LEY DE FRACCIONAMIENTOS RURALES PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

Amalia D. García Medina, Gobernadora del Estado de Zacatecas, a sus habitantes hago saber:

Que los diputados secretarios de la Honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, se han servido dirigirme el siguiente.

Decreto nº 295

La Honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en nombre del pueblo decreta:

Resultando primero. En sesión del Pleno correspondiente al día 30 de septiembre de 2008, se dio lectura a una Iniciativa de Ley que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 84 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas; 24 fracción IV y 34 fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Entidad, presentó la C. Amalia D. García Medina, Gobernadora del Estado de Zacatecas.

Resultando segundo. Por acuerdo de la presidenta de la Mesa Directiva y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 131 y 154 fracciones I y V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 83 fracción V de nuestro Reglamento General, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a las Comisiones Legislativas de Reservas Territoriales y Lotes Baldíos y Jurisdiccional, a través del memorándum 373, para su estudio y dictamen correspondiente.

Considerando primero. La titular del Ejecutivo justificó su propuesta en la siguiente:

"Exposición de motivos

La Ley de Fraccionamientos Rurales es un ordenamiento que tiene como finalidad, entre otros aspectos, regular los procedimientos administrativos promovidos por los particulares y que se generan con motivo de la tenencia de la tierra; organizar a los fraccionistas y llevar a cabo los procedimientos sucesorios que deben tramitarse ante la Dirección de Fraccionamientos con motivo del fallecimiento del titular de un lote. Esta norma es entonces, el ordenamiento que da legalidad a los actos tanto entre los fraccionistas, como los de éstos y la autoridad responsable.

El ordenamiento vigente se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, el día 4 de enero de 1995, iniciando vigencia treinta días después; desde entonces no ha sufrido ninguna modificación.

A la fecha, existen en la Dirección de Fraccionamientos Rurales una gran cantidad de asuntos sin resolver; ello se debe a que la Ley vigente sólo permite la representación para aquellos que físicamente se encuentren impedidos de realizar un acto. En la realidad, sabemos que los particulares no sólo se enfrentan con los problemas físicos, sino que también son expuestos a otras circunstancias, tales como la insuficiencia de recursos para poder trasladarse hasta la capital. La presente iniciativa, pretende que en cualquier procedimiento, se tenga la intervención de un abogado patrono, siempre y cuando acredite su personalidad de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado.

Es prioridad para esta administración que los sectores más vulnerables de la sociedad zacatecana, sean atendidos con la prontitud y eficiencia a que tienen derecho respecto de los trámites que requieran y, sobre todo, que al hacerlo se garantice que la certeza, la seguridad jurídica y la transparencia, estén presentes en los procedimientos administrativos; de tal manera, que los actos de la autoridad estén regidos por los principios de legalidad, que no es otro más que el constreñirse en sus actuaciones al exclusivo mandato de la ley y que las reglas del procedimiento respeten los principios rectores que lo rigen.

Para garantizar lo anterior, la presente iniciativa de nueva Ley de Fraccionamientos Rurales, adiciona el procedimiento de caducidad de la instancia por inactividad de las partes; ello, derivado de que en muchas ocasiones y por diversas circunstancias, los interesados no continúan con el trámite de sus promociones, lo que ocasiona rezago de expedientes en la Dirección.

Se contemplan además, diferentes aspectos que facilitan y agilizan el trámite a los usuarios, tales como la intervención del Ministerio Público como figura adscrita a la Dirección de Fraccionamientos Rurales, que tendrá como función específica la representación de los ausentes, menores e incapaces para la debida defensa de sus derechos.

Esta nueva norma, tiene por objeto implementar figuras que den mayor certeza jurídica en todos los actos en los que comparecen ante la autoridad responsable, cumpliendo así con el mandato constitucional de garantizar una justicia pronta y expedita.

Por otro lado, se adiciona a este ordenamiento el procedimiento sobre el cambio de régimen de la propiedad, para que los fraccionistas que así lo decidan, adquieran el dominio pleno de sus tierras y se conviertan con ello en propietarios con poder de dominio.

La presente iniciativa pretende entonces, actualizar los actos de la Dirección de Fraccionamientos Rurales a la realidad a la que se enfrentan los fraccionistas, buscando en todo momento legalidad, certeza, transparencia, eficacia y prontitud en la aplicación de sus facultades".

Considerando segundo. En el mes de enero de mil novecientos noventa y cinco, se publicó la Ley de Fraccionamientos Rurales, la cual sigue vigente hasta nuestros días. Ha transcurrido más de una década y la misma ya mostró su eficacia. Sin embargo, la sociedad es cambiante por lo que es necesario que las normas se encuentren acordes a las transformaciones sociales que se suscitan, razón por la cual es imperativo contar con una nueva ley en la materia, para darle mayor certeza a los fraccionistas rurales.

Actualmente el régimen de fraccionamientos se integra por una superficie total de 1’350,000 hectáreas, distribuidas en todo el territorio estatal. Asimismo, la Dirección de Fraccionamientos tiene registrados más de 3600 expedientes, de los cuales una proporción considerable se encuentran en trámite. En ese sentido, se trata entonces de un rubro de gran impacto y trascendencia para todos los ámbitos del poder público.

Esta Soberanía Popular coincidió con la propuesta legislativa en la necesidad de fortalecer las facultades de la Dirección de Fraccionamientos Rurales, dependencia encargada de la sustanciación de los procedimientos que se establecen en el presente Instrumento Legislativo. En ese tenor, a continuación se destacan los aspectos centrales de la nueva Ley de Fraccionamientos Rurales, mismas que consisten en lo siguiente:

Tomando en cuenta el sector social para el que la misma está diseñada; se contempla la posibilidad de que los fraccionistas sean asesorados por un profesionista del derecho, en su calidad de abogado patrono, situación que facilitará la secuela procesal de los trámites que sean instados con motivo de la tenencia de un bien perteneciente a este tipo de propiedad, asegurándole a quienes en él intervengan, una adecuada defensa, sobre todo tomando en cuenta que ante la Dirección se ventilan asuntos de índole contenciosa, en los que se requiere la asesoría de peritos en la materia como son los abogados; además una representación de tal naturaleza, les evitará una inversión innecesaria de tiempo y dinero, pues la mayoría de los fraccionistas habitan en zonas alejadas a la capital del Estado, lugar que tiene su asiento la citada dependencia; por lo que de otra manera, tendrían que acudir con regularidad si su intención es dar celeridad al asunto que estén tramitando; sin embargo, con este nuevo Ordenamiento, se beneficiará a los fraccionistas rurales, siendo ésta una de las finalidades primordiales de todo cuerpo de leyes de índole legal, sobre todo cuando tiene como destinatarios a uno de los estratos sociales más representativos en la Entidad; reforma que ya había sido impulsada por esta Representación Popular.

El motivo por el que se suprime el certificado médico como requisito indispensable para la admisión de la representación legal, se relaciona con el hecho de que se está adicionando la figura representativa antes mencionada, por lo que la existencia de cualquier tipo de limitación a la misma o a otra incluso más amplia, constituye una contravención a su naturaleza, máxime cuando se busca beneficiar a los particulares con la pronta y segura resolución de sus trámites, además de que se respeta el libre albedrío de los fraccionistas, para que de requerirlo puedan hacerse representar en los asuntos que les incumban, por las personas que designen mediante los instrumentos legales correspondientes y sin demeritar desde luego la esencia de la materia, pues para tal finalidad y al momento de resolver sobre la admisión, se tomarán en cuenta los principios, motivación y fundamento sobre los que descansa la Ley de Fraccionamientos Rurales.

En lo que respecta al procedimiento administrativo de Reconocimiento de Derechos Sucesorios, se incluyen figuras que en el fuero común son características de dicha institución, tal es el caso del albaceazgo, la cesión y repudio de derechos, así como la representación del Ministerio Público; lo anterior, derivado de los siguientes motivos:

a) Dentro de las facultades de la Dirección de Fraccionamientos Rurales, se encuentra la de conocer y resolver lo relativo a la transmisión de la titularidad de un inmueble cuando el adjudicatario original ha fallecido, por ello se hace necesaria la existencia de un mecanismo jurídico simple pero completo a la vez, en el que se disponga con toda claridad cada uno de los pasos que deberán seguir quienes tengan algún interés directo dentro de un asunto de la naturaleza descrita;

b) Se adiciona la sección segunda dentro del procedimiento sucesorio, denominada «de administración», con la intención de garantizar a los herederos, certidumbre en cuanto al manejo de los inmuebles que conformen el caudal hereditario;

c) Por lo que hace al albacea, se incluye la misma, tomando en cuenta que en términos jurídicos, se constituye como un medio representativo de la sucesión, lo que facilita la tramitación del procedimiento;

d) Otra de las instituciones incluidas en este Ordenamiento, es la posibilidad de que el Ministerio Público participe en el proceso, justificándose su intervención en mérito a que durante la substanciación del procedimiento administrativo que nos ocupa, participará como una autoridad coadyuvante, en tratándose de asuntos en los que se vean inmersos los intereses de menores incapaces y ausentes.

Dichas reformas tienen como propósito:

1. Facilitar la substanciación del trámite, sin tener que recurrir a ordenamientos legales alternos que pudiesen en un momento determinado, contraponerse con la esencia administrativa de este cuerpo de leyes;

2. Asegurar la celeridad en la tramitación, así como la efectividad y debida fundamentación en las determinaciones que emita la Dirección; y

3. Resguardar los derechos de los posibles herederos independientemente de su calidad específica, otorgándole al Ministerio Público una importante representatividad, institución que hasta ahora no era considerada.

Con la intención de que en su oportunidad se abrogue el Reglamento del artículo 7° transitorio de la Ley en vigor, se incluye el cambio de régimen, como uno de los trámites administrativos a disposición de los fraccionistas, tomando en cuenta que el objeto de este procedimiento se identifica en gran medida con las necesidades de las personas cuya intención es que el bien que les fuera titulado por parte del Ejecutivo del Estado, salga del régimen de fraccionamientos, por lo que sin duda merece ser contemplado y regulado con precisión dentro del cuerpo normativo sobre el que se substanciarán y resolverán todas las cuestiones que con la materia se relacionen.

Buscando robustecer los procedimientos competencia de la Dirección de Fraccionamientos Rurales, se incluyen las reglas generales sobre las que habrán de seguirse todos los trámites que ante ella se instauren, específicamente, lo relacionado con las pruebas, notificaciones y demás instituciones que resultan fundamentales para el respeto a las más elementales garantías constitucionales, recordemos que las resoluciones emitidas por parte de dicha dependencia, crean, modifican o extinguen diversas situaciones derecho; actuación que de no contar con un sustento jurídico uniforme, completo y funcional, implicaría una afectación directa a los intereses de los propios fraccionistas. Por lo que, si la autoridad goza de una posición suprema frente a los particulares, es mediante la ley que se frena su actuar, por ello, en el caso particular, la única manera de proveer adecuadamente las necesidades de los fraccionistas y de las autoridades con las que se relaciona la Dirección, es la existencia inexcusable de un marco normativo completo en el que se contenga a detalle cada una de las figuras que habrán de aplicarse, además de puntualizarse la tramitación concreta de cada procedimiento, legitimándose así la actuación de la autoridad, además facilitar el entendimiento de la norma por parte de sus destinatarios, mediante la adecuada explicación de la ley.

En lo relativo al procedimiento administrativo de nulidad, se le da un tratamiento completamente diferente a lo que hasta este momento se hace. Se resalta la verdadera esencia del trámite, el cual se constituye como una potestad correctiva a disposición de los particulares, cuya esencia engendra un mecanismo a través del cual, quienes acrediten ser titulares de un derecho subjetivo, pueden solicitar a la autoridad anule la actuación que dada su calidad distintiva, les genera un considerable perjuicio a sus intereses, concepción que era manejada equivocadamente dentro de la anterior ley, considerando que ofrecía una raquítica regulación; toda vez que dicho trámite era manejado como una contienda entre particulares cuando en realidad es la autoridad la responsable de la emisión del acto administrativo representado por un título, es así que con el nuevo diseño se evitará lo siguiente:

- Las confrontaciones entre los particulares;

- El derroche innecesario de recursos por parte de los interesados; y

- La utilización innecesaria de figuras jurídicas.

Por lo tanto, la Dirección de Fraccionamientos se concretará exclusivamente a revisar los antecedentes de los que haya surgido el título determinado como nulo y con base en ello resolverá lo conducente, respetándose en todo caso el derecho de terceros o de quien ostente la titularidad del inmueble amparado por el documento controvertido.

Se propone crear un procedimiento para la restitución de la posesión de las tierras a los legítimos titulares que hayan sido despojados de dichos lotes, derivado de que actualmente existe una delicada problemática que aqueja a un sinnúmero de fraccionistas y que dada la estructura de la ley que se abroga, no era posible ofrecerles una alternativa viable, lo que agudiza los conflictos entre los particulares por la tenencia de un bien de fraccionamientos y es precisamente, por tratarse de inmuebles sujetos a la potestad del Estado, que la única dependencia competente para conocer y resolver las controversias planteadas y que se relacionen con lo señalado es la Dirección de Fraccionamientos Rurales, pero para ello, se hacía necesaria la existencia de una legislación completa en la que se fundamentara su actuar.

En otro orden de ideas, se establece que para controvertir las determinaciones de la Dirección, los interesados puedan optar entre el Recurso de Inconformidad, o bien, el Juicio de Amparo, en virtud a que ello permitiría que los asuntos se resuelvan con mayor prontitud, pues se evitaría que agotasen instancias que en todo caso sólo retardan la solución definitiva de los asuntos y en consecuencia agudiza los conflictos personales entre los interesados.

Por los motivos descritos y tomando en cuenta la realidad histórica en la que actualmente se encuentra inmersa la sociedad zacatecana, la aprobación de una nueva Ley de Fraccionamientos Rurales, representa una imperiosa necesidad para que los fraccionistas como sector importante del Estado refuercen su confianza en las instituciones estatales encargadas de garantizar sus derechos sobre los bienes de fraccionamientos.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 65, fracción I de la Constitución Política del Estado; 140 y 141 del Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del Pueblo es de decretarse y se decreta:

LEY DE FRACCIONAMIENTOS RURALES PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

Capítulo único
Disposiciones preliminares

Artículo primero. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés social, de aplicación general en el Estado de Zacatecas y tiene por objeto:

I. Regular los procedimientos administrativos que se promuevan por los fraccionistas o interesados y que se generen con motivo de la tenencia de la tierra en zonas de fraccionamientos; asimismo, fijar las bases para resolver cualquier controversia entre los titulares;

II. Regular los procedimientos sucesorios que deban tramitarse ante la Dirección de Fraccionamientos Rurales con motivo del fallecimiento de un fraccionista;

III. Controlar y organizar los fraccionamientos, así como promover el mejoramiento de la explotación del terreno, atendiendo primordialmente a su vocación productiva;

IV. Estipular las normas y lineamientos conforme a los cuales se sujetará la regularización de los asentamientos humanos que vienen a constituir las colonias establecidas dentro de los terrenos de fraccionamientos; así como la autorización y ejecución de nuevos asentamientos y construcciones urbanas, lotificaciones, relotificaciones, fusiones y subdivisiones de áreas y predios dentro de la jurisdicción de cada municipio, así como de las actividades tendientes al mejoramiento, reordenación, remodelación o restauración de las colonias ya establecidas y de las que se originen;

V. Establecer las zonas que deban destinarse como terrenos de agostadero de uso común, sin que constituya cotitularidad;

VI. Delimitar, las zonas de protección, y en aquellos lugares donde se obstaculiza el libre tránsito de la comunidad, las áreas para el mismo;

VII. Establecer los procedimientos a través de los cuales se llevará a cabo el cambio de régimen de propiedad, el cual podrá ser de forma voluntaria o de oficio mediante alguno de los programas que implemente la Secretaría;

VIII. Fijar las servidumbres que deban establecerse en los predios para el aprovechamiento de los aguajes, los que se considerarán de uso común; y

IX. Regularizar las zonas urbanas establecidas o que lleguen a establecerse en terrenos de fraccionamientos.

Art. 2º Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Ley: la presente Ley de Fraccionamientos Rurales del Estado de Zacatecas;

II. Dirección: La Dirección de Regularización de Fraccionamientos Rurales, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial;

III. Director: el titular de la Dirección de Fraccionamientos;

IV. Dirección de Catastro: la Dirección de Catastro y Registro Público dependiente de la Secretaría de Finanzas;

V. Registro Público: el Registro Público de la Propiedad y el Comercio;

VI. Periódico Oficial: el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado;

VII. Lote: extensión de terreno originada en el fraccionamiento de los excedentes que señala la fracción XVII del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VIII. Fraccionamiento rural: conjunto de lotes de fraccionamiento rural;

IX. Fraccionista: el titular de un lote o lotes pertenecientes al régimen de fraccionamientos rurales;

X. Reglamento: al Reglamento de la presente Ley;

XI. Colonia: asentamientos urbanos ubicados en terrenos de fraccionamiento rural;

XII. Libro de gobierno: aquél en donde se registren las promociones y correspondencia que ingrese a la Dirección;

XIII. Abandono: no trabajar la tierra por cinco años consecutivos, sin causa justificada;

XIV. Días: referido a días hábiles;

XV. Secretaría: A la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial;

XVI. Certificación: A los trabajos técnicos que tienen por objeto determinar con precisión, la plena identificación, la exacta ubicación, las medidas, colindancias y superficies existentes de los inmuebles materia del procedimiento, de cambio de régimen y programas de regularización, la cual consistente en la exacta ubicación de las superficies, medidas y colindancias, tipo de suelo y usos de los mismos mediante los sistemas georreferenciados, lo anterior en apego al acuerdo por el que se aprueba la Norma Técnica de Estándares de Exactitud Posicional, así como a los artículos 13, 15, 16, 17, 18, 23 y 24 del Acuerdo por el que se aprueba la Norma Técnica para la Generación, Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales con fines estadísticos y geográficos publicados en el Diario Oficial de la Federación de fechas 23 de diciembre del 2010 y 16 de enero del 2012, respectivamente que se realizará en todos los lotes sujetos al régimen de fraccionamientos rurales.

Art. 3º Las extensiones máximas de los terrenos o lotes en fraccionamientos rurales, que pueden ser adjudicados a un solo individuo o sociedad, corresponden a las señaladas en el artículo 27, fracciones IV y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Reglamentaria de la fracción XVII del mismo ordenamiento.

Art. 4º Los terrenos sujetos al régimen de fraccionamientos son imprescriptibles, inalienables e inembargables; sin embargo, el adjudicatario podrá gravarlos, para lo cual deberá presentar solicitud por escrito ante la dirección acompañada de los siguientes documentos:

I. Certificado de libertad de gravamen;

II. Copia del título; y

III. Comprobante del pago del impuesto predial actualizado.

El director dentro de un término no mayor de tres días, resolverá sobre la autorización solicitada, misma que tendrá validez por un año a partir de su expedición.

En casos urgentes o por orden judicial, el director podrá otorgar autorización sin previa solicitud del adjudicatario.

Tratándose de lotes sujetos al régimen del patrimonio de familia, se estará a lo dispuesto por el capítulo III del título tercero de esta Ley.

Cualquier gravamen constituido en contravención de esta disposición será nulo y el oficial del Registro Público rechazará su inscripción.

Art. 4° bis. Cuando la Dirección, mediante el procedimiento correspondiente declare la vacancia de un lote y en él se encuentren asentamientos humanos, la Secretaría mediante la declaratoria correspondiente, podrá incluir tales asentamientos al programa de regularización que la misma Dependencia implemente, para otorgarles el dominio pleno respecto de sus posesiones.

Lo anterior con apego a los Programas de Regularización de la Tenencia de la Tierra que se expidan.

TÍTULO SEGUNDO
De las facultades de la Dirección

Capítulo único

Art. 5º Corresponde al director:

I. Aplicar y vigilar el cumplimiento de la presente Ley;

II. Exhortar a los fraccionistas o interesados involucrados en los procedimientos administrativos a una concertación de mutuo beneficio, cuando exista conflicto de intereses;

III. Substanciar y resolver los procedimientos administrativos contemplados en la presente Ley y su Reglamento;

IV. Ejecutar las resoluciones que se dicten en los procedimientos administrativos;

V. Ordenar el levantamiento de estudios técnicos en aquellos terrenos donde se pretenda establecer una nueva zona de fraccionamientos, a efecto de determinar la localización y calidad del terreno para su correspondiente identificación;

VI. Promover la organización y capacitación de los fraccionistas; de conformidad con lo establecido en el Reglamento;

VII. Expedir los títulos a favor de los adjudicatarios que así lo soliciten en los términos de la presente Ley;

VIII. Fijar las bases que deban observarse para decretar la reserva territorial que se destinará a establecer las colonias en los fraccionamientos;

IX. Elaborar el proyecto de Reglamento de la Ley y someterlo a la consideración del Secretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial;

X. Autorizar itinerancias en las zonas de fraccionamientos rurales para la atención de los asuntos de su competencia;

XI. [Derogada]; y

XII. Todas las demás que se deriven de esta Ley y su Reglamento.

Art. 6º Todos los actos a que se refiere la presente Ley, deberán ser tramitados por los interesados o su representante legal.

Asimismo, los interesados podrán hacerse patrocinar o representar en un procedimiento por uno o más abogados o procuradores, quienes podrán llevar a cabo directamente en beneficio de la parte que los designe, todos los actos procesales que correspondan a la misma, excepto aquellos que impliquen disposición del derecho de litigio y los que conforme a la Ley estén reservados personalmente para los interesados.

En caso de incapacidad natural o legal se estará a lo señalado en el Código Familiar del Estado.

TÍTULO TERCERO
De los fraccionamientos rurales

Capítulo I
De los fraccionamientos agrícolas y ganaderos

Art. 7º Todas las cuestiones que se relacionen con la ganadería en los terrenos de fraccionamientos del Estado, se sujetarán a la Ley de Fomento a la Ganadería del Estado de Zacatecas y su Reglamento y a los principios establecidos en la presente Ley.

Art. 8º La capacidad forrajera de un predio ganadero se determinará en la forma que establece la Ley de Fomento a la Ganadería del Estado de Zacatecas.

Art. 9º A la parte no utilizable de los lotes de fraccionamientos para fines ganaderos se les dará el uso que las necesidades sociales y de los fraccionistas requieran, tomando en cuenta la vocación productiva de la tierra y sin afectar el entorno ecológico.

Art. 10. Sólo se concederá autorización para la explotación de predios agrícolas, si la autoridad competente emite opinión de que dichos predios son susceptibles de aprovechamiento para ese fin, expresando los motivos técnicos que tenga para ello.

Art. 11. Las sociedades de producción agrícola o ganadera que se constituyan por los fraccionistas, se sujetarán a las bases que establece el capítulo IV del título tercero de esta Ley.

Art. 12. En todo fraccionamiento los aguajes serán de uso común. La Dirección, a petición de parte interesada o de oficio, designará al comisionado que deberá llevar a cabo los trabajos técnicos para delimitar la zona de protección correspondiente, así como las servidumbres a que hubiere lugar. El valor de la zona de protección no se incluirá en el precio de los lotes cuando los aguajes se construyan por cooperación de los adjudicatarios.

Los conflictos que sobre el particular se susciten serán resueltos conforme a las reglas establecidas para los procedimientos administrativos de apeo y deslinde.

Capítulo II
De las colonias en los terrenos de fraccionamientos

Art. 13. Se reconoce la validez de los títulos de los lotes otorgados por el Ejecutivo del Estado con anterioridad a la presente Ley y relativa a las colonias establecidas en los terrenos de fraccionamientos, manteniéndose, por lo tanto, vigentes para los fines que aquí se persiguen.

Art. 14. Como consecuencia de lo señalado en el artículo anterior, los lotes que integran las zonas urbanas, constituyen propiedad social de los adjudicatarios y por tanto son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Art. 15. A partir de la vigencia de la presente Ley, los lotes que integran las zonas urbanas y colonias quedarán amparados por la misma, teniendo el director la facultad de expedir los títulos correspondientes y que podrán ser agregados a los que se hubieren otorgado con anterioridad, en terrenos no urbanos.

Art. 16. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que pretendan fraccionar, lotificar, relotificar, fusionar o subdividir áreas y predios dentro de las zonas urbanas constituidas sobre terrenos de fraccionamientos, deberán sujetarse a las disposiciones de esta Ley. En todo lo no previsto en la misma, se aplicará de manera supletoria lo establecido a este respecto por la legislación referente a los fraccionamientos urbanos del Estado.

Art. 17. Para constituir o realizar una zona urbana dentro de los terrenos de fraccionamientos, para llevar a efecto lotificaciones, subdivisiones, desmembraciones, fusiones o relotificaciones de áreas o predios, es indispensable obtener autorización de la Dirección, misma que sólo se concederá cuando se cuente con la aprobación del ayuntamiento respectivo y se cumpla por parte de los solicitantes, con todos los requisitos exigidos por esta Ley, previo pago de los derechos de la expedición del título.

Art. 18. Todo lo relativo a impuestos prediales respecto de los bienes existentes a la fecha en las colonias, se rige por la Ley de Ingresos del Municipio.

Art. 19. El Gobierno del Estado y los municipios respectivos, apoyarán los programas de modernización y actualización de las colonias, de acuerdo con los programas de desarrollo urbano aplicables al campo.

Art. 20. Las colonias se regularán conforme a las características mínimas que para los fraccionamientos habitacionales campestres, señala la normatividad en materia de desarrollo urbano del Estado.

Art. 21. La gestión para la regularización de los asentamientos actualmente existentes, así como para la constitución de nuevas zonas urbanas, será realizada por la persona física o moral que tenga interés sobre el predio objeto de la solicitud, debiendo cumplir con los requisitos que para tal efecto señala el artículo 89 de esta Ley.

Capítulo III
Del patrimonio de familia

Art. 22. Se reconoce como medio eficaz para la protección de la familia, la constitución de su patrimonio. Todos los titulares de lotes dentro de la zona urbana y adjudicatarios de lotes destinados al cultivo o ganadería, ubicados en terrenos de fraccionamientos que deseen esta protección eficaz, deberán constituir el patrimonio de familia.

Art. 23. Para la constitución y normatividad del patrimonio de familia, se estará a lo dispuesto en el título octavo, capítulo único, denominado «Del Patrimonio de Familia» del Código Familiar del Estado de Zacatecas.

Art. 24. Serán principalmente objeto del patrimonio de familia:

I. El solar, la casa-habitación de la familia y su menaje;

II. El predio destinado para la explotación agropecuaria; y

III. Los muebles o máquinas de uso comercial, industrial o agropecuario, de cuya explotación obtenga la familia lo indispensable para satisfacer sus necesidades de subsistencia.

Art. 25. Como consecuencia de la constitución del patrimonio de familia, los lotes, tanto de la zona urbana como de la agropecuaria, ubicados en los terrenos de fraccionamientos, adquieren las características que corresponden a la propiedad social, por lo que son inalienables, inembargables e imprescriptibles, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes relativas al desarrollo urbano o los convenios de conurbación.

Capítulo IV
De las asociaciones y sociedades

Art. 26. Los fraccionistas que se encuentren en ejercicio de sus derechos, podrán libremente asociarse, de acuerdo a las leyes aplicables al caso, para incrementar la producción, distribución, comercialización y consumo de los bienes que se obtengan con la explotación de los terrenos, de acuerdo con el destino propio de los mismos.

Art. 27. La asociación o sociedad no podrá constituirse si se afecta con ello la naturaleza jurídica de los lotes de fraccionamientos.

Art. 28. El Estado apoyará todo sistema de asociación o sociedad que tenga como finalidad lo establecido en el artículo 27 de esta Ley.

Art. 29. Los fraccionistas que decidan constituir una sociedad o asociación para los fines indicados en el artículo 26 de esta Ley, lo harán cumpliendo los siguientes requisitos:

I. Se constituirá ante Notario Público, presentándose copia certificada del acta respectiva a la Dirección, y se señalará con precisión el o los lotes afectados a la sociedad o asociación, indicando su ubicación, superficie y la calidad de la tierra;

II. La asociación no deberá poseer más de quinientas hectáreas de riego o su equivalente en tierras de labor, a razón de dos hectáreas por cada una de riego;

III. En cuanto a la asociación ganadera en terrenos de fraccionamientos, se sujetará a las reglas que señale la Ley de Fomento a la Ganadería del Estado de Zacatecas y su Reglamento;

IV. El contrato de asociación respetará la libre voluntad de las partes, siempre y cuando se sujeten a los principios establecidos en el artículo 27 constitucional y a lo señalado por la presente Ley;

V. Los impuestos que deba cubrir la asociación al Estado, serán iguales a la suma de los que cada uno de sus miembros pagaban hasta antes de la constitución de aquélla;

VI. Los miembros de la asociación o sociedad no podrán ser obligados a permanecer en la misma más allá de la vigencia del contrato;

VII. Si existe motivo justificado para que alguno de los miembros de la asociación o sociedad se separe de la misma o deba procederse a la liquidación correspondiente, se observará lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, con audiencia del Ministerio Público y de los fraccionistas asociados; y

VIII. Cuando se hubiere constituido sociedad o asociación se presentará copia fotostática certificada del acta constitutiva ante la Dirección.

Art. 30. Mientras dure la sociedad o asociación de que se trate, ningún miembro de la misma podrá renunciar a sus derechos respecto de los lotes aportados.

Solamente podrá renunciar a sus derechos cuando, por escrito, la sociedad o asociación a la que pertenezca le hubiera dado el consentimiento para tal efecto.

Art. 31. Al autorizarse la separación de socios o la liquidación de la sociedad, se conservará la titularidad de los lotes en favor de quienes han tenido el carácter de fraccionistas. En los demás casos se aplicarán las normas establecidas en el título cuarto de esta Ley.

Art. 32. La obtención de créditos en favor de la sociedad o asociación de producción, no deberá afectar la naturaleza jurídica y patrimonial de los fraccionamientos, por lo que cualquier contrato o acto que contravenga lo dispuesto en este artículo, será nulo de pleno derecho.

Art. 33. En el caso de que para el fin antes indicado o para otro semejante, deban organizarse los fraccionistas en número no inferior a diez, elegirán a un Comité Directivo, que estará conformado por:

I. Un presidente;

II. Un secretario; y

III. Un tesorero.

Art. 34. Los miembros del Comité serán designados por elección directa y secreta, por mayoría de votos, lo cual se hará constar en el acta que al efecto se levante en la sesión que suscribirán los socios asistentes.

Art. 35. Los integrantes del Comité a que se refieren los artículos anteriores, tendrán las facultades siguientes:

I. Cuidarán de la observancia de la presente Ley y su Reglamento;

II. Informarán a la Dirección de las irregularidades que se presenten en relación con la titulación, vías de tránsito, aguajes y abandono de lotes;

III. Extenderán constancias a sus representados para los trámites que éstos efectúen en forma particular ante la Dirección;

IV. Ejercerán la representación legal de la sociedad solidaria y mancomunadamente; y

V. Las demás que se les conceda expresamente por la asamblea y de acuerdo con su reglamento interno, así como por las leyes de la materia.

TÍTULO CUARTO
De los procedimientos administrativos

Capítulo I
Disposiciones preliminares

Art. 36. Todo procedimiento administrativo que implique controversia respecto a la titularidad de derechos, se sustanciará conforme a las reglas establecidas en el presente título y deberá ser instaurada por quien tenga interés legítimo.

Art. 37. Siempre que dos o más interesados ejerciten una misma acción o hagan valer algún derecho, deberán litigar unidas y bajo una misma representación; en caso de omisión de representante común, la autoridad administrativa designará al que figure en primer término.

Art. 38. Cualquier incidente que se promueva dentro de los procedimientos administrativos que esta Ley contempla, no suspenderá el curso principal del procedimiento de que se trate, mismo que se hará valer ante la Dirección, por escrito, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto que lo motive, en el que se expresará lo que a su derecho conviniere, así como las pruebas que estime pertinentes, fijando los puntos sobre los que versen; una vez desahogadas, en su caso, las pruebas que se hubieren ofrecido en el término que no excederá de diez días, el órgano administrativo resolverá el incidente planteado.

Art. 39. En los procedimientos administrativos, serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional del director, y sólo se rechazarán aquellas que no fuesen ofrecidas conforme a derecho, que no tengan relación con el fondo del asunto, sean improcedentes e innecesarias o contrarias a la moral o al derecho.

Las documentales que se acompañen con la presentación de la demanda o en la contestación, serán tomadas como medios de prueba de las partes, aún cuando no hayan sido ofrecidas como tal.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya emitido la resolución definitiva.

Las pruebas se recibirán con citación a los interesados.

Art. 40. El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas, se realizará decretando un periodo de quince días, debiendo ser valoradas por el órgano competente para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de conformidad con lo que al efecto establezca el Reglamento.

Art. 41. Serán de aplicación supletoria a la presente Ley:

I. En materia sustantiva, el Código Civil del Estado; y

II. En materia adjetiva, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado.

Capítulo II
De los términos

Art. 42. Los términos empezarán a correr desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación.

Cuando fueren varios los interesados y el término es común, se contará desde el día siguiente a aquél en que todas hayan quedado notificadas.

En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones administrativas, excepto los términos que se cuenten por meses o años, los que se computarán por meses o años naturales; pero si el último día fuere inhábil, el término concluirá el primero que siga si fuere útil. Los días se entenderán de veinticuatro horas naturales contados de las veinticuatro a las veinticuatro.

Art. 43. Se hará constar en los autos el día en que comienzan a correr los términos y aquél en que deban concluir. La omisión de esta constancia no impide el transcurso de los términos, pero el responsable será sancionado disciplinariamente.

El error en los cómputos podrá corregirse de oficio o a petición de parte, sin necesidad de substanciar artículo. En ningún caso el error en los cómputos podrá hacerse valer en perjuicio de los interesados. El error que consista en computar un número mayor de días, que el que legalmente corresponda, deberá reclamarse dentro de los tres días siguientes a la fecha en que el mismo se haga saber y la falta de reclamación convalida el cómputo.

Art. 44. Una vez concluidos los términos fijados a los interesados, sin necesidad de que se acuse rebeldía, seguirá el procedimiento su curso y se tendrá por perdido el derecho que dentro de ellos, debió ejercitarse, salvo los casos en que la Ley disponga otra cosa. Vencido un término, se dará cuenta inmediata, y el director, sin necesidad de acuse de rebeldía, dictará la resolución que corresponda, según el estado del procedimiento.

Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo el término para deducir derechos y para expresar agravios. En estos casos el derecho subsistirá hasta el momento en que se acuse rebeldía.

Art. 45. Los términos que por disposición expresa de la Ley o por la naturaleza del caso no son individuales, se tienen por comunes para las partes.

Art. 46. Siempre que la práctica de un acto requiera citación de personas que estén fuera del lugar del procedimiento para que concurran ante la Dirección, se debe fijar un término que se aumente al señalado por la Ley y que será el que se considere prudente atendiendo a la mayor o menor facilidad de comunicaciones; pero el mínimo será de tres días más, si la distancia fuere de cien kilómetros o menor en caso de que el citado radique dentro de la República, salvo en los casos en que la Ley prevenga expresamente lo contrario.

Si el interesado residiere en el extranjero, el director ampliará el término de la notificación a todo el que considere necesario ante las distancias y la mayor o menor facilidad de comunicaciones. Si el interesado que radique en el lugar del juicio prueba fehacientemente que en la fecha de la notificación se encontraba ausente, se le admitirá la contestación hasta antes de que concluya el término de prueba, prorrogándose éste por diez días comunes para rendir pruebas, si faltare menos de este plazo para la conclusión del término.

Art. 47. Cuando esta Ley no señale términos para la práctica de algún acto o para el ejercicio de algún derecho, se tendrán por señalados los siguientes:

I. Cinco días, para la exhibición de documentos o dictamen de peritos, a no ser que por circunstancias especiales creyere el director justo ampliar el término, lo cual podrá hacerse por el que se necesite, sin que exceda de quince días;

II. Tres días, para los demás casos; y

III. Cinco días, para que dentro de ellos el director fije la fecha en que deben tener lugar la celebración de juntas, reconocimiento de documentos y otras diligencias, plazo que podrá ampliarse hasta por diez días cuando el director lo estime necesario.

Art. 48. Serán prorrogables los términos cuando medie acuerdo entre las partes siempre y cuando no esté expresamente prohibido por la Ley.

No se concederá prórroga alguna sino con audiencia de la parte contraria y siempre que fuere solicitada antes de que expire el término señalado. Las prórrogas se concederán por una sola vez y hasta el doble del plazo fijado por la Ley.

Art. 49. Serán improrrogables los términos señalados:

I. Para interponer recursos;

II. Para pedir aclaración de sentencia;

III. Para oponerse a la ejecución; o

IV. Para cualesquiera otros, expresamente determinados en la Ley.

Capítulo III
De las notificaciones

Art. 50. Las notificaciones de los actos administrativos podrán realizarse:

I. Personalmente;

II. Por lista;

III. Por cédula que se fije en los estrados de la Dirección;

IV. Por edictos; o

V. Por correo certificado con acuse de recibo.

Art. 51. Las notificaciones personales, se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante la Dirección en el procedimiento administrativo de que se trate. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado, debiendo entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que efectúe la diligencia, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la misma. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez.

Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o a su representante legal, de negarse éstos a recibirla o, en su caso, de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en lugar visible del domicilio.

La primera notificación que se realice a los interesados dentro de los procedimientos administrativos se hará de manera personal, y en caso de que no se encontrare en su domicilio, se dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente. En caso de que no espere, se le hará la notificación por cédula que se entregará a los parientes o a cualquier otra persona adulta que viva en la finca, después de que el notificador se haya cerciorado que allí tiene su domicilio la persona que deba ser citada.

De las diligencias en que conste la notificación, el notificador tomará razón por escrito.

Art. 52. Las notificaciones por edictos se realizarán haciendo publicaciones que contendrán un extracto de las resoluciones por notificar. Dichas publicaciones deberán efectuarse dos veces consecutivas de nueve en nueve días, en el Periódico Oficial y en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado.

Art. 53. Las notificaciones surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas.

Se tendrá como fecha de notificación por correo certificado, la que conste en el acuse de recibo.

En las notificaciones por edictos, se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación en el Periódico Oficial y en uno de los periódicos de mayor circulación en el Estado.

Art. 54. Además de la primera notificación, se harán personalmente las siguientes:

I. Las resoluciones interlocutorias y definitivas;

II. El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; y

III. Cuando se trate de casos urgentes y el director así lo determine.

Art. 55. Las notificaciones surtirán sus efectos como si hubieran sido legalmente hechas, a partir de la fecha en que el interesado se hubiere manifestado en cualquier forma sabedor de la resolución notificada, incluyéndose en esta regla la primera notificación.

Art. 56. El afectado por una notificación irregular, podrá impugnarla por escrito presentado ante la Dirección, expresando los motivos de ilegalidad de que aquella estuviere afectada; dicho planteamiento se resolverá de plano o mandándola substanciar con vista a los interesados por el término de tres días.

Art. 57. El promovente o las partes, en el primer escrito que presenten, deberán designar domicilio en la capital del Estado o zona conurbada en el que deban recibir las notificaciones y se practiquen las diligencias necesarias; de igual manera, deberán proporcionar el domicilio en el que ha de hacerse la primera notificación de la persona o personas interesadas.

Cuando alguna de las partes no cumpla con lo prevenido en cuanto a designación de domicilio para recibir notificaciones, éstas, aún las que conforme a la Ley deban hacerse personalmente, se harán por cédula que se fije en los estrados de la Dirección.

Capítulo IV
De la forma de los actos administrativos

Art. 58. Los actos procesales para los que la Ley no exija formas determinadas, podrán realizarse en la que sea adecuada para que cumplan su finalidad.

Art. 59. En las actuaciones administrativas y las promociones deberá emplearse el idioma castellano.

Cuando se exhiban en un procedimiento documentos redactados en idioma extranjero, el solicitante que los presente, deberá acompañarlos con la correspondiente traducción al castellano. Si algún interesado lo objeta o el director lo estima necesario, se nombrará perito traductor para el cotejo.

Cuando deba oírse a una persona que no conozca el idioma castellano, el director lo hará por medio del intérprete que designe al efecto. El sordomudo será examinado por escrito y de ser necesario, mediante intérprete.

Art. 60. En los actos administrativos no se emplearán abreviaturas ni se rasparán las partes equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que permita su lectura y se entrerrenglonarán las que se agreguen, salvándose al final con toda precisión el error cometido. En las actas, las fechas se escribirán con letra e igualmente los números cuando representen cantidades en dinero. Se dejarán los márgenes necesarios a efecto de permitir la lectura una vez glosado el documento.

Art. 61. Las actuaciones administrativas deberán ser autorizadas por el jefe del departamento que corresponda dar fe o certificar el acto, por lo que no surtirán efectos legales si falta este requisito.

Art. 62. El director tomará personalmente las protestas y autorizará bajo su responsabilidad todas las actuaciones de prueba. De todas las audiencias se levantará acta, la que deberá contener la indicación de las personas que han intervenido y las circunstancias del lugar y tiempo en que se cumplan las diligencias a que se refiera; deberá además contener la descripción de las actividades realizadas, de los reconocimientos efectuados y de las declaraciones recibidas. Una vez redactada el acta, se le dará lectura y pedirá a las personas que intervengan, que la firmen. Si alguna de ellas no puede o no quiere firmar, se dejará constancia de este hecho. En todo caso, las actas serán suscritas por los servidores públicos que intervengan.

Art. 63. Las audiencias serán presididas por el director, quien podrá disponer lo que fuere necesario para que se desarrollen en forma ordenada y expedita; dirigirá el debate y señalará los puntos a que deba circunscribirse, pudiendo suspenderlo o declararlo cerrado cuando prudentemente lo estime oportuno.

Art. 64. El director procurará mantener el buen orden y exigir que se guarde el respeto y consideración que corresponde, corrigiendo en el acto las faltas que se cometieren, con las sanciones autorizadas por la Ley y si así lo considera, empleando la fuerza pública. Si las faltas llegaren a constituir delitos, se procederá de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal para el Estado.

Las correcciones disciplinarias autorizadas por la presente Ley, serán las siguientes:

I. El apercibimiento o amonestación;

II. La multa hasta veinticinco salarios mínimos; o

III. El arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, cuando las circunstancias así lo ameriten.

Art. 65. Todas las actuaciones de la Dirección, se practicarán en días y horas hábiles, las cuales se comprenderán de las siete a las dieciocho horas. Son días hábiles todos los del año, a excepción de los sábados y domingos, aquéllos que las leyes declaren festivos y los declarados como inhábiles en calendario oficial expedido cada año por el Secretario General de Gobierno.

Una diligencia iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez.

El director, en caso de urgencia o de existir una causa justificada, podrá habilitar horas inhábiles cuando el caso particular así lo amerite y le sea solicitado por los interesados, pudiendo incluso decretarlo de oficio.

Art. 66. Los ocursos o escritos de los solicitantes o de su representante legal, deberán indicar a la autoridad administrativa a quien se dirigen, la designación del procedimiento a que se refieren y la petición que se formule, salvo aquéllos en que la Ley disponga que se llenen otros requisitos.

Los escritos deberán ir firmados por los solicitantes o por sus representantes legales debidamente acreditados. En caso de que el interesado no supiere leer o no pudiere firmar, se ratificarán con la impresión dígito-pulgar derecha correspondiente y si esto no fuere posible lo hará a su ruego, otra persona haciendo constar esta circunstancia ante dos testigos, cuyos datos particulares deberán expresarse en el escrito.

De todos los escritos y documentos se presentarán copias para los interesados. La omisión de las copias no será motivo para dejar de admitir los escritos y documentos que se presenten, pero en este caso, el director podrá mandarlas hacer a costa del que debió presentarlas.

Los escritos y documentos a que se refiere este artículo deberán presentarse ante la oficialía de partes de la Dirección, según corresponda y lo determine el Reglamento. El responsable de las mismas deberá entregarlos al jefe del departamento que corresponda a más tardar al inicio de la jornada laboral del día hábil siguiente al en que los reciban, salvo aquéllos casos en que se soliciten medidas urgentes o de término o que conforme a la Ley deban resolverse inmediatamente, por lo que dicha circunstancia se hará del conocimiento del director para que prevea lo conducente.

Los escritos a que se refiere la última parte del párrafo anterior y que impliquen un término perentorio para su presentación o en los que se soliciten medidas urgentes, podrán presentarse fuera del horario normal de labores, ante el responsable de la oficialía correspondiente.

Art. 67. El responsable de la oficialía de partes impondrá el sello oficial y hará constar el día y la hora en que se presenten los escritos y razón de los documentos que se anexen.

Art. 68. Los autos que en su caso perdieren, serán repuestos a costa del responsable de la pérdida, quien además pagará los daños y perjuicios, quedando sujeto a las disposiciones previstas en el Código Penal para el Estado y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores del Estado y Municipios de Zacatecas.

La reposición se substanciará en la vía incidental y sin necesidad de acuerdo, se hará constar, desde luego, la existencia anterior y falta posterior del expediente.

Los interesados están obligados a aportar para la reposición de los expedientes, las copias de documentos, escritos, diligencias o resoluciones administrativas que obren en su poder y el director tendrá las más amplias facultades para apoyarse de los medios de apremio que autoriza la Ley.

Art. 69. Las partes tienen la facultad de pedir que se expidan a su costa copias autorizadas de cualquier expediente. Las copias se expedirán sin necesidad de citación a los demás interesados, pero en todo caso, el director podrá mandarlas adicionar con las constancias que estime pertinentes. Si se pide copia de una resolución que ha sido revocada posteriormente mediante cualquier recurso, declarada nula o del nombramiento del albacea, que hubiere sido removido de su cargo, al expedirse deberá hacerse constar de oficio esta circunstancia.

Art. 70. Las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades o requisitos establecidos por la presente Ley, de manera que por esta falta quede sin defensa cualquiera de los interesados o cuando en ellas se cometan errores substanciales y además, en el caso que la Ley expresamente lo determine.

El director puede en cualquier tiempo, aunque no lo soliciten los interesados, mandar corregir o reponer las actuaciones defectuosas, siempre que ello no afecte el contenido o esencia de las mismas.

Art. 71. En los casos en que la nulidad de que se trata en el artículo anterior se haga valer por parte interesada, se tramitarán en la vía incidental mediante vista a los demás interesados por el término de tres días, la cual se resolverá dentro de los tres días siguientes. El incidente se tramitará sin suspensión del procedimiento.

Art. 72. El director, de oficio o a petición de parte interesada, cuando se inicie o se tramite cualquier procedimiento administrativo, podrá disponer su acumulación. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno.

Capítulo V
De las resoluciones administrativas

Art. 73. Para los efectos de la presente Ley, las resoluciones administrativas se clasifican en la forma siguiente:

I. Proveídos, son simples determinaciones de trámite, sin que impliquen impulso al procedimiento;

II. Autos, aquellas resoluciones que ordenen o impulsen el procedimiento, o de los que se pueden derivar cargas o afectar derechos;

III. Interlocutorias, las que resuelven algún incidente, alguna cuestión previa o bien decidan algún punto procesal que implique contradicción entre los interesados; y

IV. Definitivas, cuando decidan el fondo del negocio o debate.

Art. 74. Para la redacción de las resoluciones no se requiere forma especial, pudiendo el director adoptar la que juzgue adecuada, sin perjuicio de la observancia de las reglas establecidas en los artículos siguientes.

Las resoluciones interlocutorias y definitivas deberán contener:

I. La fecha en que se dicte;

II. Los nombres de los interesados o sus representantes legales;

III. Una relación sucinta del negocio por resolver;

IV. Los fundamentos legales del fallo; y

V. Los puntos resolutivos.

Art. 75. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste. La resolución que ponga fin al procedimiento administrativo decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y de oficio las derivadas del mismo.

Art. 76. Cuando la resolución definitiva contenga omisiones sobre puntos discutidos, errores materiales, de cálculo, ambigüedades o contradicciones evidentes, de oficio o por cualquiera de los interesados podrá pedir que se integren o se aclaren estos puntos.

Art. 77. La petición se formulará por escrito, en el que con toda precisión se exprese la falta que se reclame, pudiendo sugerirse la forma para subsanarla. La aclaración puede pedirse sólo una vez y dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución.

El director resolverá de plano dentro del tercer día lo que estime procedente, pero sin variar en lo esencial la resolución. La petición de aclaración suspende el término señalado para la revisión, que comenzará a correr de nuevo una vez notificada la resolución respectiva.

Capítulo VI
De la interrupción y suspensión del procedimiento

Art. 78. El procedimiento se interrumpe:

I. Por muerte de uno de los interesados. Si éste hubiere estado representado por mandatario, no se interrumpirá hasta en tanto los herederos se apersonan en el procedimiento. Si no hubiere mandatario, la interrupción durará mientras no se apersonen los herederos reconocidos o representantes de la parte fallecida. Si no se apersonan, a petición de parte interesada, el director fijará un plazo razonable para que lo hagan y mandará notificarlo al representante de la sucesión. Si no comparece, el procedimiento se continuará en su rebeldía una vez transcurrido el plazo fijado;

II. Por pérdida de la capacidad procesal. En este caso, el procedimiento se interrumpirá hasta que se hubiere nombrado representante legal de la parte mencionada y se le haga conocer su reanudación; y

III. Por muerte o impedimento del represente legal. En este caso el procedimiento se reanudará tan pronto como se notifique a la parte interesada para que provea la substitución del representante desaparecido o ésta se apersone voluntariamente, por sí o por medio de nuevo mandatario o patrono;

IV. Si la suspensión del procedimiento tarda más de 180 días, la dirección resolverá tener por no interpuesta la acción planteada y en consecuencia mandar al archivo definitivo el expediente.

Art. 79. Durante la interrupción no pueden realizarse actos procesales y este lapso no se computará en ningún término. Los términos correrán nuevamente desde el día en que cese la causa de interrupción. Los actos procesales que se verifiquen se considerarán como no realizados, sin que sea necesario pedir ni declarar su nulidad. Se exceptúan las medidas urgentes y de aseguramiento que sean necesarias a juicio del director y aquéllas de mero trámite que no impliquen impulso del procedimiento, las que sí podrán ser autorizadas.

Art. 80. Contra el auto que ordene la interrupción del procedimiento y los que la levanten procederá el recurso de revisión.

Capítulo VII
De la forma de extinción de los procedimientos administrativos

Art. 81. Ponen fin al procedimiento administrativo:

I. La resolución del mismo;

II. El desistimiento;

III. La renuncia de derecho en que se funde su solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico;

IV. La declaración de caducidad;

V. La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas; y

VI. El convenio de los interesados, siempre y cuando no sea contrario a derecho.

Art. 82. Todo interesado podrá desistirse de su solicitud o renunciar a sus derechos, cuando éstos no sean de interés público. Si el escrito de iniciación se hubiere formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquél que lo hubiese formulado.

Art. 83. En todos los procedimientos administrativos que esta Ley prevé, de oficio o a petición de parte, operará la caducidad de la instancia por inactividad de las partes durante ciento ochenta días naturales.

La caducidad no producirá por sí misma la prescripción de las acciones. Los procedimientos caducos no interrumpen ni suspenden el plazo de prescripción.

Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderán caducos y se procederá al archivo de las actuaciones a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de 60 días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución.

Capítulo VIII
De los procedimientos de desistimiento y adjudicación

Art. 84. Toda solicitud de desistimiento de derechos sobre inmuebles sujetos al régimen de fraccionamientos, debe dirigirse al director y ratificarse en su presencia, deberá además, señalar la causa o motivo de la renuncia a sus derechos y cubrir los requisitos que señale el Reglamento.

Art. 85. Recibida la solicitud de desistimiento y ratificado el mismo, se dictará la resolución correspondiente en la que se declarará vacante el lote objeto del desistimiento, dejándolo a disposición del Estado por conducto de la Dirección; asimismo, se ordenará la cancelación de las inscripciones que se hayan hecho en el Registro Público de la Propiedad y en los padrones fiscales de la Dirección de Catastro.

Art. 86. Una vez hecho el desistimiento y ratificado el mismo, será irrevocable.

Art. 87. Recibido el desistimiento, se integrará el expediente respectivo, trayendo a la vista los antecedentes administrativos de la zona de fraccionamientos y del lote materia de la solicitud.

Se ordenará publicar en el Periódico Oficial, por una sola vez, un aviso en el que se haga saber que se ha declarado vacante el inmueble desistido, para que quienes tengan interés legal en solicitar la adjudicación, lo hagan por escrito dentro de los quince días siguientes a dicha publicación.

Art. 88. Si conjuntamente con el desistimiento se presenta solicitud de adjudicación por persona interesada, se procederá una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley a la adjudicación a su favor del lote o fracción desistido.

Art. 89. Toda solicitud de adjudicación deberá dirigirse al director y el solicitante deberá satisfacer los siguientes requisitos:

I. Indicará el número de lote, nombre del fraccionamiento donde se ubica, superficie, medidas y colindancia, clase de tierra, y sobre todo, la declaración expresa de sujetarse a la forma de pago que la Ley respectiva establezca en la resolución que dicte a su solicitud, tomando como base el avalúo catastral;

II. Deberá ser de nacionalidad mexicana y acreditar que tiene como actividad preponderante la agricultura o la ganadería. Para demostrar lo anterior, es admisible cualquier medio ordinario de prueba, a excepción de la nacionalidad, la que deberá acreditarse con el acta del registro civil correspondiente;

III. En caso de que no sea la ganadería o agricultura su actividad habitual, deberá, bajo protesta, indicar que solicita la adjudicación del lote para dedicarse a ello y su aceptación para acudir a los cursos de capacitación relativos a la actividad, que defina la Dirección;

IV. No poseer en propiedad total una superficie igual o mayor a la señalada en el artículo 3º de esta Ley, bajo cualquier régimen; y

V. Las demás que señale el Reglamento.

Las disposiciones contenidas en las fracciones II y III no son aplicables a los acreedores financieros.

Art. 90. Todo solicitante de un lote que le sea adjudicado en los términos de la presente Ley, asume la responsabilidad de los gravámenes que pesen sobre el mismo.

Art. 91. Toda persona en pleno goce de sus derechos, está facultada para solicitar se adjudiquen en su favor terrenos del régimen de fraccionamientos; pero deberá procurarse, preferentemente, que los nuevos adjudicatarios sean personas que tengan como actividad habitual la agricultura o ganadería, que estén casados o que demuestren ser responsables del sostenimiento de una familia y que sean vecinos del lugar.

Art. 92. Si se presentaran dos o más solicitudes de adjudicación para un mismo lote, se procurará resolver la controversia en la vía conciliatoria, debiendo el director citar a los interesados a la audiencia correspondiente. De no llegar a un acuerdo, se levantará el acta respectiva y dentro del término de quince días la Dirección emitirá la resolución respectiva, adjudicando a quien haya acreditado los supuestos legales.

Art. 93. Hecha la adjudicación se ordenará que dentro del plazo de los 90 días siguientes se expida el título respectivo, debiendo el nuevo adjudicatario pagar a favor del fisco local conforme a lo establecido en la Ley de Ingresos del Estado, además de cubrir los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda y de expedición del título, el cual deberá contener:

I. Nombre del adjudicatario;

II. Ubicación, linderos y superficie del lote, con clasificación del terreno, la cual deberá ser ilustrada con el plano respectivo;

III. Nombre de la finca afectada;

IV. Nombre del fraccionamiento a que corresponda el lote;

V. Valor del lote o lotes; y

VI. La firma del Ejecutivo del Estado o del Secretario.

Art. 94. Contra la resolución que decrete o niegue la adjudicación, procede el recurso de revisión, el que deberá substanciarse en los términos previstos en la presente Ley.

Capítulo IX
De los procedimientos sucesorios

Art. 95. El fraccionista tiene la facultad de designar libremente a la persona o personas que deban sucederle en su derecho.

Art. 96. La designación de sucesores hecha por el fraccionista, no surtirá efecto jurídico alguno, cuando tenga acreedores alimenticios cuyo aseguramiento no hubiere dispuesto antes de su fallecimiento, considerándose inoficiosa la designación en los términos prescritos por el Código Civil del Estado.

Art. 97. Para designar sucesor o sucesores, el fraccionista deberá presentar y ratificar ante la Dirección, solicitud por escrito haciendo saber su voluntad, para lo cual bastará que el adjudicatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas a las cuales deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento. La lista de sucesión deberá ser depositada ante la Dirección; con las mismas formalidades podrá ser modificada por el propio fraccionista, en cuyo caso será válida la de fecha posterior, pudiendo el fraccionista, si a su interés conviene, realizar la designación ante Notario Público, misma que deberá ser depositada en la Dirección para su registro. La notaría pública correspondiente notificará a la Dirección dicho acto dentro de los 30 días posteriores a su realización.

La designación deberá contener como mínimo lo siguiente:

I. Nombre completo del fraccionista;

II. Ubicación del lote o lotes, medidas, colindancias y calidad del terreno;

III. Nombre de la persona o personas a quien designa como su sucesor o sucesores; y

IV. El nombre de la persona que fungirá como albacea de la sucesión.

Art. 98. Recibida la solicitud de designación de sucesores y ratificada la misma, se ordenará su registro en el libro que para tal efecto se lleve en la Dirección; asimismo, se hará la anotación correspondiente en el expediente donde se encuentren los antecedentes administrativos de la zona de fraccionamientos y del lote o lotes. Hecho lo anterior, se ordenará archivar la solicitud de mérito en el expediente relativo al registro de sucesores, previo pago de los derechos correspondientes.

Art. 99. A falta de designación de sucesores, tienen derecho a heredar en el orden siguiente:

I. El cónyuge supérstite; o la concubina o concubinario supérstite y los hijos vivos reconocidos;

II. Los ascendientes; y

III. Los colaterales en primer grado.

Para la asignación de la parte proporcional que le corresponda a cada uno de los herederos reconocidos por la Dirección, se titulará a cada uno de los adjudicatarios la fracción de terreno que le corresponda de manera individual y sin limitación alguna.

Los lotes destinados a zonas urbanas se sujetarán para su división a las reglas establecidas en el Código Urbano del Estado.

Art. 100. A falta de los señalados en el artículo anterior, heredarán los descendientes de segundo o ulterior grado, a falta de éstos, si no los hubiere, los parientes colaterales hasta el cuarto grado.

Art. 101. Cuando no exista pariente alguno que suceda al fraccionista, el lote quedará a disposición del Estado por conducto de la Dirección, quien podrá adjudicarlo a quien reúna los requisitos establecidos por esta Ley o destinarlo como bien de uso común.

Art. 102. El procedimiento de reconocimiento de derechos sucesores se tramitará ante la Dirección, mediante solicitud hecha por escrito por cualquier interesado, la que deberá contener:

I. Nombre del fraccionista, lugar y fecha de la defunción y último domicilio del autor de la sucesión;

II. Ubicación y extensión del lote o lotes, que pertenecieron al autor de la herencia;

III. Nombre y domicilio de los presuntos herederos; y

IV. Deberá exhibirse el título o en su defecto, indicar el lugar donde el mismo se encuentre.

Art. 103. Con el escrito de denuncia de reconocimiento de derechos sucesorios, deberán acompañarse los siguientes documentos:

I. Acta de defunción del autor de la sucesión, de no ser esto posible, la sentencia que declare la presunción de muerte de un ausente;

II. La designación de sucesores si la hubiere;

III. El comprobante fehaciente del parentesco o lazo del denunciante con el autor de la sucesión;

IV. Comprobante que acredite la titularidad de los inmuebles a favor del autor de la sucesión;

V. Certificado de gravámenes de los bienes que conforman el caudal hereditario;

VI. Cuando exista consenso de todos los herederos, se podrá acompañar el proyecto de división del caudal hereditario; y

VII. Copias de la denuncia y anexos para correr traslado a quien corresponda.

Art. 104. Tienen derecho a denunciar la sucesión:

I. El cónyuge supérstite o la concubina o concubinario supérstite;

II. Los herederos del autor de la sucesión, ya sean testamentarios o de sucesión legítima, aún cuando sólo tengan el carácter de presuntos;

III. Los acreedores del autor de la sucesión; y

IV. El Ministerio Público.

Art. 105. Si el denunciante omitiere dolosamente señalar el nombre y domicilio de alguno o algunos de los presuntos herederos, ese solo hecho será suficiente para que pierda su derecho de heredar al autor de la sucesión.

En caso de incomparecencia de los herederos, aún cuando fueren citados oportunamente por cualquier medio, el Ministerio Público hará la representación de los ausentes, menores e incapaces.

Artículo 106. Presentada la denuncia con sus anexos, si se encuentra ajustada a derecho, el Director decretará la radicación del procedimiento y ordenará se haga la anotación correspondiente en el Libro de Gobierno. Si la denuncia fuere irregular o no viniera acompañada de los documentos exigidos por la presente Ley, el Director la mandará corregir o completar, por lo que de no subsanarse tal omisión en un término de tres días, la desechará de plano.

La radicación de todos los procedimientos de reconocimientos de derechos sucesorios, se mandarán hacer del conocimiento del Ministerio Público, corriéndole traslado con las copias de Ley.

Recibida la solicitud de denuncia, el Director señalará día y hora en que deberá llevarse a cabo el reconocimiento de herederos y designación de albacea y se ordenará la publicación del edicto, convocando a interesados y presuntos herederos, así como a todos aquéllos a quienes se crean con derechos a la sucesión, en el Periódico Oficial y en uno de los periódicos de mayor circulación en la entidad, por una sola vez.

Art. 107. El procedimiento de sucesión de derechos se desarrollará en dos secciones a saber:

I. Sección primera, denominada «De Sucesión e Inventario», que contendrá la denuncia, las citaciones y convocatorias, reconocimiento de derechos hereditarios y designación de albacea, resoluciones sobre validez del testamento, capacidad para heredar y preferencia de derechos, así como el inventario de los inmuebles de los cuales es titular el De Cujus. La impugnación de una designación de sucesores se realizarrá en vía incidental;

II. Sección segunda, denominada «De Participación», que contendrá el proyecto de partición de los bienes, los incidentes conexos, los convenios, resoluciones y aplicación de los bienes;

 todo lo relativo a la administración, cuentas, su glosa y calificación; o

III. [Derogada].

Art. 108. [Derogado].

Art. 109. La junta de herederos se desarrollará en la fecha y hora señaladas, procediéndose de la siguiente manera:

I. Se hará constar por la Dirección, si se hicieron oportunamente las citaciones y publicaciones y sólo se suspenderá si no se hubiesen colmado con estos requisitos;

II. Se recibirán los documentos que exhiban los interesados para justificar sus derechos y se dará cuenta con los que ya existan en el expediente;

III. Acto seguido, el director hará la declaratoria de herederos, de acuerdo con los justificantes que se hubiesen presentado y conforme a las reglas establecidas en la presente Ley;

IV. Una vez hecha la declaratoria de herederos, los reconocidos procederán a la designación de albacea por mayoría de votos, la mayoría se calculará por el importe de las porciones. Para hacer este nombramiento, el Ministerio Público representará a los herederos que no concurran, así como a los menores o incapaces que no tengan tutor; y

V. Los herederos reconocidos tendrán quince días hábiles para presentar el proyecto de partición ante la dirección, si no llegaren a ningún arreglo, el director con base a los estudios sobre la calidad y cantidad del terreno que al efecto se realicen, llevará a cabo la distribución, mandando adjudicar a los herederos la parte que les corresponde a cada uno de ellos en un término de quince días hábiles.

Para la asignación que el director haga, en los términos del párrafo anterior, deberá tomarse en cuenta la actividad de los herederos y el lugar de su vecindad, pero siempre deberá procurar que se cause el menor perjuicio posible a éstos.

Art. 110. Si antes de que se dicte el acuerdo de adjudicación, se presenta proyecto de división, se les dará vista a la totalidad de los herederos con el mismo por el término de cinco días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Una vez aprobado el mismo, se dictará el acuerdo de adjudicación y se expedirá el título correspondiente a cada uno de los herederos, dentro de un término que no excederá de 15 días.

El heredero debidamente reconocido, tiene plena libertad para realizar cesión de sus derechos a favor de cualquiera de los herederos o de terceros, así como de repudiar la herencia, siempre y cuando esté firmada y ratificada ante la presencia del director.

Art. 111. La adjudicación hecha por herencia o por desistimiento en favor del cónyuge o pariente en primer grado, no causará el pago del porcentaje a que se refiere el artículo 93 esta Ley, por lo que el nuevo o los nuevos fraccionistas, únicamente cubrirán los derechos de expedición de título e inscripción en el Registro Público.

TÍTULO QUINTO
De los procedimientos de declaración de vacancia, de
apeo y deslinde y de rectificación y reposición de títulos

Capítulo I
De los procedimientos de declaración de vacancia

Art. 112. Son causas para declarar vacante un lote sujeto al régimen de fraccionamientos, las siguientes:

I. Haber sido rematado en pública almoneda;

II. El desistimiento de sus derechos por el fraccionista en términos de la presente Ley;

III. El fallecimiento del fraccionista sin dejar heredero legítimo;

IV. El abandono del terreno por parte de su titular por cinco años consecutivos;

V. La existencia de resolución judicial ejecutoriada, por medio de la cual se acredite que el fraccionista, sembró, cultivó o cosechó estupefacientes o psicotrópicos o haya permitido que otro llevara a cabo tales hechos en el inmueble del cual es titular;

VI. Cuando se demuestre que el fraccionista enajenó el lote a una tercera persona y ésta sea quien promueva la declaración de vacancia; y

VII. En los demás casos establecidos en la presente Ley.

Art. 113. Los adquirentes de un lote de fraccionamientos en pública almoneda deberán presentar ante la Dirección, solicitud de declaración de vacancia a la que acompañarán copia certificada de los siguientes documentos:

I. De la sentencia de remate y del auto que la declare ejecutoriada;

II. De la diligencia de remate; y

III. De la sentencia que aprueba el remate y la adjudicación.

Recibida la solicitud, con los anexos anteriores, el director, dictará la resolución de declaración de vacancia y ordenará la adjudicación del lote al promovente a quien se le haya adjudicado el lote en la diligencia de remate.

Art. 114. Cualquier interesado podrá solicitar la declaración de vacancia de un lote por las causas señaladas en las fracciones II, III, IV, V y VI del artículo 112 de esta Ley. El procedimiento deberá iniciarse de oficio, cuando por cualquier medio tenga conocimiento de que el adjudicatario incurrió en las causales señaladas.

En el caso de la fracción VI del artículo mencionado, corresponde al adquirente del lote iniciar el procedimiento de declaración de vacancia a fin de que se adjudique a su favor.

La solicitud de vacancia deberá presentarse por escrito ante la Dirección, especificando en ella lo siguiente:

I. Nombre del promovente;

II. Lote, superficie y ubicación;

III. Nombre y domicilio del titular, debiendo acompañar para acreditar esta información, el documento idóneo;

IV. La causal de vacancia que invoca; y

V. La relación de hechos.

Si se omitiera alguno de los requisitos señalados, se le requerirá al promovente para que dentro del término de cinco días subsane la deficiencia detectada con el apercibimiento que de no atender la observación, se tendrá por no interpuesto el trámite.

Art. 115. Cuando el lote de fraccionamiento rural se declare vacante a instancia de la Dirección, quedará a disposición del Estado.

En caso de que sea un tercero el que promueva la declaración de vacancia, para la nueva adjudicación se le preferirá en primer lugar cuando así lo solicite.

Art. 116. A la solicitud deberán acompañarse las pruebas que se consideren necesarias para demostrar la pretensión, siempre y cuando tengan relación con los hechos y sean las idóneas para comprobar la petición.

Art. 117. Recibida la solicitud o iniciado el procedimiento oficiosamente, se ordenará notificar al titular del lote de cuya vacancia se solicita, para que en un término de cinco días hábiles, que contarán a partir del día siguiente que surta efectos la notificación, comparezca a deducir su derecho. En caso de omisión, se declarará precluído el derecho que en tiempo tuvo para ejercitar.

La notificación deberá hacerse en el domicilio del adjudicatario, en caso de conocerse éste y si se ignora, se le hará saber la instauración del procedimiento mediante la publicación de edictos por dos veces consecutivas de diez en diez días, en el Periódico Oficial y en uno de mayor circulación en el Estado, haciéndole saber que cuenta con el término de treinta días a partir de la última publicación para que comparezca a deducir su derecho.

La Dirección tendrá las más amplias facultades para allegarse de los elementos que considere necesarios, a fin de tener por acreditado el desconocimiento de domicilio.

Art. 118. Sólo podrá oponerse al procedimiento de vacancia el titular del lote respectivo, en los términos señalados en el artículo anterior, mediante escrito que allegue a la Dirección, anexando las pruebas que considere necesarias para desvirtuar la solicitud.

Art. 119. Respecto a las pruebas que en su caso se presenten, se seguirán las reglas del capítulo respectivo.

Art. 120. Una vez desahogadas las pruebas de los interesados, a petición de parte o de oficio, deberá dictarse la resolución correspondiente, en un término no mayor de quince días.

Capítulo II
De los procedimientos de apeo y deslinde

Art. 121. Procede la tramitación de apeo y deslinde, en los siguientes casos:

I. Cuando se trate de conflictos de medidas y colindancias entre fraccionistas o fraccionamientos;

II. Cuando no se hayan fijado los límites que separan a un lote de otro, o a un fraccionamiento de otro;

III. Cuando habiéndose fijado los límites, haya motivo fundado para creer que no son exactos, porque se hayan destruido las señales o naturalmente se hubieren confundido;

IV. Porque las señales estén colocadas en lugar distinto del primitivo; o

V. Cuando deba establecerse una servidumbre de paso.

Art. 122. El fraccionista que solicite el apeo y deslinde deberá:

I. Poseer título vigente que lo acredite como adjudicatario;

II. [Derogada];

III. Anexar el certificado de inscripción del inmueble en el Registro Público; y

IV. Exhibir el plano correspondiente del lote objeto del apeo y deslinde o servidumbre.

Art. 123. La solicitud deberá formularse directamente a la Dirección y deberá contener:

I. Nombre del fraccionamiento y ubicación del inmueble que debe deslindarse;

II. Nombre de los colindantes y sus domicilios; y

III. El sitio donde deban colocarse las señales, lo que se indicará gráficamente en el plano que se adjunte, cuando se trate de servidumbre de paso.

Art. 124. Recibida la solicitud se hará saber a los colindantes del lote, el día y hora en que deberá llevarse a cabo la diligencia de apeo y deslinde, para que si es su voluntad comparezcan a la misma.

Art. 125. El día y hora señalados, el director acompañado del personal designado o éste solamente si le hubiere encomendado la diligencia, estando presentes los interesados que asistan al lugar designado, dará principio a ella y se llevará a cabo de acuerdo con las reglas siguientes:

I. Se practicará el apeo, asentándose acta en que consten todas las observaciones que hicieren los interesados;

II. La diligencia no se suspenderá por virtud de simples manifestaciones hechas por los interesados, sino en el caso de que alguna persona presente en el acto un documento debidamente registrado que pruebe que el terreno que se trata de deslindar es de su titularidad; y

III. El director o el personal que designe, demarcarán los límites del lote o lotes deslindados, otorgando posesión al promovente respecto de la titularidad que quede comprendida dentro de los mismos, siempre que ninguno de los colindantes se opusiere.

Art. 126. Una vez desahogada la diligencia, el director ordenará que se fijen las señales convenientes en los puntos deslindados, las que quedarán como límites legales y decidirá lo procedente respecto al derecho u obligación de los interesados de cercar el inmueble si así lo solicitan.

Art. 127. Si al momento de la diligencia hubiere oposición fundada de alguno de los colindantes respecto de un punto determinado por considerar que conforme a sus títulos, queda comprendido dentro de los límites del lote del cual es adjudicatario, se suspenderá la diligencia a efecto de que los involucrados designen perito de su parte para desarrollar de nueva cuenta la fijación de los puntos objeto del apeo. Una vez rendidos los dictámenes periciales, la Dirección resolverá en un término de quince días lo que en derecho proceda.

Los honorarios de los peritos que designen los interesados, serán a cargo del oferente.

Capítulo III
De los procedimientos de rectificación y reposición de títulos

Art. 128. Habrá lugar a la rectificación de un título cuando:

I. La superficie otorgada no corresponda con la que en realidad tiene el lote;

II. Exista error en el nombre del fraccionista;

III. Exista algún error en la ubicación, medidas, colindancias o cualquier otro de identificación;

IV. El plano adjunto al título no sea conforme a las especificaciones dadas en el documento o difiera del terreno real a que se refiere;

V. El valor consignado en el título no corresponda a la cantidad que realmente se paga por la adquisición del lote; o

VI. Así lo señale la propia Ley.

Art. 129. La rectificación se solicitará por escrito a la Dirección, en cualquier momento durante la vigencia del título, acompañando las pruebas que justifiquen la petición. En caso contrario, ésta podrá allegarse las que considere necesarias. Demostrada la causa por la que se pide la rectificación, sin más trámite se dictará la resolución correspondiente en un término que no excederá de quince días.

Art. 130. Cuando la rectificación implique aumento o disminución del valor catastral, se hará saber a la oficina recaudadora que corresponda para que se fijen los impuestos que deban cubrirse. Si la rectificación implica aumento o disminución de la superficie del lote, el nuevo título deberá inscribirse en el Registro Público, ordenándose previamente la cancelación de la inscripción anterior.

Art. 131. En el caso de que compareciere un interesado diferente al adjudicatario solicitando la rectificación del título emitido a favor de este último por la causal contemplada en las fracciones I y III del artículo 128 de esta Ley, una vez admitido el trámite deberá fijarse fecha en la que se desahogue una diligencia tendiente a practicar la medición sobre la superficie que ampara el título por parte del personal de la Dirección y de quien señale el promovente; debiendo notificarse la instauración del procedimiento, así como la fecha de la diligencia al adjudicatario a efecto de que si así lo considera señale perito de su parte.

Una vez desahogada la diligencia y emitidos lo dictámenes respectivos, el director valorará la procedencia de la pretensión y emitirá la resolución que corresponda en un término no mayor de quince días.

Art. 132. Si dentro del término fijado en el artículo anterior, el adjudicatario comparece oponiéndose a la rectificación solicitada, se le dará curso siguiendo las reglas que para el procedimiento de nulidad señala la presente Ley.

Art. 133. Habrá lugar a la reposición del título original cuando el interesado lo solicite y sea suficiente la causa en que se funde. Para lo anterior se deberá acompañar a la solicitud, lo siguiente:

I. Copia del duplicado del título o en su defecto el título mutilado o dañado que se pretenda reponer;

II. Certificado de Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;

III. Plano de ubicación del lote que ampare el título; y

IV. Denuncia hecha ante el Ministerio Público competente, respecto del robo o extravío del título.

La Dirección resolverá sobre la reposición del título en el término que para la rectificación establece el presente ordenamiento.

En todo caso, la reposición deberá manifestarse literalmente en el texto del título, conservando todos los demás datos o elementos que figuraron en el original. El Registro Público hará la anotación del caso en el título, de acuerdo con datos constantes en la inscripción respectiva.

TÍTULO SEXTO
Del procedimiento administrativo de nulidad y del
procedimiento administrativo de división de la cosa común

Capítulo I
Del procedimiento administrativo de nulidad

Art. 134. La nulidad de un procedimiento administrativo del que derive una declaratoria de adjudicación se interpondrá ante la dirección y procederá la instauración del mismo en los siguientes casos:

I. Cuando el título se hubiere expedido con base en documentos falsos;

II. Cuando el título se hubiere expedido en favor de quien suplantó al solicitante original;

III. Cuando se haya expedido violando el orden de preferencia señalado en la presente Ley;

IV. Cuando el título haya surgido de un procedimiento administrativo viciado; o

V. Los demás que señale la presente Ley.

Art. 135. El procedimiento administrativo señalado en el artículo anterior sólo podrá ser instado por quien acredite tener un interés legítimo o de oficio por la misma dirección, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en la que tuvo conocimiento de la expedición del título.

La interposición deberá hacerse mediante escrito dirigido a la Dirección y especificando en el mismo:

I. El título motivo del procedimiento, así como el trámite administrativo del que haya derivado;

II. Nombre y domicilio del adjudicatario;

III. La causal de nulidad que invoca;

IV. Una relación clara y sucinta de los hechos que den motivo a la nulidad; y

V. Las pruebas que ofrezca, dentro de las que no serán admisibles la confesional y declaración de parte, en consideración a que la naturaleza de estas pruebas contraviene con la esencia del trámite administrativo, tomando en cuenta que éste no se equipara a una contienda entre particulares, por lo que no es concebible que el adjudicatario esté en aptitud legal de confesar o declarar hechos exclusivos de la autoridad; asimismo la prueba testimonial, ya que la materia del procedimiento de nulidad es derivado de un acto de autoridad, situación que no sería posible deducir a través del dicho de testigos.

Si el promovente fuere omiso respecto a las fracciones I, II y III del presente artículo, se le requerirá para que dentro del plazo de cinco días la subsane, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesto.

Art. 136. Al escrito de solicitud de nulidad el promovente deberá acompañar los siguientes documentos:

I. Copia certificada del título cuya nulidad pretende;

II. Los documentos que justifiquen su interés en el asunto en que comparece;

III. El certificado de inscripción en el Registro Público de la Propiedad del Comercio;

IV. En caso de promover en representación de otra persona, conforme a lo dispuesto en la presente Ley, acompañará los documentos que acrediten tal calidad; y

V. Las pruebas que ofrezca.

Si el promovente fuere omiso respecto a las fracciones I, II y III de este artículo se le requerirá para que dentro del plazo de cinco días la subsane, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesto.

Art. 137. Admitido el procedimiento administrativo, deberá notificarse el mismo de manera personal al adjudicatario que tenga un derecho incompatible con la pretensión del promovente en el domicilio que éste proporcione en su escrito inicial, a efecto de que dentro del término de diez días hábiles comparezca a deducir lo que a sus intereses convenga, ofreciendo las pruebas que estime oportunas para acreditar sus manifestaciones, dentro de las que serán aplicables las reglas contenidas en la fracción V del artículo anterior.

En caso de acreditarse el desconocimiento del domicilio, se le hará saber lo anterior mediante la publicación de un edicto por dos veces consecutivas de nueve en nueve días en el Periódico Oficial y en uno de mayor circulación en el Estado, a fin de que comparezca a manifestar lo que a su interés convenga dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la última publicación.

Si dejare de comparecer en el periodo señalado en los párrafos precedentes, se le tendrá por precluído el derecho que en tiempo tuvo para hacerlo valer y se continuará la secuela del procedimiento, decretándose el periodo de desahogo de pruebas de conformidad con lo establecido en la presente Ley.

Art. 138. Una vez desahogadas las pruebas ofrecidas por los interesados, sin más trámite se dictará la resolución correspondiente en un término no mayor de treinta días.

Art. 139. Al haberse declarado firme la resolución que decreta la validez o nulidad de un título, a instancia de parte interesada y siempre que el adjudicatario a favor del cual se haya emitido, no se encuentre haciendo uso del inmueble respectivo, el director tendrá las más amplias facultades para ordenar su restitución al legítimo adjudicatario.

Capítulo II
Del procedimiento administrativo
de división de la cosa común

Art. 140. Las solicitudes sobre división de la cosa común deberán presentarse ante la Dirección, acompañadas del proyecto de división que propone el solicitante; debiendo notificarse a los cotitulares a efecto de que dentro del término de diez días manifiesten lo que a sus intereses convenga.

Art. 141. Si el derecho a la división no es cuestionado por los interesados, la división se decretará sin más trámite de acuerdo a la propuesta presentada.

Si el derecho a la partición es cuestionado, se les requerirá para que en un término de cinco días concerten en un proyecto de partición, y si no lo hicieren, el Director distribuirá el bien de acuerdo a las reglas que para la oposición a la partición en el Procedimiento Administrativo de Derechos Sucesorio contempla esta Ley.

Capítulo II bis
Del procedimiento administrativo de división de las zonas de uso común

Art. 141 bis. Las zonas de uso común podrán dividirse a petición por escrito de cualquiera de los adjudicatarios, acompañando los documentos siguientes:

I. Original que acredite al solicitante como adjudicatario de un derecho de la zona comunal;

II. Padrón de adjudicatarios autorizado por la dirección. El padrón deberá contener nombre y domicilio del titular del derecho. En caso de ausencia o fallecimiento de aquél, se deberá señalar los datos de quien lo representa;

III. Proyecto de división que se propone; y

IV. Opinión favorable de cambio de uso de suelo emitida por las autoridades del fuero federal, estatal o municipal.

Art. 141 ter. La dirección admitirá a trámite la solicitud, ordenando notificar con el proyecto de división a los adjudicatarios, para que en el término de treinta días comparezcan ante la dirección a manifestar lo que a su derecho convenga, y fijará fecha para la realización de la asamblea, que será presidida por el director o persona designada para tal efecto.

El proyecto de división referido en el párrafo anterior deberá considerar los asentamientos humanos ahí existentes y será certificado por la misma Secretaría para presentarlo en la Asamblea respectiva para su aprobación.

Realizada la Asamblea y si existe consenso de las dos terceras partes de los adjudicatarios, la división se decretará sin más trámite de acuerdo a la propuesta de división.

De no aprobarse el proyecto, se suspenderá la Asamblea y se les requerirá para que dentro de un término de treinta días presenten un nuevo proyecto de división, el cual también deberá ser certificado por la Secretaría, quien deberá atender los planteamientos hechos en la Asamblea.

Si el segundo proyecto no cumple con la aprobación calificada de la Asamblea, la dirección pondrá fin al procedimiento administrativo de conformidad con el artículo 81 de la presente ley.
 

TÍTULO SÉPTIMO
Del cambio de régimen y de la afectación en materia de
fraccionamientos y de la restitución de tierras

Capítulo I
Del cambio de régimen

Art.142. El Régimen de Fraccionamientos Rurales es de carácter social; sin embargo, de oficio por conducto de la Secretaría o a petición de parte, podrá otorgarse el dominio pleno de los predios, a través del procedimiento y formalidades establecidas en la presente Ley.

En aquellos casos en que no se cuente con título definitivo, y se esté desahogando algún procedimiento ante la dirección, una vez concluido el mismo, a petición del interesado se llevará a cabo el procedimiento de cambio de régimen con la sola resolución de adjudicación. De igual forma, por lo que respecta a reservas territoriales, la resolución que se emita, tendrá validez para los mismos efectos.

Art. 143. [Derogado].

Art. 144. El procedimiento de cambio de régimen al dominio pleno podrá ser iniciado por la Secretaría de acuerdo con los programas que expida para tal efecto, o bien, podrá ser instaurado por el titular del predio o su representante legalmente acreditado.

Art. 144 bis. Para promover el cambio de régimen deberán cumplirse los siguientes requisitos:

I. Acreditar la existencia de un derecho sobre bienes de fraccionamientos rurales, mediante título o resolución de adjudicación correspondiente;

II. Exhibir el certificado de libertad o gravamen, expedida por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;

III. Anexar plano de localización del terreno o lote certificado por la Secretaría;

IV.[Derogada];

V. No existir ningún litigio pendiente de resolver respecto del predio del que se solicite el cambio de régimen.

La Secretaría realizará los trabajos técnicos y de certificación que correspondan, previo al otorgamiento del dominio pleno.

Art. 145. [Derogado].

Art. 146. El trámite de cambio de régimen al dominio pleno a petición de parte, iniciará con la solicitud que presente el interesado, a la que anexarán los documentos que acrediten los requisitos previstos en el artículo 144 bis

Art. 146 bis. La solicitud deberá contener lo siguiente:

I. Indicación del número de lote, nombre del fraccionamiento donde se ubica, superficie y localización, así como clase de tierra de que trate;

II. La declaración expresa de la voluntad del fraccionista de obtener del Poder Ejecutivo del Estado el dominio pleno sobre el lote; y

III. La designación de la Notaría Pública ante la que se realizará la protocolización respectiva, cuando así lo solicite el promovente;

IV. La declaración expresa del fraccionista de sujetarse a los resultados técnicos derivados de la certificación.

Cuando el trámite así lo permita, la solicitud podrá ser de manera colectiva.

Art. 46 Ter. El procedimiento de cambio de régimen al dominio pleno a petición de parte se sujetará a las siguientes reglas:

I. En el acuerdo de radicación se ordenará la certificación del lote o polígono de que se trate, debiendo fijar fecha y hora para el desahogo de la diligencia, lo cual deberá ser notificado al promovente y a los fraccionistas colindantes.

Los trabajos de certificación tendrán por objeto determinar con precisión, la plena identificación, la exacta ubicación, las medidas, colindancias y superficies existentes de los inmuebles materia del procedimiento;

II. Se ordenará publicar, por una sola ocasión, en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado, el aviso de inicio del procedimiento, para que aquellos que tengan interés general en oponerse al trámite, lo hagan por escrito dentro de los diez días siguientes a la publicación;

III. Transcurrido el término sin existir oposición alguna, una vez que obre en el expediente el resultado de la certificación y constancia de no litigio, de oficio se citará a los interesados para oír resolución, la que se dictará dentro de un término no mayor de quince días;

IV. La oposición que se haga al trámite de cambio de régimen, cuando exista controversia respecto a una parte o la totalidad del inmueble, se resolverá conforme a las reglas previstas en el procedimiento administrativo de vacancia;

V. La resolución que otorgue el dominio pleno será emitida por el titular del Ejecutivo o por el secretario; y en ella se ordenará la expedición del título respectivo; y

VI. La Secretaría emitirá el título que reconozca el dominio pleno respecto de la superficie existente sobre los terrenos materia del procedimiento. Remitirá dicho título para su inscripción al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y cuando así lo solicite el promoverte, podrá protocolizar la resolución que decreta el cambio de régimen ante notario público.

Art. 146 Quáter. El procedimiento de cambio de régimen al dominio pleno de oficio, además de las formalidades establecidas en el artículo anterior, la Secretaría deberá observar lo siguiente:

I. Únicamente procederá a instaurar de oficio el procedimiento de cambio de régimen de polígonos sujetos a los programas de regularización implementados por la Secretaría;

II. El inicio del procedimiento deberá notificarse a los fraccionistas que correspondan, mediante Asamblea General convocada por la Secretaría, en la que se dará a conocer el día y hora fijada para que comiencen los trabajos de certificación;

III. De la diligencia indicada en la fracción anterior, deberá levantarse acta circunstanciada, la cual suscribirán los interesados, o bien, se tomará razón de su negativa, lo cual no afectará la validez de su contenido;

IV. Los fraccionistas del polígono o polígonos que se pretendan cambiar de régimen, contarán con un término de diez días hábiles, contados a partir de la notificación indicada en la fracción anterior, para manifestar su oposición fundada al trámite de oficio, la cual será resuelta de conformidad con lo previsto para el procedimiento administrativo de vacancia.

Una vez exhibidas por los interesados las publicaciones en el Periódico Oficial, a que se refiere el presente capítulo, el director, de oficio levantará el cómputo respecto del término para la presentación de cualquier oposición;

V. Si la oposición al cambio de régimen de oficio se presenta por más de la mitad de los fraccionistas que integran el polígono, la Secretaría decretará la improcedencia del trámite;

VI. La Secretaría deberá recabar la documentación prevista para el cambio de régimen individual, debiendo integrar el expediente por fraccionista; y

VII. Una vez integrados los expedientes y certificado el polígono, se emitirá la resolución general de cambio de régimen, ordenando la expedición del título individual.

Art. 146 Quinquies. [Derogado].

Art. 146 Sexies.  [Derogado].

Art. 146 Septies.  [Derogado].

Art. 147. [Derogado].

Art. 148. [Derogado].

Art. 149. [Derogado].

Art. 150. [Derogado].

Art. 151. [Derogado].

Art. 152. [Derogado].

Art. 153. La resolución que autoriza el cambio de régimen, se remitirá al Registro Público de la Propiedad para los trámites correspondientes.

Art. 153 bis. El propietario deberá pagar derechos e impuestos que se deriven de la expedición de la escritura correspondiente, además de cubrir los derechos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

Art. 154. [Derogado].

Capítulo II
De la afectación en materia de fraccionamientos

Art. 155. De acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVII del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los terrenos de fraccionamientos y los derechos que sobre los mismos corresponda otorgar al Estado, constituyen una forma de propiedad social.

Art. 156. Cuando el Estado requiera de terrenos sujetos al régimen de fraccionamientos para la realización de obras de utilidad pública y de beneficio social, hará la declaración respectiva y solicitará de manera fundada y motivada, la autorización en los términos que establece la Constitución Política local, a la Legislatura del Estado, la cual autorizará o denegará la medida. En caso afirmativo fijará las bases a que deba sujetarse.

Art. 157. Obtenida la autorización por parte de la Legislatura, ésta se publicará por una sola vez en el Periódico Oficial y se instaurará por la Dirección el expediente administrativo correspondiente, notificando personalmente de ello a los titulares de los lotes afectados por la medida, haciéndoles saber que disponen del término de quince días para ocurrir a la Dirección y manifestar lo que a sus derechos convenga.

Art. 158. Cualquier inconformidad que tenga el fraccionista que resulte afectado conforme al artículo anterior, deberá hacerse por escrito ante la Dirección, ofreciendo las pruebas que estime pertinentes para demostrar sus pretensiones. El escrito deberá ser ratificado a más tardar dentro de los tres días que sigan a su presentación.

Art. 159. Si no se presenta escrito de inconformidad por el titular de los lotes afectados, se tendrá por perdido el derecho y se declarará firme la medida; igual consecuencia tendrá la no ratificación del escrito aludido, así como la falta de ofrecimiento o rendición de pruebas.

Art. 160. Desahogadas las pruebas que hubieren sido ofrecidas oportunamente, se dictará la resolución que proceda en un término de quince días.

Capítulo III
De la restitución de tierras

Art. 161. Para el caso de que un particular se encuentre en posesión de un bien perteneciente al régimen de fraccionamientos rurales y éste haya sido adjudicado a otro diverso mediante cualquiera de los procedimientos administrativos regulados por la presente Ley, la Dirección podrá requerir a aquél para que justifique la causa de su posesión en la forma y los términos legalmente idóneos.

Además, se ordenará el desahogo de un levantamiento topográfico a fin de identificar la superficie materia del procedimiento.

Art. 162. Para tal efecto se le concederá al requerido un término de cinco días hábiles, transcurridos los cuales se emitirá la resolución correspondiente, pudiendo ordenarse en la misma el desalojo del bien de que se trate, siguiendo en este caso las reglas de la ejecución forzosa.

Si resultare que existe duplicidad de títulos expedidos por el Ejecutivo del Estado amparando el mismo inmueble, en la resolución que se dicte, el director ordenará de manera oficiosa el inicio del procedimiento administrativo de nulidad de título, el cual deberá seguir la secuela contemplada para ese tipo de trámite.

TÍTULO OCTAVO
De los recursos, de la ejecución de las
sentencias y de las sentencias

Capítulo I
De los recursos

Art. 163. Las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un incidente, podrán ser combatidas mediante el recurso de revisión, o bien, intentar directamente la vía jurisdiccional que corresponda.

Art. 164. Podrá interponerse el recurso de revocación contra cualquier acuerdo dictado en los procedimientos administrativos que no ponga fin a éstos. La facultad de resolver corresponde al director.

Art. 165. La revocación se hará valer directamente ante la Dirección y su tramitación se sujetará a las siguientes reglas:

I. Deberá hacerse valer dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acuerdo respectivo;

II. La petición de revocación se formulará por escrito y deberá contener los razonamientos, de hecho y de derecho, en que se funde; y

III. La revocación no suspende el curso del procedimiento y podrá ser resuelta de plano o mandando dar vista a la parte contraria en un término de cinco días.

Art. 166. El recurso de revisión tiene por objeto que el Coordinador General Jurídico, revoque o modifique la resolución dictada por la dirección, respecto de los puntos relativos a los agravios expresados.

Art. 167. El recurso de revisión se interpondrá contra las resoluciones que pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente y deberá interponerse dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución, directamente ante la Dirección. Dicho término será improrrogable.

Art. 168. Interpuesta en tiempo la revisión, el director la admitirá sin substanciación alguna, si fuere procedente. En el mismo auto, el director notificará a los interesados para que dentro del término de cinco días manifiesten lo que a sus intereses convenga.

Art. 169. Transcurrido el término que establece el artículo anterior, se remitirá tanto el expediente principal con sus anexos, como el escrito de expresión de agravios, al Coordinador General Jurídico, quien dictará la resolución que proceda dentro del término de cuatro meses siguientes a aquél en que reciba formalmente los autos.

Art. 170. El recurso de revisión se sujetará a lo siguiente:

I. Se limitará a estudiar o decidir sobre los agravios que se hayan expresado, sin que pueda resolver sobre cuestiones que no fueron materia de éstos o consentidos expresamente por los interesados;

II. La resolución de segunda instancia resolverá en cuanto al fondo, en su integridad, la cuestión debida, fallando sobre los puntos materia de controversia; y

III. En caso de que la resolución definitiva recurrida no hubiere resuelto el fondo de la pretensión sometida al conocimiento de la Dirección y si la resolución de segunda instancia fuere revocatoria, deberá también resolver el fondo de la cuestión litigiosa en términos de la fracción anterior.

Art. 171. Contra la resolución que dicte el Coordinador General Jurídico no procede recurso alguno.

Art. 172. Las resoluciones definitivas de segunda instancia causarán ejecutoria tan pronto como haya transcurrido el término para impugnarlas, conforme a lo que al respecto dispongan las leyes relativas.

Transcurrido el término sin que se impugnen, se enviarán los autos originales de la resolución al director para su cumplimiento.

Capítulo II
De la ejecución de las resoluciones

Art. 173. El director, a fin de hacer cumplir sus determinaciones, podrá emplear cualquiera de los siguientes medios de apremio:

I. Apercibimiento;

II. Multa desde mil hasta cinco mil pesos, y que deberá pagarse dentro de un plazo máximo de cinco días, comprobándose mediante la presentación del certificado, carta de pago o recibo correspondiente. El importe de la multa quedará a beneficio del Fisco del Estado;

III. El auxilio de la fuerza pública, que deberá prestarse en el momento en que sea solicitado;

IV. El arresto hasta por treinta y seis horas, después de haberse aplicado la medida a que se refiere la fracción I; y

V. El rompimiento de chapas y cerraduras.

Si la falta de cumplimiento llegare a implicar la comisión de un delito, se consignarán los hechos a la autoridad competente.

Los actuarios podrán solicitar directamente el auxilio de la fuerza pública, cuando actúen en cumplimiento una determinación del director.

Art. 174. Todo acuerdo emitido con la finalidad de proceder a la ejecución de una resolución o convenio, deberá estar debidamente fundado y motivado.

Art. 175. El término para el cumplimiento voluntario será el que se fije en la resolución o convenio que se trate de ejecutar. En caso de que no se hubiere fijado, el término será de cinco días contados a partir de que se haga el requerimiento respectivo, el que sólo podrá hacerse cuando la resolución sea susceptible de ejecución.

Art. 176. Cuando las partes o alguna de ellas, rehusare el cumplimiento de una resolución o convenio, se procederá a petición de parte a la ejecución forzosa, la que deberá llevarse a efecto en forma adecuada, procurando causar el menor perjuicio posible al afectado.

Art. 177. Para la ejecución de una resolución o convenio, se podrá disponer de los elementos necesarios para su debido cumplimiento. Todos los gastos que se originen serán por cuenta de quien solicite la ejecución forzosa.

Capítulo III
De las sanciones

Art. 178. Independientemente de la consignación a los tribunales del orden penal, que pudiera corresponder por la comisión de algún delito perpetrado dentro del procedimiento administrativo y de las ya establecidas en la presente Ley, podrán aplicarse sanciones de orden económico por multa de diez a cincuenta cuotas de salario mínimo vigente en el Estado, cuando los promoventes se conduzcan con dolo u ofrezcan pruebas notoriamente improcedentes y que tiendan a retardar el procedimiento.

Art. 179. El director será la autoridad competente para aplicar las sanciones a que hace referencia el artículo anterior y todas aquellas contempladas en la presente Ley.

Art. 180. Las sanciones económicas que se impongan se harán saber a la Secretaría de Finanzas, a efecto de que proceda a su cobro mediante la instauración del procedimiento económico coactivo correspondiente, en los casos en que el sancionado no dé cumplimiento voluntario.

Art. 181. En caso de reincidencia, se podrán duplicar las sanciones económicas a que se refiere el artículo 173.

Art. 182. Los servidores públicos de la Dirección que intervengan en la substanciación de los procedimientos administrativos sujetos a su competencia, son responsables de sus actos en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Artículos transitorios

Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Art. 2º Se abroga la Ley de Fraccionamientos Rurales, publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, de fecha 4 de enero de 1995.

Art. 3º Se abroga el Reglamento del artículo 7º transitorio de la Ley de Fraccionamientos Rurales, publicado en Suplemento 2 al número 79 del Periódico Oficial del día 1 de octubre del año 2003.

Art. 4º Los procedimientos que se hayan instaurado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, deberán continuar su trámite atendiendo a la Ley que se abroga, siempre que sea en beneficio del solicitante.

Art. 5º En un término que no excederá de 90 días a la entrada en vigor del presente Instrumento, deberá expedirse su Reglamento.

Art. 6º Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan esta Ley.

Comuníquese al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación.

Dado en la sala de sesiones de la Honorable Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil nueve. Diputado Presidente. Feliciano Monreal Solís. Diputados Secretarios. Abelardo Morales Rivas y Rosalba Salas Mata. Rúbricas.

Y para que llegue al conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, mando se imprima, publique y circule.

Dado en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los once días del mes de junio del año dos mil nueve.

Atentamente.
«El Trabajo Todo Lo Vence»

La Gobernadora del Estado de Zacatecas
Amalia D. García Medina

El Secretario General de Gobierno
Lic. Carlos Pinto Núñez

El Coordinador General Jurídico
Lic. Miguel de Santiago Reyes.

FICHA TÉCNICA

GENERAL

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
295 47 13-junio-2009 14-junio-2009 LIX

REFORMAS

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
605 40 18-mayo-2013 19-mayo-2013 LX

Se reforman los artículos 142 y 143; se deroga el artículo 145; se reforma el artículo 146; se derogan los artículos 147, 148, 149, 150, 151 y 152; se reforma el artículo 153 y se deroga el artículo 154.

 

220 97 03-diciembre-2014 04-diciembre-2014 LX

Se adiciona la fracción XV del artículo 2°; se adiciona la fracción IV al artículo 78, se reforma la fracción I del artículo 103; se reforman el proemio y las fracciones I y II y se deroga la fracción III del artículo 107; se deroga el artículo 108; se reforma la fracción V del artículo 112; se reforma el proemio del artículo 134; se reforma el párrafo primero del artículo 135; se reforma el fracción V del artículo 136; se reforma el párrafo primero del artículo 137; se adiciona el título sexto un capítulo II bis denominado "Del procedimiento administrativo de división de las zonas de uso común" con los artículos 141 bis y 141 ter; se adiciona el párrafo segundo al artículo 142; se reforma el primer y se adiciona un segundo párrafo al artículo 143; se reforma el artículo 144; se adiciona el artículo 144 bis; se reforma el artículo 146; se adicionan los artículos 146 bis, 146 ter, 146 quater, 146 quinquies, 146 sexies y 146 septies; se reforma el artículo 153; se adiciona el artículo 153 bis y se adiciona un párrafo segundo al artículo 161.

 

336 8 27-enero-2018 28-enero-2018 LXII

Se reforma la fracción VII del artículo primero; se reforman las fracciones II y XV y se adiciona la fracción XVI al artículo 2°; se adicionan el artículo 4° Bis; se reforma la fracción IX y se deroga la fracción XI del artículo 5°; se reforma el artículo 76; se reforma el proemio y la fracción VI al artículo 93; se reforma el párrafo primero del artículo 97; se reforma la fracción I del artículo 99; se reforma la fracción VI del artículo 103; se reforma el primer y tercer párrafo del artículo 106; se deroga la fracción II al artículo 122; se reforma la fracción III del artículo 123; se reforma el segundo párrafo del artículo 141 ; se reforma el segundo y cuarto párrafo del artículo 141 Ter; se reforma el primer párrafo del artículo 142; se deroga el artículo 143; se reforma el artículo 144; se reforma el proemio y las fracciones I, II y III, se deroga la fracción IV y se reforma el último párrafo del artículo 144 Bis; se reforma el artículo 146; se reforma la fracción III y se adiciona una IV al artículo 146 Bis; se reforman y adicionan los artículos 146 Ter y 146 Quáter; se derogan los artículos 146 Quinquies, 146 Sexies y 146 Septies y se reforman los artículos 166, 169 y 171.

Último cotejo de vigencia: mayo de 2018.