REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracciones II y VI, 84 y 85 de la Constitución Política del Estado; 2°, 3°, 6° y 7° de la Ley Orgánica de la Administración Pública; y

Considerando

Mediante el Decreto número 518 de fecha dieciséis de octubre de dos mil diez fue publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas, con el propósito de regular la generación, aprovechamiento y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial de conformidad con lo que establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos así como la prevención de la contaminación y la remediación de suelos contaminados con residuos; a fin de propiciar el desarrollo sustentable en el Estado, su aplicación corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto del Instituto de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas.

La problemática ambiental y sanitaria actual, ocasionada por la generación creciente de residuos sólidos en el Estado de Zacatecas, así como la falta de instalaciones suficientes para su disposición final segura y ambientalmente adecuada requieren, para abatirla, el establecimiento de reglas claras y aplicables tendientes a reducir, reutilizar, reciclar dichos residuos y su disposición final.

Por ello para la aplicación de esta legislación, se requiere responsabilidad compartida pero diferenciada de los distintos sectores sociales en la gestión de los residuos, para asegurar su sustentabilidad ambiental, económica y social, lo cual hace necesario precisar los instrumentos y procedimientos que lo harán posible.

La minimización, valorización y manejo ambiental efectivo, económicamente viable y socialmente aceptable de los residuos sólidos, demanda cambios de los patrones de producción y consumo en la entidad, lo cual requiere de pautas de conducta de carácter reglamentario que oriente y den seguridad jurídica a las partes interesadas.

El fortalecimiento de la infraestructura de servicios públicos para el manejo integral sustentable de los residuos sólidos, conlleva la aplicación de criterios de economía de escala para que estos sean rentables, y de reglas para la creación de rellenos sanitarios de carácter intermunicipal que brinden servicios a varios municipios, bajo la coordinación de organismos operadores intermunicipales.

El cambio de orientación de la gestión de residuos sólidos, hacia la prevención de su generación y de sus riesgos sanitarios y ambientales, así como la recuperación y aprovechamiento de materiales y productos de consumo que se han estado desechando como basura, impetra el establecimiento de convenios y de mecanismos para difundir información, educar y lograr la participación ciudadana organizada y efectiva.

Para lograr la participación de la sociedad, es necesario contar con el diagnóstico sobre la situación de los residuos sólidos en la entidad y sobre la capacidad instalada para su manejo, a fin de participar conjuntamente en la formulación de los programas estatales y municipales para la prevención y gestión integral de residuos sólidos, las reglas para la elaboración, actualización y difusión de tales diagnósticos.

La instalación y operación de servicios para el acopio, la recolección, el almacenamiento temporal, el transporte, la transferencia, la reutilización, el reciclado, el tratamiento y la disposición final de los residuos sólidos, requieren de instrumentos de control preventivo como la certificación ambiental.

Las dependencias gubernamentales son generadoras de residuos sólidos y requieren del establecimiento de Sistemas de Manejo Ambiental para reorientar sus políticas de adquisiciones de bienes y servicios hacia un consumo sustentable, así como para la adopción de prácticas para minimizar, valorizar y dar un manejo ambientalmente adecuado a sus residuos, a fin de poner el ejemplo al resto de la sociedad.

Las diferentes fases del ciclo de vida integral de los residuos sólidos, desde que se generan hasta su disposición final, requieren ser desarrolladas siguiendo prácticas seguras y ambientalmente adecuadas para prevenir o reducir, tanto como sea posible, su liberación al ambiente y los riesgos que de ello se deriven.

La contaminación de sitios con residuos sólidos debe ser prevenida y sujeta a procesos de evaluación de sus riesgos a la salud y al ambiente para determinar en que casos y en que forma debe realizarse su remediación.

La inspección, verificación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones jurídicas que regulan la generación y manejo de los residuos sólidos, debe basarse en procedimientos claves y transparentes que den certeza a los sujetos regulados y a la población que busca protegerse de los riesgos sanitarios y ambientales que conlleva la generación y manejo de los residuos sólidos.

Por lo antes expuesto y fundado, tengo a bien expedir el siguiente

REGLAMENTO DE LA LEY DE RESIDUOS SÓLIDOS
PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

Capítulo I
De las disposiciones generales

Artículo primero. El presente Ordenamiento tiene por objeto reglamentar y establecer las disposiciones que propicien el estricto cumplimiento de la Ley de Residuos Sólidos del Estado de Zacatecas, y rige en todo el territorio del Estado.

Art. 2º La aplicación de este Reglamento corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto del Instituto de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias del Ejecutivo Estatal, así como a los municipios en sus respectivos ámbitos de competencia, de conformidad con el marco legal aplicable y los instrumentos jurídicos de coordinación que se suscriban.

Art. 3º Para efectos del presente Reglamento además de las definiciones contenidas en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas, se considerarán las siguientes:

I. Aprovechamiento: conjunto de acciones cuyo objetivo es aumentar el uso de los materiales y productos contenidos en los residuos mediante su reutilización, remanufactura, rediseño, reciclado y recuperación de energías, para evitar que se desechen;

II. Bolsas de subproductos: base de datos en la cual se registran los materiales o los productos generados de manera no intencional en procesos productivos, o cuyo poseedor pone a disposición en su fase post consumo para su aprovechamiento por terceros, así como la información sobre la demanda de los mismos por parte de los posibles interesados en adquirirlos;

III. Centros de acopio de materiales valorizables: instalaciones para reunir temporalmente y de manera ambientalmente adecuada, uno o varios tipos de materiales o productos reciclables provenientes de casas habitación o de pequeños generadores, de una o de diferentes fuentes, para su valorización y evitar que se desechen como residuos sólidos urbanos;

IV. Centro de transferencia: instalación a donde se transportan y concentran de manera temporal los residuos sólidos recolectados en los centros de población para la recuperación de materiales valorizables o su traslado a su destino final para ser tratados o confinados;

V. Desempeño ambiental: grado de cumplimiento de los objetivos, metas, requisitos y demás disposiciones establecidos en los instrumentos de gestión ambiental y en la normatividad de residuos;

VI. Diagnóstico básico: estudio que considera la cantidad y composición de los residuos que se generan, así como la infraestructura disponible y requerida para manejarlos integralmente;

VII. Fase post consumo: etapa ulterior a la adquisición y utilización de materiales, productos y sus envases, empaques o embalajes, en la cual el propietario o poseedor determina si los sigue aprovechando, los devuelve al productor o comercializador para su reciclado, los introduce al mercado de materiales susceptibles de valorización o los desecha para su disposición final;

VIII. Gestión integral de residuos: conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región;

IX. Gran generador: persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida;

X. Indicador de desempeño: parámetro que permite evaluar los resultados en la implementación de las políticas, programas, ordenamientos jurídicos, planes de manejo y de más medidas previstas en este Ordenamiento;

XI. Ley: Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas;

XII. Ley General de Residuos: Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos;

XIII. Manifiesto: formato por el que se declara en forma detallada los residuos que serán motivo del transporte o traslado;

XIV. Pequeño generador: persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida;

XV. Recolección selectiva primaria: la acción de recolectar por separado los residuos orgánicos húmedos del resto de los residuos valorizables para facilitar su reutilización, reciclado o aprovechamiento del poder calorífico y la capacidad de generar biogas de los materiales contenidos en ello, así como los residuos desechados para su disposición final;

XVI. Recolección selectiva secundaria: la acción de recolectar por separado los diferentes materiales susceptibles de aprovechamiento que el generador pone a disposición de los servicios de recolección y los residuos sólidos destinados a tratamiento o disposición final; y

XVII. Sistema de manejo ambiental: conjunto de medidas que alientan la adopción de políticas de adquisiciones y prácticas de consumo que favorezcan la reducción, la reutilización y el reciclado de los residuos así como el ahorro de agua y energía.

Art. 4º Corresponde al Ejecutivo del Estado por conducto del Instituto de Ecología:

I. Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de residuos sólidos;

II. Elaborar, mantener actualizado y difundir el diagnóstico básico de residuos sólidos estatal, tomando en consideración la infraestructura instalada y la infraestructura necesaria para su manejo integral en el territorio del estado, así como el padrón de prestadores de servicios de manejo de residuos sólidos de su competencia;

III. Elaborar, ejecutar y mantener actualizado el programa de manejo de residuos sólidos estatal, el cual deberá de incluir estrategias y acciones a corto plazo para detener la creación de tiraderos a cielo abierto en el territorio estatal;

IV. Expedir las normas ambientales para el Estado de Zacatecas en materia de prevención, reutilización, reciclado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos;

IV. Inspeccionar, verificar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley, este Ordenamiento, las normas ambientales y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables al manejo integral de los residuos sólidos y peligrosos de su competencia;

V. Promover la adopción de medidas preventivas para evitar contingencias ambientales o emergencias relacionadas con el manejo y disposición final de los residuos y para responder a ellas en el marco de la legislación y Sistema de Protección Civil del Estado de Zacatecas;

VI. Proporcionar asistencia técnica a los municipios que lo soliciten; para la elaboración de los programas municipales de manejo de residuos sólidos urbanos;

VII. Coordinar acciones de prevención y control de la contaminación por residuos sólidos y la remediación o restauración de los suelos cuando sea el caso, en el supuesto en que se afecte a dos o más municipios;

IX. Otorgar las autorizaciones a que se refiere la Ley del presente Ordenamiento;

X. Integrar el inventario de sitios contaminados por residuos sólidos;

XI. Integrar el órgano de consulta estatal en materia de gestión integral de residuos sólidos para fomentar la participación informada, organizada y efectiva de las entidades y dependencias de la administración pública, del sector productivo, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil en general;

XII. Celebrar convenios con las autoridades federales, estatales y municipales, en materia de residuos; los generadores de residuos para el desarrollo de planes de manejo de residuos de manejo especial; los productores, importadores, distribuidores y comercializadores de productos, los sectores público y privado, social y académico, para organizar y promover la difusión de información, educación, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico para fortalecer la gestión de los residuos sólidos y peligrosos domésticos y de micro generadores en el Estado de Zacatecas; de la misma manera para promover la participación en la formulación e Implementación del programa de manejo de residuos sólidos estatal y generar la participación de las dependencias estatales y los ayuntamientos en Sistemas de Manejo Ambiental;

XIII. Autorizar la instalación y vigilar la operación de los sitios de disposición final de residuos sólidos, las instalaciones para el procesamiento de lodos activados provenientes de plantas de tratamientos de aguas residuales, las instalaciones para la elaboración de composta y de los centros de transferencia, acopio, almacenamiento y tratamiento de residuos sólidos y de suelos o sitios contaminados con ellos;

Art. 5º Corresponde a los ayuntamientos por medio de sus unidades administrativas respectivas:

I. Formular, conducir y evaluar la política municipal de residuos sólidos urbanos acorde con la política estatal;

II. Elaborar, actualizar y difundir el diagnóstico básico municipal de residuos sólidos urbanos y el padrón de prestadores de servicio de manejo de residuos sólidos urbanos;

III. Elaborar, ejecutar y mantener actualizado el programa de manejo de residuos sólidos urbanos municipal de conformidad con el programa estatal;

IV. Formular, verificar y vigilar la aplicación de los ordenamientos jurídicos locales para sustentar sus sistemas de gestión integral de residuos sólidos urbanos;

V. Organizar y apoyar brigadas de vigilantes ambientales para que la sociedad civil, particularmente los jóvenes difundan la legislación en materia de residuos y denuncien su incumplimiento y la existencia de sitos contaminados por residuos;

VI. Participar en la implantación de medidas para evitar contingencias ambientales y emergencias por residuos en el marco de la legislación y del Sistema de Protección Civil, Estatal y municipal;

VI. Organizar administrativamente y prestar el servicio público de limpia, consistente en el barrido de áreas comunes, vialidades y demás vías públicas, así como la recolección y manejo integral de los residuos sólidos urbanos domiciliarios y de pequeños generadores de conformidad con la ley, este Ordenamiento, las normas ambientales del Estado de Zacatecas y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables;

VII. Cobrar la recolección y manejo integral de los residuos sólidos urbanos;

IX . Aplicar los estímulos fiscales conforme a las disposiciones legales aplicables;

X. Concesionar el servicio público de limpia para que opere de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Municipio, este Ordenamiento, las normas ambientales del Estado de Zacatecas y las Normas Oficiales Mexicanas aplicables;

XI. Organizar foros y campañas para promover la participación ciudadana en la prevención de la contaminación por residuos, la limpieza de sus comunidades y la formulación y ejecución del programa de manejo de residuos sólidos urbanos municipal;

XII. Integrar un órgano de consulta municipal en materia de prevención y gestión integral de residuos sólidos, para fomentar la participación informada, organizada y efectiva de las entidades y dependencias de la administración pública municipal, del sector productivo, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil en general;

XIII. Establecer convenios con autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluyendo las sanitarias, así como con los demás sectores para el logro de los objetivos de la Ley y este Reglamento;

XIV. Requerir informes a concesionarios de los servicios de limpia y empresas de servicios de manejo de residuos sólidos urbanos;

XV. Convocar y apoyar a organizaciones de la sociedad civil involucradas en actividades tendientes a fortalecer la capacidad de gestión integral de residuos sólidos a nivel municipal, entre otros a través de la creación y operación de centros de acopio de materiales valorizables;

XVI. Convocar en coordinación con el Instituto de Ecología, a las instituciones educativas locales a participar en actividades tendientes a crear una cultura de consumo y producción sustentable que prevenga la generación de residuos, incremente la recuperación de materiales valorizables y contribuya a evitar riesgos al ambiente y la salud por residuos; e

XVII. Impulsar, en coordinación con el Instituto de Ecología la adopción y seguimiento de la aplicación de Sistemas de Manejo Ambiental en las dependencias municipales:

Art. 6º Las personas físicas o morales, públicas o privadas que con motivo de sus actividades generen o manejen residuos, estén obligadas a darles un manejo ambiental y sanitariamente adecuado de conformidad con lo dispuesto en este Ordenamiento y demás disposiciones jurídicas que sean aplicables.

En caso de grandes generadores o de empresas dedicadas a la comercialización o aprovechamiento de los materiales o productos valorizables recuperados a partir de residuos sólidos o que se evite que se conviertan en residuos, estarán sujetas a las disposiciones de la legislación ambiental del Estado de Zacatecas.

Capítulo II
De la utilidad pública

Art. 7º Tratándose de las medidas de utilidad pública relacionadas con la prevención por la generación, el manejo integral y la contaminación de sitios por el manejo inadecuado de residuos sólidos para la conservación y protección del medio ambiente, cuando éstas sean imprescindibles para reducir riesgos a la salud y ameriten una expropiación o una ocupación temporal total o parcial del predio, se atenderá al procedimiento establecido en lo señalado en el presente Ordenamiento.

Art. 8º Las medidas de utilidad pública, obras y acciones determinadas en la Ley, deberán establecer la causa de utilidad pública por la que amerite expropiación u ocupación temporal total o parcial de los bienes o derechos constituidos sobre los mismos.

Art. 9º Además de las medidas y/o causas de utilidad pública establecidas en la legislación aplicable, se consideran de utilidad pública las acciones de contención del riesgo y preparación de posibles sitios contaminados para la realización de las obras de remediación que resulten imprescindibles para reducir los riesgos a la salud en el bien inmueble contaminado.

Art. 10. En el caso de causas de utilidad pública derivadas de situaciones de emergencia, accidente o desastre que involucre el riesgo de diseminación de residuos sólidos, contaminación ambiental y daños a los seres vivos, los particulares involucrados, así como la primera autoridad que tome conocimiento deberán notificar al Instituto, así como a las autoridades de protección civil para que estas actúen de conformidad con lo previsto en la Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas y demás disposiciones que resulten aplicables.

Capítulo III
Del organismo operador intermunicipal

Art. 11. Cuando dos o más municipios convengan en la creación de un relleno sanitario intermunicipal, se deberá de establecer para su operación la creación de un organismo operador intermunicipal, estableciendo la denominación, municipios participantes, domicilio, objeto, naturaleza jurídica, el origen de su patrimonio, duración y en la manera de extinguirse.

Art. 12. El organismo operador del relleno sanitario intermunicipal tendrá el carácter de organismo público descentralizado municipal, cuyas funciones técnico, operativo, consultivo y promocional tiene por objeto la organización, administración, operación, mantenimiento, rehabilitación o ampliación de los servicios públicos de limpia recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en al ámbito de la competencia de los municipios que lo conforman.

Art. 13. El organismo operador para cumplir con su objeto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Fijar las bases para la operación de relleno sanitario intermunicipal, vigilando en todo momento el respeto a la normatividad aplicable en la materia;

II. Construir, administrar, mantener, operar y rehabilitar los lugares y las instalaciones en donde se realice la recepción, almacenamiento, aprovechamiento, reciclaje, transformación, procesamiento, comercialización y confinamiento de los desechos sólidos y cierre técnico de los mismos;

III. Celebrar toda clase de convenios, contratos y actos jurídicos en general con personas físicas o morales, privadas o públicas que sean necesarias para el cumplimiento del objeto;

IV. Gestionar y promover ante las instituciones o entidades del sector público o privado, así como con las personas físicas o morales, la cooperación necesaria para el cumplimiento de su objetivo;

V. Contratar los financiamientos necesarios para el cumplimiento de su objetivo;

VI. Adquirir, arrendar, recibir en comodato y en general contratar el uso o goce temporal de los bienes muebles o inmuebles necesarios para la prestación de los servicios a su cargo, en los términos de los ordenamientos aplicables;

VIII. Formular estudios socioeconómicos y con base a ello proponer las tarifas de los servicios a su cargo;

VIII. Establecer y dirigir oficinas e instalaciones operadoras del sistema que se requieran;

IX. Administrar el ingreso del sistema y los bienes que se incorporen a su patrimonio;

IX. Determinar el procedimiento para la clasificación y tratamiento de los residuos sólidos no peligrosos al interior del relleno sanitario intermunicipal;

XI. Asesorar a los municipios respecto los procesos de recolección y traslado de los residuos sólidos;

XII. Proponer la homologación reglamentaria en materia de la prevención y gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos;

XIII. Determinar el procedimiento para la clasificación y tratamiento de los residuos sólidos no peligrosos al interior del relleno sanitario intermunicipal así como de los proyectos integrales del tratamiento a los residuos sólidos;

XIV. Formular los programas municipales para la gestión integral de los residuos sólidos en coordinación con el Ejecutivo Estatal y con la participación de los distintos sectores sociales, académicos y de investigación;

XV. Nombrar el personal necesario, para la organización, ejecución de las acciones dentro del relleno sanitario;

XVI. Promover la participación, integración, operación y funcionamiento de organismos consultivos representantes de los sectores industrial, comercial y de servicios, académico, de investigación y desarrollo tecnológico, asociaciones profesionales y de consumidores y organizaciones no gubernamentales relacionadas con el tema, para que coadyuven a lograr los objetivos en la materia;

XVII. Establecer las bases técnicas a que deben sujetarse las licitaciones para la adjudicación de contratos administrativos, vigilar su cumplimiento y, en su caso, rescindirlos administrativamente, de conformidad con la normatividad correspondiente; y

XVIII. Vigilar el cumplimiento de las normas ambientales para el Estado de Zacatecas y demás normatividad aplicable, con la participación de la sociedad.

Art. 14. El organismo operador del relleno sanitario intermunicipal se normará por lo establecido, en los planes estatales y municipales de desarrollo, así como por lo previsto en la Normas Oficiales Mexicanas, referentes a la construcción y manejo de rellenos sanitarios y tratamientos de residuos sólidos no peligrosos, Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente y Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas.

Art. 15. El organismo operador del relleno sanitario intermunicipal para el buen desempeño contará con los órganos siguientes;

I. Consejo directivo;

II. Director general del organismo operador;

III. Consejo consultivo.

Art. 16. El consejo directivo es el órgano superior de gobierno del organismo operador, y estará integrado por:

I. Un presidente honorario será designado de común acuerdo entre los presidentes municipales participantes;

I. Un secretario técnico que será el director general del organismo operador;

II. Comisario público; y

III. Los vocales que serán:

a) Instituto de Ecología y Medio Ambiente de Zacatecas; y

b) Los restantes presidentes municipales integrantes.

Art. 17. El organismo operador intermunicipal, podrá realizar actividades relacionadas con el manejo integral de los residuos sólidos urbanos consistentes en:

I. Prevención de la generación;

II. Reducción de la generación en el punto de origen;

III. Separación de residuos y materiales valorizables;

IV. Reutilización;

V. Limpia o barrido;

VI. Acopio de materiales valorizables;

VII. Recolección;

VIII. Almacenamiento y confinamiento;

IX. Transferencia;

X. Traslado o transportación;

XI. Tratamiento;

XII. Reciclaje; y

XIII. Disposición final.

Art. 18. Para el buen desempeño de sus funciones y atribuciones, el organismo operador intermunicipal, elaborará su reglamento interior, sus manuales de procedimientos y organización.

TÍTULO SEGUNDO
De la política de gestión y manejo integral

Capítulo I
Del diagnóstico básico para la gestión integral de residuos
sólidos urbanos y de manejo especial

Art. 19. El Instituto elaborará el diagnostico básico estatal para la gestión integral de residuos sólidos; tomando en consideración la información generada por los municipios, los sujetos regulados, y la sociedad civil en general.

Los municipios deberán realizar el diagnóstico básico municipal para la gestión integral de residuos sólidos urbanos, tomando en consideración la información proporcionada por los sujetos regulados y la sociedad civil en general, y los requerimientos del presente Ordenamiento.

Art. 20. El diagnóstico básico estatal y los diagnósticos básicos municipales deberán contener al menos la siguiente información:

I. Las necesidades y circunstancias particulares de cada uno de los municipios, respecto del volumen de generación, características de los residuos, forma de manejo, patrones locales de consumo y el grado de incorporación de tecnologías ambientalmente eficientes, económicamente viables y socialmente aceptables;

II. Caracterización de residuos que incluya, según corresponda la cantidad técnicamente estimada de residuos en cada uno de los municipios;

III. Infraestructura con la que cuenta cada uno de los municipios para el manejo y gestión integral de residuos, así como para el aprovechamiento de los materiales y productos valorizables cuyo desecho se busca evitar;

IV. Infraestructura requerida en el Estado y municipios para satisfacer las necesidades del manejo y gestión integral de residuos, así como para el aprovechamiento de los materiales y productos valorizables cuyo desecho se busca evitar; y

V. Determinación del costo del manejo de los residuos sólidos urbanos en cada uno de los municipios, incluidos los de los grandes generadores, tomando en consideración:

a) El volumen y frecuencia de generación;

b) Las características de los residuos y su transportación;

c) La distancia de las fuentes generadoras respecto de los sitios en los cuales serán aprovechados, tratados o dispuestos finalmente; y

c) Otros que sean de importancia para determinar dicho cálculo.

Art. 21. La actualización y revisión del diagnóstico básico estatal y los municipales deberán realizarse cada tres años.

Capítulo II
Programas de manejos de residuos sólidos

Art. 22. El Instituto elaborará y actualizará en coordinación con las autoridades competentes, el programa de manejo de residuos sólidos estatal con los datos obtenidos del diagnóstico básico estatal y la información proporcionada por los municipios, los sujetos regulados y la sociedad civil en general.

La actualización a que hace referencia el párrafo anterior se realizará cada tres años, posterior al reajuste de la base de datos de los diagnósticos básicos respectivos.

Art. 23. El programa de manejo de residuos sólidos del Estado y los programas municipales respectivos, deberán contener como mínimo lo siguiente:

I. El diagnóstico básico para la gestión integral de residuos de su competencia, en el que se precise la capacidad y efectividad de la infraestructura disponible para satisfacer la demanda de servicios;

II. Marco conceptual y normativo aplicable;

III. Definición de objetivos generales y específicos para prevenir la generación de los residuos en el Estado;

IV. Metas y plazos para su cumplimiento;

V. Mecanismos de coordinación interinstitucional en su caso;

VI. La política local en materia de residuos sólidos y de manejo especial;

VII. La definición de objetivos y metas locales para la prevención de la generación, el aprovechamiento de materiales valorizables y el mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos, así como las estrategias y plazos para su cumplimiento;

VIII. Las acciones a desarrollar para fortalecer los programas en materia educativa sobre reducción de la cantidad y peligrosidad de los residuos, recuperación, separación y reciclaje de materiales valorizables, comercialización de productos reciclables, alternativas de procesamiento y disposición ambientalmente adecuada;

IX. Los medios de financiamiento de las acciones consideradas en los programas;

X. Las medidas e instrumentos que incentiven la inversión privada y fomenten la investigación para fortalecer los servicios ambientales para el manejo integral de los residuos y aprovechamiento de materiales valorizables que se generan en la entidad;

XI. Las actividades para fomentar y apoyar la operación de la bolsa de subproductos y el fortalecimiento de los mercados de subproductos;

XII. Las actividades tendientes a lograr la participación informada y organizada de los distintos actores y sectores sociales en la gestión integral de los residuos;

XIII. El inventario de sitios contaminados por residuos y procedimientos destinados a promover la remediación de aquellos que representen un riesgo para la población y el ambiente;

XIV. Los mecanismos para fomentar la vinculación entre los programas municipales correspondientes, a fin de crear sinergias;

XV. La asistencia técnica que en su caso brinde el Instituto; y

XVI. Los indicadores de desempeño para evaluar la adecuada aplicación de los programas.

Art. 24. El programa de manejo de residuos sólidos del Estado y los programas municipales respectivos establecerán las estrategias para:

I. Ejecutar e implementar los principios de valorización, reducción, responsabilidad compartida y manejo integral de residuos en el Estado;

II. Fomentar la prevención de la generación de residuos y el aprovechamiento de los materiales contenidos en ellos;

III. Promover la participación activa de la población, en la elaboración de propuestas e iniciativas para la gestión integral de residuos;

IV. Prevenir la contaminación por el manejo inadecuado de residuos;

V. Establecer las acciones necesarias para detener la creación de tiraderos a cielo abierto; y

VI. Fortalecer el desarrollo científico y tecnológico a través de la investigación, con el objeto de reducir la generación, aumentar la valorización y elevar la eficacia ambiental de las opciones de manejo de residuos.

Art. 25. El Instituto y los municipios convocarán a los distintos sectores de la sociedad a participar en la planeación, formulación y ejecución de los programas previstos en la Ley de residuos y el presente Ordenamiento.

Capítulo III
De la educación ambiental en materia de residuos sólidos

Art. 26. El Instituto con la participación de la Secretaría de Educación y Cultura, promoverá:

I. La formulación de planes y programas educativos para la formación de especialistas en materia de residuos sólidos del Estado;

II. La introducción en los programas educativos de la consideración a las prácticas de consumos sustentables y de los planes de manejo a través de los cuales se impulsa la reducción, reutilización y reciclado de los residuos sólidos; y

III. La educación y capacitación de ciudadanos que actúen como vigilantes ambientales, para fomentar una conciencia de solidaridad social en apoyo a la difusión y aplicación de la Ley, este Reglamento y demás ordenamientos aplicables.

Art. 27. El Instituto promoverá ante las instancias competentes en la materia el establecimiento de programas curriculares para la capacitación del personal involucrado en el manejo de los residuos sólidos y en el desarrollo de los planes de manejo al respecto.

Para asegurar la calidad y confiabilidad de la capacitación a la que hace referencia el párrafo anterior, la Secretaría de Educación y Cultura y el Instituto deberán de establecer los criterios que deban reunir quienes impartan la capacitación y los procedimientos de acreditación de la misma.

Art. 28. El Instituto de Ecología en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura y los organismos de investigación científica promoverán la investigación y desarrollo tecnológico orientada a reducir la generación y a optimizar la valorización de residuos sólidos, que favorezca su desintegración rápida y ambientalmente efectiva en los sitios de disposición final y relacionada con la caracterización y remediación de sitios contaminados por residuos.

Capítulo IV
De la información sobre residuos sólidos

Art. 29. El Instituto difundirá a través de su portal electrónico los criterios y metodología establecidos previamente por las autoridades federales para la elaboración de los inventarios de tiraderos a cielo abierto de residuos sólidos o de sitios en los que se hayan abandonado clandestinamente residuos de diferente índole.

Art. 30. El Instituto destinará una sección de su página electrónica para la difusión de la información en materia de gestión integral de los residuos sólidos y peligrosos, así como acerca de los sitios contaminados con ellos, que le proporcionen las diversas instancias del Ejecutivo Estatal involucrados, por los municipios y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

A partir de esta información el Instituto construirá los indicadores que permitan evaluar el desempeño ambiental de la gestión integral de residuos y la eficacia de la aplicación de la legislación en la materia, incluyendo los siguientes datos:

I. Cantidad total de residuos generados;

II. Cantidad total de materiales valorizables recuperados de los residuos que se aprovechan;

III. Cantidad de empresas prestadoras de servicios de manejo de residuos y de instalaciones autorizadas y/o registradas;

IV. Cantidad de actividades educativas y de investigación relacionadas con residuos;

V. Cantidad de organizaciones ciudadanas, que colaboran en la difusión y promoción de la aplicación de la legislación en la materia y fortalecimiento de capacidades de gestión de los residuos;

VI. Cantidad de sitios contaminados por residuos;

VII. Cantidad de contingencias ambientales o de emergencias relacionadas con residuos.

Art. 31. Los prestadores de servicios de manejo integral de residuos sólidos autorizados por el Instituto presentarán mensualmente por medios electrónicos al Instituto el informe sobre las actividades realizadas al respecto, de conformidad con el formato oficial que se establezca para tal fin.

Art. 32. Los generadores de residuos de manejo especial proporcionarán al Instituto la información relativa al manejo de los mismos de conformidad con lo estipulado en este Ordenamiento.

Art. 33. El Instituto promoverá y apoyará el establecimiento de la base de datos en la que se sustente la bolsa de subproductos para difundir los materiales valorizables que los generadores pongan a disposición de los interesados, así como la demanda de materiales por parte de quienes puedan aprovecharlos.

Capítulo V
De la participación social

Art. 34. El Instituto y los municipios promoverán que los diversos sectores de la sociedad se integren y colaboren en el desarrollo de los programas a nivel estatal o municipal, con el objetivo de lograr la prevención de la generación, el manejo y gestión integral de los residuos; así como para prevenir la contaminación y remediación de los sitios contaminados con estos.

Con los fines previstos en el párrafo anterior, el Instituto establecerá un registro de las organizaciones de la sociedad civil que están involucradas en actividades relacionadas con la prevención de la generación y el manejo integral de los residuos.

Art. 35. El Instituto y los municipios conformarán brigadas de vigilantes ambientales comunitarios que apoyen la difusión y promoción de la aplicación de la legislación de los residuos.

Con el fin de incentivar la participación ciudadana en acciones como las previstas en el párrafo anterior, el Instituto y los municipios podrán otorgar un reconocimiento público a las personas físicas o morales que se distingan por su contribución a mejorar la gestión y manejo integral de los residuos, con el apoyo del órgano de consulta pública respectivo.

Art. 36. El Instituto y los municipios conformarán el órgano de consulta estatal y municipal respectivamente en materia de gestión integral de residuos, a fin de contar con la opinión de ciudadanos, organizaciones civiles, consejos de concertación ciudadana expertos y fomentar la participación informada en materia de prevención y gestión integral de residuos.

Art. 37. El órgano de consulta estatal o municipal, deberá esta integrado de la siguiente forma:

I. Un presidente que será el servidor público que designe el instituto o la autoridad municipal competente;

II. Un secretario designado por el órgano de consulta a propuesta del presidente del mismo; y

III. Tres vocales, por cada uno de los sectores, productivo, científico y tecnológico y de la sociedad civil, cuya participación será de tres años, renovándose por tercios cada año.

El Instituto y las autoridades municipales según sea el caso, determinarán los requisitos de elegibilidad para que tales sectores designen a sus representantes y establecerá un procedimiento para invitarlos a proponer las candidaturas correspondientes.

Art. 38. El órgano de consulta se regirá de acuerdo aun reglamento interior que para tales efectos formule, mismo que deberá de ser aprobado por el Instituto o las autoridades municipales según corresponda.

Art. 39. El órgano de consulta podrá opinar en relación a la prevención y gestión integral de residuos en lo que respecta a:

I. Las propuestas de los programas de manejo de residuos sólidos estatal y municipal;

II. Los proyectos de infraestructura para el manejo de residuos;

III. Las tecnologías para el manejo de residuos;

IV. Las medidas de prevención de generación de residuos y la reducción de los riesgos a la salud y al ambiente de los mismos; y

V. Las candidaturas para el otorgamiento de reconocimientos por la labor destacada de personas físicas o morales en relación con la gestión integral de residuos.

TÍTULO TERCERO
Del manejo integral de los residuos sólidos

Capítulo I
De la clasificación de los residuos sólidos

Art. 40. Para los efectos de este Reglamento los residuos sólidos se clasifican por sus características en:

Categoría I. Residuos orgánicos: que provienen de seres vivos o procesos biológicos y tienen capacidad de descomponerse bajo la acción de microorganismos, los que se subclasifican en:

-Residuos orgánicos húmedos: aquellos que se pueden biodegradar por actividades metabólicas de organismos aeróbicos o anaeróbicos en cuestión de días; hasta 180, como los restos de comida, de animales y vegetales.

-Residuos orgánicos secos: los que por la complejidad de sus moléculas no se degradan fácilmente por procesos biológicos naturales y son susceptibles de reciclado, como el papel, cartón, plástico, textiles y madera.

Categoría II. Residuos inorgánicos: están constituidos por materiales de origen mineral o se encuentran mineralizados y no interviene el carbono como elemento fundamental.

Categoría III. Residuos mixtos: mezclas de residuos de diferentes características; y

Categoría IV. Sanitarios: constituidos por materiales generados en laboratorios y hospitales, siempre que no sean de tipo biológicos- infecciosos o residuos peligrosos.

Art. 41. Los residuos de manejo especial comprenden las categorías que se indican a continuación:

Categoría I. Residuos de procesos: los generados en el conjunto de actividades productivas relativas a la extracción, producción, obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, ensamblado, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro al público de materias primas, productos y servicios; y

Categoría II. Residuos de consumo: los derivados de la eliminación de materiales, productos y de sus envases y embalajes, que corresponden a los residuos sólidos urbanos generados por grandes generadores.

Art. 42. Las personas físicas o morales que de acuerdo con la Ley General son consideradas como grandes generadoras de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, para los efectos de este Reglamento se clasifican como sigue:

I. Categoría A. Quienes generan más de 1 tonelada por día o más de 366 toneladas por año.

II. Categoría B. Quienes generan más de 250 kilogramos hasta 999.99 kilogramos por día o más de 91 hasta 366 toneladas por año; y

III. Categoría C. Quienes generen más de 27.5 hasta 250 kilogramos por día o más de 10 hasta 91.00 toneladas por año.

Capítulo II
De la autorización para el manejo de residuos sólidos

Art. 43. El Instituto, previa aprobación de la manifestación de impacto ambiental de conformidad con los ordenamientos aplicables a la materia, autorizará las instalaciones y actividades que no sean de competencia federal, relacionadas con el manejo de residuos sólidos en las que se realicen:

I. Almacenamiento temporal;

II. Transferencia;

IV. Elaboración de composta;

V. Procesamiento de lodos activados que no sean considerados como peligrosos, provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales;

VI. Tratamientos térmicos, químicos, físicos o biológicos;

VII. Disposición final; y

VIII. Descontaminación o remediación de suelos y sitios contaminados por residuos.

Toda persona física o moral que solicite autorización para instalaciones y actividades referidas en las fracciones I a VII, así como cualquier modalidad de procesamiento de residuos sólidos deberá presentar a el Instituto las medidas que adoptarán para prevenir las liberación de contaminantes al ambiente durante su operación, así como para evitar y controlar el desarrollo de fauna nociva en su caso.

Por lo que respecta a la autorización por parte del Instituto para el transporte de residuos de manejo especial, ésta se sujetará a la presentación de un informe sobre las medidas que se adoptarán para prevenir la diseminación de los residuos al transportarlos y en caso de accidente que provoque su derrame.

Art.44. La autorización de procesos e instalaciones de manejo de residuos sólidos sujetos al cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas o de normas ambientales estatales estarán condicionadas al cumplimiento de lo establecido en las mismas.

Al emitir la autorización el Instituto proporcionará los lineamientos a seguir destinados a prevenir riesgos a la salud y al ambiente que estos pudieran ocasionar, de conformidad en lo previsto en este Ordenamiento.

Art. 45. En cualquier actividad de manejo integral de residuos sólidos sujeta autorización, el Instituto deberá:

I. Requerir la presentación de comprobantes de la capacidad técnica del personal involucrado en el manejo de los residuos sólidos de conformidad con las labores que realice, así como sobre su conocimiento acerca de los riesgos sanitarios y ambientales que conlleva dicho manejo y las prácticas adecuadas destinadas a prevenirlos; y

II. La presentación del plan de emergencias ante la autoridad de protección civil competente; mismo que debe de incluir; según sea el caso la consideración a posibles eventos como: incendio, explosión, inundación, derrame o diseminación de los residuos sólidos y para responder a ellas.

Art. 46. El Instituto se sujetará a lo dispuesto en los programas de ordenamiento ecológico, desarrollo urbano y ordenamiento territorial y, en su caso a las restricciones para la ubicación de éstas que estipulen las Normas Oficiales Mexicanas y las normas ambientales estatales que resulten aplicables, para emitir la autorización de impacto ambiental a instalaciones destinadas al manejo de los residuos sólidos.

Art. 47. La expedición de la autorización de impacto ambiental correspondiente requerirá la presentación de una fianza o garantía financiera que asegure la limpieza del sitio al cese de sus actividades, con el objeto de evitar la creación de pasivos ambientales y la liberación de contaminantes al ambiente al cierre de las instalaciones y operaciones relacionadas con el tratamiento térmico de los residuos sólidos.

Tratándose de instalaciones para la disposición final de los residuos sólidos, la fianza o garantía financiera a la que hace mención el párrafo anterior, deberá asegurar el monitoreo ulterior a la suspensión de las actividades por un periodo de 20 años; dicha fianza deberá ser actualizada cada tres años.

Las garantías financieras a que se refiere el presente artículo, podrán presentarse en alguna de las formas siguientes:

I. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los beneficios de orden y exclusión;

II. Fideicomisos de garantía;

III. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y solvencia;

IV. Prenda o hipoteca; y

V. Títulos de valor o cartera de créditos del interesado, en caso de que se demuestre la imposibilidad de exhibir alguna otra garantía financiera, los cuales se aceptarán al valor que para cada caso fije el Instituto de acuerdo con el volumen y características de los residuos cuyo manejo ha sido autorizado, así como la estimación de los costos que pueden derivar de la reparación del daño provocado en caso de accidente o de contaminación de los sitios, que se pueden ocasionar por el manejo de dichos residuos.

El Instituto vigilará que las garantías sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como con posterioridad y, si no lo fueren, exigirá su aplicación en ningún caso se podrá dispensar el otorgamiento de la garantía,  sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales.

El Instituto establecerá las metodologías para la fijación de los montos de los seguros y garantías, mediante acuerdo que publicará en el Periódico Oficial del Gobierno.

Art. 48. Los prestadores de servicio de manejo de residuos sólidos autorizados recibirán un número de registro ambiental único, el cual deberá aparecer en todos los trámites que realicen en relación con sus actividades autorizadas.

El Instituto establecerá y operará una base de datos que contenga información sobre las empresas autorizadas para le manejo de residuos sólidos y pondrá el padrón de empresas a disposición del público a través de su portal electrónico.

Art. 49. Para obtener la autorización correspondiente los interesados deberán presentar solicitud, mediante formato que expida el Instituto, la cual contendrá como mínimo la siguiente información:

I. Datos generales de la persona física o moral, que incluyen nombre, denominación o razón social, teléfono o fax, domicilio para recibir notificaciones, dirección electrónica en su caso, y ubicación de las instalaciones expresada en coordenadas geográficas;

II. Nombre y firma de los representantes legal y técnico de la empresa o persona física o moral que realizará la actividad para la cual se solicita autorización;

III. Número de la autorización en materia de impacto ambiental, en el caso de que la actividad esté sujeta a ella;

IV. Descripción e identificación de los residuos sólidos que se pretenden manejar, donde se indiquen sus características relevantes y cantidad anual estimada de manejo;

V. La capacidad anual estimada de las instalaciones en donde se pretende llevar a cabo la actividad de manejo;

VI. Indicación del uso del suelo autorizado en el domicilio o zona donde se pretende instalar;

VII. La actividad que se pretenda realizar, misma que se describirá de acuerdo con lo establecido en este Reglamento y en el formato que al respecto emita el Instituto;

VIII. La fecha de inicio de operaciones y la inversión estimada del proyecto;

IX. Las acciones a realizar cuando arriben los residuos sólidos a la instalación en donde se llevará a cabo la actividad respectiva, incluyendo las de descarga y pesaje de los mismos, y aquellas que se realicen para su almacenamiento, procesamiento, tratamiento o disposición final;

X. El tipo de almacenamiento, envasado a granel, y la capacidad de almacenamiento para los residuos sólidos dentro de las instalaciones antes de su manejo específico, excepto centros de acopio;

XI. La descripción de los equipos a emplear en la actividad de manejo, detallando sus sistemas de control;

XII. La información de soporte técnico de los procesos o tecnologías a los que se someterán los residuos sólidos a sí como elementos de información que demuestren en la medida de lo posible en el caso de los tratamientos térmicos y de confinamiento, que se propone la mejor tecnología disponible y económicamente accsible, así como las formas de operación acorde con las mejores prácticas ambientales;

XIII. Las medidas de seguridad implementadas en todo el proceso;

XIV. Las caracteristicaza de residuos generados durante la operación de manejo, la cantidad estimada que se generará y el manejo que se les dará; y

XV. La propuesta de seguro o garantías financieras que, en su caso, se requieran, en los términos de este Reglamento.

Los transportistas de residuos sólidos únicamente proporcionarán la información señalada en las fracciones I, II, IV y XI del presente artículo.

Art. 50. La información relativa a la actividad para la cual se solicita autorización describirá lo siguiente:

I. Para la instalación y operación de almacenes temporales de residuos sólidos:

a) El tipo de instalación cubierta o a la intemperie;

b) Las dimensiones y materiales con los que están fabricados las paredes, divisiones y pisos;

c) Los tipos de iluminación y ventilación: artificial o natural;

d) Las formas de almacenamiento que se utilizarán: a granel o envasado, especificando la altura máxima de las estibas y la manipulación de los residuos sólidos cuando el almacenamiento se realice a granel;

e) Los sistemas de almacenamiento, en su caso; y

f) Las estructuras u obras de ingeniería de la instalación para evitar la liberación de los residuos sólidos y la contaminación al ambiente;

II. Para la reutilización de residuos de manejo especial de procesos productivos fuera de la fuente que los generó se indicarán las características técnicas del material o residuos a reutilizar, los procesos productivos en los cuales serán utilizados, su capacidad anual de reutilización y su balance de materia;

III. Para el reciclaje o co-procesamiento de residuos de manejo especial de procesos productivos fuera de la fuente que los generó:

a) Los procedimientos, métodos o técnicas de reciclaje o co-procesamiento que se propone, detallando todas sus etapas;

b) Las cargas de residuos sólidos, emisiones, efluentes y generación de otros residuos, así como los parámetros de control de proceso; y

c) Cuando se realice un aprovechamiento energético o de sustitución de materiales se especificará, además el balance de energía, el poder calorífico del residuo y el proceso al cual será incorporado;

IV. Para la prestación de servicios de tratamiento de residuos sólidos: la tecnología de tratamiento que se empleará para tratar los residuos sólidos, mencionando las capacidades nominal y de operación, anuales, de los equipos a instalar, incluyendo el balance de materia y energía e indicando los parámetros de control de la tecnología;

V. Para la prestación de servicios de incineración de residuos sólidos:

a) El proceso que se empleará para incinerar residuos, mencionando las capacidades nominal y de operación, anuales, de los equipos a instalar, incluyendo el balance de materia y energía e indicando los parámetros de control del proceso;

b) Las temperaturas de proceso, eficiencia del equipo, eficiencia de destrucción de los residuos que pueden alcanzar el sistema, tiempo de residencia de los gases y las concentraciones de los contaminantes que genera el equipo;

c) El sistema de alimentación de residuos, así como las operaciones realizadas en esta actividad;

d) Los combustibles utilizados para la incineración de residuos, incluyendo su almacenamiento y forma de alimentación durante la operación; y

e) El sistema de control y monitoreo de emisiones, incluyendo su operación y puntos de muestreo.

Lo previsto en esta fracción aplica para pirolisis, plasma y gasificación;

VI. Para la prestación de servicios de tratamiento de suelos contaminados:

a) Las metodologías de tratamiento, restauración y/o remediación en su caso que se propone aplicar, describiendo detalladamente todos los aspectos técnicos, su rango de aplicación y el contaminante al cual aplica la misma;

b) Los recursos materiales, económicos y técnicos necesarios para la ejecución de las metodologías señaladas en el inciso anterior; y

c) La capacidad de tratamiento expresada en toneladas por año;

VII. Para la construcción y operación de una instalación de disposición final de residuos sólidos o para la prestación de servicios a terceros:

a) La capacidad estimada del confinamiento;

b) La capacidad estimada de tratamiento de residuos por día;

c) Las instalaciones y las condiciones de operación involucradas en el confinamiento;

d) Las tecnologías de tratamiento empleadas previas a la disposición final;

e) La forma en que se almacenarán los residuos previamente a su disposición final: a granel o envasado y la ubicación del área de almacenamiento temporal con respecto a las otras áreas de la instalación;

f) La forma que se propone para disponer los residuos en las celdas de confinamiento o almacenarlos; y

g) Las operaciones previas al confinamiento de los residuos, así como el diagrama de flujo correspondiente;

VIII. Para el transporte de los residuos sólidos se describirán los residuos y la forma en que se recolectarán y transportarán, así como los vehículos que se utilizarán.

Cuando los residuos sólidos estén sujetos a un plan de manejo que haya sido notificado al Instituto para prevenir su generación y maximizar su valorización a través de la reutilización, reciclado o co-procesamiento de los materiales valorizables contenidos en ellos fuera de las instalaciones en donde se generaron, los prestadores de servicios involucrados podrán prescindir de aportar la información referida en los incisos II y III de este artículo, presentando el número de registro del citado plan de manejo.

Art. 51. La solicitud de autorización se acompañará con la documentación siguiente:

I. Copia de identificación oficial del solicitante o del acta constitutiva de la persona moral cuyo objeto social ampare las actividades que pretende desarrollar;

II. Documento jurídico que acredite al representante o apoderado legal en su caso;

III. Copia de la autorización de uso de suelo expedida por la autoridad competente;

IV. Copia del plano del proyecto ejecutivo de la planta en conjunto, el cual debe indicar la distribución de las áreas, incluyendo el almacén de residuos sólidos recibidos para su manejo y el área de maenjo de residuos sólidos, según se trate. En el caso de instalaciones de tratamiento y disposición final, el plano especificará además la ubicación de las áreas de tratamiento, solidificación y confinamiento;

V. El diagrama de flujo del proceso, indicando los puntos donde se generen emisiones a la atmósfera, descargas de aguas residuales, subproductos, residuos o contaminantes, incluyendo sus volúmenes de generación, en congruencia con el balance de materia, cuando se trate de reciclaje, tratamiento o incineración de residuos sólidos;

VI. Comprobantes de la capacitación del personal involucrado en el manejo de residuos sólidos, en la remediación de suelos contaminados, en la operación de los procesos, equipos, medios de transporte, muestreo y análisis de los residuos, así como otros aspectos relevantes que, según corresponda, el solicitante haya incorporado;

VII. Programa de prevención y atención de contingencias ambientales o emergencias y accidentes, el cual contendrá la descripción de las acciones, medidas, obras, equipos, instrumentos o materiales con que se cuenta para controlar las emisiones descontroladas, fugas, derrames, explosiones o incendios que se puedan presentar en todas las operaciones que realiza la empresa como resultado del manejo de residuos sólidos; y

VIII. Copia de la autorización en materia de impacto ambiental, en su caso.

Los transportistas de residuos sólidos exhibirán únicamente la documentación señalada en las fracciones I y II de este artículo.

Se tendrá por cumplido lo dispuesto en la fracción VII del presente artículo. Cuando se hubiese presentado ante el Instituto un programa de prevención de accidentes en los términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente o las medidas de prevención, protección y control sobre los efectos de una emergencia de conformidad con la legislación de protección civil.

Art. 52. Además de la documentación señalada en los artículos anteriores, de acuerdo con la actividad que se pretenda realizar, se anexará lo siguiente:

I. Para la incineración de residuos sólidos la propuesta de protocolo de pruebas específico para esta actividad. Asimismo, aplica para pirólisis, plasmas y gasificación;

II. Para la prestación de servicios de tratamientos de suelos contaminados:

a) El listado de insumos directos e indirectos que serán utilizados en el proceso de tratamiento, indicando sus nombres comerciales y la relación de alimentación para cada una de ellos. En el caso de los insumos directos, se indicará la cantidad a utilizar por metro cúbico de suelo a tratar; y

b) Las hojas de seguridad de los reactivos, productos, fórmulas químicas o cepas bacterianas a ser utilizadas en el proceso de tratamiento, las cuales deberán presentarse con el nombre y firma del responsable técnico, lo anterior a fin de poder evaluar su uso para los fines que se solicitan así como sus efectos al ambiente;

III. Para la construcción y operación de una instalación de disposición final de residuos de manejo especial se anexará el estudio de vulnerabilidad del sitio, el cual contendrá:

a) La geología regional y local del sitio;

b) La climatología e hidrología superficial del sitio;

c) Estudio geohidrológico del sitio;

d) La estimación de la migración potencial de los contaminantes al agua subterránea;

e) La determinación del grado de protección del acuífero;

f) La determinación de los riesgos asociados a los residuos y materiales presentes en la operación del confinamiento, probabilidades de ocurrencia de accidentes, los radios potenciales de afectación y las zonas de seguridad;

g) La definición de recomendaciones, propuestas por quien elabora el estudio de vulnerabilidad, para disminuir el riesgo asociado a la operación del confinamiento;

h) La determinación del riesgo a instalaciones e infraestructura del confinamiento y de las zonas vecinas por fugas, incendios y explosión;

i) La determinación del riesgo hidrológico por precipitación, inundación y corrientes superficiales;

j) El estudio y los resultados de mecánica de suelo y subsuelo del sitio;

k) La determinación del riesgo geológico por fallas, sismos y deslizamientos;

l) La determinación de lixiviados de los residuos estabilizados;

m) La información sobre la movilidad, persistencia y toxicidad potencial de los contaminantes o componentes críticos de los residuos estabilizados;

n) La determinación de los factores específicos al sitio que influyen en la exposición de receptores humanos o de la biota y dispersión de los contaminantes en aire, agua y suelo;

o) La determinación y categorización de los puntos, rutas y vías de exposiciones presentes y futuras;

p) La determinación de las poblaciones receptoras más vulnerables; y

q) La determinación de las posibles consecuencias o efectos adversos a la salud humana y al medio ambiente de la exposición que puede derivar de la presencia de los contaminantes o componentes críticos.

Cuando se trate de las autorizaciones a que se refiere la fracción III de este artículo, el Instituto solicitará opinión a los Servicios Coordinados de Salud respecto de la documentación a que se refieren los incisos p) y q). Ambas dependencias suscribirán las bases de colaboración necesarias para fijar la forma y los plazos en que se dará atención al trámite de dichas solicitudes.

Art. 53. El Instituto resolverá las solicitudes de autorización conforme al siguiente procedimiento:

I. Revisará la solicitud y los documentos presentados y, en su caso, prevendrá por única ocasión al interesado dentro del primer tercio del plazo de respuestas de cada trámite para que complete la información faltante, la cual deberá presentarse dentro de un plazo similar, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación;

II. Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención, se desechará el trámite; y

III. Concluidos los plazos anteriores, el Instituto reanudará y deberá resolver en los términos del artículo siguiente.

Cuando el Instituto requiera información adicional; el requerimiento interrumpirá el plazo de resolución correspondiente.

Art. 54. Los plazos de resolución para las autorizaciones atendiendo a la actividad respecto de la cual se solicite autorización del Instituto, serán los siguientes:

I. Para la instalación de almacenes temporales y centros de acopio, treinta días hábiles;

II. La recolección y transporte, treinta días hábiles;

III. Para la incineración, co-procesamiento térmico y disposición final de residuos sólidos, noventa día hábiles; y

IV. Para las demás actividades de manejo, cuarenta y cinco días hábiles.

Art. 55. Las autorizaciones que expida el Instituto deberán contener lo siguiente:

I. Nombre, denominación o razón social y domicilio del titular;

II. Nombre y ubicación de las instalaciones respectivas;

III. Actividad o servicios que se autorizan realizar;

IV. Nombre y tipo de residuos objeto de autorización;

V. Metodologías, tecnologías y procesos de operación autorizados;

VI. Número de autorización;

VII. Vigencia de la autorización;

VIII. Garantías que deban exhibirse y el monto de las mismas; y

IX. Las condiciones técnicas específicas para el desarrollo de la actividad o la prestación del servicio autorizadas.

El Instituto establecerá condiciones técnicas a partir de la evaluación de la información y documentación presentada en la solicitud.

Art. 56. En tanto no se expidan las Normas Oficiales Mexicanas que regulen tecnologías o procesos de tratamiento, incineración, gasificación, plasma, termólisis u otros para los residuos sólidos, el Instituto podrá solicitar al prestador de servicio el proyecto ejecutivo y desarrollo de un protocolo de pruebas, siempre que:

I. La tecnología y el proceso sea innovador y no exista experiencia al respecto;

II. Existan antecedentes de que la citada tecnología o proceso no es eficaz para los residuos sólidos que se pretenden manejar; y

III. Se pretenda realizar incineración u otros tratamientos térmicos de residuos.

El protocolo de pruebas se realizará de acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana correspondiente o al procedimiento que en su caso haya establecido la autoridad ambiental federal o el Instituto.

Art. 57. La vigencia de las autorizaciones en materia de manejo de residuos sólidos será:

I. Para la disposición final, hasta por veinticinco años atendiendo al cálculo de la vida útil de las instalaciones;

II. Para reciclaje, co-procesamiento térmico,  tratamiento, gasificación, plasma, termólisis e incineración, hasta diez años; y

III. Para la operación de almacenamientos temporales o transporte, hasta cinco años.

Para cualquier otra actividad que no tenga señalada una vigencia expresa en el presente Reglamento, la vigencia minima será de un año y la máxima de cinco años atendiendo a las condiciones de operación propuestas.

Art. 58. La vigencia de las autorizaciones podrá prorrogarse por periodos iguales al originalmente autorizado, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

I. La solicitud de prórroga se presente en el último año de vigencia de la autorización y hasta cuarenta y cinco días hábiles previos al vencimiento de la vigencia mencionada;

II. La actividad desarrollada por el solicitante sea igual a la originalmente autorizada;

III. No hayan variado los residuos sólidos por los que fue otorgada la autorización original; y

IV. El solicitante sea el titular de la autorización.

La solicitud de prórroga se presentará por escrito y el Instituto podrá verificar el cumplimiento dado por parte del solicitante a las condiciones y términos establecidos en la autorización originalmente otorgada, así como en la Ley, este Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas y normas ambientales estatales aplicables, previamente a resolver sobre la solicitud de prórroga.

El Instituto resolverá sobre el otorgamiento de la prórroga de autorización en un plazo no mayor de noventa días hábiles contados a partir de la fecha en que la solicitud respectiva se haya recibido, aún cuando no se haya realizado la visita de verificación señalada en el párrafo anterior.

Transcurrido dicho plazo sin que el Instituto hubiere emitido resolución alguna, se entenderá autorizada la prórroga.

Art. 59. Los titulares de una autorización podrán solicitar al Instituto la modificación de dicha autorización para lo cual deberán presentar una solicitud, mediante formato expedido por el Instituto, la cual contendrá el número de autorización, la modificación que solicita y las causas que motivan la modificación, anexando los documentos con las cuales se acrediten dichas causas.

El Instituto aprobará, en su caso, la modificación solicitada en apego a las disposiciones contenidas en este Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones.

Cuando se trate de cambio de denominación o razón social bastará con que se dé aviso al Instituto, mismo que se formulará por escrito y al cual deberá acompañarse copia certificada del acta de asamblea general extraordinaria de los accionistas o socios de la persona moral correspondiente, protocolizada ante fedatario público y en el cual se haya acordado y aprobado el cambio de denominación o razón social, así como el instrumento jurídico mediante le cual se acredita la personalidad del representante legal de la empresa a la que se ha cambiado la denominación o razón social.

Art. 60. El Instituto para otorgar la prórroga o autorizar la modificación tomará en consideración lo siguiente:

I. Que durante el desarrollo de la actividad autorizada no se generen residuos que representen un riesgo a la población, al ambiente o a los recursos naturales y que dicha actividad cumplan con las disposiciones técnicas y jurídicas ambientales aplicables;

II. Que se cumplan las obligaciones establecidas por las disposiciones jurídicas ambientales en materia de residuos sólidos; y

III. Que se haya cumplido con las condicionantes establecidas en la autorización, cuando se trate de prórrogas.

Art. 61. El Instituto suspenderá los efectos de las autorizaciones otorgadas cuando:

I. Se falsifiquen documentos para acreditar el cumplimiento de condiciones establecidas en la autorización; y

II. El documento original de la autorización o sus reproducciones presenten alteraciones o modificaciones en su contenido.

Art. 62. Cuando el Instituto tenga conocimiento de alguna de las causas de revocación o suspensión señaladas en los artículos anteriores o en la Ley, iniciará el procedimiento administrativo correspondiente.

Art. 63. El Instituto otorgará consentimiento para la transferencia de autorizaciones cuando ésta se solicite con motivos de actos traslativos de dominio de empresas e instalaciones, escisión o fusión de sociedades.

Para el caso de actos traslativos de dominio, en la solicitud correspondiente se deberá proporcionar el documento protocolizado ante fedatario público que contenga dichos actos, en instrumento público que acredite la personalidad jurídica de quien será el representante legal, así como su declaración bajo protesta de decir verdad de que subsisten las condiciones consideradas para el otorgamiento de la autorización que se pretenda transferir y de que el adquirente no se encuentre sujeto a procedimientos administrativos, civiles o penales derivados de la Ley.

El Instituto emitirá el consentimiento expreso para la transferencia de la autorización en un plazo que no excederá de quince días hábiles a partir del día hábil siguiente al que se presente la solicitud. Si transcurrido dicho plazo no se emitiere respuesta alguna se entenderá negado el consentimiento.

Art. 64. Los centros de acopio de materiales valorizables provenientes de generadores domiciliarios o de pequeños generadores se clasifican en:

I. Centros privados, operados por prestadores de servicios que se dedican a su comercialización o reciclado, los cuales requerirán autorización del Instituto en los términos de este Ordenamiento y que deben acompañar su solicitud de autorización con los permisos de uso del suelo, con la licencia de construcción y de funcionamiento que en su caso hayan sido emitidos por las autoridades municipales;

II. Centros de acopio de carácter social, operados y/o establecidos en instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil o centros comerciales para recibir por donación los materiales o productos post consumo valorizables, los cuales deben registrarse ante las autoridades municipales correspondientes; y

III. Centros de acopio públicos, operados por autoridades estatales o municipales para apoyar el desarrollo de planes de manejo de corrientes específicas de materiales o productos post consumo reciclables.

Los centros de acopio sociales se distinguen a su vez en:

a) Temporales, que operan por periodos no mayores a siete días naturales. Estos centros deberán dar aviso a la autoridad municipal correspondiente, por lo menos con treinta días naturales de anticipación, indicando los materiales valorizables a acopiar para su reciclado y la capacidad de recepción de dichos materiales. En caso de no recibir observaciones de las autoridades en el término de veinte días hábiles a la información presentada se podrá realizar dicha actividad; y

b) Permanentes que operan continuamente para contribuir al reciclado de materiales valorizables y disminuir la disposición final de residuos sólidos urbanos, los cuales deberán registrarse ante la autoridad municipal correspondiente y presentar su plan de manejo del centro. En caso de que no se reciban observaciones de las autoridades en el término de 30 días hábiles a la información presentada se podrá realizar dicha actividad.

Tratándose de los centros de acopio sociales y públicos, la retención de los materiales o productos reciclables en dichos centros será temporal y determinada en los contratos, convenio o manifestaciones de voluntad de cederlos, donarlos, intercambiarlos, o venderlos a comercializadores, recicladores o a quienes puedan aprovecharlos.

Capítulo III
De las obligaciones de los generadores de residuos

Art. 65. Los generadores de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y de residuos peligrosos competencia del Estado, estan obligados a entregarlos a los servicios públicos o privados autorizados a llevar a cabo su recolección y manejo integral, salvo que se trate de residuos sujetos a un plan de manejo notificando a el Instituto en el cual se sometan a intercambio, donación o valorización aprobado por ésta.

Tratándose de generadores de residuos sólidos de la Categoría A establecida en este ordenamiento, éstos deberán presentar un informe anual a el Instituto en el formato que establezca para tal fin, sobre el volumen y tipo de residuos generados, así como sobre su forma de manejo o bien hacer uso de la Certificación Ambiental mediante la cual se reportan a el Instituto las emisiones y transferencias de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, así como los materiales y residuos sujetos a reporte.

Art. 66. Los generadores de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligroso, competencia del Estado, se deberán acopiar de manera tal que permita evitar su diseminación, contaminación al ambiente y posibles daños a la salud y a los ecosistemas:

I. Los residuos orgánicos húmedos como restos de alimentos y jardinería deberán acopiarse separado del resto de los residuos y en condiciones que eviten la proliferación de fauna nociva como ratas, cucarachas y moscas, y liberación de malos olores; ya sea en contenedores con tapa o en bolsas plásticas que se cierren y cuyo contenido no rebase más del 80% de su volumen;

II. Lo residuos sanitarios como pañales, toallas sanitarias, pañuelos desechables y otros materiales contaminados con secreciones o residuos biológicos, deberán acopiarse en bolsas de plásticos cerradas;

III. Los residuos punzocortantes, incluyendo vidrios rotos, deberán colocarse en la medida de lo posible en contenedores rígidos como cajas de cartón para evitar heridas a quienes manipulen los residuos;

IV. Las pilas eléctricas deberán acopiarse por separado, siguiendo las precauciones para evitar descargas eléctricas, y en los sitios autorizados por el Instituto para su reciclado o disposición final;

V. Los residuos peligrosos domésticos deberán manejarse de conformidad a lo que establezcan los servicios urbanos y las Normas Oficiales Mexicanas y normas ambientales aplicables, o se indique en los planes de manejo implantados por productores, importadores o distribuidores para la devolución de productos que al desecharse se conviertan en este tipo de residuos; y

VI. En caso de residuos de manejo especial de procesos productivos su acopio y almacenamiento temporal deberá realizarse de conformidad con el tipo de materiales que contengan, siguiendo reglas de higiene y seguridad y de conformidad con lo previsto en este Ordenamiento.

En el caso de la separación de los residuos domiciliarios y de pequeños generadores, para entregar por separado para su recolección selectiva primaria los residuos orgánicos húmedos y los residuos secos de diferente tipo, estos últimos se colocarán en una bolsa grande ya sean sueltos o en sus respectivas bolsas o empaques.

Art. 67. Los grandes generadores de residuos sólidos urbanos como edificios multifamiliares, condominios, rastros, mercados y demás establecimientos comerciales, industriales y de servicios, deberán contar con contenedores con tapa y sitios de acopio accesibles a los servicios de recolección de los residuos, en los cuales se prevengan la entrada de animales o desarrollo de fauna nociva.

Art. 68. Los contenedores para la separación primaria de los residuos sólidos de grandes generadores se ajustarán al siguiente código de colores:

I. Verde. Para orgánicos como los residuos de alimentos, poda de pasto y árboles;

II. Gris. Para reciclables como papel, cartón, metales, plástico, vidrio; y

III. Naranja. Para el resto de los residuos destinados a disposición final.

La separación de los materiales valorizables, no considerados en la fracción II del presente artículo, para su recolección selectiva secundaria por los servicios municipales de limpia, se sujetará a lo que las autoridades correspondientes establezcan.

Art. 69. El manejo de los residuos de la construcción o demolición es responsabilidad de los generadores y de las empresas involucradas y deberá reducirse, reutilizarse, reciclarse o disponerse en sitios autorizados por el Instituto.

Art. 70. Los generadores de residuos sólidos de la categoría A prevista en este Reglamento deberán utilizar los manifiestos que establezca el Instituto para declarar los residuos sólidos que se entregan a los prestadores de servicio de transporte autorizados y que se llevan a un destino final autorizado para su tratamiento o disposición final ambientalmente adecuados.

En caso de que el generador contratare los servicios de un tercero para el transporte de los residuos deberá entregar a éste dos copias autógrafas de las cuales una conservará el transportista y la restante será para el responsable del sitio de disposición final de los residuos.

Los manifiestos a los que hace referencia deberán ser adquiridos por los generadores quienes los deberán conservar por lo menos durante dos años y utilizarse como base para integrar los informes que se presentarán al Instituto como lo dispone este Reglamento o, según corresponda, para obtener la Certificación Ambiental.

Capítulo IV
De los planes de manejo integral

Art. 71. Los planes de manejo son instrumentos públicos de la gestión integral de los residuos que permiten la aplicación de la responsabilidad compartida de los involucrados en su generación y manejo y que tienen por objeto:

I. Fomentar la prevención y reducción de la generación de los residuos, a través de prácticas de consumo y producción sustentables;

II. Fomentar la separación, reutilización, reciclaje y co-procesamiento de materiales contenidos en los residuos con la finalidad de valorizarlos e incorporarlos al ciclo productivo como subproductos;

III. Alentar la innovación de procesos, métodos y tecnologías, para lograr un manejo integral de los residuos, que sea ambientalmente eficiente, económicamente viable y socialmente aceptable;

IV. Fomentar el mercado de productos reciclados para reducir la demanda de materiales vírgenes y la presión que se ejerce sobre los recursos naturales;

V. Prevenir riesgos a la salud y al ambiente en el manejo de los residuos;

VI. Contribuir a reducir los costos de administración por el manejo de residuos;

VII. Facilitar iniciativas ciudadanas y de los sujetos obligados para lograr la minimización y el manejo ambientalmente adecuado de sus residuos mediante acciones colectivas; y

VIII. Diseñar esquemas de manejo integral de residuos, que hagan efectiva la corresponsabilidad de los distintos sectores involucrados.

Art. 72. Para los efectos de este Ordenamiento, los planes de manejo para residuos sólidos urbanos y de manejo especial se podrán establecer en una o más de las siguientes modalidades:

I. Atendiendo a los sujetos que intervienen en ellos, podrán ser:

a) Privados, los instrumentados por los particulares que conforme a la Ley se encuentran obligados a la elaboración, formulación e implementación de un plan de manejo de residuos; y

b) Mixtos, los que instrumenten los señalados en el inciso anterior con la participación de las autoridades en el ámbito de sus competencias;

II. Considerando la posibilidad de asociación de los sujetos obligados a su formulación y ejecución, podrán ser:

a) Individuales, aquellos en los cuales sólo un sujeto obligado establece en un único plan, el manejo integral que dará a uno, varios o todos los residuos que genere; e

b) Colectivos, aquellos que determina el manejo integral que se dará a uno o más residuos específicos y el cual puede elaborarse o aplicarse por varios sujetos obligados;

III. Conforme a su ámbito de aplicación podrán ser:

a) Regionales, cuando se apliquen en el territorio de dos o más municipios; y

b) Locales, cuando su aplicación sea en un solo municipio;

IV. Atendiendo a la corriente del residuo; y

V. Atendiendo al tipo de producto en la fase post consumo que se retorne a la cadena comercializador-distribuidor-importador o productor.

Art. 73. Los planes de manejo se deben presentar ante el Instituto para su consideración; la obtención de su registro, la conformación y actualización de las bases de datos del diagnostico básico correspondiente y su supervisión periódica, tratándose de los relativos a los residuos sólidos urbanos de grandes generadores; de residuos de manejo especial de actividades productivas; y de productos en la fase post consumo que al desecharse se convierten en dichos residuos.

Los requisitos, el contenido y la periodicidad de la presentación de los planes de manejo se sujetarán a lo previsto en este Ordenamiento, así como en el formato que establezca el Instituto para tal fin, y de acuerdo con lo que dispongan las Normas Oficiales Mexicanas y demás instrumentos jurídicos aplicables.

Art. 74. Están obligados a la formulación, registro, divulgación, ejecución y actualización de los planes de manejo:

I. Las actividades que generen volúmenes de residuos de alimentos iguales o superiores a 27.4 kilogramos por día, como comercios, mercados, supermercados, rastros, hoteles, salones de fiesta, centros deportivos, fabricantes y procesadores de alimentos;

II. Los establecimientos comerciales grandes generadores de residuos sólidos urbanos, incluyendo productos caducados, envases, empaques y embalajes susceptibles de valorización;

III. Los establecimientos educativos que sean grandes generadores de residuos sólidos urbanos, que en la formulación de los planes de manejo involucrarán a su personal administrativo, profesorado, estudiantes y padres de familia, como vía para desarrollar una cultura orientada a la prevención de la generación de residuos, a su reutilización, transformación en composta, reciclado y manejo ambientalmente adecuado;

IV. Los establecimientos industriales y de servicios, las actividades de la construcción, agropecuarias, madereras, y otras actividades productivas que generen residuos de manejo especial;

V. Las empresas de servicio de manejo integral de residuos en cualquiera de sus etapas, que sean a su vez generadoras de residuos de manejo especial; y

VI. Los productores, importadores, distribuidores y comercializadores, de los productos, sus envases, empaques o embalajes que al desecharse se conviertan en residuos que se incluyan en los listados de residuos sujetos a planes de manejo de conformidad con las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes.

En la formulación y ejecución de los planes de manejo a los que hace referencia este artículo, se contará con la orientación del Instituto a fin de facilitar su implementación ambientalmente adecuada, económicamente viable y socialmente aceptable.

En caso de que el plan de manejo sea contrario a los fines previstos en la Ley y en este Ordenamiento deberá suspenderse y, de ser necesario, adoptarse las medidas para mitigar el daño al ambiente y la salud que hayan derivado de su aplicación.

Art. 75. Los establecimientos generadores de residuos que formulen y ejecuten planes de manejo deberán:

I. Realizar un diagnostico para determinar las modalidades de residuos que están generando y distinguir aquellas que sean potencialmente aprovechables o susceptibles de valorización;

II. Identificar oportunidades para disminuir la generación de sus residuos a través de modificaciones en sus prácticas de consumo y producción;

III. Determinar las opciones disponibles para la comercialización y reciclado de los materiales susceptibles de valorización contenidos en sus residuos;

IV. Diseñar las estrategias a seguir para reducir la generación de residuos y para separar, reutilizar, reciclar, co-procesar, donar o intercambiar materiales para su valorización;

V. Identificar los actores y sectores a involucrar en el desarrollo de un plan de manejo colectivo, cuando sea el caso, mediante la suscripción de acuerdo de voluntades, convenios y contratos;

VI. Capacitar al personal que será involucrado en la separación de los residuos con fines de valorización; y

VII. Contar con un registro electrónico de la información concerniente al plan de manejo con fines de notificación a las autoridades competentes y dar acceso público a la misma.

Art. 76. Las personas físicas o morales responsables de la producción, importación, distribución o comercialización de productos que al desecharse se convierten en residuos sujetos a planes de manejo en su fase post consumo, cumplirán con las obligaciones jurídicas derivadas de este Ordenamiento y demás disposiciones legales aplicables en las materias siguientes:

I. Mecanismos para involucrar a toda la cadena que interviene en la producción, importación, distribución, comercialización, recuperación y reciclaje de sus productos y envases, empaques o embalajes que en su fase post consumo estén sujetos a planes de manejo, en el establecimiento de los esquemas para aceptar su devolución por parte de los consumidores y sujetarlos a reciclado;

II. Definición de responsabilidades diferenciadas de cada uno de los eslabones de la cadena a la que hace referencia el inciso anterior, en cuanto al acopio y reciclado de los productos, empaques, o embalajes en su fase post consumo, así como las relativas a la información que deberá proporcionarse a los consumidores y a las autoridades con competencia en la materia; y

III. Prácticas de consumo de materiales y diseño y fabricación de productos, envases, empaques o embalajes, que faciliten su recuperación y valorización en su fase post consumo, de manera ambientalmente adecuada, económicamente viable, tecnológicamente factible y socialmente aceptable.

Art. 77. El Instituto puede convocar conjuntamente con los ayuntamientos y de manera gradual a los productores, importadores, distribuidores y comercializadores de productos de consumo y envases y embalajes que al desecharse se conviertan en residuos sólidos urbanos o de manejo especial, susceptibles de ser objeto de planes de manejo para su devolución por parte de los consumidores, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Residuos y su Reglamento, la Ley y este Ordenamiento a fin de:

I. Dar a conocer los que son prioritarios para su atención por el grado de dificultad que implica el manejo de los residuos que derivan de ellos o los problemas ambientales que se han visto asociados a las formas de disposición final comunes de los mismos;

II. Proponer la formulación de proyectos piloto que de manera gradual permitan la devolución de los productos al final de su vida útil por los consumidores, o de los envases y embalajes, a fin de que se ocupen de su reciclaje, tratamiento o disposición final;

III. Identificar conjuntamente las alianzas y redes de colaboración que es necesario establecer, en el marco de la responsabilidad compartida pero diferenciada a fin de contar con el apoyo necesario de las partes interesadas para facilitar la formulación e implantacion de los proyectos pilotos a los que hace referencia la fracción anterior a este artículo;

IV. Identificar el tipo de instrumentos económicos o de otra índole que permitirán sustentar el costo del manejo de los residuos en su fase post-consumo, así como de las facilidades administrativas, incentivos o reconocimientos que podrán implementarse para alentar el desarrollo de los planes de manejo;

IV. Identificar los medios y mecanismos a través de los cuales se podrá hacer del conocimiento público la existencia de los proyectos piloto y las formas en las que se espera que los consumidores participen en los planes de manejo de los productos al final de su vida útil;

V. Identificar las necesidades de infraestructura para el manejo integral de los productos devueltos por los consumidores y la capacidad instalada o en el país para ellos; y

VI. Identificar las necesidades a satisfacer o fortalecer los mercados del reciclaje de los materiales valorizables que puedan recuperarse de los productos sujetos a los planes de manejo.

Art. 78. Las personas físicas o morales y los ciudadanos en general, que así lo deseen y no estén obligados por este Reglamento, podrán formular y ejecutar planes de manejo tendientes a minimizar y dar un manejo ambientalmente adecuado a sus residuos, para lo cual pueden solicitar la orientación y asistencia técnica del instituto.

Art. 79. Cuando dos o más personas físicas o morales intervengan en la ejecución de un plan de manejo, podrán acreditar su participación en él mediante los instrumentos jurídicos o de otra índole que permitan dar fe de ello y en los que se definan sus responsabilidades. En tal caso, y sin perjuicio de lo pactado por las partes, dichos instrumentos deberán contener lo siguiente:

I. Los residuos objeto del plan de manejo, así como la cantidad que se estima se deba manejar de cada uno de ellos;

II. La forma en que se realizará la minimización de la cantidad o aprovechamiento de los materiales valorizables contenidos en los residuos;

III. Los mecanismos para que otros sujetos obligados puedan incorporarse a los planes de manejo; y

IV. Los mecanismos de evaluación y mejora del plan de manejo.

Art. 80. Para la valorización y aprovechamiento de los materiales contenidos en los residuos mediante un plan de manejo colectivo, se podrá transmitir la propiedad de los mismos a título oneroso o gratuito para ser para ser reutilizados para usarse como insumo o materia prima de otro proceso productivo, para convertirlos en composta o para generar energía, y podrán considerarse como subproductos cuando la transmisión de la propiedad esté documentada e incluida en el plan de manejo que se presente a el Instituto.

Art. 81. Los sujetos obligados a presentar un plan de manejo ante el Instituto aplicarán el siguiente procedimiento:

I. Solicitarán al Instituto, la difusión a través del sistema electrónico establecido para este efecto de la siguiente información:

a) Nombre, denominación o razón social del solicitante, giro o actividad preponderante, nombre de su representante legal;

b) Modalidad del plan de manejo;

c) Residuos objeto del plan, especificando la categoría a la que pertenecen y el volumen estimado de manejo;

d) Formas de manejo; y

e) Nombre, denominación o razón social de los responsables de la ejecución del plan de manejo;

II. Cuando se trate de un plan de manejo colectivo, los datos a que se refiere el inciso a) de la presente fracción corresponderán a los de la persona que se haya designado en el propio plan de manejo para tramitar su registro;

III. A la información proporcionada se anexarán en formato electrónico, como archivos de imagen u otros análogos, los siguientes documentos:

a) Identificación oficial o documento que acredite la personalidad del representante legal;

b) Documento que contenga el plan de manejo; y

c) Instrumentos que hubieren celebrado con las partes que intervienen en el plan de manejo colectivo, cuando sea el caso;

IV. Una vez que se incorporen los datos, el Instituto automáticamente, por el mismo sistema, emitirá un acuse de recibo del plan de manejo correspondiente.

En caso de que para el interesado no fuere posible anexar electrónicamente los documentos señalados en la fracción II del presente artículo, presentará copia de los mismos en las oficinas del Instituto y realizará la incorporación de la información señalada en la fracción I directamente en la dependencia.

El procedimiento previsto en le presente artículo aplicará también cuando los interesados pretendan modificar un plan de manejo registrado.

En este caso, será necesario que indiquen solamente el número de registro que les fue asignado con anterioridad.

Art. 82. Para emitir el visto bueno a un plan de manejo, el Instituto lo sujetará a un proceso de evaluación cuya duración será de treinta días y al término del cual el Instituto otorgará el número de registro o podrá realizar observaciones y recomendaciones a las modalidades de manejo previstas en el plan, en cuyo caso el generador deberá incorporar en su informe anual la forma en que las atendió.

Art. 83. Las dependencias gubernamentales que desarrollen planes de manejo de residuos sólidos urbanos deberán notificarlo al Instituto para su registro y consideración.

Art. 84. El Instituto puede revocar el registro, si las acciones establecidas en el plan de manejo son simuladas o contrarias a lo previsto en este Ordenamiento, las Normas Oficiales Mexicanas y a la normatividad estatal.

Art. 85. El Instituto podrá promover y suscribir convenios, en forma individual o colectiva, con el sector privado, las autoridades municipales, con otras dependencias estatales y con entidades federales, para el logro de los objetivos de los planes de manejo, así como para:

I. Promover planes de manejo de aplicación regional o nacional;

II. Incentivar la minimización o valorización de los residuos;

III. Facilitar el aprovechamiento de los residuos;

IV. Alentar la compra de productos comercializados que contengan materiales reciclables o retornables; y

V. Incentivar el desarrollo de tecnologías que sean económica, ambiental y socialmente factibles y efectivas para el manejo integral de los residuos.

Capítulo V
De los Sistemas de Manejo Ambiental

Art. 86. El Instituto y los municipios, podrán convenir con las dependencias gubernamentales respecto de:

I. El establecimiento de un registro por dependencia, en el cual queden registradas las unidades responsables para la implementación de los Sistemas de Manejo Ambiental;

II. La capacitación para la implementación de los Sistemas de Manejo Ambiental; y

III. Los mecanismos para la ejecución, reporte de resultados y evaluación del desempeño de los Sistemas de Manejo Ambiental.

Art. 87. Las dependencias gubernamentales del Estado y de los municipios procurarán que sus materiales y productos de consumo:

I. Sean de bajo o nulo impacto ambiental;

II. Al desecharse sean fáciles de manejar por los servicios de limpia y no ocupen gran espacio en los rellenos sanitarios;

III. Al convertirse en residuos no impliquen la necesidad de sujetarlos a procesos costosos de manejo;

IV. Tenga un alto potencial de reciclaje; y

V. Estén sujetos a planes de manejo para su devolución al productor, importador, distribuidor o comercializador en su fase post consumo.

Art. 88. Los obligados a implementar Sistemas de Manejo Ambiental notificarán al Instituto la ejecución de dichos sistemas y le proporcionaran:

I. El nombre de la dependencia gubernamental que implementará el sistema;

II. El nombre de la unidad y persona responsable de vigilar su desarrollo y resultados;

III. El domicilio para recibir notificaciones y nombre de los autorizados para recibirlas;

IV. La fecha de inicio de la implementación del sistema;

V. Las medidas que se adoptarán para orientar las adquisiciones de materiales, y para fomentar la reutilización y reciclaje de los materiales, producto y bienes sujetos a los Sistemas de Manejo Ambiental;

VI. Un cronograma en el que enuncien las principales actividades y fechas de implementación; y

VII. Los indicadores que utilizarán para evaluar el desempeño de los Sistemas de Manejo Ambiental, implementados por la dependencia.

Art. 89. El Instituto y los municipios registrarán los Sistemas de Manejo Ambiental y difundirán los resultados alcanzados.

Art. 90. Los obligados a implementar Sistemas de Manejo Ambiental deberán presentar al Instituto un informe cada tres años, donde manifiesten sus avances.

Capítulo VI
De las formas de manejo de residuos sólidos

Sección primera
Centros de acopio de materiales valorizables

Art. 91. Las instalaciones y la operación de los centros de acopio de materiales valorizables sociales y públicos, destinados a la recuperación de materiales y productos post consumo reciclable de generadores domiciliarios y de pequeños generadores deberán ajustarse a las disposiciones de las Normas Oficiales Mexicanas, normas ambientales y disposiciones de protección civil que resulten aplicables. En todo caso deberán adoptar medidas para:

I. Para prevenir la liberación de contaminantes al ambiente y daños a la salud;

II. Evitar el ingreso de animales a sus instalaciones y la proliferación de fauna nociva;

III. Responder en caso de emergencia que involucre a los materiales acopiados; y

IV. Deberá estar fuera de los centros de población, educativos, centros turísticos o deportivos a por lo menos 500 metros de distancia, debiendo de cumplir con las normas de seguridad.

Tratándose de centros de acopio privados de empresas que se dedican a la comercialización o reciclado de los materiales, vehículos chatarra, compra de fierro, aluminio, cobre o cualquier otro metal con valor económico, además de cumplir con la normatividad aplicable y lo previsto en las medidas aquí indicadas, se sujetarán a las condiciones que se establecen en este Ordenamiento para el almacenamiento temporal de residuos sólidos.

Queda estrictamente prohibido, a los centros arriba indicados, que realicen incineración, o cualquier otro proceso químico o biológico, para la extracción de metales o cualquier otro material con valor económico, ya que sólo es un centro de acopio y no de transformación.

En caso de que el centro de acopio pretenda llevar a cabo el reciclaje de aceite quemado, pilas, baterías, deberá de realizar los trámites ante la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Sección segunda
Almacenamiento temporal de residuos sólidos

Art. 92. Las áreas de almacenamiento de residuos sólidos de generadores de la categoría A, así como de prestadores de servicios, además de adoptarlas medidas que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas o normas ambientales para algún tipo de residuo en particular, deberán cumplir con lo siguiente:

I. Condiciones básicas para las áreas de almacenamiento acordes al tipo de residuos de que se trate:

a) Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados;

b) Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundaciones;

c) Contar con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, pretiles de contención o fosas de retención para la captación de los residuos en estado líquido o de los lixiviados;

d) Cuando se almacenen residuos líquidos, se deberá contar en sus pisos con pendientes y, en su caso, con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte como mínimo de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de mayor tamaño;

e) Contar con pasillos que permitan el tránsito de equipos mecánicos, eléctricos o manuales, así como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en casos de emergencia;

f) Contar con sistemas de extinción de incendios y equipos de seguridad para atención de emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los residuos almacenados;

g) El almacenamiento debe realizarse en recipientes identificados considerando las características de los residuos, así como su incompatibilidad, previendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios; y

h) La altura máxima de las estibas será de tres tambores en forma vertical;

II. Condiciones para el almacenamiento en áreas cerradas, además en las precisadas en la fracción I de este artículo:

a) No deben existir conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, juntas de expansión, albañales o cualquier otro tipo de apertura que pudiera permitir que los líquidos fluyan fuera del área protegida;

b) Las paredes deben estar construidas con materiales no inflamables;

c) Contar con ventilación;

d) Estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso, contar con ventilación suficiente para evitar acumulación de vapores peligrosos y con iluminación a prueba de explosión; y

e) No rebasar la capacidad instalada del almacén;

III. Condiciones para el almacenamiento en áreas abiertas, además de las precisadas en la fracción I de este artículo:

a) Estar localizadas en sitios cuya altura sea, como mínimo, el resultado de aplicar un factor de seguridad de 1.5; al nivel de agua alcanzado en la mayor tormenta registrada en la zona;

b) Los pisos deben ser lisos y de material impermeable en la zona donde se guarden los residuos, y de material antiderrapante en los pasillos. Estos deben ser resistentes a los residuos almacenados;

c) En los casos de áreas abiertas no techadas, no deberán almacenarse residuos a granel cuando éstos produzcan lixiviados; y

d) En los casos de áreas no techadas, los residuos deben estar cubiertos con algún material impermeable para evitar su dispersión por viento.

En caso de incompatibilidad de los residuos se deberán tomar las medidas necesarias para evitar que se mezclen entre sí o con otros materiales.

Art. 93. Los residuos sólidos una vez generados o recibidos, deben ser remitidos al almacén donde no podrán permanecer por un periodo mayor a seis meses.

Sección tercera
Recolección y transporte de residuos sólidos

Art. 94. Quienes presten servicios de recolección y transporte de residuos sólidos deberán cumplir con lo siguiente o con lo previsto en las Normas Oficiales Mexicanas y normas ambientales que resulten aplicables;

I. Verificar que los residuos sólidos de que se trate, estén debidamente separados e identificados y, en su caso, embasados y embalados;

II. Contar con un plan de contingencias y el equipo necesario para tender cualquier emergencia ocasionada por fugas, derrames o accidentes;

III. Contar con personal capacitado para la recolección y transporte de los residuos de que se trate;

IV. Solicitar al generador de categoría A el original del manifiesto correspondiente al volumen de residuos sólidos que vayan a transportarse, firmarlo y guardar las dos copias que del mismo le corresponden; y

V. Observar las características de compatibilidad para el transporte de los residuos sólidos.

Art. 95. El procedimiento para llevar a cabo el transporte de residuos sólidos generadores de la categoría A se desarrollará de la siguiente manera:

I. Por cada embarque de residuos, el generador deberá entregar al transportista un manifiesto en original, debidamente firmado y dos copias del mismo, en el momento de entrega de los residuos;

II. El transportista conservará una de las copias que le entregue el generador, para su archivo, y firmará el original del manifiesto, mismo que entregará al destinatario junto con una copia de éste, en el momento en que le entregue los residuos sólidos para su tratamiento o disposición final;

III. El destinatario de los residuos sólidos conservará la copia del manifiesto que le entregue el transportista, para su archivo, y firmará el original, mismo que deberá remitir, de inmediato al generador; y

IV. Si transcurrido un plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha en que la empresa de servicios de manejo correspondiente reciba los residuos sólidos para su transporte, no devuelve al generador el original del manifiesto debidamente firmado por el destinatario, el generador deberá informar a el Instituto de este hecho a efecto de que dicha dependencia determine las medidas que procedan.

Art. 96. Los generadores podrán organizarse entre sí para implementar sistemas de recolección y transporte cuando se trate de residuos de manejo especial.

Art. 97. Para el caso de traslado de residuos sólidos desde o hacia la entidad, se deberá presentar ante el Instituto una solicitud de autorización, en el formato que expida esta dependencia, dicha solicitud deberá contener como mínimo:

I. Nombre y domicilio del representante del traslado;

II. Descripción de los mecanismos que se emplearán para neutralizar olores, evitar derrame o dispersión de los residuos; y

III. Tipo de vehículo empleado para el transporte.

Art. 98. A la solicitud señalada en el artículo anterior, se anexará la siguiente documentación:

I. Identificación oficial del responsable del traslado;

II. Comprobante de domicilio del responsable del traslado;

III. Tarjeta de circulación del vehículo empleado; y

IV. Listado que contenga el nombre y domicilio de los generadores a que brindan el servicio.

Los documentos señalados en las fracciones I, II y III, del presente artículo se presentarán en original y copia simple para su cotejo. En caso de que el servicio sea proporcionado por el ayuntamiento se eximirá de la presentación del documento señalado en la fracción IV. El Instituto resolverá la solicitud dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de su recepción.

Art. 99. El Instituto resolverá las solicitudes de autorización conforme al siguiente procedimiento:

I. La Autoridad revisará la solicitud y los documentos presentados y, en su caso, prevendrá por única ocasión al interesado dentro de los diez primeros días del plazo de respuesta de cada trámite para que complete la información faltante, la cual deberá presentarse dentro de un plazo similar, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación;

II. Transcurrido el plazo sin que se desahogue la prevención, se desechará el trámite; y

III. Concluidos los plazos anteriores, el Instituto reanudará y deberá resolver sobre la expedición de la autorización, la cual en todo caso estará sujeta a la supervisión e informes que solicite el Instituto.

Sección cuarta
Reutilización, reciclaje y coprocesamiento

Art. 100. Para el uso de residuos sólidos como combustible alternos en proceso de combustión de calentamiento de tipo directo o indirecto, deberán observarse los criterios ambientales para la operación y límites máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas y normas ambientales que resulten aplicables.

Sección quinta
Tratamiento de residuos sólidos

Art. 101. Las actividades de tratamiento de residuos sólidos se sujetarán a los criterios establecidos en la Ley, este Reglamento, las Normas Oficiales Mexicanas y las normas ambientales correspondientes.

Los prestadores de servicios de tratamiento deberán monitorear los parámetros de sus procesos y registrarlos en la bitácora de operación que deberá estar disponible para consulta de la autoridad competente.

Sección sexta
Elaboración y manejo de composta

Art. 102. Los centros de composteo y acopio de residuos orgánicos húmedos de grandes generadores, además de ajustarse a lo que dispongan las Normas Oficiales Mexicanas y normas ambientales que resulten aplicables, deberán de:

I. Ubicarse a una distancia mínima de trescientos metros del área urbana y adoptar medidas para prevenir o mitigar tanto como sea posible la emisión de malos olores, la proliferación de fauna nociva y otro tipo de molestias para las poblaciones vecinas;

II. Localizarse fuera de zonas de inundación;

III. Estar distantes por lo menos quinientos metros de zonas de fractura;

IV. Instalarse en áreas en las cuales el manto freático se encuentre a una profundidad mayor de 10 metros y a mil metros de zonas de recarga de acuíferos o fuentes de abastecimiento de agua potable; y

V. Adoptar, en su caso, las medidas de ingeniería o de otra índole requeridas para canalizar y tratar lixiviados y prevenir que se liberen al ambiente.

Sección séptima
Disposición final de residuos sólidos

Art. 103. La disposición final de residuos sólidos se limitará a aquellos que no sea factible o económicamente viable valorizar y debe realizarse en un sitio de disposición final ubicado, diseñado, construido, operado y sujeto a procedimientos de monitoreo ulterior al cierre de conformidad con los dispuesto en la Ley, este Reglamento, en las Normas Oficiales Mexicanas y normas técnicas ecológicas aplicables.

Art. 104. En la selección del sitio, diseño, construcción y operación de las celdas para rellenos sanitarios deberán observarse los siguientes criterios, sin perjuicio de lo establecido en la Norma Oficial Mexicana correspondiente:

I. Las características geológicas, geofísicas, hidrológicas e hidrogeológicas del sitio;

II. El tipo, cantidad y características de los residuos a confinar;

III. La lixiviación que produzcan los residuos a confinar;

IV. El potencial de migración de los contaminantes en el suelo; y

IV. El impacto y la vulnerabilidad asociados a la actividad.

Art. 105. Los sitios de disposición final de residuos sólidos se clasifican:

I. Por las instalaciones donde se realiza el confinamiento en:

a) Públicos, cuando son propiedad de cualquier ente público y responsabilidad de las autoridades municipales o en su caso del concesionario garante de prestar el servicio; y

b) Privado, cuando son propiedad de cualquier persona física o moral, y responsabilidad de las autoridades municipales o del Instituto;

II. Por sus celdas en:

a) Húmedos, los que reciban residuos sólidos con un contenido de residuos orgánicos húmedos superior al 21% del total de los residuos sólidos confinados;

b) Semi húmedos, los que reciben residuos con cantidades restringidas de residuos sólidos orgánicos, húmedos inferiores al 20% del total de residuos sólidos confinados; y

c) Secos, los que reciben únicamente residuos sólidos secos.

Art. 106. El Instituto determinará en la autorización respectiva, de conformidad con las especificaciones establecidas en su caso en la Norma Oficial Mexicana aplicable y en los resultados del estudio de vulnerabilidad que presenten los promoventes, las distancias mínimas aceptables de las instalaciones o celdas de disposición final de residuos de manejo sólidos a los cuerpos de agua.

Art. 107. La ubicación de los sitios de disposición final para residuos sólidos además de lo que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas, deberá cumplir con las siguientes disposiciones:

I. Se debe localizar fuera de sitios donde se presenten condiciones de inestabilidad mecánica o geológica que puedan afectar la integridad del confinamiento;

II. Se debe ubicar fuera de las áreas naturales protegidas, salvo lo que establezcan las declaratorias de dichas áreas; y

III. Se debe localizar fuera de zonas de inundación calculadas a partir de periodos de retorno de cien años o mayores.

Art. 108. El diseño de un sitio de disposición final para residuos sólidos considerará al menos los siguientes aspectos;

I. Pueden ser superficiales o estar por debajo del nivel natural del suelo;

II. Franjas de amortiguamiento de 10 metros perimetrales;

III. Muros de contención, en caso de que sean necesarios;

IV. Drenaje perimetral para aguas pluviales, el cual debe estar calculado para un periodo de retorno de cien años o mayores;

IV. Sistemas de monitoreo comparativo de la calidad del agua subterránea aguas arriba y aguas abajo del confinamiento;

V. Sistema de protección inferior que garantice la integridad del suelo, subsuelo y cuerpos de agua;

VI. Cobertura superficial que garantice que los residuos permanecerán aislados del medio ambiente y secos; y

VII. Sistema de conducción de aguas pluviales que garantice el desalojo de la precipitación máxima posible eficientemente.

Cuando se emitan Normas Oficiales Mexicanas que regulen el diseño de los sitios de disposición final de residuos atendiendo a su tipo, el diseño de las celdas se sujetará a lo previsto en las mismas.

Art. 109. Las obras complementarias de los sitios de disposición final de residuos sólidos se diseñarán para cubrir, entre otras, las siguientes necesidades de operación:

I. Control de acceso al sitio de confinamiento;

II. Control y atención a fugas y derrames;

III. Identificación, caracterización y pesaje;

IV. Almacenamiento temporal;

IV. Estabilización y tratamiento;

V. Movimiento y traslado seguro;

VI. Descontaminación de transportes, maquinaria y equipo; y

VII. Servicios generales de apoyo a la operación.

Art. 110. Las características necesarias para prevenir y reducir la posible migración de los contaminantes de los residuos sólidos fuera de las celdas de confinamiento para residuos húmedos o semi húmedos, se establecerán atendiendo a lo previsto en la presente sección, sin perjuicio de las especificaciones contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto se expidan.

Las instalaciones de confinamiento deberán contar el menos con:

I. Una base de aislamiento de material inerte e impermeable dividida en dos capas compactadas con espesor suficiente para retener los lixiviados provenientes de los residuos a depositarse, unidas entre sí por un material geotextil;

II. Sistemas de recubrimiento sintético tanto para la base como para la cobertura superior;

III. Sistemas de drenaje para la recolección de lixiviados, pozos de monitoreo de gases, lixiviados y aguas subterráneas; y

IV. Un sistema de tratamiento de lixiviados y de gases.

Art. 111. La operación de sitios de disposición final de residuos sólidos se sujetará a las siguientes disposiciones:

I. Observar de forma permanente las medidas de seguridad correspondientes;

II. Considerar las características de compatibilidad cuando se distribuyan los residuos en las celdas, así como contar con un registro de distribución de los residuos en la celda;

III. Los residuos se confinarán a granel;

IV. Los residuos deben depositarse en capas para proporcionar estabilidad mecánica y capacidad de carga;

V. Por excepción, se podrán usar envases cuando en la solicitud de autorización se justifique técnicamente su resistencia mecánica y química, la altura de las estibas y su estabilidad, así como los rellenos y compactación que se deban aplicar. En estos casos, se deben operar por separado un frente de trabajo para el depósito de residuos envasados y otro diferente para el depósito de los residuos a granel. La confluencia de ambos frentes debe estar claramente delimitada y separada por una barrera;

VI. Debe existir un espacio suficiente para asegurar el acceso y maniobras del equipo necesario para movilizar y distribuir los residuos;

VII. Cuando existan evidencias de una falla estructural en la celda, se debe suspender la operación de ésta y llevar a cabo las medidas correctivas pertinentes, que podrían incluir el cierre permanente de la celda;

VIII. Los lixiviados deben extraerse periódicamente, caracterizarse y tratarse adecuadamente en las instalaciones específicas;

IX. Deben confinarse los residuos resultantes del tratamiento de lixiviados a que se refiere la fracción anterior;

X. En caso de que se generen gases en la celda de confinamiento, éstos deben dirigirse hacia el sistema de tratamiento de los mismos;

XI. Las cargas estáticas y dinámicas resultantes de la operación de la celda no deben exceder la capacidad de carga de la celda; y

XII. Durante la operación de las celdas de confinamiento es necesario aislar el frente de trabajo del agua de lluvia y desalojar el agua acumulada en la base de la celda de confinamiento.

Capítulo VII
Del inventario y administración de los sitios contaminados

Art. 112. El Instituto elaborará y mantendrá actualizado el inventario de sitios contaminados por residuos sólidos, que contendrán al menos los datos siguientes:

I. Mapas de uso del suelo y localizaciones de los sitios contaminados o potencialmente contaminados;

II. Estratificaciones metropolitanas, urbanas, semiurbanas o rurales relacionadas con ellos;

III. Vías de comunicación aledañas;

IV. Geología e hidrografía del sitio;

V. Áreas de protección o restricción legal;

VI. Localización de pozos de abastecimiento de agua, mapas de profundidad de nivel de agua subterránea y perímetros de producción de los pozos;

VII. Localización de cuerpos de agua o captación de aguas superficiales; y

VIII. Información relacionada a posibles daños a la salud derivados de la contaminación que presente en el sitio.

Art. 113. El Instituto formulará un programa de administración de sitios contaminados, en el que:

I. Definirá las regiones de interés y los bienes a proteger, en función de su vulnerabilidad;

II. Establecerá los pasos y mecanismos para que se lleve a cabo la evaluación preliminar de los sitios contaminados en dichas regiones;

III. Diseñará y aplicará la estrategia para que los responsables remedien lo correspondiente;

IV. Establecerá los criterios para inscribir en el registro público de la propiedad los sitios remediados, con base en consideraciones de los riesgo  a la salud y al ambiente que sea necesario prevenir o reducir en función del tipo de contaminantes presentes, de las características del entorno y de los posibles receptores humanos o de la biota;

V. Determinará la prioridad para remediar un sitio contaminado; y

VI. Definirá si se trata de un sitio que configure una causa de utilidad pública y requiera medidas, obras y acciones previstas en la Ley y este Ordenamiento.

Art. 114. Corresponde a los responsables de la contaminación de los sitios por residuos cubrir los costos de:

I. La investigación detallada de la magnitud y características de la contaminación;

II. La evaluación de riesgos a la salud y al ambiente que pudieran derivar de la contaminación del sitio;

III. La investigación de los métodos o técnicas ambientalmente adecuadas para remediar sitios contaminados; y

IV. La elaboración y ejecución del proyecto para remediar sitios contaminados, una vez que éste sea aprobado por el Instituto.

Capítulo VIII
De la inspección, verificación y vigilancia

Art. 115. El Instituto y los ayuntamientos en el ámbito de su competencia, podrán realizar actos de inspección, verificación y vigilancia, mismas que podrán ser ordinarias y extraordinarias, las primeras se efectuarán en días y horas hábiles, las segundas en cualquier momento.

Art. 116. Los inspectores y/o el personal designado por la autoridad competente, deberán estar provistos de orden escrita con firma autógrafa, del servidor público facultado, en la que deberá precisarse la negociación o establecimiento que habrá de inspeccionarse, el objeto de la visita, el nombre de la persona con la que habrá de entenderse la diligencia, el alcance que deba tener y las disposiciones legales que motiven y funden su actuar.

Bastará que en la orden de visita se mencione el nombre del propietario, responsable, encargado, dependiente u ocupantes para que se tenga por cumplimentado el requisito del nombre de la persona con quien se habrá de entender la diligencia.

Art. 117. Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de las negociaciones o establecimientos a quien vaya dirigida la orden de visita, están obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los inspectores en el desarrollo de su labor.

Art. 118. Al iniciar la visita, el inspector deberá identificarse exhibiendo credencial vigente, con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función; así como orden de inspección expresa de la que se deberá dejar copia al propietario responsable, encargado u ocupante del establecimiento.

Art. 119. De toda visita de inspección, vigilancia y/o verificación, se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique, si aquélla se hubiere negado a proponerlos.

Se deberá dejar copia del acta respectiva a la persona que atendió la diligencia, a un cuando se hubiere negado a firmar, haciendo constar tal circunstancia en el acta respectiva, lo cual no afectará la validez de la diligencia ni el documento de que se trate.

Art. 120. Se hará constar en las actas de inspección o verificación lo siguiente:

I. Nombre, denominación o razón social de la negociación o establecimiento visitado;

II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;

III. Datos de identificación del lugar visitado, calle, número exterior e interior, colonia, población, municipio o delegación y código postal;

IV. Número y fecha de la orden de visita que la motive;

V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia, así como descripción precisa de los documentos que acreditan su personalidad;

VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos, así como la descripción de los documentos con que se identificaron;

VII. Relación pormenorizada y clara de circunstancias, hechos, evidencias, y sucesos derivadas de y durante la inspección o verificación;

VIII. Inserción de las manifestaciones vertidas por el visitado, si quisiera hacerlas; y

IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia, incluyendo los de quien la hubieren llevado a cabo. Si el visitado o su representante legal, se negaren a firmar el acta, tal situación no afectará su validez, debiendo el inspector asentar expresamente la razón aludida para ello.

Art. 121. Las personas con las cuales se haya entendido la visita de inspección o verificación podrán formular, sus observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o bien por escrito dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere llevado a cabo la visita, ante la autoridad ordenadora.

Art. 122. La autoridad podrá, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, verificar si los bienes y personas cumplen con los requisitos que exigen la normatividad vigente en la materia, haciendo de su conocimiento en el momento de la diligencia y hacer constar tales hechos en el acta respectiva.

Capítulo IX
De las infracciones y sanciones

Art. 123. Si de la visita de inspección se desprende que existen violaciones a la normatividad, la autoridad competente iniciará el procedimiento administrativo correspondiente, del que notificará al infractor su inicio, para que éste, dentro de los quince días siguientes exponga lo que a su derecho convenga y, en su caso aporte las pruebas que estime pertinentes.

Art. 124. Una vez oído al infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, se procederá, dentro de los quince días siguientes, a dictar por escrito la resolución que proceda, la cual será notificada en forma personal o por correo certificado con acuse de recibo.

Art. 125. Las autoridades competentes, para lograr el cumplimiento de sus resoluciones, harán uso de las medidas de apremio establecidas en la Ley.

Art. 126. En el supuesto de que el infractor impugnare los actos de la autoridad ordenadora, se interrumpirá la prescripción hasta en tanto se dicte la resolución definitiva.

Capítulo X
Medidas de seguridad

Art. 127. La autoridad administrativa competente, con base en los resultados de las visitas de inspección, verificación y vigilancia, podrán dictar medidas de seguridad para corregir las irregularidades que se hubiesen encontrado, notificando al interesado y otorgándole un plazo adecuado y conveniente para su prudente realización. Dichas medidas tendrán la duración estrictamente necesaria para la corrección de las irregularidades detectadas. A excepción de los casos de reincidencia en las que no se permitirán medidas de seguridad.

Artículos transitorios

Artículo primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Art. 2° Las normas ambientales relacionadas con el presente Ordenamiento deberán elaborarse en un periodo de 180 días hábiles contada a partir de su publicación.

Art. 3° Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Ordenamiento.

Con fundamento en el artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, se expide el Presente Reglamento en el despacho del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a los treinta y un días del mes de mayo del dos mil once.

Atentamente,
«Sufragio Efectivo. No Reelección»

Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes
Gobernador del Estado de Zacatecas

Esaú Hernández Herrera
Secretario General de Gobierno

M.C. Julio Cesar Nava de la Riva
Director General del Instituto de Ecología y
Medio Ambiente del Estado de Zacatecas

FICHA TÉCNICA

GENERAL

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
  54 6-julio-2011 7-julio-2011  

Por tratarse de una disposición de carácter administrativo, no contiene número de Decreto ni Legislatura

 

Nota: en el artículo 4º existen dos fracciones IV, y falta la fracción VIII.

Nota: en el artículo 13 faltan la fracción VII y la fracción X, y existen dos fracciones VIII y dos fracciones IX.

Nota: en el artículo 16 existen dos fracciones I.

Nota: en el artículo 20 fracción V, existen dos inciso c).

Nota: en el artículo 43, falta la fracción III.

Nota: en el artículo 104, contiene dos fracciones IV.

Nota: en el artículo 108, contiene dos fracciones IV.

Nota: en el artículo 109, contiene dos fracciones IV.

Último cotejo de vigencia: octubre de 2011