LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

Decreto nº 205

La Honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en nombre del pueblo, decreta

Resultando primero. En sesión del Pleno correspondiente al día 26 de junio del presente año, se dio lectura a una iniciativa que en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 60 fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 45, 46 fracción I y 48 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 95 fracción I, 96 y 97 fracción I del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo, presentaron las diputadas María Luisa Sosa de la Torre, Angélica Náñez Rodríguez, Ma. Hilda Ramos Martínez y Silvia Rodríguez Ruvalcaba, y los diputados Avelardo Morales Rivas, José Ma. González Nava, J. Refugio Medina Hernández, Clemente Velázquez Medellín, Miguel Alonso Reyes, Jorge Luis Rincón Gómez, Artemio Ultreras Cabral, Mario Alberto Ramírez Rodríguez, Sebastián Martínez Carrillo, Francisco Escobedo Villegas, Leodegario Varela González, José Luis García Hernández, Ubaldo Ávila Ávila y Luis Rigoberto Castañeda Espinosa.

Resultando segundo. Por acuerdo del presidente de la mesa directiva y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 149 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 83 fracción V del Reglamento General, la iniciativa de referencia fue turnada, en la misma fecha, a la Comisión Legislativa de Equidad entre los Géneros, a través del memorándum número 287, para su estudio y dictamen correspondiente.

Resultando tercero. La iniciativa se sustentó en la siguiente

 Exposición de motivos

La violencia de género constituye una de las conductas más deplorables de las sociedades. Es inclusive, uno de los símbolos más brutales de la desigualdad y es, en toda la extensión de la palabra, un ataque a los derechos fundamentales de la persona humana.

Esta forma de violencia se basa en una relación de poder desigual y su ejercicio contribuye a perpetuar esta desigualdad. En efecto, la existencia de marcadas normas de género que establecen los roles socialmente aceptables para hombres y mujeres, proporciona la justificación social para el uso de la violencia en la pareja.

No debemos permitir que las mujeres sigan siendo objeto de tratos inhumanos; no podemos permitir que los golpes, las amenazas, las humillaciones, los insultos, sigan siendo el común denominador de sus relaciones interpersonales con las demás personas. Por el contrario, debemos conjuntar esfuerzos para que las mujeres del Estado tengan acceso a una vida plena, en la que la exclusión y discriminación no sigan siendo óbice para su desarrollo.

Difícilmente estaremos en posibilidades de imaginar una sociedad más igualitaria si no somos capaces de erradicar la amenaza reprobable de la violencia hacia las mujeres. Seamos partícipes de una nueva forma de convivencia entre mujeres y hombres, en la que prevalezca la tolerancia y el respeto entre los géneros.

Gracias al esfuerzo y sensibilidad de los gobiernos y de las organizaciones feministas con presencia en nuestro país, se han registrado importantes avances en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en los últimos años,  tanto en el ámbito legislativo como en el diseño y ejecución de políticas públicas en los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, al observar la dimensión social del problema, se observan enormes retos por resolver, que evidencian la necesidad de seguir reforzando las medidas para combatir esta problemática.

Tenemos el convencimiento de que este problema no puede resolverse solo desde el ámbito público, si no que se requiere del esfuerzo conjunto de todos los sectores sociales y en general de toda la población.

Este tema por la relevancia que representa ha sido retomado en el Plan Estatal de Desarrollo, en el que se señala que a través de las distintas instancias de gobierno y de los programas que forman parte de la política social, se impulsará una cultura de equidad a favor de las mujeres.

La presente iniciativa tiene como uno de sus principales propósitos, responder a las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, así como de expertos en la materia, sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres, ya que aún y cuando en México y en particular en la entidad se han dado importantes avances, no podemos dejar de reconocer que las medidas implementadas aún son insuficientes.

De acuerdo al estudio panorama de violencia contra las mujeres en Zacatecas, 2006, elaborado por el INEGI, que retoma los datos desagregados para la entidad de la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006, se evidencia que la violencia contra las mujeres sigue siendo un tema por resolver:

- En el caso de las mujeres zacatecanas casadas o unidas se observa que  de cada 100, 42 dicen haber vivido eventos violentos por parte de su pareja. Esta proporción es menor al promedio nacional que indica 47 de cada 100 mujeres agredidas.

- Las agresiones hacia las mujeres por parte de su pareja suelen agruparse en emocionales, económicas, físicas y sexuales. Las emocionales son las de mayor presencia a lo largo de la relación, y las padecen al menos 77.5% de las mujeres con violencia de pareja. Las agresiones sexuales son las menos comunes, 18.9% de las mujeres violentadas dicen haberlas sufrido a lo largo de su relación, mientras 48.3% de las mujeres violentadas han sufrido eventos de tipo físico-golpes y agresiones con armas. Por otra parte, las mujeres que indican haber sufrido eventos violentos de tipo económico son 56.0%.

- En la entidad, de las 124,540 mujeres casadas o unidas que han sido violentadas a lo largo de su relación, 27.4% han sufrido agresiones externas, porcentaje similar al del país.

- Las mujeres en el estado con mayor posibilidad de ser violentadas son las más jóvenes, entre 15 y 29 años, de ellas, 44 de cada 100 han sufrido al menos un incidente de violencia. Por el contrario, en el grupo de mujeres de 45 y más años las agredidas son menos, 28 de cada 100, cifras inferiores a las registradas en el nivel nacional.

- 40% de las mujeres económicamente activas dicen haber sufrido violencia de pareja durante los últimos 12 meses previos a la entrevista, cifra menor en cuatro puntos porcentuales que el promedio nacional.

- En la entidad son 13,214 las mujeres alguna vez unidas que fueron víctimas de hechos severos de violencia. Ellas representan 57.9% de las mujeres violentadas, dato mayor al obtenido a nivel nacional, lo que estaría explicando el alto número de divorcios registrados por violencia intrafamiliar en la entidad. La proporción de mujeres separadas o divorciadas que reportan agresiones por parte de su ex pareja después de terminada la relación es de 45.2%, la más alta del país, superior en 13 puntos porcentuales al promedio nacional.

- Son 469,445 las mujeres en el Estado propensas a sufrir violencia comunitaria, de éstas 23.8% han vivido violencia sexual, dato inferior en 15.9 puntos porcentuales a la media nacional de 39.7 por ciento.

- El tipo de agresor que más frecuentemente declaran las entrevistadas hace referencia a personas desconocidas, en 85.0% de los casos, cifra que indica un problema de seguridad pública.

- 15 de cada 100 mujeres zacatecanas han padecido algún incidente de violencia escolar, como haber vivido humillaciones, agresiones físicas, propuestas de tipo sexual a cambio de calificaciones, o fueron obligadas a tener relaciones sexuales, o ser objeto de castigos por negarse a pretensiones determinadas.

- De las mujeres zacatecanas que viven violencia en el ámbito laboral, 5,666 dicen también ser víctimas de violencia por parte de su pareja. Dicha situación agrava la condición de estas mujeres, ya que no sólo tienen que padecer situaciones difíciles o angustiantes en su trabajo, si no que además de no encontrar apoyo por parte de su pareja también son violentadas por ésta; en el contexto nacional representan un porcentaje de 53 por ciento y en el estado de Zacatecas alcanzan una cifra superior, 55.4 por ciento.

Debemos decir, finalmente, que todos estos datos, al margen de que son reveladores y demuestran el largo trecho que tienen que seguir nuestro Estado en materia de género, se deben agregar las cifras negras. Aquellos datos que las estadísticas no logran comprender y que sin embargo existen. Todas esas voces ahogadas en el miedo, la impotencia, los prejuicios, la ignorancia, la cerrazón, la insensibilidad, la infamia e incluso, la muerte.

Las agresiones de diversa índole que sufren las mujeres a lo largo de su vida, constituyen una violación a sus derechos humanos y les impide que gocen de sus libertades y derechos fundamentales como la vida, seguridad e integridad personal, la salud [física y mental], educación, trabajo, vivienda, así como la participación en la vida pública. Perpetúa, además, su subordinación y la distribución desigual del poder. Tiene consecuencias nefastas para la salud y el bienestar de las mujeres, acarrea un enorme costo humano y económico, y representa un pesado obstáculo para el desarrollo social y estatal.

Existen estudios de diversa naturaleza, enfoque y contenido que demuestran, con cifras duras, como la violencia hacia las féminas ha incidido directamente en el estancamiento del desarrollo integral de los países, y más regionalmente, de las comunidades que los integran. Por ello, las alternativas desde hace más de veinte años han ido incorporándose a la estructura estatal y social para tratar de hacer frente a esta problemática.

Por lo que se refiere a nuestro país, diferentes organismos e instrumentos internacionales, tales como el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer [UNIFEM], el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres [CEDAW], el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, han señalado que no obstante los diversos esfuerzos estructurales que ha realizado el Estado mexicano por erradicar la violencia contra las mujeres, los resultados no han sido tan eficaces como se esperaba. Por ello, los órganos del poder público, así como las y los ciudadanos, y la sociedad en general, continúan desde cada una de sus trincheras trabajando por la erradicación de esta pandemia que erosiona al desarrollo social.

Con la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promulgada el año próximo pasado, se sientan las bases de un nuevo andamiaje administrativo para que las entidades federativas en coordinación con la Federación y los municipios, expidan las normas y tomen las medidas presupuestales y administrativas necesarias para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

En esta soberanía popular hemos sido partícipes del combate a la  violencia hacia las mujeres. Existen importantes trabajos legislativos, parlamentarios y de cooperación al respeto. Por ejemplo, el 18 de mayo del 2007, la LVIII Legislatura del Estado signó la Carta de Adhesión al Pacto Nacional 2007, por la igualdad entre mujeres y hombres que esta LIX Legislatura ratificó en el mes de noviembre del 2007. Dicho pacto que fue formalizado el cinco de marzo de 2007 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, por las comisiones de equidad y género de la Cámara de Diputados y del Senado, La Secretaría Nacional de las Mujeres y varias legislaturas locales.

En virtud a dicha adhesión, esta asamblea se comprometió a impulsar acciones para incorporar la perspectiva y la transversalidad de género en la conformación y ejercicio del presupuesto de egresos, mejorar la calidad de vida de las mujeres que se encuentren en situación de pobreza, armonizar la legislación estatal con los lineamientos señalados en los instrumentos internacionales que en materia de derechos de la mujer ha ratificado el Estado mexicano, materializar y desarrollar efectivamente en los hechos, los mecanismos legislativos y administrativos de defensa de los derechos de las mujeres, y establecer vínculos de coordinación, entendimiento y cooperación entre los diferentes actores públicos, sociales y privados para dar puntual seguimiento a las acciones emprendidas en la materia.

En ese sentido, se presenta ante el Pleno de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa cuya finalidad primordial es establecer los mecanismos e instrumentos idóneos y eficaces para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en esta entidad federativa.

Este instrumento legislativo plantea principalmente:

- Cumplir con la armonización legislativa señalada en el artículo 49 fracciones II y XX de la Ley General, las cuales señalan que corresponde a las entidades federativas: ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la Ley General, e impulsar reformas para el cumplimiento de sus objetivos, adecuando dichos lineamientos a las necesidades y circunstancias del Estado de Zacatecas.

- Conformar un sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, integrado por diversas instituciones públicas y privadas.

- Asimismo, crear las siguientes figuras jurídicas:

- Un programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

- Un banco estatal de datos sobre violencia contra las mujeres.

- Un diagnóstico estatal sobre violencia contra las mujeres, cuyas investigaciones y publicación serán realizados por La Secretaría para las Mujeres Zacatecanas.

- Centros de atención, protección y asistencia para las mujeres víctimas de violencia, refugios y programas reeducativos para personas agresoras, operados por La Secretaría para las Mujeres Zacatecanas y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal y los sistemas municipales.

- Una línea de atención telefónica operada por La Secretaría para las Mujeres Zacatecanas y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

- De igual forma, se establecen figuras protectoras y preventivas, como las señaladas a continuación:

- La alerta de violencia, como un conjunto de medidas que determinará y ejecutará el Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, con la previa aprobación de la Legislatura, para hacer frente a una situación grave de violación de derechos humanos de las mujeres, en determinada región del Estado.

- Instituir sanciones con efectos administrativos por violencia contra las mujeres, con posibilidad de vincularse a las materias familiar, civil y penal; y

- Dar efectos probatorios ante cualquier autoridad a las actuaciones de las autoridades administrativas, como son los centros de atención.

Resultando cuarto. El Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, en su artículo 107, fracción I inciso c), dispone como uno de los requisitos para analizar las iniciativas radicadas en esta soberanía popular, el proceso de consulta pública y demás actividades llevadas a cabo por la comisión o comisiones a las que fue turnada la misma.

En ese sentido, esta Asamblea, convencida de que la consulta pública constituye un elemento sine qua non para elaborar mejores leyes, consideró destacable mencionar las diversas actividades que permitieron contar con mayores elementos de juicio para su aprobación.

El día nueve de marzo de 2007, se llevó a cabo en el vestíbulo del recinto Legislativo de la Legislatura, el foro de análisis de la iniciativa de ley para la Protección Integral contra Violencia de Género, dentro del marco de actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, contando con la presencia de las diputadas integrantes de la Comisión de Equidad entre los Géneros de la LVIII Legislatura, la Gobernadora del Estado Amalia D. García Medina, y La Secretaría de las Mujeres Zacatecanas.

Posteriormente se realizaron diversas entrevistas con representantes de las instituciones a las que dicha iniciativa confería competencia, como el Poder Judicial del Estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado, y La Secretaría de las Mujeres Zacatecanas, así como con especialistas en la materia.

En abril de 2007, representación de la Comisión de Equidad entre los Géneros de la LVIII Legislatura, asistió a la primera reunión nacional de trabajo de instituciones de la mujer; comisiones legislativas de género en las entidades federativas y el INMUJERES, con el objeto de armonizar las legislaciones locales en materia de violencia contra la mujer.

Posteriormente el 18 de mayo de 2007, se llevó a cabo en la sala de comisiones del Recinto Legislativo de la Legislatura, la Reunión de trabajo para la Adhesión del Pacto Nacional 2007, por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, formalizando el 5 de marzo de 2007 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. A dicha Reunión asistieron la Comisión de Equidad y Género de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Comisión Legislativa de equidad y Género de la LVIII Legislatura del Estado de Zacatecas, y La Secretaría de las Mujeres Zacatecanas.

El Pacto Nacional 2007, por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, fue ratificado por esta LIX Legislatura en el mes de noviembre de 2007. El objetivo de dicho acuerdo nacional en materia de género, es exhortar a las legislaturas locales y a los gobiernos de las entidades federativas a sumarse al compromiso de impulsar presupuestos, normatividades y políticas públicas con perspectiva de género, y promover un diálogo entre las legisladoras federales y locales integrantes de comisiones de género y con los institutos de la mujer estatales, en el que se compartió la información de los efectos y actividades realizadas por cada una de estos órganos en materia de equidad de género.

Como resultado de los eventos descritos en los párrafos anteriores, se concluyó en la necesidad de precisar y reforzar las figuras que planteaba el proyecto legislativo presentado en la LVIII Legislatura, así como armonizarlo con los tratados internacionales y la legislación federal correspondientes.

Así, el trabajo legislativo en análisis, es decir, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas, presentada en esta LIX Legislatura, conjunta los propósitos de trabajar por un instrumento legislativo que de manera coordinada, sistemática y armónica, conjunte competencias, esfuerzos, objetivos y acciones para implementar mecanismos eficaces de erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado de Zacatecas.

Dichos objetivos posteriormente fueron ratificados y reforzados durante las diversas reuniones que la comisión dictaminadora estableciera con La Secretaría de las Mujeres Zacatecanas, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el objeto de fortalecer las capacidades para la implementación de la legislación nacional sobre igualdad de género y no violencia contra las mujeres.

Considerando único. La violencia de género constituye una de las conductas más deplorables de las sociedades, un ataque a los derechos de la persona humana que perpetúa la distribución desigualdad del poder, acarrea un enorme costo humano y económico, y representa un pesado obstáculo para el desarrollo social y estatal.

Por ello, es necesario esclarecer de manera precisa qué es la violencia de género, los mecanismos internacionales en la materia, así como la constitucionalidad, y necesidad y justificación social y económica de su erradicación en el Estado.

En la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el año de 1979, y ratificada por México en 1981, se establece que la discriminación contra la mujer, denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

En virtud a lo anterior, los Estados partes de dicha Convención, condenaron tajantemente la discriminación contra la mujer en todas sus formas, y se comprometieron a implementar políticas encaminadas a eliminarlas.

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993 celebrada en Viena, Austria, pide a todos los gobiernos que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales y teniendo debidamente en cuenta sus respectivos sistemas jurídicos, adopten las medidas apropiadas para hacer frente a la intolerancia y otras formas análogas de violencia…, en particular las prácticas de discriminación contra la mujer,… subraya la importancia de la labor destinada a eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada, a eliminar todas las formas de acoso sexual, la explotación y la trata de mujeres, a eliminar los prejuicios sexistas en la administración de la justicia y a erradicar cualesquiera conflictos que puedan surgir entre los derechos de la mujer y las consecuencias perjudiciales de ciertas prácticas tradicionales o costumbres, y de prejuicios culturales. Ese mismo año, las Naciones Unidas, emitió la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas, celebrada en Beijing en 1994, giró en torno a un tema primordial: el hecho común que afecta a las mujeres de todo el mundo de verse relegadas a una condición desmerecida, y muchas veces discriminatoria, por la mera razón de su condición de género; dicha conferencia mundial, se centró primordialmente, en la discusión de los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres y de las niñas, y sobre la injusta discriminación que, en mayor o en menor grado, persiste sobre ellas en casi todas las sociedades.

La plataforma de acción de Beijing, documento en el que quedaron plasmados los compromisos internacionales asumidos durante la Conferencia de Beijing, utiliza la palabra «género», para aludir a las relaciones y a la asignación de papeles sociales diferenciados entre hombres y mujeres, que da lugar a un orden jerárquico basado en la supremacía de los hombres y lo masculino y en la desvalorización y subordinación de las mujeres y lo femenino. Ésta se expresa en la construcción de estereotipos de género, en la definición de ámbitos sociales de acción para hombres y mujeres, así como en un acceso desigual al poder, las oportunidades y los recursos.

Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, celebrada en Belem do Pará en 1994, y promulgada en México en 1999, define a la violencia contra la mujer, como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Las conceptualizaciones sobre derechos humanos de las mujeres, descritas anteriormente, en virtud al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser compromisos protocolizados y asumidos en tratados internacionales en los que México es parte, son Ley Suprema de toda la Unión, ya que a través del mandato de supremacía constitucional, al derecho internacional celebrado y ratificado conforme a los requisitos que la misma Constitución señala, entra a formar parte del derecho interno vigente en el Estado mexicano.

Los instrumentos internacionales ordenan la estructuración interna de medidas jurídicas, legislativas, institucionales y administrativas para traducir los enunciados genéricos sobre derechos humanos de las mujeres, asumidos como compromisos internacionales, al derecho interno, a través de leyes, políticas, planes, programas, presupuestos, instituciones, estrategias y acciones que materialicen eficazmente dichos compromisos.

Virtud a lo anterior, el 2 de agosto de 2006 se publicó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y el 1º de febrero de 2007 se promulga la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

El artículo transitorio 8º de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que en un marco de coordinación, las legislaturas de los estados, promoverán las reformas necesarias en la legislación local, previstas en las fracciones II y XX del artículo 49.  A su vez, el artículo 49 in fine, señala que corresponde a las entidades federativas, ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente Ley, e impulsar reformas, en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de los objetivos de la Ley General.

Para determinar la constitucionalidad del mandato citado en el párrafo anterior, así como de la expedición de una ley local en la materia, fue necesario analizar la jerarquía jurídica mexicana, a la luz de su fundamento constitucional, es decir, del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece:

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados.

Por lo que se refiere al lugar que corresponde a las leyes locales dentro del andamiaje constitucional, el último criterio de la Corte se ha pronunciado por señalar que el derecho local o estadual, no se subordina a la leyes dictadas por el legislativo federal, siempre y cuando, éstas no sean leyes «emanadas de la Constitución», por ello, retomando criterios doctrinales, diferenciaron a las «leyes federales» de las «leyes emanadas de la Constitución». En el Amparo en Revisión registrado bajo el número 120/2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Abril de 2007, P. VII/2007, establece que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo 133 Constitucional no corresponden a las leyes federales, es decir, a las atribuciones legislativas conferidas a los órganos constituidos en materias diferentes a las propiamente constitucionales, si no que se trata de leyes generales, que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales [estaduales] que integran al Estado mexicano… estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales.

Las leyes constitucionales generales distribuyen competencias y establecen la coordinación entre diferentes instituciones en materias que la propia Constitución o el derecho derivado de ésta o de los tratados internacionales celebrados conforme a la misma, le señalen, como es el caso de las garantías establecidas en los artículos primero y 4º constitucionales, y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres en los que México es parte.

Es innegable, entonces, la constitucionalidad del mandato de la Ley General al respecto de incluir y adecuar las legislaciones locales en materia de erradicación de la violencia contra las mueres.

Para complementar el razonamiento anterior, se exploraron las siguientes premisas.

En primer lugar, el artículo 124 de la Constitución federal, señala que las facultades que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.

De dicho precepto constitucional se desprende el sistema mixto y complejo de la distribución de competencias de la estructura institucional del poder público en México, conformado por facultades explícitas o implícitas, atribuidas a la Federación o a las entidades federativas; prohibidas a la Federación o a las entidades federativas, y facultades coincidentes, coexistentes y de auxilio.

El artículo 2º de este decreto, señala que el objeto de dicho proyecto legislativo es prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el Estado, así como establecer los principios, instrumentos y mecanismos, para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar.

Es decir, los actos a regular son: prevención, atención, sanción y erradicación; el fenómeno social, es la violencia contra las mujeres como un asunto de derechos humanos; y su finalidad es garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar.

De la lectura, principalmente del artículo 73 Constitucional, se dilucidó que esta materia no estará expresamente conferida de manera exclusiva a la Federación; tampoco estará prohibida de manera expresa para las entidades federativas, en los artículo 117 y 118 de la Constitución federal, si no que se trata de materias coincidentes o coexistentes, simultáneas para la Federación y las entidades federativas, en la cual, la Federación expide bases y lineamientos generales, y le corresponde a las entidades federativas adecuar, de manera armónica, dichas prescripciones generales a su legislación local.

Igualmente, las materias familiares y civiles, tienen el carácter de coincidentes, de acuerdo al artículo 104 Constitucional, fracción I, que al fijar competencia para los tribunales federales en materia civil, señala la excepción territorial de que podrán conocer también de controversias civiles, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común, cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares, facultando implícitamente a los estados a legislar en esta materia; asimismo, los asuntos de salud, educación y seguridad pública, de acuerdo a los artículos 73, fracciones XVI, XXI, XXIII y XXV, y 18 y 21, son también asuntos de competencia coincidente, y dichas materias son incluidas en este decreto.

Por otra parte, dentro del marco jurídico local, la Constitución Política del Estado de Zacatecas, en su artículo 22, segundo párrafo, establece que se reconoce la equidad entre los géneros como principio necesario para el desarrollo del pueblo zacatecano. El Estado promoverá este postulado para lograr una sociedad más justa y equitativa, y la ley determinará las facultades y acciones que deban aplicarse para el cumplimiento de este fin.

Asimismo, la Ley Suprema de nuestra Entidad federativa, confiere a la Legislatura del Estado de Zacatecas, en su artículo 65, fracciones V, VI, IX, XVII y XXIII, facultades para legislar en administración pública, seguridad pública, educación, salud, beneficio colectivo y en las materias penal, civil y familiar, cuestiones que, como se mencionó líneas arriba, se contienen en este instrumento legislativo.

Como quedó asentado líneas arriba, la violencia contra las mujeres es un problema real, actual y creciente de violación a los derechos humanos de las personas, en este caso, de las mujeres; es un asunto global de latente preocupación y permanente condena internacional, el cual debe atenderse de manera sistemática e integral.

El proceso legislativo que se siguió en el Congreso de la Unión, en la materia, al expedir una Ley General, además de ir incorporando las modificaciones correspondientes a las demás leyes correlacionadas, fue precisamente crear un mecanismo legislativo de carácter general que concentrará, de manera coordinada y sistematizada, esfuerzos, competencias, instituciones y programas para erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro país. Analógicamente, a nivel estatal, algunas adecuaciones a la legislación local, no son suficientes para tratar esta pandemia social, sino que es necesario un instrumento que integre y coordine competencias, programas, objetivos, estrategias y acciones.

La ley contiene mecanismos que tienden a materializar los principios de igualdad jurídica, respeto a la dignidad humana, no discriminación y libertad.

Dichos mecanismos se distribuyeron atendiendo a los objetivos de la ley: prevenir, atender, proteger, sancionar y erradicar. De los cuales se destacaron los siguientes:

La prevención, atención y erradicación, a través de programas e instituciones especializadas, son los ejes que sustentan la viabilidad económica de esta Ley. A nivel federal, se destinaron en el presupuesto de egresos 2008, 31,003.2 millones de pesos a programas que incorporan la perspectiva de género, en materia de salud, educación, seguridad, y específicamente 200 millones de pesos van directos al PAIMEF, es decir, al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, para implementar y ejecutar programas de prevención de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, éste programa de la Secretaría de Desarrollo Social, está sujeto a reglas de operación, que entre otras cosas, prevé el desarrollo continuo de programas de atención y la existencia permanente de los centros correspondientes. Por ello, a nivel local, si se prevé la existencia en un ordenamiento legislativo de dichos programas e instituciones, se estará protegiendo su subsistencia, independientemente de las políticas de la administración pública sexenal y asegurará la obtención e incremento de dichos recursos.

El capítulo de sanciones mereció especial atención durante el proceso de análisis, el apartado de sanciones se fue ajustando a los límites constitucionales. En dicho capítulo se reconoce y vincula a la justicia civil, familiar, penal y administrativa; se determinan de manera precisa las infracciones y las reglas de aplicación de sanciones, y se señala un procedimiento claro que respeta las garantías de audiencia y legalidad.

En virtud a lo anteriormente expuesto, el Pleno de esta Asamblea Popular considera que esta Ley cuenta con un evidente consenso institucional, y no sólo el aval de la ciudadanía zacatecana, sino su sentido reclamo, por ello, se considera que, en efecto está en plenas condiciones de ser promulgada.

Esta soberanía popular estima que satisface los requerimientos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Constitución Política del Estado de Zacatecas, además de ser proteccionista de los derechos humanos de las personas, enmarcados en diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano, por lo cual es aprobada en todos sus términos.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 65, fracción I de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 140 y 141 del Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del pueblo es de decretarse y se

Decreta

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

Capítulo único
Naturaleza jurídica

Artículo primero. Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de observancia general en todo el Estado de Zacatecas, y garantizan la coordinación entre el Gobierno del Estado y los municipios, así como la colaboración de los sectores social, académico y privado.

Objeto

Art. 2º La presente Ley tiene por objeto prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el Estado, así como establecer la coordinación entre las instancias de la Administración Pública del Estado y los municipios, y los principios, instrumentos y mecanismos que favorezcan su desarrollo y bienestar y garanticen su acceso a una vida libre de violencia.

Objetivos

Art. 3º Los objetivos de la presente Ley son:

I. Establecer las bases para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres de cualquier edad, en el ámbito público o privado;

II. Establecer las bases para diseñar el contenido de las políticas públicas, programas, presupuestos con perspectiva de género y acciones destinadas a erradicar la violencia contra las mujeres y coadyuvar en la rehabilitación y reinserción social de las personas agresoras y responsables de violencia contra las mujeres;

III. Promover que los sectores público, social, académico y privado, apliquen en el ámbito de su competencia, todos los mecanismos tendientes a erradicar la violencia contra las mujeres y les otorguen apoyos para garantizar su acceso a una vida libre de violencia y discriminación;

IV. Establecer mecanismos que garanticen el derecho a la educación con perspectiva de género, libre de prejuicios, sin patrones estereotipados de comportamiento basados en conceptos de inferioridad o subordinación;

V. Establecer mecanismos e instrumentos para garantizar la protección institucional especializada a las mujeres víctimas de violencia, y para sensibilizar a la comunidad con el propósito de prevenir y erradicar todas las formas de violencia;

VI. Sentar las bases para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y municipal, proporcionen un trato digno y una atención integral a las mujeres víctimas de violencia, sin discriminación alguna y con estricto respeto a sus derechos humanos;

VII. Sentar las bases para que los cuerpos de seguridad pública y los órganos de procuración, administración e impartición de justicia, brinden especial atención a las mujeres víctimas de la violencia;

VIII. establecer competencia específica a las autoridades, orientadas a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en el marco de las facultades que les otorga esta Ley;

IX. Promover el acceso oportuno y eficaz de las mujeres a mecanismos e instrumentos de protección y procedimientos legales que salvaguarden los derechos protegidos por esta Ley;

X. Establecer bases de coordinación, colaboración y concurrencia entre las autoridades estatales y municipales, y en su caso, federales, así como con los sectores social, académico, privado y los medios de comunicación, para cumplir con el objeto de esta Ley; y

XI. Promover reformas legales, institucionales y administrativas, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Interpretación

Art. 4º Las disposiciones de esta Ley deberán interpretarse de acuerdo a los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, en la Constitución Política del Estado, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Supletoriedad

Art. 5º Se aplicará supletoriamente, en lo que corresponda, el Código Familiar del Estado, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado, el Código Procesal Penal para el Estado y la Ley para Prevenir y Atender la Violencia Familiar en el Estado.

Principios rectores

Art. 6º Los principios rectores para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas del Estado y los municipios, y en las reformas legales, institucionales y administrativas son:

I. la igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;

II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;

III. La no discriminación; y

IV. La libertad de las mujeres.

Definiciones

Art. 7º Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Banco Estatal: al Banco Estatal de Datos sobre Violencia Contra las Mujeres, el cual se integrará principalmente de casos o incidencia de violencia contra las mujeres, trámites, órganos competentes, regionalización, frecuencia, edad, número de víctimas, tipos y modalidades de violencia, causas, características, efectos, recursos asignados o erogados, investigaciones y estudios en la materia, y medidas de prevención, atención y erradicación y las evaluaciones de las mismas, y que podrá servir como elemento para acreditar la integración o procedencia de la alerta de violencia contra las mujeres. El uso y disposición de la información que integre el Banco Estatal, quedará sujeto a lo previsto por las leyes en materia de acceso a la información.

El reglamento de esta Ley determinará los principios, lineamientos y requisitos técnicos necesarios para integrar al Banco Estatal de manera compatible y armónica con el Banco Nacional;

II. DIF Estatal: el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;

III. DIF municipales: a los sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia de los municipios del Estado;

IV. Secretaría: la Secretaría de las Mujeres;

V. La persona titular del Ejecutivo: la gobernadora o el gobernador del Estado;

VI. Ley: la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas;

VII. Ley General: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;

VIII. Modalidades de la violencia: las formas de violencia contra las mujeres, de acuerdo a sus manifestaciones o los contextos o ámbitos en donde ocurre, se presenta o se produce;

IX. Persona agresora: persona que inflige cualquier forma de violencia contra las mujeres;

X. Programa Estatal: el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

XI. Programa Nacional: el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, establecido por la Ley General;

XII. Sistema Estatal: el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres;

XIII. Sistema Nacional: el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;

XIV. Tipos de violencia: las formas de violencia contra las mujeres, de acuerdo a la naturaleza del daño que ocasiona y a los medios empleados;

XV. Víctima: la mujer, de cualquier edad, a quien se le ocasione cualquier tipo o modalidad de violencia; y

XVI. Violencia contra las mujeres: actos u omisiones intencionales, aislados o recurrentes, cuyo objetivo es dañar a las mujeres de diferentes maneras y en diversos espacios, independientemente de su edad, y del origen, contenido o significado de la conducta violenta.

Autoridades competentes y participación social

Art. 8º La aplicación de la presente Ley, corresponde a la persona titular del Ejecutivo, a través de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal señaladas en la presente Ley y a los ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia, con la participación, en lo que corresponda, de los sectores social, académico y privado, así como de los medios de comunicación.

TÍTULO SEGUNDO
Formas de violencia

 Capítulo I
Tipos de violencia

Tipos de violencia

Art. 9º Los tipos de violencia contra las mujeres son:

I. Violencia física. Cualquier acto u omisión intencional realizado por la persona agresora, que inflija daño o dolor en el cuerpo de la víctima, por medio de la fuerza física o algún tipo de arma, objeto o sustancia, que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas;

II. Violencia psicológica. Cualquier acto u omisión realizado por la persona agresora que dañe la estabilidad psicológica de la víctima y le ocasione trastornos emocionales. Las conductas pueden ser humillación, chantaje, prohibición, coacción, intimidación, insulto, amenaza, marginación, abandono, restricción a la autodeterminación, o limitación de su ámbito de libertad. Dichas conductas pueden conllevar a la víctima a la depresión, aislamiento, alteración de su personalidad o incluso al suicidio;

III. Violencia sexual. Cualquier acto u omisión realizado por la persona agresora que degrade, dañe o atente contra el cuerpo o la sexualidad de la víctima, que puede consistir en: la imposición mediante la violencia física o psicológica de relaciones sexuales, incluso la ejercida por el cónyuge o la pareja sentimental o afectiva; la explotación o comercio sexual; el acoso u hostigamiento sexuales; la mutilación genital femenina; el empleo de mujeres sin su consentimiento, y de niñas, en pornografía; los delitos contra la libertad sexual e integridad de las personas, señalados en el Código Penal para el Estado, y todos los abusos, agresiones y conductas que atenten o limiten el derecho a la libertad, dignidad, integridad y desarrollo físico y sexual de las mujeres.

Se entenderá, así mismo, como violencia sexual, a la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos, la cual consiste en cualquier acto u omisión que impida o restrinja el libre ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y, por tanto, afecte el ejercicio de la libertad sexual.

El hostigamiento sexual es la forma de violencia que realiza la persona agresora cuando tiene una relación de superioridad real frente a la víctima en los ámbitos laboral, escolar, doméstico o cualquier otro que implique subordinación, se manifiesta en cualquier comportamiento, aislado o recurrente, verbal o físico, de connotación lasciva que degrade, dañe o atente contra el cuerpo o la sexualidad de la víctima.

El acoso sexual es la forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder por parte de la persona agresora, que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Se manifiesta en cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual, intimidatorio u ofensivo que degrade, dañe o atente contra el cuerpo o la sexualidad de la víctima.

La mutilación genital femenina es el conjunto de procedimientos que implican una eliminación parcial o total de los genitales externos femeninos o lesiones causadas a los órganos genitales femeninos por razones culturales, religiosas, o en general, cualquier otra que no sea de orden estrictamente terapéutico, aun cuando se realicen con el consentimiento, expreso o tácito, de la víctima;

IV. Violencia económica. Cualquier acto u omisión realizado por la persona agresora que afecte la libertad de disponibilidad de recursos económicos de la víctima. Se puede manifestar a través de limitaciones al ingreso o a la disponibilidad de las percepciones económicas, incumplimiento de las responsabilidades alimentarias, exclusión o discriminación en la toma de decisiones financieras o en la disposición de los recursos compartidos sin la voluntad de la víctima.

Se entenderá, así mismo, como violencia económica la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;

V. Violencia patrimonial. Cualquier acto u omisión realizado por la persona agresora dirigido a dañar, menoscabar o destruir los bienes, ingresos y valores de la víctima. Se puede manifestar en el apoderamiento, despojo, transformación, sustracción, destrucción, desaparición, retención o distracción de objetos, documentos, bienes, derechos reales, personales, valores, o recursos económicos, que pueden ser comunes o exclusivos de la víctima; y

VI. Cualquier otra forma análoga que lesione, o sea susceptible de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Capítulo II
Modalidades de la violencia

Modalidades de la violencia

Art. 10. Las modalidades de la violencia contra las mujeres son:

I. Violencia familiar;

II. Violencia laboral o docente;

III. Violencia en la comunidad;

IV. Violencia institucional; o

V. Violencia feminicida.

Violencia familiar

Art. 11. La violencia familiar es cualquier acto u omisión de agresión o discriminación intencional, dirigido a dominar, controlar, limitar, humillar, acosar o excluir de manera física, verbal, psicológica, sexual, económica o patrimonial, a las mujeres, independientemente de la cantidad o continuidad de dichas conductas, dentro o fuera del domicilio familiar o conyugal. Se ejerce por las personas que tienen o han tenido algún vínculo de índole familiar con la víctima, parentesco por consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; matrimonio, concubinato, o bien, que tengan o hayan tenido alguna relación afectiva o sentimental de hecho.

Violencia laboral o docente

Art. 12. La violencia laboral o docente es cualquier acto u omisión de agresión o discriminación intencional dirigido a dominar, controlar, limitar, humillar, acosar, explotar o excluir de manera física, verbal, psicológica, sexual, económica o patrimonial, a las mujeres, dentro del desempeño de un trabajo, o de un centro o institución cuya finalidad sea la educación, el deporte o la promoción, enseñanza o desarrollo de la cultura, independientemente de la cantidad o continuidad de dichas conductas, que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las víctimas e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica.

Cuando se denuncien hechos constitutivos de violencia laboral o docente con efectos administrativos, se reservará en todo caso la identidad de la víctima.

Violencia en la comunidad

Art. 13. La violencia en la comunidad es cualquier acto u omisión, aislado o recurrente, individual o colectivo, de agresión o discriminación, dirigido a dominar, controlar, limitar, humillar, acosar, excluir, degradar, dañar o atentar, de manera física, verbal, psicológica o sexual, a las mujeres. Se puede manifestar en la vía pública, calles, transporte público, áreas públicas que la gente utilice, entre otros, para traslado, paseo, trámites, esparcimiento, descanso u estancia transitoria, y en general, en cualquier ámbito público.

Violencia institucional

Art. 14. La violencia institucional es cualquier acto u omisión de agresión o discriminación, independientemente de su cantidad o continuidad, dirigido a dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las diferentes formas de violencia. Se ejerce por las personas que sean servidores públicos de cualquier dependencia, entidad u organismo público autónomo del sector público federal, estatal o municipal.

Violencia feminicida

Art. 15. La violencia feminicida es la forma extrema de violencia contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público o privado, conformada por el conjunto de conductas que pueden conllevar impunidad social e institucional, puede culminar en homicidio o en otras formas de muerte violenta de mujeres.

TÍTULO TERCERO
Coordinación y competencia

 Capítulo I
Participación del Estado y los municipios
en el Sistema Nacional

Sistema Nacional

Art. 16. El Estado y los municipios se coordinarán con la Federación para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de conformidad con la Ley General.

Capítulo II
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres

Objeto

Art. 17. El Estado y los municipios se coordinarán para establecer el Sistema Estatal, que será una instancia que tendrá por objeto la coordinación, planeación, implementación y evaluación de lineamientos, políticas, programas, modelos, servicios, campañas y acciones para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

El Estado y los municipios promoverán la participación de los sectores social, académico y privado, así como de los medios de comunicación en el Sistema Estatal.

Coordinación, concurrencia y concertación

Art. 18. Son materia de coordinación, concurrencia y concertación:

I. La prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y la atención especializada de sus víctimas;

II. La capacitación del personal encargado de su prevención, atención y sanción;

III. La reeducación de las personas agresoras;

IV. El suministro, intercambio, sistematización y difusión de todo tipo de información en la materia; y

V. Los demás mecanismos e instrumentos tendientes a prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

Convenios

Art. 19. Los lineamientos, políticas, programas, modelos, servicios, campañas y acciones de concurrencia, coordinación y concertación, se llevarán a cabo mediante la suscripción de los convenios respectivos.

Integración

Art. 20. El Sistema Estatal se conformará por las o los titulares de:

I. La persona titular del Ejecutivo, quien tendrá la presidencia;

II. La Secretaría General de Gobierno, quien tendrá la vicepresidencia;

III. La Secretaría de Educación;

IV. La Unidad de Planeación del titular del Poder Ejecutivo;

V. La Secretaría del Campo;

VI. La Procuraduría General de Justicia del Estado;

VII. La Secretaría de las Mujeres, quien tendrá la secretaría técnica;

VIII. Los Servicios de Salud del Estado;

IX. El DIF Estatal;

X. La subsecretaría de las Personas con Discapacidad;

XI. La subsecretaría de la Juventud;

XII. El Servicio Estatal del Empleo;

XIII. La Legislatura del Estado, a través de la Comisión de Equidad entre los Géneros;

XIV. El Tribunal Superior de Justicia del Estado, por conducto de un representante designado por el Pleno;

XV. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas;

XVI. La Comisión Estatal para los Adultos en Plenitud;

XVII. Las dependencias municipales para la protección de los derechos de la mujer;

XVIII. Tres representantes de organizaciones de la sociedad civil, designados de conformidad con el reglamento de esta Ley; y

XIX. Dos representantes de instituciones educativas, de investigación, o profesionistas o especialistas en la materia, nombrados igualmente a los señalados en la fracción anterior.

Suplencia

Art. 21. Los integrantes del Sistema Estatal deberán designar su suplente, el cual asistirá a las sesiones; cuando por causa de fuerza mayor a las o los titulares les sea imposible acudir.

Naturaleza del cargo

Art. 22. El cargo de integrante del Sistema Estatal es de carácter honorario y si se trata de servidoras o servidores públicos, es inherente al empleo que desempeñen.

Competencia

Art. 23. Corresponde al Sistema Estatal:

A. En materia administrativa:

I. Opinar sobre el programa estatal;

II. Proponer lineamientos técnicos y administrativos que faciliten la ejecución del programa estatal, así como instrumentos de prevención, atención, sanción y erradicación más adecuados;

III. Proponer anualmente a la persona titular del Ejecutivo, que en el Presupuesto de Egresos asigne partidas suficientes a las dependencias y entidades que integran el Sistema, etiquetadas para esta materia, así como promover estrategias para la obtención de recursos para el cabal cumplimiento de los objetivos del programa estatal y de las finalidades de esta Ley;

IV. Evaluar y, en su caso, aprobar el informe semestral elaborado por la secretaría técnica sobre la aplicación y los avances del programa estatal;

V. Elaborar un informe anual que remitirá a la persona titular del Ejecutivo, quien lo enviará a su vez a la Comisión de Equidad entre los Géneros de la Legislatura del Estado, para vigilar la correcta aplicación de los recursos presupuestados;

VI. Aprobar su reglamento interno;

VII. Autorizar la celebración de convenios para la colaboración y coordinación de acciones a nivel estatal, municipal y federal, según sus ámbitos de competencia, para que coadyuven a la realización de las finalidades de la presente Ley; y

VIII. Determinar las atribuciones complementarias que ejercerá la secretaría técnica.

B. En materia de prevención, atención y erradicación:

I. Estandarizar los procesos y acciones de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, de atención a sus víctimas y de reeducación de las persona agresoras;

II. Coadyuvar en la coordinación de las actuaciones de los órganos de gobierno, estatales y municipales, relacionados con la aplicación de la presente Ley, para prevenir, detectar y atender situaciones de riesgo o existencia de violencia a través de los servicios que prestan dichos órganos;

III. Promover la participación y la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, de especialistas en la materia, del sector privado y académico, y de los medios de comunicación estatales, nacionales o extranjeros, en las acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia, así como su integración al Sistema Estatal;

IV. Garantizar el asesoramiento jurídico y la atención integral y adecuada, a víctimas y persona agresoras;

V. Validar los protocolos o modelos que rijan la operación de los centros de atención y refugios, la detección de violencia, la atención médica, y los programas integrales de asistencia, atención y rehabilitación.

C. En materia de capacitación, investigación y difusión:

I. Promover la capacitación y actualización permanente, con perspectiva de género, de los grupos y personas que integren el Sistema Estatal;

II. Impulsar la elaboración de un diagnóstico estatal, así como fomentar con la colaboración de profesionistas o instituciones especializadas, públicas, privadas o sociales, la investigación científica e integral con perspectiva de género, sobre las causas, características y consecuencias de cada uno de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, así como sobre la eficacia de las medidas de prevención, atención y erradicación, a fin de que los resultados sirvan para diseñar nuevos modelos de prevención, atención y erradicación de la violencia;

III. Impulsar la difusión del resultado de las investigaciones y de las actuaciones de los órganos a los que esta Ley señala competencia, con el objeto de fomentar el debate social y valorar las medidas destinadas a erradicar la violencia en todos sus tipos y modalidades;

IV. Promover la implementación del banco estatal, bajo los principios, lineamientos y requisitos técnicos necesarios para ser compatible con el banco nacional;

V. Fomentar la realización de campañas de difusión e información encaminadas a sensibilizar a la población en general, sobre las formas de violencia contra las mujeres, sus causas y efectos, así como los mecanismos para prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla;

VI. Impulsar todo tipo de manifestaciones y actividades educativas, culturales y artísticas que contribuyan a la sensibilización de la población al respecto de la prevención, atención y erradicación de la violencia;

VII. Impulsar la difusión de la legislación en materia de violencia contra las mujeres; y

VIII. Las demás que le señale la presente Ley y los ordenamientos aplicables.

Organización y funcionamiento

Art. 24. La organización y funcionamiento del Sistema Estatal será de acuerdo a lo establecido en su reglamento interno.

Atribuciones de la presidencia

Art. 25. Son atribuciones de la presidencia del Sistema Estatal:

I. Representar al Sistema Estatal;

II. Recibir y aprobar el programa estatal;

III. Remitir a la dependencia competente el reglamento interno para su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado;

IV. Coordinar y dar seguimiento a las acciones y estrategias del programa estatal, evaluar su eficacia y rediseñar las medidas para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de dicho programa y de las finalidades de esta Ley;

V. Establecer, realizar, supervisar y mantener todos los mecanismos e instrumentos encaminados al mejoramiento del Sistema Estatal y programa estatal;

VI. Celebrar toda clase de contratos, convenios y acuerdos para el adecuado cumplimiento de las atribuciones del Sistema Estatal, de conformidad con el programa estatal y demás proyectos y acciones encaminadas a la consecución de las finalidades de la presente Ley;

VII. Ser el enlace entre el Sistema Estatal y los ayuntamientos, para la consecución de las finalidades que persigue esta Ley;

VIII. Recoger y analizar la información que le proporcionen las personas e instituciones integrantes del Sistema Estatal, respecto de la detección de un aumento alarmante de la incidencia de violencia contra las mujeres en determinada región del Estado, para emitir la declaratoria de alerta de violencia y tomar las medidas correspondientes;

IX. Recibir e instrumentar la notificación de la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres que dicte el Gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación en términos de la Ley General; y

X. Las demás que le asigne el Sistema Estatal, la presente Ley y los ordenamientos aplicables.

Atribuciones de la vicepresidencia

Art. 26. Son atribuciones de la vicepresidencia:

I. Asistir a las sesiones del Sistema Estatal;

II. Dirigir, en ausencia de la presidencia, las sesiones del Sistema Estatal;

III. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Sistema Estatal;

IV. Las demás que le señale el Sistema Estatal, la presente Ley y los ordenamientos aplicables.

Atribuciones de la secretaría técnica

Art. 27. Son atribuciones de la secretaría técnica:

I. Fungir como representante legal del Sistema Estatal;

II. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema Estatal con la oportunidad debida;

III. Elaborar los proyectos de programa estatal y del Reglamento Interno del Sistema Estatal, para el cual tomará en consideración las propuestas de sus integrantes, así como presentarlos a la consideración de la presidencia;

IV. Formular el informe semestral de actividades y entregarlo al Sistema Estatal;

V. Publicar el informe que presente anualmente el Sistema Estatal a la persona titular del Ejecutivo, una vez que sea aprobado;

VI. Proponer, y en su caso, celebrar la firma de contratos, convenios y acuerdos con los sectores público, social, académico y privado, para el cumplimiento de los fines de esta Ley; y

VII. Las demás que le señale el Sistema Estatal, la presente Ley y demás ordenamientos aplicables.

Participación de especialistas

Art. 28. La secretaría técnica podrá invitar a las sesiones del Sistema Estatal, a consideración de sus integrantes, a cualquier persona que para sus conocimientos, prestigio o experiencia en la materia, pueda contribuir en la toma de decisiones del Sistema Estatal. Participará con voz, pera sin voto.

Órganos municipales

Art. 29. Para la debida coordinación y desarrollo de las actividades en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado, se crearán órganos, sistemas o consejos municipales, los cuales se organizarán atendiendo a las características, necesidades y capacidad presupuestal y financiera de cada municipio.

Capítulo III
Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres

Naturaleza jurídica

Art. 30. El Programa Estatal es el instrumento operativo en el que se definirán y sustentarán con perspectiva de género, los objetivos, acciones, estrategias, lineamientos, cronogramas, presupuestos y mecanismos de control, seguimiento, evaluación y responsabilidades de las dependencias y entidades participantes o integrantes del Sistema Estatal, destinado a la prevención, sanción, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el Estado.

Dicho Programa tendrá el carácter de prioritario y su ejecución se ajustará a las disposiciones y lineamientos que sobre el particular determine el Sistema Estatal.

Presupuesto

Art. 31. La persona titular del Ejecutivo y los ayuntamientos, preverán en los presupuestos de egresos respectivos, los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de esta Ley, de los objetivos del Programa Estatal, Sistema Estatal, así como de los órganos municipales que se constituyan para tal efecto.

Elaboración

Art. 32. El Programa Estatal será elaborado por la Secretaría, y previa opinión del Sistema Estatal, será aprobado por la persona titular del Ejecutivo, a través de la Unidad de Planeación del titular del Poder Ejecutivo y será publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

El desarrollo, seguimiento, evaluación y modificación del Programa Estatal se hará por el Sistema Estatal, en términos de su reglamento interno.

Contenido

Art. 33. El Programa Estatal deberá ser congruente con los instrumentos y disposiciones legales federales en la materia, y con las establecidas en esta Ley, así como con el Programa Nacional y el Plan Estatal de Desarrollo, y contendrá, entre otros, los siguientes apartados:

I. El diagnóstico estatal de la situación actual de la violencia contra las mujeres en el Estado;

II. Los objetivos específicos a alcanzar;

III. Las acciones y estrategias a seguir para el logro de esos objetivos;

IV. Los programas específicos o especiales, así como los objetivos, acciones y estrategias correspondientes;

V. Los mecanismos de coordinación o concertación, con los sectores público, social, académico y privado, así como con los medios de comunicación;

VI. La ruta crítica y los lineamientos para la ejecución de las acciones y estrategias a seguir;

VII. Los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la consecución de los objetivos;

VIII. Las instituciones o personas responsables de su ejecución; y

IX. Los indicadores y mecanismos de evaluación y modificación, en su caso, sobre los resultados obtenidos.

Objetivos

Art. 34. El Programa Estatal contendrá las acciones para:

I. Impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres y la cultura de la no violencia;

II. Diseñar modelos o protocolos integrales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida, y para la atención a los derechos humanos de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas;

III. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres para garantizar su seguridad e integridad;

IV. Transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, que incluyan la formulación de programas y acciones de educación formales y no formales, en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las mujeres;

V. Fomentar y apoyar programas de educación pública y privada, destinados a hacer conciencia en la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres;

VI. Educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal responsable de la procuración de justicia, policía, y demás servidores encargados de los mecanismos de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;

VII. Educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la impartición de justicia, a fin de dotarles de instrumentos que les permita juzgar con perspectiva de género;

VIII. Ofrecer a las víctimas y a las personas agresoras, el acceso a programas integrales y eficaces de atención, reeducación, y capacitación, que les permitan participar plenamente en la vida pública y social;

IX. Proporcionar, a través de las autoridades e instituciones públicas o privadas, los servicios de atención y protección integral, especializada y gratuita a las víctimas;

X. Exhortar a los medios de comunicación, para que apliquen criterios adecuados de difusión que favorezcan la erradicación de la violencia contra las mujeres en todas sus formas y contribuyan a garantizar el respeto a su dignidad;

XI. Fomentar la investigación y la elaboración de investigaciones sobre las causas, la incidencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas;

XII. Integrar y actualizar el Banco Estatal, así como publicar semestralmente la información general y estadística que contenga;

XIII. Establecer las bases de concertación con los sectores público, social, académico y privado, con el fin de promover su participación en el cumplimiento de los objetivos del programa;

XIV. Promover la inclusión prioritaria de las políticas y acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres en el Plan Estatal de Desarrollo y en los planes municipales de desarrollo; y

XV. Evaluar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el propio programa.

Capítulo IV
Distribución de competencias

 Competencia homologada

Art. 35. Corresponde a los órganos, dependencias y entidades integrantes del Sistema Estatal, además de las señaladas en esta Ley:

I. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres, y de denuncia de la violencia;

II. Difundir la legislación, programas y campañas contra la violencia hacia las mujeres;

III. Proponer y promover lineamientos, políticas, programas, modelos, servicios, campañas y acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres al Sistema Estatal, a su presidencia y a su secretaría técnica;

IV. Participar activamente en la elaboración, ejecución y evaluación del Programa;

V. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia;

VI. Proporcionar la información objetiva con la que cuente, a las autoridades encargadas de efectuar un diagnóstico estatal y otras investigaciones complementarias, sobre las causas, características y consecuencias de cada uno de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, así como la eficacia de las medidas de prevención, atención y erradicación, a fin de que los resultados sirvan para diseñar nuevos modelos de prevención, atención y erradicación;

VII. Canalizar a las víctimas de violencia, a instituciones que les presten asistencia y protección, y a programas integrales que les permitan participar activamente en la vida pública, privada y social, y, en su caso, notificar oportunamente al Ministerio Público;

VIII. Informar oportunamente a la presidencia, cuando detecte en el ejercicio de sus funciones, un aumento alarmante de la incidencia de violencia contra las mujeres en determinada región del Estado;

IX. Canalizar el personal a su cargo a la Secretaría, para que sea capacitado con perspectiva de género, para el desempeño de su labor, en materia de la presente Ley;

X. Rendir un informe semestral a la secretaría técnica de las actividades realizadas en el cumplimiento de las finalidades de la presente Ley y de los objetivos del Programa Estatal; y

XI. Las demás previstas, en esta Ley y las disposiciones aplicables.

Atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social

Art. 36. Son atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social:

I. Conducir, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;

II. Formular las bases para la cooperación, coordinación y concertación entre las autoridades correspondientes, para el cumplimiento de las finalidades de la Ley, y de los objetivos del programa estatal;

III. Establecer, realizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones en la materia; y

IV. Las demás que le asigne la presente Ley y los ordenamientos aplicables.

Atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social

Art. 37. Son atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social:

I. Fomentar el desarrollo integral y sustentable del Estado, desde la visión de respeto y protección de los derechos humanos de las mujeres, para garantizarles una vida libre de violencia;

II. Diseñar, con una visión transversal, la política de desarrollo integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres;

III. Incorporar en el Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo del Estado, la perspectiva de género, el adelanto de las mujeres y su plena participación en todos los ámbitos de la vida;

IV. Realizar programas, modelos, servicios, compañas y acciones de carácter afirmativo tendientes a mejorar las condiciones de las mujeres y sus familias;

V. Promover políticas de igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres, para lograr el adelanto y empoderamiento de las mujeres; y

VI. Las demás previstas en esta Ley y las disposiciones aplicables.

Atribuciones de la Secretaría del Campo

Art. 38. Son atribuciones de la Secretaría del Campo:

I. Incorporar la perspectiva de género, los principios de igualdad, equidad y no discriminación, el respeto pleno a los derechos humanos de las mujeres, y la cultura de prevención, denuncia y erradicación de la violencia contra las mujeres en sus políticas, programas y acciones;

II. Impulsar y fomentar proyectos de inversión en donde se canalicen recursos a proyectos destinados a las mujeres del ámbito rural;

III. Canalizar al personal a su cargo a la Secretaría, para que sea capacitado con perspectiva de género, para el desempeño de su labor, en materia de la presente Ley; y

IV. Las demás previstas en este Ley y las disposiciones aplicables.

Atribuciones de la Procuraduría General de Justicia

Art. 39. Son atribuciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado:

I. Diseñar y desarrollar, con perspectiva de género, una política persecutoria e indagatoria del delito, orientada a la prevención y sanción efectiva de la violencia contra las mujeres;

II. Contar con agencias del Ministerio Público especializadas en violencia contra de las mujeres;

III. Impartir cursos de formación y especialización con perspectiva de género a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, policía ministerial, personal administrativo, así como de las y los servidores públicos encargados de la procuración de justicia y de la persecución del delito, a fin de mejorar la atención que brinda a las mujeres víctimas de violencia;

IV. Proporcionar a las mujeres víctimas de violencia, orientación y asesoría jurídica y de cualquier otra índole, necesarias para su eficaz atención y protección, así como información objetiva que les permita reconocer su situación;

V. Brindar a las víctimas o a las personas agresoras, en su caso, la información integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su atención;

VI. Dictar las medidas necesarias para que la víctima reciba atención médica de emergencia, así como para realizar los exámenes médicos correspondientes, para lo cual, se aplicará el protocolo respectivo y se auxiliará por especialistas de los servicios de salud del Estado;

VII. Establecer medidas de protección adecuadas, necesarias y suficientes, para salvaguardar la integridad física de las mujeres que lo soliciten;

VIII. Intervenir por conducto de la policía ministerial a su cargo en la ejecución de las órdenes de protección, y de las determinaciones, resoluciones y sanciones que emitan las autoridades correspondientes en materia de esta Ley;

IX. Establecer, en todos los órganos y unidades a su cargo, una base de datos sobre los casos atendidos, tramitados o canalizados, edad, número de víctimas, tipos y modalidades de la violencia, causas, daños y recursos erogados, la cual será proporcionada a las instituciones encargadas de realizar el diagnóstico estatal y demás investigaciones relativas, y formará parte del banco estatal;

X. Proporcionar información sobre edad, número de víctimas atendidas, tipos y modalidades de la violencia, causas, daños y recursos erogados, a las instituciones que elaboren el diagnóstico estatal y demás investigaciones en la materia y al banco estatal;

XI. Diseñar y ejecutar campañas de difusión para promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres; y

XII. Las demás que le asigne la presente Ley y los ordenamientos aplicables.

Atribuciones de la Secretaría

Art. 40. Son atribuciones de la Secretaría:

A. En materia de prevención y erradicación:

I. Diseñar, coordinar, desarrollar y evaluar políticas, programas, modelos, campañas y acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en centros urbanos, poblaciones o comunidades rurales, así como en instituciones educativas o centros laborales, recreativos, deportivos o culturales, con la incorporación de la población en la ejecución de dichas actividades, así como proponer su ejecución a los órganos públicos encargados de la aplicación de la presente Ley;

II. Orientar a la comunidad sobre los mecanismos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres;

III. Elaborar, en coordinación con las instituciones correspondientes, protocolos o modelos para la detección de la violencia contra las mujeres;

IV. Organizar actividades públicas y sociales alusivas a la erradicación de la violencia contra las mujeres; y

V. Realizar acciones que promuevan la autonomía económica y el acceso al trabajo remunerado de las mujeres víctimas de la violencia;

B. En materia de atención y protección:

I. Promover la creación de refugios, y centros de atención, protección y asistencia para las mujeres víctimas de violencia, así como proponer protocolos que rijan la operación de dichos centros y unidades;

II. Canalizar a las víctimas a programas integrales, de asistencia, atención y reeducación, que les permitan participar activamente en la vida pública, privada y social;

III. Establecer y operar, en coordinación con el DIF estatal, una línea de atención telefónica gratuita que sirva de medio de información y canalización para atender a las mujeres víctimas de violencia;

IV. Coadyuvar con las instituciones privadas dedicadas a prestar asistencia y protección a las mujeres víctimas de violencia; y

V. Promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas instituciones públicas o privadas, sea proporcionada por especialistas en la materia, que incorporen la perspectiva de género, con actitudes idóneas, sin prejuicios ni discriminación alguna;

C. En materia de investigación y difusión:

I. Realizar un diagnóstico estatal sobre violencia contra las mujeres, así como coordinar y realizar otras investigaciones complementarias con la colaboración de los organismos correspondientes, sobre las causas, características y consecuencias de cada uno de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, así como la eficacia de las medidas de prevención, atención y erradicación, a fin de que los resultados sirvan para diseñar nuevos instrumentos de prevención, atención y erradicación;

II. Coordinar la difusión del diagnóstico, del resultado de las investigaciones y de las actuaciones de las autoridades a las que esta Ley señala competencia, con el objeto de fomentar el debate social y valorar las medidas destinadas a erradicar la violencia en todos sus tipos y modalidades;

III. Implementar y mantener actualizado el banco estatal, en el que se integren, además de los casos correspondientes, las investigaciones realizadas por los sectores público, social, académico y privado sobre las causas, características y consecuencias de la violencia contra las mujeres, las medidas de prevención, atención y erradicación y las evaluaciones de las mismas, así como la información que generen las instituciones encargadas de promover, en el Estado, los derechos humanos de las mujeres;

IV. Diseñar y desarrollar, en coordinación con el DIF estatal, campañas de difusión e información encaminadas a sensibilizar a la población en general, sobre los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, causas, efectos, y las formas de prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla;

V. Promover la instalación de módulos de información en los órganos municipales de atención a las mujeres;

VI. Elaborar una guía de recomendaciones dirigida a los medios de comunicación, para el manejo adecuado de la información sobre violencia contra las mujeres, y exhortarlos para que realicen campañas de prevención y erradicación; y

VII. Promover que una organización ciudadana otorgue anualmente reconocimiento público a quienes intervienen en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y en la atención de sus víctimas;

D. En materia de capacitación:

I. Capacitar con perspectiva de género a las diferentes instituciones de los sectores público, social, académico y privado, incluido el personal a su cargo, para el desempeño de su labor, en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres;

II. Coordinar la formación de promotores y capacitadores comunitarios cuya función básica será estimular los programas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en centros urbanos, poblaciones o comunidades rurales, así como en instituciones educativas, o centros laborales, recreativos, deportivos o culturales;

III. Establecer como un requisito de contratación, para todo el personal de la Secretaría, que no cuente con antecedentes de violencia contra las mujeres;

IV. Implementar un programa especial para proporcionar tratamiento terapéutico al personal encargado de la atención de las mujeres víctimas de violencia; y

V. Las demás previstas en esta Ley y las disposiciones aplicables.

Atribuciones de los Servicios de Salud

Art. 41. Son atribuciones de los Servicios de Salud de Zacatecas;

I. Diseñar con perspectiva de género, en el marco de la política de salud integral de las mujeres, programas, modelos, acciones y campañas de prevención y atención de la violencia;

II. Establecer programas y servicios profesionales que atiendan eficazmente a las víctimas de violencia;

III. Asegurar que en la prestación de los servicios de salud sean respetados los derechos humanos de las mujeres;

IV. Brindar por medio de los centros e instituciones a su cargo, de manera integral e interdisciplinaria, atención médica y psicológica con perspectiva de género a las víctimas;

V. Garantizar el cumplimiento e implementación de las normas oficiales vigentes en materia de violencia familiar y violencia contra las mujeres, y la instalación de mecanismos de supervisión y evaluación de su efectividad;

VI. Capacitar con perspectiva de género al personal a su cargo, para prevenir, detectar y atender la violencia contra las mujeres, así como sobre el trato que se debe proporcionar a las víctimas;

VII. Formar promotores y capacitadores comunitarios para la aplicación de programas y medidas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres;

VIII. Difundir en los centros e instituciones a su cargo, material referente a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, y a los efectos que produce en la salud de las mujeres y su impacto en la pobreza de las familias;

IX. Colaborar con las autoridades de procuración e impartición de justicia, para elaborar dictámenes médicos y proporcionar la información necesaria;

X. Desarrollar los modelos de detección elaborados por el DIF estatal, así como formular y aplicar sus propios modelos;

XI. Establecer en todos los centros, unidades e instituciones a su cargo, una base de datos sobre los casos atendidos, tramitados o canalizados, edad, número de mujeres pacientes víctimas de violencia, tipos y modalidades de la violencia, causas, daños y recursos erogados, la cual será proporcionada a las instituciones encargadas de realizar el diagnóstico estatal y demás investigaciones relativas, y formará parte del banco estatal; y

XII. Las demás previstas en esta Ley y las disposiciones aplicables.

Atribuciones del DIF estatal

Art. 42. Son atribuciones del DIF estatal:

A. En materia de prevención y erradicación:

I. Ejecutar campañas de prevención y erradicación sobre la violencia contra las mujeres, las que tendrán por objetivo que la sociedad perciba el fenómeno como un asunto de seguridad pública y de derechos humanos, y no como un problema familiar;

II. Promover programas de intervención temprana para prevenir la violencia contra las mujeres en las zonas que reporten mayor incidencia; y

III. Elaborar y desarrollar, en coordinación con las instituciones correspondientes, protocolos o modelos para la detección de la violencia contra las mujeres en todos los centros a su cargo;

B. En materia de atención y protección:

I. Instalar, en coordinación con las instituciones competentes, refugios, y centros de atención, protección y asistencia para las mujeres víctimas de violencia, y centros reeducativos para personas agresoras, así como elaborar, validar y desarrollar, los protocolos que rijan la operación de dichos centros y unidades;

II. Canalizar a las víctimas, o a las personas agresoras, según sea el caso, a programas integrales de asistencia, atención o reeducación, que les permitan participar activamente en la vida pública, privada y social;

III. Brindar asistencia y protección social, así como asesoría jurídica y psicológica, a las personas víctimas de violencia, en todos los centros y unidades que se encuentren a su cargo;

IV. Elaborar y desarrollar programas integrales y acciones de asistencia, atención y reeducación, que permitan a las víctimas y persona agresoras participar activamente en la vida pública, privada y social;

V. Establecer, en coordinación con la Secretaría, una línea de atención telefónica que sirva de medio de información y canalización para atender a las mujeres víctimas de violencia; y

VI. Promover la participación de los sectores social y privado en la asistencia a las víctimas de violencia;

C. En materia de capacitación, investigación y difusión:

I. Capacitar con perspectiva de género al personal a su cargo, para el desempeño de su labor, en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como al de los DIF municipales;

II. Participar en la formación de promotores y capacitadores comunitarios para la aplicación de instrumentos y mecanismos de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres;

III. Establecer como un requisito de contratación para todo su personal, que no cuente con algún antecedente de violencia contra las mujeres;

IV. Implementar un programa especial para proporcionar tratamiento terapéutico al personal encargado de la atención de las mujeres víctimas de violencia;

V. Establecer en todos los centros, refugios y unidades a su cargo, una base de datos sobre los casos atendidos, tramitados o canalizados, edad, número de víctimas, tipos y modalidades de la violencia, causas, daños y recursos erogados, la cual será proporcionada a las instituciones encargadas de realizar el diagnóstico estatal y demás investigaciones relativas, y formará parte del banco estatal;

VI. Instalar módulos de información en sus oficinas, así como promover su instalación en los DIF municipales, y diseñar y ejecutar, en coordinación con la Secretaría, campañas de difusión e información, encaminadas a sensibilizar a la población en general, sobre los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, sus efectos, así como las formas de prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla; y

VII. Las demás previstas en esta Ley y las disposiciones aplicables.

Atribuciones del sector de desarrollo social

Art. 43. Son atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social a través de la Subsecretaría de las Personas con Discapacidad, de la Subsecretaría de la Juventud y del Consejo Consultivo de las Personas Adultas Mayores:

I. Incorporar la perspectiva de género, los principios de igualdad, equidad y no discriminación, el respeto pleno a los derechos humanos de las mujeres, y la cultura de prevención, denuncia y erradicación de la violencia contra las mujeres en sus políticas, programas, modelos, acciones y campañas;

II. Desarrollar los modelos o protocolos de detección elaborados por el DIF estatal en todos los centros, programas, campañas y acciones a su cargo;

III. Participar en la formación de promotores y capacitadores comunitarios para la aplicación de instrumentos y mecanismos de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres; y

IV. Las demás previstas en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Atribuciones del sector educativo

Art. 44. Son atribuciones de la Secretaría de Educación y de las instituciones de educación básica, media superior y superior;

I. Incluir en las políticas y programas educativos del Estado o de las instituciones de educación media superior y superior, según sea el caso, la perspectiva de género, los principios de igualdad, equidad y no discriminación, el respeto pleno a los derechos humanos de las mujeres, y la cultura de prevención, denuncia y erradicación de la violencia contra las mujeres;

II. Eliminar de los programas educativos, los materiales que hagan apología de la violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción de conductas sociales y culturales, que impliquen prejuicios, discriminación y estereotipos que fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres;

III. Desarrollar acciones y mecanismos en todos los niveles de escolaridad, que garanticen la igualdad y la equidad en todas las etapas del proceso educativo, que fomenten el respeto a los derechos humanos de las mujeres, el aprendizaje de la resolución pacífica de conflictos y la cultura de una vida libre de violencia, y que favorezcan el adelanto de las mujeres;

IV. Elaborar materiales educativos, cursos y talleres dirigidos a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y al desarrollo de habilidades para la resolución pacífica de conflictos;

V. Garantizar el derecho de las niñas y mujeres a la educación, a la alfabetización y al acceso, permanencia y terminación de estudios en todos los niveles, a través de la obtención de becas y otras subvenciones y, en su caso, de la aplicación de medidas extraordinarias para lograr la equidad;

VI. Desarrollar la investigación multidisciplinaria encaminada a crear protocolos o modelos de prevención, detección, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los centros educativos;

VII. Evitar, mediante acciones afirmativas, que la educación que se imparta en el Estado sea discriminatoria y que las alumnas embarazadas sean expulsadas de los centros educativos;

VIII. Desarrollar los protocolos o modelos de detección elaborados por el DIF estatal, así como formular y aplicar sus propios modelos que permitan la detección temprana de violencia contra mujeres y niñas en los albergues, centros educativos, deportivos, culturales o recreativos a su cargo, y canalizar a las instituciones correspondientes los casos detectados;

IX. Diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la prevención, denuncia y erradicación de la violencia contra las mujeres;

X. Elaborar un programa de servicio social especializado para dotar de recursos humanos a los refugios, y centros de atención, protección y asistencia para las mujeres víctimas de violencia, así como a los centros reeducativos para personas agresoras;

XI. Diseñar e implementar un sistema de educación alternativo para niñas y niños que vivan en los refugios, con el fin de no interrumpir su ciclo escolar, así como para aquellos que requieran cambiar de residencia, como consecuencia de la violencia padecida, o que se encuentren en situación de riesgo;

XII. Capacitar al personal docente, directivo, administrativo y de apoyo, sobre igualdad, equidad, derechos humanos, prevención, denuncia y erradicación de la violencia contra las mujeres, asimismo para que estén en condiciones de otorgar atención urgente a las alumnas que sufren algún tipo de violencia;

XIII. Emitir las disposiciones administrativas necesarias para garantizar que los docentes y el personal directivo, administrativo y de apoyo de los centros educativos, coadyuven para que las aulas y las escuelas se conviertan en espacios libres de violencia y discriminación y lugares propicios para una convivencia pacífica y armónica y un trato igualitario entre mujeres y hombres; y

XIV. Las demás previstas en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Atribuciones del Servicio Estatal de Empleo

Art. 45. Son atribuciones del Servicio Estatal de Empleo:

I. Desarrollar proyectos de inversión para mujeres en situación de violencia;

II. Realizar, dentro del ámbito de su competencia, acciones tendientes a mejorar las condiciones de las mujeres que se encuentra en situación de violencia;

III. Otorgar asistencia técnica, información y apoyos económicos a mujeres en situación de violencia;

IV. Fomentar y promover una cultura laboral de respeto a los derechos humanos de las mujeres; y

V. Las demás previstas en esta Ley y las disposiciones aplicables.

Atribuciones de los municipios

Art. 46. Son atribuciones de los municipios, por conducto, en su caso, de los organismos municipales de las mujeres:

I. Participar y coadyuvar en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres;

II. Coordinarse con la Federación y el Estado en la adopción y consolidación de los Sistemas, Nacional y Estatal;

III. Diseñar, formular y aplicar, en concordancia con el Sistema Estatal y los Programas Nacional y Estatal, la política municipal orientada a prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres;

IV. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del programa nacional y el programa estatal, así como formular, ejecutar y evaluar el programa municipal en la materia;

V. Elaborar, promover y desarrollar programas de sensibilización y proyectos sociales y culturales sobre la perspectiva de género, los principios de igualdad, equidad y no discriminación, el respeto pleno a los derechos humanos de las mujeres, y la cultura de prevención, denuncia y erradicación de la violencia contra las mujeres;

VI. Emitir normas, dentro de su ámbito de competencia que establezcan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres;

VII. Promover la participación de los sectores público, privado, académico y social, en los mecanismos e instrumentos que implementen en la materia;

VIII. Realizar programas e instalar módulos de información a la población respecto de los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, sus causas y efectos, así como las formas de prevenirla, atenderla, sancionarla y erradicarla;

IX. Capacitar, con perspectiva de género, al personal de la administración pública municipal y en especial a las personas que asistan a las víctimas de violencia, en coordinación con las autoridades estatales correspondientes;

X. Diseñar, formular y aplicar, en coordinación con las autoridades estatales correspondientes, programas integrales de asistencia, atención, protección y reeducación, para las víctimas o personas agresoras, según sea el caso, así como modelos de detección de violencia;

XI. Instalar refugios y centros de atención, protección y asistencia para las mujeres víctimas de violencia, así como centros reeducativos para personas agresoras, de acuerdo con su capacidad presupuestal y financiera;

XII. Establecer, una base de datos sobre los casos atendidos, tramitados o canalizados, edad, número de víctimas, tipos y modalidades de la violencia, causas, daños y recursos erogados, la cual será proporcionada a las instituciones encargadas de realizar el diagnóstico estatal y demás investigaciones relativas, y formará parte del banco estatal; y

XIII. Las demás previstas en esta Ley y las disposiciones aplicables.

Atribuciones de la Legislatura

Art. 47. Son atribuciones de la Legislatura del Estado, a través de la Comisión de Equidad entre los Géneros:

I. Vigilar que la normatividad del Estado garantice el cumplimiento de la presente Ley, y proponer las reformas y adecuaciones correspondientes;

II. Promover la capacitación de las y los servidores públicos del Poder Legislativo del Estado, para que incorporen la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones, actividades y obligaciones; y

III. Las demás previstas en esta Ley y las disposiciones aplicables.

Atribuciones del Poder Judicial

Art. 48. Son atribuciones del Poder Judicial del Estado:

I. Institucionalizar la perspectiva de género, los principios de igualdad, equidad y no discriminación, el respeto pleno a los derechos humanos de las mujeres, y la cultura de prevención, denuncia y erradicación de la violencia contra las mujeres, en la administración e impartición de justicia;

II. En el ejercicio de sus funciones, conformar una base de datos sobre los casos de violencia contra las mujeres conocidos por los tribunales y juzgados que lo integran, edad, número de víctimas, tipos y modalidades de la violencia, causas, daños y recursos erogados, la cual será proporcionada a las instituciones encargadas de realizar el diagnóstico estatal y demás investigaciones relativas, y formará parte del banco estatal;

III. Declarar el agravio comparado y ordenar las medidas a que haya lugar, cuando así lo soliciten las o los afectados y se acredite su integración;

IV. Capacitar a las y los servidores públicos a su cargo, para que incorporen la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones; y

V. Las demás previstas en esta Ley y las disposiciones aplicables.

Atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos

Art. 49. Son atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas:

I. Institucionalizar en sus funciones, actividades, políticas, programas, modelos, acciones y campañas, la perspectiva de género, los principios de igualdad, equidad y no discriminación, el respeto pleno a los derechos humanos de las mujeres, y la cultura de prevención, denuncia y erradicación de la violencia contra las mujeres;

II. Implementar campañas de información en las regiones del Estado sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en el ámbito público, privado y social, y difundir el procedimiento para interponer quejas por presuntas violaciones a este derecho fundamental, cuando sean imputables a servidoras o servidores públicos estatales o municipales;

III. Opinar al respecto de la declaratoria de alerta de violencia contra las mujeres;

IV. Establecer, en todos los órganos y unidades a su cargo, una base de datos sobre los casos atendidos, tramitados o canalizados, edad, número de víctimas, tipos y modalidades de violencia, causas, daños y recursos erogados, la cual será proporcionada a las instituciones encargadas de realizar el diagnóstico estatal y demás investigaciones relativas, y formará parte del banco estatal; y

V. Las demás previstas en esta Ley y las disposiciones aplicables.

TÍTULO CUARTO
Prevención, erradicación, protección y atención

 Capítulo I
Prevención y erradicación

Obligación del Estado

Art. 50. Las autoridades competentes en materia de esta Ley, deberán tomar las medidas idóneas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, de protección y asistencia a sus víctimas, y de atención a las personas agresoras, de conformidad con lo establecido en esta Ley, en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano, y en las demás disposiciones aplicables.

Definición

Art. 51. La prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres consiste en todas las políticas, programas, modelos, acciones y campañas, realizadas por las autoridades competentes en materia de esta Ley, así como por los sectores social, académico y privado y los medios de comunicación, cuyo fin sea desarrollar las medidas necesarias e idóneas para evitar, detectar, denunciar, corregir y eliminar todo tipo de riesgos, daños, perjuicios y hechos constitutivos de violencia contra las mujeres.

Dichos instrumentos tendrán también como objetivo lograr que la sociedad perciba todo tipo de violencia contra las mujeres como un evento antisocial, y como un problema de derechos humanos, de salud pública, de seguridad ciudadana, y que tiene impacto en el empobrecimiento de las familias.

Los mecanismos de prevención y erradicación se llevarán a cabo de acuerdo a las características y necesidades propias de cada uno de los ámbitos sociocultural, económico, regional, familiar e individual que existen en el Estado.

Principios

Art. 52. Los mecanismos e instrumentos para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres deben fomentar en la sociedad la convivencia armónica, el respeto a los derechos humanos, la cultura de la paz y de denuncia de la violencia, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, respeto a la dignidad y libertad de las mujeres, enunciados en esta Ley.

Contenido

Art. 53. El diseño de medidas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres debe tomar en cuenta, entre otras, las siguientes consideraciones:

I. El nivel de vulnerabilidad de las víctimas o su situación de riesgo;

II. La información contenida en el banco estatal, sobre la incidencia de los tipos y modalidades de violencia que se registran en las diferentes regiones del Estado;

III. Las condiciones socioculturales de las regiones del Estado;

IV. Las conclusiones del diagnóstico estatal y demás trabajos de investigación realizados por las instituciones correspondientes;

V. Los resultados que arroje la evaluación sobre el impacto o eficacia de las medidas emprendidas; y

VI. Los programas integrales de asistencia, atención a las víctimas y de reeducación a las personas agresoras, que tengan entre sus objetivos evitar la repetición de patrones aprendidos y su reincidencia.

Capítulo II
Alerta de violencia contra las mujeres

 Sección primera
Disposiciones generales

Definición

Art. 54. La alerta de violencia contra las mujeres es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado del Estado, ya sea ejercida, en lo individual, o por la propia comunidad.

Objetivo y acciones

Art. 55. La alerta de violencia contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades que agravian sus derechos humanos, por lo que se deberá:

I. Conformar un grupo multidisciplinario, en el que participen los sectores público, social, académico y privado que dé seguimiento a las acciones implementadas y elabore reportes periódicos sobre la eficacia de las medidas;

II. Desarrollar medidas y acciones a través de las autoridades correspondientes en materia de seguridad y procuración de justicia;

III. Asegurar la realización de la impartición de justicia y de aplicación efectiva de sanciones, según la naturaleza y gravedad de la conducta;

IV. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia; y

V. Informar a la población el motivo de la declaratoria y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.

Procedencia

Art. 56. Procede declarar la alerta de violencia contra las mujeres, en caso de:

I. Presencia de violencia feminicida en un territorio determinado del Estado;

II. Aumento alarmante de delitos de orden común contra la vida, la libertad, la integridad o la seguridad de las mujeres, o bien, delitos sexuales contra las mujeres que perturben notablemente la paz social en un territorio determinado del Estado;

III. Agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres; o

IV. Obstaculización recurrente y violenta a las autoridades correspondientes, o por las mismas, en la aplicación de los mecanismos e instrumento legislativos y administrativos cuyo objetivo sea brindar seguridad y justicia a las mujeres en determinada región del Estado.

Competencia

Art. 57. La declaratoria de alerta de violencia podrá ser solicitada por cualquier municipio, órgano, organismo, dependencia o entidad del sector público federal, estatal o municipal, o bien, por organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales, protectores o promotores de los derechos humanos, siempre y cuando acrediten y motiven fehacientemente la existencia de cualquiera de los supuestos señalados en el artículo anterior y precisen la zona territorial en donde se requiere declarar la alerta de violencia.

La persona titular del Ejecutivo, por conducto de la Secretaría General de Gobierno, emitirá debidamente fundada y motivada, previa aprobación de la Legislatura del Estado, la declaratoria de alerta de violencia.

Para estos efectos, deberá tomarse en cuenta la opinión de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas.

La Secretaría coordinará, evaluará y dará el seguimiento correspondiente a las acciones que deberán implementarse en virtud a la declaratoria de alerta de violencia.

Facultad de los municipios

Art. 58. Cualquier municipio podrá solicitar a la presidencia del Sistema Estatal, la emisión de la declaratoria de alerta de violencia a fin de que se adopten las medidas y acciones preventivas de seguridad y justicia que procedan.

Colaboración de la Federación

Art. 59. La persona titular del Ejecutivo, cuando así lo requiera, podrá solicitar a la Federación su colaboración en las medidas y acciones que se determinen en la declaratoria de alerta de violencia.

Sección segunda
Procedimiento

Requisitos de la solicitud

Art. 60. La solicitud de declaratoria de alerta de violencia deberá contener y acompañarse por:

I. La denominación o especificación de quien solicita la declaratoria;

II. Las pruebas que acrediten la existencia de cualquiera de los supuestos señalados en el artículo 56;

III. La delimitación geográfica del lugar en donde se solicita se declare la alerta de violencia; y

IV. En caso de ser posible, los datos que permitan identificar a la persona o personas agresoras.

Admisión

Art. 61. La Secretaría General de Gobierno, una vez recibida la denuncia, acusará recibo de su recepción a la parte solicitante, la registrará y le asignará un número de expediente.

En caso de recibirse dos o más solicitudes por los mismos supuestos, se acordará la acumulación en un solo expediente, y se notificará a las partes solicitantes el acuerdo respectivo.

Una vez registrada la solicitud, la Secretaría General de Gobierno, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación, notificará a la parte solicitante el acuerdo de calificación correspondiente. En caso de que encuentre omisiones en la solicitud, prevendrá a la parte solicitante para que dentro del término de tres días hábiles subsane dichas omisiones.

Declaratoria

Art. 62. La Secretaría General de Gobierno, en un término que no deberá exceder de 30 días naturales, a partir de la notificación del acuerdo de calificación correspondiente, realizará las diligencias necesarias para determinar la existencia de alerta de violencia. Asimismo, podrá solicitar a especialistas, instituciones académicas o centros de investigación, o bien, al sector público, social o privado, la elaboración de estudios, dictámenes o peritajes sobre cuestiones planteadas en las solicitudes que le sean presentadas.

Una vez realizadas las diligencias señaladas en el párrafo anterior, y acreditada fehacientemente la existencia de la alerta de violencia, en un término no mayor a 15 días naturales después de efectuada la última diligencia de acreditación de la alerta de violencia, la Secretaría General de Gobierno emitirá la Declaratoria correspondiente y la enviará a la Legislatura del Estado para su aprobación, en su caso.

La Legislatura podrá efectuar las diligencias que considere necesarias para determinar la procedencia de dicha declaratoria, dentro de un término no mayor de 15 días hábiles después de haberla recibido por parte de la Secretaría General de Gobierno. Si encuentra debidamente acreditada la alerta de violencia, aprobará su declaratoria y, en su caso, especificará claramente sus alcances, y la remitirá a la persona titular del Ejecutivo para su expedición y a la Secretaría para su ejecución.

Para decretar la alerta de violencia, deberá escucharse a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, lo cual, podrá hacerse en cualquiera de las etapas necesarias para acreditar su procedencia. El procedimiento para escuchar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, quedará establecido en el reglamento de esta Ley.

En caso de que la Secretaría General de Gobierno, o la Legislatura del Estado, según corresponda, no encuentren fehacientemente acreditada la alerta de violencia, no procederá su declaratoria o aprobación, respectivamente.

Los requisitos para ejecutar y dar seguimiento a la declaratoria de alerta de violencia serán establecidos por el reglamento de esta Ley. La naturaleza jurídica, contenido, efectos y requisitos del agravio comparado, serán señalados por dicho reglamento.

Capítulo III
Protección

Definición

Art. 63. La protección contra la violencia hacia las mujeres consiste en programas, modelos, mecanismos, instrumentos y acciones realizados por las autoridades competentes, que tienen como fin resguardar la integridad e identidad de las víctimas y de sus hijas e hijos de hechos constitutivos de violencia.

Capítulo IV
Órdenes de protección

Naturaleza jurídica y clasificación

Art. 64. Las órdenes de protección son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, son personalísimas e intransferibles, y fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente, inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de violencia contra las mujeres.

Las órdenes de protección podrán ser:

I. De emergencia;

II. Preventivas; y

III. De naturaleza civil.

Órdenes emergentes

Art. 65. Son órdenes de protección de emergencia, entre otras, las siguientes:

I. Desocupación por la persona agresora del domicilio conyugal en el que hayan convivido o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aún en los casos de arrendamiento del mismo;

II. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad;

III. Prohibición a la persona agresora de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes de la víctima o cualquier otro sitio que frecuente la misma;

IV. Prohibición a la persona agresora de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia; y

V. Las demás establecidas en otras disposiciones legales.

Órdenes preventivas

Art. 66. Son órdenes de protección preventivas, entre otras, las siguientes:

I. Retención y guarda de armas de la persona agresora, independientemente de si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia;

II. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima;

III. Acceso al domicilio en común de elementos policíacos o de personas que auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos;

IV. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos;

V. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima, con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio;

VI. Uso y goce exclusivo para la víctima, de los bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima;

VII. Servicios o programas reeducativos integrales especializados y gratuitos, con perspectiva de género a la persona agresora en instituciones públicas debidamente acreditadas; y

VIII. Las demás establecidas en otras disposiciones legales.

Impugnación

Art. 67. Para proteger la vida, seguridad, dignidad, libertad e integridad personal y corporal de las mujeres, ante cualquier hecho de violencia inminente, las órdenes de protección previstas por las fracciones III, IV y V del artículo anterior, deberán expedirse dentro de las 24 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan.

Las órdenes de protección serán impugnables atendiendo a su naturaleza jurídica ante la autoridad competente y en la vía que proceda, de conformidad con la normatividad aplicable.

Competencia

Art. 68. El Ministerio Público, o, en su caso, los órganos jurisdiccionales correspondientes, en el ámbito de sus competencias, otorgarán las órdenes emergentes o preventivas, las cuales estarán debidamente fundadas y motivadas y tomarán en consideración:

I. El riesgo o peligro existente;

II. La seguridad de la víctima; y

III. Demás elementos de convicción con que se cuente.

Los centros de atención podrán recibir solicitudes de órdenes emergentes o preventivas, y deberán remitirlas de inmediato al Ministerio Público o a los órganos jurisdiccionales correspondientes, para su trámite procedente.

Órdenes civiles

Art. 69. Son órdenes de protección de naturaleza civil o familiar, entre otras, las siguientes:

I. Suspensión temporal a la persona agresora del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes;

II. Prohibición a la persona agresora de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad, cuando se trate del domicilio conyugal, y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal;

III. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio;

IV. Embargo preventivo de bienes de la persona agresora, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad, a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias;

V. Alimentos provisionales e inmediatos; y

VI. Las demás establecidas en otras disposiciones legales.

Competencia

Art. 70. Los juzgados de primera instancia y los juzgados municipales del Poder Judicial del Estado podrán otorgar las órdenes de protección de naturaleza civil o familiar. Podrán valorar las órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o sentencias. Lo anterior con motivo de los juicios o procesos que en materia civil, familiar o penal, se estén ventilando en los órganos jurisdiccionales correspondientes.

Procedencia

Art. 71. Las órdenes de protección serán expedidas con motivo de cualquier forma de violencia establecida en los términos de la presente Ley, según su naturaleza y gravedad, así como de la urgencia de la medida. Se otorgarán de oficio o a petición de las víctimas, de los hijos o las hijas, de las personas que convivan con ellas, o de las personas que se encuentren sujetas a su guarda o custodia, temporal o permanente, de las o los responsables de los centros de atención, refugios o del Ministerio Público.

Representación

Art. 72. Las mujeres menores de edad podrán solicitar a las autoridades competentes, que las representen en sus solicitudes y acciones, a efecto de que las autoridades correspondientes puedan, de manera oficiosa, dar el otorgamiento de las órdenes, cuando sus representantes legales se opongan a ello o sean los agresores.

Capítulo V
Asistencia y atención

Definición

Art. 73. La asistencia y atención para efectos de esta Ley, consiste en todos los programas, modelos, protocolos, instrumentos y acciones, realizados por las autoridades correspondientes, y por los sectores social, académico y privado, cuyo fin sea auxiliar y amparar a las mujeres en estado de vulnerabilidad, indefensión, riesgo o peligro de violencia, salvaguardar su integridad, identidad y derechos, así como, modificar las circunstancias que impidan su desarrollo integral, y procurar su bienestar físico, mental y social hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

Características

Art. 74. La atención y asistencia será expedita, integral y se proporcionará desde la perspectiva de género. Cuando se otorgue por el Estado será gratuita.

La atención, con respecto a la víctima y a la persona agresora, en ningún caso deberá prestarse por la misma persona, en el mismo lugar y al mismo tiempo. En caso de violencia familiar, además no deberá brindarse terapia de pareja.

Contenido

Art. 75. La atención y asistencia se integra por los siguientes servicios:

I. Asesoría jurídica;

II. Atención médica;

III. Tratamiento psicológico;

IV. Trabajo social;

V. Programas integrales de asistencia y atención para las víctimas a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada;

VI. Gestión de protección para la víctima, testigos y denunciantes;

VII. Apoyo a las víctimas para conseguir vivienda;

VIII. Capacitación a las víctimas para el desempeño de una actividad laboral;

IX. Bolsa de trabajo para las víctimas, con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada en caso de que lo soliciten;

X. Seguimiento de indagatorias y procesos;

XI. Ludoteca; y

XII. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables.

Instituciones

Art. 76. La atención y asistencia se realizarán a través de los centros de atención, y refugios que para ese efecto tengan el DIF Estatal, la Secretaría, las autoridades municipales, o los centros o unidades que los sectores social, académico y privado establezcan para ese efecto.

El DIF estatal y los DIF municipales, podrán desarrollar programas integrales de reeducación de personas agresoras con el objeto de modificar conductas violentas y discriminatorias.

Atribuciones

Art. 77. Son atribuciones de los centros de atención del sector público:

I. Aplicar en lo conducente el programa estatal;

II. Canalizar los casos que sobre hechos constitutivos de violencia contra las mujeres conozcan o se denuncien ante dichos centros a las instancias civil, familiar o penal, para los efectos a que haya lugar;

III. Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y psicológica, que les permita participar plenamente en la vida pública, social y privada;

IV. Dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas de prestar asesoría jurídica gratuita;

V. Brindar a las víctimas la información necesaria para la prevención de la violencia, además de aquella que les permita decidir sobre las opciones de atención;

VI. Proporcionar talleres de capacitación, educativos o de recreación a las víctimas; y

VII. Las demás que le otorgue el Sistema Estatal, esta Ley, sus reglamentos y otras disposiciones legales aplicables.

El funcionamiento y organización de los centros de atención y refugios se regirá por los reglamentos y protocolos de operación correspondientes.

Personal

Art. 78. Los centros de atención deberán contar con el personal debidamente capacitado y especializado.

En ningún caso podrán laborar, en dichos centros, personas que hayan sido sancionadas por ejercer alguna forma de violencia.

Mediación y conciliación

Art. 79. En materia de violencia familiar no se someterá a la víctima y a la persona agresora a procedimientos de mediación o conciliación, o cualquier otro medio alternativo de justicia, excepto cuando la mujer está en condiciones plenas y aptas para comparecer en un nivel de igualdad ante la persona agresora.

La condición de aptitud para comparecer, la determinará el área de psicología o de trabajo social, adscrita a la Secretaría o DIF estatal o municipal, según corresponda.

Capítulo VI
Refugios

Obligación del Estado

Art. 80. El Estado y los municipios crearán refugios para la atención a las víctimas de violencia, promoverán el establecimiento de mecanismos que permitan proveer de los apoyos necesarios para que los refugios cumplan con su objeto, e impulsarán en los sectores social, privado y académico, la creación de refugios en sus ámbitos.

Naturaleza

Art. 81. Los refugios son espacios seguros, secretos, temporales y terapéuticos, en donde se brindará a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos, hospedaje, alimentación, vestido y calzado, además de protección y custodia.

No se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos. Esta información será considerada reservada de conformidad con las leyes de la materia.

Personal

Art. 82. Los refugios deberán contar con el personal debidamente capacitado y especializado para proporcionar los servicios de protección y atención a las víctimas.

En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por ejercer alguna forma de violencia contra las mujeres.

Atribuciones

Art. 83. Son atribuciones de los refugios:

I. Aplicar en lo conducente el programa estatal;

II. Velar por la seguridad de las personas que se encuentren en ellos;

III. Dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas de prestar asesoría jurídica gratuita, así como la relativa a la prevención de la violencia, además de aquella que les permita decidir sobre las opciones de atención; y

IV. Las demás que otorgue el Sistema Estatal, esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones legales aplicables.

Permanencia

Art. 84. La permanencia de las víctimas en los refugios no podrá ser mayor a tres meses, a menos de que persista su inestabilidad física, psicológica o su situación de riesgo.

Para estos efectos, el personal médico, psicológico y jurídico del refugio evaluará la condición de las víctimas y, de ser necesario, las canalizará a las instituciones que corresponda.

En ningún caso se podrá mantener a las víctimas en los refugios en contra de su voluntad.

Capítulo VII
Centros o programas reeducativos para personas agresoras

Asistencia a los centros

Art. 85. Las personas agresoras podrán optar por acudir voluntariamente a un centro o programa reeducativo para obtener la atención adecuada. Estarán obligados a asistir a dichos centros o programas, cuando esta situación sea ordenada por determinación administrativa o jurisdiccional.

Características

Art. 86. La atención a personas que ejerzan violencia contra las mujeres se proporcionará a través de centros o programas reeducativos, será especializada e integral, y tenderá a fomentar la convivencia armónica, la resolución pacífica de conflictos, y a transformar los estereotipos que sitúan en nivel de desigualdad a las mujeres y hombres.

El funcionamiento, integración u organización de los centros o programas reeducativos, se realizará por parte del DIF estatal o los DIF municipales, en su caso, y se regirá por los reglamentos y protocolos de operación correspondientes.

Personal

Art. 87. Los centros o programas reeducativos deberán contar con el personal debidamente capacitado y especializado para proporcionar los servicios de atención a las personas agresoras.

En ningún caso podrán laborar en los centros, o desarrollar programas reeducativos personas que hayan sido sancionadas por ejercer alguna forma de violencia contra las mujeres.

Atribuciones

Art. 88. Son atribuciones de los centros o contenidos de los programas reeducativos:

I. Aplicar en lo conducente el programa estatal;

II. Proporcionar a las personas agresoras la atención que coadyuve a su reinserción en la vida social;

III. Capacitar a las personas agresoras en materia de resolución pacífica de conflictos, convivencia armónica, respeto a los derechos humanos de las mujeres y no discriminación;

IV. Proporcionar a las personas agresoras talleres educativos para motivar su reflexión sobre los patrones socioculturales que generen en ellos conductas violentas;

V. Brindar a las personas agresoras tratamiento psicológico o psiquiátrico;

VI. Informar a las personas agresoras sobre las consecuencias legales de sus conductas; y

VII. Las demás que otorgue el Sistema Estatal, esta Ley, sus reglamentos y las disposiciones legales aplicables.

TÍTULO QUINTO
Infracciones y sanciones administrativas

 Capítulo I
Autoridad competente

Art. 89. Las autoridades competentes para la imposición de sanciones administrativas en materia de esta Ley son la Secretaría y las instancias municipales de atención a las mujeres.

Las corporaciones policiales estatales o municipales, según sea el caso, coadyuvarán a la ejecución de las resoluciones y sanciones establecidas por la Secretaría.

Capítulo II
Infracciones y sanciones

Diversa naturaleza

Art. 90. Los hechos constitutivos de violencia contra las mujeres, de acuerdo a las definiciones señaladas en el título segundo de esta Ley, serán sancionados de acuerdo a su naturaleza y gravedad, por las vías civil, familiar, penal o administrativa, de conformidad con la legislación aplicable.

Los citatorios, resoluciones y demás documentos que emitan las autoridades, de conformidad con la presente Ley, tendrán valor probatorio pleno ante cualquier autoridad o institución.

Infracciones

Art. 91. Sin perjuicio de que se generen otro tipo de infracciones, o de que se sancionen vía civil, familiar o penal, se sancionará en términos de esta Ley, a quien:

I. Cometa violencia familiar;

II. Cometa cualquier forma de violencia contra las mujeres, que no se tipifique como delito, de acuerdo con esta Ley;

III. Incumpla con las determinaciones o resoluciones emitidas por las autoridades;

IV. Contravenga o incumpla las órdenes de protección; y

V. No asista a los centros o programas reeducativos, cuando dicha asistencia sea ordenada por las autoridades correspondientes.

Capítulo III
Procedimiento

Denuncia

Art. 92. Además de la víctima, toda persona podrá denunciar, ante la autoridad administrativa, todo acto u omisión que configure cualquier forma de violencia contra las mujeres, o cualquier infracción a la presente Ley sobre la que tenga conocimiento.

Requisitos de la denuncia

Art. 93. La denuncia podrá presentarse verbalmente o por escrito y debe expresar:

I. El nombre, o en su caso, razón social, domicilio, y demás datos de la persona denunciante o su representante;

II. Los actos u omisiones denunciados;

III. Los datos que permitan identificar a la persona presunta agresora; y

IV. Las pruebas que en su caso ofrezca la persona denunciante.

Podrá formularse la denuncia por vía telefónica, a través de la línea de atención telefónica gratuita que operen la Secretaría o los DIF estatal o municipales.

La servidora o el servidor público que reciba la denuncia, levantará acta circunstanciada con los datos establecidos en el presente artículo y las remitirá de inmediato a la Secretaría, o en su caso, a las instancias municipales de atención a las mujeres, para su trámite correspondiente.

Si la denunciante solicita a la autoridad correspondiente guardar secreto respecto de su identidad, por razones de seguridad o interés particular, ésta llevará a cabo el seguimiento de la denuncia conforme a las atribuciones que la presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables le otorgan.

Admisión

Art. 94. La autoridad competente, una vez recibida la denuncia, acusará recibo de su recepción, la registrará y le asignará un número de expediente.

En caso de recibirse dos o más denuncias por los mismos actos u omisiones, se acordará la acumulación en un solo expediente, debiéndose notificar a las o los denunciantes el acuerdo respectivo.

Una vez registrada la denuncia, la autoridad, dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación, notificará a la persona denunciante el acuerdo de calificación correspondiente.

En caso de que encuentre omisiones en la denuncia, prevendrá a la persona denunciante para que dentro del término de dos días hábiles subsane dichas omisiones.

Acreditación de las conductas que se denuncien

Art. 95. Admitida la instancia, la autoridad hará del conocimiento de la persona o personas que se denuncien, el hecho que se les impute, a fin de que presenten los documentos y pruebas que a su derecho convenga en un término máximo de tres días hábiles, contados a partir de la notificación respectiva.

La persona denunciante podrá coadyuvar con la autoridad que lleve el procedimiento, aportándole las pruebas, documentación e información que estime pertinentes.

La autoridad competente efectuará las diligencias necesarias para determinar la existencia de actos u omisiones denunciados, para lo cual se aplicará, en lo que corresponda, lo señalado por la legislación procesal civil del Estado, en relación a las pruebas. Podrá solicitar a las o los especialistas a su cargo, o de instituciones académicas, centros de investigación o al sector público, social o privado, la elaboración de estudios, dictámenes o peritajes sobre cuestiones planteadas en las denuncias que le sean presentadas.

Audiencia

Art. 96. Recibidos los documentos y realizadas las diligencias necesarias para determinar la existencia de actos u omisiones constitutivos de la denuncia, la autoridad competente citará a una audiencia, a la denunciante, a la persona presunta agresora o infractora, y a las demás personas que considere necesario para el completo desarrollo de dicha diligencia, en un plazo que no deberá exceder de los seis días hábiles siguientes a la presentación de documentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior. Dicha audiencia se desarrollará conforme a las reglas siguientes:

I. La autoridad competente podrá interrogar a la persona presunta infractora o agresora y a las demás personas que haya citado para dicho efecto. Se dará lectura a las constancias que obren en el expediente y después de oír a la persona presunta infractora o agresora, se dictará la resolución correspondiente;

II. Si del resultado de las diligencias practicadas, se desprende que se configura alguna forma de violencia contra las mujeres, que no se tipifique como delito o alguna infracción prevista por esta Ley, y que se acredita plenamente la responsabilidad de la persona agresora, dictará la sanción administrativa correspondiente;

III. Cuando de la conducta se desprenda la comisión de algún delito, se procederá de acuerdo a lo establecido por los Códigos Penal, y Procesal Penal para el Estado;

IV. Si de las diligencias se desprenden que se ocasionaron daños y perjuicios, la víctima podrá, además, reclamar la indemnización correspondiente ante la autoridad jurisdiccional competente;

V. Contra las determinaciones de trámite que se emitan con motivo de este procedimiento, no procede recurso alguno.

Reglas de aplicación de sanciones

Art. 97. Sin perjuicio de que se generen y, en su caso, se ordenen y apliquen, otro tipo de sanciones o responsabilidades en la vía civil, familiar o penal, en los términos de esta Ley se aplicarán las siguientes sanciones administrativas:

I. Asistencia a centros y programas reeducativos para personas agresoras, desarrollados por el DIF estatal o DIF municipales, según sea el caso, y multa de 1 a 150 cuotas de salario mínimo vigente en el Estado, o bien, asistencia a programas reeducativos y arresto administrativo hasta por 36 horas, a quienes cometan violencia familiar, que no se encuentre tipificada como delito;

II. Multa de 1 a 150 cuotas de salario mínimo vigente en el Estado a quienes incurran en los supuestos mencionados en la fracción III del artículo 91, o a quienes cometan cualquier infracción a esta Ley, pero que no esté expresamente señalada, o cualquier violación a sus disposiciones;

III. Multa de 151 a 300 cuotas de salario mínimo vigente en el Estado o arresto administrativo hasta por 36 horas, a quienes incurran en los supuestos mencionados en las fracciones II, IV o V del artículo 91.

Para determinar la sanción correspondiente, la autoridad tomará en cuenta, entre otros elementos, la gravedad de la conducta, la situación personal de la víctima y de la persona agresora, así como sus condiciones económicas, y en su caso, la reincidencia.

Si el infractor es jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Si es trabajador no asalariado, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

Reincidencia

Art. 98. Para el caso de reincidencia en cualquiera de las infracciones establecidas en esta Ley, por lo que se refiere a multas, se aumentarán hasta un doble de la sanción correspondiente. En caso de violencia docente, laboral o institucional, se deberá separar del cargo a la persona reincidente, e inhabilitarla para ocupar otro cargo similar.

Cobro y destino de las multas

Art. 99. Las multas constituyen crédito fiscal que se hará efectivo por conducto de la autoridad fiscal correspondiente.

El monto de las sanciones se destinará a la ejecución del programa estatal, así como la operación de lo centros de atención y refugios públicos.

Medios de impugnación

Art. 100. Las resoluciones emitidas por las autoridades administrativas competentes en materia de esta Ley, excepto las determinaciones de trámite del procedimiento a que se refieren el artículo 96, podrán ser impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas.

Sanciones a servidores públicos

Art. 101. A las o los servidores públicos que incurran en hechos constitutivos de violencia institucional definida en el artículo 14 de la presente Ley, se les impondrán además de las sanciones establecidas en el artículo 97 de esta Ley, las dispuestas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas y demás disposiciones civiles, penales y administrativas aplicables.

Artículos transitorios

Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

 Art. 2º El Sistema Estatal deberá quedar integrado dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

 Art. 3º La persona titular del Ejecutivo expedirá el reglamento de la Ley dentro de los 90 días naturales siguientes a la integración del Sistema Estatal.

 Art. 4º El diagnóstico estatal sobre violencia contra las mujeres deberá realizarse dentro de los 365 días siguientes a la integración del Sistema Estatal.

 Art. 5º La creación de los centros de atención y refugios, o en su caso, su adecuación de acuerdo a las disposiciones establecidas en esta Ley, deberá hacerse de manera progresiva después de 120 días naturales siguientes a la publicación del diagnóstico estatal de la situación actual de la violencia contra las mujeres en el Estado, tomando en consideración los resultados del diagnóstico para establecer prioridades.

Art. 6º La implementación de los centros reeducativos para las personas agresoras deberá realizarse dentro del año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley.

Art. 7º La persona titular del Ejecutivo expedirá el reglamento de los centros de atención, refugios y centros reeducativos dentro de los 60 días naturales siguientes a la adecuación o creación de dichos centros o refugios.

Art. 8º El banco Estatal de datos sobre violencia contra las mujeres, deberá quedar integrado dentro de los 365 días siguientes a la conformación del Sistema Estatal.

Art. 9º Los recursos para llevar a cabo los programas y la implementación de las acciones que se deriven de la presente Ley, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo Estatal, poderes Legislativo y Judicial, los órganos autónomos y los municipios.

Art. 10. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.

Comuníquese el Ejecutivo del Estado, para su promulgación y publicación.

Dado en la sala de sesiones de la Honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil ocho. Diputado presidente. Félix Vázquez Acuña. Diputados secretarios. Jorge Luis Rincón Gómez y Luis Rigoberto Castañeda Espinosa. Rúbricas.

Y para que llegue el conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, mando se imprima, publique y circule.

Dado en el Despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los veintiséis días del mes de diciembre del año dos mil ocho.

Atentamente

«El trabajo todo lo vence».

La Gobernadora del Estado de Zacatecas
Amalia D. García Medina.

 El Secretario General de Gobierno
Lic. Carlos Pinto Núñez.

FICHA TÉCNICA

GENERAL

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
205 5 17-enero-09 18-enero-009 LIX

REFORMAS

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
564 24 23-marzo-2013 24-marzo-2013 LX

Se reforman las fracciones IV y VI del artículo 7º; se reforman las fracciones III, IV, V, VII, X, XI y XV del artículo 20; se reforma el párrafo primero del artículo 32; se reforma la fracción IX del artículo 35; se reforman el epígrafe y proemio del artículo 37; se reforman el epígrafe, el proemio y la fracción III del artículo 38; se reforman el epígrafe, el proemio y la fracción III del apartado D del artículo 40; se reforman la fracción V del apartado B y la fracción VI del apartado C del artículo 42; se reforma el proemio del artículo 43; se reforma el proemio del artículo 44; se reforman el penúltimo y el último párrafos del artículo 57; se reforman los párrafos tercero y cuarto del artículo 62; se reforman el párrafo primero del artículo 76; se reforma el segundo párrafo del artículo 79; se reforma el artículo 89 y se reforman los párrafos antepenúltimo y penúltimo del artículo 93.

Último cotejo de vigencia: mayo de 2013.