LEY PARA REGULAR ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA,
VENTA Y ACOPIO DE MATERIAL SUSCEPTIBLE DE SER RECICLADO O REUTILIZADO EN EL ESTADO DE ZACATECAS

Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas, a sus habitantes hago saber:

Que los Diputados Secretarios de la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado, se han servido dirigirme el siguiente:

Decreto n° 619

La Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en nombre del pueblo, decreta:

Resultandos

Primero. En sesión ordinaria del Pleno correspondiente al día 23 de abril del año 2015, se dio lectura a una Iniciativa que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 45 y 48 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 96 y 97 fracción III, 101 fracciones II y III de nuestro Reglamento General, presentó el Diputado Rafael Flores Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la H. Sexagésima Primera Legislatura del Estado.

Segundo. Por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva y mediante memorándum 1225, la Iniciativa de referencia fue turnada en la misma fecha a las Comisiones de Ecología y Medio Ambiente y de Seguridad Pública y Justicia, para su estudio y dictamen correspondiente.

Tercero. El proponente justificó su Iniciativa en la siguiente:

Exposición de motivos

Considerando primero. Que no obstante que Zacatecas es aún un Estado con un desarrollo industrial muy bajo, padecemos ya los desechos, residuos y materiales característicos de sociedades industrializadas y consumistas en que vivimos.

Considerando segundo. Que muchos de los problemas que nuestra sociedad enfrenta en la actualidad, se origina en nuestro modo de fabricar, consumir, disponer y tirar nuestros materiales y residuos de todo tipo.

Considerando tercero. Que con el propósito de prevenir la contaminación, así como exponer a la sociedad de desechos tóxicos, es pertinente fomentar reformas legislativas apropiadas para que los sectores involucrados en el manejo y disposición de material de desecho y reciclable apliquen políticas y medidas que limiten o reduzcan las emisiones de los gases de efecto invernadero; limiten y/o reduzcan las emisiones de metano mediante su recuperación y en la gestión de los desechos, para que no generen focos de infección.

Considerando cuarto. Que la preservación del medio ambiente y la salud deben ser una política pública prioritaria, porque de ello depende, hasta la sobrevivencia misma de nosotros como sociedad.

Considerando quinto. Que es indispensable que todos aquellos establecimientos que se dedican a la labor de acopio, manejo y disposición de materiales de reúso y reciclables, tengan un marco jurídico apropiado para el manejo de dichos materiales.

Considerando sexto. Que la presente Iniciativa contempla acciones que realmente coadyuven con el propósito de mejorar el medio ambiente y evitar que los materiales reciclables no sean manejados de manera incorrecta y produzcan daños a la vida humana y al medio ambiente.

Considerando séptimo. Que, de igual manera, es necesario, en ese marco, procurar la legalidad y transparencia de la llegada y adquisición de dichos materiales desde su origen, previniendo y evitando que lleguen materiales obtenidos de manera ilícita.

Considerando octavo. Que las denuncias ciudadanas y los índices delictivos registran un incremento sustancial en los delitos relacionados con el robo de metales, autopartes como son acumuladores, autoestéreos, rines y partes de colisión, implementos agrícolas como transformadores, bombas y arrancadores eléctricos, materiales para construcción como varilla, aluminio, medidores eléctricos y de agua, maquinaria, tanques de gas, cableado eléctrico y telefónico, así como mobiliario urbano como lo son las tapas de registro de drenaje y agua potable, tubos metálicos y de PVC, por señalar solo algunos; y que es necesario legislar no sólo en el ámbito penal, para que quienes comercian con estos materiales se abstengan de adquirirlos por su origen ilícito.

Considerando noveno. Que esta Iniciativa tiene como objeto evitar que los establecimientos dedicados al reciclaje de todo tipo de desechos y materiales de rehúso, entre los que se encuentran las denominadas «chatarreras», «cartoneras» y «yonkes», operen al margen de las leyes coadyuvando voluntaria o involuntariamente con personas que se dedican al robo o sustracción ilegal de dichos materiales.

Considerando décimo. Que la presente Iniciativa se constituye con 64 artículos distribuidos en 12 capítulos y 5 artículos transitorios, donde se previene que el manejo de los materiales reciclables sean tratados y supervisados conociendo su origen y destino.

Considerando décimo primero. Que en la presente Iniciativa se especifican las competencias y se da lugar a la intervención de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente y en su caso a la Procuraduría General de Justicia del Estado.

Considerando décimo segundo. Que es necesaria la participación de la sociedad y que una de ellas es la denuncia popular, en esta Iniciativa se le da lugar y participación a la sociedad, porque es ella la que se entera de lo que ocurre cotidianamente.

Considerando décimo tercero. Que esta Iniciativa comprende un procedimiento de registro de dichos establecimientos, de su inspección y su verificación.

Considerando décimo cuarto. Que este marco jurídico contempla un procedimiento para la garantía de audiencia de los establecimientos, motivo de esta Iniciativa, así como la acción ciudadana de la denuncia popular.

Considerandos

Primero. Competencia.

De conformidad con el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las facultades que no están expresamente concedidas por esta Ley Suprema a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México. Por lo tanto, considerando que el numeral 73 de la propia Constitución no precisa como potestad exclusiva del Honorable Congreso de la Unión, aprobar leyes en esta materia; esta Legislatura del Estado, sustentada en los citados dispositivos legales y además en los artículos 65 fracción I de la Constitución Política del Estado; 17 fracción I, 124 fracciones XII y XXIII, 125 fracciones I, IV, V, 139 y 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, cuenta con las atribuciones para aprobar el presente Ordenamiento.

Segundo. Justificación.

En el Diario Oficial de la Federación del 24 de enero de 2012, se publicó la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, la cual tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre la Federación, los Estados y los municipios, en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.

El citado ordenamiento establece que la prevención social de la violencia y la delincuencia es «el conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan».

Para lograr el mencionado propósito, se señala que la planeación, programación, implementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones, se realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las instituciones de seguridad pública y demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley, debiendo observar como mínimo los siguientes principios: el respeto irrestricto a los derechos humanos, integralidad, intersectorialidad y transversalidad, trabajo conjunto, continuidad de las políticas públicas, interdisciplinariedad, diversidad, proximidad, transparencia y rendición de cuentas.

El legislador estimó que para implementar con eficacia las mencionadas políticas públicas y programas, era necesaria la concurrencia, no sólo de las instituciones policiales, sino de otras dependencias. Así pues, de acuerdo al citado principio de intersectorialidad y transversalidad, para una adecuada articulación, homologación y complementariedad de las políticas públicas, programas y acciones, es necesaria la participación activa de las dependencias y entidades en materia de desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos.

En ese contexto, la participación del Gobierno del Estado y los municipios es de gran trascendencia para disminuir los índices delictivos, ya que lo anterior sólo puede lograrse previniendo conductas delictivas desde varios frentes.

El robo de metales y autopartes es un problema que ha aumentado de forma exponencial. Por ello, como lo señalamos con antelación, es imprescindible la participación de diferentes órganos y autoridades, pero también, la emisión de disposiciones legales que ayuden a prevenir la realización de estas conductas delictivas o, en su caso, a tener un registro con cierto nivel de certeza que permita ubicar a los infractores.

Los autos robados dejan ganancias millonarias al ser desmanteladas y vendidas sus partes en los establecimientos coloquialmente denominados «yonkes o deshuesaderos», siendo que algunos de ellos operan en forma clandestina, lo cual los convierte en auténticos centros de acopio de contrabando de autos robados, adquiridos a sabiendas de su ilícita procedencia, sin el registro de identificación de la persona o personas que venden, constituyendo un nuevo delito por la receptación de ese vehículo o de sus partes.

Según datos proporcionados por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año 2013 se registraron aproximadamente 190 mil robos de automóviles, de los cuales 57 mil fueron robos con violencia.

Pero no sólo eso, el robo de metales representa uno de los delitos con un mayor crecimiento en los últimos años.

Es de tal magnitud este problema que inclusive la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobó reformas al Código Penal Federal para considerar como delito agravado y con mayores sanciones, el robo de cables de cobre cuando provoque la interrupción de servicios públicos y básicos.

El Dictamen de la Comisión de Justicia señala que «actualmente el robo de cable o cualquier otro material mediante el cual se presta un servicio público se considera un robo simple, y el robo de líneas de conducción eléctrica representa pérdidas millonarias para el Gobierno Federal, y los gobiernos estatales y municipales». Asimismo menciona, que «a lo largo de los últimos años, se incrementaron las actuaciones delictivas relacionadas con el robo de cobre, debido a la revalorización que tiene el metal a nivel mundial».

Asimismo indicó que «el robo a los industriales, comerciantes, campesinos, comuneros y ejidatarios que utilizan, en los terrenos destinados a la siembra, extensiones considerables de cable para la alimentación de bombas para riego, representa pérdidas cuantiosas que perjudican su situación, de por sí ya vulnerable».

Por ello, dijo, es necesario implementar medidas estrictas para prevenir y disminuir este delito, ya que este material se comercializa en los depósitos que se dedican a su compra-venta, al pagar alto precio sin conocer su origen.

Con la finalidad de robustecer el contenido del ordenamiento se realizaron algunos ajustes, mismos que consisten en lo siguiente:

-En atención a las modificaciones realizadas y considerando que el objeto mismo de la Ley se robusteció, se propone cambiar su denominación, la cual quedará como «Ley para Regular Establecimientos Dedicados a la Compra, Venta, Acopio y Reciclaje de Material en General en el Estado y Municipios de Zacatecas».

-Respecto al glosario de términos, se suprimen algunos conceptos en virtud de que no se utilizan con reiteración en el texto de la ley y se adicionan otros que consideramos necesario incluirlos.

-Con la finalidad de facilitar la aplicabilidad del cuerpo de leyes se consideró necesario adicionar un artículo en el que se especifique que en todo lo no previsto serán aplicables en forma supletoria las disposiciones previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas y la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas. Con lo anterior se pretende colmar vacíos legales o lagunas que pudieran presentarse al aplicar este cuerpo legal.

-Se fortalecen las atribuciones de las autoridades que tendrán a su cargo la aplicación de este ordenamiento legal.

-Se puntualizan los derechos de los propietarios de los establecimientos, tendiendo, entre otros, el derecho a obtener del ayuntamiento la licencia municipal y el refrendo para el funcionamiento del propio establecimiento.

-Asimismo, se especifican las obligaciones de los propietarios de los establecimientos, tendiendo, entre otras, proporcionar a los ayuntamientos la información que les sea requerida y verificar en todo momento el origen de los materiales u objetos que adquieren para el desarrollo de su actividad, así como llevar un registro de las personas que les ofrecen en venta dichos materiales u objetos, registrando la cantidad comprada y la fecha en que se llevó a cabo la compra.

-De igual forma, se especifican las prohibiciones de los propietarios de los establecimientos, siendo, entre otras, adquirir materiales reciclables de dudosa procedencia o que por sus características físicas se infiere que son propiedad municipal, estatal, federal o de alguna empresa en particular.

-Algo de suma importancia, la Iniciativa primigenia contenía 65 artículos. Empero, producto del análisis, se estimó reducir el número toda vez que varios numerales contenían hipótesis que son propias de un reglamento, por lo que, en el cuerpo de esta ordenanza sólo se dejan los artículos pertinentes.

-Respecto de los artículos transitorios, se establece un plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de la Ley, para que los establecimientos que se encuentren en operación, realicen su inscripción en el registro y cumplan con los demás requisitos previstos en este Ordenamiento.

-En el Diario Oficial de la Federación del 27 de enero del presente año, se publicó el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. En ese contexto, con la finalidad de armonizar la presente Ley con lo previsto en la citada reforma constitucional, se cambian las reglas para sancionar las infracciones cometidas, ya que en la Iniciativa en estudio se estipulaban en cuotas de salario mínimo y para estar en sintonía con la mencionada reforma, se establecen en unidades de medida y actualización.

En virtud de lo anteriormente expuesto, considerando que se trata de una propuesta loable que por ello es atendible, esta Asamblea Popular aprueba el presente Decreto en sentido positivo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 140 y 141 del Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del pueblo es de decretarse y se decreta:

LEY PARA REGULAR ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA COMPRA,
VENTA Y ACOPIO DE MATERIAL SUSCEPTIBLE DE SER RECICLADO O REUTILIZADO
EN EL ESTADO DE ZACATECAS

Capítulo I
Disposiciones generales

Naturaleza y objeto de la Ley

Artículo primero. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y observancia general en el Estado de Zacatecas y tienen por objeto regular la apertura, funcionamiento, operación y registro de los establecimientos dedicados a la compra, venta y acopio de materiales susceptibles de ser reciclados o reutilizados, así como propiciar las medidas tendientes a evitar que artículos de procedencia ilícita sean comercializados en los mismos.

Glosario de términos

Art. 2º Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Establecimiento: giro dedicado a la compra, venta, acopio y reciclado de materiales como vidrio, plástico, metales, papel, cartón, hule, aluminio, tapas de registro de agua potable y alcantarillado, partes y autopartes de automóviles, así como cualquier otro material en general susceptible de ser reutilizado o reciclado;

II. Ley: Ley para Regular Establecimientos Dedicados a la Compra, Venta y Acopio de Material Susceptible de ser Reciclado o Reutilizado en el Estado de Zacatecas;

III. Licencia: documento público intransferible que otorga a su titular la facultad de ejercer la actividad relacionada con la compra, venta, acopio y reciclado de materiales en general;

IV. Propietario: la persona física o moral titular de la licencia expedida por el ayuntamiento, para operar un establecimiento dedicado a la compra, venta, acopio y reciclado de material en general;

V. Proveedor: la persona física o moral que dota de materiales reutilizables en general a los establecimientos objeto de la presente Ley; y

VI. Reglamentos: los reglamentos que al efecto expidan los ayuntamientos.

Sujetos obligados

Art. 3º Son sujetos obligados, las personas físicas y morales que operen cualquiera de los establecimientos a los que se refiere esta Ley.

Supletoriedad

Art. 4º En todo lo no previsto por este Ordenamiento serán aplicables en forma supletoria las disposiciones previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas y la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas.

Capítulo II
Autoridades, facultades y obligaciones

Autoridades

Art. 5º Son autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley:

I. Los ayuntamientos; y

II. La Secretaría de Agua y Medio Ambiente.

Atribuciones de los ayuntamientos

Art. 6º Son atribuciones de los ayuntamientos:

I. Otorgar, negar, suspender, revocar y cancelar las licencias municipales para el funcionamiento de los establecimientos;

II. Fijar las tarifas de cobro en los términos de la Ley de Ingresos Municipal y demás disposiciones aplicables;

III. Expedir los reglamentos y demás disposiciones administrativas de carácter general necesarias para el funcionamiento de los establecimientos;

IV. Celebrar convenios con el Estado y otros municipios, para el mejor cumplimiento de la presente Ley;

V. Realizar las inspecciones necesarias en materia de protección civil, así como aplicar las sanciones y medidas de seguridad correspondientes;

VI. Realizar las visitas de inspección a los establecimientos, con el objeto de constatar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley; y

VII. Las demás que establezca esta Ley, los reglamentos y otros ordenamientos legales.

Atribuciones de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente

Art. 7º Son atribuciones de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, las siguientes:

I. Realizar la evaluación del impacto ambiental de los establecimientos, para efecto del otorgamiento de la licencia a que se refiere esta Ley;

II. Expedir las autorizaciones respecto del manejo integral de residuos a los establecimientos, en los términos de la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Zacatecas; y

III. De acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, coordinar acciones con los ayuntamientos para implementar políticas para concientizar sobre la responsabilidad compartida de los comercializadores, consumidores y empresas cuya actividad se relacione con el objeto de esta Ley, respecto a un manejo eficiente y sustentable de los materiales.

Capítulo III
Establecimientos

Derechos de los propietarios de los establecimientos

Art. 8º Son derechos de los propietarios de los establecimientos, los siguientes:

I. Obtener la licencia municipal y refrendo para el funcionamiento de los establecimientos correspondientes, previo cumplimiento de la presente Ley y reglamentos;

II. Obtener del ayuntamiento, previo cumplimiento de la normatividad aplicable, la expedición de licencia de uso de suelo para el funcionamiento del establecimiento;

III. Solicitar y obtener, cuando proceda, el estudio o constancia de impacto ambiental respectivo;

IV. De acuerdo a la disponibilidad presupuestal, recibir capacitación sobre los programas relacionados con disposiciones en materia de medio ambiente; y

V. Los demás que establezca esta Ley, los reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Obligaciones de los propietarios de los establecimientos

Art.9º Son obligaciones de los propietarios de los establecimientos:

I. Cumplir con las disposiciones que establece la presente Ley;

II. Poner en lugar visible del establecimiento, el original o copia certificada de la licencia o refrendo;

III. Realizar las actividades que se señalen en la licencia respectiva;

IV. Dar aviso al ayuntamiento de la terminación de sus actividades;

V. Hacer del conocimiento inmediato de la autoridad competente en caso de un siniestro;

VI. Permitir el desarrollo de los actos de inspección ejecutados por el ayuntamiento u otras autoridades;

VII. Proporcionar la información que les sea requerida a los ayuntamientos, la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, la Procuraduría General de Justicia del Estado y otras autoridades;

VIII. Verificar en todo momento el origen de los materiales u objetos que adquieran para el desarrollo de su actividad, así como llevar un registro de las personas que les ofrecen en venta dichos materiales u objetos, registrando la cantidad comprada y la fecha en que se llevó a cabo la misma;

IX. Solicitar a los proveedores y vendedores que demuestren la lícita procedencia de los materiales y objetos;

X. Hacer del conocimiento a la Procuraduría General de Justicia del Estado, cuando derivado de las transacciones, se infiera que los materiales adquiridos son de dudosa procedencia; y

XI. Las demás que establezca esta Ley, sus reglamentos y otros ordenamientos jurídicos aplicables.

Prohibiciones de los propietarios de los establecimientos

Art. 10. Se prohíbe a los propietarios de los establecimientos:

I. Traspasar o ceder la licencia sin la autorización de la autoridad competente, así como cambiar o ampliar el giro para el cual fue otorgada;

II. Hacer uso de la vía pública en el desarrollo de sus actividades, observando la legislación aplicable;

III. Causar molestias a terceros por ruido u olores fétidos;

IV. Incinerar cualquier tipo de material en contravención a la normatividad aplicable;

V. Verter desechos o sustancias peligrosas a los drenajes, alcantarillas o a la vía pública, contraviniendo la normatividad aplicable;

VI. Adquirir materiales reciclables de dudosa procedencia o que por sus características físicas se infiere que son propiedad municipal, estatal, federal o de alguna empresa en particular; y

VII. Las demás que se establezcan en la presente Ley, los reglamentos municipales y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Capítulo IV
Licencias

Licencia

Art. 11. Para la instalación y funcionamiento de los establecimientos, se requiere de licencia expedida por el ayuntamiento.

Los reglamentos correspondientes establecerán los requisitos para el trámite de la licencia.

Vigencia del refrendo

Art. 12. El refrendo tendrá vigencia anual, en los términos de la Ley de Ingresos del Municipio respectiva y demás normatividad aplicable.

Capítulo V
Registro

Inscripción en el registro

Art. 13. Es obligación de los propietarios de los establecimientos inscribirse en el registro.

Los ayuntamientos validarán y verificarán la información proporcionada por los propietarios de los establecimientos y, en su caso, solicitarán la documentación que acredite la información presentada.

Objeto del registro

Art. 14. El registro tendrá por objeto:

I. Identificar los establecimientos que desarrollen dichas actividades;

II. Llevar un control sobre su funcionamiento y operación; y

III. Procurar que quienes ejerzan dicha actividad o participen como vendedores o compradores en estos establecimientos, tengan seguridad jurídica en sus transacciones.

Contenido del registro

Art. 15. El registro se integrará por:

I. La relación de los proveedores de los establecimientos, en la que se identifique plenamente a los mismos, así como las características y cantidades adquiridas y, en su caso, número de serie;

II. La información proporcionada por los propietarios de los establecimientos;

III. La que obtenga de las demás autoridades federales, estatales y municipales; y

IV. Cualquier otra información que resulte necesaria para su objeto.

Capítulo VI
Visitas de inspección

Reglas para las visitas

Art. 16. Los ayuntamientos para acreditar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Ley, realizarán visitas de inspección a los establecimientos conforme a las reglas siguientes:

I. Sólo se practicarán las visitas por mandamiento escrito de autoridad administrativa, en el que se expresará:

a) El nombre o razón social del establecimiento;

b) El nombre de los servidores públicos que deban efectuar la visita, los cuales podrán ser sustituidos, aumentados o reducidos en su número, en cualquier tiempo por la autoridad administrativa competente. La sustitución, aumento o disminución se notificará personalmente al visitado;

c) El establecimiento, zona, bienes o registro a inspeccionar;

d) Los motivos, objeto y alcance de la visita;

e) Las disposiciones legales que fundamenten la inspección; y

f) El nombre, cargo y firma autógrafa de la autoridad administrativa que lo emite;

II. La visita se realizará exclusivamente en el lugar, zona o bienes señalados en la orden respectiva;

III. Los visitadores entregarán la orden al visitado o a su representante y si no estuvieren presentes, previo citatorio, a quien se encuentre en el lugar donde deba practicarse la diligencia;

IV. Al iniciarse la inspección, los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, con credencial o documento vigente con fotografía expedido por la autoridad administrativa que practique la inspección, que los acredite legalmente para desempeñar su función;

V. La persona con quien se entienda la diligencia será requerida por los visitadores para que nombre a dos testigos que intervengan en la misma; si éstos no son nombrados o los señalados no aceptan fungir como tales, los visitadores los designarán. Los testigos podrán ser sustituidos por motivos debidamente justificados en cualquier tiempo, siguiendo las mismas reglas que para su nombramiento;

VI. Los propietarios, sus representantes o la persona con quien se entienda la diligencia, están obligados a permitir a los visitadores el acceso al lugar del establecimiento a inspeccionar, así como poner a la vista la documentación, registros, equipos y bienes que le sea requerida;

VII. Los visitadores harán constar en el acta que al efecto se levante, todas y cada una de las circunstancias, hechos u omisiones que se hayan observado en la diligencia;

VIII. La persona con quien se haya entendido la diligencia, los testigos y los visitadores firmarán el acta. Un ejemplar legible del documento se entregará a la persona con quien se entienda la diligencia. La negativa a firmar el acta o a recibir copia de la misma, se deberá hacer constar en el referido documento, sin que esta circunstancia afecte la validez del acta o de la diligencia practicada;

IX. Con las mismas formalidades indicadas en las fracciones anteriores, se levantarán actas previas o complementarias, para hacer constar hechos concretos en el curso de la inspección o después de su conclusión; y

X. El visitado, su representante o la persona con la que se haya entendido la visita, podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas con relación a los hechos u omisiones contenidos en el acta de la misma o bien, hacer uso de ese derecho, por escrito, dentro del plazo de ocho días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el acta, al término del cual la autoridad administrativa emitirá la resolución procedente.

Los ayuntamientos, para la ejecución de la facultad de inspeccionar, podrán hacerse auxiliar de la fuerza pública.

Capítulo VII
Infracciones, sanciones, medidas
de seguridad y recursos

Sanciones administrativas

Art. 17. Las violaciones a los preceptos contenidos en la presente Ley serán sancionadas administrativamente por los ayuntamientos, sin perjuicio de la consignación de los hechos a las autoridades competentes cuando sean constitutivas de delitos.

Denominación de infractor

Art. 18. Se considerará infractor a toda persona que contravenga las disposiciones de la presente Ley, los reglamentos y demás normatividad aplicable.

Responsabilidad civil o penal

Art. 19. La imposición de las sanciones previstas en la presente Ley, no excluye la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponder.

Tipo de sanciones

Art. 20. Las sanciones aplicables a las infracciones previstas en la presente Ley, podrán ser:

I. Amonestación;

II. Multa;

III. Arresto; y

IV. Las demás que señalen otras leyes y reglamentos aplicables.

Sanciones aplicables

Art. 21. La autoridad competente fundará y motivará la resolución en la que se imponga la sanción, tomando en cuenta los siguientes criterios:

I. Las condiciones económicas del infractor;

II. El perjuicio causado por la infracción cometida;

III. El ánimo de lucro y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión de la infracción;

IV. La reincidencia en la comisión de infracciones, la gravedad de la conducta y la intención con la cual fue cometida; y

V. El carácter intencional, imprudencial o accidental del hecho, acto u omisión constitutiva de la infracción.

Cuando con un hecho o una conducta se cometan más de una infracción, se sancionarán de manera independiente, aplicándose las reglas que al respecto establecen las leyes de la materia.

Reincidente

Art. 22. Para los efectos de la presente Ley, se considerará reincidente al infractor que incurra en otra falta igual o semejante, por la que hubiera sido sancionado con anterioridad. Se le aplicará el doble de la sanción que hubiere sido impuesta, sin perjuicio de cumplir con lo establecido en este Ordenamiento.

Tipos de sanciones

Art. 23. Para los efectos de la presente Ley, las sanciones administrativas aplicables a sus infractores serán:

I. De cinco a diez unidades de medida y actualización por:

a) No exhibir en un lugar visible la licencia correspondiente;

b) No exhibir en un lugar visible la constancia de inscripción en el registro;

II. De once a quince unidades de medida y actualización por:

a) No tener a la vista del público el catálogo de materiales que no son susceptibles de compra, venta y acopio, conforme a la presente Ley, los reglamentos y demás disposiciones aplicables;

b) Depositar fuera del establecimiento los materiales objeto de la compra, venta o acopio;

III. Revocación de la licencia:

a) Cuando se realice la compra, venta o acopio de materiales en contravención a las disposiciones legales y constituyan riesgo o daño a la salud o al medio ambiente, de acuerdo a las leyes correspondientes;

b) Cuando el propietario proporcione datos falsos o en forma dolosa, tanto en la inscripción en el registro como dentro del padrón municipal;

c) Cuando resulten falsos los datos o documentos proporcionados por el titular de la licencia;

d) Por incumplimiento grave de las disposiciones de esta Ley, los reglamentos y demás normatividad aplicable;

IV. Clausura temporal o definitiva del establecimiento según la gravedad de la infracción y las características de la actividad; y

V. Suspensión temporal o definitiva del establecimiento según la gravedad de la infracción y las características de la actividad.

Juicio de nulidad

Art. 24. Los actos y resoluciones emitidas por las autoridades señaladas en la presente Ley, podrán ser impugnadas en los términos de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas.

Artículos transitorios

Vigencia

Artículo primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Regularización de establecimientos

Art. 2º Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, los establecimientos que se encuentren en operación, realizarán su inscripción en el registro y cumplirán con los demás requisitos previstos en este Ordenamiento.

Derogación tácita

Art. 3º Se derogan las disposiciones que contravengan esta Ley.

Emisión de reglamentos

Art. 4º Los ayuntamientos publicarán los reglamentos correspondientes en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

Unidad de medida y actualización

Art. 5º La unidad de medida y actualización a que se refiere el artículo 23 de esta Ley, se establece para el presente ejercicio fiscal, a razón de $73.04 [setenta y tres pesos 04/100 M.N.], y será actualizada de acuerdo al valor de la unidad de medida y actualización, que para tal efecto publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el Diario Oficial de la Federación.

Comuníquese al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación.

Dado en la sala de sesiones de la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas, a los 30 días del mes de junio del año 2016. Diputado Presidente Susana Rodríguez Márquez. Diputados Secretarios. Manuel Navarro González y Ma. Elena Nava Martínez. Rúbricas.

Y para que llegue al conocimiento de todos y se le dé el debido cumplimiento, mando se imprima, publique y circule.

Dado en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los 10 días del mes de agosto del año 2016. Gobernador del Estado de Zacatecas. Lic. Miguel Alejandro Alonso Reyes y Secretario General de Gobierno. Lic. Jaime Santoyo Castro. Rúbricas.

FICHA TÉCNICA

GENERAL

Número de decreto Periódico Oficial Fecha de publicación Inicio de vigencia Legislatura
619 68 24-agosto-2016 25-agosto-2016 LXI

Último cotejo de vigencia: octubre del 2016.