REGLAMENTO DE LA LEY DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS

Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracciones I, II, VI, XIX y XXI, 84 y 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2º, 3º, 6º y 7º de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Entidad, y

Considerando

Uno de los temas más sensibles para la sociedad, es el uso y manejo transparente de los bienes que conforman el patrimonio del Estado en apego a los principios y mecanismos legales que organizan y vigilan la administración, uso, control y destino por las dependencias y entidades públicas.

La presente administración pública ha programado en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, como parte de las líneas estratégicas para una mejor administración pública, como objetivo principal la garantía de fiscalización, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción como elementos indispensables para el ejercicio de un gobierno eficiente y democrático.

Por lo anterior, el presente Reglamento constituye la herramienta normativa complementaria de la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios, por medio de la cual se regulan las acciones para que las dependencias y entidades públicas ejerzan en el ámbito de sus atribuciones la administración y manejo de los bienes públicos que integran su haber patrimonial.

La articulación de toda política patrimonial se logra con la implementación de medidas que inhiban y combatan los actos de corrupción, respondiendo así a una sociedad moderna que exige transparencia en el manejo de los recursos públicos y una rendición de cuentas permanente.

En merito de todo lo expuesto y con fundamento en las disposiciones legales y consideraciones previamente señaladas, he tenido a bien expedir el siguiente

REGLAMENTO DE LA LEY DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo primero. El presente Reglamento tiene como objeto establecer los procedimientos y lineamientos relacionados con la administración, control, supervisión, desafectación, disposición y uso de los bienes de dominio público y privado del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios.

Art. 2º Para efectos del presente Reglamento se entenderá por:

I. Ley del Patrimonio. Ley del Patrimonio del Estado y Municipios;

II. Ley Orgánica. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas;

III. Dependencias. Las dependencias del Poder Ejecutivo que integran la administración pública centralizada;

IV. Entidades públicas. Los organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos de la administración pública paraestatal;

V. Oficialía Mayor. La Oficialía Mayor;

VI. Contraloría Interna. La Contraloría Interna;

VII. Catálogo de bienes. El catálogo de bienes inmuebles del Estado;

VIII. Inventario. Al inventario de bienes muebles resguardados por las dependencias y entidades públicas;

IX. Programa anual. Al programa anual presupuestado y calendarizado, de requerimientos y necesidades mobiliarias e inmobiliarias; y

X. Reglamento. El presente Reglamento.

Art. 3º La administración de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado, incluyendo su control, elaboración y revisión de inventarios corresponde a la Oficialía Mayor.

Art. 4º Los actos por los que se constituya o inscriban gravámenes sobre bienes de dominio público son nulos de pleno derecho. El Gobierno del Estado a través de la Oficialía Mayor conjuntamente con las dependencias o entidades públicas que correspondan realizarán los trámites necesarios ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Estado para la cancelación de las inscripciones y anotaciones de dichos gravámenes, sin que para ello sea necesaria resolución judicial, de acuerdo a lo previsto en el Código Civil del Estado de Zacatecas.

Art. 5º Los servidores públicos que participen en la constitución de gravámenes sobre bienes de dominio público, serán responsables por los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros con motivo de la cancelación de las inscripciones y anotaciones de gravámenes sobre esos bienes.

El Gobierno del Estado no será solidario ni subsidiariamente responsable por los actos de los servidores públicos que participen en la constitución de gravámenes sobre bienes de dominio público.

Art. 6º Los órganos de gobierno de las entidades públicas ajustarán sus actos a las disposiciones establecidas en la Ley del Patrimonio y este Reglamento.

Capítulo II
De la administración del patrimonio

Art. 7º Corresponde vigilar el cumplimiento del presente Reglamento de conformidad con las atribuciones que les confiere la ley a:

I. Al titular del Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la Oficialía Mayor;

II. A los titulares de las dependencias; y

III. A las entidades públicas, por conducto de sus órganos de gobierno.

Art. 8º Para lograr una administración eficiente de los bienes, el Ejecutivo Estatal otorga a la Oficialía Mayor las siguientes facultades:

I. Coadyuvar con las dependencias y entidades en la elaboración del inventario de los bienes muebles y su resguardo; así como en su caso, dar seguimiento a las bajas del inventario y determinar el destino final;

II. Dictar las normas a que deberá sujetarse el uso, control y aprovechamiento de los bienes;

III. Integrar, con apoyo de las dependencias y entidades, el catálogo de bienes;

IV. Proporcionar los bienes para el ejercicio de las atribuciones de las dependencias y entidades públicas, aprovechando otros que se encuentren en condiciones óptimas de uso;

V. Establecer los lineamientos y formatos necesarios que las dependencias y entidades deberán utilizar para inventariar los bienes muebles;

VI. Desafectar los bienes muebles de dominio privado en los términos que establece el presente Reglamento;

VII. Resolver sobre el destino final de los bienes;

VIII. Mantener actualizado el catálogo e inventario de bienes y dar de baja aquellos que hayan dejado de formar parte de éste;

IX. Expedir la convocatoria para enajenar, en su caso, al mejor postor los bienes muebles desafectados;

X. Revisar los resguardos de los bienes muebles adscritos a las dependencias y entidades públicas;

XI. Vigilar que el parque vehicular cuente con los refrendos de circulación correspondiente;

XII. Establecer los lineamientos y criterios para la conservación y determinar, valorar e instruir la reparación o mantenimiento de los bienes muebles, así como la construcción o reconstrucción, adaptación, conservación y demolición, en su caso de inmuebles;

XIII. Iniciar los procedimientos tendientes a la imposición de las sanciones que establece la Ley del Patrimonio;

XIV. Realizar las gestiones necesarias tendientes a recuperar la posesión de los bienes del dominio público; y

XV. Las demás que le confieran las leyes, el presente Reglamento y el titular del Poder Ejecutivo.

Art. 9º La Oficialía Mayor estará facultada para formalizar todos los actos jurídicos traslativos de dominio para la adquisición, arrendamiento, enajenación y donación de bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio estatal, salvo en los casos previstos en la Ley Orgánica y el Código Urbano.

Capítulo III
Del catálogo e inventario de los bienes muebles e inmuebles

Art. 10. Para el registro, control y resguardo de los bienes, la Oficialía Mayor establecerá los lineamientos, mecanismos, sistemas y tecnologías necesarias que garanticen contar con un catálogo de bienes e inventario actualizado y de fácil consulta.

Las dependencias y las entidades públicas en su caso, en coordinación con la Oficialía Mayor llevará a cabo el registro de bienes, dicha información se ingresará permanentemente a los sistemas informáticos implementados.

Para efectos de los procesos de entrega-recepción derivados del relevo de autoridades, el catálogo de bienes así como el inventario se publicará en el Periódico Oficial, por conducto de la comisión de entrega quince días antes de la fecha en que tenga lugar el referido procedimiento.

Art. 11. El catálogo de bienes e inventario, será dividido administrativamente de acuerdo a la naturaleza y uso de los bienes en:

I. Catálogo de bienes. Aquellos bienes inmuebles adscritos a las dependencias y entidades públicas; e

II. Inventario. Aquellos bienes muebles propiedad del Estado en uso de las dependencias y entidades públicas, bajo el resguardo de servidores públicos.

Art. 12. El catálogo de bienes inmuebles del Estado contendrá una ficha técnica descriptiva que especificará de manera general las características cualitativas del inmueble con base a la siguiente información:

I. Datos de la escritura o contrato que ampare la propiedad del Estado;

II. Nombre de la dependencia o entidad pública tenedora del bien inmueble;

III. En su caso, la declaratoria de incorporación como bien de dominio público del Estado;

IV. Documento público o privado que afecte, altere o modifique los derechos reales que el Estado tiene sobre el bien; e

V. Inscripción administrativa o número consecutivo que le corresponde dentro del catálogo de bienes.

Art. 13. Las dependencias y entidades públicas enviarán de manera permanente a la Oficialía Mayor la información con que cuenten a fin de mantener actualizado el catálogo de bienes. Para ello, integrarán expediente de cada inmueble con los siguientes datos:

I. Procedencia del bien;

II. Naturaleza jurídica;

III. Escritura pública o título de propiedad inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado;

IV. Constancia de pago de derechos en los términos establecidos por la Ley;

V. Clave catastral y avalúo;

VI. Acta de entrega-recepción del bien que señale:

a) Descripción general del bien;

b) Ubicación y linderos;

c) Condiciones físicas del inmueble y memoria fotográfica;

VII. Número de registro dentro del catálogo de bienes;

VIII. Servidumbre si la hubiere; y

IX. Cualquier otro dato que sirva para la identificación administrativa así como la relación que tuviera con otros expedientes.

Art. 14. La Oficialía Mayor expedirá constancias de inscripción al catálogo de bienes, previo cotejo en los archivos que respalden la autenticidad del acto.

Art. 15. Procederá la cancelación de la inscripción en el catálogo de bienes, en los siguientes supuestos:

I. Cuando el bien inscrito deje de formar parte del patrimonio del Estado en términos de la Ley del Patrimonio;

II. Por resolución judicial o administrativa; y

III. Cuando se declare la nulidad del título que originó la inscripción, en cuyo caso se asentarán los datos correspondientes para precisar las causas que la motivaron.

Art. 16. Las dependencias y entidades públicas son responsables del buen uso y cuidado de los bienes que tengan bajo su resguardo y responderán sobre los daños y perjuicios ocasionados a estos por negligencia, dolo o descuido de los servidores públicos, sin perjuicio de las medidas administrativas que adopten para los efectos legales a que haya lugar.

Art. 17. Las dependencias y entidades públicas serán responsables de mantener actualizado el inventario; para ello, remitirán permanentemente a la Oficialía Mayor la información respectiva.

La Oficialía Mayor podrá realizar las inspecciones y revisiones que considere necesarias para verificar el buen uso y estado de conservación de los bienes.

Art. 18. El inventario deberá contener por lo menos:

I. Descripción detallada del bien;

II. Estado de conservación;

III. Código de barras o consecutivo del control;

IV. Datos del resguardo del bien que señale: el área, nombre y firma del servidor público al que se le asignó el bien mueble; y

V. Responsiva especial de uso, para el caso de aquellos bienes que por su alto valor o tecnicidad de uso, requieran de operadores exclusivos.

Capítulo IV
De la baja de los bienes muebles

Art. 19. La baja es el acto administrativo donde se cancela definitivamente la inscripción, de un bien dentro del inventario, las dependencias y entidades públicas se ajustarán a los lineamientos para la baja y destino final que establezca la Oficialía Mayor.

Art. 20. Podrán ser dados de baja administrativa los bienes:

I. Desafectados;

II. En mal estado físico o mecánico; y

III. Aquellos que independientemente de sus condiciones físicas, no resulten útiles para la dependencia o entidad pública.

Art. 21. La dependencia o entidad pública a través del área administrativa facultada para ello, elaborará el inventario y los resguardos correspondientes a fin de mantenerlos actualizados; en caso de que dichos bienes deban darse de baja se ajustarán a los lineamientos que establezca la Oficialía Mayor.

Art. 22. Para el seguimiento y control de las bajas, el sistema de inventario implementado por la Oficialía Mayor deberá contener la fecha, descripción del bien, número consecutivo del reporte de baja, estado físico, memoria fotográfica, entre otros.

Art. 23. Autorizada la baja del inventario, las dependencias y entidades públicas turnarán a la Oficialía Mayor los bienes señalados para su custodia correspondiente a fin de que ésta determine el destino final de los mismos.

Capítulo V
De la conservación y mantenimiento de los bienes

Art. 24. El resguardo es el acto administrativo que controla la entrega de bienes dados en depósito a los servidores públicos para el mejor despacho de los asuntos competencia de las dependencias o entidades públicas.

Art. 25. La Oficialía Mayor de Gobierno podrá realizar las inspecciones necesarias a fin de supervisar que el uso, destino, mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles que sea acorde al estado físico señalado en los resguardos correspondientes.

Art. 26. Las dependencias y entidades públicas, informarán a la Oficialía Mayor la modificación del estado físico de los bienes dentro de los cinco días posteriores al que tengan conocimiento de tal circunstancia, para que realice la verificación correspondiente y deslinde, en su caso, la responsabilidad administrativa si hubiere.

Art. 27. La conservación y mantenimiento, preventivo o correctivo de los bienes muebles e inmuebles, se realizará por las dependencias y entidades públicas conforme a las bases y lineamientos que en esta materia establezca la Oficialía Mayor.

Art. 28. El cambio de uso, como política de conservación, es el procedimiento administrativo por el cual, la Oficialía Mayor resuelve sobre bienes adquiridos para un fin determinado que al dejar de ser útiles para dicha función sean utilizados en otras áreas administrativas u operativas de la Administración Pública Estatal o municipal, en caso de bienes adquiridos de manera bipartita.

Capítulo VI
De la desafectación y destino final de bienes

Art. 29. La desafectación es el acto administrativo mediante el cual la Oficialía Mayor declara formalmente que un bien de dominio privado queda desvinculado del servicio público, y por tanto, es susceptible de enajenación, donación, cesión de derechos o destrucción.

Art. 30. Son susceptibles de desafectación los bienes muebles que por sus condiciones de uso, físicas o mecánicas ya no cumplan con las necesidades del servicio que prestan las dependencias y entidades públicas.

Art. 31. La Oficialía Mayor considerando las condiciones físicas o mecánicas de los bienes desafectados, dispondrá en el acuerdo de desafectación respectivo el destino final de los bienes.

Art. 32. Los bienes desafectados podrán tener como destino final los siguientes:

I. Enajenación;

II. Donación;

III. Cesión de derechos;

IV. Destrucción parcial; y

V. Destrucción total.

Art. 33. Son susceptibles de enajenación, aquellos bienes desafectados que a pesar de no resultar ya provechosos para la administración pública, por el bien de que se trata o por sus condiciones generales de uso, tiene valor comercial en el mercado.

Art. 34. La Oficialía Mayor conjuntamente con la Secretaría de Finanzas, la Controlaría Interna y la Coordinación General Jurídica emitirá y detallarán en la convocatoria respectiva el procedimiento y demás particularidades a fin de que los bienes desafectados sean enajenados mediante subasta pública.

Dicha convocatoria deberá publicarse en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado, con por lo menos treinta días naturales a la fecha en que habrá de realizarse la subasta pública.

Art. 35. Para la enajenación de bienes desafectados, la Oficialía Mayor integrará el expediente respectivo con:

I. Título o factura del bien;

II. Dictamen que justifique y motive las razones de la enajenación; y

III. Avalúo comercial que contenga el nombre del evaluador, domicilio y firma, descripción del bien, valor asignado y características físicas o mecánicas del bien.

El monto de la operación nunca podrá ser inferior al monto del avalúo que se integre en el expediente, los recursos económicos que se generen por estas transacciones serán considerados recursos públicos y serán destinados a la adquisición de mobiliario y equipo de la Administración Pública Estatal.

Art. 36. Las enajenaciones de bienes muebles que se realicen en contravención a lo dispuesto por la Ley y este Reglamento, serán nulas de pleno derecho y darán lugar a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar.

Art. 37. Los bienes muebles susceptibles de donación son aquellos que por su estado de conservación resultan acordes a las necesidades de funcionamiento, fomento y desarrollo de las asociaciones civiles sin fines lucrativos e instituciones de asistencia social privada establecidas en la Ley de Asistencia Social del Estado de Zacatecas.

Art. 38. Todos los contratos que deriven por los actos jurídicos a que se refiere el presente capítulo, se sujetarán a las reglas comunes del derecho privado.

Art. 39. Los bienes muebles adquiridos de manera bipartita entre el Estado y los municipios, cumplidos los requisitos establecidos en el contrato de adquisición respectivo o si las condiciones físicas no permiten el uso para el cual se adquirió; el Poder Ejecutivo cederá los derechos que tenga sobre el bien a favor del ayuntamiento, para que éste último determine el destino final del mismo en la prestación de cualquier otro servicio público en beneficio de la hacienda pública municipal.

Art. 40. Serán destruidos parcialmente aquellos bienes desafectados que por sus características puedan ser desmantelados y reutilizados en otros bienes en calidad de insumos o refacciones.

Art. 41. Son susceptibles de destrucción total aquellos bienes que resulten incosteables e inservibles o cuya enajenación o donación comprometa la salud, la seguridad o la paz social.

Art. 42. La Oficialía Mayor establecerá los lineamientos y mecanismos administrativos que servirán de control del destino final de los bienes en apego a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Capítulo VII
De las concesiones

Art. 43. La concesión es el acto jurídico por el cual la Oficialía Mayor por acuerdo del Ejecutivo, otorga a personas físicas o morales su derecho de explotar, usar o aprovechar un bien de dominio público destinado a la prestación de un servicio o actividad de índole pública, conforme al procedimiento para licitaciones que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas.

Art. 44. La Oficialía Mayor hará del conocimiento público en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado y los medios electrónicos a su alcance, la necesidad y beneficios al concesionar cierto bien, especificando los plazos, monto de inversión, necesidades de uso y demás detalles que se requiera para su aprovechamiento, bajo los principios de beneficio económico y social para la población.

Art. 45. La Oficialía Mayor podrá designar de manera directa como concesionario al particular o persona moral que goce de reconocida experiencia y solvencia, en el supuesto de que las solicitudes presentadas no resulten idóneas para la concesión de acuerdo al dictamen que para tales efectos emita.

Art. 46. En el título de concesión, se deberá detallar la propuesta de las erogaciones económicas que realizará el concesionario, el cuidado, mantenimiento y conservación del bien, el monto de los productos que obtendrá el Estado, así como la fianza en garantía de viabilidad del proyecto por los montos que fijen las autoridades conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Art. 47. En el título de concesión, se deberán establecer entre otros los siguientes datos:

I. Nombre, denominación o razón social;

II. Domicilio, dentro del territorio Estatal;

III. Registro Federal de Contribuyentes;

IV. En el caso de ser persona moral, estar debidamente constituida de acuerdo a la legislación mexicana vigente;

V. Detallar la oferta de inversión del proyecto de acuerdo con las necesidades publicadas por el Gobierno; y

VI. Detallar los de la garantía que avale la viabilidad de su ofrecimiento. Dicha garantía será por el monto que para cada caso fijen las autoridades.

Los ciudadanos zacatecanos tendrán preferencia para obtener concesiones de un bien del Estado, sólo podrán otorgarse las concesiones a extranjeros cuando no exista connacional que pueda llevar a cabo la explotación, uso y aprovechamiento de las condiciones requeridas.

Art. 48. Una vez otorgada la concesión, el Ejecutivo emitirá el Decreto que contendrá el título correspondiente que será publicado en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado, para surtir efectos frente a terceros.

Art. 49. El Ejecutivo podrá negar la concesión en los casos siguientes:

I. Si el solicitante no cumple con las disposiciones establecidas en la Ley del Patrimonio y este Reglamento; y

II. Si con la concesión se crea un acaparamiento, contrario al interés social.

Art. 50. Las concesiones podrán prorrogarse cuando el Ejecutivo lo considere conveniente, hasta por un periodo igual al que fue otorgada siempre y cuando:

I. La petición haya sido formulada por escrito dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su vencimiento;

II. Subsista la necesidad del servicio;

III. Se haya prestado en forma eficiente el servicio; y

IV. Las instalaciones y equipos se encuentren en condiciones para la prestación del servicio por el tiempo de la prorroga solicitada.

Capítulo VIII
Del programa anual de bienes

Art. 51. Las dependencias y entidades públicas deberán presentar a la Oficialía Mayor el programa anual de bienes calendarizando las necesidades mobiliarias e inmobiliarias, para su aprobación en la comisión de gasto financiamiento. Este programa deberá ser congruente con el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente.

Art. 52. La comisión de gasto financiamiento dictaminará y en su caso aprobará el programa anual, para lo cual deberá considerar:

I. Las previsiones de recursos financieros asignadas en el Presupuesto de Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal;

II. Los objetivos y prioridades de los programas sectoriales, especiales e institucionales que correspondan; y

III. Las disposiciones contenidas en la Ley del Patrimonio, el presente Reglamento y demás ordenamientos legales.

Art. 53. Las dependencias y entidades presentarán, en su caso, a la Oficialía Mayor los programas de necesidades inmobiliarias aprobados por la comisión de gasto financiamiento, quien con base en los mismos, integrará el programa anual la propuesta de aprovechamiento inmobiliario.

Art. 54. Para atender los requerimientos de inmuebles de las dependencias y entidades, la Oficialía Mayor y la comisión de gasto financiamiento deberán:

I. Cuantificar y calificar los requerimientos, atendiendo a las características de los inmuebles solicitados y su localización;

II. Revisar el catálogo de bienes, para determinar la existencia de inmuebles disponibles o, en su defecto, la necesidad de adquirir otros;

III. Asignar a la dependencia o entidad interesada los inmuebles disponibles; y

IV. Adquirir en su caso, los inmuebles con cargo a la partida presupuestal autorizada a la dependencia o entidad interesada.

Art. 55. Para autorizar adquisiciones de bienes inmuebles, la Oficialía Mayor deberá considerar:

I. El programa anual de necesidades inmobiliarias respectivo, debidamente aprobado por la comisión de gasto financiamiento; y

II. El presupuesto de egresos respectivo.

En cualquier caso, la adquisición de bienes inmuebles, solo se podrá autorizar cuando esté considerada en los programas anuales aprobados y no existan inmuebles propiedad estatal, adecuados para satisfacer los requisitos específicos.

Art. 56. La Oficialía Mayor realizará los trámites necesarios para la formalización de los contratos de adquisición y arrendamiento de los inmuebles necesarios para las dependencias y entidades, y determinará con base en los avalúos comerciales practicados, el precio de la operación escuchando a la Secretaría de Finanzas.

Art. 57. La Oficialía Mayor podrá convenir con los propietarios o poseedores de los inmuebles los términos y condiciones más favorables para el Estado; debiéndose garantizar, en todo caso, la seguridad y la certeza jurídica de las operaciones.

Art. 58. Celebrada la escritura pública del bien inmueble, la Oficialía Mayor en coordinación con la Secretaría de Finanzas deberá realizar la inscripción y las anotaciones procedentes, en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio que corresponda y proceder al registro en el catálogo de bienes.

Art. 59. Corresponderá a la Oficialía Mayor brindar el mantenimiento de los inmuebles con cargo al presupuesto de las dependencias y entidades públicas para la prestación de los servicios públicos a su cargo.

Art. 60. Las dependencias y entidades públicas deberán solicitar a la Oficialía Mayor y someterlo a la autorización de la comisión de gasto financiamiento el arrendamiento de bienes inmuebles, quienes la otorgarán siempre y cuando concurra alguna de estas circunstancias:

I. No sea posible o conveniente su adquisición, o cuando el presupuesto disponible no resulte suficiente para su compra;

II. No se encuentre el bien solicitado dentro del patrimonio del Estado, en virtud de las condiciones particulares requeridas;

III. El bien se requiera temporalmente; y

IV. Resulte onerosa su adquisición y resultare más conveniente su arrendamiento.

Art. 61. La Oficialía Mayor deberá realizar las justipreciaciones así como la negociación de los incrementos de las rentas de los contratos de arrendamiento de los inmuebles de que se trate a favor de la hacienda pública Estatal.

Para el caso de arrendamiento de bienes muebles, el contrato respectivo deberá de observar lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado.

Capítulo IX
De las sanciones

Art. 62. En caso de actos u omisiones que afecten el patrimonio estatal, la Oficialía Mayor, promoverá ante la Contraloría Interna la aplicación de las sanciones administrativas en que incurran los servidores públicos en el desempeño de sus funciones de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. Así como por la comisión de conductas delictivas ante la autoridad correspondiente en los términos de la legislación penal.

Si del mantenimiento correctivo se deduce que fue causado por mal uso, dolo o negligencia del servidor público, se procederá a levantar el reporte a que se refiere el artículo anterior para el deslinde de responsabilidades y sanciones administrativas.

En ambos casos, el reporte deberá contener de manera técnica el detalle de las anomalías que presente el bien, acompañado del diagnóstico mecánico y las cuantificaciones de los gastos por concepto de reparación.

Ar. 63. El titular de área administrativa de la dependencia o entidad pública será corresponsable de los daños causados a los bienes muebles e inmuebles por falta de reporte de daños, cuantificación y señalamiento de la presunta responsabilidad administrativa del servidor público a quien se le atribuya el hecho.

Art. 64. Cualquier persona puede denunciar todo hecho o acto que altere o tienda a modificar el uso, destino o aprovechamiento de los bienes que conforman el patrimonio del Estado. La denuncia podrá presentarse ante la Contraloría Interna y deberá aportar la siguiente información:

I. Los datos necesarios para la identificación y ubicación del bien de que se trate;

II. Una exposición sucinta de los hechos o actos que se consideren alteran o tienden a modificar el uso, destino o aprovechamiento de los bienes de dominio público o privado; y

III. El nombre, firma y domicilio para recibir notificaciones de la persona denunciante, salvo en los casos de que la denuncia fuere anónima.

Art. 65. Si de las investigaciones que realice la Contraloría Interna, se estableciera responsabilidad de algún servidor público, previa sustanciación del procedimiento administrativo correspondiente, se procederá en términos de lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Zacatecas y/o de la Ley del Servicio Civil del Estado para que se determine la sanción correspondiente.

Art. 66. La responsabilidad administrativa es independiente de las de naturaleza civil o penal a que hubiere lugar. En todo caso, si la Contraloría Interna tuviera conocimiento de hechos que impliquen la probable responsabilidad penal o civil de los servidores públicos, darán vista de ellos a la autoridad competente para el ejercicio de las sanciones a que hubiere lugar.

Artículos transitorios

Artículo primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Art. 2º Se derogan todas las disposiciones de carácter administrativo que se opongan a lo dispuesto en el presente Reglamento.

Art. 3º Los inmuebles de dominio del Estado, que a la entrada en vigor de este Reglamento se encuentren al servicio de las dependencias o entidades públicas, así como al de los Gobiernos federal o municipales, que no hayan sido destinados a un servicio público conforme a lo dispuesto en la Ley del Patrimonio, serán considerados como bienes inmuebles de dominio público para todos los efectos legales.

Art. 4º El Registro Público de la Propiedad y del Comercio deberá integrar el registro del patrimonio público del Estado, dentro del año siguiente contado a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85 de la Constitución Política del Estado y para su debida publicación y observancia, expido el presente Reglamento de la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios. Dado en el despacho del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Zacatecas, capital del Estado de Zacatecas a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil once.

Atentamente.
«Sufragio Efectivo. No Reelección»

Miguel Alejandro Alonso Reyes
Gobernador del Estado

Esaú Hernández Herrera
Secretario General de Gobierno

Le Roy Barragán Ocampo
Oficial Mayor de Gobierno

FICHA TÉCNICA

GENERAL

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
  5 18-enero-2012 19-enero-2012  

Por tratarse de una disposición de carácter administrativo, no contiene número de Decreto ni Legislatura.

Último cotejo de vigencia: febrero de 2012