LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS, DECOMISADOS
O ABANDONADOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas, a sus habitantes hago sabe:

Que los Diputados Secretario de la Honorable Sexagésima Primer Legislatura del Estado, se han servido dirigirme el siguiente:

Decreto n° 332

La Honorable Sexagésima Primer Legislatura del Estado Libre y Soberano, en nombre del pueblo, decreta

Resultando primero. En sesión de la Comisión Permanente, celebrada el diecisiete de febrero de dos mil quince, se dio lectura a la Iniciativa de Ley para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Zacatecas, que presentó el Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 60 fracción II de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, 46 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 95 fracción II del Reglamento General.

Resultando segundo. En esa misma fecha y por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Iniciativa de referencia fue turnada mediante memorándum número 1095 a la Comisión de Seguridad Pública y Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.

Resultando tercero. El Gobernador del Estado de Zacatecas justificó su Iniciativa en la siguiente:

Exposición de motivos

La presente Iniciativa es de vital importancia para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia penal acusatorio y adversarial dado que representa el conjunto de directrices a seguir para la óptima administración de los bienes que, por haber sido asegurados con motivo del procedimiento penal, quedan en espera de la declaración legal que disponga su destino; así como aquellos que han sido declarados abandonados o decomisados hasta su entrega física correspondiente.

El propósito es precisamente ese, que existan instrucciones claras y herramientas efectivas para que tales objetos sean cuidados y supervisados en mérito de una adecuada conservación que garantice su subsistencia, utilidad o el incremento de su valor económico.

Así mismo se pretenden establecer medidas resarcitorias del costo de los bienes, en los casos que estos hayan sufrido daños. De esta manera, se salvan las omisiones de la ley o de la autoridad, en relación con las causas humanas y naturales que representen peligro contra la integridad de dichos bienes, estableciéndose como un conjunto normativo de seguridad para las cosas y sus propietarios o beneficiarios.

Todos estos mecanismos de control y preservación permiten que los objetos o las cosas aseguradas sean materia efectiva como elementos de investigación, o en sí, como medios probatorios.

La ley que se propone también pretende ser un mecanismo que le permita al Estado aprovechar de manera lícita los bienes decomisados y abandonados, dando seguridad a los gobernados de que los bienes solamente saldrán de su esfera patrimonial a través de un mecanismo que les de garantía de audiencia.

Considerando único. Esta Asamblea Popular da cuenta de la importancia de la expedición de un ordenamiento jurídico de esta naturaleza y con los alcances propuestos por el titular del Poder Ejecutivo, en virtud de referirse a un tema fundamental para el desarrollo de los procedimientos de administración de los bienes asegurados, decomisados o abandonados, durante un procedimientos penal, dado que el aseguramiento de tales bienes, constituye una parte fundamental para la investigación de delitos cometidos en el territorio zacatecano, así como la correcta integración de averiguaciones y el desarrollo adecuado de los procesos penales, apegados a las garantías constitucionales y legales.

Es pertinente resaltar, que parte esencial de esta Ley, tiene como uno de sus objetivos impedir que aquellos objetos en donde puedan existir huellas o indicios que otorguen certeza en la comisión de algún delito sean alterados, destruidos o puedan desaparecer, ello con el fin de que se puedan llevar a cabo las diligencias respectivas de toda averiguación previa y su proceso, procurando el bien funcionamiento del sistema de justicia penal acusatorio, con lo que se garantizará la correcta aplicación de los bienes decomisados y el cumplimiento de las penas respectivas a todos aquellos responsables de haber cometido los delitos tipificados en la legislación estatal; incluso hacer valer la reparación del daño a quienes hayan resultado víctimas de los mismos o los ofendidos.

La administración a que se refiere esta Ley, otorgará además la certeza jurídica en el tratamiento de los bienes que sean asegurados, ya que en el Estado únicamente se contaba con las disposiciones contenidas en el Código Penal, en sus artículos 36, 37 y 38, generando situaciones problemáticas por la falta de procedimientos adecuados para el aseguramiento, administración y destino de los mismos.

Con la expedición de la ley específica, y la derogación de los artículos 37 y 38 del citado Código para evitar alguna contradicción, se contará con el marco normativo adecuado, para que tanto el Ministerio Público, la Procuraduría, la coordinación administrativa, el Tribunal Superior de Justicia y la comisión para la supervisión de la administración de bienes aseguraos, abandonados y decomisados, puedan desarrollar sus tareas con certeza y seguridad jurídica, sin el riesgo de generar contradicciones o interpretaciones erróneas en el momento de asegurar todos aquellos bienes de distinta naturaleza, siendo que al tratarse de una amplia diversidad de objetos susceptibles de aseguramiento, ocasiona complicaciones para llevar a cabo su custodia y posterior administración.

De conformidad con lo anterior, en esta Ley se proporcionan los procedimientos y las prácticas necesarias para una adecuada administración, situación por la cual anteriormente lo asegurado corría el riesgo de deteriorarse, perderse o, incluso llegar a su destrucción, derivando en el incumplimiento de la finalidad del aseguramiento.

Coincidimos con lo expresado por el iniciante, en el sentido de representar un tema de vital importancia para el bien funcionamiento del sistema de justicia penal acusatorio, por representar este un conjunto de directrices a seguir para la buena administración de los bienes; reconocemos su esencia y propósito, para llevar a la vida jurídica las instrucciones precisas y las herramientas adecuadas para garantizar su conservación, utilidad y, en su caso, el incremento de su valor económico.

En tal sentido, se establecen una serie de medidas resarcitorias del costo de los bienes asegurados, decomisados o abandonados, para los casos en que hayan sufrido algún tipo de daño.

Es preciso señalar que el articulado contiene los elementos encaminados al control y preservación de los bienes asegurados, con el fin de posibilitar su uso, en un momento dado, dentro de cualquier procedimiento penal, propiciando una mayor claridad en la actividad de las autoridades para la imposición de las penas a los responsables.

Por último, esta Soberanía, coincide plenamente con las particularidades expresadas en la Ley, sobre el tratamiento a los bienes según su naturaleza, ya que no es posible mantener o administrar todos los bienes con los mismos parámetros, es por ello que debe procurarse, en primer lugar, que sean conservados en el estado en que fueron asegurados para que puedan ser devueltos en las mismas condiciones, salvo por el propio transcurso del tiempo.

Para el caso de las obras de arte, arqueológicas o que posean valor histórico, deberán ser provistos de los cuidados necesarios y depositadas en instituciones especializadas, como museos o instituciones culturales de carácter público.

Tratándose de recursos financieros, en moneda nacional o extranjera, deberán ser depositados por medio de la coordinación administrativa a alguna institución bancaria; así como los bienes semovientes, fungibles, perecederos o que su mantenimiento por su propia naturaleza sea incosteable podrán ser enajenaos previa autorización del Juez de Control.

De acuerdo con lo anterior, resulta evidente la pertinencia del tratamiento que la Ley le otorga a cada situación específica de bienes incautados, garantizando así el buen funcionamiento de la administración de dichos bienes, en congruencia con las disposiciones constitucionales aplicables, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la normatividad del Estado en la materia.

Finalmente, con el fin de evitar repeticiones innecesarias, se suprimió el artículo 8º de la Iniciativa, para incorporarlo en el artículo 3º, pues se referían a la misma situación; similar determinación se tomó con las fracciones I y II del artículo 7º, pues establecían situaciones similares.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 140 y 141 del Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del pueblo es de decretarse y se decreta:

LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES ASEGURADOS, DECOMISADOS
O ABANDONADOS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS

Artículo primero. La presente Ley tiene por objeto regular la administración de los bienes asegurados, decomisados o abandonados, en los procedimientos penales, lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales y las demás leyes aplicables.

Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el Estado de Zacatecas.

Art. 2º Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Autoridad Judicial: El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas;

II. Comisión: La comisión para la administración de bienes asegurados, abandonados y decomisados;

III. Coordinación administrativa: La coordinación administrativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas;

IV. Interesado: La persona que, conforme a derecho, tenga interés jurídico sobre los bienes asegurados, abandonados o decomisados;

V. Ministerio Público: El Ministerio Público del Estado de Zacatecas;

VI. Procuraduría: La Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas;

VII. Secretario técnico: El secretario técnico de la comisión para la administración de bienes asegurados, decomisados y abandonados.

Art. 3º Los bienes asegurados durante el procedimiento penal, así como los decomisados o abandonados, serán administrados por la coordinación administrativa, de conformidad con las disposiciones de la presente Ley.

Art. 4º La comisión tendrá como objeto supervisar la administración de los bienes asegurados, decomisados y abandonados.

Art. 5º La comisión se integrará por:

I. El Procurador General de Justicia del Estado de Zacatecas, quien la presidirá;

II. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado;

III. El Secretario de Finanzas del Estado;

IV. El director general de los Servicios de Salud en el Estado; y

V. El coordinador administrativo de la Procuraduría, quien será el secretario técnico y tendrá voz pero no voto.

Los integrantes de la comisión podrán nombrar a sus respectivos suplentes.

Art. 6º La comisión sesionará ordinariamente cuando menos cada seis meses y extraordinariamente cuando se requiera. Sus reuniones serán válidas con la presencia de tres de sus integrantes con derecho a voto, entre los cuales deberá estar el presidente o su suplente.

Los acuerdos y decisiones de la comisión se aprobaran por mayoría de votos de sus integrantes y, en caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad.

Art. 7º La comisión tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

I. Emitir acuerdos y lineamientos generales para la debida administración de los bienes objeto de esta Ley, a los que deberán ajustarse los depositarios, administradores o interventores;

II. Conocer sobre el aseguramiento e inventario de los bienes objeto de esta Ley y aplicación del producto de su enajenación;

III. Examinar y supervisar el desempeño de la coordinación administrativa, con independencia de los informes que en forma periódica deba rendir;

IV. Constituir entre sus integrantes grupos de trabajo para la realización de estudios y demás asuntos de su competencia; y

V. Las demás que se señalen en esta Ley y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Art. 8º El coordinador administrativo será designado en los términos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y tendrá las atribuciones siguientes:

A. En su calidad de administrador:

I. Representar a la comisión en los términos que señale su reglamento interior;

II. Administrar los bienes objeto de ésta ley, de conformidad con las disposiciones generales aplicables;

III. Determinar el lugar en que serán custodiados y conservados los bienes asegurados, de acuerdo a su naturaleza y particularidades;

IV. Rendir los informes previos y justificados en los juicios de amparo cuando sea señalado como autoridad responsable;

V. Coordinar las actividades de la comisión, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y en los acuerdos que al efecto apruebe la propia comisión;

VI. Nombrar y remover depositarios, interventores o administradores de los bienes, cuando no lo haya hecho el Ministerio Público o la autoridad judicial, según sea el caso;

VII. Solicitar, examinar y aprobar los informes relacionados con la administración y manejo de bienes asegurados que deban rendir los depositarios, interventores y administradores;

VIII. Supervisar el desempeño de los depositarios, interventores y administradores, con independencia de los informes a que se refiere la fracción anterior;

IX. Integrar y mantener actualizada una base de datos con el registro de los bienes objeto de esta Ley;

X. Proporcionar la información solicitada sobre los bienes objeto de esta Ley, a quien acredite tener interés jurídico;

XI. Cubrir, previo avalúo, los daños causados por la pérdida, extravío o deterioro de los bienes asegurados, excepto los causados por el simple transcurso del tiempo;

XII. Rendir, en cada sesión ordinaria, un informe detallado a la comisión sobre el estado de los bienes objeto de esta Ley; y

XIII. Las demás que señalen otros ordenamientos o que determine la comisión mediante acuerdo.

B. En su calidad de secretario técnico:

I. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la comisión;

II. Asistir, con derecho a voz pero no a voto, a las sesiones de la comisión;

III. Levantar las actas de las sesiones;

IV. Llevar el registro y seguimiento de los acuerdos de la comisión;

V. Fungir como representante de la comisión para rendir los informes previos y justificados en los juicios de amparo en que la propia comisión sea señalada como autoridad responsable, así como los demás que le sean solicitados; y

VI. Las demás que señalen otros ordenamientos o que mediante acuerdo determine la comisión.

Art. 9º La administración de los bienes objeto de esta Ley, comprende su recepción, registro, custodia, conservación, supervisión y, en su caso, entrega.

Los bienes serán conservados en el estado en que se hayan asegurado, para ser devueltos en las mismas condiciones, salvo el deterioro normal que se cause por el transcurso del tiempo. Podrán utilizarse o ser enajenados, previo acuerdo de la autoridad judicial o el Ministerio Público, según corresponda, exclusivamente en los casos y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley.

Art. 10. La coordinación administrativa podrá administrar directamente los bienes asegurados, nombrar depositarios, interventores o administradores de los mismos, quienes serán, preferentemente, servidores públicos las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal o municipal, previa solicitud o acuerdo de la autoridad judicial o el Ministerio Público, según corresponda.

Quienes reciban bienes asegurados en depósito, intervención o administración, están obligados a rendir a la coordinación administrativa, un informe mensual sobre el estado que guarden y a darle todas las facilidades para su supervisión y vigilancia.

Art. 11. La coordinación administrativa o el depositario, interventor o administrador de bienes asegurados, contratará seguros por valor real, cuando exista posibilidad de su pérdida o daño, siempre que el valor y las características lo ameriten, de conformidad con los lineamientos emitidos para tal efecto por la comisión.

Art. 12. Los recursos que se obtengan de la administración de los bienes asegurados, se depositarán en un fondo que se entregará a quien, en su momento, acredite tener derecho.

Art. 13. Respecto de los bienes asegurados, la coordinación administrativa y, en su caso, los depositarios, interventores o administradores que hayan sido designados, tendrán, además de las obligaciones previstas en esta Ley, las que señala para el depositario el Código Civil del Estado de Zacatecas.

La coordinación administrativa tendrá todas las facultades y obligaciones de un mandatario para pleitos y cobranzas y actos de administración y, en los casos previstos en esta Ley, para actos de dominio, para la debida conservación y el buen funcionamiento de los bienes asegurados, incluyendo el de los inmuebles destinados a actividades agropecuarias, empresas, negociaciones y establecimientos.

Los depositarios, interventores y administradores que la coordinación administrativa designe, tendrán solo las facultades para pleitos y cobranzas y de administración que dicho servicio les otorgue. El aseguramiento de bienes no implica que éstos entren al erario estatal.

Para su administración, no serán aplicables las disposiciones contenidas en la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios.

Art. 14. La coordinación administrativa, así como los depositarios, administradores o interventores de bienes asegurados, proveerán lo necesario para que la autoridad judicial o el Ministerio Público que así lo requiera, practiquen las diligencias del procedimiento penal necesarias a dichos bienes.

Art. 15. La moneda nacional o extranjera que se asegure, deberá depositarse en la coordinación administrativa, quien a su vez la depositará en la institución bancaria que determine para tal efecto y, en todo caso, responderá de ella ante la autoridad que haya ordenado el aseguramiento.

Estos depósitos devengarán intereses a la tasa que la institución bancaria fije en el momento, por los depósitos a la vista que reciba.

En caso de billetes o piezas metálicas que por tener marcas, señas u otras características, que sea necesario conservar para fines del procedimiento penal, la autoridad judicial o el Ministerio Público indicarán a la coordinación administrativa, para que los guarde y conserve en el estado en que los reciba. En estos casos, los depósitos no devengarán intereses.

Art. 16. Las obras de arte, arqueológicas o históricas que se aseguren, decomisen o abandonen, serán provistas de los cuidados necesarios y depositadas preferentemente en museos, centros u otras instituciones culturales públicas.

Art. 17. Los bienes semovientes, fungibles, perecederos y los que sean de mantenimiento incosteable a juicio de la coordinación administrativa, previa autorización del Juez de Control, serán enajenados, atendiendo a la naturaleza del caso, mediante venta directa o subasta pública, por la propia coordinación administrativa.

Art. 18. El producto que se obtenga de la enajenación de los bienes a que alude el artículo anterior, serán administrados por la coordinación administrativa en los términos de ésta Ley.

Art. 19. Los inmuebles que se aseguren podrán quedar depositados con alguno de sus ocupantes, con su administrador o con quien designe la coordinación administrativa. Los administradores designados no podrán rentar, enajenar o gravar los inmuebles a su cargo.

Los inmuebles asegurados susceptibles de destinarse a actividades agropecuarias, serán administrados preferentemente por instituciones educativas del ramo, a fin de mantenerlos productivos.

Art. 20. La coordinación administrativa nombrará un administrador para las empresas, negociaciones o establecimientos que se aseguren, mediante el pago de honorarios profesionales vigentes en el momento del aseguramiento y conforme a las leyes respectivas, mismos que serán cubiertos con los rendimientos que produzca la negociación o establecimiento.

Art. 21. El administrador tendrá las facultades necesarias, en términos de las normas aplicables, para mantener los negocios en operación y buena marcha, pero no podrá enajenar ni gravar los bienes que constituyan parte del activo fijo de la empresa, negociación o establecimiento.

La comisión podrá autorizar al administrador, previo conocimiento del Ministerio Público, que inicie los trámites respectivos de suspensión o liquidación, ante la autoridad judicial competente, cuando las actividades de la empresa, negociación o establecimiento resulten incosteables.

Art. 22. Tratándose de empresas, negociaciones o establecimientos en que se realicen actividades ilícitas, el administrador procederá a su regularización. Si ello no fuere posible, procederá a la suspensión, cancelación y liquidación de dichas actividades, en cuyo caso tendrá, únicamente para tales efectos, las facultades necesarias para la enajenación de activos fijos, la que se realizará de acuerdo con los procedimientos legales y reglamentarios aplicables.

Art. 23. El administrador tendrá independencia respecto al propietario, órganos de administración, asambleas de accionistas, de socios o de partícipes, así como de cualquier otro órgano de las empresas, negociaciones o establecimientos asegurados. Responderá de su actuación únicamente ante la coordinación administrativa y, en el caso de que incurra en responsabilidad, se estará a las disposiciones aplicables.

Art. 24. Los bienes asegurados de los que se decrete su decomiso, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, serán enajenados o destruidos en los términos de dicho ordenamiento y demás legislación aplicable.

El producto de la enajenación será distribuido conforme a las reglas que señala el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Art. 25. Los bienes asegurados se declararán abandonados en los supuestos y términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Art. 26. Contra los actos emitidos por la comisión o la coordinación administrativa previstos en esta Ley, se podrá interponer el o los recursos que correspondan en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas.

Artículos transitorios

Artículo primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Art. 2º Se derogan los artículos 37 y 38 del Código Penal del Estado y demás disposiciones que se opongan al presente Ordenamiento.

Comuníquese al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación.

Dado en la sala de sesiones de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado, a primero de marzo de 2015. Diputado Presidente. Dip. Javier Torres Rodríguez. Diputados Secretarios. Dip. Susana Rodríguez Márquez y Dip. Mario Cervantes González. Rúbricas.

Y para que llegue al conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, mando se imprima, publique y circule.

Dado en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los 20 días del mes de marzo del 2015.

Atentamente,
«Sufragio Efectivo, No Reelección»

El Gobernador del Estado de Zacatecas
Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes

El Secretario General de Gobierno
Lic. Jaime Santoyo Castro

La Procuradora General de Justicia
Dra. Leticia Catalina Soto Acosta

El Secretario de Finanzas
Ing. Fernando Enrique Soto Acosta

El Director General de los Servicios de Salud
del Estado de Zacatecas
Dr. Raúl Estrada Day

FICHA TÉCNICA

GENERAL

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
332 52 01-julio-2015 02-julio-2015 LXI

Último cotejo de vigencia: octubre de 2015.