  d) Rastreo hemático $3,268.00
XIV. Química forense [serología] a) Confirmación de líquido seminal $3,358.00
  b) Prueba de embarazo $1,418.00
  c) Confirmación de espermatozoides $1,922.00
XV. Química forense [toxicología] a) Determinación de metabolitos de drogas de abuso $3,582.00
  b) Estudio químico forense $3,582.00
  c) Intoxicación por monóxido de carbono $2,611.00
  d) Intoxicación por venenos o medicamentos u otra sustancia $2,803.00
  e) Comparativo de pinturas $2,963.00
XVI. Química balística a) Residuos de disparo por arma de fuego [GRS]  $35,433.00
  b) Prueba de Walker por cada prenda de vestir $2,387.00
  c) Pruebas para determinar si un arma fue disparada recientemente $1,791.00
XVII. Biología forense a) Análisis de elementos pilosos $3,203.00
XVIII. Traducción legal a) Dictamen pericial de traducción [por cada documento] $2,563.00
XIX. Valuación a) Estudio pericial de valuación de muebles, excepto vehículos $4,551.00

Capítulo XII
Servicios de la Secretaría de Salud de Zacatecas

Art. 124. Las contribuciones previstas en la Ley, que se causen por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público otorgados por conducto de la Secretaría de Salud de Zacatecas, establecidos y aprobados por el órgano de gobierno de la misma Secretaría, se publicarán en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado dentro de los primeros quince días hábiles de cada año, estableciendo los conceptos de servicio e importes por los que se causará el pago de derechos, cuya recaudación corresponderá a la Secretaría.

Art. 125. Los derechos a que se refiere este capítulo se captarán a través de las formas y términos previstos en el artículo 32 del Código, no obstante, la Secretaría podrá facultar a la Secretaría de Salud de Zacatecas para que a través de sus oficinas administrativas reciban los pagos que por concepto de derechos les sean enterados, quienes deberán expedir el recibo legal correspondiente y transferirán a la Secretaría al siguiente día hábil los importes recibidos.

Capítulo XIII
Otros derechos

Art. 126. Ratificación o certificación de firmas de contratos o actos jurídicos privados ante autoridades judiciales o administrativas distintas de las de Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio: $75.00.

Art. 127. Las copias certificadas, constancias y certificaciones de cualquier naturaleza que expidan las autoridades judiciales o administrativas, se recaudarán conforme a las cuotas siguientes:

I. La primera foja relativa a asuntos correspondientes:

a) Al año en curso $75.00
b) Al año anterior $149.00
c) A más de dos años anteriores $224.00
d) Por cada foja excedente correspondiente a asuntos de cualquier año $12.00

II. Certificado de no antecedentes penales $154.00;

III. Actas que se expidan en los kioscos de servicios electrónicos de Gobierno del Estado, su costo será el que corresponda al considerado en la ley de ingresos del municipio en que estén ubicados dichos servicios electrónicos.

Art. 128. El pago de derechos, a que se refieren los artículos 126 y 127 de esta Ley, por servicios que presten las autoridades judiciales, se enterará en las oficinas recaudadoras de la Secretaría. De conformidad con el convenio que al efecto se suscriba, los montos serán transferidos al fondo auxiliar para el mejoramiento de la administración de justicia, con independencia del presupuesto anual de egresos que corresponda al Poder Judicial del Estado.

Art. 129. Los servicios que prestan las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada a que se refieren los artículos 25 y 48 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, por la reproducción de la información a través de documentos físicos, en medios de almacenamiento o por envío vía internet, que le sean solicitados en materia del derecho a la información pública de acuerdo con la ley de esta materia, conforme a lo siguiente:

I. Por la expedición de copia simple por hoja $1.20
II. Por expedición de copia certificada por hoja $1.90
III. Por la expedición de copia a color por hoja $1.90
IV. Por cada hoja enviada por Internet que contenga la información requerida $1.90
V. Por cada hoja transferida a un medio de almacenamiento [USB, disco compacto o cualquier otro], que contenga la información requerida $1.90
VI. Por expedición de copia simple de planos por metro de papel cuadrado $68.00
VII. Por expedición de copia certificada de planos por metro cuadrado de papel $91.00
VIII. Cuando se requiera el envío de información a través del Servicio Postal Mexicano o empresas privadas de mensajería, además del costo que se cause por la expedición de las copias que refiere el presente artículo, dicho envío tendrá un costo de:
a) Por conducto del Servicio Postal Mexicano $75.00
b) A través de empresas privadas de mensajería para envío estatal $224.00
c) A través de empresas privadas de mensajería para envío nacional $522.00
d) A través de empresas privada de mensajería para envío al extranjero $746.00

Los mismos importes y tarifas serán aplicables por la expedición de los documentos físicos o que en medio magnético u óptico realicen los Poderes Legislativo y Judicial y que le sean solicitados en materia de acceso a la información pública. Lo anterior sin perjuicio de las exenciones o no causación de derechos que por estos conceptos se encuentren previstas en otras leyes.

Art. 130. Por el derecho de expedición de certificados del Instituto de Selección y Capacitación del Estado de Zacatecas, se cobrarán $5,372.00.

Art. 131. Por los servicios que presta el Organismo Regularizador de la Tenencia de la Tierra en Zacatecas:

I. Expedición de títulos y escrituras privadas de propiedad, respecto del programa estatal de regularización de la tenencia de la tierra urbana $3,432.00; y

II. Expedición de documentos privados individuales para la obtención del dominio pleno de los inmuebles sujetos al régimen de fraccionamientos rurales $3,432.00.

Capítulo XIV
Servicios otorgados por organismos descentralizados
integrantes de la administración pública

Art. 132. Las contribuciones previstas en la Ley, que se causen por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público otorgados por los organismos descentralizados integrantes de la administración pública, establecidos y aprobados por los órganos de gobierno de cada uno de ellos, se publicarán en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, dentro de los primeros 15 días hábiles de cada año, estableciendo los conceptos de servicio e importes por los que se causará el pago de derechos, cuya recaudación corresponderá a la Secretaría.

Art. 133. Para efectos de este capítulo se consideran organismos descentralizados integrantes de la administración pública, los establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas y aquellos que fueran o sean creados posteriormente a la promulgación de esa Ley, por Decreto de la Legislatura del Estado o del titular del Poder Ejecutivo.

Art. 134. Los derechos pagados a organismos descentralizado integrantes de la administración pública, a que se refiere este capítulo se captarán a través de las formas y en los términos previstos en el artículo 32 del Código, no obstante, la Secretaría podrá facultar a los organismos descentralizados citados para que a través de sus oficinas administrativas reciban los pagos que por concepto de derechos les sean enterados, quienes deberán expedir el recibo legal correspondiente y transferirán a la Secretaría el día hábil siguiente los importes recibidos.

TÍTULO CUARTO
De los productos

Capítulo único

Art. 135. Son productos los ingresos que obtiene el Estado por las actividades que desarrolle en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, explotación o aprovechamiento de los bienes que constituyen su patrimonio, tales como:

I. Arrendamientos, adjudicaciones, enajenaciones, explotación, uso y aprovechamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado, conforme a lo estipulado en las concesiones, contratos, convenios y disposiciones legales relativas;

II. Venta de impresos oficiales, formas valoradas y papel especial para:

a) Certificación de actas de registro civil $10.00
b) Asentamiento de actas de registro civil, cada juego $20.00
1. Nacimiento, matrimonio o defunción, cada juego $23.00
c) Asentamiento de escritura pública $4.00
d) Otras formas impresas, cada una $4.00
e) Leyes, reglamentos, folletos y demás publicaciones, su costo se determinará de conformidad con el tiraje de la edición, número de hojas y calidad de impresión y encuadernación
f) Juego de 150 fojas de protocolo notarial abierto $746.00
g) Formas de solicitud para inicio, renovación, cambio de domicilio, cambio de giro o transferencia del derecho de licencia, de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas $10.00
h) Formas de permisos provisionales para circular sin placas $75.00
i) Hologramas y certificados para centros de verificación $99.00
j) Hoja de rechazo para centros de verificación $38.00

III. De capitales y valores del Estado, sus rendimientos;

IV. Los provenientes del Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado. Estos se causarán conforme a la siguiente tarifa:

a) Por suscripción:

1. Por semestre $1,800.00
2. Por año $3,000.00

b) Por enviar a otros lugares fuera de la ciudad de Zacatecas en el País:

1. Por semestre $2,800.00
2. Por año $4,000.00

c) Por enviar al extranjero:

1. Por semestre $3,900.00
2. Por año $6,200.00

V. Valor por ejemplar:

a) Del día $10.00
b) De fechas anteriores:
1. Hasta seis meses $15.00
2. Hasta de un año $22.00
3. De más de un año $25.00

VI. Aviso judicial, administrativo, edicto, notificación y otros actos que se publiquen conforme a disposiciones legales, causarán la siguiente cuota por inserción:

a) Por publicación, por palabra...$0.60

Art. 136. En las adjudicaciones bajo el régimen de fraccionamientos rurales, será del 5% del avalúo que practique al predio la Dirección de Fraccionamientos Rurales, mismo que tendrá una vigencia de tres meses, a partir de la fecha de expedición.

Art. 137. Los ingresos por productos se determinarán en los actos, convenios, contratos o concesiones respectivos y en lo dispuesto por el artículo anterior, según sea el caso.

TÍTULO QUINTO
De los aprovechamientos

Capítulo único

Art. 138. Quedan comprendidos dentro de este título los ingresos que el Estado perciba por concepto de multas no fiscales, recargos, rezagos, gastos de ejecución, donativos, herencias, legados, bienes vacantes, tesoros ocultos, indemnizaciones, reintegros por responsabilidades administrativas, concesiones, fianzas, depósitos, subsidios federales, empréstitos y financiamientos, aportaciones para obras y servicios públicos, ingresos que cubran los municipios, por la administración de impuestos y servicios públicos municipales y aportaciones federales.

También se considera aprovechamiento, la recaudación obtenida por el pago de las sanciones pecuniarias que imponga la dirección de seguridad pública y tránsito, por violaciones a lo establecido en el artículo 186, capítulo XXX del Reglamento General de la Ley de Transporte, Transito y Vialidad del Estado de Zacatecas.

Incluyen asimismo los ingresos generados con motivo de las actividades que realizan las autoridades judiciales, por concepto de suspensión condicional de la condena, conmutación de la pena, cauciones que se hacen efectivas, multas y reparación de daños por renuncia expresa o tácita de la parte ofendida o derechohabiente.

Los ingresos a que se refiere el párrafo anterior, se enterarán en las oficinas recaudadoras de la Secretaría. De conformidad con el convenio que al efecto se suscriba, los montos serán transferidos al fondo auxiliar para el mejoramiento de la administración de justicia, con independencia del presupuesto anual de egresos que corresponda al Poder Judicial del Estado.

Art. 139. Los aprovechamientos se harán efectivos, según proceda en cada caso, de acuerdo a la naturaleza y origen del crédito fiscal que les de origen.

Art. 140. También se consideran aprovechamientos los incentivos provenientes del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

La recaudación de lo establecido en el párrafo anterior, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 255 del Código Fiscal del Estado y sus Municipios.

Artículos transitorios

Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor en todo el Estado de Zacatecas a partir del primero de enero de 2017, previa publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Art. 2º A la entrada en vigor de la presente Ley queda abrogada la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas publicada en el suplemento número 3 al 105 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, correspondiente al día 30 de diciembre de 2000 que contiene el Decreto No. 228, así como todas aquellas disposiciones emitidas con posterioridad al citado Decreto y que se opongan al presente.

Art. 3º Los contribuyentes sujetos al pago del impuesto adicional para la infraestructura quedarán inscritos automáticamente con base en el cumplimiento de los artículos 98 y 99 de esta Ley.

Art. 4º Los ingresos que se obtengan de la recaudación del impuesto establecido en el capítulo VII sección primera del Título Segundo de esta Ley, se destinarán prioritariamente a:

I. La inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas; infraestructura hidroagrícola, y hasta un 3 por ciento del costo del programa o proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura; entendiéndose como tal la establecida en el artículo 2º fracción XXI de la Ley de Obligaciones y Empréstitos y Deuda Pública;

II. Como fuente de financiamiento para su aportación en convenios de coordinación, reasignación o pari passu con el Gobierno Federal, siempre y cuando su destino sea lo establecido en la fracción anterior;

III. Al saneamiento financiero, a través de la amortización de la deuda pública, expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior, siempre y cuando su contratación provenga de conceptos establecidos en la fracción I de este artículo.

Art. 5º En tanto no sea publicado el Código de Biodiversidad para el Estado de Zacatecas, será aplicable de manera supletoria lo dispuesto en la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas, la Ley del Cambio Climático para el Estado de Zacatecas y sus Municipios y la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas.

Art. 6º En tanto los organismos a que hacen referencia los artículos 124 y 132 de esta Ley, no realicen la publicación de los servicios por los que procede el cobro de derechos, se continuarán aplicando las tarifas o cuotas del ejercicio inmediato anterior.

Art. 7º Las referencias que se hagan y las atribuciones que se otorgan en la presente Ley, a las dependencias o unidades administrativas que desaparezcan o cambien de denominación por virtud de la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, se entenderán hechas o conferidas a las dependencias o unidades administrativas que resulten competentes conforme a la misma, de acuerdo con sus atribuciones y su denominación.

Art. 8º Los recursos obtenidos por el importe que represente el incremento en la recaudación del impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas establecido en el capítulo VII, sección segunda del Título Segundo de esta Ley, se destinará al saneamiento financiero de la citada Universidad.

Para los efectos del presente artículo, se entenderá lo siguiente:

I. Incremento de la recaudación será la diferencia de los ingresos observados del ejercicio 2017 con relación a 2016, del citado impuesto;

II. Saneamiento financiero serán los recursos que se destinen a la disminución de pasivos, considerándose entre otros los establecidos en el artículo 90 de esta Ley, los de carácter fiscal, instituciones de seguridad social, proveedores, entre otros, expresada como una reducción al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior, asimismo, podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Comuníquese al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación.

Dado en la sala de sesiones de la Honorable Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Zacatecas, a los 15 días del mes de diciembre del 2016. Diputada Presidenta. Dip. Norma Angélica Castorena Berrelleza. Diputadas Secretarias. Dip. Ma. Guadalupe González Martínez y Dip. María Elena Ortega Cortés. Rúbricas.

Y para que llegue al conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, mando se imprima, publique y circule.

Dado en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los 29 días del mes de diciembre del año 2016.

Atentamente,
«Sufragio Efectivo. No Reelección»

El Gobernador del Estado de Zacatecas
Alejandro Tello Cristerna

La Secretaria General de Gobierno
Fabiola Gilda Torres Rodríguez

El Secretario de Finanzas
Jorge Miranda Castro

FICHA TÉCNICA

GENERAL

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
109 105 31-diciembre-2016 01-enero-2017 LXII

REFORMAS

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
273 101 20-diciembre-2017 01-enero-2018 LXII

Se reforma la fracción I del artículo 2°; se reforma el artículo 5°; se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 37; se reforma el párrafo quinto del artículo 38; se adiciona el artículo 46 bis; se reforman las fracción IV y V del artículo 56; se adiciona un último párrafo a la fracción I del artículo 58; se adiciona el artículo 62 bis; se reforma el párrafo segundo de la fracción I del artículo 72; se reforman los incisos e) ), f), g, h) e i) de la fracción I, se reforman las fracciones II y III del artículo 95; se deroga la fracción I y se reforma el inciso a) y se adiciona el inciso g) de la fracción II del artículo 96; se adiciona el artículo 96 bis; se reforma el inciso a) y se derogan los incisos b), c) y d) del párrafo segundo se la fracción I, se reforma la fracción V del artículo 98; se reforma el proemio, y se derogan los incisos a), b), c), d), e) y f) y se derogan las fracciones I, II y III del artículo 99; se reforma el proemio y se derogan las fracciones a), b), c), d), e), f), g), se reforma el inciso h) de la fracción I, se reforma el primer párrafo y se derogan los incisos a), b), c) y d) de la fracción II y se reforma el proemio y se derogan los incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) y k), y se adicionan los incisos A), B) y C) de la fracción IV y se reforma el último párrafo del artículo 101; se reforma el inciso a), se deroga el inciso b) y se derogan los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción II del artículo 102; se reforma la denominación del capítulo VI, adicionándose una sección primera del título tercero; se reforman y se adiciona el artículo 108; se reforman la fracción III y se adiciona un último párrafo al artículo 111; se adiciona la sección segunda al capítulo VI del título tercero; se adiciona el artículo 111 bis; se reforman los incisos a) y b) de la fracción I y se reforman los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 112; se reforma el primer párrafo del artículo 113; se deroga el inciso d) de la fracción III, y se deroga el inciso c) de la fracción IV, se deroga la fracción V, se deroga el inciso c) de la fracción VI, se reforma el inciso b) y se deroga el inciso c) de la fracción VII, se derogan las fracciones VIII y IX, y se reforma el proemio y se derogan los incisos b) y c) de la fracción X, se derogan las fracciones XV, XVI, XVII, XXV, XXVI, XL, XLI, XLV, XLVI y XLVII, se adiciona la fracción L al artículo 114; se deroga la fracción I, y se reforma el inciso a), y el inciso b) de la fracción II, se reforma y adiciona el inciso a) de la fracción III, se deroga la fracción IV del artículo 115; se reforma el proemio del artículo 117; se deroga el numeral 2 del inciso a), se deroga el numeral 2 del inciso b), se deroga el numeral 2 del inciso c) y se deroga el numeral 2 del inciso d) del artículo 118; se derogan los artículo 120 y 121; se reforma el artículo 124 y se reforma la fracción II del artículo 127; se reforma el artículo 132, se reforman los numerales 1 y 2 del inciso a), se reforman los numerales 1 y 2 del inciso b) y se reforman los numerales 1 y 2 del inciso c) de la fracción IV, se reforma el inciso a) y se reforman los numerales 1, 2 y 3 del inciso b) de la fracción V, se reforma el inciso a) de la fracción VI del artículo 135.

Último cotejo de vigencia: mayo de 2018.