ACUERDO POR EL QUE SE CREA DENTRO DE LA DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO, EL DEPARTAMENTO DE ATENCION A VICTIMAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS

Doctor Ricardo Monreal Avila, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 82 fracción I y 85 de la Constitución Política de la Entidad; 6º y 7º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y

Considerando

I. Desde principios inmemoriales el hombre ha buscado mecanismos para sancionar, regulando el castigo a quien le ha causado un daño, pero también ha encontrado formas para ser resarcido en lo económico. Con la ley del talión el ofendido se hacía justicia causando un daño semejante al que le había sido inferido, o inclusive a un familiar. Esta es la más primitiva concepción de la justicia que se fue institucionalizando, hasta constituirse en norma de derecho plasmada en el Éxodo, en Levítico, el Código Hammurabi, y en legislaciones diversas. Sustituyendo la venganza privada por la afectación al patrimonio y no a la persona, dando lugar a la llamada Ley de Composiciones que, de ser, una disposición de carácter voluntario se transformó luego en un acto legal.

II. El daño se constituye en un elemento fundamental dentro del hecho jurídico que hace posible la indemnización. Si no hay daño, ni siquiera puede haber una acción tendiente a repararlo. El daño se constituye en un elemento fundamental dentro del hecho jurídico que hace posible la indemnización. Si no hay daño, ni siquiera puede haber una acción tendiente a repararlo. El daño puede significar la trasgresión de un derecho, o bien del menoscabo en el patrimonio o en ámbitos morales. Esta última concepción es precisamente la que hace factible la indemnización.

En la búsqueda de facilitar las condiciones para el resarcimiento del daño causado, el Código Penal Federal de 1931 considero el carácter público de la reparación del daño, estableciéndose que «la reparación del daño que deba ser hecha por el delincuente tiene el carácter de pena pública». En consecuencia al considerarse tal concepción de la pena es obvio que sólo puede ser requerida por el Ministerio Público; por lo tanto, el ofendido de un delito, interesado en la reparación del daño que le fue causado, deberá tener el carácter de coadyuvante del representante social.

III. La fracción I del artículo 20 Constitucional ha venido reformándose para tratar y asegurar el pago de la reparación del daño. En el texto original de 1917, no se hace referencia alguna de la reparación del daño, si no exclusivamente a la forma de garantizar la libertad provisional bajo una fianza. En la reforma a la fracción I del mismo artículo en noviembre de 1993, se hace referencia al derecho de la víctima o del ofendido para recibir asesoría jurídica, la satisfacción en la reparación del daño, la coadyuvancia con el Ministerio Público, y el servicio médico de urgencia cuando lo requiera. En julio de 1996 nuevamente es motivo de reforma el citado artículo 20 habiéndose adicionado con un capítulo "B" referente a la víctima u ofendido para precisar en la fracción IV "que se le repare el daño". De acuerdo a lo anterior en los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño y el juzgador no podrá resolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimiento ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño.

IV. La atención especializada para la víctima después de ocurrir los hechos delictivos, es necesaria para afrontar el choque emocional y la crisis que desarrolla, aunado a los aspectos legales que aumentan la angustia ya existente, por desconocer los causes y trámites jurídicos que se deben realizar para el ejercicio efectivo de sus derechos, por lo que la preparación y oportuna intervención por parte del personal de la Dirección de Prevención del Delito a través de los distintos servicios que oferta, con las facultades suficientes de apoyo a la víctima, facilitarán el proceso por el que pasa el ofendido para obtener la reparación del daño.

Para contribuir con la cultura de apoyo a las víctimas y de la denuncia a través de programas diseñados por la Procuraduría General de Justicia del Estado, para atender a las personas afectadas por la comisión de actos delictivos, es menester crear dentro de la Dirección de Prevención del Delito, una instancia administrativa de apoyo y seguimiento de los intereses y derechos de las personas que por alguna circunstancia se encuentran en condiciones de afectados, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente

Dado en el Despacho del Poder Ejecutivo a los nueve días del mes de octubre del 2003.

El Gobernador del Estado de Zacatecas
Dr. Ricardo Monreal Avila

El Secretario General de Gobierno
Lic. Tomás Torres Mercado

El Procurador General de Justicia del Estado
Lic. Aquiles González Navarro

ACUERDO POR EL QUE SE CREA DENTRO DE LA DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO, EL DEPARTAMENTO DE ATENCION A VICTIMAS EN EL ESTADO DE ZACATECAS

Primero. Se crea dentro de la Dirección de Prevención del Delito, un departamento de atención a víctimas como órgano administrativo que contribuirá al apoyo, protección y restitución de los derechos otorgados por la ley y los afectados por algún ilícito penal.

Segundo. Tal dependencia tendrá como responsable a un jefe de departamento, el que dependerá jerárquicamente de la Dirección de Prevención del delito y tendrá como función principal la de ser un facilitador del proceso entre la víctima del delito y el Ministerio Público, otorgando los servicios que la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio Público, le otorguen a las víctimas, dando información, orientación y gestión, mediante servicios técnicos y especializados.

Tercero. El Departamento de Atención a víctimas se integrará por las áreas de asesoría jurídica, psicológica y trabajo social, así como de los órganos de apoyo que resulten necesarios para el debido cumplimiento de su función, atendiendo a las necesidades del servicio y los recursos con que se disponga para tales efectos, de conformidad con el presupuesto.

Transitorios

Artículo primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Organo de Gobierno del Estado.

Segundo. La Procuraduría General de Justicia del Estado proveerá lo necesario para el cumplimiento de este Acuerdo.

FICHA TÉCNICA

GENERAL

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
88 1-Oct-03 2-Oct-03

Por tratarse de una disposición administrativa no contiene número de Decreto ni Legislatura

REFORMAS

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
 

Ultimo cotejo de vigencia: Enero de 2007