REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE ZACATECAS

Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas, con las facultades que me confieren los artículos 82 fracciones II y V, 84, 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 5º y 6º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; tengo a bien emitir el siguiente:

REGLAMENTO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS
Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE ZACATECAS

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales

Artículo primero. El presente Reglamento es de orden público, interés social y observancia general, y tiene por objeto regular las facultades del Estado a efecto de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Art. 2º Para efectos de este Reglamento, adicionalmente a las definiciones contenidas en el artículo 4º de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas, se entenderá por:

I. Acogimiento residencial: aquél brindado por centros de asistencia social como una medida especial de protección de carácter subsidiario, que será de último recurso y por el menor tiempo posible, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar;

II. Adopción: acto jurídico en el que se le confiere a las niñas, niños y adolescentes, la posesión de estado de hijo del o de los adoptantes y a éstos, previa manifestación de consentimiento expreso, y la autorización judicial correspondientes, los deberes inherentes a la relación paterno-filial;

III. Adopción internacional: proceso de adopción cuyo trámite se realiza de conformidad a los términos establecidos por los Tratados Internacionales, en la materia;

IV. Centro de asistencia social: establecimiento, lugar o espacio de cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones;

V. Certificado de idoneidad: documento expedido por el Sistema DIF Estatal, o por la autoridad central del país de origen de los adoptantes en los casos de adopciones internacionales, en virtud del cual se determina que los solicitantes de adopción son aptos para ello;

VI. CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;

VII. Consejo: al consejo técnico de adopciones que es el cuerpo colegiado interdisciplinario, que deberán integrar la Procuraduría de Protección en términos de lo dispuesto por el artículo 33 del presente Reglamento;

VIII. Consentimiento de adopción: autorización de quien ejerce la patria potestad sobre una niña, niño o adolescente a favor de quienes pretenden adoptar, y se someten al procedimiento que se establece en la legislación aplicable;

IX. Familia extensa o ampliada: aquélla compuesta por los ascendientes de niñas, niños y adolescentes en línea recta sin limitación de grado, y los colaterales hasta el cuarto grado;

X. Familia de origen: aquélla compuesta por titulares de la patria potestad, tutela, guarda o custodia, respecto de niñas, niños y adolescentes con quienes tienen parentesco ascendente hasta segundo grado;

XI. Ley: a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas;

XII. Ley de Planeación: Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Zacatecas;

XIII. Ley del Procedimiento Administrativo del Estado: Ley del Procedimiento Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas;

XIV. Ley General: Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;

XV. Obligados directos: aquellos que ejercen la patria potestad, tutela, guarda y custodia, indistintamente, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

XVI. Personal multidisciplinario: a los cuerpos colegiados que deberá integrar la Procuraduría en términos de lo dispuesto por el artículo 28 del presente Reglamento;

XVII. Procuraduría Federal: a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes adscrita al Sistema Nacional DIF;

XVIII. Procuraduría de Protección: a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;

XIX. Procuradurías de Protección Municipal: a las Procuradurías Municipales de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, en términos del artículo 105 de la Ley;

XX. Reglamento: al presente Reglamento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas;

XXI. Secretaría ejecutiva: al órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno encargado de la coordinación operativa del Sistema Estatal de Protección Integral, creado por el artículo 103 de la Ley;

XXII. Sistema Estatal DIF: al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia;

XXIII. Sistemas municipales DIF: A los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia;

XXIV. Visitas de supervisión: al acto jurídico administrativo en el que personal de la Procuraduría de Protección Estatal supervisa e inspecciona lo relativo a las familias de acogida y los centros de asistencia social.

Art. 3º La secretaria ejecutiva debe promover acciones para que el Sistema Estatal de Protección Integral, garantice la concurrencia de competencia de las autoridades estatal y municipales del Estado, para el cumplimiento del objeto de la Ley.

La Administración Pública Estatal, en el ámbito de su competencia, debe procurar un enfoque transversal en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en materia de derechos de las niñas, niños y adolescentes para priorizar el cumplimiento de dichos derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, los Tratados Internacionales y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Art. 4º La interpretación de este Reglamento corresponde a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Zacatecas.

TÍTULO SEGUNDO
Sistema Estatal de Protección Integral

Capítulo I
De las disposiciones generales

Art. 5º Para efectos del Título Segundo de la Ley, la secretaría ejecutiva debe promover las acciones necesarias para que el Sistema Estatal de Protección Integral establezca las medidas que permitan procurar una colaboración y coordinación eficientes entre los dos órdenes de gobierno, con la participación de los sectores social y privado, así como de niñas, niños y adolescentes para garantizar el ejercicio pleno de los derechos previstos en dicho Título.

Art. 6º El Sistema Estatal de Protección Integral, a través de la secretaría ejecutiva, debe implementar acciones para procurar la participación de los sectores público, privado y social, así como de niñas, niños y adolescentes, en la definición e instrumentación de políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes y su protección integral.

Para efectos del párrafo anterior, la secretaría ejecutiva, a través de su página electrónica, promoverá consultas públicas y periódicas, con el sector público, social y privado, así como mecanismos universales, representativos y permanentes de participación en los diferentes entornos en los que se desarrollan las niñas, niños y adolescentes de manera cotidiana.

Corresponde a la secretaría ejecutiva dar seguimiento a lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley, referente a la asignación de recurso en los presupuestos estatal y municipal a favor de la niñez y la adolescencia.

Art. 7º El Sistema Estatal de Protección Integral, impulsará el cumplimiento por parte de las autoridades de los dos órdenes de gobierno respecto de la implementación y ejecución de las acciones y políticas públicas que deriven de la Ley, en términos de lo dispuesto por los artículos 91, 92 y demás relativos y aplicables de la Ley.

Art. 8º El Sistema Estatal de Protección Integral promoverá políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de éstos.

Las políticas de fortalecimiento familiar que aprueba el Sistema Estatal de Protección Integral podrán contemplar por lo menos, lo siguientes:

I. Un diagnóstico periódico para determinar las causas de separación de las niñas, niños y adolescentes de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia;

II. Las acciones para prevenir y atender las causas de separación que se hayan identificado en el diagnóstico a que se refiere la fracción anterior;

III. El mecanismo para evaluar los resultados obtenidos con la implementación de las políticas a que se refiere este artículo; y

IV. Las demás que determine el Sistema Estatal de Protección Integral.

Capítulo II
De su integración, organización y funcionamiento

Art. 9º El Sistema Estatal de Protección Integral se integrará, organizará y funcionará de conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatal, el presente Reglamento y los lineamientos que se emitan para tal efecto.

Art. 10. La secretaría ejecutiva debe elaborar y someter a la aprobación del Sistema Estatal de Protección Integral, el proyecto de manual de organización y operación del Sistema Nacional de Protección Integral, así como de las modificaciones que correspondan a fin de mantenerlo actualizado.

El manual de organización y operación del Sistema Estatal de Protección Integral deberá contener por lo menos, lo siguiente:

I. Los mecanismos para convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Sistema Estatal de Protección Integral;

II. El contenido de las actas de las sesiones del Sistema Estatal de Protección Integral;

III. La forma en que se realizarán las invitaciones a que se refiere el artículo 99, antepenúltimo párrafo de la Ley; y

IV. La forma para seleccionar a las niñas, niños y adolescentes que participarán de forma permanente en las sesiones del Sistema Estatal de Protección Integral en términos de dicho artículo.

Art. 11. La secretaría ejecutiva de conformidad con el artículo 102 de la Ley, elaborará para consideración y, en su caso, aprobación del Sistema Estatal de Protección Integral, los lineamientos para la integración, organización y funcionamiento de las comisiones a que se refiere dicho artículo, las cuales podrán ser permanentes o transitorias según la naturaleza de los asuntos que se sometan a su conocimiento.

Las comisiones podrán constituirse cuando el Sistema Estatal de Protección Integral identifique situaciones específicas de violación a los derechos de las niñas, niños o adolescentes, así como situaciones que requieran una atención especial. En su caso, la comisión que se cree para atender dichas violaciones o situaciones específicas coordinará una respuesta interinstitucional para atender integralmente esta problemática.

Art. 12. Los integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral que formen parte de la Administración Pública Estatal deberán reportar cada mes a la secretaría ejecutiva los avances en el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones emitidos por dicho Sistema, a fin de que la secretaría ejecutiva realice un informe integrado y pormenorizado al presidente y al propio Sistema.

Art. 13. En la integración del Sistema Estatal de Protección Integral habrá tres representantes de la sociedad civil, los cuales durarán dos años en el cargo y no recibirán emolumento o contraprestación económica alguna por su desempeño como miembros del Sistema Estatal de Protección Integral, por lo tanto tendrán el carácter de honoríficos.

Los representantes de la sociedad civil deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I. Tener residencia permanente en Zacatecas;

II. No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso en el que el sujeto pasivo o víctima del mismo haya sido una niña, niño o adolescente;

III. Experiencia mínima de cinco años comprobada en la defensa o promoción de los derechos de la infancia o derechos humanos; y

IV. No haber ocupado cargo público ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, por lo menos dos años antes de su postulación.

Art. 14. La secretaría ejecutiva debe emitir la convocatoria pública a que se refiere el artículo 99, tercer párrafo de la Ley, la cual se publicará en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado y en los medios físicos y electrónicos que determine dicha secretaría ejecutiva para su mayor difusión.

La secretaría ejecutiva emitirá la convocatoria con al menos sesenta días naturales previos a la fecha en que concluya la designación del representante de la sociedad civil que se pretende elegir.

La convocatoria establecerá las bases para que las instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y el consejo consultivo del Sistema Estatal de Protección Integral postulen especialistas en la promoción y defensa de los derechos humanos y que cuenten con experiencia relacionada al trabajo con niñas, niños y adolescentes.

Art. 15. La secretaría ejecutiva, dentro de los treinta días naturales siguientes al cierre de la convocatoria pública a que se refiere el artículo anterior, deberá publicar en la página electrónica de Gobierno del Estado la lista de las personas inscritas que cubren los requisitos previstos en el presente Reglamento y en dicha convocatoria.

La secretaría ejecutiva, dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación de la lista a que se refiere el párrafo anterior, deberá someter a consideración de los miembros del Sistema Estatal de Protección Integral que elegirán en términos del artículo 16 de este Reglamento, a los tres candidatos para ocupar el cargo de representante de la sociedad civil en dicho Sistema.

La secretaría ejecutiva, al proponer a los candidatos a que se refiere el párrafo anterior, deberá considerar que en el Sistema Estatal de Protección Integral haya una representación plural y diversa de la sociedad civil, de tal forma que abarque las distintas temáticas relacionadas con los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, debe procurar respetar el principio de equidad de género al momento de formular sus propuestas.

Si los candidatos a representar a la sociedad civil en el Sistema Estatal de Protección Integral no fueran electos por los miembros de dicho Sistema en términos del artículo 16 de este Reglamento, la secretaría ejecutiva propondrá otros candidatos emanados de la misma convocatoria.

En caso de que los aspirantes a ocupar el cargo de representantes de la sociedad civil en el Sistema Estatal de Protección Integral no fueran suficientes, la secretaría ejecutiva emitirá una nueva convocatoria hasta obtener a los aspirantes necesarios.

Art. 16. Los representantes de la sociedad civil serán electos por los integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral a que se refieren las fracciones I, II, II,[sic] IV y V del artículo 99 de la Ley.

Art. 17. Los integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral a que se refiere el artículo anterior, dentro de los veinte días naturales siguientes a que hayan recibido la propuesta de candidatos por parte de la secretaría ejecutiva, elegirán por mayoría de votos a los tres representantes de la sociedad civil.

Una vez elegidos los representantes de la sociedad civil por los integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral en términos del párrafo anterior, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Protección Integral deberá notificarles, dentro de los diez días hábiles siguientes a la elección, dicha determinación. Los representantes de la sociedad civil elegidos deberán expresar por escrito a la secretaría ejecutiva la aceptación del cargo, dentro de los cinco días hábiles siguientes a dicha notificación.

En caso que se descubriera de forma superveniente que cualquiera de las personas elegidas por los integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral en términos del párrafo anterior aportó datos falsos o que no cumple con los requisitos establecidos en este Reglamento y las bases de la convocatoria pública, la secretaría ejecutiva deberá presentar a dichos integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral otro candidato que hubiere sido aspirante en la misma convocatoria pública.

Capítulo III
Del consejo consultivo del Sistema Estatal
de Protección Integral

Art. 18. El Sistema Estatal de Protección Integral, conforme al artículo 114 de la Ley, contará con un consejo consultivo, el cual tendrá diez integrantes que se elegirán de entre los sectores público, privado, académico y social, en términos de los lineamientos a que se refiere el artículo 20 de este Reglamento.

Los integrantes del consejo consultivo durarán en su cargo tres años y podrán ser reelectos para un periodo adicional. Los integrantes del consejo consultivo serán elegidos por mayoría de votos de los integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral conforme a lo siguiente:

I. Cinco integrantes a propuesta de la secretaría ejecutiva; y

II. Cinco integrantes a propuesta del propio consejo consultivo.

Las personas integrantes del consejo consultivo, con excepción de los servidores públicos, deberán contar con tres años de experiencia en temas relacionados con los derechos de niñas, niños y adolescentes y contar con experiencia para contribuir en la implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones que emanen del Sistema Estatal de Protección Integral.

Los miembros del Sistema Estatal de Protección Integral al elegir a los integrantes del consejo consultivo podrán tomar en consideración su experiencia en la materia, así como su capacidad de contribuir en la implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones que emanen del Sistema Estatal de Protección Integral.

Art. 19. El consejo consultivo tiene las funciones siguientes:

I. Emitir recomendaciones al Sistema Estatal de Protección Integral, a través de la secretaría ejecutiva, respecto de las políticas, programas, lineamientos, instrumentos, procedimientos, servicios y acciones de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que implementa dicho Sistema;

II. Recomendar al Sistema Estatal de Protección Integral, a través de la secretaría ejecutiva, la celebración de convenios y acuerdos para realizar actividades académicas con instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes;

III. Recomendar a la secretaría ejecutiva la celebración de conferencias, seminarios, coloquios y, en general, cualquier evento de debate y difusión sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes;

IV. Proponer al Sistema Estatal de Protección Integral, a través de la secretaría ejecutiva, estudios, investigaciones y otros documentos que contribuyan a la toma de decisiones y elaboración e implementación de políticas públicas relacionadas con los derechos de niñas, niños y adolescentes;

V. Proponer al Sistema Estatal de Protección Integral, a través de la secretaría ejecutiva, el proyecto de lineamientos para su integración, organización y funcionamiento;

VI. Integrar grupos de trabajo especializados para el estudio de temas que le encomiende el Sistema Estatal de Protección Integral, así como incorporarse a las comisiones temporales o permanentes a que se refiere el artículo 11 de este Reglamento;

VII. Atender las consultas y formular las opiniones que le sean solicitadas por el Sistema Estatal de Protección Integral, así como por la persona titular de la secretaría ejecutiva;

VIII. Presentar al Sistema Estatal de Protección Integral un informe anual de sus actividades; y

IX. Las demás que le encomiende el Sistema Estatal de Protección Integral y otras disposiciones jurídicas aplicables.

Art. 20. El Sistema Estatal de Protección Integral emitirá los lineamientos para la integración, organización y funcionamiento del consejo consultivo.

La secretaría ejecutiva propondrá al Sistema Estatal de Protección Integral el proyecto de los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior. Dicho proyecto deberá contar con la opinión del consejo consultivo.

El consejo consultivo podrá convocar a sus sesiones a los representantes de la sociedad civil que sean integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral, quienes contarán únicamente con voz pero sin voto durante el desarrollo de dichas sesiones.

Art. 21. Los lineamientos a que se refiere el artículo anterior deberán prever un mecanismo para que las instituciones académicas, científicas, gubernamentales, empresariales y las organizaciones de la sociedad civil puedan proponer a la secretaría ejecutiva las personas candidatas para la integración del consejo consultivo.

Las personas elegidas para integrar el consejo consultivo deben manifestar, por escrito, a la secretaría ejecutiva su aceptación del cargo.

Art. 22. Las personas integrantes del consejo consultivo ejercerán su cargo en forma honorífica, y no recibirán emolumento o contraprestación económica alguna por el mismo.

Los gastos que realicen los integrantes del consejo consultivo por las actividades que lleven a cabo en su calidad de miembros del consejo consultivo serán cubiertos por la secretaría ejecutiva.

Art. 23. El Sistema Estatal de Protección Integral para la integración del consejo consultivo podrá considerar criterios de equidad de género, pluralidad y de representatividad, que permitan un equilibrio entre los sectores público, privado y social, así como una adecuada representación de las distintas regiones del país.

TÍTULO TERCERO
Programa estatal y evaluación de las políticas vinculadas
con la protección de los derechos
de niñas, niños y adolescentes

Capítulo I
Del programa estatal

Art. 24. La secretaría ejecutiva elaborará el anteproyecto del programa estatal que tendrá como base un diagnóstico sobre la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes a que se refiere el Título Segundo de la Ley.

Art. 25. La secretaría ejecutiva realizará el diagnóstico a que se refiere el artículo anterior mediante un proceso participativo e incluyente que recabe la información, propuestas y opinión de los integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral, de las organizaciones de la sociedad civil, de los organismos internacionales, de las niñas, niños y adolescentes, así como en su caso, de los demás participantes de los sectores público, social, académico y privado.

Art. 26. El programa estatal que elabore la secretaría ejecutiva tiene el carácter de especial conforme al artículo 47 de la Ley de Planeación.

Art. 27. El anteproyecto de programa estatal deberá contener por lo menos, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables, los conceptos siguientes:

I. Las políticas, objetivos, estrategias, líneas de acción prioritarias, metas e indicadores correspondientes para el ejercicio, respeto, promoción y protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Los indicadores del programa estatal deben contemplar, por lo menos, indicadores de gestión, de resultado, de servicios y estructurales a fin de medir la cobertura, calidad e impacto de dichas estrategias y líneas de acción prioritarias;

II. La estimación de los recursos, fuentes de financiamiento, así como la determinación de los instrumentos financieros que podrán requerir las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal responsables de la ejecución del programa estatal;

III. Los mecanismos que aseguren una ejecución coordinada del programa estatal, por parte de los integrantes del Sistema Estatal de Protección Integral;

IV. Los mecanismos de participación de niñas, niños y adolescentes, y de los sectores público, privado y de la sociedad civil en la planeación, elaboración y ejecución del programa estatal, conforme a los artículos 91 fracción II y 101 fracción X de la Ley;

V. Los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas; y

VI. Los mecanismos de evaluación del programa estatal.

Art. 28. La secretaría ejecutiva podrá emitir lineamientos para asegurar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal incorporen en sus programas las líneas de acción prioritarias del programa estatal que les correspondan.

La secretaría ejecutiva podrá emitir recomendaciones para que se incorporen en los programas municipales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes las estrategias y líneas de acción prioritarias del programa estatal.

Capítulo II
De la evaluación de las políticas vinculadas con la
protección de los derechos de niñas,
niños y adolescentes

Art. 29. La secretaría ejecutiva propondrá al Sistema Estatal de Protección Integral los lineamientos para la evaluación de las políticas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, con excepción de las políticas de desarrollo social vinculadas con la protección de los derechos de niñas, niños y adolescente cuya evaluación corresponde al CONEVAL, en términos del artículo 132 de la Ley General.

Art. 30. Los lineamientos para la evaluación de las políticas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes a que se refiere el artículo anterior contendrán los criterios para la elaboración de los indicadores de gestión, de resultado, de servicios y estructurales para medir la cobertura, calidad e impacto de las acciones y los programas para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos en el Título Segundo de la Ley.

Art. 31. Las políticas y programas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal deben contemplar, al menos, lo siguiente:

I. La realización de un diagnóstico respecto del cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

II. Los mecanismos de cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes;

III. Los mecanismos que garanticen un enfoque en los principios rectores establecidos en el artículo 8º de la Ley;

IV. Los mecanismos de inclusión y participación de los sectores público, privado y social, del consejo consultivo y demás órganos de participación, en términos de la Ley y el presente Reglamento; y

V. Los mecanismos para la participación de niñas, niños y adolescentes, en términos de la Ley y el presente Reglamento.

Los lineamientos para la evaluación a que se refiere el artículo 29 de este Reglamento deben asegurar que en las políticas y programas en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes cumplan con lo previsto en este artículo.

Art. 32. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal que tengan a su cargo programas, acciones o recursos destinados a la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes establecidos en el Título Segundo de la Ley, realizarán las evaluaciones de sus programas, acciones y recursos, con base en los lineamientos de evaluación a que se refiere el artículo 29 de este Reglamento.

Art. 33. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal deben proporcionar los resultados de sus evaluaciones a la secretaría ejecutiva, quien a su vez los remitirá al Sistema Estatal de Protección Integral.

La secretaría ejecutiva debe poner a disposición del público las evaluaciones a que se refiere el artículo anterior y el informe general sobre el resultado de las mismas, en términos de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública.

TÍTULO CUARTO
Sistema estatal de información, registros estatales
y bases de datos de niñas, niños
y adolescentes

Capítulo I
Del sistema estatal de información

Art. 34. La secretaría ejecutiva, en coordinación con los sistemas de protección municipales, integrará, administrará y actualizará el sistema estatal de información para monitorear los progresos alcanzados en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país y, con base en dicho monitoreo, adecuar y evaluar las políticas públicas en esta materia.

El sistema estatal de información previsto en este artículo se integrará principalmente con la información estadística que proporcionen los sistemas de protección municipales y al Sistema Estatal DIF.

El Sistema Estatal DIF, a través de la Procuraduría de Protección, solicitará en términos de los convenios que al efecto se suscriban con las Procuradurías de Protección Municipales, la información necesaria para la integración del sistema estatal de información.

La secretaría ejecutiva para la operación del sistema estatal de información podrá celebrar convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, así como con otras instancias públicas que administren sistemas nacionales de información.

Art. 35. El sistema estatal de información a que se refiere este capítulo contendrá información cualitativa y cuantitativa que considere lo siguiente:

I. La situación sociodemográfica de los derechos de niñas, niños y adolescentes, incluida información nacional, estatal y municipal, desagregada por sexo, edad, lugar de residencia, origen étnico, entre otros;

II. La situación de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes en términos de los artículos 30 y 61 y demás disposiciones aplicables de la Ley;

III. La discapacidad de las niñas, niños y adolescentes en términos del artículo 69 de la Ley;

IV. Los datos que permitan evaluar y monitorear la implementación y el cumplimiento de los mecanismos establecidos en la Ley y los indicadores que establezca el programa estatal;

V. La información que permita evaluar el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes contemplados en los Tratados Internacionales, la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables;

VI. La información que permita monitorear y evaluar cuantitativamente el cumplimiento de las medidas de protección especial, incluidas las medidas dictadas como parte del plan de restitución de derechos a que se refiere el artículo 97de la Ley; y

VI. Cualquier otra información que permita conocer la situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Art. 36. El sistema estatal de información, además de la información prevista en este capítulo, se integrará con los datos estadísticos de:

I. Los sistemas de información de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción a que se refiere el artículo 25 de la Ley;

II. Los registros de niñas, niños y adolescentes bajo custodia de los centros de asistencia social;

III. El registro estatal de centros de asistencia social a que se refiere el artículo 89 de la Ley;

IV. Las bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes a que se refieren los artículos 65 y 66 de la Ley; y

V. El registro de autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y psicología o carreras afines para intervenir en procedimientos de adopción, en términos del artículo 29 de la Ley.

Art. 37. La información del sistema estatal de información será pública en términos de las disposiciones estatales y nacionales en materia de transparencia y acceso a la información pública.

La secretaría ejecutiva debe presentar la información que integra el sistema estatal de información en formatos accesibles para las niñas, niños y adolescentes.

Capítulo II
Del registro de las niñas, niños y adolescentes
susceptibles de adopción

Art. 38. El Sistema Estatal DIF debe integrar un registro de niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción con la información que genere, así como la que los sistemas municipales DIF le remitan, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 de la Ley.

El registro de niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción que lleve el Sistema Estatal DIF contendrá la información siguiente:

I. Respecto de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción:

a) Nombre completo;

b) Fecha de nacimiento;

c) Edad;

d) Sexo;

e) Escolaridad;

f) Domicilio en el que se encuentra;

g) Situación jurídica;

h) Número de hermanos, en su caso;

i) Tipo y severidad de la discapacidad con la que vive, en su caso;

j) Diagnóstico médico;

k) Diagnóstico psicológico;

l) Condición pedagógica;

m) Información social;

n) Perfil de necesidades de atención familiar; y

o) Requerimientos de atención a necesidades especiales, en su caso;

II. Respecto de las personas interesadas en adoptar:

a) Nombre completo;

b) Edad;

c) Nacionalidad;

d) País de residencia habitual;

e) Estado civil;

f) Ocupación;

g) Escolaridad;

h) Domicilio;

i) El perfil y número de las niñas, niños y adolescentes que tienen la capacidad de adoptar; y

j) Si cuenta con certificado de idoneidad;

III. Respecto de los procedimientos de adopción:

a) La fecha de inicio y conclusión de los procedimientos de adopción nacional o internacional;

b) El resultado del procedimiento. En caso de que éste no concluya con la adopción, deberán expresarse las razones por las que no se llevó a cabo dicha adopción; y

c) Las fechas de emisión de la sentencia, de la que cause estado y de la de su ejecución, en su caso; y

IV. Respecto de las niñas, niños y adolescentes adoptados:

a) La fecha de la entrega física de la niña, niño o adolescente a los padres adoptivos;

b) La fecha en la que la niña, niño o adolescente ingresó o salió del país, tratándose de adopciones internacionales;

c) El nombre de la niña, niño o adolescente después de la adopción;

d) El informe de seguimiento post-adoptivo; y

e) La información que, en su caso, exista sobre procedimientos previos de adopción que hayan causado baja y especificar la causa.

El Sistema Estatal DIF, en términos de los convenios que al efecto suscriba, impulsará y, en su caso, coadyuvará en la homologación de los sistemas de información a que se refiere el artículo 25 de la Ley que generen el sistema estatal y los sistemas municipales.

Art. 39. La información contenida en el registro a que se refiere este capítulo tendrá el carácter que le confieren las disposiciones estatales y nacionales en materia de transparencia y acceso a la información pública.

Art. 40. El sistema a que se refiere este capítulo tiene por objeto:

I. Permitir el acceso oportuno y efectivo de los responsables de los procedimientos de adopción a la información de las niñas, niños y adolescentes susceptibles de adopción;

II. Generar información estadística para elaborar indicadores de cumplimiento con perspectiva en los principios rectores a que se refiere el artículo 8º de la Ley;

III. Prevenir adopciones irregulares o con fines ilícitos;

IV. Contar con elementos que permitan verificar que los procedimientos de adopción nacional e internacional respondan al interés superior de la niñez; y

V. Identificar el número de personas que reúnan las condiciones idóneas para adoptar.

Capítulo III
Del registro estatal de centros
de asistencia social

Art. 41. La Procuraduría de Protección solicitará, en términos de los convenios que al efecto suscriba con las Procuradurías de Protección Municipales, la información necesaria para la integración del registro estatal de centros de asistencia social.

El registro estatal de centros de asistencia social contendrá, además de la información a que se refiere el artículo 112 de la Ley General, la siguiente:

I. Respecto a los centros de asistencia social:

a) El tipo de centro de asistencia social; y

b) La información sobre los resultados de las visitas de supervisión, tales como el cumplimiento con estándares, posibles advertencias, sanciones aplicadas, seguimiento; y

II. Respecto a las niñas, niños y adolescentes albergados:

a) Nombre completo;

b) Nombre completo de un familiar que no se encuentre finado y de preferencia de alguno de los padres;

c) Ficha decadactilar, en los casos que sea posible; y

d) Una fotografía reciente.

Art. 42. La información señalada en la fracción II del artículo anterior es de uso exclusivo de las Procuradurías de Protección y las autoridades competentes y tendrá el carácter que le confiera la legislación estatal y nacional en materia de transparencia y protección de datos.

Capítulo IV
De las bases de datos de niñas,
niños y adolescentes migrantes

Art. 43. Las bases de datos sobre niñas, niños y adolescentes migrantes a que se refieren los artículos 65 y 66 de la Ley se integrarán al sistema estatal de información por el Sistema Estatal DIF.

El Sistema Estatal DIF administrará las bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros a que se refiere este artículo, las cuales deberán contener, además de la información prevista en los artículos 65 y 66 de la Ley, la siguiente:

I. Nombre completo;

II. Lugar de origen, nacionalidad y residencia habitual;

III. Edad;

IV. Sexo;

V. Media filiación;

VI. Escolaridad;

VII. Sitio o zona de cruce fronterizo;

VIII. Número de ocasiones de repatriación, deportación o devolución, de ser el caso;

IX. Situación de salud;

X. Susceptibilidad de recibir protección internacional o complementaria, en su caso;

XI. Identificación de que fue víctima, testigo u ofendido de algún delito en su país de origen, residencia habitual, país de destino o en el territorio nacional, en su caso;

XII. Las medias de protección que, en su caso, se le hayan asignado;

XIII. La fecha y lugar en que la autoridad migratoria tuvo contacto con las niñas, niños o adolescentes, así como la fecha en la que fue remitido al Sistema Estatal DIF o a alguno de los sistemas municipales; y

XIV. Tipo y severidad de la discapacidad con la que vive, en su caso.

Capítulo V
Del registro de autorizaciones de profesionales en
materia de trabajo social y psicología o carreras
afines para intervenir en procedimientos
de adopción

Art. 44. El Sistema Estatal DIF operará un registro de autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y psicología o carreras afines para intervenir en procedimientos de adopción, el cual formará parte del sistema estatal de información.

Este registro estará integrado con la información que el Sistema Estatal DIF recabe a partir de las solicitudes de autorización que le sean presentadas por los profesionales en materia de trabajo social y psicología o carreras afines para intervenir en los procedimientos de adopción, así como con aquélla que le proporcionen los sistemas municipales DIF, en términos de los convenios que al efecto suscriban.

Art. 45. El registro de autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y psicología o carreras afines para intervenir en procedimientos de adopción a que se refiere este capítulo contendrá, por lo menos, la información siguiente:

I. Nombre del profesional;

II. Fotografía con menos de doce meses de antigüedad;

III. Título y cédula profesional;

IV. Registro Federal de Contribuyentes; y

V. Fecha del inicio de vigencia de la autorización, así como el de su conclusión o revocación.

TÍTULO QUINTO
Protección y restitución de derechos de
niñas, niños y adolescentes

Capítulo único
De las acciones de protección de niñas,
niños y adolescentes

Art. 46. La Procuraduría de Protección coordinará, de conformidad con los convenios que al efecto se suscriban, las medidas para prevenir, atender y sancionar los casos en que los derechos de las niñas, niños o adolescentes se vean afectados, en particular por cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 30 de la Ley.

Art. 47. En los casos en que quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, o cualquier otra persona que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños y adolescentes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, incumplan con alguna de las obligaciones previstas en el artículo 109 de la Ley, la Procuraduría de Protección procederá, en el ámbito de su competencia, conforme a lo siguiente:

I. Cuando no garanticen alguno de los derechos alimentarios, el libre desarrollo de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes o el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes contemplados en la Ley y los Tratados Internacionales, realizará las diligencias correspondientes para determinar el incumplimiento a estas obligaciones y, en su caso, ejercer las acciones legales y administrativas en favor de los afectados, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

Asimismo, si la Procuraduría de Protección determina, con base en las diligencias realizadas, el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, dará vista al Ministerio Público competente para que éste proceda conforme a sus atribuciones.

Tratándose del incumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta fracción por parte de instituciones privadas, la Procuraduría de Protección, en el ámbito de su competencia, revocará conforme al procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado, la autorización correspondiente, sin perjuicio de las sanciones previstas en otras disposiciones jurídicas aplicables;

II. Cuando detecte la falta de registro del nacimiento de las niñas o niños dentro del término señalado en la fracción II del artículo 109 de la Ley, tomará las acciones necesarias para que el registro civil correspondiente emita el acta de nacimiento; y

III. Cuando incumplan con las obligaciones previstas en las fracciones III y V del artículo 109 de la Ley, realizará las acciones necesarias a efecto de incorporar a las niñas, niños y adolescentes a programas educativos, para que cursen la educación obligatoria, permanezcan en el sistema educativo y reciban educación en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información y comunicación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en las fracciones anteriores, la Procuraduría de Protección debe realizar acciones para evitar que quien ejerce la patria potestad, tutela o guarda o custodia, o cualquier otra persona que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños y adolescentes atente contra la integridad física o psicológica de la niña, niño o adolescente, o cometa cualquier acto que menoscabe su integridad.

Art. 48. Para el ejercicio eficaz de la representación coadyuvante y de la representación en suplencia, la Procuraduría de Protección podrá celebrar convenios con las Procuradurías de Protección Municipales.

TÍTULO SEXTO
Medidas de protección

Capítulo I
De las medidas de protección especial

Art. 49. La Procuraduría de Protección, en términos de los convenios que al efecto suscriba, coordinará con las Procuradurías de Protección Municipales y las autoridades federales, estatales y municipales que corresponda, el cumplimiento de las medidas de protección especial para su debida adopción, ejecución y seguimiento en términos de los artículos 61 y 62 de la Ley.

Estas medidas pueden consistir en:

I. La inclusión de la niña, niño o adolescente y su familia, en forma conjunta o separada, en programas de asistencia social, de salud y educativos, así como actividades deportivas, culturales, artísticas o cualquier otra actividad recreativa al que puedan incorporarse por sus características;

II. La orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o de su madre, padre, representante o responsable, en especial los servicios de salud de emergencia previstos en los artículos 29 y 30 de la Ley General de Víctimas;

III. La separación inmediata de la niña, niño o adolescente de la actividad laboral;

IV. El reconocimiento de la madre, padre, representante o responsable de la niña, niño o adolescente, a través de una declaratoria en la que manifieste su compromiso de respetar los derechos de las niñas, niños o adolescentes;

V. El acogimiento residencial de la niña, niño o adolescente afectado, cuando se encuentre en peligro su vida, integridad o libertad, como último recurso una vez agotada la posibilidad del acogimiento por parte de la familia extensa o ampliada;

VI. La separación inmediata de la persona que maltrate a un niño, niña o adolescente del entorno de éstos; y

VII. Todas aquéllas que resulten necesarias para salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Art. 50. Una vez dictadas las medidas de protección especial, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser informados sobre el estado y probable curso de su situación legal y social, mediante un lenguaje claro y acorde a su edad y nivel de desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez.

Para efectos del párrafo anterior, la persona que proporcione la información a las niñas, niños y adolescentes deberá ser un profesional especializado en infancia, y procurará explicar los motivos por los que se tomó la medida de protección especial, el curso probable de su situación, y toda la información tendiente a proporcionar certidumbre y reducir el impacto emocional que pudieran producir la ejecución de dichas medidas en las niñas, niños y adolescentes afectados.

Art. 51. Las autoridades estatales adoptarán medidas de protección especial conforme a los criterios de razonabilidad y, en su caso, progresividad, atendiendo a los Tratados Internacionales y sus directrices.

Las autoridades estatales que adopten medidas de protección especial deben argumentar su procedencia y la forma en que preservan los derechos de niñas, niños y adolescentes o, en su caso, los restituyen.

Capítulo II
De las medidas urgentes de
protección especial

Art. 52. La Procuraduría de Protección al solicitar al Agente del Ministerio Público Estatal que dicte las medidas urgentes de protección especial a que se refiere el artículo 96, fracción VI de la Ley, deberá manifestar los hechos y argumentos que justifiquen la necesidad de las mismas.

La Procuraduría de Protección llevará un registro, para efectos de control y seguimiento, de las solicitudes formuladas en términos del presente artículo.

Art. 53. La Procuraduría de Protección al ordenar la aplicación de medidas urgentes de protección especial, previstas en la fracción VIII del artículo 96 de la Ley, podrá solicitar el auxilio y colaboración de las instituciones policiales competentes. Asimismo deberá notificar de inmediato al Ministerio Público de la Federación la emisión de dichas medidas.

El titular de la Procuraduría de Protección podrá delegar la facultad a que se refiere este artículo mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado.

Art. 54. En caso de que el órgano jurisdiccional determine cancelar la medida urgente de protección especial decretada por la Procuraduría de Protección, ésta revocará dicha medida una vez que le sea notificada la determinación jurisdiccional y solicitará a la autoridad encargada de ejecutarla que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la aplicación de la citada medida.

En los demás casos, se estará a lo que determine el órgano jurisdiccional en la resolución respectiva.

Capítulo III
Del acogimiento residencial

Art. 55. Los centros de asistencia social que brinden el acogimiento residencial deberán, además de cumplir con lo previsto en los artículos 85 al 88 de la Ley, contar cuando menos, con los servicios siguientes:

I. Atención médica;

II. Atención psicológica;

III. Nutrición;

IV. Psicopedagogía;

V. Puericultura; y

VI. Trabajo social.

Art. 56. Los centros de asistencia social coadyuvarán con el Sistema Estatal DIF en el acogimiento residencial.

Para efectos del párrafo anterior, los centros de asistencia social deberán cumplir con lo establecido en el capítulo XIV del Título Tercero de la Ley y contar con la autorización correspondiente por parte de la Procuraduría de Protección que corresponda.

La Procuraduría de Protección, en coordinación con las Procuradurías de Protección Municipales, promoverá que los centros de asistencia social que brinden acogimiento residencial tiendan progresivamente a ser lugares pequeños y organizados en función de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de generar un entorno lo más semejante posible al de una familia o un grupo reducido.

Asimismo, la Procuraduría de Protección podrá desarrollar material de orientación técnica a efecto de facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo.

Capítulo IV
De la supervisión de los centros
de asistencia social

Art. 57. La Procuraduría de Protección, podrá suscribir convenios de coordinación y colaboración con las Procuradurías de Protección Municipales a efecto de ejercer la atribución prevista en el artículo 89 y 90 de la Ley.

Art. 58. La Procuraduría de Protección emitirá los protocolos y procedimientos de actuación para su participación en las visitas de supervisión previstas en los artículos 89 y 90 de Ley.

Art. 59. La Procuraduría de Protección, cuando así lo considere necesario, podrá llevar a cabo las visitas de supervisión acompañada de expertos en materia de protección civil y en salud, sin perjuicio de la participación de la Procuraduría de Protección Municipal que corresponda.

Art. 60. El personal de la Procuraduría de Protección efectuará las visitas de supervisión a los centros de asistencia social conforme a la Ley General, la Ley Procedimiento Administrativo del Estado y la Ley, así como en los protocolos y procedimientos a que se refiere el artículo 58 de este Reglamento. Las visitas de supervisión se realizarán sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones de otras autoridades.

Capítulo V
De las familias de acogida

Art. 61. El Sistema Estatal DIF administrará, operará y actualizará un registro de las certificaciones otorgadas a una familia para fungir como familia de acogida. Dicho registro deberá contener, por lo menos, la información siguiente:

I. Datos generales de los integrantes de la familia;

II. Domicilio de la familia;

III. Número de dependientes económicos en la familia;

IV. El certificado emitido por la autoridad competente;

V. Los ingresos y egresos mensuales de la familia;

VI. El perfil y número de niñas, niños o adolescentes que, en su caso, podrían acoger; y

VII. La demás que determine el Sistema Estatal DIF mediante acuerdo que publique en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado.

Art. 62. Las familias interesadas que soliciten a la Procuraduría de Protección su autorización para constituirse como familia de acogida, deberán presentar ante ésta una solicitud para obtener su certificación firmada por quien o quienes serán los responsables de la guarda y custodia de la niña, niño o adolescente que se acogerá en la familia.

Asimismo, dicha solicitud contendrá los datos generales de la familia, domicilio, dirección para oír y recibir notificaciones dentro del territorio nacional, teléfono, correo electrónico y otros medios de contacto, los cuales deberán ubicarse en el territorio nacional.

Los requisitos para la expedición de la certificación a que se refiere este artículo serán los mismos en lo conducente que para la emisión del certificado de idoneidad que establece el artículo 72 de este Reglamento.

El Sistema Estatal DIF podrá solicitar información complementaria que considere necesaria para asegurar y preservar el interés superior de la niñez, mediante acuerdo que publique en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado.

En caso de que la familia solicitante no presente la documentación completa o la Procuraduría de Protección requiera información adicional en términos del párrafo anterior, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 42 y demás aplicables de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado.

El Sistema Estatal DIF, a través de la Procuraduría de Protección, impulsará la homologación de requisitos para constituirse como familia de acogida mediante la celebración de convenios con las autoridades competentes de las entidades federativas.

Art. 63. La Procuraduría de Protección, como parte del otorgamiento de la certificación para constituirse en familia de acogida, impartirá un curso de capacitación a quien o quienes serán los responsables de la guarda y custodia de la niña, niño o adolescente que se acogerá en la familia, en el cual se les informará los aspectos psicosociales, administrativos y judiciales del cuidado, protección, crianza positiva y promoción del bienestar social de las niñas, niños y adolescentes. El contenido del curso será definido por el consejo técnico de evaluación a que se refiere el artículo 66 de este Reglamento.

Art. 64. La Procuraduría Federal, para que pueda evaluar si las familias solicitantes pueden obtener su certificación para constituirse en familias de acogida, deberá comprobar lo siguiente:

I. Que la información presentada por la familia solicitante esté completa y en tiempo para integrar el expediente de la solicitud; y

II. La veracidad de la información proporcionada.

Art. 65. Una vez comprobado lo previsto en el artículo anterior, la Procuraduría de Protección evaluará y, de ser el caso, emitirá la certificación correspondiente con la finalidad de que el Sistema Estatal DIF inscriba a la familia de acogida en el registro a que se refiere el artículo 61 de este Reglamento. La Procuraduría de Protección emitirá la certificación a que se refiere el párrafo anterior en un plazo de diez días hábiles contado a partir del día siguiente a aquél en que se haya realizado la comprobación a que se refiere el artículo anterior.

Art. 66. La Procuraduría de Protección contará con un órgano colegiado denominado consejo técnico de evaluación, que se integrará de conformidad con los lineamientos que para tal efecto emita dicha Procuraduría, y supervisará el procedimiento para la emisión de la certificación para que una familia pueda constituirse en familia de acogida.

Art. 67. El Sistema Estatal DIF realizará las acciones, en coordinación con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, y las entidades federativas, para brindar servicios especiales de preparación, apoyo, asesoramiento y seguimiento a las familias de acogida, antes, durante y después del acogimiento de niñas, niños y adolescentes.

Las acciones a que se refiere el párrafo anterior podrán incluir, entre otras, el acceso a servicios médicos y de educación a las niñas, niños o adolescentes acogidos; apoyo material; visitas domiciliarias; así como la posibilidad de mantener contacto permanente con personal especializado del Sistema Estatal DIF.

La Procuraduría de Protección será la encargada de verificar el estado físico, psicológico, educativo y social de la niña, niño o adolescente que se encuentre en una familia de acogida.

El Sistema Estatal DIF dará seguimiento a las niñas, niños y adolescentes que hayan concluido el acogimiento, a través de los profesionales en las áreas de psicología y trabajo social que determine.

Art. 68. Para la asignación de la niña, niño o adolescente a una familia de acogida se debe considerar que entre éstos y quien o quienes serán los responsables de su guarda y custodia exista una diferencia de edad de por lo menos diecisiete años.

En casos excepcionales y a juicio de la Procuraduría de Protección, el requisito de diferencia de edad a que se refiere el párrafo anterior, podrá reducirse en atención al interés superior de la niña, niño o adolescente.

Art. 69. La familia de acogida que haya obtenido su certificación por parte de la Procuraduría de Protección deberá rendir a ésta un informe mensual conforme al formato que para tal efecto determine dicha Procuraduría.

El informe a que se refiere este artículo deberá expresar las actividades realizadas por la niña, niño o adolescente en los ámbitos social, educativo y de salud, así como las medidas que se hayan implementado para garantizar sus derechos sin discriminación de ningún tipo o condición.

Art. 70. La Procuraduría de Protección podrá realizar visitas a los domicilios de las familias de acogida a efecto de cerciorarse de que las condiciones de acogida son adecuadas y respetan los derechos de la niña, niño o adolescente acogido.

La familia de acogida durante las visitas deberá permitir al personal autorizado de la Procuraduría de Protección el acceso a todas las áreas del domicilio.

La Procuraduría de Protección realizará las visitas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado. Dichas visitas se realizarán sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones de otras autoridades.

Si derivado de las visitas domiciliarias la Procuraduría de Protección advierte que la información rendida por la familia de acogida en cualquiera de los informes es falsa o viola los derechos de niñas, niños y adolescentes, revocará la certificación correspondiente previo derecho de audiencia, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado y sin perjuicio de otras sanciones en que pueda incurrir.

TÍTULO SÉPTIMO
Procedimientos de adopción

Capítulo I
De la emisión de los certificados de idoneidad

Art. 71. El certificado de idoneidad será expedido por la Procuraduría de Protección, previa opinión favorable del comité técnico de adopción, para las personas que pretendan adoptar una niña, niño o adolescente que se encuentre bajo la tutela o guarda y custodia de dicha Procuraduría o del Sistema Estatal DIF.

El comité técnico de adopción a que se refiere el párrafo anterior es el órgano colegiado de la Procuraduría de Protección encargado de evaluar a los solicitantes de adopción y, en su caso, opinar favorablemente a la Procuraduría para que ésta emita el certificado de idoneidad correspondiente, así como intervenir en cualquier asunto que se refiere a los procedimientos de adopción de las niñas, niños y adolescentes.

El comité técnico de adopción se integrará y funcionará de conformidad con los lineamientos de integración y funcionamiento que emita la Procuraduría de Protección. Las actuaciones y determinaciones del comité técnico de adopción serán supervisadas por el titular de la Procuraduría de Protección.

Art. 72. Para la expedición de los certificados de idoneidad, las personas solicitantes de adopción deberán cumplir con lo siguiente:

I. Exponer de forma clara y sencilla las razones de su pretensión;

II. Que la adopción es benéfica para la niña, niño o adolescente que se pretende adoptar;

III. Tener más de 25 años de edad cumplidos al momento que el Juez emita la resolución que otorgue la adopción y tener por lo menos 17 años más que el adoptado;

IV. Contar con medios suficientes para proveer la subsistencia y educación de la niña, niño o adolescente que pretenden adoptar;

V. Demostrar un modo de vida honesto, así como la capacidad moral y social para procurar una familia adecuada y estable al adoptado;

VI. No haber sido procesado o encontrarse en un proceso penal por delitos que atenten contra la familia, sexuales o, en su caso, contra la salud; y

VII. La demás información que el Sistema Estatal DIF considere necesaria para asegurar y preservar el interés superior de la niñez, mediante acuerdo que publique en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado.

En caso de que las personas solicitantes de adopción no presenten la documentación completa o la Procuraduría de Protección requiera información adicional en términos de la fracción VII de este artículo, procederá conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado.

Art. 73. La Procuraduría de Protección impartirá un curso de inducción a las personas solicitantes de adopción, en el cual se les informará los aspectos psicosociales, administrativos y judiciales de la adopción. La asistencia al curso de inducción será un requisito obligatorio para estar en posibilidad de obtener el certificado de idoneidad. El contenido del curso será definido por el comité técnico de adopción.

Art. 74. Las personas solicitantes de adopción no deberán tener ningún tipo de contacto con las niñas, niños o adolescentes que pretenden adoptar, hasta en tanto no cuenten con un certificado de idoneidad, con excepción de los casos en que la adopción sea entre familiares.

Art. 75. Las personas solicitantes de adopción deberán informar por escrito a la Procuraduría de Protección cualquier modificación a la información manifestada en su solicitud de los requisitos previstos en el artículo 72 de este Reglamento.

Capítulo II
Del acogimiento pre-adoptivo

Art. 76. La familia de acogimiento pre-adoptivo deberá contar con un certificado de idoneidad a efecto de que la Procuraduría de Protección realice la asignación de una o más niñas, niños o adolescentes que se encuentren bajo la tutela o guarda y custodia de dicha Procuraduría o del Sistema Estatal DIF, previo dictamen por parte del comité técnico de adopción.

Art. 77. El acogimiento pre-adoptivo por una familia inicia con el periodo de convivencias entre la niña, niño o adolescente candidato a ser adoptado y la familia solicitante de adopción a efecto de confirmar la compatibilidad entre ambos.

Art. 78. Una vez que la niña, niño o adolescente inicie las convivencias en términos del artículo anterior, los profesionales en materia de psicología y trabajo social o carreras afines de los centros de asistencia social, en un plazo no mayor de treinta días hábiles, emitirán un informe del acogimiento pre-adoptivo, el cual deberán entregar a la Procuraduría de Protección acompañado del expediente que se haya integrado de la familia solicitante de adopción.

En caso de que el informe sea favorable, la Procuraduría de Protección estará en aptitud de iniciar el procedimiento de adopción ante el órgano jurisdiccional competente.

Art. 79. Si al emitir el informe a que se refiere el artículo anterior, los profesionales en materia de trabajo social y psicología o carreras afines autorizados en términos del artículo 29 de la Ley, advierten la incompatibilidad entre la niña, niño o adolescente candidato a ser adoptado y la familia solicitante de adopción, el comité técnico de adopción valorará la continuación del procedimiento de adopción, previa opinión de la niña, niño y adolescente, tomando en consideración su edad, desarrollo cognoscitivo, grado de madurez y al interés superior de la niñez.

En caso de que el comité técnico de adopción, determine no continuar con el procedimiento de adopción, la Procuraduría de Protección deberá realizar un procedimiento para reincorporarlos al Sistema Estatal DIF y una revaloración respecto de las necesidades de la niña, niño o adolescente y dar prioridad a una nueva asignación.

Art. 80. Una vez que cause estado la resolución del órgano jurisdiccional que declaró la procedencia de la adopción, la Procuraduría de Protección hará la entrega definitiva de la niña, niño o adolescente a la familia adoptiva, así como la documentación del mismo, lo cual se hará constar en el acta correspondiente.

Capítulo III
De la autorización de profesionales en materia de trabajo
social y psicología o carreras afines para intervenir
en los procedimientos de adopción

Art. 81. El Sistema Estatal DIF es la autoridad competente para otorgar la autorización a los profesionales en el trabajo social y psicología o carreras afines para que puedan intervenir en los procedimientos de adopción nacional o internacional mediante la realización de estudios o informes socioeconómicos, psicológicos o psicosociales que se requieran en dichos procedimientos, siempre que lo soliciten por escrito y cumplan con los requisitos previstos en el artículo 29 de la Ley.

El Sistema Estatal DIF deberá resolver las solicitudes a que se refiere el párrafo anterior en un plazo de quince días hábiles, contado a partir de la recepción de dichas solicitudes, siempre y cuando contengan todos los documentos que acrediten los requisitos previstos en el artículo 29 de la Ley.

En caso de que la solicitud no cumpla con los requisitos señalados en el artículo 29 de la Ley, el Sistema Estatal DIF requerirá al interesado para que éste en un plazo de diez días hábiles, contado a partir de la notificación de dicho requerimiento remita la documentación faltante.

En caso de que el interesado no remita la documentación dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la solicitud se tendrá por no presentada, sin perjuicio de que pueda presentar una nueva solicitud.

Art. 82. La autorización a que se refiere el artículo anterior tendrá una vigencia de dos años y podrá ser renovada por periodos consecutivos de dos años. Para tal efecto, el interesado deberá dirigir su solicitud de renovación al Sistema Estatal DIF, así como cumplir con los requisitos siguientes:

I. Presentar la solicitud de renovación con por lo menos quince días hábiles antes de que concluya la vigencia de la autorización;

II. Los señalados en las fracciones IV, V y VI del artículo 32 de la Ley General;

III. Estar inscrito en el registro de autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y psicología o carreras afines para intervenir en los procedimientos de adopción a que se refiere el artículo 44 de este Reglamento;

IV. No haber sido sancionado administrativamente en el periodo de vigencia de la autorización inmediata anterior, en términos del presente Reglamento; y

V. No haber sido inhabilitado para el ejercicio libre de su profesión.

Art. 83. Cuando en un centro de asistencia social una misma persona realiza las funciones que corresponden a las profesiones de trabajo social y psicología, el Sistema Estatal DIF otorgará la autorización a que se refiere este capítulo sólo por una de las profesiones que ejerce en dicho centro.

Los profesionales en trabajo social y psicología o carreras afines que no resulten aptos para recibir la autorización correspondiente, podrán ingresar nuevamente su solicitud de autorización ante el Sistema Estatal DIF, una vez que transcurra un año.

Art. 84. El Sistema Estatal DIF revocará la autorización a que se refiere este capítulo, previo derecho de audiencia, de aquel profesionista que hubiere proporcionado documentación o información falsa para solicitar la autorización, así como por contravenir los derechos de niñas, niños y adolescentes, o incurrir en actos contrarios al interés superior de la niñez. El profesionista cuya autorización sea revocada en términos de este artículo no podrá obtenerla nuevamente dentro de los diez años siguientes, con independencia de las demás sanciones aplicables.

Art. 85. La información de los profesionistas que se inscriban en el registro de autorizaciones de profesionales en materia de trabajo social y psicología o carreras afines para intervenir en procedimientos de adopción es de carácter público, en términos de las disposiciones estatales y nacionales en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental.

TÍTULO OCTAVO
Adopción internacional

Capítulo I
De la adopción internacional de las niñas, niños
y adolescentes con residencia en México

Art. 86. Para efectos de la adopción internacional de niñas, niños y adolescentes deberá cumplirse con lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables, así como en los Tratados Internacionales.

Art. 87. La adopción internacional en la que México participa como país de origen es aquélla en la que los solicitantes de adopción tienen su residencia habitual en el extranjero y pretenden adoptar una niña, niño o adolescente con residencia en México.

Art. 88. El Sistema Estatal DIF, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la autoridad municipal de residencia habitual de los adoptantes, deberá procurar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes durante el procedimiento de adopción internacional y vigilará en todo momento que ésta no constituya un mecanismo para actos ilícitos que vulneren o pudieran vulnerar los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes.

Art. 89. El Sistema Estatal DIF, en el ámbito de sus atribuciones, garantizará la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes sujetos al procedimiento de adopción internacional mediante el informe de adoptabilidad a que se refiere el artículo 28 de la Ley.

Art. 90. El informe de adoptabilidad que emita el Sistema Estatal DIF deberá elaborarse de conformidad con los lineamientos que al efecto emita dicho sistema, los cuales se publicarán en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado.

El informe de adoptabilidad deberá contener, por lo menos, los datos siguientes:

I. Nombre completo de la niña, niño o adolescente;

II. Lugar y fecha de nacimiento;

III. Edad;

IV. Sexo;

V. Media filiación, así como los antecedentes familiares;

VI. Situación jurídica;

VII. Condición e historia médica;

VIII. Condición psicológica;

IX. Evolución pedagógica;

X. Requerimiento de atención especial; y

XI. Información sobre los motivos por los cuales no se pudo encontrar a una familia nacional que pudiera adoptar a la niña, niño o adolescente.

El Sistema Estatal DIF podrá solicitar a los centros de asistencia social o a la familia de acogida que tengan bajo su cuidado al niño, niña o adolescente cualquier información adicional a la prevista en este artículo que considere necesaria para salvaguardar el interés superior de la niñez, misma que deberá incluirse en el informe de adoptabilidad.

Art. 91. En las adopciones internacionales, los solicitantes no podrán tener ningún tipo de contacto con las niñas, niños o adolescentes que pretenden adoptar, ni con sus padres o las personas que los tengan a su cuidado conforme al artículo 74 del presente Reglamento.

Art. 92. El Sistema Estatal DIF establecerá mediante lineamientos generales, previa opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los trámites administrativos a seguir, las responsabilidades y los tiempos de respuesta en cada etapa del procedimiento de adopción.

Art. 93. El Sistema Estatal DIF, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, verificará que la autoridad central del país de residencia habitual de los solicitantes presente el certificado de idoneidad correspondiente, así como la demás documentación e información que se necesite para garantizar el interés superior de la niñez y que la adopción no se realiza para fines ilícitos, con base en las disposiciones normativas internacionales aplicables. El certificado de idoneidad y la documentación e información a que se refiere este artículo deberá integrarse en el expediente respectivo que lleve el Sistema Estatal DIF.

En caso de que el Sistema Estatal DIF determine que los solicitantes no cumplen con los requisitos para la adopción internacional, en términos de los Tratados Internacionales, devolverá la documentación a que se refiere este artículo a la autoridad central del país de residencia habitual de los solicitantes a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores o, en su caso, a los organismos acreditados para llevar las adopciones internacionales por la autoridad central del país de residencia habitual de los solicitantes, señalando los requisitos que no fueron cumplidos, así como un plazo para su cumplimiento.

En caso de que el Sistema Estatal DIF determine que los solicitantes cumplen con los requisitos para la adopción internacional, en términos de los Tratados Internacionales, enviará el expediente al sistema de la entidad que corresponda para el trámite subsecuente.

Art. 94. Para iniciar el trámite de adopción internacional, los solicitantes deberán obtener el certificado de idoneidad emitido por la autoridad central competente del país en que residan habitualmente.

Art. 95. El Sistema Estatal DIF revisará, en términos de los Tratados Internacionales y con base en la documentación e información a que se refiere el artículo 93 de este Reglamento, que la autoridad central del país de residencia habitual del solicitante haya constatado que:

I. Los futuros padres adoptivos solicitantes son adecuados y aptos para adoptar;

II. Los futuros padres adoptivos solicitantes han sido convenientemente asesorados; y

III. La niña, niño o adolescente que se pretende adoptar ha sido o será autorizado a entrar y residir permanentemente en el país de residencia habitual del solicitante.

La información y documentación que se presente para revisar lo previsto en este artículo deberá estar apostillada o legalizada y traducida al idioma español cuando esté redactada en un idioma distinto a éste.

Art. 96. En términos de los Tratados Internacionales, el Sistema Estatal DIF es la autoridad nacional encargada de coordinar las adopciones internacionales, incluso aquellas en las que intervengan los sistemas de las entidades.

Art. 97. Una vez que los solicitantes reciban el informe de adoptabilidad, deberán emitir su aceptación, la cual será remitida a los Sistema Estatal DIF, a través de la autoridad central del país en que residan habitualmente.

Art. 98. Una vez que el órgano jurisdiccional emita la sentencia ejecutoriada en la que otorga la adopción, la Secretaría de Relaciones Exteriores en su calidad de autoridad central, a petición de las partes interesadas, certificará que el procedimiento se haya efectuado conforme a los Tratados Internacionales y, en su caso, expedirá el pasaporte de la niña, niño o adolescente adoptado, de conformidad con el Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje.

Art. 99. El Sistema Estatal DIF dará seguimiento a la convivencia y proceso de adaptación de la niña, niño o adolescente adoptado con residencia en el extranjero, con el fin de prevenir o superar las dificultades que se puedan presentar.

Capítulo II
De la adopción internacional de las niñas,
niños y adolescentes residentes
en el extranjero

Art. 100. La adopción internacional en la que México participa como país de recepción es aquélla en la que los solicitantes de adopción tienen su residencia habitual en México y pretenden adoptar una niña, niño o adolescente con residencia habitual en el extranjero.

Art. 101. En el procedimiento para la adopción internacional de niñas, niños o adolescentes extranjeros se estará a lo dispuesto por la autoridad central del país de origen de la niña, niño o adolescente que se pretende adoptar, en términos de los Tratados Internacionales.

Art. 102. Las adopciones internacionales a que se refiere este capítulo, deberán realizarse a través del Sistema Estatal DIF.

El Sistema Estatal DIF deberá cerciorarse que los solicitantes no podrán tener ningún tipo de contacto con las niñas, niños o adolescentes que pretenden adoptar, ni con sus padres o las personas que los tengan a su cuidado conforme al artículo 74 del presente Reglamento.

Art. 103. En los casos en que el Estado Mexicano intervenga como país de recepción, el certificado de idoneidad deberá ser expedido por el Sistema Nacional DIF o los sistemas de las entidades, en el ámbito de sus competencias. Para efectos de las adopciones internacionales a que se refiere este capítulo, el certificado de idoneidad, además de determinar que los solicitantes son aptos para adoptar, acreditará que éstos también han sido debidamente asesorados conforme a los Tratados Internacionales.

Art. 104. En los procedimientos de adopción a que se refiere este capítulo, la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, será la autoridad competente para expedir la autorización para que las niñas, niños y adolescentes adoptados puedan ingresar a territorio nacional, en los casos que fuere necesario.

TÍTULO NOVENO
Niñas, niños y adolescentes migrantes

Art. 105. El Instituto Nacional de Migración debe dar aviso inmediato a la Procuraduría de Protección, cuando inicie un procedimiento administrativo migratorio que involucre a niñas, niños o adolescentes, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria, a efecto de que esta última ejerza las atribuciones que la Ley y el presente Reglamento le confieren.

La Procuraduría de Protección, en los procedimientos administrativos migratorios a que se refiere el párrafo anterior, deberá en lo conducente, actuar conforme al procedimiento previsto en el artículo 123 de la Ley General.

La Procuraduría de Protección informará al Instituto Nacional de Migración las medidas de protección especial que dicte, a efecto de que éste ejecute aquéllas que correspondan a su ámbito de competencia, con independencia de la situación migratoria de las niñas, niños y adolescentes migrantes.

Art. 106. El Sistema Estatal DIF, cuando estime que existen elementos que presuman que una niña, niño o adolescente migrante extranjero es susceptible de reconocimiento de la condición de refugiado o de asilo político, o de protección complementaria, lo comunicará, en un plazo de cuarenta y ocho horas, tanto al Instituto Nacional de Migración para que se adopten las medidas de protección especial necesarias, como a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que ésta proceda en términos de lo dispuesto en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y su Reglamento.

El Sistema Estatal DIF detectará a niñas, niños o adolescentes extranjeros susceptibles de reconocimiento de la condición de refugiado o de asilo político o, de protección complementaria y lo informará al Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en los términos previstos en este artículo.

Art. 107. En ningún momento las niñas, niños o adolescentes migrantes, independientemente de que viajen o no en compañía de una persona adulta, serán privados de la libertad en estaciones migratorias o en cualquier otro centro de detención migratoria.

TÍTULO DÉCIMO
Sanciones administrativas

Art. 108. El Sistema Estatal DIF, por conducto de la Procuraduría de Protección, aplicará las sanciones a que se refiere el Título Sexto de la Ley. Ante la imposición de sanciones procederán los medios de impugnación previstos en el 125 de la Ley.

Artículos transitorios

Artículo primero. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.

Art. 2º Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Reglamento.

Art. 3º Los lineamientos, acuerdos, protocolos, metodologías y demás disposiciones administrativas de carácter general que se deban emitir conforme a la Ley y este Reglamento, y que no se haya fijado un plazo determinado para su emisión, deberán ser expedidos dentro del plazo de 180 días naturales contado a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

Art. 4º El consejo consultivo deberá integrarse dentro de los 180 días naturales siguientes a la emisión de los lineamientos para la integración, organización y funcionamiento del consejo consultivo a que se refiere el artículo 18 de este Reglamento.

Art. 5º Los procedimientos y asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución al momento de la entrada en vigor del presente Reglamento se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en el que se iniciaron.

Art. 6º La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes deberá elaborar una metodología que permita que el primer programa estatal de protección de niñas, niños y adolescentes se ajuste a los programas sectoriales y especiales ya vigentes al momento de la instalación de dicho sistema estatal y de la entrada en vigor de este Reglamento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85 de la Constitución Política del Estado y para su debida publicación y observancia, se expide el presente Reglamento de la Ley de los Niños, Niñas y Adolescentes, dado en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los 29 días del mes de abril del año 2016.

Atentamente,
«Sufragio Efectivo. No Reelección»

El Gobernador del Estado
Lic. Miguel A. Alonso Reyes

El Secretario General de Gobierno
Lic. Jaime Santoyo Castro

Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección
Lic. Lorena Lamas Arroyo

FICHA TÉCNICA

GENERAL

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
  35 30-abril-2016 01-mayo-2016  

Por tratarse de una disposición de carácter administrativo, no contiene número de Decreto ni Legislatura.

Último cotejo de vigencia: septiembre de 2016.