REGLAMENTO PARA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL

TITULO PRIMERO
Capítulo único

Disposiciones preliminares
Artículo primero.

1. El presente Reglamento tiene por objeto regular el procedimiento para el conocimiento de infracciones administrativas, determinar la responsabilidad de los entes que las ejecutan mediante la valoración de los medios de prueba que obren en el expediente y, en su caso, de los derivados de la investigación oportuna e imparcial que realice la autoridad electoral de los hechos que originaron el procedimiento, así como la aplicación de las correspondientes sanciones a los que resulten responsables, de conformidad a lo previsto en el título décimo, capítulo único de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.

Art. 2º

1. Para la interpretación de las disposiciones previstas en este Reglamento, se atenderá a los criterios: gramatical, sistemático, funcional y a la jurisprudencia. A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios generales del derecho, y de manera supletoria, en lo conducente se aplicará la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Zacatecas.

Art. 3º

1. Se entenderá para efectos del presente Reglamento por:

a) Ordenamientos jurídicos:

I. Constitución: la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas;

II. Ley Electoral: la Ley Electoral del Estado de Zacatecas;

III. Ley Orgánica: la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas;

IV. Ley de Medios: la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Zacatecas;

V. Reglamento Interior: el Reglamento Interior del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas; y

VI. Reglamento: Reglamento para el Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral;

b) En cuanto a la autoridad electoral, órganos y funcionarios de ésta:

I. Instituto: el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas;

II. Consejo General: el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas;

III. Consejero Presidente: el Consejero Presidente de los Consejos: General, Distritales y Municipales;

IV. Consejos: los Consejos Distritales y Municipales;

V. Representante de partido o coalición: los representantes de los partidos políticos o coaliciones debidamente acreditados ante el Consejo General y los Consejos;

VI. Secretario Ejecutivo: Secretario Ejecutivo del Consejo General;

VII. Secretario: Secretario Ejecutivo de los Consejos Distritales y Municipales; y

VIII. Junta: Junta Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas;

c) Por cuanto a los conceptos:

a) Procedimiento: procedimiento para el conocimiento de infracciones y la aplicación de sanciones administrativas;

b) Queja: acto por medio del cual se hace del conocimiento de los órganos del Instituto los presuntos actos, hechos u omisiones violatorios de la normatividad electoral;

c) Quejoso: persona física o moral que formula por escrito o de forma oral la queja administrativa; y

d) Denunciado: persona física o moral que se señala como probable responsable de los actos, hechos u omisiones motivo del procedimiento.

Art. 4º

1. Son órganos competentes para la aplicación del procedimiento administrativo sancionador electoral; el Consejo General, los Consejos Distritales y Municipales, la Junta, el Secretario Ejecutivo, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y los Secretarios de los Consejos.

Art. 5º

1. Corresponde la recepción, substanciación, resolución y en su caso la imposición de sanciones de las quejas administrativas a:

I. La Junta y los secretarios, que conocerán de la recepción y substanciación; y

II. El Consejo General, órgano competente para resolver las quejas que se interpongan ante los Consejos General, Distritales y Municipales e imponer las sanciones correspondientes.

2. Los Consejos Distritales y Municipales podrán conocer indistintamente de quejas administrativas cuando haya concurrencia en los actos, hechos u omisiones denunciados, cometidos en sus respectivos ámbitos de competencia territorial.

3. El Secretario Ejecutivo, tratándose de quejas administrativas interpuestas ante los Consejos, podrá ordenar al personal de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos el apoyo o asesoría en la substanciación del procedimiento.

Art. 6º

1. El Consejo General acordará la atracción de un procedimiento administrativo que se esté tramitando en los Consejos, cuando así se requiera por la naturaleza o la gravedad inherente a la queja. Una vez recibido el expediente lo remitirá a la Junta para su debida substanciación.

Art. 7º

1. Cuando los Consejos General, Distrital o Municipal no sean la autoridad competente para conocer de actos, hechos u omisiones denunciados en una queja administrativa, procederán de inmediato a dictar un auto en el cual se ordene remitir el expediente respectivo a la autoridad competente.

Art. 8º

1. De los términos y del cómputo de los plazos.

I. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles;

II. Los plazos si están señalados por horas se computarán de momento a momento, surtiendo efectos al momento de que se realice la notificación del acto o resolución;

III. Si están señalados por días, éstos se considerarán de 24 horas y el cómputo de los plazos inicia al día siguiente de la notificación; y

IV. Cuando el acto reclamado no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral, el cómputo de los plazos se hará contando solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales, todos los del año, a excepción de los sábados y domingos, así como aquellos que por acuerdo expreso del Consejo General y en términos de ley sean considerados inhábiles.

Art. 9º

1. Una vez al mes, en sesión ordinaria que celebren los Consejos: General, Distritales y Municipales, el Secretario respectivo, rendirá un informe del estado que guardan las quejas recibidas.

I. En el caso de las quejas recibidas en los Consejos, los Secretarios rendirán un informe quincenal al Secretario Ejecutivo sobre la recepción y trámite de las quejas administrativas presentadas en sus respectivos Consejos;

II. En los informes se comunicará por lo menos:

a) Tipo de procedimiento administrativo, iniciado de oficio o a petición de parte, por escrito o en forma oral;

b) Lugar y fecha de presentación de la queja;

c) Nombre del quejoso;

d) Nombre del denunciado;

e) Actos, hechos u omisiones en los que se hace consistir la queja;

f) Actuaciones realizadas; y

g) Estado que guarda el procedimiento.

TITULO SEGUNDO
Del procedimiento

Capítulo I
Del trámite inicial

Art. 10.

1. El procedimiento para el conocimiento de infracciones y aplicación de sanciones administrativas cometidas por observadores electorales y organizaciones a las que pertenezcan los observadores; autoridades federales, estatales y municipales; funcionarios electorales; notarios públicos; quienes violen las disposiciones de la Ley Electoral en materia de financiamiento; dirigentes, candidatos, miembros o simpatizantes de los partidos políticos; partidos políticos; coaliciones; jueces del Poder Judicial del Estado y agentes del Ministerio Público; ministros de culto religioso, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta y ciudadanos extranjeros, iniciará a petición de parte o de oficio.

I. Será a petición de parte cuando el quejoso haga del conocimiento de los Consejos General, Distritales y Municipales de manera escrita u oral la presunta comisión de una infracción a la legislación electoral; y

II. Será de oficio cuando algún órgano o servidor del Instituto, en ejercicio de sus funciones, conozca de la presunta infracción, e informe de ello mediante oficio al secretario ejecutivo, o secretarios de los Consejos, a efecto de que levanten el acta y se ordene el inicio de la investigación correspondiente.

Art. 11.

1. Toda persona con interés legítimo, podrá presentar quejas administrativas por presuntas infracciones a la normatividad electoral ante los Consejos General, Distritales y Municipales. Las personas morales lo harán por medio de sus legítimos representantes, en términos de la legislación aplicable, y las personas físicas lo harán por su propio derecho.

Art. 12.

1. La queja a petición de parte deberá ser presentada por escrito o de forma oral:

I. La queja presentada por escrito deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Nombre del quejoso, con firma autógrafa o huella digital;

b) Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones: tratándose de quejas interpuestas ante el Consejo General se deberá señalar en la capital del Estado; en el caso de interposición de quejas ante los Consejos Distritales y Municipales, deberán señalarse dos domicilios, uno en la cabecera municipal donde tenga residencia el Consejo respectivo, para efectos de la recepción de notificaciones en el proceso de sustanciación de la queja, y otro en la capital del Estado para efectos de notificación de la resolución emitida por el Consejo General;

c) Los documentos necesarios para acreditar la personalidad o el interés del quejoso. Tratándose de representantes de partidos políticos o coaliciones no será necesario el cumplimiento de este requisito, si tienen acreditada su personalidad ante el Consejo en que promueve;

d) Ofrecer o aportar las pruebas con que se cuente;

e) Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la queja, precisando las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como los preceptos legales presuntamente violados;

f) Tantas copias simples del escrito de queja, anexos y pruebas, como partidos políticos, coaliciones o personas se denuncien; y

g) Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones del presunto responsable del hecho, acto u omisión denunciado;

II. En la presentación oral de la queja, se deberá de cumplir con los requisitos siguientes:

a) Presentarse directamente con el secretario ejecutivo o los secretarios de los Consejos Distritales o Municipales;

b) Los secretarios según corresponda, levantarán acta de los hechos, actos u omisiones que se denuncien;

c) En el acta se asentarán los requisitos que para la presentación de la queja por escrito se requieren; y

d) El quejoso deberá ratificar la queja dentro de las siguientes 24 horas: en caso de no hacerla se le tendrá por no presentada.

2. Tratándose de partidos políticos o coaliciones, la queja se deberá presentar por escrito.

Art. 13.

1. El escrito de contestación, deberá cumplir con los mismos requisitos que se prevé en el presente Reglamento para el caso del escrito inicial de queja, a excepción del requisito señalado el párrafo 1, fracción I, incisos f) y g) del artículo 12 del presente Reglamento.

Art. 14.

1. Recibido el escrito inicial de queja en la oficialía de partes del Instituto, de inmediato deberá ser remitido al secretario ejecutivo, para que proceda a:

I. Realizar todas aquellas acciones que considere necesarias para constatar hechos, impedir el ocultamiento, menoscabo o destrucción de pruebas, así como para allegarse de elementos probatorios adicionales. En ningún caso, lo anterior, implicará el inicio de la investigación respectiva; y

II. Realizadas las acciones descritas en la fracción que antecede, remitirá de inmediato la queja administrativa a la Junta para efectos de la substanciación correspondiente.

2. En el caso de los Consejos, las quejas deberán ser recibidas por el secretario respectivo, quien procederá a realizar las acciones señaladas en la fracción I del párrafo anterior e iniciará con el procedimiento correspondiente previo acuerdo con el secretario ejecutivo.

3. En ambos casos, en la siguiente sesión posterior a la presentación de la queja, los secretarios informarán al Pleno del Consejo respectivo de la recepción y estado que guarda la queja.

Art. 15.

1. Recibida la queja por la Junta, o en su caso, por el secretario, se procederá a:

I. La revisión del escrito de queja para determinar si cumple con los requisitos previstos en el artículo 12 del presente Reglamento;

II. El análisis para determinar la admisión o desechamiento de la misma;

III. Para los efectos de la fracción anterior, la Junta o el secretario del Consejo respectivo, en su caso, contarán con un plazo de 48 horas para emitir el auto de admisión o propuesta de desechamiento de la queja. Dicho plazo se computará a partir de la recepción de la queja por la Junta o por el secretario en el caso de los Consejos; y

IV. En su caso, determinar y solicitar las diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación.

Art. 16.

1. La Junta o el secretario del Consejo respectivo, podrán prevenir al quejoso en los siguientes casos:

I. Para que aclare la queja presentada en los casos en que no se cumpla con lo dispuesto en el párrafo 1, fracción I, inciso g) del artículo 12 del presente Reglamento;

II. Para que subsane la queja en caso de que no cumpla con el requisito señalado en el párrafo 1, fracción I, inciso f) del artículo 12 del presente Reglamento; y

III. En ambos casos se hará el requerimiento correspondiente, otorgando el término de 48 horas para aclarar o subsanar, apercibiéndolos de que en caso de incumplimiento la queja se tendrá por no presentada.

Art. 17.

1. Cuando la Junta o el secretario en su caso, considere que de la relación de los actos, hechos u omisiones denunciados se desprenden indicios suficientes para acreditar una posible infracción a la legislación electoral, sin más trámite dictará un auto de inicio ordenando:

I. Emplazar personalmente al denunciado, corriéndole traslado con las copias del escrito de queja, anexos y pruebas ofrecidas por el quejoso; notificándole que tiene el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente de la notificación para que manifieste y alegue lo que a su derecho convenga, ofrezca y exhiba las pruebas que considere pertinentes, con el apercibimiento que de no hacerlo se le tendrán por consentidos los hechos, actos u omisiones que se le imputen; y

II. Acordar sobre el ofrecimiento y exhibición de pruebas por parte del quejoso.

Art. 18.

1. La Junta o el secretario, en su caso, recibido el escrito de contestación, dictarán un auto que deberá contener lo siguiente:

I. Si se contestó o no dentro del término señalado en el emplazamiento;

II. El resultado del examen que se haga respecto a la personalidad de quien comparezca por el denunciado y sobre la legitimación de éste; y

III. Acordar sobre el ofrecimiento y exhibición de pruebas por parte del denunciado.

Art. 19.

1. Una vez que se tienen los escritos de queja y contestación, la Junta o el secretario en su caso, dictarán auto mediante el cual se ordene:

I. Abrir el periodo de instrucción;

II. Se inicie la investigación correspondiente, en su caso;

III. Se fije el día, hora y lugar para el desahogo de aquellas pruebas que por su naturaleza así se requiera;

IV. Se proveerá lo correspondiente para que los documentos que hayan sido ofrecidos como prueba por las partes y que no se tengan a disposición, se alleguen al expediente, así como aquello que la autoridad considere necesario integrar al expediente en ejercicio de su facultad de investigación; y

V. Las medidas precautorias solicitadas o bien que a juicio de la Junta o del secretario en su caso, se requieran para evitar se lesionen derechos de las partes.

Capítulo II
Medidas precautorias

Art. 20.

1. Los responsables de la substanciación de oficio o a petición de parte, deberán dictar las medidas precautorias que considere necesarias mediante las cuales se autorice o se prohíba hacer o dejar de hacer un acto, hecho u omisión a alguna de las partes dentro del procedimiento administrativo sancionador, con el objeto de evitar daños mayores o que éstos se continúen provocando y lesionando el derecho de quien lo solicita.

2. La medida precautoria que ordene la autoridad electoral se notificará de inmediato al denunciado para que dentro de las 24 horas siguientes a la notificación, haga o deje de hacer el acto, hecho u omisión motivo de la queja interpuesta y, acredite ante la autoridad haber dado cumplimiento a la medida ordenada.

3. En caso omiso o de incumplimiento, la autoridad tomará las medidas que estime pertinentes para dar cumplimiento a lo ordenado, de generarse un costo, el mismo correrá a cargo del presunto infractor, tratándose de partidos políticos, se otorgará el plazo de 15 días a efecto de que lo enteren en la dirección ejecutiva de administración y prerrogativas, transcurrido el piazo sin que el pago se hubiere efectuado, el Instituto podrá deducir el mismo de la siguiente ministración de su financiamiento público.

4. Las medidas precautorias dictadas por el secretario ejecutivo de un Consejo Distrital o Municipal Electoral deberán de informarse de manera inmediata a la Junta Ejecutiva.

Capítulo III
Del desechamiento,
improcedencia y sobreseimiento

Art. 21.

1. El Consejo General podrá desechar de plano aquellas quejas que considere notoriamente improcedente cuando:

I. El escrito mediante el cual se presente no cuente con el nombre, la firma autógrafa o huella digital del quejoso;

II. Presentada de forma oral, no se hubiera ratificado en el plazo establecido;

III. El denunciado sea un partido político que con fecha anterior a la presentación de la queja, hubiese perdido su registro estatal o su acreditación ante el Instituto;

IV. La queja resulte frívola, es decir, los hechos denunciados o argumentos vertidos sean intrascendentes; y

V. El denunciado no se encuentre dentro de los sujetos previstos en el título tercero, capítulo único del presente Reglamento.

2. La queja será improcedente cuando:

I. No se hubiesen ofrecido o aportado pruebas de los actos, hechos u omisiones denunciados en términos del artículo 12, párrafo 1, fracción I, inciso d) del presente Reglamento;

II. Se presente contra actos, hechos u omisiones imputados a la misma persona, partido político o coalición, que hayan sido materia de otra queja, y que se cuente con resolución del Consejo respecto al fondo y ésta no se haya impugnado ante la autoridad competente o habiendo sido impugnada, hubiese sido confirmada; y

III. Por la materia de los actos, hechos u omisiones denunciados, aun y cuando éstos se llegaran a acreditar, y el Instituto no sea la autoridad competente para conocer de los mismos.

Art. 22.

1. En caso de existir alguna de las causales que se establecen en el artículo anterior, la Junta elaborará un proyecto de dictamen por el que se proponga al Consejo General el desechamiento de la queja.

2. En el caso de las quejas presentadas ante los Consejos, los secretarios remitirán el expediente, previa constancia que dejen en su poder de las mismas al secretario ejecutivo del Instituto, quien lo remitirá a la Junta para efectos de la elaboración del proyecto de dictamen correspondiente.

Art. 23.

1. Procederá el sobreseimiento de la queja, cuando:

I. Habiendo sido admitida la queja, sobrevenga alguna de las causales de improcedencia en términos del artículo 21, párrafo 2, del presente Reglamento;

II. El denunciado sea un partido político que, con posterioridad a la admisión de la queja, hubiese perdido su registro estatal como partido político o su acreditación de vigencia de registro como partido político nacional ante el Instituto;

III. El quejoso presente escrito de desistimiento, antes de la aprobación del dictamen por parte de la Junta, siempre y cuando a juicio de ésta, y por el avance de la investigación, se deduzca que no se trata de la imputación de hechos graves, ni de la vulneración de los principios rectores de la función electoral; y

IV. De las infracciones denunciadas o de los hechos narrados por el quejoso se desprende notoriamente que no hay violaciones a la legislación electoral.

Art. 24.

1. Cuando se actualice alguno de los supuestos de sobreseimiento a que se refiere el artículo anterior, la Junta procederá a:

I. Elaborar el proyecto de dictamen proponiendo lo conducente al Consejo General; y

II. En el caso de las quejas presentadas en los Consejos, los secretarios, previa constancia que dejen en su poder, enviarán el expediente al secretario ejecutivo, quien lo remitirá a la Junta para efectos de la elaboración del proyecto de dictamen correspondiente.

Art. 25.

1. Las causales de improcedencia que produzcan el desechamiento o sobreseimiento de la queja, deberán ser examinadas de oficio.

Capítulo IV
De la notificación

Art. 26.

1. La notificación es el acto procesal por el que se hace del conocimiento de las partes el contenido de una diligencia, acto o resolución de la autoridad electoral.

Art. 27.

1. Durante los procesos electorales, los órganos del Instituto podrán notificar sus diligencias, actos o resoluciones en cualquier día y hora, a más tardar al día siguiente de aquél en que se emitió el acto o la resolución.

Art. 28.

1. Las notificaciones se podrán hacer personalmente, por estrados, oficio, correo certificado con acuse de recibo, telegrama o fax, según se requiera para la eficacia de la diligencia, acto o resolución a notificar.

Art. 29.

1. Las notificaciones personales se harán al interesado en su domicilio legal, a más tardar al día siguiente de aquel en que se emitió el acto o la resolución.

2. Se consideran personales, las siguientes notificaciones:

I. Las que impliquen un acto de autoridad que admitan un medio de impugnación;

II. Las resoluciones definitivas; y

III. Aquellas que con ese carácter establezca el presente Reglamento.

Art. 30.

1. Las notificaciones personales se deberán practicar de la manera siguiente:

I. Si al momento de efectuar una notificación personal, no se encuentra presente la persona a quien se ha de notificar, se entenderá la diligencia con la persona que se encuentre en el domicilio señalado para tal efecto, por medio de cédula;

II. Si el domicilio está cerrado o la persona con la que se entiende la diligencia se niega a recibir la cédula, el funcionario responsable de la notificación la fijará junto con la copia del auto o resolución a notificar en lugar visible del domicilio señalado para efectos de recibir notificaciones, asentando la razón correspondiente en autos, de igual forma, procederá a fijar la notificación en los estrados del Consejo correspondiente;

III. En todos los casos, al realizar una notificación personal, se dejará en el expediente un tanto de la cédula respectiva, copia del acto o resolución que se notifica y copia del acta que se levanta en la cual se asiente la razón de la diligencia; y

IV. Cuando los quejosos o denunciados señalen domicilio y éste no resulte cierto o se encuentre ubicado fuera de la cabecera municipal en la que tenga su sede la autoridad que realice la notificación, ésta se practicará por estrados. En caso de cambio de domicilio, las partes deberán señalar el nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del procedimiento administrativo correspondiente.

Art. 31.

1. Las cédulas de notificación personal deberán contener, al menos:

I. Nombre de la persona que se emplaza;

II. Señalar datos de identificación del expediente en que se actúa;

III. Extracto del auto o resolución que se notifica;

IV. Lugar, hora y fecha en que se realiza; y

V. Datos de identificación y firma del notificador.

Art. 32.

1. Los coordinadores jurídicos, cuando actúen como secretarios del director ejecutivo de asuntos jurídicos, serán fedatarios del Instituto por lo que respecta a las actas en que consten las diligencias o actuaciones celebradas. Igualmente, los coordinadores jurídicos fungirán como oficiales notificadores en la substanciación de recursos o procedimientos administrativos que se tramiten en el Instituto. Durante el proceso electoral los auxiliares jurídicos fungirán como oficiales notificadores.

2. Los secretarios de los Consejos, son los directamente responsables de realizar las notificaciones, así como levantar las actas circunstanciadas derivadas del desahogo de las diligencias o actuaciones que se lleven a cabo dentro de un procedimiento administrativo.

Art. 33.

1. Las notificaciones por estrados se harán fijando por un plazo de 48 horas, en un sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación, copias de las diligencias, autos y resoluciones que se notifiquen. La autoridad dejará constancia de ello en el expediente respectivo. En estos casos, se tendrá como fecha de notificación la del día siguiente a aquél en que concluyó el plazo de las 48 horas.

Art. 34.

1. Si el quejoso o el denunciado es un partido político o coalición, cuyo represente ante el Consejo se encuentra presente al momento de aprobar la resolución, se tendrá por hecha la notificación, salvo que se haya acordado una modificación de fondo, en cuyo caso la notificación se hará de manera personal al día siguiente de la emisión del acto o resolución.

Art. 35.

1. No se requerirá de notificación personal y surtirán sus efectos legales al día siguiente de su publicación, los actos o resoluciones que se hagan públicos a través del Periódico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.

Art. 36.

1. Las notificaciones por correo se harán mediante correo certificado con acuse de recibo agregándose al expediente el acuse del recibo.

2. La notificación por telegrama se hará enviándola por duplicado para que la oficina que la transmita devuelva el ejemplar sellado, el cual se agregará al expediente.

3. Las notificaciones podrán hacerse a través de fax en casos urgentes o extraordinarios y a juicio del secretario ejecutivo o de los secretarios de los Consejos, y surtirán sus efectos a partir de que se tenga constancia de su recepción o su acuse de recibido.

Art. 37.

1. El emplazamiento se hará de forma personal al denunciado, al día siguiente que se dicte el auto de inicio, corriéndole traslado con la copia de la denuncia y sus anexos y deberá cumplir con lo siguiente:

I. Si se trata de personas físicas, directamente con la persona señalada como denunciada;

II. Tratándose de personas morales, el emplazamiento se hará por conducto de las personas que las representen; y

III. El emplazamiento deberá realizarse en el domicilio señalado por el quejoso, que deberá ser precisamente el domicilio que habita el denunciado, si es persona física, y si se trata de persona moral en el domicilio en el que se ubican sus oficinas.

2. La Junta y los secretarios, podrán en cualquier momento, aunque no lo pidan las partes, mandar corregir o reponer las notificaciones defectuosas, pero sin que ello afecte el contenido o esencia de las mismas.

Capítulo V
De la acumulación

Art. 38.

1. Por economía procesal y para evitar resoluciones contradictorias sobre cuestiones conexas o sobre un mismo litigio, se procederá a decretar la acumulación de expedientes por:

I. Litispendencia: entendida como la relación existente entre dos o más procedimientos que aún no resuelve la autoridad competente en los que se da la identidad de sujetos, objeto y pretensión; y

II. Conexidad: entendida como la relación entre dos o más procedimientos que tienen en común la causa y el objeto, en los que resulta conveniente evitar la posibilidad de resoluciones contradictorias, respecto a una misma cuestión.

Art. 39.

1. En la acumulación se observarán las siguientes reglas:

I. Procederá de oficio o a petición de parte;

II. La Junta o el secretario en su caso, determinarán la acumulación de expedientes desde el momento de acordar la admisión de la queja, durante la substanciación y hasta antes de que se declare cerrada la instrucción;

III. Para los efectos de acumulación, de quejas interpuestas ante el Consejo General en segundo término, se acumularán al primer expediente. En tratándose de quejas interpuestas ante Consejos Distritales y Municipales y Consejo General, la acumulación se hará en aquel expediente donde existan mejores condiciones para el desahogo de la investigación;

IV. La solicitud o auto de acumulación se notificará a las partes, para que dentro del plazo de 24 horas que correrán a partir del momento de la notificación manifiesten lo que a su derecho convenga;

V. Una vez recibidas las manifestaciones de las partes, la Junta o el secretario, en su caso, resolverá sobre la acumulación de los expedientes; y

VI. La Junta y los secretarios de los Consejos en su caso, valorarán todas las actuaciones y medios probatorios que ofrezcan las partes, así como aquellos que se allegue la autoridad, derivado de su facultad de investigación.

Capítulo VI
De las pruebas

Art. 40.

1. En el procedimiento administrativo sancionador electoral solo serán admitidas las pruebas siguientes:

I. Documental pública;

II. Documental privada;

III. Técnica;

IV. Pericial;

V. Inspección;

VI. Presuncional legal y humana; e

VII. Instrumental de actuaciones.

Art. 41.

1. Las pruebas deben ser ofrecidas expresando con toda claridad cuáles son los actos, hechos u omisiones que se tratan de acreditar, así como las razones por las que se estima que demuestra las afirmaciones vertidas en el escrito de queja o contestación.

Art. 42.

1. Es objeto de prueba los hechos controvertidos; no lo será el derecho, los hechos notorios, ni aquellos que hayan sido reconocidos expresa o tácitamente por una o por todas las partes.

2. El que afirma está obligado a probar; pero también lo estará el que niegue, cuando su negativa envuelva la afirmación expresa de un hecho.

Art. 43.

1. En caso de que se ofrezcan pruebas que no obren en poder de las partes, se procederá de la siguiente manera:

I. Si las pruebas están en poder de órganos del Instituto, la Junta, por conducto del secretario ejecutivo, solicitará su remisión para integrarlas al expediente; y

II. En caso de que los elementos de prueba obren en poder de autoridades federales, estatales, municipales, partidos políticos, coaliciones, candidatos, personas físicas o morales, el Presidente del Consejo podrá requerirles para que en un plazo de 3 días contados a partir del día siguiente del requerimiento remitan al Consejo los elementos de prueba, siempre y cuando el quejoso o el denunciado demuestren que habiéndolas solicitado por escrito y oportunamente no le fueron proporcionadas.

2. Para los efectos anteriores, el oferente de la prueba deberá identificar con toda precisión las pruebas que solicita se agreguen al expediente, así como a las autoridades o personas que las tengan en su poder.

Art. 44.

1. En aquellos casos en que se ofrezcan copias simples de documentales públicas o privadas, deberá señalarse el lugar donde se localiza el original con el objeto de que la autoridad ordene su cotejo, solicite los originales o la certificación, lo anterior no será aplicable si las pruebas documentales obran en poder del oferente, en cuyo caso deberán ser aportadas en original o en copia certificada, mismas que serán devueltas previo cotejo a solicitud del oferente.

Art. 45.

1. Las pruebas documentales públicas son:

I. Los documentos originales y certificaciones expedidos por los órganos o funcionarios electorales, en el ejercicio de sus atribuciones;

II. Los documentos originales y certificaciones expedidos por las autoridades federales, estatales y municipales, dentro del ejercicio de sus facultades; y

III. Los documentos originales y certificaciones expedidos por quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten.

Art. 46.

1. La prueba documental privada será, aquellos documentos que aporten las partes y no reúnan los requisitos señalados en el artículo anterior.

Art. 47.

1. Se consideran pruebas técnicas las fotografías, discos, cintas magnéticas, disquetes y videos, así como todos aquellos elementos obtenidos por los avances de la ciencia y la tecnología que puedan ser desahogados por el órgano resolutor sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano electoral. En todo caso, el quejoso o denunciante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar con la prueba ofrecida, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, así como la relación que guarda la misma con los demás medios de prueba ofrecidos y los actos, hechos u omisiones denunciados.

Art. 48.

1. La prueba pericial podrá ser ofrecida y admitida, en su caso, cuando sean necesarios conocimientos especiales en una determinada materia, arte, oficio, profesión, técnica o ciencia, y cuando su desahogo sea posible en los plazos legalmente establecidos para resolver. Para su ofrecimiento deberán cumplirse los siguientes requisitos:

I. Ofrecerla junto con el escrito inicial de queja o contestación;

II. Señalar la materia sobre la que versará la prueba, exhibiendo el cuestionario respectivo con copia para el denunciado o quejoso, según corresponda;

III. Especificar lo que se pretenda acreditar con la misma; y

IV. Señalar el nombre del perito que se proponga y acreditar con la documentación idónea que cuenta con la calidad profesional, científica, técnica o la experiencia en la materia a dictaminar.

2. El costo de la prueba pericial será con cargo al oferente.

Art. 49.

1. La prueba de inspección es el examen sensorial directo de lugares, cosas, muebles, inmuebles y hechos relacionados con una controversia.

2. La inspección deberá ofrecerse indicando con precisión los objetos y hechos de inspección, así como la relación de los mismos con los actos, hechos y omisiones denunciados.

Art. 50.

1. La prueba presuncional es el razonamiento y valoración de carácter deductivo o inductivo, mediante los cuales la autoridad llega al conocimiento de hechos desconocidos, las que podrán ser:

I. Legales: las establecidas expresamente por la ley; o

II. Humanas: las que se infieran de razonamientos lógicos y probados en el procedimiento.

Art. 51.

1. La instrumental de actuaciones es el medio de convicción que se obtiene al analizar el conjunto de las constancias que integran el expediente.

Art. 52.

1. El quejoso o el denunciado podrá aportar pruebas supervenientes, es decir, aquellos medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de instrucción.

2. Admitida una prueba superveniente, se dará vista al quejoso o denunciado, según corresponda, para que en el plazo de 48 horas que correrán a partir del momento de la notificación, manifieste lo que a su derecho convenga.

Art. 53.

1. Los órganos competentes para substanciar el procedimiento podrán ordenar el desahogo de inspecciones y demás diligencias derivadas del proceso de investigación, siempre y cuando se estimen necesarios para aclarar los actos, hechos u omisiones denunciados, la violación reclamada lo amerite y los plazos permitan su desahogo.

Art. 54.

1. El desahogo de las pruebas pericial y de inspección, se practicarán el día, hora y lugar que previamente se señalen, concurriendo las partes o sus representantes y los peritos.

2. En el desahogo de las pruebas, las partes y los peritos podrán hacer las aclaraciones que estimen oportunas siempre y cuando estas versen sobre el punto a tratar, observaciones que deberán quedar asentadas en el acta circunstanciada que se levante.

Capítulo VII
De la valoración y desahogo de las pruebas

Art. 55.

1. Los medios de prueba serán valorados en su conjunto por el órgano electoral, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.

I. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos que en ellas se consignan;

II. Las pruebas, documental privada, técnica, pericial, presuncional e instrumental de actuaciones, sólo harán prueba plena cuando vinculadas entre sí con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados;

III. En caso de que se necesiten conocimientos técnicos especializados, la junta podrá solicitar el dictamen de un perito;

IV. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla serán las pruebas previstas en el artículo 52 del presente Reglamento;

V. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio.

Capítulo VIII
De la investigación

Art. 56.

1. La investigación para el conocimiento cierto de los hechos, se realizará por los órganos del Instituto de forma seria, congruente, idónea, expedita y exhaustiva, con el fin de llegar al conocimiento de la verdad de las cosas, en acatamiento de los principios de certeza y legalidad que rigen en la materia electoral.

Art. 57.

1. Una vez que la Junta, o el secretario en su caso; tengan conocimiento de los hechos denunciados, dictarán de inmediato las medidas necesarias para dar fe de los mismos, e impedir que se pierdan, destruyan o alteren las huellas o vestigios y, en general, para evitar que con la destrucción de los elementos de prueba se dificulte la investigación.

Art. 58.

1. Admitida la queja, se iniciará la investigación correspondiente a efecto de hacerse llegar los elementos de convicción que se estimen pertinentes para integrar el expediente respectivo. Para tal efecto, se requerirá a los órganos del Instituto, a las autoridades federales, estatales y municipales, a los partidos políticos, coaliciones, candidatos y personas físicas o morales, los informes, certificaciones y elementos de prueba que obren en su poder, así como el apoyo necesario para la realización de las diligencias que coadyuven a indagar y verificar la certeza de los hechos denunciados.

I. El plazo para llevar a cabo la investigación no podrá exceder de 40 días, contados a partir del auto mediante el cual se le tiene por contestada la queja administrativa;

II. Vencido el plazo a que se refiere la fracción anterior, la Junta o el secretario en su caso, podrá ampliarlo en forma excepcional, mediante acuerdo que señale las causas derivadas de la investigación que motiven la ampliación del plazo.

Art. 59.

1. Las diligencias que se realicen con motivo de la investigación, serán ser efectuadas por:

I. En el caso de las quejas presentadas ante los Consejos, la investigación se realizará por el secretario respectivo;

II. En el caso de las quejas presentadas ante el Consejo General, la investigación y aquellas diligencias que sean necesarias, se realizarán por conducto del Secretario de la Junta, quien podrá ser auxiliado por personal del Instituto.

2. Tratándose de requerimientos de pruebas que obren en poder de autoridades federales, estatales o municipales o de diligencias que deban realizarse en coadyuvancia con las mismas, el secretario solicitará los medios de prueba, certificaciones o el apoyo necesario para la realización de la investigación por conducto del Consejero Presidente respectivo. Y

3. Cuando así lo requiera la materia de la queja, la Junta podrá autorizar, mediante escrito a los directores ejecutivos del Instituto, la realización de la investigación.

Art. 60.

1. Si de la queja presentada, del escrito de contestación o del desarrollo de la investigación se desprendieran elementos que hagan presumir la existencia de infracciones diversas a las denunciadas, el secretario ejecutivo de oficio, iniciará un procedimiento diverso a ésta.

Art. 61.

1. Desahogadas las pruebas y concluida la investigación, se declarará cerrada la instrucción y se pondrá a la vista de las partes el expediente, para que en el plazo de 3 días común para las partes, manifiesten lo que a su derecho convenga.

Art. 62.

1. Concluido el plazo a que se refiere el artículo que antecede se dictará auto mediante el cual se turne el expediente para su dictaminación, procediendo los secretarios a:

I. Integrar debidamente el expediente con todas y cada una de las actuaciones realizadas durante el procedimiento, debidamente foliado, sellado y certificado;

II. Mediante oficio remitir el original del expediente al secretario ejecutivo; y

III. El secretario ejecutivo, una vez que recibe el expediente, inmediatamente, lo turnará a la Junta para los efectos de su dictaminación.

Art. 63.

1. Concluido el periodo de funciones de los Consejos Distritales y Municipales electorales, las quejas que se encuentren en trámite, deberán ser remitidas a la Junta para efectos de concluir el procedimiento y dictaminación correspondiente.

Capítulo IX
De la elaboración del proyecto de dictamen

Art. 64.

1. La Junta una vez que reciba el expediente remitido por los secretarios de los Consejos, y haya recibido los alegatos dentro de las quejas presentadas ante el Consejo General, mediante acuerdo convocará a sus integrantes a efecto de proceder a:

I. Elaborar el proyecto de dictamen correspondiente en un término no mayor a 15 días, contados a partir de la última actuación en el expediente, mismo que deberá presentarse para su aprobación por la Junta en la siguiente sesión que celebre, siempre y cuando se hubiese recibido por ésta con la suficiente antelación para hacerlo del conocimiento de sus integrantes, en términos del reglamento de la materia.

Art. 65.

1. El dictamen deberá estar debidamente fundado y motivado, debiendo contener lo siguiente:

I. Resultandos;

II. Considerandos;

III. Fundamento legal; y

IV. Puntos Resolutivos.

2. En su caso, voto particular debidamente razonado de quien así lo quiera manifestar.

Art. 66.

1. Una vez que la Junta haya aprobado el dictamen, el secretario ejecutivo remitirá el expediente a la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos a efecto de que se proceda a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

Capítulo X
De la elaboración del proyecto de resolución

Art. 67.

1. La dirección ejecutiva de asuntos jurídicos, a partir de la recepción del dictamen de la Junta, contará con un plazo de 15 días para la elaboración del proyecto de resolución.

I. Una vez que la dirección ejecutiva de asuntos jurídicos elabore el proyecto correspondiente, lo remitirá al secretario ejecutivo para efectos de que se liste en el orden del día de la próxima sesión ordinaria a celebrar por el Consejo General;

II. El proyecto de resolución deberá presentarse junto con el dictamen aprobado por la Junta, a la consideración del Consejo General.

Art. 68.

1. La resolución deberá contener:

I. Preámbulo en el que se señale:

a) Lugar y fecha;

b) Organo que emite la resolución; y

c) Datos que identifiquen el expediente, al denunciado y, en su caso, al quejoso o la mención de haberse iniciado de oficio;

II. Resultandos que refieran:

a) La fecha en que se presentó la queja, o en la cual el Instituto tuvo conocimiento de los presuntos hechos e inició el procedimiento;

b) La relación sucinta de las cuestiones planteadas;

c) Las actuaciones del denunciado y, en su caso, del quejoso; y

d) Los acuerdos de la Junta, las actuaciones realizadas por ésta, así como el resultado de las mismas;

III. Considerandos que establezcan:

a) Los preceptos que fundamenten la competencia;

b) La apreciación y valoración del expediente: los hechos, las pruebas admitidas y desahogadas, la relación de las pruebas con cada uno de los hechos, así como los informes y constancias derivadas de la investigación;

c) La acreditación o no de los hechos motivo de la queja;

d) Los preceptos legales que tienen relación con los hechos y si aquellos se consideran violados;

e) Las causas, razonamientos y fundamentos legales que sustenten el sentido de la resolución; y

f) En su caso, la consideración sobre las circunstancias y la gravedad de la infracción;

IV. Puntos resolutivos que contengan:

a) El sentido de la resolución conforme a lo razonado en los considerandos;

b) En su caso, la determinación de la sanción correspondiente; y

c) En su caso, las condiciones para su cumplimiento;

V. Votación obtenida;

VI. Tipo de sesión;

VII. Fecha de la aprobación;

VIII. Firmas del presidente y secretario ejecutivo; y

IX. Los términos de su notificación.

Capítulo XI
De los efectos de la resolución

Art. 69.

1. En la sesión en que se tenga conocimiento del proyecto de resolución, el Consejo General determinará:

I. Aprobar el proyecto de resolución en los términos en que se le presente;

II. Aprobar el proyecto de resolución, ordenando al secretario del Consejo realizar el engrose de la resolución en el sentido de los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría;

III. Modificar el sentido del proyecto de resolución, procediendo a aprobarlo dentro de la misma sesión, siempre y cuando se considere que puede hacerse; o

IV. Rechazar el proyecto de resolución y ordenar al secretario ejecutivo la devolución del dictamen a la Junta para la elaboración de un nuevo proyecto en el cual se tomen en cuenta los argumentos, consideraciones y razonamientos expresados por la mayoría del pleno.

Art. 70.

1. En el caso de la devolución del dictamen a la Junta para la elaboración de un nuevo proyecto de dictamen, el mismo deberá ponerse a consideración del Consejo General a más tardar dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se ordenó su devolución.

Capítulo XII
De la votación

Art. 71.

1. El integrante del Consejo General que disienta de la mayoría al momento de votar el sentido de una resolución, podrá formular un voto particular debidamente razonado, debiendo entregarlo en documento o medio magnético al secretario, a efecto de proporcionarlo a los demás integrantes del Consejo y agregarlo a la resolución.

2. En el mismo sentido, el integrante de la Junta que disienta de la mayoría al momento de votar el sentido del dictamen, podrá formular un voto particular debidamente razonado, entregándolo en documento o medio magnético al secretario ejecutivo, a efecto de estar en condiciones de proporcionado a los demás miembros de la Junta e integrado al dictamen.

Art. 72.

1. El secretario recibirá el voto razonado hasta el momento de la sesión en la que se va a someter a consideración el dictamen o la resolución, ordenando la inserción del mismo en el dictamen o resolución a aprobar.

Art. 73.

1. En caso de empate, el Consejero Presidente tendrá voto de calidad.

TITULO TERCERO
Capítulo único

De las infracciones y sanciones

Art. 74.

1. La aplicación de sanciones para cada uno de los entes que regula el presente Reglamento se estará a lo establecido por la Ley Orgánica del Instituto en el capítulo único del título décimo.

Art. 75.

1. El Consejo General para fijar la sanción tomará en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la gravedad de la infracción.

2. En caso de reincidencia se aplicará una sanción más severa.

3. Las multas que aplique el Consejo General, que no hubiesen sido recurridas, o respecto de las cuales constituyan resolución firme e inatacable, deberán ser pagadas en la dirección de administración y prerrogativas del Instituto, en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la notificación. Transcurrido el plazo sin que el pago se hubiere efectuado, el Instituto podrá deducir el monto de la multa, de la siguiente ministración del financiamiento público que corresponda.

4. El fincamiento de las responsabilidades administrativas previstas en este capítulo es independiente de las responsabilidades de tipo penal o de otra índole, que en su caso, incurra el infractor.

Art. 76.

1. Los actos o resoluciones que se deriven del trámite del procedimiento administrativo sancionador se impugnarán mediante el recurso de revocación, de conformidad con las reglas establecidas por la Ley de Medios.

TITULO CUARTO

Capítulo único
Procedimientos administrativos específicos para el
conocimiento de infracciones a la legislación electoral

Art. 77.

1. El presente título tiene por objeto regular el procedimiento para el conocimiento de las presuntas infracciones cometidas por autoridades federales, estatales y municipales, notarios públicos, titulares de los juzgados pertenecientes al Poder Judicial del Estado y los agentes del Ministerio Público, ministros de culto religioso, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta y ciudadanos extranjeros.

Art. 78.

1. Cuando alguno de los servidores del Instituto, en ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de hechos que presuman infracciones a la legislación electoral, cometidas por ministros de culto religioso, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta y ciudadanos extranjeros, por escrito lo hará del conocimiento del Secretario Ejecutivo y, en su caso, remitirá las constancias con que cuente para acreditar su dicho.

Art. 79.

1. El secretario ejecutivo, una vez que tenga conocimiento de una posible infracción cometida por ministros de culto religioso, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta y ciudadanos extranjeros, comunicará de su recepción al Consejo General, en la primera sesión ordinaria que este celebre con posterioridad al conocimiento de la queja para que determine lo conducente.

Art. 80.

1. El secretario ejecutivo del Consejo General, será el responsable de llevar a cabo el procedimiento que se derive de la interposición de quejas por posibles violaciones a la Ley Electoral por ministros de culto religioso, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión o secta y ciudadanos extranjeros.

2. Integrado el expediente a más tardar dentro de los 20 días posteriores a la presentación de la queja, el secretario ejecutivo hará del conocimiento del Consejo General si derivado de la investigación realizada se desprenden violaciones a la ley Electoral.

3. El secretario ejecutivo por conducto del Consejero Presidente remitirá mediante oficio a la Secretaría de Gobernación el expediente respectivo, solicitando se comunique al Consejo General sobre la determinación que se tome en el caso.

Art. 81.

1. En el caso de autoridades federales, estatales y municipales, notarios públicos, titulares de los juzgados pertenecientes al Poder Judicial del Estado y los agentes del Ministerio Público, que hayan infringido la Ley Electoral, se procederá a remitir el expediente y comunicar a su superior jerárquico o bien a la autoridad competente según corresponda, la resolución emitida por el Consejo General, a efecto de que se proceda y se tomen las medidas conducentes en términos de la legislación aplicable, solicitándoles comunicar al Instituto las medidas adoptadas según el caso.

Art. 82.

1. Transcurridos 15 días sin que la autoridad competente hubiese comunicado al Instituto las medidas adoptadas, el Presidente del Consejo girará oficio de insistencia.

2. Cumplidos los 15 días posteriores a aquel en que se formuló la insistencia sin que se haya recibido respuesta, el Presidente del Consejo instruirá al secretario para que informe al Consejo en la próxima sesión que celebre, a efecto de que se determine lo conducente.

Art. 83.

1. Se considerará que las autoridades federales, estatales y municipales han incumplido su obligación de proporcionar información al Instituto en tiempo y forma cuando girado un oficio de insistencia por la Presidencia del Consejo General:

I. No respondan en los plazos establecidos en la solicitud de información;

II. No informen en los términos solicitados; o

III. Nieguen la información solicitada.

Art. 84.

1. Las infracciones a las disposiciones en materia electoral que cometan los funcionarios electorales del Instituto, se tramitarán en los términos que señale el Estatuto, con independencia de lo establecido en otros ordenamientos legales aplicables.

Transitorios

Artículo primero. Publíquese en el Periódico Oficial, Organo del Gobierno del Estado, para los efectos legales a los que haya lugar.

Art. 2º El Reglamento entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.

Dado en a sala de sesiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas a los veintinueve [29] días del mes de septiembre de dos mil seis [2006].

FICHA TÉCNICA

GENERAL

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
79 4-octubre-06 4-octubre-06

Por tratarse de una disposición administrativa no contiene número de Decreto ni Legislatura

REFORMAS

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
 

Ultimo cotejo de vigencia: Diciembre de 2006