REGLAMENTO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR
SUPERVISADA DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE ZACATECAS

Juan Antonio Castañeda Ruiz, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento a las atribuciones que me confiere el artículo 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial, hago saber, que el Pleno de este órgano colegiado en sesión ordinaria celebrada el 14 de mayo de 2015, emitió el siguiente

REGLAMENTO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR
SUPERVISADA DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE ZACATECAS

TÍTULO PRIMERO
Del Centro de Convivencia Familiar Supervisada

Capítulo único
Disposiciones generales

Artículo primero. El presente Reglamento tiene por objeto la organización, dirección y funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada Del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Las disposiciones en él contenidas son de observancia obligatoria para el personal del Centro, las autoridades judiciales y los usuarios de los servicios que en el mismo se prestan.

Art. 2º El Centro de Convivencia Familiar Supervisada Del Poder Judicial del Estado actuará como instancia auxiliar de los órganos jurisdiccionales, para ofrecer y facilitar un espacio neutral con servicios multidisciplinarios en los que pueda darse de manera sana y pacífica la convivencia entre el progenitor no custodio con los hijos, niñas, niños y adolescentes y/o otros parientes de los mismos, a fin de coadyuvar en el fortalecimiento de los lazos de apego y confianza entre ellos.

El Centro es una unidad administrativa que depende del Poder Judicial del Estado, quien será el órgano encargado de practicar las visitas de supervisión que considere necesarias, con independencia de las que realice el director de dicho Centro, en el desempeño de sus responsabilidades.

Art. 3º Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

I. Centro: Centro de Convivencia Familiar Supervisada Del Poder Judicial del Estado;

II. Atención psicológica: proceso mediante el cual se presta apoyo psicoterapéutico, ya sea por medio de sesiones individuales o grupales, encaminado a lograr una mejora en el estado emocional y en la dinámica interaccional de los individuos que en ella participan;

III. Autoridad judicial: órganos jurisdiccionales que conozcan de las causas o controversias de las que deriven la prestación de los servicios;

IV. Convivencia general: encuentro entre el progenitor y/o otros parientes no custodios y el menor o menores hijos, desarrollada bajo determinación judicial en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada Del Poder Judicial del Estado;

V. Convivencia asistida: encuentro que se establece entre el progenitor y/o otros parientes no custodios con las niñas, niños y adolescentes [sus hijos], ante la presencia de una tercera persona independiente y neutral, que se desarrolla bajo directrices judiciales en Centro de Convivencia Familiar Supervisada Del Poder Judicial del Estado de Zacatecas;

VI. Director general: autoridad responsable de organizar y supervisar el trabajo del Centro de Convivencia Familiar Supervisada Del Poder Judicial del Estado;

VII. Entrega-recepción de niñas, niños y adolescentes: servicio que otorga el Centro de Convivencia Familiar Supervisada Del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, consistente en el registro de entrega y recepción para el encuentro entre progenitor y/o otros parientes no custodios y sus hijos, fuera de sus instalaciones;

VIII. Estudios de entorno social: proceso de investigación en el que a través de entrevistas e investigaciones de campo por los trabajadores sociales del Centro, se conocen las condiciones sociales, económicas, educativas, laborales y las circunstancias que rodean a cada familia;

IX. Estudio socioeconómico: procedimiento en el que, a través de entrevistas e investigaciones de campo, se determinan las condiciones económicas de un individuo o familia;

X. Evaluación psicológica: proceso mediante el cual, a través de una metodología específica, es posible determinar las características sobresalientes de la personalidad de los individuos;

XI. Menor conviviente: hijo de padres separados de hecho o de derecho, vinculado a controversia judicial y que aún no ha cumplido dieciocho años de edad;

XII. Progenitor conviviente no custodio: padre o madre a favor del cual la autoridad judicial ha decretado la convivencia familiar con sus hijos: niñas, niños o adolescentes, ya sea dentro del Centro, mediante la convivencia familiar general o asistida o fuera de sus instalaciones a través del sistema de entrega-recepción;

XIII. Progenitor custodio: padre o madre que judicialmente ejerce la guarda y custodia de la niña, niño o adolescente;

XIV. Supervisor de convivencia: personal calificado encargado de vigilar el buen desarrollo de la convivencia familiar decretada por el juez;

XV. Talleres psicoeducativos: espacios de encuentro, aprendizaje y reflexión grupal, que tiene como propósito coadyuvar al desarrollo de habilidades sociales y de afrontamiento ante los conflictos. Estos talleres van dirigidos a niñas, niños, adolescentes y adultos usuarios del Centro;

XVI. Terapia de integración: tratamiento que tiene como finalidad construir, restablecer o reforzar el vínculo afectivo del progenitor no custodio y su hijo: con el objetivo de lograr un sano desarrollo para el infante, a fin de que esté en condiciones aptas de convivir armoniosamente con el progenitor conviviente;

XVII. Terceros de emergencia: persona autorizada por el órgano jurisdiccional, a propuesta de quien detenta la guarda y custodia de la niña, niño o adolescente, para presentarlo o recogerlo en el Centro, en caso de cualquier eventualidad;

XVIII. Usuario: toda persona que por determinación judicial deba hacer uso de las instalaciones del Centro.

Art. 4º El Centro proporcionará sus servicios únicamente a las personas que expresamente determine la autoridad judicial, derivado de litigios de carácter familiar, y sólo en casos excepcionales en otra clase de asuntos, cuando se trate de los servicios extraordinarios a que el presente Reglamento se refiere.

Los servicios se desarrollarán en sus instalaciones, con la salvedad de las visitas domiciliarias, institucionales o de campo que se requieran para cumplir con la orden judicial.

Art. 5º Los servicios que se otorguen en el Centro serán gratuitos, por lo tanto, el personal adscrito tiene prohibido solicitar o recibir cualquier tipo de remuneración o dádiva por los servicios que preste con motivo de su cargo.

Art. 6º El Centro prestará atención a los usuarios los 365 días del año. Los días de descanso del personal deberán programarse por el director, acorde a las necesidades del servicio.

El horario oficial de atención a los usuarios se ofrecerá de lunes a viernes de 9:00 a las 18:00 horas y el sábado y domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Sólo en casos excepcionales y a juicio de la autoridad judicial podrán habilitarse horas fuera del horario oficial, siempre que la carga laboral y disponibilidad del Centro lo permita.

Art. 7º El Centro, como instancia familiar y de apoyo de los jueces familiares, otorgarán los siguientes servicios básicos a los usuarios:

I. Convivencia de progenitores e hijos decretada de manera provisional o definitiva en las controversias respectivas, cuando las particularidades del caso así lo requieran;

II. Convivencia supervisada bajo parámetros estrictamente judiciales;

III. Recepción de las niñas, niños o adolescentes al progenitor no custodio para su convivencia fuera del Centro y reintegro de los mismos a la madre o padre custodio;

IV. Servicios de atención psicológica individual, terapias grupales a las niñas, niños y adolescentes y a sus progenitores y terapia de integración;

V. Evaluaciones de personalidad, socioeconómicas y de entorno, ordenadas por la autoridad judicial; y

VI. Asesoría psicológica y talleres psicoeducativos.

Art. 8º Los resultados y material obtenido con la práctica de los servicios que se prestan en el Centro son confidenciales.

Para proporcionar cualquier tipo de información que se solicite por terceros, ya sean autoridades, personas físicas, morales, medios de comunicación o difusión, deberá previamente autorizarse por el juez de conocimiento.

Art. 9º Las convivencias concluirán cuando así lo determine la autoridad judicial y lo sugiera el personal multidisciplinario del Centro.

TÍTULO SEGUNDO
Estructura orgánica

Capítulo I
De la dirección general

Art. 10. El Centro, para su debido funcionamiento, estará a cargo de un director general con sede en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, quien estará dotado de fe pública. Cuyas ausencias serán cubiertas por la persona que autorice el pleno.

Art. 11. Son atribuciones del director general las siguientes:

I. Coordinar y dirigir las acciones sobre el funcionamiento integral del Centro;

II. Atender las órdenes de servicio que remita la autoridad judicial, canalizándolas a su personal adscrito;

III. Revisar y enviar los reportes que solicite la autoridad judicial;

IV. Dirigir los trabajos y supervisar las labores del personal a su cargo;

V. Vigilar que los servicios, que presta el Centro sean proporcionados en forma que ordene la autoridad judicial;

VI. Llevar un registro en el que se concentren las actividades realizadas por el personal adscrito al Centro;

VII. Resolver los incidentes que se presenten y ponerlos en conocimiento de los jueces;

VIII. Programar los días de descanso del personal adscrito;

IX. Tomar las medidas de seguridad necesarias para el resguardo del material y resultados derivados de los servicios proporcionados por el Centro;

X. Mantener comunicación permanente con los titulares de los juzgados y salas;

XI. Recibir en audiencia a las partes interesadas o sus representantes legales, cuando así lo soliciten;

XII. Favorecer la comunicación y el intercambio permanente con dependencias e instituciones análogas a nivel nacional e internacional, a fin de enriquecer la práctica y mejorar la calidad de los servicios prestados por el Centro;

XIII. Promover la capacitación y actualización para el personal del Centro en materias de derecho familiar, psicología y trabajo social;

XIV. Realizar juntas periódicas con el personal del Centro, a fin de revisar y unificar criterios de operación;

XV. Rendir al pleno un informe estadístico trimestral y acumulado anual, sobre las actividades y resultados del Centro, sin perjuicio de los que le requiera el mismo y/o los jueces familiares; y

XVI. Los demás que le sean asignados por el pleno y/o jueces familiares dentro del ámbito de su competencia.

Art. 12. El director general contará con el personal auxiliar que autorice el pleno y permita el presupuesto, personal que asumirá las siguientes funciones:

I. Formar un expediente para el Centro de cada uno de los casos que se atiendan. Independientemente de las bitácoras que se elaboren;

II. Apoyar en la elaboración de documentos que le sean solicitados por el director general;

III. Asistir al director general, en el momento que se requiera;

IV. Recibir, organizar y archivar la correspondencia enviada al Centro;

V. Concentrar y sistematizar la información del Centro, a fin de elaborar en tiempo y forma, los informes respectivos;

VI. Apoyar en la supervisión y vigilancia de las diversas actividades del Centro;

VI. Las demás que el director general le asigne en el ámbito de su competencia.

Capítulo II
Personal multidisciplinario

Art. 13. El Centro contará con el personal multidisciplinario que el pleno autorice en base a las necesidades del servicio y a la posibilidad presupuestaria.

Art. 14. Los psicólogos serán profesionales calificados que se encargarán de evaluar, según lo determinado por la autoridad judicial y con apego a las responsabilidades siguientes:

I. Realizar las evaluaciones psicológicas que le sean solicitadas por la autoridad judicial, conforme a los lineamientos determinados en el presente Reglamento y en el manual de procedimientos del Centro;

II. Emitir en tiempo y forma las evaluaciones solicitadas, así como los reportes de los servicios que le sean asignados;

III. Notificar oportunamente a la autoridad judicial la inasistencia o falta de disposición del evaluado;

IV. Comunicar al director general, cualquier impedimento que se presente para la práctica de las evaluaciones o de los servicios que se prestan;

V. Proporcionar atención o asesoría psicológica, ya sea individual o grupal, de acuerdo a lo solicitado por la autoridad judicial;

VI. Llevar una bitácora de los servicios realizados;

VII. Coordinar, con el área de trabajo social y de convivencia supervisada, la realización del reporte integral del estado que guarden los casos remitidos por la autoridad judicial;

VIII. Desarrollar e impartir talleres psicoeducativos a los usuarios del Centro, cuando el director general así lo determine;

IX. Proporcionar asistencia psicoterapéutica transitoria y voluntaria a los usuarios en el desarrollo de la convivencia supervisada, cuando se estime necesario para el bienestar de las niñas, niños y adolescentes;

X. Establecer o restaurar el vínculo parental mediante la terapia de integración, cuando la autoridad judicial así lo ordene;

XI. Plantear al director general, acciones para la mejora del desempeño de sus funciones;

XII. Poner en conocimiento del director general la existencia de cualquier causa que ponga en riesgo la imparcialidad o el buen desarrollo de su labor; y

XIII. Las demás que le asigne una autoridad superior dentro del ámbito de su competencia.

Los psicólogos estarán autorizados para suspender temporalmente el servicio de evaluación psicológica, en los casos siguientes:

a) Cuando el usuario no permita la evaluación;

b) Cuando el usuario intente presionar, por cualquier medio, al evaluador para tratar de obtener un beneficio;

c) Cuando el estado físico o emocional del evaluado amerite la suspensión temporal;

d) Cuando el evaluador reciba amenazas, insultos o malos tratos por parte del usuario; y

e) Cualquiera otra causa que obstaculice o impida la prestación del servicio.

Art. 15. Los trabajadores sociales serán profesionales calificados que se encargarán de recopilar información relacionada con el entorno familiar, social, económico, laboral o escolar de las partes del procedimiento judicial, con apego a las responsabilidades siguientes:

I. Realizar los estudios socioeconómicos, que le sean ordenados por la autoridad judicial, conforme a los lineamientos determinados en el presente Reglamento y en el manual de procedimientos del Centro;

II. Practicar los estudios de entorno, tanto de la niña, niño o adolescente como de sus progenitores, cuando sea ordenado por el juez;

III. Realizar visitas domiciliarias, institucionales y de campo, a las partes;

IV. Emitir en tiempo y forma las investigaciones sociales encomendadas, así como los reportes de los servicios que le sean asignados;

V. Comunicar, al director general, cualquier impedimento que exista en la práctica de las evaluaciones o de los servicios que se prestan en el Centro;

VI. Llevar una bitácora de los servicios realizados;

VII. Coordinar, con el área de psicología, la realización del reporte integral del estado que guarden los casos remitidos por la autoridad judicial;

VIII. Colaborar en la impartición de talleres psicoeduactivos a los usuarios del Centro;

IX. Poner en conocimiento del director general, la existencia de cualquier causa que ponga en riesgo la imparcialidad o el bien desarrollo de su labor; y

X. Las demás que la autoridad superior le asigne, de acuerdo al ámbito de su competencia.

Los trabajadores sociales estarán autorizados para suspender temporalmente los servicios de evaluación, en los casos siguientes:

a) Cuando el usuario no permita la evaluación;

b) Cuando el usuario intente presionar por cualquier medio al evaluador para verse beneficiado;

c) Cuando el estado físico o emocional del evaluado amerite la suspensión temporal;

d) Cuando el evaluador reciba amenazas, insultos o malos tratos por parte del usuario;

e) Cuando se presente alguna otra circunstancia que obstaculice o impida la prestación del servicio.

Art. 16. Los supervisores de convivencia serán profesionales calificados que se encargarán de vigilar el buen desarrollo de la convivencia familiar ordenada por el juez y participar en la entrega-recepción de las niñas, niños o adolescentes, con apego a las responsabilidades siguientes:

I. Supervisar que las convivencias o la entrega-recepción del menor se desarrollen conforme a la orden de la autoridad judicial;

II. Comunicar verbalmente al director general, cualquier anomalía o incidente que se suscite en el desarrollo de las convivencias;

III. Brindar una plática introductoria a los usuarios, a fin de hacer de su conocimiento el reglamento interno del mismo y canalizar al usuario para la prestación del servicio ordenado;

IV. Cerciorarse que al finalizar la convivencia familiar, las niñas, niños y adolescentes sean debidamente entregados al familiar que ejerce la guarda y custodia o a la persona previamente autorizada;

V. Apoyar a los progenitores en la labor de convencimiento a los mimos para que convivan con los familiares que han sido autorizados por el juez;

VI. Encargarse de que la niña, niño o adolescente, durante las convivencias, reciba las atenciones necesarias, según lo ordenado por la autoridad judicial;

VII. Llevar una bitácora de los servicios realizados;

VIII. Coordinar con el área de psicología la realización del reporte integral del estado que guardan los casos remitidos por la autoridad judicial;

IX. Elaborar diariamente un informe pormenorizado del resultado de las supervisiones de convivencias, haciéndolo llegar oportunamente al director general del Centro;

X. Colaborar en el desarrollo e impartición de talleres psicoeducativos a los usuarios del Centro; y

XI. Las demás de la autoridad superior le asigne, de acuerdo al ámbito de su competencia.

Art. 17. El personal médico recaerá en profesionales calificados, cuya función será certificar las condiciones físicas generales en que lleguen o sean devueltos los menores usuarios, con apego a las responsabilidades siguientes:

I. Realizar una exploración física general a las niñas, niños o adolescentes que acudan al Centro, tanto al ingresar como al abandonar las instalaciones; al iniciar y concluir la convivencia familiar, así como al momento de la entrega y regreso de los mismos que estén sujetos al régimen de entrega-recepción;

II. Elaborar las actas respectivas, para ser remitidas al c. director, a fin de integrar el informe que se enviará a la autoridad judicial;

III. Practicar la prueba de consumo de sustancias que alteren la salud de los usuarios cuando el director así lo indique, cuyo resultado será enviado al órgano jurisdiccional con el informe respectivo;

IV. Prestar los primeros auxilios a las niñas, niños y adolescentes usuarios en caso de requerirlos, así como al personal y demás usuarios del Centro, en casos de emergencia; y

V. Las demás que la autoridad superior le asigne, de acuerdo al ámbito de su competencia.

Art. 18. El personal de vigilancia tendrá la autoridad para controlar el acceso y comportamiento de los usuarios del Centro, con apego a las responsabilidades siguientes:

I. Inspeccionar el acceso al Centro;

II. Llevar el libro de registro de visitantes, requiriendo la identificación respectiva;

III. Practicar las revisiones necesarias a fin de impedir el acceso a objetos prohibidos al Centro;

IV. Informar con inmediatez al director general o quien lo supla en sus funciones, cuando se percate de que algún usuario intente o introduzca al Centro objetos prohibidos o se presenta bajo el influjo del alcohol u otro tipo de sustancias;

V. Poner en conocimiento del director general, cualquier desperfecto, deterioro o daño que se detecte a las instalaciones del Centro;

VI. Vigilar que se mantenga el orden al interior del Centro; y

VII. Las demás que la autoridad superior le asigne, de acuerdo al ámbito de competencia.

Art. 19. El personal auxiliar tendrá a su cargo las funciones que el director general le asigne.

TÍTULO TERCERO
De la prestación de servicios

Capítulo I
Disposiciones generales

Art. 20. El Centro brindará sus servicios, previa orden por escrito de autoridad judicial, que deberá contener el servicio requerido, nombre de las personas a quienes deba de otorgarse, domicilio de éstas y datos del expediente judicial del cual deriva la orden y naturaleza del procedimiento, precisando además:

I. Para el caso de entrega-recepción de niñas, niños o adolescentes:

a) El nombre y apellidos de las personas autorizadas para la entrega-recepción;

b) Domicilio y teléfono en los cuales puedan ser localizados; y

c) Horario de inicio y conclusión de la convivencia;

II. Para el caso de convivencia familiar incluyendo la asistida:

a) El nombre y apellidos de las personas autorizadas para la entrega-recepción;

b) Domicilio y teléfono en los cuales puedan ser localizados;

c) Horario de inicio, conclusión de la convivencia y cualquier particularidad que deba atender; y

d) Cualquier anotación-observación pertinente al caso;

III. Para la práctica de evaluaciones psicológicas:

a) El nombre y apellidos de las personas a quienes deba evaluarse;

b) Domicilio particular y del trabajo del evaluado y de la escuela de los menores, en su caso;

c) Servicios médicos, psicológicos o psiquiátricos que se le hubieren practicado al usuario;

d) Precisar el objeto de la prueba psicológica; y

e) Nombre de la persona que tenga la guarda y custodia de las niñas, niños y adolescentes sujetos a evaluación y, en su caso, precisar si la convivencia de los padres ha sido interrumpida y durante qué lapso;

IV. Para la práctica de evaluaciones socioeconómicas y de entono social, la autoridad judicial deberá recomendar a las partes para que, el día de la entrevista con el trabajador social, cuente con copia simple de todos aquellos documentos personales, familiares y financieros relacionados con su economía doméstica, en congruencia con el servicio que la autoridad judicial ordena, señalando además, lo siguiente:

a) Nombre y apellidos de los usuarios;

b) Domicilio y croquis de ubicación de los lugares específicos en donde tendrán lugar las investigaciones de campo y visitas domiciliarias; y

c) Naturaleza de la evaluación.

Art. 21. Los servicios que se otorgan en el Centro, se llevarán a cabo dentro del horario previsto en el presente Reglamento.

Las fechas y horarios para la prestación de los distintos servicios, se asignarán en base a una agenda electrónica de uso común para los jueces familiares, en coordinación con el Centro.

La agenda electrónica reflejará la disponibilidad actualizada de horarios y fechas, a fin de que el órgano jurisdiccional y el director del Centro dispongan de ellas para la programación de los servicios.

El órgano jurisdiccional deberá notificar, por los medios legales, al director general del Centro, la forma y términos en que deberá prestar el servicio correspondiente, así como la fecha y la hora en que dará inicio el mismo.

Art. 22. El director general deberá vigilar y constatar el exacto cumplimiento por parte del personal multidisciplinario a la orden judicial.

El oficio de solicitud del servicio deberá contener la transcripción del acuerdo o resolución judicial que determine la intervención del Centro, a fin de estar en posibilidad de programar y prestar el servicio.

Art. 23. Las fechas y horarios programados para la prestación de los servicios no podrán modificarse, salvo orden judicial.

Cualquier cambio de los servicios requeridos al Centro, deberá gestionarse ante la autoridad judicial.

El Centro no estará facultado para justificar las inasistencias de los usuarios; por tanto, ésos deberán gestionar tal aspecto ante la autoridad judicial competente, quien actuará de oficio para la reprogramación conducente.

El Centro tampoco estará facultado para negar los servicios bajo el argumento de que los usuarios han incurrido en dos o más inasistencias. En todo caso, será el juez el que decida si tal circunstancia habrá o no de influir en la reprogramación de los servicios.

Art. 24. Los progenitores deberán propiciar la armonía y disposición de sus hijos, a fin de estar en posibilidad de cumplir con la orden judicial; sin embargo, si el menor se mostrara renuente a la práctica de los servicios, el Centro les proporcionará el apoyo de los psicólogos. En caso de que la niña, niño o adolescente insistiera en oponerse a la práctica de cualquiera de los servicios, se procederá conforme a la fracción VII del artículo 27 del presente Reglamento.

Art. 25. Los supervisores de convivencia reportarán al director general cualquier alteración de la salud que las niñas, niños o adolescentes sufran en el interior del Centro y deberán solicitar apoyo al médico para la debida atención, de lo cual se dará cuenta al juez de la causa.

Art. 26. El profesional al cargo deberá levantar acta circunstanciada de los incidentes que se presenten en la prestación del servicio; enviará los reportes a la autoridad judicial y brindará la información adicional que le solicite, para el trámite que proceda.

De igual forma, el director general podrá sugerir la suspensión de los servicios cuando a su juicio el caso lo amerite, debiendo exponer pormenorizadamente sus razones, para que el juez resuelva lo que corresponda.

Art. 27. Los servicios profesionales que el Centro otorga, sólo podrán suspenderse por las siguientes causas, mismas que serán calificadas y autorizadas por el director general:

I. Cuando se exhiba o reciba orden judicial estatal o federal que expresamente lo determine;

II. Por caso fortuito o fuerza mayor;

III. Por inasistencia de la persona autorizada para que le preste el servicio profesional o cualquiera de los que deba intervenir en la convivencia familiar o entrega-recepción; debiendo dar aviso inmediato al juez competente;

IV. Cuando, previa exploración médica, cualquiera de los que deban intervenir en la convivencia familiar o entrega-recepción, presenten algún síntoma de enfermedad física contagiosa o mental, que pueda poner en riesgo a los involucrados en el servicio;

V. Cuando cualquiera de los que deban intervenir en la convivencia familiar o entrega-recepción o valoración, adopte un comportamiento agresivo incontrolable;

VI. Cuando el usuario se conduzca con faltas de respeto a otros usuarios o al personal del Centro;

VII. Cuando las niñas, niños y adolescentes se resistan incontrolablemente a la práctica del servicio o cuando no obstante haber agotado la terapia de integración, muestren alteración emocional grave o resistencia a la convivencia familiar;

VIII. Cuando los mismos sean presentados para la práctica de cualquiera de los servicios, por otra persona distinta a la autorizada judicialmente;

IX. Cuando cualquiera de los asistentes se negare a cumplir con la orden judicial respecto de la forma en que debe realizarse la prestación de los servicios; o

X. Cuando por cualquier otra causa se ponga en grave riesgo a los usuarios visitantes o el personal del Centro.

Art. 28. Cuando se actualice alguna causa de suspensión y así lo requiera el caso, el director general deberá tomar las medidas necesarias para el resguardo de las niñas, niños y adolescentes. De igual forma, hará entrega con auxilio de su personal de los menores a los progenitores, tutores o personas autorizadas.

Capítulo II
De las evaluaciones

Art. 29. El proceso de evaluación psicológica o de trabajo social, se regirá bajo los siguientes criterios generales:

I. La duración de las evaluaciones estará sujeta a los requerimientos judiciales respectivos, atendiendo a las capacidades y puntual asistencia de los usuarios a las citas que se les programen y a las necesidades técnicas del servicio;

II. Si durante el proceso, el evaluador requiriese ampliar la información con el evaluado, se hará del conocimiento a la autoridad judicial que hubiere ordenado la evaluación, para que ésta apruebe la idoneidad de la recopilación de datos faltantes, o bien, la aplicación de otros instrumentos para allegarse de la información no obtenida o incompleta;

III. Si la persona a evaluar es menor de edad, cuando menos en la primera cita deberá acudir acompañado de quien tenga su guarda y custodia, puesto que deberá responder al evaluador preguntas relacionadas con el desarrollo del menor y, al terminar su intervención, deberá permanecer en la sala de espera, mientras el menor concluye su evaluación;

IV. La evaluación de la niña, niño o adolescente podrá registrarse grabada en audio e imagen cuando el juzgador así lo determine. La grabación deberá ser incorporada al proceso judicial;

V. Si al momento de la evaluación, los menores hicieran mal uso de los materiales, así como de las instalaciones del Centro, el evaluador o investigador social lo instará al orden; si continuara con tal actitud, se pedirá la presencia del progenitor custodio o persona autorizada que lo haya presentado, para que contenga el ánimo del menor y se responsabilice del material dañado;

VI. Los usuarios se harán responsables del material que vayan ocupando en su evaluación, el cual deberán reintegrar a su conclusión, únicamente con el desgaste natural derivado de su uso;

VII. Los reportes de evaluación psicológica e investigación social serán enviados oportunamente a la autoridad judicial que los haya ordenado, por medio del director general del Centro;

VIII. Queda prohibido que, al momento de la evaluación, los usuarios introduzcan aparatos electrónicos o cualquier otro objeto que pueda interferir en la práctica de la evaluación psicológica; y

IX. En el Centro, los evaluados no podrán intercambiar información con otras personas que se encuentren en proceso de evaluación.

Capítulo III
De las convivencias en general

Art. 30. Sólo quien tenga la guarda y custodia de la niña, niño o adolescente o la persona autorizada, deberá presentarse puntualmente con ellos a las convivencias.

Las convivencias en el Centro tendrán la duración que el juzgador considere razonable.

Los participantes podrán acceder, previa autorización del superior de convivencia, a las distintas áreas que conforman las instalaciones.

Art. 31. Previa autorización del ingreso por el personal de vigilancia, los participantes serán conducidos con el personal del Centro, a fin de que la niña, niño o adolescente sea canalizado al departamento médico para su certificación, en presencia del progenitor custodio o persona autorizada y, posteriormente, dirigido a la sala de transición en donde esperará la llegada del progenitor no custodio o con quien se tenga la convivencia. Igual procedimiento se seguirá en tratándose de la persona con quien el menor deba convivir.

Efectuado lo anterior, los participantes serán dirigidos al área de convivencia familiar. A partir de ese instante la niña, niño o adolescente queda a cargo de la persona con quien tenga la convivencia y cualquier situación que se presente en el transcurso de la misma, deberá hacerla del conocimiento al director general o del personal adscrito al Centro, quienes en todo momento deben estar pendientes de los usuarios, para brindar el más optimo servicio.

Art. 32. La convivencia se inicia desde el ingreso al Centro y no podrá prolongarse más allá de la hora programada para su conclusión.

Art. 33. Los padres o tutores que tengan la guarda y custodia de la niña, niño o adolescente, así como quienes no deban participar en las convivencias, deberán abandonar el Centro y apersonarse hasta la conclusión del plazo fijado para la sana convivencia, salvo que los menores o los usuarios tengan necesidades especiales y el juez haya autorizado su presencia para atenderlos, pero sin interferir en el desarrollo de la misma.

En caso de desacato, en la primera ocasión se le llamará la atención para que se abstenga de realizar tales conductas y, en caso de reincidencia, se rendirá informe al juez de la causa, a fin de que dicte las medidas pertinentes.

Por cualquier contingencia, el progenitor que tenga la guarda y custodia de la niña, niño o adolescente o el que por disposición judicial se encuentre autorizada para llevarlos, deberá proporcionar, al momento de su registro, un número de teléfono en que pueda ser localizado, así como el nombre, domicilio y número de teléfono del tercero emergente autorizado.

Cuando se trate de niñas, niños y adolescentes o usuarios con necesidades especiales, quien tenga su guarda y custodia o la persona autorizada por el juez, deberá permanecer en la recepción del Centro durante el desarrollo de la convivencia, para atender cualquier situación relacionada con la salud, estado emocional, alimentación e higiene de los usuarios, siempre que el juez lo hubiere decretado en la orden judicial de la prestación del servicio.

Los progenitores custodios de niñas, niños y adolescentes con algún padecimiento, deberán asistir con lo necesario para su atención.

Cuando las niñas, niños o adolescentes no puedan hacer uso de los servicios sanitarios por sí mismos, deberán estar acompañados del progenitor no custodio con quien se esté desarrollando la convivencia, contando invariablemente con la supervisión por parte del personal del Centro.

Art. 34. Ningún menor puede permanecer solo en el Centro. Excepcionalmente y sólo por razones extremadamente necesarias, los usuarios que conviven serán autorizados para ausentarse.

Art. 35. En los casos en que el Centro proporcione el material para el desarrollo de las convivencias, deberá ser devuelto por los usuarios al término de las mismas, en las condiciones en que fue proporcionado sólo con el desgaste natural por su uso.

Art. 36. El progenitor conviviente no podrá involucrarse en otras convivencias que no sea la suya y, cuando eso suceda, se aplicarán las medidas a que se contrae el artículo 33, primer párrafo, de este Reglamento.

Art. 37. Al concluir la convivencia, la niña, niño o adolescente quedará bajo responsabilidad del Centro, hasta en tanto se presente a recogerlo el progenitor custodio o la persona autorizada por el juez.

Capítulo IV
De la convivencia asistida en particular

Art. 38. La convivencia asistida deberá llevarse a cabo en las áreas destinadas para ello en el Centro y bajo la presencia del personal idóneo del mismo asignado por el director a tal efecto y, en acatamiento a los lineamientos de la orden judicial.

Art. 39. Las convivencias tendrán la duración y frecuencia que el juez considere prudente y autorice. Lo que deberá hacer del conocimiento explícito al director.

Art. 40. En las convivencias asistidas serán aplicables, en lo atinente, las normas previstas con anterioridad.

Capítulo V
De la entrega-recepción de niñas,
niños y adolescentes

Art. 41. El progenitor custodio o persona autorizada, deberá presentarse acompañado de la niña, niño o adolescente, en la fecha y hora determinados por la autoridad judicial.

Los participantes en la entrega-recepción deberán portar, en original, una identificación oficial vigente con fotografía y permitirán someterse a la revisión que el personal de vigilancia considere necesario, proporcionado los datos para su registro en el libro de visitantes.

Art. 42. Una vez ingresados al Centro, los participantes y la niña, niño o adolescente serán sometidos a una exploración física de rutina por el personal médico, levantando el reporte respectivo, para constatar el estado en que se recibe o encuentra.

El progenitor custodio o persona autorizada para la entrega de los mismos no podrá retirarse del Centro hasta en tanto acuda el progenitor conviviente, quien sólo dispondrá de quince minutos de tolerancia, después de la hora fijada por el órgano jurisdiccional para la entrega del menor.

Al regreso de la niña, niño o adolescente, éste y el progenitor conviviente, así como el progenitor custodio serán revisados nuevamente por el personal médico, para los efectos señalados en el párrafo primero de este artículo.

El supervisor levantará el acta correspondiente, firmando los interesados. En caso de existir proceso judicial, el director general deberá enviar el reporte respectivo al juez de la causa.

Después de 30 minutos de concluido el servicio, no se permitirá a los usuarios permanecer en las instalaciones del Centro.

En caso de que a la hora fijada para el reintegro de la niña, niño o adolescente, no se encontrara el progenitor custodio, se procederá en los términos del artículo 48 de este Reglamento.

Art. 43. Para el caso de la entrega-recepción de la niña, niño o adolescente en sus periodos vacacionales o fuera de los horarios del Centro, se estará a lo ordenado por la autoridad correspondiente, acorde a las necesidades del Centro.

Capítulo VI
De los servicios extraordinarios

Art. 44. El Centro, como órgano auxiliar de la administración de justicia, otorgará servicios extraordinarios en aquellos procedimientos judiciales en los que se requieran los siguientes servicios profesionales especializados:

I. Asistencia de niñas, niños y adolescentes para participar de manera efectiva en los procesos judiciales, ya sea como testigo o cualquier otro tipo de diligencia en que deba intervenir y a su interés beneficie;

II. Designación de peritos para el desahogo de pruebas psicológicas;

III. Evaluaciones psicológicas, socioeconómicas o de entorno social, que se requieran en procesos judiciales; y

IV. Servicios de convivencia y de entrega-recepción de niñas, niños y adolescentes en los asuntos que se ventilen en el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado, cuando ello sea la solución para que las partes lleguen a un acuerdo voluntario, en tanto no contravengan a la ley de la materia.

La programación y prestación de los servicios extraordinarios estará sujeta a los lineamientos contemplados en el presente Reglamento y a los especificados en la orden judicial respectiva; en tanto que, el desahogo de las pruebas se ajustará al ordenamiento procesal correspondiente. A cuyo efecto debe el juez respectivo avisar con oportunidad al director general del Centro.

TÍTULO CUARTO
De los usuarios

Capítulo único

Art. 45. Se consideran usuarios de los servicios del Centro, las personas físicas específicamente autorizadas por la autoridad judicial competente, para acudir a recibir los servicios del mismo.

Art. 46. Las niñas, niños o adolescentes que deban recibir algún servicio, deberán ser presentados por quien ejerce su guarda y custodia, o bien por la persona autorizada por la autoridad judicial. El Centro en ningún caso podrá autorizar la substitución de usuarios respecto de los determinados por la autoridad judicial.

Art. 47. Los usuarios están obligados a proporcionar los números telefónicos de sus domicilios particulares y el número de celular donde puedan ser localizados en caso de emergencia, debiendo de igual forma proporcionar los datos de los terceros de emergencia autorizados por la autoridad judicial para recoger a los menores. La información que se proporcione será confidencial.

Art. 48. Si después de media hora de concluido el servicio de entrega-recepción o convivencia, ninguna de las personas autorizadas acude a recoger a la niña, niño o adolescente, inmediatamente se levantará acta circunstanciada por el director general y si el progenitor no custodio o persona autorizada de la convivencia general o asistida todavía permanece en el Centro, firmará también el acta respectiva juntamente con el supervisor de convivencia y el director general. Enseguida, se procederá a la localización del tercero de emergencia autorizado, para que reciba al menor y si tampoco es posible su localización, se dará aviso al Sistema DIF para que garantice su resguardo.

El director general deberá dar aviso a la autoridad judicial competente inmediatamente, adjuntando el acta circunstanciada que se levantará con motivo de los hechos, previa copia que se deje en el archivo respectivo.

De igual forma, avisará y se levantará acta circunstanciada cuando el progenitor no custodio, después de un tiempo razonable a juicio del director general, no acuda a reintegrar al menor sujeto al servicio entrega-recepción, quedando expedito el derecho del progenitor custodio o el tutor judicial, para que ejerza las acciones correspondientes.

Art. 49. Cuando el personal del Centro detecte que la persona autorizada para recoger a la niña, niño o adolescente acude en estado inconveniente, se le pedirá que, previo a la entrega del mismo, se someta voluntariamente a la práctica de la prueba adecuada y si ésta resulta positiva o si la persona se niega a la práctica del examen, se dará aviso al tercero de emergencia autorizado, a efecto de que lo reciba, debiendo levantarse acta de los hechos y comunicarse a la autoridad judicial al día siguiente hábil.

Art. 50. Los usuarios no podrán introducir al Centro juguetes electrónicos u objetos voluminosos.

Sólo se permitirá la introducción de juguetes para el entretenimiento o motivación de los menores cuando no impliquen ningún riesgo para su integridad física o la de los demás usuarios menores.

Art. 51. Los usuarios estarán obligados a conservar el buen funcionamiento de las instalaciones, debiendo contribuir con el orden del Centro, devolviendo a su lugar el mobiliario y equipo que utilice.

Art. 52. Los usuarios deberán ingerir alimentos únicamente en los lugares destinados para ello, debiendo conservar la limpieza de las instalaciones.

Art. 53. Los usuarios se sujetarán a las áreas adecuadas para el uso de pelotas o juguetes que ameriten desplazamiento.

Art. 54. Los usuarios podrán celebrar el cumpleaños de las niñas, niños y adolescentes o algún otro evento que lo amerite, en una forma moderada, pacífica y que no interrumpa el desarrollo de otras convivencias familiares; en la inteligencia de que previamente deberán solicitar permiso al director general, por lo menos siete días antes del evento, precisando los enseres y alimentos que introducirán al Centro, en estricto respeto a las prohibiciones que el presente Reglamento dispone.

Art. 55. Durante su estancia en el Centro, los usuarios adultos no podrán abordar el tema del litigio en el que están involucrados, ni entre sí ni con sus hijos, ni interrogarlos sobre sus familiares o realizar comentarios hostiles hacia ellos u otras personas allegadas a éstos, debiendo respetar los lineamientos dispuestos al efecto; en caso de desobediencia, se les pedirá que se retiren voluntariamente de las instalaciones y, en caso de resistencia, el director general solicitará el auxilio del personal de seguridad, debiendo levantar acta de los hechos, la que será remitida al juez de la causa para los efectos legales correspondientes.

TÍTULO QUINTO
De las medidas de seguridad

Capítulo único
Disposiciones generales

Art. 56. Los usuarios deberán sujetarse y acatar los mecanismos de control de acceso y medidas de seguridad que establezcan las autoridades del Centro para su ingreso.

Al momento de permitirse el ingreso de los usuarios, deberá proporcionárseles, por escrito, un extracto de las obligaciones que como usuario de los servicios adquiere; asimismo, de las prohibiciones y sanciones que, en caso de desacato, el presente Reglamento contempla.

Art. 57. Al momento de solicitar el acceso, los usuarios deberán exhibir identificación oficial vigente al personal de vigilancia y, en caso de no portarla, se les impedirá el acceso.

Art. 58. Para el acceso al Centro, se aceptarán cualquiera de las siguientes identificaciones oficiales:

I. Credencial de elector expedida por el Instituto Nacional Electoral;

II. Pasaporte;

III. Cédula profesional;

IV. Cartilla militar;

V. Licencia de conducir; y

VI. Excepcionalmente y por única ocasión, alguna otra identificación en la que conste fehacientemente la identidad de la persona y su fotografía.

Art. 59. El Centro podrá implementar un sistema propio de identificación para los usuarios con el propósito de agilizar el servicio.

Art. 60. Las identificaciones que sean olvidadas se devolverán previa firma del titular de la misma.

Art. 61. El Centro no tiene ninguna responsabilidad sobre los objetos de cualquiera índole que sean ingresados u olvidados en el interior de sus instalaciones, atendiendo a las prohibiciones contempladas en el presente Reglamento.

Art. 62. Las medidas de seguridad que la dirección establezca al interior de las instalaciones del Centro, deberán ser cumplidas por toda persona que ingrese.

Art. 63. El personal de seguridad tiene la obligación de salvaguardar la integridad física de los usuarios, el mantenimiento óptimo de los bienes y recursos materiales del lugar; por tanto, cuando los asistentes realicen conductas que alteren el orden y tranquilidad de las personas o dañen el mobiliario o las instalaciones, se les pedirá que se retiren voluntariamente del Centro y, en caso de rehusarse, el director general o quien lo supla en sus funciones, deberá solicitar la intervención de la autoridad competente.

Los daños ocasionados por los usuarios al mobiliario o las instalaciones, deberán ser reparados o restituidos por el responsable a entera satisfacción del pleno.

Art. 64. El Centro, en coordinación con el persona de seguridad y protección civil, establecerá un programa interno para resguardar las instalaciones y evitar riesgos a los asistentes.

Los usuarios deberán acatar las instrucciones que indique el personal de seguridad y en su caso de la dirección de protección civil, cuando se llegare a suscitar alguna contingencia que por su propia naturaleza ponga en riesgo la vida y la integridad física de las personas que se localicen en el interior.

En caso de evacuación, por ningún motivo los usuarios que conviven podrán llevarse consigo a las niñas, niños y adolescentes y sólo serán entregados a las personas autorizadas; mientras tanto, quedarán a cargo del personal del Centro.

Art. 65. El Centro contará con áreas de acceso restringido señaladas por el director. Los usuarios que se encuentren en el interior del mismo, deberán respetar las indicaciones e instrucciones de los encargados de seguridad, de las autoridades del Centro, trabajadores sociales, psicólogos o personal administrativo, cuando pretendan utilizar cualquiera de los servicios que se prestan en la propia institución.

Art. 66. El personal que labora en el Centro, evitará establecer relaciones de índole personal con los abogados de las partes, con los padres o tutores que intervengan en cualquiera de los servicios que brinda la institución, así como pertenecer a alguna asociación civil dedicada a apoyar a las personas que reciben los servicios del Centro. El desacato a dicho dispositivo será puesto del conocimiento del pleno.

Art. 67. Queda prohibido al interior del Centro lo siguiente:

I. Portar todo tipo de armas, objetos o materiales que pongan en riesgo la seguridad de las personas;

II. Ingresar o consumir bebidas alcohólicas, así como fumar, inhalar o consumir sustancias prohibidas;

III. Manifestar cualquier conducta intimidante o agresiva en contra de los usuarios y personal del Centro;

IV. Ingresar portando o vistiendo uniformes de cualquier corporación relacionada con la seguridad pública;

V. Presentarse e ingresar con síntomas o padeciendo algún tipo de enfermedad contagiosa o mental que implique un riesgo directo para los demás usuarios;

VI. Introducir material explosivo, tóxico o contaminante que ponga en peligro la salud de las personas;

VII. Ingresar cámaras fotográficas, de video o cualquier otro aparato electrónico de reproducción, a las áreas de terapia psicológica o trabajo social; y cuando el director así lo determine;

VIII. Ingresar aparatos que utilicen energía eléctrica para su funcionamiento;

IX. Ingresar juguetes que impliquen riesgo para la integridad de las niñas, niños o adolescentes;

X. Introducir piñatas y confeti;

XI. Ingresar animales o mascotas de cualquier especie, a excepción de perros-guías que utilicen personas invidentes;

XII. Realizar actos de comercio u ofrecer servicios profesionales a mercado abierto, así como cualquier acto de proselitismo, político o religioso;

XIII. Convocar o realizar reuniones de cualquier índole con progenitores custodios o convivientes; ajenas a la propia actividad y naturaleza del Centro;

XIV. Ejecutar o cumplimenta una orden o determinación judicial de cualquier naturaleza, en contra de los usuarios; y

XV. Realizar cualquiera otra conducta que, a juicio del director general, no sea apta para el sano desarrollo de los menores o que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios y trabajadores de la institución.

Art. 68. En caso de infracción a alguna de las disposiciones del presente Reglamento, el director general o quien lo supla en sus funciones, tomará las medidas que considere convenientes y, de ser necesario, solicitará el apoyo del personal de seguridad. Cuando sobrevenga la probable comisión de un delito, solicitará la intervención del Ministerio Público.

Art. 69. Los objetos, materiales o sustancias que sean retenidas, serán devueltas a los usuarios al momento de su retiro de las instalaciones, excepto aquellas en que se considere deba intervenir la autoridad competente.

Art. 70. Lo no previsto en el presente Reglamento será resuelto por el pleno y, en casos urgentes, decidirá el director general o quien lo supla en sus funciones, atendiendo al interés superior del menor, dando cuenta inmediata al pleno.

Art. 71. Corresponde al pleno conocer e investigar las quejas o denuncias administrativas que se interpongan contra el personal adscrito al Centro e imponer las sanciones que procedan conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Artículos transitorios

Artículo primero. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

Art. 2º Publíquese en los estrados de cada órgano jurisdiccional del Poder Judicial del Estado, y remítase para su publicación al Periódico Oficial del Estado.

Zacatecas, Zac., a 18 de septiembre de 2015

El Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado
Lic. Juan Antonio Castañeda Ruiz

El Secretario General de Acuerdos del
Tribunal Superior de Justicia
Lic. Beatriz Elena del Refugio Navejas Ramos

FICHA TÉCNICA

GENERAL

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
  76 23-septiembre-2015 24-septiembre-2015  

Por tratarse de una disposición de carácter administrativo, no contiene número de Decreto ni Legislatura.

Último cotejo de vigencia: octubre de 2015.