REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE PERITOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Bernardo del Real Avila, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento a las atribuciones que me confieren los artículos 98 de la Constitución Política del Estado y 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial, haga saber que

El Pleno de este Tribunal Superior de Justicia, el día dos de agosto del presente año, emitió el Acuerdo General número 1/2004, mediante el cual se creó la Central de Peritos del Poder Judicial del Estado, que en su artículo 3º prevé que su organización y funcionamiento se establecerá en un reglamento.

Exposición de motivos

El Poder Judicial del Estado tiene a su cargo la delicada responsabilidad de administrar justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y por mandato constitucional, los órganos jurisdiccionales han de emitir sus resoluciones de manera gratuita, pronta, completa e imparcial.

Nuestro sistema de justicia le asigna a diversos órganos jurisdiccionales, una diversidad de atribuciones y deberes, dando lugar a un régimen de distribución de competencias.

En el Tribunal Superior de Justicia se depositan distintas atribuciones: una de ellas se hace consistir en la facultad para expedir acuerdos generales y reglamentos que faciliten la prestación de los servicios de justicia a toda persona que así lo requiera.

Bajo esta perspectiva, el mejoramiento en la administración de justicia debe ser una tarea de revisión y actualización permanente o efecto de que los órganos de competencia, cumplan a cabalidad las responsabilidades de que los hace depositarios el orden jurídico que nos rige.

En ejercicio de la facultad reglamentaria el Pleno del Tribunal tomó el acuerdo de expedir el Reglamento de la Central de Peritos, como un sistema normativo que facilite a los jueces, a los litigantes en general a todos los justiciables, un esquema eficiente profesional oportuno y confiable de servicios periciales que coadyuven a través de la ciencia, la técnica, las artes y los oficios diversos, para que los juzgadores tarden y motiven con mayor claridad y certidumbre, sus fallas vinculativas entre partes.

El Reglamento que ahora se expide consta de cuatro capítulos: disposiciones generales; de la Central de Peritos; de los Peritos; y de las Sanciones.

Dentro de los aspectos de mayor relevancia que le dan significado al Reglamento destacan los siguientes:

- Se crea el Registro de Peritos del Poder Judicial del Estado;

- La organización y vigilancia de este sistema de servicios periciales se le confiere a una unidad administrativa denominada Central de Peritos del Poder Judicial del Estado, que por jerarquía dependerá de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior, y que en su desempeño de funciones operativas estará bajo las órdenes de la Coordinación de Centrales de Notificadores y Actuarios del Poder Judicial del Estado;

- El Registro de Peritos es un sistema fundamentalmente al servicio de los órganos jurisdiccionales. Para los litigantes y público en general y recurrir a los servicios del Registro tendrá únicamente carácter optativo, no obligatorio;

- El sistema registral que se crea significa un banco de datos al que se puede recurrir cuando en los juicios y procesos se requiera del apoyo de expertos en determinados ramos del conocimiento especializado que conduzcan o discernir la verdad de los hechos que constituyan el objeto de la litis;

- Los peritos incorporados al Registro estarán sujetos al cumplimiento de una serie de obligaciones pero a la vez también tendrán el derecho de recibir la constancia que los acredite como miembros del perdón de peritos al servicio del Poder Judicial. Desde luego que se establecen las disposiciones necesarias para la aplicación de sanciones a quienes para ello se hicieren acreedores.

En suma, con la creación de la Central de Peritos y el Reglamento que lo organiza, el Tribunal Superior de Justicia continúa en el esfuerzo colegido por mejorar los servicios institucionales en favor de la administración de justicia.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 100, fracción I de la Constitución Política del Estado; 11 fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, expide el siguiente

REGLAMENTO DE LA CENTRAL DE PERITOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS

Capítulo I
Disposiciones generales

Objeto y alcances

Artículo primero. El presente Reglamento es de observancia obligatoria para los servidores públicos del Poder Judicial del Estado. Tiene por objeto regular las actividades que realicen los profesionales, los técnicos o prácticos en cualquier materia científica, tecnológica, arte, oficio o industria, que se inscriban en el Registro.

Autoridades competentes

Art. 2º La organización y vigilancia en la prestación de servicios periciales para el Poder Judicial del Estado, estará a cargo de la Central de Peritos, misma que dependerá jerárquicamente de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia y en el desempeño de sus funciones operativas, de la Coordinación de Centrales de Notificadores y Actuarios del Poder Judicial del Estado.

Carácter optativo para litigantes

Art. 3º Para las partes que intervengan en los juicios y procesos que se ventilen ante los órganos jurisdiccionales, será optativo utilizar los servicios que proporcione la Central de Peritos a que se refiere este Reglamento.

Glosario de uso frecuente

Art. 4º Para efectos de este Reglamento, se entenderá por:

I. Central: la Central de Peritos del Poder Judicial del Estado;

II. Dictamen pericial: es el documento presentado ante autoridad jurisdiccional, que contiene opinión fundada, suscrita, firmada y autorizada por perito en alguna ciencia técnica, arte, industria u oficio; y

III. Registro; el Registro de Peritos del Poder Judicial del Estado.

Capítulo II
De la Central de Peritos

Integración

Art. 5º La Central se integra por:

I. Un coordinador, que será el titular de la Coordinación de la Central de Notificadores y Actuarios del Tribunal Superior de Justicia; y

II. El Personal de apoyo que determine el pleno.

Atribuciones del coordinador

Art. 6º El coordinador de la Central tendrá las atribuciones y deberes siguientes:

I. Integrar y mantener actualizado el registro a que se refiere este Reglamento;

II. Recibir y examinar las solicitudes de los interesados a integrarse al registro a efecto de verificar

el cumplimiento de los requisitos previstos en este Reglamento;

III. Integrar los expedientes personales de los solicitantes y proponerlos al Pleno del Tribunal Superior de justicia;

IV. Entregar a los interesados las constancias que los acrediten como peritos incluidos en el Registro;

V. Difundir entre los órganos jurisdiccionales, los justiciables y público en general, el catálogo de personas incluidas en el Registro. Proporcionar a quien lo solicite, los nombres, domicilios, especialidades y demás datos de los peritos, que sean requeridos;

VI. Seleccionar conforme al rol y asignar los peritos que le sean solicitados por los órganos jurisdiccionales o por los justiciales;

VII. Establecer los roles para la asignación de peritos, cuando para alguna especialidad existan varios especialistas en la materia;

VIII. Contar con registros de peritos de otras instituciones, para recurrir o ellas en caso de que no existiere en el registro peritos en la materia requerida;

IX. Emitir los oficios y solicitudes necesarios para solicitar la colaboración de otras instituciones para la designación de peritos;

X. Rendir al Pleno del Tribunal Superior de Justicia por conducto del Secretario General de Acuerdos, los informes generales y especiales, con la periodicidad que se le ordene, respecto del desempeño de los peritos adscritos a la Central;

XI. Hacer del conocimiento inmediato del Secretario General de Acuerdos las infracciones al reglamento a la presunta comisión de los hechos delictivos que llegaren a cometer los peritos integrados al registro, para los efectos a que hubiere lugar;

XII. Solicitar a los titulares de los órganos jurisdiccionales del Estado informes respecto del desempeño de los peritos en sus funciones;

XIII. Expedir las constancias o certificaciones que se requieran respecto de los peritos que formen parte del Registro;

XIV. Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento;

XV. Las demás que le confieran otras disposiciones legales le asigne el Secretario General de Acuerdos del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

Atribuciones del personal

Art. 7º El personal de apoyo tendrá las atribuciones y deberes siguientes:

I. Cumplir las instrucciones que reciba de sus superiores para integrar y mantener actualizado el Registro;

II. Diseñar los formatos oficiales que contengan los datos personales, profesionales y fotografía reciente, de cada uno de los peritos integrados al Registro;

III. Llevar un control pormenorizado en el que se incluya entre otros datos el historial, respecto de los juicios y procesos en que actúe cada uno de los peritos integrados al Registro;

IV. Atender los requerimientos para la asignación de peritos que por escrito, correo electrónico, fax, teléfono o de manera personal, le hagan los órganos jurisdiccionales elaborando un reporte individual para cada uno de las solicitudes;

V. Cumplir las órdenes del Coordinador para asignar a través del sistema de cómputo y en forma aleatoria a los peritos que le soliciten los órganos jurisdiccionales y los justificables, de conformidad con cada uno de las especialidades o materias;

VI. Las demás que le encomienden sus superiores, las leyes, reglamentos o acuerdos.

Capítulo III
De los peritos

Clasificaciones por materia

Art. 8º Los peritos podrán ejercer sus funciones en una o más especialidades. Con carácter enunciativo, más no limitativo, las materias de pericia se clasifican en los siguientes ramos:

I. Peritos valuadores:

1. Inmuebles [terrenos y construcciones].

2. Muebles en general.

3. Servicios.

4. Agropecuarios.

5. Bienes industriales, maquinaria y equipo.

6. Alhajas y metales.

7. Antigüedades y obras de arte.

8. Empresas en marcha.

9. Embarcaciones.

10. Especiales;

II. Peritos dictaminadores:

1. Contaduría pública.

2. Mecánica en general.

3. Medicina general.

4. Psicología.

5. Psiquiatría.

6. Ingeniería.

7. Agronomía.

8. Computación.

9. Sociología.

10. Arquitectura.

11. Derecho.

12. Ciencias sociales.

13. Informática.

14. Ciencias económicas.

15. Matemáticas.

16. Odontología.

17. Medicina veterinaria.

18. Química.

19. Artes en general.

20. Genética.

21. Administración.

22. Carpintería.

23. Comercio;

III. Peritos en criminología y criminalística:

1. Criminología.

2. Balística.

3. Dactiloscopía.

4. Documentoscopía.

5. Grafoscopía.

6. Poligrafía.

7. Medicina forense.

8. Química forense.

9. Tránsito terrestre, aéreo, náutico o fluvial.

10. Antropometría.

11. Análisis de voz.

12. Fotografía forense.

13. Video grabación forense.

14. Criminalística de campo.

15. Genética forense.

16. Identificación fisonómica.

17. Incendios y explosiones.

18. Propiedad intelectual.

19. Ingeniería civil, topografía y arquitectura forense.

20. Odontología forense.

21. Psicología forense.

22. Psiquiatría forense.

23. Retrato hablado.

24. Informática forense;

IV. Peritos traductores o intérpretes.

Definiciones

Art. 9º. Para efectos del presente Ordenamiento la definición y función específica de la actividad pericial se integrará de la manera siguiente:

I. Peritos valuadores. Son los profesionistas, científicos, técnicos o prácticos que cuenten con los conocimientos necesarios para emitir dictámenes de valor en los ramos correspondientes. Su función consiste en determinar y certificar mediante avalúo los bienes o que se refiere la fracción I del artículo 8º de este Reglamento;

II. Peritos dictaminadores. Son los profesionistas, científicos, técnicos o prácticos que tengan titulo o conocimientos en la ciencia, arte, oficio o industria sobre la que emitan su dictamen. Su función consiste en la emisión de opiniones fundadas que expliquen, aclaren, definan o cuantifiquen en forma metodológica el asunto sobre el que se solicite su intervención;

III. Peritos en criminología y criminalística. Son los profesionistas, científicos, técnicos o prácticos que tengan el título o bien los conocimientos correspondientes sobre la materia de que se trate. Su función consiste en emitir dictámenes, que expliquen, aclaren, o precisen las causas y origen de la delincuencia, aplicando las métodos de la ciencia o de la técnica correspondiente o la evidencia material de un delito para llegar a la prueba forense;

IV. Traductores e intérpretes. Son los profesionistas, científicos, técnicos o prácticos que expresen en una lengua lo que está escrito o se ha expresado en otra, incluso en un lenguaje no verbal. Su función consiste en realizar la traducción de algunas de las lenguas o sistemas de comunicación codificados, de las etnias, lengua extranjera o en su caso, hacer la tarea de intérpretes.

Requisitos

Art. 10. Los interesados en ingresar al Registro deberán tener titulo en la ciencia, técnica, arte u oficio sobre la materia que deba dictaminarse, si la profesión, técnica, arte u oficio estuvieren legalmente reglamentadas. En caso contrario, se admitirá el registro de peritos prácticos que acrediten conocimientos y experiencia sobre el tema que verse el asunto o dictaminar.

Solicitud o documentos anexos

Art. 11. La solicitud de ingreso al registro se realizará por escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia del Estado, y se presentará ante la Central. Al escrito se acompañará la documentación siguiente:

I. Curriculum vitae actualizado;

II. Dos fotografías recientes tamaño infantil;

III. Copia certificada del acta de nacimiento, o en su caso, acta de naturalización;

IV. Constancia reciente de no haber sido condenado por delito intencional;

V. Copia certificada por notario público del título y de la cédula profesional, en su caso. Para las ramas que conforme a la Ley no se requiere título profesional expedido por autoridad competente, no se exigirá este requisito. Sin embargo se acreditarán conocimientos y experiencia en la materia o dictaminar;

VI. Copia certificada por notario público respecto de los documentos que acrediten antecedentes académicos y laborales en la profesión, ciencia, arte u oficio. En caso de que dicha documentación se encuentre en idioma extranjero, acompañar la traducción respectiva por perito autorizado;

VII. Dos cartas de referencias personales que avalen la conducta y solvencia moral del interesado;

VIII. Fotocopia certificada del Registro Federal de Contribuyentes;

IX. Fotocopia certificada de su credencial de elector;

X. En su caso, constancia de pertenecer a cualesquiera de los colegios o asociaciones de profesionistas cuando en la localidad se encuentren legalmente constituidos;

XI. Tratándose de personas que pretendan fungir como peritos traductores, presentar constancia expedida por institución oficial que acredite que el interesado domina el idioma o lengua de que se trate.

Examen de la solicitud

Art. 12. La Central de Peritos recibirá la solicitud con los documentos anexos y examinará si el solicitante cumple los requisitos señalados por este Reglamento.

Requisitos faltantes

Art. 13. En caso de que faltare algún requisito, se le hará saber al interesado, otorgándole un plazo de quince días hábiles para satisfacerlo. De no cumplirse la omisión, la solicitud será desechada.

Propuesta y aprobación del registro

Art. 14. Si el solicitante cumple los requisitos señalados por este Reglamento, el coordinador, por conducto del Secretario General de Acuerdos, propondrá al Peno del Tribunal Superior de Justicia, su aprobación e inclusión en el Registro. Acordado que fuese el registro, se extenderá al interesado la constancia respectiva en un plazo que no exceda de quince días hábiles.

Facultades del Tribunal Superior

Art. 15. El Peno del Tribunal Superior de Justicia tendrá en todo momento las facultades siguientes:

I. Entrevistarse con los solicitantes a fin de corroborar la información proporcionada;

II. Valorar los documentos presentados por el solicitante y recibir la opinión de instituciones públicas o privadas cuando así lo estime conveniente el Pleno;

III. Rechazar las solicitudes de inscripción al Registro, a su prudente criterio.

Ordenar se excluye del Registro a los peritos cuya actuación fuere contraria a derecho o sus dictámenes adolezcan de calidad profesional o su conducta quebrante principios de ética profesional.

Expedición de constancias de registro

Art. 16. La constancia de inscripción en el Registro la expedirá el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia. La constancia implica el documento de autorización pata el ejercicio de está actividad, sólo por lo que atañe o los peritos que presten servicio a petición de los órganos jurisdiccionales.

Negativa de registro

Art. 17. En caso de que el Pleno del Tribunal niegue el registro, la Central de Peritos lo notificará por escrito al solicitante. Esta determinación no admite recurso alguno.

Obligatoriedad del registro

Art. 18. Todos los peritos que sean designados por los órganos jurisdiccionales del Estado, deberán estar inscritos en el Registro.

Admisión de peritos no registrados

Art. 19. Sólo en el caso de que no existiere en el registro peritos en la ciencia, arte, técnica, industria u oficio de que se trate, o que los registrados estuvieren impedidos para ejercer el cargo, la Central podrá recurrir a otros peritos, los cuales serán de preferencia, de aquellos que pertenezcan a las asociaciones legalmente establecidas o a instituciones públicas.

Peritos extranjeros

Art. 20. Cuando por la materia de que se trate no hubiere ciudadanos mexicanos calificados para dictaminar, podrá recurrirse a peritos extranjeros, pero las personas así designadas, al protestar cumplir el cargo, manifestarán someterse expresamente a las leyes mexicanas para todos los efectos legales del peritaje que vayan a emitir.

Obligaciones de los peritos

Art. 21. Son obligaciones de los peritos:

I. Realizar personalmente el estudio del caso, y la emisión del dictamen o avalúo, debiendo cerciorarse en forma directa de la identidad de las personas, objetos, lugares o bienes y demás circunstancias sobre las cuales versará la pericial encomendada;

II. Emitir sus avalúos, dictámenes, traducciones o interpretaciones, con estricto apego al conocimiento y práctica de la profesión, ciencia, técnica, arte u oficio, que el asunto requiera;

III. Emitir sus avalúos, dictámenes, traducciones o interpretaciones, poniendo en práctica sus conocimientos y experiencia, con absoluta independencia de criterio e imparcialidad anteponiendo a cualquier otro interés y las disposiciones de ley;

IV. Emitir el dictamen agotando todos y cada uno de los puntos propuestos e incluso, incorporar las observaciones que estimen pertinentes para el mejor conocimiento de la verdad;

V. Ejecutar la tarea encomendada en el plazo que sea fijado por el órgano jurisdiccional y en caso de considerar que dicho plazo es insuficiente para presentar el dictamen, avalúo, o interpretación solicitados, podrán solicitar con oportunidad al Juez de la causa, una prórroga. Quedará al prudente arbitrio de la autoridad judicial conceder o negar tal prórroga;

VI. Justificar su negativa ante el órgano jurisdiccional para intervenir en un asunto que se le encomiende;

VII. Elaborar a solicitud de la Central por lo menos una vez al año, un dictamen pericial gratuito como servicio social y cuando las circunstancias del caso así lo ameriten;

VIII. Exhibir previo al pago por su trabajo, recibo de honorarios con los requisitos fiscales;

IX. Procurar la actualización de sus conocimientos para ofrecer servicios profesionales de alta calidad incluso a través de la capacitación que para tal efecto promueve el Tribunal Superior de Justicia;

X. Acudir ante los órganos jurisdiccionales cuantas veces sean requeridos por autoridad competente;

XI. Presentarse con la debida anticipación y oportunidad a las diligencias donde deba intervenir;

XII. Las demás que les sean solicitados por las autoridades jurisdiccionales competentes.

Prohibiciones a los peritos

Art. 22. Queda prohibido a los peritos intervenir con ese carácter en los juicios en los cuales:

I. Sean parientes por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado, de alguna de las partes, sus apoderados, abogados, autorizados; del Juez o del personal del juzgado;

II. Sean dependientes, socios, arrendatarios o tener negocios de cualquier clase, con las personas señaladas en la fracción anterior;

III. Tengan interés directo o indirecto en el litigio o en diverso juicio o participación en la sociedad, establecimiento o empresa de alguna de las personas mencionadas en la fracción I;

IV. Tengan amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las partes sus representantes, abogados, personal del juzgado o con cualquier persona de relación familiar cercana con aquellos.

Dictámenes en contravención

Art. 23. Los dictámenes o avalúos que se emitan en contravención a lo dispuesto en este Reglamento, además de no surtir efectos legales en el juicio o proceso, darán lugar a la aplicación de las sanciones que correspondan.

Honorarios de peritos

Art. 24. Los honorarios de los peritos que presten su servicio a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado, serán cubiertos por las partes, sin que en ningún caso signifiquen una carga excesiva para los justiciables o rebasen las prestaciones reclamadas; por tanto, los peritos deberán sujetar su cobro a los lineamientos establecidos en los códigos respectivos y en la Ley del Arancel vigente en el Estado. La respectiva regulación será hecha por el juez que conozca del asunto, sirviendo como base y referencia a las prestaciones reclamadas en la demanda.

No pago de honorarios

Art. 25. No se pagan los honorarios de perito cuando prosperen las objeciones que en juicio en contra de su actuación se les hagan por dolo, negligencia, soborno o simulación.

Capítulo IV
De las sanciones

Autoridad competente y sanciones

Art. 26. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia impondrá a los peritos que incumplan con las obligaciones que establece el presente Reglamento, las siguientes sanciones:

I. Amonestación por escrito;

II. Multa de cinco a cincuenta cuotas de salario mínimo general vigente en el Estado;

III. Suspensión de seis meses a un año como integrante del Registro a que se refiere este Reglamento;

IV. Cancelación definitiva de la autorización como perito oficial;

V. Reembolso de lo recibido como pago de servicios periciales;

VI. Responder por los daños y perjuicios ocasionados por sus actos u omisiones.

Causales de sanción

Art. 27. Son causales para la aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, que el perito incurra en las siguientes infracciones:

I. Emitir con dolo, negligencia o mala fe dictámenes periciales que contengan certificaciones, datos o apreciaciones falsas;

II. Obtener la inscripción en el Registro, proporcionando datos falsos a la Central;

III. Negarse a prestar sus servicios sin causa justificada;

IV. Violar la ley o lo previsto en este Reglamento;

V. Suscribir dictámenes periciales que no hayan formulado personalmente;

VI. Formular dictámenes periciales estando inhabilitado para ello por resolución judicial;

VII. Actuar con negligencia en el desempeño del cargo;

VIII. Actuar sin independencia o con parcialidad, incurriendo en falsedades o inexactitudes, con el propósito de favorecer indebidamente a alguna de las partes;

IX. Negarse a emitir su dictamen o los informes que se le requieran, o no los presente en término;

X. Renunciar al cargo conferido sin causa justificada;

XI. No acudir a las diligencias, o no presentar los informes de ampliación o complementarios dentro del plazo que se la haya fijado;

XII. Las demás que disponga la ley.

Derechos de audiencia

Art. 28. Para la aplicación de sanciones se estará a lo siguiente:

I. El Secretario General de Acuerdos notificará por escrito al perito presunto responsable, el contenido de las imputaciones que se le atribuyen;

II. El Secretario General de Acuerdos le señalará un plazo de cinco días hábiles a efecto de que comparezca ante la propia autoridad, para que conteste por escrito las imputaciones y aporte las pruebas que considere pertinentes y alegue lo que a su derecho convenga;

III. De la anterior, el Secretario General de Acuerdos levantará acta circunstanciada, con la que dará cuenta al Pleno del Tribunal, para que resuelva lo conducente.

Resoluciones, su definitividad

Art. 29. La resolución que emita el Pleno del Tribunal Superior de Justicia se notificará al perito y a la Central, y contra ella no procede recurso alguno.

Transitorio

Artículo único. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Organo de Gobierno del Estado de Zacatecas.

Dado en el salón de Plenos del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas a los dos días del mes de agosto del año dos mil cuatro.

«Sufragio Efectivo. No reelección»

Zacatecas, Zac. a agosto 2 de 2004

El Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado
Lic. Bernardo del Real Avila

El Secretario General de Acuerdos
Del Tribunal Superior de Justicia
Lic. Marco Aurelio Rentaría Salcedo

FICHA TÉCNICA

GENERAL

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
71 4-septiembre-04 5-septiembre-04

Por tratarse de una disposición administrativa no contiene número de Decreto ni Legislatura

REFORMAS

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
 

Ultimo cotejo de vigencia: Septiembre de 2004